20221222

Entrevista con el presidente de Honor de Tubacex, Álvaro Videgain. Aunque alaba la apuesta del Gobierno vasco por la industria, que él define como “la economía real porque hay mucha creación de valor”, cree que debería ser más ambicioso en su apoyo al arraigo empresarial con participaciones más significativas, que animarían a inversores locales vascos. Además, Videgain destaca la herramienta fundamental que es el Concierto Económico para el desarrollo económico vasco, reclama una reforma fiscal y considera que las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) tendrían que poder entrar en las empresas para dar estabilidad a los proyectos. “Lo mismo que entran inversores institucionales en nuestros accionariados”, afirma el presidente de Honor de Tubacex. "2023 va a ser un año difícil.  Euskadi también está en una situación complicada, pero con la ventaja de tener un Gobierno que apuesta por la economía real, que para mí es la industria, donde hay más creación de valor y, por tanto, más posibilidad de sobrevivir...La vocación política de algunos sindicatos y la conflictividad laboral han lastrado la competitividad empresarial. Es difícil de entender esta postura sindical. En otros países europeos sorprende la colaboración sindical y la implicación del trabajador para que la empresa prospere. En Euskadi sigue siendo la situación contraria. En el siglo XXI se sigue con la filosofía del XIX...-¿Qué opina sobre la entrada del Gobierno vasco en el capital de empresas estratégicas para asegurar su arraigo?- Creo que ese apoyo debería ser más ambicioso, porque tampoco son participaciones de control, sino más bien de presencia. Si estás pidiendo arraigo, el movimiento se demuestra andando...-Hablando de competitividad, ¿qué le parece el informe de un grupo de empresarios vascos que dice que Euskadi ha perdido peso en la economía? Esos empresarios son gente fuera de toda duda. Yo creo que las medidas que proponen tienen sentido común. La autocrítica cuesta, pero es positiva. Si alguien te dice algo con sentido no reacciones mal; hay que aceptar las críticas y afrontarlas...La empresa vasca es interesante y por eso están entrando fondos de inversión en muestras compañías. Nos falta una base financiera para apoyar nosotros los proyectos. Creo que se debería fomentar, por ejemplo, que las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) entraran en el capital de compañías vascas. Lo mismo que entran inversores institucionales en nuestros accionariados, las EPSV también podrían hacerlo y se daría estabilidad al propio proyecto...Hay una asignatura pendiente, que es el reconocimiento a la empresa por parte de la sociedad, los trabajadores y los sindicatos. La empresa tiene mucho mérito, sobrevivir en estos tiempos, crear riqueza y empleo. Falta ese reconocimiento de la gran labor que hace la empresa en la sociedad y si eso se diese, saldrían más empresarios y empresas".

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, rechazó que Euskadi vaya a entrar en recesión, y aseguró que la economía vasca seguirá creciendo y creando empleo en 2023, «a pesar de la incertidumbre». Así lo afirmó en el espacio denominado ‘#AzpiazuTopaketa’, en el que se sometía a veinte preguntas planteadas por ciudadanos anónimos y promovida por Irekia, el canal abierto de información del Ejecutivo de Vitoria. En esa cita, el consejero calificó de «razonables» los impuestos temporales planteados por el Gobierno de Pedro Sánchez a los bancos y las compañías energéticas. Figuras que está previsto que se concierten con Euskadi en una Comisión Mixta del Concierto Económico convocada para el mediodía del próximo martes de forma telemática. Al referirse a la recesión, Azpiazu recordó que el Gobierno Vasco rechaza esa posibilidad, entendida como dos trimestres de crecimiento negativo consecutivos. «No lo vemos, a pesar de que estemos inmensos en una incertidumbre y una ralentización importante». «Es más –puntualizó–, yo lo defiendo desde hace tiempo, pero ahora ya hay analistas que lo plantean también para el conjunto de España; parece que la situación y los últimos datos económicos nos dan la razón». Asimismo, cree «razonables» los impuestos a la banca y las eléctricas, que Gobierno Vasco y central concertarán este próximo martes en la Comisión Mixta del Concierto. 

El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, ha trasladado al lehendakari, Iñigo Urkullu, con quien ha mantenido un encuentro, el compromiso del banco como "motor económico y social" en una coyuntura en la que prevé un "impacto recesivo sobre la economía". Iñigo Urkullu ha recibido este miércoles por la mañana en la sede de Lehendakaritza en Vitoria a Arriola el primer encuentro oficial que ambos han mantenido tras su designación. En esta reunión, el presidente de Kutxabank le ha trasladado su análisis sobre la evolución de la economía en los próximos meses, así como las bases estratégicas de la actividad que desarrollará al frente del Grupo bancario. En concreto, Arriola ha transmitido al lehendakari su diagnóstico acerca de la evolución de la economía mundial y vasca en los próximos meses, que, según ha explicado, continuará durante un tiempo muy mediatizada por la guerra de Ucrania, "con la consecuente volatilidad derivada de la incertidumbre y un impacto recesivo sobre la economía". Según ha expuesto, Kutxabank cuenta con una inversión crediticia productiva que supera los 47.000 millones de euros destinados a empresas y familias y la entidad ha traspasado a la economía real, en los últimos 5 años, alrededor de 1.000 millones de euros en concepto de pagos a sus cerca de 5.000 proveedores en Euskadi.

 El empleo público sigue creciendo con fuerza en Euskadi, pero fundamentalmente a través de contrataciones temporales. Así lo refleja la última estadística difundida por el Eustat, que ofrece la foto a 1 de enero de este año. Los trabajadores dependientes de las Administraciones vascas (incluye Osakidetza, Educación, Gobierno, diputaciones, ayuntamientos...) sumaban a esa fecha 146.636, un 3% más que el año anterior, tras incorporar 4.110 personas en el último ejercicio. Pero la mayoría fueron temporales, que ya suponen un 43,7% del total, unos 64.000. En concreto, de esta cifra 27.544 son interinos y 36.526 figuran como personal laboral eventual. Esa tasa de temporalidad constituye un récord y es la más alta de España, donde ese problema suscitó el reproche del Tribunal de Justicia de la UE. Para atajarlo, se ha puesto en marcha, tanto a escala nacional como autonómica, la mayor avalancha de OPE de la historia, con procesos de consolidación especiales para los interinos. El objetivo es bajar la temporalidad al 8%, pero en Euskadi va a resultar muy difícil. Con todo, en el departamento de Gobernanza Pública dirigido por Olatz Garamendi aseguran que se cumplirá. «Las diferentes Administraciones vascas han puesto en marcha los procesos de consolidación necesarios para que, al final del periodo, el conjunto del sector no supere el 8%», señalan fuentes del mismo. Citan como ejemplo que la Administración General ha convocado 3.700 plazas. La evolución del empleo público en Euskadi muestra un notable crecimiento desde 2015, después de años de congelación en las tasas de reposición durante la crisis. Así, en estos siete años el aumento de las plantillas de las Administraciones vascas ha sido de 20.000 personas, un 16%.

Mandaron por escrito su propuesta sobre el SMI al Ministerio y a los sindicatos. Esta renta supone este año 1.000 euros al mes y, por catorce pagas, 14.000 euros al año. Afecta a unos dos millones de trabajadores en todo el Estado. Las patronales CEOE y Cepyme plantearon ayer a sus interlocutores que el SMI suba un 4% en 2023, de 1.000 a 1.040 euros al mes, y supeditado a que el Gobierno cumpla dos condiciones: en primer lugar, que rebaje un 20% las cotizaciones sociales por contingencias comunes de los empresarios del campo. Esto se debe a que Asaja, la patronal del sector, está muy molesta con el crecimiento de los costes laborales en el campo, y las dificultades para contratar que le ha puesto la reforma laboral. Asaja es una de las organizaciones más críticas con la gestión del presidente de CEOE, Antonio Garamendi. La segunda condición que pone CEOE al Gobierno y a los sindicatos para subir un 4% el SMI es que se permita a las empresas repercutir en los concursos públicos el incremento de este coste laboral. Son muchas las empresas que licitan en el sector público que emplean mano de obra intensiva, y poco cualificada, que fundamentalmente cobra el salario mínimo interprofesional. Las compañías de servicios a la administración: limpieza, mantenimiento o seguridad. También las empresas de construcción. Por todas estas razones, las compañías que acostumbran a trabajar mucho con las administraciones se han quejado al Gobierno, siempre que han podido, porque el incremento de los costes laborales estrecha sus beneficios. E, incluso, algunas terminan trabajando a pérdidas para captar los pedidos de las administraciones.

La nueva ley de la RGI está a punto de hacerse realidad. El Parlamento Vasco aprobará hoy la reforma de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que entre otras novedades aumenta las cuantías hasta un 50% y rebaja la edad de acceso de los 23 a los 18 años, además de flexibilizar requisitos para los colectivos más vulnerables, como las personas refugiadas o víctimas de terrorismo, que no necesitarán antigüedad de empadronamiento. En Euskadi, alrededor de 49.091 personas se beneficiarán de estos cambios, según datos del servicio vasco de empleo Lanbide. La nueva norma protege sobre todo a las familias con hijos y los pensionistas. A pesar de su aprobación hoy, la ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Se espera que sea en primavera, en abril, según fuentes del departamento vasco de Trabajo y Empleo. Entre las principales mejoras de la nueva RGI está el aumento de las cuantías para todos los perceptores. Además de la renta mediana del Estado, ahora también se tomará como referencia para la actualización anual de los importes la encuesta de desigualdades vasca. Cada año, se revisarán ambos indicadores y se seleccionará el que más beneficie a los perceptores de la ayuda. Con la entrada en vigor de la nueva norma en 2023, se parte de una cuantía de 800,13 euros para familias con un solo miembro, que hasta ahora recibían 727,41 euros, un incremento impulsado en parte por la actualización del 8,5% IMV. Un pensionista, por ejemplo, cobrará 1.014 euros en vez de 835 y un adulto con un hijo menor a su cargo, 1.093,51, frente a los 986,96 actuales. Otro de los grandes cambios de la nueva ley, que salió adelante tras un acuerdo entre el Gobierno Vasco (PSE-EE y PNV) y Elkarrekin Podemos-IU, es la rebaja de los 23 a los 18 años en la edad de acceso a la prestación, siempre que se cumplan determinados requisitos como disponer de ingresos insuficientes y encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditar de manera fiable que el beneficiario lleva un proyecto de vida independiente al margen de sus padres o tutores desde al menos un año y estar activo laboralmente o inscrito en Lanbide. Hasta ahora los menores de 23 años solo podían percibir la ayuda en casos excepcionales.

Patronal y sindicatos siguen sin lograr un acuerdo para renovar el convenio del Metal de Bizkaia, el más importante del territorio con 56.000 trabajadores afectados. En la reunión de ayer no solo no lograron avanzar sino que los reproches se endurecieron. La mayoría sindical, integrada por CC OO, LAB y UGT, presentó una nueva plataforma que la FVEM tachó de inasumible, tras insistir en que había llegado a su límite después de varias mejoras. ELA, que va por separado, volvió a defender la necesidad de una huelga indefinida. El conflicto, que acumula once jornadas de paro, se enquista en contraste con el resto de España, donde ya se han alcanzado acuerdos. La de ayer era la segunda reunión tras los últimos cinco días de huelga. En la primera, de hace una semana, CC OO, LAB y UGT, quedaron en llevar una nueva plataforma para facilitar el pacto. Pues bien, en su propuesta pidieron un incremento salarial del 17,5% hasta 2026 frente al 14% ofrecido por la patronal. La FVEM criticó la «avaricia» de los sindicatos y les acusó de elevar sus exigencias cada vez que hacía cesiones. Insistió en que su última oferta, la realizada antes de la huelga, «es más que generosa teniendo en cuenta las circunstancias» y mejora las condiciones de otros convenios como el Metal de Álava, firmado por CC OO, LAB y UGT. Recordó que en las múltiples mejoras aplicadas ha accedido a revisar la subida con el IPC al final del periodo y mantenido la garantía mínima actual. Ver nota FVEM. 

El Tribunal Supremo acaba de dar un nuevo varapalo al Gobierno vasco en relación a los cierres de la hostelería decretados con motivo de la pandemia, en invierno de 2020. El pasado día 15, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal inadmitió el recurso interpuesto por Lakua contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ya declaraba nulas las disposiciones relacionadas con el cierre de bares y restaurantes en municipios en Zona Roja (más de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes). La resolución del Supremo supone el quinto revés judicial que cosecha el Gobierno vasco «en su particular conflicto» con el sector, representado por SEA Hostelería-Ostalaritza, la Asociación de Hostelería de Bizkaia y Hostelería Gipuzkoa. Para los colectivos de los tres territorios, la sentencia «evidencia la injusticia cometida al reconocer, de manera clara, la ausencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas a lo largo de la citada crisis sanitaria». «Este respaldo judicial continuado de las tesis defendidas por las tres asociaciones de hostelería de Euskadi, sobre la injusticia y la desproporción de las medidas adoptadas por parte del Consejo Asesor del LABI y, como en el caso que nos ocupa, muchas veces promulgadas a través de un Decreto firmado por el Lehendakari, deberían hacer reflexionar a las instituciones implicadas sobre la capacidad de los integrantes del Comité Técnico del LABI», advirtieron ayer en un comunicado conjunto los hosteleros alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. Ver comunicado de SEA Empresas Alavesas. 

La Diputación alavesa ha dado un paso clave que despeja el camino al Gobierno vasco e Iberdrola, socios en Aixeindar, para poner en marcha en 2025 los parques eólicos de Azáceta y Labraza, capaces de generar 40 megavatios (MW) de energía limpia cada uno. Tras unas primeras evaluaciones que obligaban a realizar correcciones y a presentar nuevos informes de seguimiento de flora y fauna, Aixeindar ha elaborado sendos textos refundidos que el Departamento de Josean Galera ha vuelto a examinar. Esta vez el impacto observado en ambos casos es menor. Y aunque los técnicos piden correcciones –van desde medidas anticolisión hasta el soterramiento de tendidos eléctricos– el informe cuenta con el visto bueno foral y deja en manos del Gobierno vasco el plácet definitivo. El parque más polémico de los dos es quizá el de Azáceta. Sus ocho aerogeneradores distribuidos entre el puerto y el Pico Galartza así como todas las subestaciones y tendidos eléctricos asociados han motivado un gran rechazo entre colectivos ecologistas, EH-Bildu y Podemos Elkarrekin y ayuntamientos afectados. Incluso el Departamento foral de Medio Ambiente en su primer estudio observó que los molinos de 200 metros de altura podrían tener «efectos negativos muy relevantes» sobre la vegetación, las aves y el paisaje en flora y fauna de la zona. Después de que Aixeindar haya introducido mejoras como la de trasladar dos de las torres, los mismos técnicos dan vía libre al parque, aunque piden la implantación de nuevas medidas correctoras como pintar de negro al menos una de las palas de los molinos para evitar que colisionen con ellas las aves. Además de desplazar los generadores uno y dos entre 50 y 70 metros para evitar daños en algunas especies de orquídeas amenazadas, los promotores del parque eólico han cumplido otra de las demandas que les hicieron los técnicos forales en un informe de diciembre de 2021 y han presentado un estudio botánico de la zona más completo al tiempo que han hecho un seguimiento de todo un año en la flora y avifauna de las áreas afectadas. 

Norges Bank Investment Management, la sociedad que gestiona el fondo soberano de Noruega, está negociando en exclusiva con Iberdrola la adquisición de una participación de hasta el 49% en una megacartera de activos renovables de la eléctrica en España, valorada en 1.200 millones de euros, conocida como Proyecto Romeo. Hay grandes probabilidades de que finalmente cuaje la operación. Así lo aseguran fuentes del mercado consultadas. El proceso ha generado enorme expectación en el sector y ha captado la atención de varios grupos, entre ellos Pontegadea, la sociedad de inversión de Amancio Ortega, fundador y primer accionista de Inditex. En los últimos días, Pontegadea ha planteado a la eléctrica la posibilidad de analizar los números de Romeo para entrar en la transacción. Pero la negociación en exclusiva con Norges ya estaba en marcha. En la recta final del proceso también llegaron a plantear la posibilidad de hacer oferta BlackRock, Vauban Infrastructure Partners –gestora de fondos de inversión del grupo Natixis– y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), éste último en alianza con ArcelorMittal. BlackRock, al igual que Norges, es uno de los mayores accionistas de Iberdrola. CIP fue socio de Iberdrola en eólica marina en EEUU. Las mismas fuentes explican que existe la posibilidad de que Norges haga hueco a Pontegadea en su propuesta –en línea con lo que ya hizo el hólding inversor de Ortega en su alianza con Telefónica y KKR en Telxius–. Pero dependería de la disposición del fondo soberano de Noruega. Con todo, solo el hecho de la aparición de Pontegadea en este proceso es un salto en su estrategia. 

Cuatro de cada diez buques que llegan a España con gas natural licuado (GNL) de Rusia, lo hacen en el Puerto de Bilbao. Y es que las importaciones de gas que hacen las compañías energéticas desde el país gobernado por Vladímir Putin y que se descargan en las instalaciones de Bahía de Bizkaia Gas –infraestructura gestionada por Enagas y Gobierno vasco– ascienden a 20.570 GWh, lo que equivale al 42,4% del total del gas ruso descargado en España. La cantidad equivale a la capacidad de más de 20 buques, tal y como se desprende de informaciones que los gestores de la instalación del Abra de la Ría de Bilbao han facilitado a El Correo. Los datos evidencian la persistencia de la dependencia de Rusia para el acceso a este combustible y explican las dificultades de la UE para cerrar el comercio energético con el Kremlin. La apuesta por el GNL obtenido en Estados Unidos, que se ha convertido en el proveedor de Europa que más ha crecido tras la invasión de Ucrania, no ha sido suficiente. Así, en el conjunto de las cinco regasificadoras que tiene en la península el operador estatal de gas, Enagas, las descargas de GNL hasta noviembre con origen ruso han seguido creciendo un 47,4%, hasta alcanzar los 48.406 GWh, lo que equivaldría a unos 47 buques.

El Congreso de los Diputados respaldará hoy la Ley de Empleo y la enviará al Senado. La norma que, con una enmienda de EHBildu, aumentará el papel de la Inspección de Trabajo en el despido colectivo. Una enmienda que ha provocado el enfado de la patronal CEOE con la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que cerró un acuerdo la semana pasada con la formación independentista. El objetivo de Díaz es obtener el respaldo de EHBildu y Esquerra Republicana de Cataluña a la Ley de Empleo. El motivo del enfado de los empresarios es el siguiente: la enmienda autoriza a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a pedir al empresario que justifique las causas del despido colectivo; las causas del ERE: económicas, tecnológicas, organizativas y de producción. La enmienda no restaura la autorización administrativa previa al despido, que había antes de la reforma laboral de 2012. Ni tampoco es necesariamente vinculante para el juez, en el caso de que no haya acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Pero sí es un trámite más que debe hacer la empresa y, no cabe duda de que aumenta el intervencionismo de la administración en la decisión del empresarios. Resta libertad al empleador. El portavoz de EHBildu, Oskar Matute, aseguró en la defensa de la Ley de Empleo que para su grupo es “un honor” que la CEOE se moleste por esta modificación en el texto, ya que de lo contrario supondría “un horror” para su grupo. La norma cuenta con el apoyo de los grupos del Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– más ERC, EHBildu y toda la izquierda parlamentaria, a excepción del Bloque Nacionalista Gallego, que hoy votará en contra.

Vía libre y sin cambios a los nuevos impuestos a entidades bancarias, empresas energéticas y grandes fortunas. El Senado aprobó ayer sin ninguna modificación la proposición de ley que articula los nuevos gravámenes, con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero. De esta forma, la normativa se mantendrá en los términos en los que fue remitida desde el Congreso de los Diputados a comienzos de diciembre. Las tres figuras se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 con cargo a los ejercicios previos para hacer frente al actual contexto inflacionario. Las que afectan a las grandes empresas ingresarán unos 3.500 millones cada año, mientras que el que se circunscribe a las grandes fortunas recaudará otros 1.500 millones. La no inclusión de enmiendas, que fue duramente criticada por algunos grupos en el pleno, facilita la entrada en vigor este mismo año de la ley y que, por tanto, los impuestos empiecen a recaudar en 2023, ya que estarán vigentes en 2023 y 2024, con referencia a los resultados de 2022 y 2023. Entre los principales cambios que han sufrido los gravámenes en su paso por el Congreso se ha dejado fuera de la base imponible del impuesto energético los ingresos de los negocios regulados, así como los obtenidos fuera de España.

Los gobiernos central y vasco han pactado convocar el próximo martes la Comisión Mixta de Concierto, en un encuentro que tendrá una notable trascendencia económica y también política. El objetivo será formalizar el acuerdo de reforma del Concierto para incorporar en él la concertación del Impuesto sobre Grandes Fortunas. También, ambas administraciones harán oficial el pacto mediante el cual las arcas públicas vascas recibirán una parte de la recaudación que va a obtener el Estado gracias a los nuevos gravámenes –técnicamente «prestaciones»– que se van a aplicar a las empresas energéticas y la banca, y que ayer recibieron el visto bueno definitivo del Senado. La reunión de la Comisión Mixta, a la que asisten también los diputados generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, se realizará por videoconferencia y no con carácter presencial como es costumbre. La premura de tiempo con que ha sido convocada y la dificultad para cuadrar las agendas de los responsables institucionales lo ha aconsejado así. Los acuerdos, sin embargo, ya se han cerrado en los contactos previos que han mantenido durante las últimas semanas los negociadores del Ministerio de Hacienda y del departamento de Economía del Gobierno vasco, que dirige el consejero Pedro Azpiazu. Aunque no se ha dado a conocer todavía su contenido concreto –se hará público el martes tras la cita–, la Comisión Mixta se reúne ya con todo el trabajo de negociación resuelto. El acuerdo de la Comisión, que implicará la necesaria reforma del Concierto Económico, será remitido con posterioridad al Parlamento, que deberá votarlo como proyecto de ley de artículo único.

El sector industrial continúa perdiendo relevancia respecto del conjunto de sectores de la economía nacional. Su peso en el producto interior bruto (PIB) español era del 18,7% en el 2000. Mientras que el pasado año fue del 15,31%, cifra lejana del 20% previsto por la Unión Europea en el Horizonte 2020. Estas son algunas de las conclusiones que recoge el informe Una perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2022, presentado ayer en Madrid junto al Barómetro Industrial 2022. Una radiografía del sector desvela que ha habido pocos cambios en el tejido industrial español en el último año. Por comunidades, su peso sigue siendo grande en regiones tradicionalmente industrializadas, como Navarra, País Vasco y La Rioja, donde más aporta al PIB autonómico. En clave nacional, Cataluña es la que concentra la mayor porción de la industria española, con un 22,07%, casi el doble que Madrid, Andalucía y Valencia, que contribuyen alrededor del 11% cada una. El peso del sector en el empleo nacional es, según los últimos datos recogidos por el informe, del 13,6%, y ha crecido este año mejor que la media del país. Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, afirmó ayer en la presentación que los datos del barómetro y el informe económico coyuntural indican, “año tras año, que es un sector que no termina de consolidarse, pese a ser muy necesario”. 

El VI Barómetro industrial 2022, elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (Cogiti), reveló ayer un panorama algo más positivo para la actividad industrial que el año pasado. No obstante, los profesionales dedicados a este sector siguen teniendo dos grandes reivindicaciones. La primera es la necesaria implantación de una política fiscal específica para la industria y la segunda es promover una mayor agilidad en la tramitación y gestión de las ayudas europeas, ya que apenas el 12% de las pymes industriales ha recibido fondos Next Generation, según la encuesta realizada a 3.500 ingenieros de la rama industrial. Otra de las reformas que estos profesionales urgen a acometer cuanto antes es la del sistema eléctrico. Más que un entorno de precios de la energía más bajos, que por supuesto es la situación deseada por todos, las empresas industriales piden estabilidad en los costes y eso solo puede conseguirse con una reforma integral del actual sistema de fijación de precios. El 90% considera contradictoria la rígida política medioambiental que se autoimpone Europa para luego permitir importar productos o materias primas de otros países sin exigirles que cumplan los mismos protocolos. En este contexto, más del 75% sería partidario de alargar la vida de las centrales nucleares, según explicó la coordinadora del VI Barómetro industrial 2022, Mónica Ramírez.

De los más de 94.000 millones de euros adicionales que España recibirá del fondo europeo de recuperación, unos 65.000 millones en créditos blandos se gestionarán a través de 12 fondos de inversión. Uno de ellos, según la adenda del plan publicada ayer por el Gobierno, moverá 2.000 millones en bonificaciones fiscales para las empresas en el impuesto de sociedades. Es el llamado Fondo de Reforma Fiscal, cuya finalidad es promover deducciones tributarias para fomentar la inversión corporativa en I+D. Uno de los objetivos de estos fondos es centrar el foco en ciertos sectores estratégicos para la economía del país. Por eso, parte del dinero intentará “evitar la caída de la inversión característica de crisis anteriores y permitir un fuerte incremento de la inversión productiva”, según detalla el texto. Por ello, buena parte de los préstamos europeos se enfoca a ámbitos decisivos como el de la investigación y el desarrollo. “Se fortalecerá el ecosistema español de I+D+i (público y privado), con medidas de atracción y de retención de talento”, señala la adenda. “También se creará un nuevo fondo de reforma tributaria con el que se cubrirán las bonificaciones fiscales en el impuesto de sociedades dirigidas a fomentar la inversión empresarial en I+D”, añade. Queda por ver, apuntan fuentes gubernamentales, cuál será el reparto temporal de estos 2.000 millones de euros en deducciones. 

El Congreso aprobará hoy la primera reforma integral de la universidad española en más de dos décadas. La nueva ley, respaldada por el Gobierno, el PNV y ERC y rechazada por PP y Vox, sustituirá a la LOU de 2001 y aspira a adaptar la educación superior a los retos del siglo XXI. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ahora pasará al Senado y que podría estar en vigor en marzo, incluye medidas para acabar con la temporalidad y la precariedad del profesorado, con el amiguismo y los sesgos de género en la adjudicación de plazas, amplía el perfil de los candidatos a rector, impulsa la transferencia de investigación, otorga a los alumnos el derecho a la huelga y blinda una inversión mínima del 1% del PIB en 2030. El candidato a rector ya no tendrá por qué ser catedrático ni funcionario. Se abre el cargo a los profesores titulares y a los docentes permanentes doctores a tiempo completo. Solo les piden méritos de investigación y de docencia y experiencia en un cargo de gestión académica unipersonal. Su mandato pasa de 4 a 6 años, pero sin reelección. Iguales condiciones regirán para decanos o jefes de departamento.

Euneiz acaba de cumplir su primer trimestre de actividad en sus aulas con cuatro titulaciones (Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Multimedia y Producción Musical y Sonido para la Industria del Entretenimiento) y se encuentra ya en proceso para conseguir la autorización para incorporar el próximo curso otras tres. En concreto, la universidad íntegramente privada impulsada por el grupo Baskonia-Alavés en Vitoria quiere ofertar los grados en Arte para Videojuegos y Animación, en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y en Ciberseguridad, que sumarán un total de 120 plazas –40 por cada título– a las 180 actuales. El rector de la European University Gasteiz, Lluís Vicent, destaca que las nuevas titulaciones «están orientadas a sectores en auge y forman perfiles profesionales con gran demanda en el mercado laboral». Los grados dirigidos a la industria de los videojuegos, por ejemplo, abarcarán desde la programación a la creación de mundos virtuales y se nutrirán del conocimiento y la trayectoria del centro catalán ENTI-UB. Los estudios en ciberseguridad, mientras, están pensados para «una de las profesiones con más futuro del momento», explican desde Euneiz, que cuenta ya con más de una veintena de convenios de prácticas con empresas. Los alumnos de estos tres títulos que están pendientes del visto bueno, además, podrán especializarse en su último año académico a través de las líneas de Ciencia de Datos, Diseño de Sonido, Multimedia, Programación o Arte Digital.

El anteproyecto de ley de Función Pública que el Gobierno central aprobó el martes en consejo de ministros inicia su andadura rodeado de polémica. El documento de 125 páginas, que ahora está abierto a modificaciones, establece la posibilidad de que los funcionarios sean movidos del puesto obtenido por concurso si obtienen de forma continuada resultados negativos en la nueva evaluación de desempeño por la que tendrán que pasar a partir de la entrada en vigor de la norma. En la ley, el Gobierno no define cómo será esa evaluación por la que de forma anual se medirá la conducta y los resultados de los empleados públicos en el desarrollo de su actividad. Esto afecta en Euskadi a los funcionarios de instituciones dependientes de la administración central estatal. No obstante, sí detalla que será obligatoria y que no solo afectará a la evolución de la carrera o posibles ascensos, sino también a la percepción de los complementos salariales. En concreto, el texto establece dos nuevos complementos. El primero, vinculado a la carrera, para retribuir la progresión que se vaya alcanzando a lo largo de la vida profesional. Y el segundo a la superación de esas evaluaciones, además de al rendimiento y los logros de los trabajadores. Los sindicatos criticaron ayer duramente el texto. Tanto UGT como CC OO calificaron la posibilidad de remover a un funcionario de su puesto como un hecho «gravísimo», al plantearse la evaluación «como algo irrefutable que deja a la persona sin defensa en vía administrativa» ante un resultado negativo.

Movistar ha sido el gran ganador de la subasta de la banda de 26 GHz, la última que había prevista para la tecnología del 5G en España (ya se han adjudicado la banda de 700 MHz y la de 3,5 GHz) al hacerse con 5 bloques de 200 MHz cada uno, lo que suma 1.000 MHz en total. Vodafone y Orange sólo han querido comprar dos bloques cada uno, de forma que se han hecho con 400 MHz por operador, muy lejos de los mil MHz que era el tope máximo establecido por el Gobierno para cada teleco, máxime teniendo en cuenta que han quedado sin adjudicar tres bloques, por lo que uno de ellos podría haberse hecho con 800 MHz y el otro con 600 MHz. La subasta sólo ha tenido una ronda efectiva –la segunda sólo ha servido para constatar que no se modificaba ninguna puja– antes de declararse finalizada, por lo que todos los operadores han logrado las frecuencias sin aumentar sus pujas, pagando el precio de salida. Con todo, teniendo en cuenta que el Gobierno había rebajado sustancialmente el precio –una rebaja del 47%–desde los 7,5 millones iniciales por bloque nacional hasta los 4 millones de euros en que se fijó finalmente, ha resultado sorprendente que Orange y Vodafone hayan sido tan poco ambiciosos. La subasta se puede considerar un fracaso relativo en el sentido de que ha quedado una gran parte del espectro sin asignar.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha hecho algunos ajustes de cuentas entre sus críticos dentro de la organización. Garamendi ha decidido premiar a Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña (CEIM) al nombrarlo vicepresidente Primero de CEOE. Pero su premio, sobre todo, es un castigo para Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, patronal de la pequeña y mediana empresa, y hasta ahora número dos de la organización , que ahora baja un escalón respecto a Garrido. Miguel Garrido, Gerardo Cuerva y Josep Lluis Sánchez Llibre, presidente de Fomento Nacional del Trabajo, la patronal catalana, eran, hasta ayer los tres máximos opositores a Garamendi. Los tres se han mostrado siempre muy descontentos con las cesiones que, en su opinión, ha hecho Garamendi al Gobierno ya los sindicatos en el diálogo social. Sin embargo, el empresario vasco ha convertido en vicepresidente primero a Miguel Garrido, el presidente de la organización territorial más importante de CEOE. La patronal madrileña, que está en una de las comunidades autónomas más prósperas de España. Entre otras cosas, porque Madrid reúne a la mayor parte de las sedes fiscales de las multinacionales españolas y extranjeras instaladas en España. Garrido es uno de los halcones de CEOE con el Gobierno y los sindicatos, de tendencia muy liberal y, como todos sus antecesores en este cargo, próximo al Ejecutivo de la comunidad autónoma, que es del Partido Popular desde 1995, cuando empezó con Alberto Ruiz Gallardón.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayer al de Ucrania, Volodímir Zelenski, su apoyo a ese país “en su búsqueda de paz”. Así lo dijo Biden en el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca, en el primer viaje al extranjero de Zelenski desde que Ucrania fue invadida el pasado febrero. Además de un nuevo paquete de ayuda financiera y militar, Washington anunció un paso de gran simbolismo: el envío de una batería de misiles Patriot de largo alcance, que Kiev reclamaba con insistencia para hacer frente a los ataques rusos. Biden le expresó a Zelenski que el pueblo ucranio “inspira al mundo” y acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de “usar el invierno como arma”. El mandatario ucranio tenía previsto acudir al Capitolio para dirigirse al Congreso en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Esta última tramita más fondos para Ucrania, pese a los recelos del Partido Republicano. Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Joe Biden y Volodímir Zelenski, repitieron una y otra vez ayer en Washington que sus destinos continuarán unidos por la guerra. “Puede contar con todo el apoyo de este país por el tiempo que haga falta. Los estadounidenses, demócratas y republicanos por igual, entienden que la lucha de Ucrania es parte de algo mucho más grande”, aseveró Biden en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca. Biden puso números a ese apoyo: un paquete de asistencia militar de 1.850 millones de dólares (1.743 millones de euros) y el envío de una batería de misiles Patriot de largo alcance, un arma que EE UU se había resistido mandar a Kiev pese a la insistencia de Zelenski.