20220715

 Aumenta el nerviosismo europeo ante un posible corte de gas por parte de Rusia. Las reservas comunitarias «se van llenando a buen ritmo», según aseguro ayer el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pero la UE aún está lejos de poder desconectarse completamente del suministro de Moscú. Tras el corte de gas a Bulgaria y Polonia, y la reducción del abastecimiento a Holanda, Alemania y Austria, el mayor miedo de Bruselas es que Rusia corte unilateralmente los lazos con el Viejo Continente antes del invierno, lo que podría suceder ya el próximo día 21. Por ello, la Comisión Europea se plantea comenzar a ahorrar energía este mismo verano, con un plan con el que reclama limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. La iniciativa, que se presentará formalmente el próximo miércoles en Bruselas, prevé ayudas para parar la industria y medidas para los hogares, y apuesta por la energía nuclear y las renovables. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió ayer a los franceses de que la guerra en Ucrania va para largo y de que a todos los países europeos les esperan tiempos duros. Sobre todo porque Rusia ha decidido hacer del gas un “arma de guerra”, por lo que hay que estar preparados para la posibilidad de que Moscú deje totalmente de aprovisionar a Europa, explicó en una entrevista televisada, la primera desde su reelección en abril. Ante esta más que probable perspectiva, el Gobierno francés asume una situación de “economía de guerra” y va a preparar de inmediato un “plan de sobriedad energética” para reducir el consumo de gas y electricidad en todas las esferas, desde las instituciones públicas a las empresas y los ciudadanos, adelantó Macron, quien incidió, por ejemplo, en la necesidad de apagar el alumbrado nocturno allí donde sea “inútil” mantenerlo encendido. “Tenemos que prepararnos para un escenario en el que todos vivamos sin gas ruso”, por lo que hay que “entrar colectivamente en una lógica de sobriedad”. 

Los flujos desde Rusia se han reducido en un 30%, señala la Comisión. Los 18 países que disponen de almacenes de gas, entre ellos España, han acelerado el llenado con el objetivo de llegar al 80% de capacidad antes del mes de noviembre. Pero Bruselas teme que un aumento del consumo durante los meses de verano como consecuencia de las elevadas temperaturas y un corte del gas ruso antes de lo esperado deje las reservas a medio llenar. En todo caso, el máximo volumen de almacenamiento ronda los 100.000 millones de metros cúbicos, poco más del 25% del consumo anual de la UE (412.000 millones de metros cúbicos en 2019, el último ejercicio antes de la pandemia). Las estimaciones que maneja la Comisión apuntan que si Putin cierra el grifo este mes de julio los depósitos podrían quedarse entre el 65% y el 71% de su capacidad, lo que dejaría a Europa con 20.000 millones de metros cúbicos menos de lo necesario para un invierno con temperaturas dentro de la habitual. Esas cifras abocarían, además, unas reservas muy bajas al final del próximo invierno, lo cual complicaría la fase de llenado durante el verano de 2023. “En el caso de un invierno inusualmente frío, el riesgo de más limitaciones drásticas aumentaría”, remata la Comisión.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se unió ayer a los mensajes planteados en los últimos días por distintos líderes europeos para advertir –esta vez con mayor seriedad, si cabe– de los riesgos crecientes a los que se enfrenta Europa en materia energética a consecuencia del conflicto de Ucrania. De hecho, el jefe del Ejecutivo no descartó escenarios en los que se produzcan cortes de suministro y aumentos aún más intensos de los precios. «Se acercan tiempos difíciles que van a exigir un mayor esfuerzo en materia de ahorro energético y diversificación de fuentes de energía renovable», apuntó, para apostillar que si la situación se complicara –con Rusia amagando endurecer el suministro al Viejo Continente– podríamos ver «un escenario futuro de posibles recortes de suministro y un incremento de los precios de la energía». «Esta es la cruda realidad», sentenció el lehendakari, quien demandó «un reforzado compromiso individual y colectivo para acelerar la transición energética; la instalación y utilización de energías renovables, la diversificación de fuentes de energía y el ahorro y la eficiencia».

La Comisión Europea, en su informe de previsiones de cara a 2022 y 2023, hecho público ayer, prosigue la senda de moderación de las cifras económicas españolas que ya han dibujado otras instituciones, como el Banco de España, o el propio Gobierno español, que, en palabras del presidente, Pedro Sánchez, ya reconoce que las circunstancias actuales “harán que la economía española crezca menos de lo esperado en los próximos meses”. Esos próximos meses de menor crecimiento no serán los que quedan de año, ya que para este periodo, la Comisión Europea no ha corregido sus previsiones con respecto a mayo: el crecimiento permanece en el 4%, cerca de la previsión realizada por el Gobierno en abril, del 4,3%. El golpe llega en 2023, con una de las mayores revisiones a la baja de toda Europa, de 1,3 puntos porcentuales: un crecimiento del 2,1% después de que la propia Comisión estimara meses atrás que sería del 3,4%. Para este periodo, el Gobierno había estimado hace tres meses un crecimiento del 3,5%. El enfriamiento económico va en línea de lo que ocurre en toda Europa, ya que en ningún país las previsiones mejoran. En concreto, la economía de la zona euro crecerá un 2,6% en 2022 y un 1,4% en 2023.

El servicio de estudios del BBVA mantiene su previsión de crecimiento de la economía española para este año en el 4,1%. Sin embargo, lo revisa fuertemente a la baja para el año que viene hasta el 1,8% frente el 3,3% que contemplaba hace solo tres meses. Los motivos de este empeoramiento radican en una inflación más persistente de lo esperado, el repunte de la carga financiera a medida que el BCE retire estímulos, un menor crecimiento en Europa por las restricciones parciales del gas ruso, que lastrará las exportaciones españolas, y una mayor incertidumbre que afectará a la confianza. La entidad espera que durante el segundo y el tercer trimestre de este año la economía aguante gracias al tirón de los servicios y la recuperación del turismo. La inercia interna es aun fuerte: los datos de consumo con tarjetas muestran una resistencia de la economía a la guerra de Ucrania mejor de lo que se vaticinaba. La industria exportadora está exhibiendo un buen comportamiento a pesar del incremento de costes. Y crece con vigor la inversión en maquinaria y bienes de equipo, destacan los economistas del BBVA. Sin embargo, estos esperan que haya una contracción moderada de la actividad entre el cuarto trimestre de este año y el primero del siguiente una vez se pierda el impulso de los servicios y el turismo durante el periodo estival. Esta se achaca exclusivamente al empeoramiento exterior y podría llegar al -0,5 entre el cuarto trimestre y el primero. Se abre por tanto la puerta a la posibilidad de una moderada recesión entendida como una cifra de PIB negativa durante dos trimestres.

"...Después de semanas, meses, escuchando continuos mensajes sobre el aumento de la inflación, el incremento de costes de las materias primas, de costes energéticos (derivados principalmente del petróleo y del gas), las continuas revisiones a la baja del crecimiento de la economía… Que viene, que viene, y aquí está: la crisis de 2022. Esta situación, que ya afecta al consumo final, está condicionando la viabilidad de muchas de nuestras empresas industriales, a las que debemos el bienestar social del que disfrutamos actualmente en Bizkaia y Euskadi. Merece la pena recordarlo: nuestro modo de vida se sustenta en una economía sólida que tiene su base en el arraigo de la industria, en el PIB industrial, actualmente el 21,46%...A diferencia de las crisis recientes, en la coyuntura actual no estamos hablando de un origen especulativo. Esta vez toca de lleno a la industria. Sin ánimo de entrar en muchos datos, la inflación ha llegado al 10,2%, los costes industriales han aumentado un 45%, los costes energéticos un 128% y los empleos vinculados al sector han descendido en los tres últimos años hasta el 13,43%. Todo esto en un territorio que cuenta con cifras de absentismo un 35% por encima de la media del Estado...Las empresas industriales somos las primeras interesadas en el consenso, tenemos un compromiso con el futuro y por eso seguimos invirtiendo en I+D, desarrollando nuevas soluciones y manteniendo empleos incluso en circunstancias de menor actividad. Pero nuestras mejores intenciones no son suficientes. Es responsabilidad de todas y todos, de instituciones y de agentes sociales. Las claves pasan por una legitimación de la figura empresarial, que favorezca a su vez el emprendimiento futuro. La empresa como una organización creadora de riqueza en su entorno. Alejémonos de posiciones maniqueas que confrontan personal trabajador y empresas, más aún en momentos como el actual..."

El presidente del Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, alertó ayer del «estancamiento» de la negociación colectiva y de la necesidad de llegar a acuerdos porque «de ello depende, en gran medida, nuestra estabilidad a medio plazo». Ante el enfrentamiento entre empresas y sindicatos sobre cómo trasladar la inflación a los salarios, Arrieta recomendó «fórmulas que repartan el actual repunte de la inflación en varios años». De esa forma, argumentó, «se mantendría el poder adquisitivo de los trabajadores a medio plazo, a la vez que se contendría el proceso inflacionario». Pero insistió en que es «deseable y necesario» llegar a acuerdos porque la situación actual de bloqueo es «mala». Lo expuso con los datos de negociación colectiva hasta el cierre de mayo. Según el informe del CRL, en esa fecha solo el 31,2% de los asalariados tenían sus convenios actualizados, lo que en términos absolutos supone 188.000 sobre un total de 605.000. El resto o bien lo tiene prorrogado o bien decaído. De ese 31,2% que disfruta de un convenio renovado, menos de la mitad lo tiene referenciado al IPC. En concreto, serían 82.324 personas, lo que representa un 44%. Esta cifra está muy influida por los convenios del Metal de Gipuzkoa (40.000 trabajadores) y la Construcción de Bizkaia (30.000), que tienen los sueldos vinculados a la inflación interanual del año anterior, por lo que este año se les ha aplicado un alza del 6,5%.

 El convenio de la Construcción de Gipuzkoa, que regula las condiciones laborales de 15.000 trabajadores, también se encamina hacia el acuerdo, después de que ELA, que cuenta con el 72% de la representación en el sector, valorara ayer de forma positiva la última propuesta de la patronal Ascongi, que se integra en Adegi. La propuesta será analizada el lunes entre los delegados que tiene ELA en este sector, tras lo cual se trasladará la respuesta a la patronal en el encuentro que tendrá lugar el próximo martes. La propuesta que puso ayer sobre la mesa Ascongi es para tres años (2022-2024) y recoge un incremento salarial del 4% para este ejercicio y del IPC más 1,25% para 2023 así como para 2024. La indemnización por finalización de contrato de obra pasa a ser del 7% del total del salario; la nocturnidad se abonará con un complemento del 25% sobre el salario base y se incorporan mejoras para garantizar la correcta aplicación del calendario laboral, mediante un mayor control del registro horario. Asimismo, el planteamiento de la patronal propone mejoras en licencias por acompañamiento y cuidados por hospitalización, mientras que las indemnizaciones por fallecimiento, incapacidad permanente absoluta y total se incrementan hasta los 150.000 euros. Finalmente, el convenio tendrá prioridad aplicativa respecto del Estatal y seguirá contando con ultraactividad indefinida y con la cláusula que evita la inaplicación unilateral del mismo. 

El seguimiento de estas huelgas está siendo elevado –del 95%, según los promotores; de en torno al 65% ayer, según la empresa–. Pero la mayoría sindical (UGT, CC OO, Ekintza y PIM) sostiene desde hace tiempo que esas cifras no responden a un ánimo de complicidad con los convocantes, sino al «miedo» a la acción de los piquetes. El asunto lleva analizándose desde hace días en distintas mesas conjuntas con la dirección y ha salido en todas las asambleas con afiliados que han celebrado las centrales que han firmado el convenio 2021-26. «Los trabajadores que quieren entrar a trabajar nos han trasladado que temen por su integridad física y que tienen miedo porque la empresa no ha garantizado lo suficiente el acceso y las salidas» de la planta, denunció Iñaki Andrés, líder de UGT en Álava y delegado de esta central en el comité de la principal fábrica de Euskadi. Los episodios de intimidación que se trasladan son muy dispares, desde «problemas con compañeros porque les han hecho fotos, daños en sus vehículos» o el vacío en las áreas sociales. Un ambiente enrarecido que responde a la crispación que se vive en la empresa desde hace tiempo y que ha llevado a trasladar a la dirección peticiones de medidas «protectoras» que garanticen la asistencia a sus puestos de los empleados que quieren hacerlo. Algunas ya se han llevado a cabo, como la que permite salir antes para evitar confrontaciones con los piquetes.

Ya es un hecho objetivo que la inflación se ha extendido por toda la economía. Y eso ya lo saben las empresas. Es más, el 74,5% de ellas piensa que el incremento de los costes puede llegar a poner “en grave peligro” la continuidad de su actividad. Así lo pone de manifiesto el informe de Infoempleo Adecco, sobre la visión de las empresas del mercado de trabajo. El Índice de Precios de Consumo (IPC) fue del 10,2%, en la tasa interanual. Y, lo que es muy preocupante, tanto el Gobierno como el Banco de España y el Banco Central Europeo, han pronosticado varios meses de elevada inflación. El Banco de España calcula que los precios terminarán el año con una media del 7%. Por todas estas razones, a mucha distancia de la inflación, la aplicación de la reforma laboral es la segunda preocupación de las empresas. El 31,54% considera que es el mayor riesgo para su empresa en el segundo semestre del año. Ver informe Adecco. 

Sentencia favorable a la empresa Alconza, perteneciente al Grupo Irizar, en el despido de 25 de los 116 trabajadores en su fábrica de Berango. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechaza en su fallo todos los motivos esgrimidos por los sindicatos ELA, LAB y CC OO para impugnar el ERE que la compañía presentó en abril de este año y que fue respondida con una huelga indefinida. La Sala presidida por Pablo Sesma considera que no ha habido mala fe en las negociaciones, que no se han vulnerado derechos fundamentales en la elección de los despedidos y que las pérdidas acumuladas en los últimos años, de más de 20 millones desde 2018, justifican las causas económicas alegadas. También descarta que se trate de un grupo de empresas patológico y que Irizar deba responder por los trabajadores de Alconza. La empresa, dedicada a motores y generadores eléctricos de propulsión para la industria marina, anunció en febrero el ERE para garantizar la viabilidad de la compañía tras años de números rojos. Explicó entonces que se había visto muy afectada por su especialización en buques de apoyo a plataformas de extracción de gas y petróleo, un mercado en retroceso desde 2015.

La propuesta, lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en el Congreso, consiste en dos nuevos tributos: uno para las energéticas y otro “temporal y excepcional” a los bancos. No serán modificaciones en el impuesto de sociedades como se especuló, sino dos nuevos impuestos que irán dirigidos a las empresas que facturen más de 1.000 millones. En el ministerio mantienen el secretismo sobre los detalles porque quieren negociarlos con Unidas Podemos, su socio de Gobierno. El plan es que lo presenten los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos a través de una proposición de ley, que se tramitará en paralelo a los Presupuestos del Estado para 2023. Al elegir esta tramitación legal, el Ejecutivo confía en acelerar los plazos para que las tasas estén listas a final de año. Además, al no hacerlo como proyecto de ley, evita la audiencia pública y multitud de informes preceptivos de organismos como el del informe del Consejo de Estado. El BCE también tendría que publicar un dictamen que así se omite. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apenas ha adelantado detalles . Durante una entrevista ayer en la Cadena Ser dejó claro que trabaja para prohibir a las grandes compañías energéticas y entidades financieras que repercuten el coste fiscal a sus clientes. 

Los bancos y las compañías eléctricas, principales afectados de las nuevas medidas tributarias anunciadas esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han comenzado a mostrar su notable malestar con la decisión del Ejecutivo. Critican, abiertamente y también en conversaciones privadas, que los impuestos con los que el Gobierno quiere recaudar 7.000 millones en dos años son «contraproducentes», «no tienen sentido» y afectan a sectores que ya pagan, dicen, muchos impuestos. Y denuncian la total improvisación del Ejecutivo, que todavía ni siquiera les ha conseguido explicar cómo serán las nuevas figuras ni qué gravarán exactamente. «A fecha de hoy, con la información disponible, es imposible entender el funcionamiento y el impacto del impuesto que plantea el Gobierno. Se desconoce qué entiende por beneficios y por extraordinarios, qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto o qué tipo de gravamen», exponen desde Sedigas, patronal en la que están, entre otros, Naturgy o Enagás. Las eléctricas denuncian también que el sector «ya está hiperfiscalizado», y señalan a un informe de EY en el que se expone que un total de 44 impuestos atenazan al sector. 

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, consideran que, al menos 7.000 millones de los 8.500 millones que ganan al año, están blindados ante el nuevo hachazo fiscal que prepara el Gobierno. Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Deloitte donde se recoge, a modo de auditoría, la situación económico-financiera del sector eléctrico en España. Deloitte solía elaborar este tipo de documentos para la patronal eléctrica Aelec (antes denominada Unesa). Ahora, lo hace para la Fundación Naturgy. El último, que se completó hace apenas unos días, está siendo usado por las eléctricas como primera descarga de artillería contra el nuevo impuesto especial que prepara el Gobierno a las energéticas, por los supuestos beneficios extra que están consiguiendo por la escalada de los precios de la luz y los carburantes. Se desconocen los detalles de esa nueva carga fiscal. El Gobierno tan solo ha dicho que quiere recaudar 4.000 millones de las energéticas, a razón de 2.000 millones en 2023 y 2.000 millones en 2024. El impuesto se aplicaría a empresas con más de 1.000 millones de euros de ventas, lo que acotaría el golpe energético a menos de veinte grandes compañías, incluidas la petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp y Disa. El impuesto extra también irá dirigido a bancos por la subida de tipos de interés, pero en este caso el importe que aspira lograr el Gobierno son 3.000 millones.

El grupo siderúrgico Sidenor, propiedad del empresario José Antonio Jainaga, anunció ayer la compra de la empresa alavesa MCD, dedicada a la fabricación de direcciones de vehículos, lo que tradicionalmente se conoce como ‘cremalleras’. La operación forma parte de la estrategia de diversificación ya anunciada hace varios años por Jainaga, con el objetivo de invertir en la compra de compañías que tengan actividades complementarias a las de Sidenor. En este caso concreto, la firma MCD, ubicada en el polígono vitoriano de Júndiz, tiene 25 trabajadores y buena parte de la materia prima que emplea en la fabricación de los equipos de dirección son barras de acero especial, como las que produce Sidenor. MCD cuenta con unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados, dedicadas principalmente a la actividad de mecanización de piezas. Ver nota Sidenor. 

Iberdrola, Siemens Gamesa y Astilleros Balencia cruzan esta tarde sus destinos en aguas guipuzcoanas. La veterana compañía de Zumaia –con 101 años de experiencia a la espalda– tiene previsto celebrar pasadas las 18:00 horas la botadura de su último buque, un moderno barco que operará la firma alemana ( con presencia en Gipuzkoa a través de su planta de Asteasu) para la realización de las labores de mantenimiento (durante un periodo de diez años) del parque eólico marino de la eléctrica vasca de Saint Brieuc, en el Canal de La Mancha, que se pondrá en marcha el próximo año. Las tres conforman así un triángulo virtuoso que pone de relieve la apuesta por la industria auxiliar local y la valía de unos astilleros que con el ‘Edda Goelo’ (así se llama el barco) abre la puerta a un segmento de actividad para el que las perspectivas son más que buenas. Lo hace, además, de la mano de dos multinacionales de absoluta referencia. Así lo pone de relieve Javier García Pérez, responsable internacional de ‘Offshore’ de Iberdrola Renovables. «Como vasco, y en un negocio tan internacionalizado y tan global, en el que trabajamos todos los días con ‘Tier 1’ de todo el mundo, sorprende muy gratamente encontrarte con empresas del entorno en toda la cadena de suministro, desde el diseño y la fabricación hasta el montaje o la operación de los parques eólicos». 

El Gobierno Vasco publicó ayer la nueva orden que actualiza los precios de la vivienda protegida en Euskadi, que se mantenían invariables desde 2010. Según la nueva tabla, los precios máximos de las VPO tasadas bajan entre un 0,33% y un 10,61%, mientras que las viviendas para la venta en régimen general suben entre un 11,90% y un 13,95%, por debajo de la inflación acumulada desde la última revisión (17%). Los baremos de rentas para quienes ocupan VPO de alquiler y alojamientos dotacionales se mantienen inalterables «debido a que los ingresos medios entre quienes demandan pisos en alquiler en Etxebide no han mejorado en los últimos años», explica el departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Además de los nuevos precios, la orden incorpora una novedad relevante para evitar el escenario que se ha vivido en los últimos 12 años, durante los que los precios en el mercado protegido no se han movido. Una situación que ha hecho que la edificación de VPO pierda rentabilidad y atractivo para las empresas constructoras, lo que ha llevado la construcción de VPO a mínimos a pesar de la legislación que obliga a reservar una parte de cada promoción a pisos sociales. as empresas constructoras vascas celebraron ayer la decisión del Gobierno Vasco de actualizar los precios de la VPO y anticiparon que con esta medida «se relanzarán proyectos» que llevaban años parados ante una «situación insostenible», en la que «se había vuelto inviable seguir construyendo esta tipología edificatoria, y más con en el actual contexto de incremento disparatado de los costes». El más efusivo fue el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi-Bieba), Iñaki Urresti, quien recibió la noticia con un «¡ya era hora!».

Tres años y medio después de que la Torre Bizkaia empezara a sonar como sede para el centro internacional de emprendimiento –el proyecto estrella de la Diputación–, ya hay fecha para que el equipamiento eche a andar en el número 1 de la Gran Vía bilbaína. Será el 19 de septiembre y, como no podía ser de otro modo, la institución foral organizará para su puesta de largo un evento que reunirá a representantes del tejido social, económico y empresarial del territorio. Atrás quedarán momentos convulsos como los vividos para encontrar un gestor, después de que el primer concurso público convocado al efecto quedara desierto. Finalmente, PriceWaterhouseCoopers Bilbao (PwC), se hizo con el contrato por quince años y 15,5 millones de euros como honorarios máximos. B Accelerator Tower (BAT), como ha sido bautizado el centro, arrancará en cuatro plantas de la antigua sede del BBVA, inmueble que el pasado mes de enero pasó a manos de dos grupos inversores, Beraunberri y Ochena, por 175 millones de euros. Lo hará con una treintena de empresas y organizaciones, aunque no todas ocuparán un espacio físico en las instalaciones. Si se cumplen las previsiones de la dirección, en un plazo razonable, de menos de un año, el centro podría extenderse a otros cuatro pisos del emblemático rascacielos. El acondicionamiento de las instalaciones, que se ha prolongado seis meses, fue valorado en otros 5 millones.

El fondo inmobiliario internacional Argis es el nuevo propietario de la histórica sede del BBVA en el número 12 de la Gran Vía de Bilbao. Esta entidad, creada en Madrid pero cuyos principales inversores proceden de Israel y América Latina, pagará por el inmueble 150 millones de euros a la aseguradora Mutualidad de la Abogacía, que desde hace dos años intentaba sin éxito traspasarlo por esta cantidad para rentabilizar así los 100 millones que a su vez aportó al adquirirlo en 2010 al consorcio Tree Inversiones Inmobiliarias, formado por RREEF Alternative Investments (división de la gestora de activos de Deutsche Bank), Banca March y los fondos inmobiliarios Area Property Partners y Europa Capital. Medios de Argis confirmaron que la operación no afecta al uso que hace el banco del edificio, actual sede operativa en el País Vasco y su mayor oficina comercial en España. Eso sí, la entidad financiera paga un alquiler mensual desde que en 2009 la vendió a Tree Inversiones, junto a otros 160 inmuebles, a cambio de 364 millones. Entonces firmó un contrató de arrendamiento que concluye en 2030, pero que podría prorrogar hasta 2045. Las fuentes consultadas destacaron que es una de las operaciones de traspaso de oficinas «más importantes del año». 

Mario Draghi quiere dejar el poder, pero no está claro que Italia se lo vaya a permitir. El primer ministro anunció ayer su voluntad de dimitir del cargo tras quedarse sin el apoyo del Movimiento 5 Estrellas (M5E), uno de los partidos que formaban parte de la coalición que sostenía al Gobierno. Pese a su voluntad por tirar la toalla, el presidente de la República, Sergio Mattarella, rechazó la renuncia, por lo que a Draghi le tocará presentarse el miércoles en el Parlamento para someterse a una moción de confianza. Hasta ese día tienen los partidos políticos para convencerle de que siga, pues el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) había dicho repetidas veces que dejaría el poder si fallaba alguno de los partidos que sostenían al Ejecutivo. Tras semanas de críticas y amagos de retirada, esta nueva crisis política se abrió cuando el M5E se abstuvo en la moción de confianza celebrada a primera hora de la tarde en el Senado para sacar adelante por la vía rápida un decreto por valor de 26.000 millones de euros para ayudar a las familias y empresas a sobrellevar la inflación. Aunque el Ejecutivo superó la votación en la Cámara Alta porque mantiene la mayoría parlamentaria, Draghi ya había advertido previamente de que no estaba dispuesto a seguir en el poder sin el sostén del M5E. También dejó claro que un Gobierno «con ultimatums no trabaja y pierde su razón de ser», en lo que era una clara advertencia al líder de los ‘anticasta’, Giuseppe Conte, y que no estaba dispuesto a liderar un Ejecutivo distinto al actual.