20230909

La subida salarial de los convenios vigentes en Euskadi y negociados en el territorio roza ya el 5% (en concreto, 4,97%). Así lo recoge la estadística del Ministerio de Trabajo publicada ayer, que sitúa al País Vasco como la segunda comunidad con mayor incremento de los sueldos, solo por detrás de Murcia, donde supera el 5,3%. La media nacional queda muy por debajo, en el 3,4%. Dentro de Euskadi hay grandes diferencias entre los territorios. En Gipuzkoa el aumento salarial recogido en los convenios alcanza el 6,46%, solo superado por Salamanca, que rebasa el 7%. En segundo lugar figura Bizkaia, con el 4,6%, mientras que Álava queda rezagada, con el 2,89%. Estos incrementos vienen acompañados además de algo novedoso para la siempre tortuosa negociación colectiva vasca y es que se han renovado convenios a un ritmo casi inédito, pese a la alta inflación. Eso quiere decir que se han encontrado fórmulas para repercutir el incremento de precios en los salarios. Al cierre del primer semestre, más de la mitad de los trabajadores (unos 320.800) tenía sus condiciones actualizadas, mientras que un 41% (248.000) tenía su convenio prorrogado y solo un 6% (casi 38.000) lo tenía decaído. Son datos que aportan un respiro a los asalariados vascos, que pueden recuperar poder adquisitivo frente a una inflación que se ha moderado al 2,6%, pero con una cesta de la compra aún por las nubes y un euríbor que ha disparado la cuota hipotecaria. También son cifras que permiten sacar pecho a los sindicatos, siempre envueltos en un duro pulso en Euskadi, y ELA lo ha hecho esta misma semana al atribuir el éxito a su apuesta por las huelgas, recordando que el País Vasco concentró más de la mitad de los paros de toda España el año pasado. 

El contagio de la inflación a los salarios queda patente en las estadísticas mes a mes y trimestre a trimestre, convirtiendo en una realidad lo que hasta hace unos meses era una amenaza: los temidos efectos de segunda vuelta sobre los precios, retroalimentados por la mayor carga laboral que soportan las empresas. El coste por hora trabajada se disparó un 6,5% en España entre abril y junio después de haber subido un 4,4% en el primer trimestre, según los datos publicados ayer por el INE. Es la mayor subida desde el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia y los ERTE catapultaron un 8,1% la factura por hora trabajada y preludia un nuevo empujón al IPC, en tanto que lo previsible es que las empresas sigan repercutiendo el aumento de los costes en sus precios de venta para paliar el impacto sobre los márgenes. Esto es, más gasolina al incendio inflacionario. De hecho, el IPC ha visto interrumpida la senda de moderación que inició el verano pasado y los precios han vuelto a repuntar en julio y agosto, situándose ese último mes en el 2,6% interanual desde el 1,9% marcado en junio. Firmas de análisis como Funcas vaticinan que la inflación acelerará en lo que resta de año, hasta alcanzar el 5% en diciembre, cerrando el año con una tasa media del 3,9%. El mayor incremento de los costes laborales se registró en las industrias extractivas, donde la factura por hora trabajada se elevó un 11,3%; seguidas de las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde lo hizo un 8,6%; del sector de transporte y almacenamiento, con un alza del 8,1%, y del comercio, donde se auparon un 7,4%. La excepción a la regla se produjo en el sector del suministro energético, donde el coste disminuyó un 4,9%.

Uno de los fondos de inversión más importantes del Golfo Pérsico, Abu Dhabi Investment Authority, se ha hecho con 17 hoteles en España, entre ellos el Orly de Donostia, en una operación valorada en 600 millones de euros. En la semana en la que la actualidad económica española está marcada por la sorpresiva adquisición por 2.100 millones de euros de un 9,9% de Telefónica por parte de Saudi Telecom Company (STC) y cuando la lógica invita a pensar que los grandes vehículos inversores de los países del Golfo Pérsico pasan de largo de Euskadi, salta la sorpresa. Y lo hace en Gipuzkoa. Y es que Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos (de hecho, uno de los más grandes del mundo, con más de 800.000 millones de euros bajo gestión) se ha hecho recientemente con la propiedad del donostiarra hotel Orly. Se trata de la primera operación de un inversor público emiratí hasta la fecha con impacto en el territorio. Ha sido en el marco de una operación mucho más amplia completada recientemente junto al grupo hotelero Meliá en la que el emblemático Orly y otros 16 hoteles ubicados en distintos puntos de la península y Canarias (todos gestionados por la compañía mallorquina) han pasado a manos de ADIA por unos 600 millones de euros. Hasta ahora, esos edificios pertenecían a Equity Inmuebles S. L. una sociedad propiedad de las familias de los fundadores del grupo Tryp, Rufino Calero, Antonio Briones y Max Mazin. El proceso de venta arrancó ya el año pasado y, según fuentes del mercado, también hubo otros grandes fondos internacionales interesados como Bain Capital (el nuevo propietario de ITP Aero), Apollo, Brookfield o Goldman Sachs.

«Los países del Golfo Pérsico son un mercado muy, muy interesante, aunque complicados». Así se expresa en conversación con DV el director general de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Javier Zubía, quien espera que sean varias las empresas del territorio que se embarquen en la próxima misión comercial que han organizado para mediados de noviembre las tres organizaciones camerales vascas, en colaboración con el Gobierno Vasco, con destino precisamente a Emiratos Árabes y Qatar, donde se tratará de hallar oportunidades comerciales. «Son lugares con una economía creciente y, sobre todo y muy importante, que está cambiando y transformándose para girar hacia las grandes tendencias que se imponen en todo el mundo, como la energía limpia o la tecnología y la digitalización», añade Zubía. El viaje –en cuya organización colabora la Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade & Investment– se desarrollará entre los días 12 y 17 de noviembre y, según las Cámaras, «tiene por objetivo descubrir el potencial de estos mercados y establecer allí contactos clave». «Durante la misión comercial a estos países, los participantes tendrán la oportunidad de establecer reuniones con representantes de empresas locales, fomentando el intercambio de ideas y la creación de sinergias», subrayan las Cámaras en la documentación puesta en manos de las empresas de los tres territorios para explicar el sentido y el objetivo del viaje. Las Cámaras recuerdan el «éxito innegable» de los Emiratos Árabes Unidos como ‘hub logístico mundial’. «El país se ha consolidado como uno de los principales actores en el comercio internacional, alcanzando la undécima posición a nivel global, con datos del año 2022».

Arabia Saudí no figura entre los grandes socios comerciales de las empresas vascas. Sin embargo, las compañías de componentes eléctricos y las siderúrgicas han encontrado allí un mercado de expansión. Según los datos del Instituto vasco de Estadística, Eustat, en el ranking de países destino del comercio exterior de Euskadi, Japón ocupa con los datos acumulados del primer semestre la posición 25 con 117,9 millones de euros. No muy lejos figura la economía saudita, que con el avance de este año alcanza los 86,5 millones, un 26,2% más que en la primera mitad de 2022. Ganar cuota en una tarta en la que los 25 primeros mercados concentran el 86% de las ventas es complicado, pero Arabia Saudí lo está haciendo a través de sus dos principales líneas de negocio con la CAV debido al proceso de modernización del país, transformación energética y de diversificación de su economía, volcada en el petróleo y que busca nuevos desarrollos industriales. Para ello, entre otros, son necesarios el acero y el material eléctrico. En los seis primeros meses del año, empresas vascas han exportado componentes eléctricos por valor de algo más de 40 millones a ese país, con un incremento del 20%. Pero donde más se nota el dinamismo es en la siderurgia, que ha repuntado un 41% hasta los 22 millones.

Sidenor anunció ayer que reabrirá el tren de laminación de Reinosa un año después de que decidiera suspender su actividad por la caída de pedidos de los principales clientes de la firma presidida por José Antonio Jainaga. La compañía trasladó a los sindicatos que el próximo 2 de octubre se pondrá en funcionamiento la planta, lo que supondrá la contratación de entre 20 y 25 personas para atender a dos relevos con los que funcionarán las instalaciones. La principal causa para esta reactivación reside en el empujón que los sectores eólico, de vehículos pesados, de construcción y maquinaria han ejercido en la cartera de pedidos de la empresa. Sidenor decidió parar temporalmente el pasado septiembre, pero en marzo convirtió la situación en indefinida. Los 125 trabajadores de la plantilla han estado este tiempo dedicándose a tareas de formación. Sidenor hizo el anuncio de la reapertura en la mesa de diálogo social de la planta de Reinosa. Cabe recordar que dentro del compromiso de la empresa con esta fábrica, se está llevando a cabo una inversión estratégica de 2 millones de euros en una nueva acometida eléctrica, que garantizará la calidad del suministro eléctrico. Se prevé que dicha inversión esté operativa a finales de este año. Los trabajadores han acogido con satisfacción el anuncio de la dirección. «Era la noticia que estábamos esperando», ha señalado un portavoz.

El parque solar de Arrazua-Ubarrundia, promovido por Solaria y el Ente Vasco de la Energía (EVE), ha dado un paso más en la tramitación del plan especial necesario para lograr la licencia de obras. Un avance burocrático clave para que los trabajos puedan comenzar en ArrazuaUbarrundia con el visto bueno del Ayuntamiento y tras una adecuación de los planes urbanísticos. El parque fotovoltaico, según refleja la documentación presentada ante el Consistorio ha actualizado su coste a fecha del pasado mes de julio. Finalmente el proyecto –bautizado como ‘Vitoria Solar 1’ y uno de los dos que pretende hacer Solaria en Álava– costará 49,5 millones de euros. La infraestructura, repartida en 14 parques, ocupará 73 hectáreas y estará en funcionamiento de 30 a 40 años. Aunque parte de las parcelas se encuentran en zonas de especial protección por su alto valor agroganadero, la utilidad pública de la infraestructura le da via libre. Colectivos y particulares que se consideren afectados cuentan con un plazo de más de un mes y medio para presentar las alegaciones. Los promotores han presentado ante el Ayuntamiento un estudio de impacto medioambiental en el que garantizan la compatibilidad del parque solar con el ecosistema. Para ello, asegura que se tomarán medidas como la creación de corredores ecológicos, la instalación mínima de vallado o el soterramiento de algunas líneas eléctricas. Adicionalmente, se invertirán 32.000 euros en varios informes ambientales que tendrán un carácter mensual durante el tiempo que dure la construcción del parque. Solaria y el EVE aseguran en el escrito que no existe un riesgo significativo de atropellos de fauna y estiman un impacto «moderado» de las obras en los animales del entorno. Además, valoran la posibilidad de que las aves choquen con las placas fotovoltaicas como un «riesgo bajo».

Bodeguero, doctor en Viticultura y Enología y, sobre todo, profesor. Juan Carlos Sancha, a través de la Universidad de La Rioja, ha dado clases a miles de profesionales de la viña y el vino. Es una de las voces académicas más autorizadas y respetadas. Vocal del Consejo Regulador durante 25 años (el tercero más antiguo), vicepresidente de la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja y portavoz de la misma, abandona de un portazo la mesa de gestión de la DOCa reclamando un mayor protagonismo de la pequeña y mediana bodega. "Me voy con mucha tristeza, pero creo que lo mejor es irnos para que las cosas cambien. Yo no reniego del Consejo Regulador. También se han tomado decisiones positivas muy importantes, como el desarrollo de los vinos de zona, pueblo y de viñedos singulares...Hay mucha otra gente que también ha trabajado mucho por mejorar, pero también hay otra que lo ha hecho por su interés. Sin ir más lejos, cuando se aprobaron las variedades de uva minoritarias autóctonas. Las organizaciones dominantes condicionaron su aprobación a la simultánea de otras uvas foráneas para supuestamente mejorar los vinos blancos. Hubo un acuerdo para que esas uvas foráneas nunca pudieran pasar del 50% en un vino de Rioja, pero, en unos pocos meses, las mismas organizaciones lo cambiaron a su medida para hacer varietales de verdejo. Eso es trabajar por un interés particular. El miércoles en la nota del conjunto de organizaciones del sector contra nuestra decisión de abandonar el Consejo, y de la que sólo se descolgó ABRA, se nos acusaba de haber presidido la comisión del último Plan Estratégico para reprocharnos que las decisiones que ahora criticamos también las hemos tomado nosotros. Eso es manipular porque lo que no dicen es que dimití por los ninguneos que hubo a esa comisión que yo presidía por parte de la presidencia del Consejo Regulador, entonces de Grupo Rioja..."

Guiños a la primera universidad vasca creada hace 500 años en Oñati y a la primera alianza universitaria dual europea compartieron ayer protagonismo en la inauguración oficial del nuevo curso de Mondragon Unibertsitatea (MU) celebrada en la faculta de Empresariales. El rector de MU, Vicente Atxa, puso en valor «el compromiso de la universidad con la transformación social y la apuesta por la innovación y la calidad, donde es pionera». «Nuestro objetivo es trabajar por elevar al máximo la competitividad de las empresas de Euskadi a través de una combinación eficiente de la investigación y la transferencia, la formación de profesionales y el emprendimiento. Forma parte de nuestro ADN» señaló. El lehendakari, Iñigo Urkullu, felicitó a MU por «mejorar nuestro sistema educativo, por apostar por una metodología pionera en la relación con la economía productiva real, con las cooperativas y empresas. Sois una universidad anclada en Euskadi, pero abierta al mundo y además no os conformáis, buscáis la excelencia, y en una sociedad que avanza a gran velocidad, hay que ser dinámicos y ubicar la investigación y la innovación en el centro, siendo audaces en la colaboración con empresas y agentes». El rector destacó que la universidad «ha asumido el reto de liderar la primera alianza universitaria dual europea que permitirá formar anualmente a más de 50.000 estudiantes, siendo una referencia mundial. Ofreceremos una formación más internacional al alumnado local y duplicaremos el número de quienes vienen a formarse con nosotros» avanzó. Hizo hincapié también en cuatro desafíos alineados con el Plan Universitario Vasco 2023-26: innovación y calidad; universidad Euskadi Basque Country; ciencia y excelencia y universidad-empresa.

La UPV/EHU contará este nuevo curso con 46.000 alumnos: 35.000 en estudios de grado y 11.000, en posgrado (máster o doctorado) y formación continua. De ellos, 8.601 pisarán las aulas universitarias por primera vez. Son un 3,4% más que el curso pasado. Siete de cada diez han conseguido plaza en su primera opción y la mayoría (57,4%) son mujeres. En cuanto al idioma, hay más alumnos que escogen hacer la carrera en euskera (53,4%) que en castellano. El campus de Bizkaia acoge el mayor volumen de estudiantes nuevos con más del 50%. El acto de apertura del año académico tendrá lugar el próximo miércoles en el campus de Álava. En él se presentarán varias novedades. Entre ellas, la creación de dos nuevos títulos: Biomedical Engineering, que se impartirá íntegramente en inglés en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, y el primer doble grado del ámbito de Educación, Educación Primaria + Educación Infantil, que se podrá cursar en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología del Campus de Gipuzkoa. En total, la oferta suma 107 titulaciones que abarcan todos los campos del conocimiento. Quince de ellas son dobles grados. La rectora, Eva Ferreira, celebró la puesta en marcha de las nuevas carreras, «que atienden a nuevas necesidades sociales, especialmente en educación, salud y en ingeniería». Una oferta académica «que siempre atiende al objetivo de formar personas cultas, con conciencia crítica y profesionalmente competentes».

El enfrentamiento que mantienen el Departamento de Educación y decenas de empresas que prestan servicio de transporte en la escuela pública vasca subió ayer un nuevo peldaño después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) anunciara que ha abierto expediente sancionador contra 76 compañías de autobuses escolares de Euskadi, seis de ellas de Gipuzkoa. La AVC argumenta esta medida por un posible acuerdo entre dichas empresas de transporte para no presentarse a las licitaciones convocadas por el Departamento vasco de Educación para el curso escolar 2023-2024. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, desveló el pasado día 1 en una rueda de prensa que el Gobierno Vasco sospechaba que algunas empresas de transporte escolar que dan servicio a colegios públicos, sobre todo en Bizkaia y Araba, podían estar coordinando acciones para alterar el precio del servicio, por lo que anunció que iba a remitir toda la información de la que disponía a la Fiscalía, tras haber comunicado también la situación a la Autoridad Vasca de la Competencia. Es precisamente este organismo el que ahora ha abierto un expediente sancionador contra 76 empresas al considerar que existen «indicios racionales» de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, respecto de las conductas de 45 empresas de Bizkaia, 25 de Araba y 6 de Gipuzkoa. La AVC no hizo público ayer el nombre de las compañías expedientadas. Según informó la Autoridad Vasca de la Competencia en un comunicado, el expediente se incoa a partir de la información recabada «durante la fase de información reservada», aunque aclara que la apertura de este proceso no prejuzga el resultado final de la investigación. 

El número de bajas por enfermedad profesional registradas en los primeros ocho meses del año asciende a 6.172, un 12,5% más que en el mismo periodo del año anterior y lo que constituye el mayor incremento en un año de toda la serie que arranca en 2008, según la Estadística de Enfermedades Profesionales del Ministerio de Trabajo. Este incremento sin precedentes en las bajas por enfermedad profesional se suma al que se ha producido en las bajas por contingencias comunes –no originadas en el entorno laboral–, lo que supone una preocupación para los agentes sociales. «Afrontamos la necesidad de analizar, en cada uno de los ámbitos de actuación, la evolución de los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y para establecer medidas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadores y logren reducir la frecuencia y duración de dichos procesos, entre otros tratando de realizar un mejor aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social», señalaron patronal y sindicatos en su V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado en mayo. Los datos publicados esta semana avalan esta inquietud ya que, de continuar este ritmo de crecimiento –se ha pasado de una media de 680 bajas mensuales de este tipo a 772–, es previsible que a cierre del ejercicio se superen las 8.168 bajas por enfermedad profesional que se produjeron en todo 2022; si bien no parece probable que se alcance el máximo de 2019 (de 11.0489 procesos).

La entrada del grupo saudí STC como primer accionista de Telefónica ha desatado una nueva guerra entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Díaz considera que el Gobierno debe bloquear el desembarco. «Mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender», aseguró Díaz ayer. «Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país. Y como tal y con el manejo de lo más importante seguramente de nuestras vidas, que son los datos, mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe», subrayó. Hay que recordar que en la mayoría de los enfrentamientos anteriores de Díaz con Calviño ganó la primera, como ocurrió con la reforma laboral. El tono del Gobierno se endurece y sus recelos ante la operación crecen a medida que pasan los días. También la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, advirtió ayer que estudiará «con mucho rigor» la operación por la que STC quiere hacerse con el 9,9% de la operadora de telecomunicaciones española y convertirse en su primer accionista. La intervención de la ministra Robles no es baladí porque Telefónica es una empresa clave para Defensa en materia de redes, sistemas o ciberseguridad y, además, está en un sector estratégico. Así que Robles no ha utilizado medias tintas en sus declaraciones: «La prioridad para nosotros es que la defensa nacional esté siempre absolutamente protegida». «Precisamente la normativa que tiene España ha querido ser muy estricta cuando haya inversiones extranjeras que puedan afectar a la defensa y a la seguridad», puntualizó.

Con la compra del 9,9% del capital de Telefónica, aflorado el pasado martes, Saudi Telecom Company, la operadora estatal saudí de telecomunicaciones –controlada por Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano del país árabe–, se convertirá en el primer accionista de largo de la operadora española, a mucha distancia de los otros accionistas de peso, que son BBVA, con un 4,87%; BlackRock, con un 4,48%; y CaixaBank, con un 3,5%, aunque Criteria, del grupo Caixa, tiene, a su vez, otro 2,40%. No obstante, su participación le colocará también al frente del panorama europeo del sector entre los inversores no europeos. La operación convertirá a la operadora saudí en el segundo mayor inversor no europeo con más peso dentro las seis grandes operadoras históricas de telecomunicaciones de los principales países de Europa, grupo que incluye a la alemana Deutsche Telekom, la francesa Orange, la británica Vodafone, la transalpina Telecom Italia y la española Telefónica. El mayor inversor no europeo por el porcentaje de su participación en el capital de una de las grandes operadoras de telecomunicaciones es e&. Se trata, también, de un grupo empresarial del sector de las telecomunicaciones, oriundo del Golfo Pérsico, en este caso procedente de Emiratos Árabes, que hasta hace unos años se denominaba Etisalat. La firma árabe entró en mayo de 2022 con un 9,88% del capital de la británica Vodafone y posteriormente lo fue aumentando paulatinamente. En diciembre de 2022 comunicó haber llegado al 11% y en enero de 2023 sumó otro paquete hasta superar el 12%. En la actualidad, tiene alrededor del 14,57%. A continuación se situará la operadora saudí por su participación del 9,9% en Telefónica. No existen otras participaciones de este calibre por parte de accionistas exteriores entre las seis grandes operadoras europeas.

Los intentos de Arabia Saudí y Rusia de impulsar el precio del petróleo hacia los 100 dólares el barril amenazan con convertirse en otro problema para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha situado su política económica –y la lucha contra la inflación– en el centro de su candidatura a la reelección. Esta semana, el Brent ha superado los 90 dólares por barril por primera vez en 2023, después de que Riad y Moscú decidieran ampliar los recortes de suministro hasta finales de año, a pesar de que el petróleo ya ha subido un 25% desde junio, mientras la demanda mundial alcanza máximos históricos. La decisión saudí de provocar un repunte de los precios del petróleo también podría reabrir una brecha entre Arabia Saudí y Washington justo cuando EEUU persigue un acuerdo histórico para normalizar las relaciones entre Israel y el reino e intenta apuntalar una alianza contra Rusia en la reunión del G20 de este fin de semana en India. La ampliación de los recortes también llega en un momento delicado para la Casa Blanca, que ha destacado el fortalecimiento de la economía y la ralentización de la inflación como pruebas de que las Bidenomics están funcionando. Los precios de los carburantes suelen desempeñar un papel fundamental en la percepción de la economía por parte de los votantes. Por otra parte, los analistas afirman que los ajustes del mercado del petróleo podrían impulsar el crudo hasta los 100 dólares el barril antes de finales de año, lo que elevaría el coste de los carburantes justo cuando la inflación empieza a remitir en las economías occidentales.

El comienzo del curso financiero trae muchas novedades a la guerra del pasivo en marcha que, tanto las entidades nacionales como las extranjeras, no dejan de alimentar a lo largo de 2023. La más importante es que, por primera vez desde que el Banco Central Europeo (BCE) empezó a subir los tipos de interés en julio del año pasado, un gran banco cotizado español ha entrado en la batalla con una oferta para el conjunto de la clientela. La ofensiva de CaixaBank abre la puerta a que otros grandes grupos financieros españoles sigan sus pasos y da carta de naturaleza a una nueva tendencia en la oferta de depósitos que lideran las entidades españolas: las rentabilidades crecen en función del nivel de vinculación con el banco. CaixaBank ofrece un 1% TAE (tasa anual equivalente) a partir de un ingreso mínimo de 5.000 euros. Pero la rentabilidad final se puede doblar hasta el 2% si se domicilian ingresos de al menos 600 euros al mes y se contrata un producto financiero. Es decir, que el depósito pretende ejercer también como mecanismo de atracción de nuevos clientes, en paralelo a la estrategia que la banca nacional están realizando también en el segmento de las cuentas, tanto en las remuneradas como con ofertas en efectivo a cambio de domiciliar los ingresos.

El próximo 14 de septiembre el Banco Central Europeo (BCE) vuelve a reunirse para analizar una nueva subida de los tipos de interés. Y a una semana de la cita, que los precios en Alemania, el motor económico de Europa, sigan por encima del 6% no son la mejor forma de preparar el terreno. El instituto estadístico oficial alemán, Destatis, publicó ayer que el IPC en agosto se situó en una tasa interanual del 6,1%, una décima menos que en el mes anterior sí, pero todavía con síntomas de descontrol en el coste de determinados productos. La situación de los alimentos centró la atención de la Oficina Federal de Estadística que alertó de un ascenso medio de la cesta de la compra del 9%. La energía fue otro de los elementos de tensión con una subida del 8,3% que incrementó de forma notoria el 5,7% del mes de julio. En su conjunto, y según explicó la presidenta de Destatis, Ruth Brand, «los aumentos de los precios de la energía y los alimentos superan la inflación general y mantienen alta la tasa de inflación». El dato sigue elevando la tasa europea del IPC subyacente –aquel más estructural al excluir la energía y los productos frescos– muy por encima del 2% que fijó la presidenta del BCE, Christine Lagarde, como objetivo. La semana que viene, el regulador analizará si eleva otros 25 puntos básicos el precio del dinero en Europa hasta dejarlo en un 4,50%, cota desconocida desde mayo de 2001, hace más de 22 años.

La decisión del Gobierno chino de restringir el uso del iPhone ha agrietado los cimientos de otro gigante, en este caso de la norteamericana Apple, fabricante del popular móvil. Las acciones de la tecnológica cayeron ayer casi un 3% en el índice Nasdaq en que cotiza, acumulando, así, dos días de retrocesos en la Bolsa, que se han saldado con una caída en la capitalización de cerca de 200.000 millones de dólares (186.888 millones de euros) tras los planes del Ejecutivo de Xi Jinping de restringir el uso de iPhones por parte de funcionarios de agencias estatales y empleados de compañías públicas. De esta forma, la compañía tecnológica ha perdido un 6,4% de su valor en el parqué desde la cotización registrada al cierre del martes, cuando sus títulos se negociaban a unos 190 dólares (177,5 euros). No obstante, las acciones se situaron este pasado miércoles al cierre de mercado en los 177,56 dólares (165,92 euros), un 2,92% menos. Estos movimientos se han producido tras el lanzamiento la semana pasada de un móvil 5G de Huawei, sometido a restricciones tecnológicas por parte de Estados Unidos, y tras los planes de Pekín para ampliar la prohibición del uso de iPhones en agencias gubernamentales y otras entidades estatales. Un episodio más de la guerra tecnológica y comercial entre ambas potencias mundiales. De hecho, varias agencias estatales chinas ya han instado a sus empleados a no llevar sus iPhones al trabajo, según fuentes familiarizadas con el asunto y que han dado credibilidad a un informe previo adelantado por el diario estadounidense ‘Wall Street Journal’.