20230113

El parámetro del Gobierno vasco para medir la temperatura de la economía en Euskadi cerró 2022 anotando una ligera mejoría al pasar de un valor de 108,9 a 113,1, pero muy insuficiente para contrarrestar el impacto de la crisis energética. Así, el conjunto del pasado año se cerró con una pérdida del 14%, la diferencia con los 131,6 puntos que se registraron en enero pasado. El indicador, que recoge más de un centenar de parámetros económicos que se analizan mensualmente, se mantiene, eso sí, por encima de los 100 puntos, una valoración que confirma el estado de «crecimiento sólido» de la economía vasca. A lo largo del pasado año el termómetro ha mantenido una ligera tendencia a la baja que se vio agravada en verano. Entonces, con un IPC en el 10% y el comienzo de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, las perspectivas para el invierno sobre una posible recesión se dispararon. Tal y como señalan fuentes del departamento de Economía del Gobierno vasco, las causas del repunte están en el consumo tanto público y privado como en la inversión, aunque desde el Ejecutivo advierten también que la industria ve frenado ligeramente su ritmo de crecimiento. Según el Ejecutivo, Euskadi crecerá en un 2,1%, aunque los primeros meses presentarán una actividad congelada, en torno al 0%. Ver nota Gobierno Vasco. 

La economía vasca deberá esperar más allá de 2023 para recuperar la situación previa a la pandemia. Una herida económica que tardará al menos cuatro años en cicatrizar por la crisis energética y la subida de precios agravadas por la guerra de Ucrania. Así lo explicó ayer el departamento de estudios económicos de Laboral Kutxa, que pronostica un crecimiento para Euskadi en 2023 del 1,3%, una cifra bastante más pesimista que el 2,1% del Gobierno vasco. Según el director de estudios de la entidad, Joseba Madariaga, los precios, junto al frenazo de la economía británica –para la que se prevé una caída del 1%– o la de Alemania –con un -0,7%– están generando un «escenario de incertidumbre» en el que si bien «no vemos una recesión ni en España, ni en Euskadi», sí se prevé un parón en el mercado laboral que ha ido reduciendo hasta ahora la tasa de paro hasta el 8,4%, pero que podría repuntar en el País Vasco hasta el 8,5%. La previsión de crecimiento del 1,3% para Euskadi en este 2023, aún siendo superior a la de la zona euro (-0,1%) y a la de España (0,8%), no escapa al «cambio de los aires económicos que se han producido en el mundo a partir del mes de junio», como señaló el director de desarrollo de negocio de la cooperativa de crédito, Ibon Urgoiti. De hecho, vienen a confirmar que la industria vasca seguirá muy por debajo del nivel de actividad previo a la pandemia.

El Grupo Kutxabank superó al final del pasado mes de diciembre los 21.577 millones de euros en patrimonio gestionado en fondos de inversión, lo que supone un crecimiento del 2% con respecto a 2021. Esta evolución positiva, explicó la entidad presidida por Anton Arriola, «ha destacado especialmente en un entorno de mercado que ha cerrado el año con una caída del 3,6% en el total de activos gestionados». Como resultado de todo ello, añadió el banco de las antiguas cajas de ahorro vascas, «Kutxabank se ha situado como el cuarto grupo del sistema financiero por patrimonio gestionado en fondos de inversión, lo que refleja el buen posicionamiento de su modelo de gestión en el mercado del ahorro a largo plazo». El incremento patrimonial se ha basado en el buen ritmo de las captaciones. A lo largo de todo el año, Kutxabank Gestión y Fineco, Banca Privada de Kutxabank, se han mantenido en los primeros puestos del mercado de fondos de inversión en entradas netas (restando al dinero que entra el que sale). Las captaciones netas de nuevos saldos del Grupo Kutxabank superaron los 2.598 millones de euros, por encima de la evolución de 2021.

Pistoletazo de salida para que se actualicen las condiciones de los trabajadores del principal convenio sectorial del territorio, el del Metal. Ayer se constituyó la mesa negociadora conformada por Adegi y los sindicatos ELA, que cuenta con el 47,79% de representación, LAB (35,75%), CC OO (12,16%) y UGT (4,30%). LAB indicó que ha mejorado su representación en 1,5 puntos respecto a 2020, por lo que abordará la negociación «con más fuerza que nunca». La central abertzale ya mostró en parte sus cartas a finales del año pasado cuando en una concentración ante Adegi entregó a la patronal sus principales propuestas. Ayer se mostró dispuesta a la movilización para conseguir un convenio digno. Por su parte, ELA indicó que afronta esta negociación con el objetivo de que «el reparto de la riqueza sea acorde con la situación positiva que vive el sector y que sea compatible el trabajo y la vida». El anterior convenio incluyó incrementos salariales acordes al IPC, lo que ha servido de referencia a la hora de plantear las reivindicaciones en Bizkaia, donde el desencuentro entre patronal y sindicatos ha dado lugar a diversas jornadas de huelga y a la petición de mediación al Gobierno Vasco. En lo que respecta a la negociación del convenio guipuzcoano ELA señala que «la mayor garantía para conseguir un convenio con contenidos positivos es trabajar la unidad con seriedad».

Bodegas Muga (Haro) adquirirá las nuevas instalaciones de la Unión de Cosecheros de Labastida, la mayor cooperativa de Rioja Alavesa fundada en 1964 y que recibirá así una inyección económica para continuar su actividad y hacer frente a las deudas por las inversiones realizadas en el pasado. Bodegas y Viñedos Labastida es una bodega de amplios espacios y de última generación desde el punto de vista tecnológico. La operación está únicamente pendiente de la aprobación en asamblea general, prevista para el próximo 21 de enero, por parte de los socios de la bodega de Rioja Alavesa, aunque en principio cuenta con todos los parabienes y la oferta de la familia Muga es la elegida entre otras opciones que la actual dirección ha estado negociando durante meses. Solagüen, lleva años en una delicada situación económica por las fuertes inversiones acometidas, tanto en la bodega histórica en el año 2006 como en la construcción de la nueva algo después. En la actualidad cuenta con unas 300 hectáreas de viñedo de cerca de un centenar de socios (llegó a tener 560) y la venta de la nueva bodega le permitirá obtener los recursos para hacer frente a los préstamos y continuar adelante en las instalaciones históricas, con capacidad y medios suficientes para seguir elaborando vinos de calidad tras la reforma del 2006. En el año 2016 Solagüen afrontó una coyuntura crítica que superó con la entrada en el accionariado de DcoopBaco, el mayor grupo cooperativo español, y también con el apoyo económico directo del Gobierno vasco. Entonces se nombró una gerencia que, con un nuevo equipo enológico, puso en el mercado una gama de vinos de alta calidad, Manuel Quintano, para las que reservan las 50 mejores hectáreas de la bodega.

Casi 900.000 contribuyentes vascos –el 74%– se beneficiarán del bono fiscal pactado por las haciendas forales para quienes declaren ingresos por debajo de 50.000 euros. La medida, que en el caso de Bizkaia puede aplicarse en más de 670.000 tributaciones, permite deducir 400 euros de la cantidad a pagar por el IRPF. A esta nueva propuesta de alivio para las familias se suma la deflactación del 4% acordado en el Consejo Vasco de Finanzas para este año. La deducción de 200 euros y la deflactación aprobada tendrán un coste fiscal de 250 millones Siete de cada diez contribuyentes en Euskadi presentan una declaración de ingresos por debajo de los 30.000 euros. Más allá del impacto que este dato pueda generar, lo relevante es que se trata del límite fijado para acceder al bono fiscal de 200 euros que pactaron las diputaciones vascas para este año. Así pues, 878.981 contribuyentes podrán beneficiarse de la ayuda que permitirá restar esta cantidad del resultado a pagar en el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF). Un alivio que se extenderá hasta los declarantes con 35.000 euros anuales de ingresos, pero en este caso reduciéndose progresivamente estos 200 euros. Según los datos de las haciendas forales consultados por este periódico, en la última declaración de la renta un 71,12% de los contribuyentes vizcaínos (452.582) presentaron ingresos por debajo de esos 30.000 euros, por un 79% de los guipuzcoanos (304.959) y un 66% de los alaveses (121.440).

La batalla fiscal entre Madrid y el Gobierno central se recrudece en pleno año electoral. Tras anunciar el miércoles que antes de que acabe enero recurrirá este nuevo gravamen ante el Tribunal Constitucional y solicitará su suspensión cautelar “porque ahuyenta la inversión, es injusto e inconstitucional”, Díaz Ayuso lanzó ayer un nuevo órdago al Ejecutivo al anunciar una deducción del 20% en el IRPF (en su tramo autonómico) para extranjeros o españoles residentes fuera de España que adquieran bienes o activos en Madrid y establezcan su residencia en la comunidad. Así lo anunció la mandataria madrileña durante su intervención en la XIII edición del Spain Investors Day. Es una medida de calado con la que pretende contrarrestar, o al menos mitigar, el impacto de ese nuevo gravamen sobre los patrimonios presentes en la región atrayendo nuevos inversores y talento profesional desde el exterior. “Vamos a aprobar un incentivo fiscal para nuevos inversores en la Comunidad de Madrid que pretendemos actúe de contrapeso al impuesto de Patrimonio de Pedro Sánchez”, afirmó la presidenta de Madrid, quien añadió que “con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, o en productos financieros, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su Impuesto sobre la Renta correspondiente al 20% de dicha inversión”.

Momento clave para el Tesoro español. El organismo dependiente del Ministerio de Economía –encargado de gestionar la estrategia con la deuda pública– presentó ayer su hoja de ruta para 2023. El ejercicio estará marcado por el incremento en el coste de financiación ante la subida de tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo (BCE), al tiempo que el organismo irá retirando también sus compras de deuda de los Estados. Mantener el apetito de los inversores por las emisiones de deuda nacional resulta clave porque, entre otras cosas, con ellas se financia el déficit público. Y en este difícil entorno, el Tesoro confirmó que en 2023 sumará otros 70.000 millones de euros a sus emisiones netas. La cifra es similar a la del año pasado, pero esta vez no contará con el apoyo del BCE. El secretario general del organismo, Carlos Cuerpo, defendió que el nuevo programa de financiación «parte de un escenario conservador» que podría ser revisado a lo largo del año, como ha sucedido en otros ejercicios. En 2022, por ejemplo, la resisten- cia del mercado laboral y el buen ritmo en la recaudación tributaria permitieron que la deuda neta emitida fuese finalmente 5.000 millones de euros inferior a la estimada en un principio. Pero si a la financiación neta se suman las amortizaciones a las que el Estado tendrá que hacer frente, resulta que las emisiones brutas para este año ascenderán a 257.000 millones de euros, un 10% más. Hay que tener en cuenta que de toda la deuda pública española actualmente en circulación, el BCE tiene en sus manos el 33,7%. Pero el Tesoro descarta que la reducción de ese porcentaje en los próximos meses vaya a provocar problemas de financiación para el Estado.

Al haber recuperado las revalorizaciones con el IPC, esta partida subirá un 11% hasta los 190.000 millones, tomando los números de los Presupuestos e incluyendo las de los funcionarios y las no contributivas. Si se ponen estas cifras en relación al PIB previsto por el Gobierno, que es la forma en la que se suele medir porque valora la capacidad de pago, esto supone que el gasto sobre PIB alcanzará este mismo año un récord del 13,7% del PIB. Cuando se aprobó a finales de 2021 la reforma que volvía a vincular las pensiones a la inflación, la previsión del Ejecutivo era que las pensiones solo alcanzarían esa cifra en 2030, una vez ya se hubieran empezado a jubilar las primeras hornadas del baby boom, aquella generación que en España comprende a los nacidos entre 1956 y 1979. Así lo reconocía el Gobierno tanto en la memoria económica de la reforma que volvía a indexar las pensiones con el IPC como en el informe sobre envejecimiento enviado cada tres años a Bruselas. Sin embargo, se ha llegado al 13,7% del PIB siete años antes. Nadie esperaba una inflación tan disparada que fulminase todas las previsiones. Esta cantidad se alcanza además antes de que comience a jubilarse el baby boom, la generación más numerosa, que elevará el número de pensionistas de los 10 millones de la actualidad hasta los 15 millones en 2050. No obstante, fuentes del Gobierno siempre aseguran que el PIB no está siendo bien medido si se tienen en cuenta los buenos datos de empleo y recaudación. Si esto se corrigiese, según señalan, el peso de las prestaciones sobre el PIB sería menor.

“2023 no va a ser un buen año para la economía mundial”, reconoció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para defender, sin embargo, que “España va a ser de los países que mejor navegue la incertidumbre”, consolidándose como un polo de atracción de la inversión internacional. Así lo sostuvo Sánchez durante su discurso de clausura de la XIII edición del foro Spain Investors Day, que aprovechó para tratar de congraciarse con los grandes empresarios e inversores, de los que venía distanciándose en los últimos meses al convertirlos en foco de los nuevos impuestos a compañías energéticas, entidades financieras y grandes fortunas. Ayer Sánchez aplaudió su aportación al crecimiento económico pero les pidió aceptar de buen grado las nuevas aportaciones fiscales solidarias como forma de hacer frente a la crisis inflacionista y energética. “Quiero rendir homenaje a los empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, inversores e inversoras, que hacéis este país un poco mejor con vuestro trabajo”, destacó, concediendo que es un ejercicio de agradecimiento que no se verbaliza desde el Ejecutivo todo lo habitualmente que debería hacerse. Sánchez remachó la importancia del dinamismo y la creación de riqueza que aportan a la economía española los “emprendedores, empresarios e inversores”, que eran los colectivos que copaban mayoritariamente el acto celebrado ayer. Se trata del primer gran gesto de acercamiento al mundo empresarial protagonizado por el presidente en los últimos meses, en los que había pasado de organizar foros oficiales con los principales directivos del Ibex 35 a cargar contra los beneficios extraordinarios cosechados por algunos de ellos y a anunciar gravámenes extraordinarios sobre ellos.

Elogia a los empresarios y les demanda comprensión por los impuestos a banca y eléctricas. Calviño defiende su compromiso con Bruselas de recortar la deuda y el déficit público. “Sigan confiando en España porque España estará a la altura”. Con esta frase, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerró un discurso lleno de optimismo en el día en el que el diario británico Financial Times destacó a España por haber alcanzado en 2022 un récord histórico de inversión extranjera, al haber atraído 32.800 millones de euros hasta noviembre. Una euforia que le llevó a anunciar que el Ejecutivo solicitará en breve los 94.000 millones de euros que le quedan por recibir de fondos europeos. “Con ello damos una señal de que vamos a continuar con esa agenda de modernización. 

Entrevista con Teresa Ribera, Vicepresidenta Tercera y ministra para Transición Ecológica. La ministra explica la reforma que plantea el Gobierno, “histórica y estructural”, no solo para “reducir beneficios extra” de las eléctricas. “No es una reforma para recortar los beneficios extra” o windfall profits de las eléctricas, “algo que ya se está haciendo con otras medidas”, insiste la ministra. “Es una reforma estructural del mercado, y es por el interés de todos”, recalca. “Porque los usuarios tienen derecho a beneficiarse de costes más bajos de algunas tecnologías, como las renovables, o las nucleares y las hidráulicas”, dice apenas un día después de que el Gobierno presentara un documento a Bruselas que supone la reordenación casi al completo del mercado mayorista de la luz o pool –la columna vertebral del sistema eléctrico– por primera vez en 25 años. Ribera recuerda que el Gobierno español ha planteado un documento para “abrir el debate del mercado eléctrico”. En él, plantea eliminar el actual sistema, en el que todas las instalaciones cobran lo mismo –el precio que marca la más cara–. A cambio, propone otro modelo en el que las renovables subasten su energía barata y sellen contratos a largo plazo. Para las nucleares e hidráulicas plantea un precio regulado ajustado a sus costes, más reducidos, porque son centrales “que no se pueden replicar”, es decir, no tienen competencia.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, desmonta la idea de que las energéticas españolas hayan sufrido un tsunami en sus cuentas por los recortes del Gobierno a sus supuestos windfall profits, o beneficios extra, o que el Ejecutivo esté obsesionado casi de forma enfermiza con eliminarlos. A pesar de las sucesivas reformas que ha habido en el último año, los resultados de las energéticas siguen más que saneados. La ministra mantiene que, de hecho, “las cuentas de las compañías en España están mejor posicionadas con respecto a los beneficios de sus homólogas en Europa”, según datos de Eurostat. Recuerda que los precios altos del gas han llevado a un incremento de los ingresos energéticos y en paralelo se ha producido “un incremento de los beneficios”. La ministra también desarma la idea de las energéticas sobre el corsé que supondrá el nuevo modelo de mercado mayorista que plantea el Gobierno. “Será flexible”, dice, y recuerda que será para nuevas renovables.

La ministra para la Transición Ecológica cifra en más de 840 euros por ciudadano el ahorro gracias a las medidas del Gobierno. Bonificación de los carburantes, reducción del IVA de la luz, del gas, “excepción ibérica”, eliminación del impuesto eléctrico...Desde que hace ya año y medio empezara la escalada de los precios energéticos, el Gobierno ha ido aprobando sucesivas medidas para amortiguar ese encarecimiento. Unas son fiscales. Otras son regulatorias y afectan a la formación de precios en el sistema energético. Las medidas son diversas, se han ido prorrogando, ampliando o desapareciendo. Pero, ¿hay una cifra global de cuánto esfuerzo ha hecho el Gobierno hasta ahora para aliviar la factura energética? “Estamos hablando ya de cifras de cerca de 40.000 millones de euros”, dice Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esa cifra supondría una media de más de 840 euros por cada ciudadano. “Ya en noviembre, el esfuerzo económico que se ha hecho con distintas medidas adoptadas por el Gobierno superaba los 38.500 millones de euros”, dice Ribera. Las medidas han ido a todos los sectores: eléctrico, de hidrocarburos, del gas y otras fuentes energéticas, como los biocombustibles.

CC OO da un paso al frente para desatascar un nuevo acuerdo salarial para los próximos años tras el fracaso de las negociaciones en 2022. El sindicato lanza un órdago a la CEOE y se abre ahora a ligar una parte de la subida de los salarios a la «marcha económica real de las empresas y de los sectores». Así lo avanzó ayer su secretario general, Unai Sordo, que desveló además que se ha descongelado la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y se han mantenido ya los primeros contactos informales. «Creo que va a haber oportunidad para llegar a un pacto. Al menos negociación sí va a haber», aplaudió Sordo. Por ello, CC OO flexibiliza su postura de cara a la próxima negociación y llevará a la mesa una propuesta que en lugar de exigir que se incluyan cláusulas salariales blindadas 100% con la inflación, una parte sí vaya ligada al alza de los precios y otra a los beneficios empresariales; podría ser mitad y mitad. Precisamente aquí estuvo el escollo en la anterior negociación: en la negativa de la CEOE a introducir cláusulas vinculadas al IPC, tal y como exigían los sindicatos, y su defensa de que los salarios deben ir ligados a la evolución de las empresas. Así, pretende crea un índice que se nutriría de una serie de datos que recoge la Agencia Tributaria, como pueden ser las ventas, el IVA soportado, el IVA repercutido… Sordo pidió, no obstante, que el Gobierno se implique en su elaboración. Además de este nuevo diseño de las cláusulas de salvaguarda, CC OO defenderá en la mesa «subidas iniciales importantes» de los salarios; más concretamente, pedirán un incremento que no esté por debajo del 4% para 2022, del 3,5% para 2023 y del 2,5% para 2024.

Son ya dos meses consecutivos de caídas interanuales en la compraventa de vivienda, según datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Notariado: en noviembre, tras un octubre en el que la caída fue del 5,2%, bajaron un 8,2%, hasta las 58.492 operaciones, por las 64.177 del mismo mes del año pasado. Lejos quedan ya las espectaculares subidas, entorno al 20% (llegando incluso al 35,5% de febrero de 2022), de los primeros meses del pasado año. Desde entonces, con alguna excepción, una constante moderación de las subidas, sucedidas por los descensos actuales. Hay factores que explican esto, pero de fondo también subyace la idea de que, en la práctica, esta fuerte caída se puede entender como una vuelta a la normalidad. Al fin y al cabo, lo experimentado tras la pandemia sólo puede computarse como una anomalía: una combinación de bajos tipos de interés, ahorro acumulado por los confinamientos y la vuelta de los compradores extranjeros al mercado español desató una oleada de compras que provocará que 2022 cierre como el año con más operaciones desde 2007. Por eso, el hecho de que los expertos del sector inmobiliario prevean que las operaciones caigan un 15% en 2023 en realidad encaja en la progresión experimentada por el mercado en el último lustro, porque, con todo, este año cerrará con uno de los mejores números de compraventas desde el estallido de la crisis. En cualquier caso, los motivos se ajustan a la realidad económica. Uno de ellos es la subida de tipos como medida de los bancos centrales para aplanar la inflación. La constitución de nuevas hipotecas se produce en condiciones mucho menos ventajosas tanto a tipo fijo como variable, lo que obliga a muchos hogares a reconsiderar su interés por adquirir un nuevo inmueble. 

Colman Deegan ha anunciado su renuncia como consejero delegado de Vodafone España. El ejecutivo irlandés, que ha estado poco más de dos años al frente de la filial del operador de telecomunicaciones, dejará su cargo de manera efectiva el 31 de marzo. Su marcha coincide con una reorganización operativa que resta peso a la filial española, que se ha integrado en el clúster europeo que agrupa desde hace años mercados de menor relevancia para el grupo británico. Vodafone ya ha iniciado el proceso de búsqueda del sustituto de Deegan, que no reportará como hasta ahora al CEO del grupo británico, sino a Serpil Timuray, consejera delegada desde octubre de 2018 de esta región europea. Fuera de este clúster se mantienen Italia, Reino Unido y Alemania, que siguen dependiendo directamente del CEO mundial. Vodafone, que oficialmente desvincula la marcha de Deegan de la reestructuración organizativa, defiende que esta estructura puede representar una oportunidad de “acelerar la vuelta al crecimiento del negocio en España”. Deegan, que asumió el cargo en noviembre de 2020 en sustitución de António Coimbra, seguirá ligado a Vodafone hasta el 31 de julio, cuando se producirá su salida definitiva. Fuentes conocedoras de su decisión aseguran que el directivo busca un cambio profesional fuera del sector de las telecomunicaciones.

El sector turístico español, que aporta al total de empleos y de actividad económica por encima del doble dígito, afronta un 2023 con numerosas amenazas. Entre ellas, la incertidumbre sobre el efecto que tendrá en el desempeño turístico la situación económica global. El Banco de España publicó ayer un informe en el que ponía cifras a esta incertidumbre. En concreto, proyecta dos escenarios en los que simula una depreciación de la libra, así como un descenso del PIB europeo y de Reino Unido, primer país emisor de turistas hacia España, en línea con las proyecciones de la Comisión Europea: así, explica el texto del Banco de España, “las exportaciones de turismo podrían caer en torno a 0,3 puntos porcentuales ante la depreciación de la libra, mientras que, ante un deterioro del crecimiento del PIB en la UE y Reino Unido, disminuirían alrededor de 1,8 puntos. Ambos descensos tendrían un impacto relativamente significativo sobre la senda de crecimiento de las exportaciones de turismo que se anticipa para el próximo año”. Como principal motivo para esta contracción se encuentra que, a juicio de la institución, los “factores desfavorables” tendrán más peso en los próximos meses que los que soportan la demanda, que “previsiblemente perderán vigor”. De este modo, enumera cómo la evolución de la guerra y sus consecuencias, el deterioro económico de los principales países emisores de turistas (Reino Unido y Alemania) y la desaparición del ahorro de los hogares por culpa de la inflación dejarán su impronta, y de hecho, ya ha comenzado a hacerlo: “Podrían estar comenzando a plasmarse en la evolución más desfavorable en octubre de las pernoctaciones hoteleras de británicos y alemanes”. Frente a esto, la demanda embalsada y el ahorro acumulado durante la pandemia disminuirán.

Los precios siguen subiendo en Estados Unidos, pero a un ritmo menor. De hecho, diciembre cerró como el sexto mes consecutivo en el que la inflación se ha ido moderando, terminando 2022 en el 6,5% respecto al mismo mes de 2021, lejos del máximo de los últimos cuarenta años que se registró el pasado mes de junio, cuando el Índice de Precios al Consumo (IPC) llegó al 9,1%. El dato interanual de diciembre, publicado ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, es el registro más bajo de todo el pasado ejercicio, pero también es el alza de precios más moderada desde octubre de 2021, cuando los bancos centrales todavía no estaban preocupados por la inflación, ya que consideraban su escalada como algo transitorio que se arreglaría en cuanto se ajustaran las cadenas de suministro global. Este nuevo dato da un respiro a la economía estadounidense y también a la propia Reserva Federal, a medida que ve que sus esfuerzos por doblegar la curva de los precios empieza a dar resultado y podría permitir al banco central levantar aún más el pie del acelerador en la próxima subida de tipos. De hecho, la Fed ya empezó a relajar su postura en diciembre, cuando elevó los tipos en medio punto, hasta dejarlos en el tramo situado entre 4,25% y el 4,5%. En EEUU, no se veían estos niveles desde diciembre de 2007, a los que además se llegó en un tiempo récord en 2022, tras cuatro subidas consecutivas de 0,75 puntos, el ritmo más rápido en la revisión del precio del dinero de las últimas cuatro décadas.