20230628

La fusión acordada entre Orange y MásMóvil, propietaria de Euskaltel, podría suponer problemas de competencia en el mercado de las telecomunicaciones en España, lo que conllevará «grandes subidas de precios» para los clientes finales. Así lo advierte la Comisión Europea, que ayer explicó que teme que se reduzca el número de operadores de redes en los mercados minoristas de servicios móviles e internet. Esta es su conclusión tras una investigación en profundidad que comenzó en abril para determinar si la operación pondría en riesgo la competencia en la oferta de paquetes de servicios de redes y en la banda ancha móvil y fija en España. «Los efectos anticompetitivos previstos son sustanciales, incluso teniendo en cuenta los posibles ahorros de costes, en un contexto en el que la competencia ha sido un motor de inversión y calidad de los servicios en el mercado español», informó la Comisión Europea en un comunicado. La fusión creará un nuevo líder por clientes en España, aunque en facturación seguiría siendo Movistar quien ocupe el primer puesto. En el pliego de cargos enviado por el Ejecutivo comunitario a las compañías, los servicios comunitarios explican su preocupación por el hecho de que la fusión pueda dar lugar «a grandes subidas de precios para los clientes minorista» en España. Desde las operadoras implicadas confían en que el resultado del proceso sea positivo, ya que la ‘Declaración de Objeciones’ publicada ayer es solo un paso previsto como parte del procedimiento estándar en el que «no se prejuzga el resultado de la investigación» y da a las partes la oportunidad de responder formalmente a las «preocupaciones» de la Comisión.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la prórroga de algunas de las principales medidas de apoyo frente a la crisis inflacionista que vencían el próximo 30 de junio, a través de un nuevo paquete de ayudas que movilizará 3.800 millones de euros adicionales de aquí a final de año. La cifra eleva el coste fiscal que asumirá el Estado en el segundo semestre a casi 9.000 millones, si se suman las medidas que ya estaban aprobadas hasta el 31 de diciembre, como la rebaja fiscal en la factura eléctrica. El Ejecutivo ha decidido prorrogar la eliminación del IVA de los alimentos básicos y la rebaja al 5% para aceites y pastas alimenticias, así como la bonificación del 30% al transporte público. Dos de las medidas estrella de los últimos meses para ayudar a los hogares a combatir el actual ciclo inflacionista, aunque la primera se ha desarrollado con bastante menos éxito en sus objetivos que la segunda. A las puertas de las elecciones y tras la presión que estos días ha ejercido el sector, el Gobierno también ha optado por extender las ayudas al gasóleo para los transportistas. Un movimiento que ha sorprendido ante la reciente caída del precio de los carburantes, que ya se sitúa por debajo de los niveles marcados cuando se aprobó la bonificación de los 20 céntimos por litro en marzo del pasado año. La ayuda será 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de otros cinco céntimos para el último trimestre. El Gobierno sacó adelante una auténtica batería de medidas que se habían quedado en el tintero tras la convocatoria de elecciones, como la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir hasta el 20% de la entrada en la compra de vivienda habitual por parte de jóvenes y familias con menores a cargo, con un importe máximo de 2.500 millones. Finalmente, se extiende la medida que prohíbe los desahucios a vulnerables sin alternativa habitacional. El PSOE ha impuesto su criterio frente a la pretensión de Podemos de extender hasta final de año la congelación del precio de los alquileres para aquellos contratos que se renovasen estos primeros seis meses del año. Es decir, los propietarios podrán cambiar ya sus condiciones en el momento de firmar una renovación, aunque seguirá vigente la limitación del 2% en la actualización anual de los arrendamientos que establece la Ley de Vivienda.

La desgravación del 15% en el IRPF para la compra de coches eléctricos o puntos de recarga no se aplica en Euskadi, que tiene autonomía fiscal. Las tres diputaciones forales explicaron ayer que no se puede anticipar lo que va a pasar aquí dado que aún ni siquiera se han conformado los nuevos gobiernos tras las elecciones del 28 de mayo. Según el real decreto ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros, pendiente de ratificar en la Diputación Permanente del Congreso, quienes que compren un coche eléctrico o instalen un punto de recarga podrán deducirse un 15% de la inversión sobre un máximo de 20.000 euros, lo que arroja un tope de 3.000 euros en el descuento. Con esta medida se quiere reforzar el programa Moves de ayuda para la compra de vehículos eléctricos, que contempla subvenciones de hasta 7.000 euros y está financiada con los fondos europeos. En Euskadi, como en el resto de comunidades, este plan está vigente pero aún así las compras de coches eléctricos son muy minoritarias debido a sus elevados precios y al insuficiente despliegue de puntos de recarga. Así, del total de 10.014 turismos matriculados entre enero y mayo solo 1.205 son electrificados, es decir, un 12%. La medida fiscal aprobada por el Gobierno de Sánchez se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. Habrá que ver que deciden las diputaciones vascas al respecto. 

Los socios del Gobierno de coalición han gastado uno de los últimos cartuchos de la legislatura en desplegar in extremis un blindaje sobre los taxis, que catalogan como “servicio de interés público”, frente a los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) a los que imponen nuevas restricciones por tráfico o medioambiente que prometen bloquear la concesión de licencias a firmas como Cabify o Uber. La medida ha sido impulsada solo un par de semanas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbara la limitación de 30 VTC por cada taxi en atención a una denuncia registrada en Barcelona. El Gobierno aprovecha, sin embargo, el margen que el tribunal daba para establecer otro tipo de limitaciones de corte medioambiental, por ejemplo, para diseñar nuevas restricciones que le permiten esquivar la amenaza de una movilización del sector del taxi a las puertas de las Elecciones Generales del 23 de julio. La iniciativa ha sido incorporada, además, en el mismo real decreto ley de prórroga del paquete de medidas contra la inflación que engloba la rebaja del IVA de los alimentos o del transporte público, lo que eleva la presión para que sea convalidada por la Diputación Permanente del Congreso, en ausencia de Cortes constituidas. En concreto, el Gobierno aprovecha el decreto para introducir en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Lott) “nuevos criterios medioambientales y de gestión del transporte y el tráfico para el otorgamiento y explotación de las licencias VTC”, a fin de “consolidar la convivencia con el taxi”.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, anunció ayer que finalmente la versión dos de este programa se lanzará esta misma semana y lo hará con las dos líneas de ayudas –la de baterías y la de proyectos individuales del coche eléctrico–. El Ejecutivo había anunciado al sector anteriormente que la parte de las baterías se habilitaría desde el 1 de julio, mientras que la otra lo haría “semanas después”. En el marco de la celebración del X Encuentro de Sernauto: Horizonte 2030 celebrado ayer, Gómez afirmó que la inclusión de la segunda línea al mismo tiempo que la de las baterías ha sido posible tras la aprobación la semana pasada en la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos y después de que el pasado fin de semana publicara la Comisión Europea el reglamento por exención de categorías. El ministro señaló que la segunda edición del Perte VEC contará con un presupuesto de hasta 850 millones de euros para la línea de las baterías, a través de la que se dará hasta un máximo de 300 millones por proyecto, mientras que el importe de la otra línea se dará a conocer “en las próximas horas o días”. Además, recordó que habrá una tercera convocatoria de esta herramienta de impulso a la movilidad eléctrica, que contará con 1.200 millones de euros de presupuesto destinados a financiación de los proyectos y también con 250 millones de euros extra que irán a parar a subvenciones.

Los más de 572.000 pensionistas vascos han recibido este junio la paga extra de verano más generosa de la historia debido a la fuerte subida de las prestaciones, ligadas a un IPC disparado. En el caso de los 42.000 jubilados vascos que cobran la pensión máxima, situada este ejercicio en los 3.059 euros mensuales, el ingreso total asciende a más de 6.000 euros. Es un importe en bruto del que se deben descontar unos 1.000 euros por la retención del IRPF aplicada por Hacienda. Las pensiones han subido este año un 8,5%, que es la inflación promedio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Esta vinculación de las prestaciones con el IPC se aprobó por ley y se aplica tanto a la paga normal como a la extra. En virtud de esta normativa, la pensión media de jubilación en Euskadi alcanza este mes los 1.683 euros, con lo que la suma de la paga normal y la extra se eleva a 3.347 euros, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Ese ingreso medio por jubilación de 1.683 euros supone un incremento del 9,5% respecto al año anterior porque, además de la revalorización en un 8,5%, se suma el hecho de que los nuevos pensionistas cobran más que los que salen del sistema por fallecimiento.

La pensión media mensual de jubilación es de 1.374,8 euros, lo que supone ya un incremento del 9,6% respecto a junio del año pasado. También significa que la renta media crece tres veces más que la inflación. El último dato de mayo sitúa al Índice de Precios de Consumo en el 3,2% en tasa interanual, y en el 6,1% en la tasa subyacente. El INE publica mañana, jueves, el dato de la inflación de este mes. Precisamente, que la pensión media de jubilación crezca un 9,6% se debe a varias razones: la primera, la revalorización en un 8,5% que estas rentas tuvieron a principios de año, para evitar que perdieran poder adquisitivo. Además, hay que tener en cuenta que las nuevas pensiones que entran en el sistema son mucho más altas que las que se dan de baja por fallecimiento. Así, la renta media de las nuevas prestaciones de jubilación es de 1.352,34 euros. Todo ello contribuye a elevar la pensión media de jubilación, porque, además, éstas son las más numerosas e influyen mucho en la pensión media del sistema. Ascienden a 6.354.104 perceptores, con un gasto mensual total de 8.740 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 11,52% respecto al mismo mes del año anterior. Después de las pensiones de jubilación, las más numerosas son las de viudedad, con 2.350.589. Su nómina mensual total es de 2.000 millones de euros, con un incremento del 9,4% respecto a junio del año pasado. La pensión media de viudedad es de 851,74 euros al mes, lo que representa un crecimiento de la cuantía del 9,4% respecto a junio del año pasado.

La UE quiere que las reglas fiscales vuelvan a estar en vigor en 2024 después de cuatro años de hibernación, lo que implicará la reactivación de los límites de déficit y deuda, que no podrán rebasar el 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Los Estados miembros negocian una flexibilización de dichas reglas, pero sin perder de vista esos topes, que España difícilmente cumplirá el año que viene, ni en deuda, donde casi duplica el techo fijado, ni en déficit, según los pronósticos de la mayoría de expertos. Entre ellos, BBVA Research, que ha empeorado hasta el 4,2% su previsión de déficit para este año, desfase que sitúa en el 3,5% en 2024. Esto es, España recortará su déficit el año que viene, pero aun así el desvío entre ingresos y gastos se situará medio punto por encima del límite que fija la UE y de lo prometido por el Gobierno a Bruselas en el plan de estabilidad remitido a finales de abril. “España adelanta a 2024 la reducción del déficit público al 3% aprovechando el crecimiento económico, la creación de empleo y el impacto del Plan de Recuperación”, señaló entonces el Ejecutivo. Un objetivo que BBVA Research no ve factible porque “la política fiscal seguirá siendo expansiva, al menos en el corto plazo, y el déficit quedará todavía por encima del 3% del PIB”, señala la entidad en su último Observatorio Fiscal, publicado ayer, en el que advierte de que “en la medida que las reglas fiscales vuelvan a ser efectivas en la UEM en 2024, previsiblemente España entraría dentro del protocolo de déficit excesivo y se le requeriría un ajuste anual equivalente a 0,5 puntos porcentuales del PIB hasta que el déficit quede por debajo de dicha referencia”. Esto es, tendría que apretarse el cinturón en unos 6.600 millones para cumplir el tope fijado.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno retrasará la entrada en vigor de la de la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación. Esta moratoria había sido solicitada por los rectores aunque los sindicatos están en contra. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado a Europa Press que la entrada en vigor se retrasa del 1 de octubre de 2023 al 1 de enero de 2024. “Retrasamos la entrada en vigor de la cotización de las prácticas”, ha señalado este martes la ministra. El ministerio de Inclusión añade que, dado que las prácticas formativas suelen hacerse en el segundo o tercer trimestre de los cursos, la nueva fecha no afectará negativamente a los alumnos y permitirá, además, facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos. En todo caso, señala que esta medida, acordada en el diálogo social y recogida en el último bloque de la reforma de pensiones, es “muy relevante” para los estudiantes ya que “permitirá su inclusión en la Seguridad Social desde el primer momento de su vida profesional, independientemente de que las prácticas sean o no remuneradas”. Asegura que será “a coste prácticamente cero” ya que se prevén bonificaciones del 95% al 97%. También agrega que se ha ampliado de dos a cinco años los convenios especiales para poder computar como cotizados periodos de prácticas realizadas con anterioridad.

Ocho gestoras se han presentado finalmente al concurso abierto por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para gestionar los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), un nuevo vehículo de inversión creado para facilitar el ahorro de cara a la jubilación a autónomos y trabajadores de pymes. El mercado descontaba la participación de la gran banca (CaixaBank, BBVA y Santander) e Ibercaja, que tienen una alta cuota de mercado en los planes de pensiones para empresas. También el gigante asegurador Mapfre estaba entre los interesados. De acuerdo el acta de la mesa de contratación, que se reunió el lunes, otras tres firmas han participado también en la selección. Se trata de las aseguradora Caser (propiedad del grupo suizo Helvetia) y Nationale Nederlanden (NN); así como Fonditel, la gestora de las pensiones de los empleados de Telefónica, que lleva unos años ampliando su gama de productos y su público. Sin embargo, esta última ha quedado excluida por haber presentado su propuesta fuera de plazo. El ministerio va a adjudicar cinco lotes. En cada uno de ellos tendrá que haber una propuesta concreta sobre tres fondos de pensiones (uno conservador, otro mixto y otro más arriesgado), así como una propuesta de gestora que se encargue de la depositaría de los activos en los que invierten los fondos. Las adjudicatarias se comprometerán a alcanzar un volumen de patrimonio de 500 millones en tres años (entre los tres planes). La gran ventaja de este producto serán las bajas comisiones, que van a estar entre el 0,15% y el 0,25% anual. 

Europa acaba de hacer pública su decisión (faltará la aprobación del Parlamento) de elevar su objetivo de consumo de energía renovable del 22% actual al 42,5% en 2030 (ver gráfico). Y el World Energy Transitions Outlook 2023 de la Agencia International de Energías Renovables (Irena) publicado estos días dice que “la energía renovable anual debe triplicarse para 2030”. Lo hacen justo cuando España debe presentar a Bruselas –el 30 de junio acaba el plazo– la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que recoge los objetivos de reducción de emisiones, energías renovables y eficiencia energética para esta década. En la carrera verde que se ha desatado, en la que intervienen otros actores, como EEUU con su ley antiinflación (IRA), y el continente asiático, con China a la cabeza, las renovables, el vehículo eléctrico y las mejoras en eficiencia energética son clave. ¿Cómo está España? Los objetivos del Pniec, cuya actualización debe enviarse ahora a Europa son: alcanzar un 74% de energía renovable en generación eléctrica; un 23% de reducción de emisiones respecto de 1990; contar con 89 GW de potencia renovable solar y eólica instalada; que el 42% de la energía final proceda de renovables; alcanzar los cinco millones de vehículos eléctricos, y mejorar un 39,5% la eficiencia energética. España estaría cumpliendo en aspectos como el despliegue renovable. 

Iberdrola colocó ayer la primera piedra virtual de su proyecto ‘Global Green Employment’ (GGE), una plataforma digital ideada para servir de punto de encuentro a quienes desean orientar su futuro laboral entre el sector del empleo verde y los agentes empresariales y educativos que contribuyen a su materialización. Quienes accedan a GGE se acercarán a un catálogo internacional de oportunidades laborales y formativas. La compañía se encuentra cerrando acuerdos con universidades, escuelas especializadas, centros de formación profesional, empresas, instituciones y portales dedicados a las ofertas de empleo. Con esta apuesta Iberdrola aspira a convertirse en un referente de la orientación laboral relacionada con empleos verdes. El objetivo es ofrecer un análisis en tiempo real sobre un mapa actualizado de las vacantes que se demandan en los países donde está presente, detallando los tipos de puestos de trabajo, las competencias necesarias para cada perfil y el número de plazas que siguen disponibles. El objetivo de la firma eléctrica es abrir las puertas del mercado laboral a quienes lo necesiten y facilitar las posibilidades de encontrar el mejor talento posible. Quieren ser la bolsa de empleo más completa y actualizada, mundialmente, también frente a aquellas empresas e instituciones que publican sus propias ofertas.

La recuperación del negocio de Renault en España es un hecho, incluso en un año complicado para el sector como 2022, marcado por la guerra en Ucrania y la crisis de los microchips. La filial española del grupo del rombo multiplicó por cuatro su beneficio neto anual, hasta 73 millones de euros, frente a los 17 millones contabilizados en 2021. La empresa automovilística, que celebró ayer su junta general ordinaria de accionistas, logró superar la barrera de los 6.000 millones de cifra de negocio (6.093 millones), más de un 18% de subida en la comparativa con los datos de un año antes. El crecimiento de los resultados financieros de la filial que dirige Josep María Recasens se vio acompañado durante el año pasado por una evolución positiva de la actividad industrial de la compañía en España, que opera dos plantas de producción de vehículos (Valladolid y Palencia), una de motores (Valladolid) y una de cajas de cambio (Sevilla). En el conjunto de 2022, la empresa, que ejerce el papel de polo de hibridación del grupo, fabricó 256.864 vehículos en España, lo que se traduce en un incremento del 13% en la comparativa con los datos recopilados en 2021. El 90% de esta cifra se destinó a la exportación. Por plantas, el centro de Valladolid ensambló un total de 162.751 vehículos durante el año pasado, es decir, un 8% de subida respecto al ejercicio previo, mientras que en Palencia la cifra productiva se situó en 94.113 unidades, un 22% de avance interanual. Además, el grupo francés fabricó 896.522 propulsores en Valladolid, un 9,3% de aumento, mientras que la factoría de Sevilla produjo 371.538 transmisiones, un 2,1% de disminución frente a 2021.

El consejo de Renfe aprobó ayer la ampliación de una de sus líneas de compra de trenes. En concreto, la que tiene firmada con CAF para dotarse de unidades eléctricas para Media Distancia: el nuevo encargo es de 32 trenes por 190 millones. Con este pedido, el plan de flota de Renfe se va hasta los 4.509 millones para la adquisición de 436 trenes, la remodelación de 57 ya en operación y la fabricación de 50 locomotoras. Esta histórica inversión refuerza la Alta Velocidad, Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico. Sumado el mantenimiento de muchos de los trenes, la inversión global sube a 5.235 millones, de los que más de 1.000 millones han ido a manos de CAF en los tres últimos años. La empresa vasca, que se vio expuesta meses atrás al escándalo por el fallo en el diseño de un lote de trenes de ancho métrico, habló ayer de una estrecha colaboración con la pública. El contrato ampliado viene del pasado mes de octubre, cuando CAF ganó el suministro de un primer paquete de 28 unidades eléctricas por 290 millones. La firma también se hacía cargo del abastecimiento de piezas de repuesto y el mantenimiento conjunto, a través de una sociedad mixta con Renfe, de 17 unidades durante 15 años. El acuerdo incluía 42 opciones más, de las que se ejecutan ahora 32.

Los bancos siguen tensando la cuerda en la relación que mantienen con sus clientes particulares. La subida de tipos lleva meses trasladándose al precio de las hipotecas y los créditos, pero la remuneración no ha llegado con la misma intensidad al ahorro que los ciudadanos atesoran en las entidades y, por si fuera poco, cada vez tienen que pagar más comisiones por servicios que utilizan en su día a día como las cuentas corrientes o las transferencias. Así lo ha constatado la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, en un estudio en el que se pone de manifiesto que las entidades, lejos de rebajar los costes que imputan a sus clientes por operaciones básicas, los han elevado. El aumento se da especialmente en productos como las cuentas no bonificadas (las que no tienen vinculación), cuyas comisiones se encarecieron de media en mayo un 3,2%, hasta los 145,82 euros (4,52 euros más que hace un año). En el balance, sin embargo, hay contrastes como Santander, Sabadell o CaixaBank, que sitúan su comisión anual de administración en 240 euros, frente a Bankinter, que no cobra nada, o Kutxabank, Ibercaja, Unicaja, Deutsche Bank o Cajamar, que establecen 120 euros por esta gestión, según el estudio. En el caso de Sabadell, matizan que sólo el 11% de sus clientes pagan comisiones, frente a casi un 90% que no lo hacen. A juicio de Asufin, que acaba de ingresar en el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), la diferencia entre entidades muestra un modelo alternativo de captación de clientes: el principal –y mayoritario– sigue siendo el que cobra comisiones por cuenta y las bonifica siempre que exista alguna vinculación con el banco; y el novedoso –y minoritario–, que viene de la mano de Bankinter, y ofrece una cuenta sin comisiones, en línea de lo que aplican otras entidades sobre cuentas que se operan exclusivamente online.

El BCE lleva un año elevando el coste del dinero para enfriar la economía sin, hoy por hoy, quebrar nada, pero este martes ha quedado claro que no aflojará aun a costa de provocar rotos: más paro, menos crecimiento, tal vez una crisis. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, confirmó una nueva alza de tipos en julio y recalcó que vienen curvas: “Es improbable que podamos decir pronto que los tipos han tocado techo”. La lucha contra la inflación, el aumento desbocado de los precios, ha entrado en una nueva fase en Europa, una cuesta más empinada y con más posibilidad de causar perjuicios. Así quedó claro en la segunda jornada del foro de bancos centrales que el BCE organiza cada año en la villa portuguesa de Sintra. Desde que el BCE comenzó a subir los tipos el pasado julio, la inflación de la zona euro ha bajado drásticamente: del histórico 10% que llegó a tocar en octubre, cuando el objetivo es una tasa del 2%, hasta el 6,1%. Pero los banqueros atribuyen la mayor parte de esta mejora a la suavización de los choques externos (el coste de la energía y el bloqueo de la cadena de suministros) y creen que ahora la inflación solo puede bajar a costa de enfriar más el consumo y la inversión. Lagarde admitió que aún no se ha experimentado el impacto completo de las ocho subidas de tipos consecutivas que lleva el banco, y que ha dejado el coste del dinero en el 4%, y recalcó: “No hemos terminado el trabajo”. Los tipos, dijo, deben situarse en un nivel “suficientemente restrictivo” y quedarse ahí “todo el tiempo que haga falta”.

Entrevista con Marjorie Chopinaud Gerente de equipo en la Oficina Europea de Patentes. "-¿Son las patentes un ámbito con brecha de género?- Sí, sobre todo, en algunos campos técnicos como la ingeniería mecánica, donde las mujeres somos un 20%. En otros campos como la farmacia o la química estamos casi igualados, pero en ingeniería mecánica, telecomunicaciones… las niñas no las estudian, aún hay diferencias...En la Oficina Europea de Patentes invitamos una vez al año a cien chicas de 11 a 14 años para hablarles de patentes y enseñarles modelos: ingenieras, técnicas para inspirar a estas chicas. Este tipo de iniciativas existen en Alemania u Holanda y los números de mujeres en ámbitos técnicos han crecido mucho...Sois la sexta comunidad autónoma con más patentes de España. Euskadi tiene industrias y compañías muy fuertes...En el conjunto de España hay carencia de patentes con los productos farmacéuticos, pero ahí Euskadi está fuerte. También, quizá, los productos mecánicos: bombas, turbinas, motores… Falta algo de cultura de la patente y de la propiedad intelectual. Y del emprendimiento. -No parece fácil cuando los jóvenes quieren ser funcionarios-. Hay que ver a los emprendedores como referentes; ayudarles en vez de complicarles la vida. Pero, claro, también está el problema de que los jóvenes quieren una vida fácil, sin riesgos…"

El Eustat da hoy por cerrado el balance del primer semestre de 2022 y anuncia que el número de residentes en la comunidad autónoma se ha incrementado por primera vez en tres años. Somos 5.096 personas más, frente a las 13.194 que perdió el territorio entre el 2020 y el 2021. La tendencia a la baja provocada por la galopante crisis demográfica vasca, acentuada por el cierre de fronteras y la inseguridad generada durante los años más duros de la pandemia, se revierte ahora casi exclusivamente gracias a la inmigración. No es nuevo que el impacto de la población extranjera empieza a ser clave para sostener ciertos sectores económicos, el sistema de bienestar y tirar de la natalidad, pero las estadísticas oficiales vuelven a ratificarlo. Durante los primeros seis meses del año pasado llegaron a Euskadi 6.237 personas procedentes de otros países –mayoritariamente desde Latinoamérica–, mientras que la población de nacionalidad española se redujo en 1.141 habitantes. En apenas seis meses, los extranjeros pasan de representar el 8,5% de la población al 8,8%. Álava es el territorio que más inmigrantes tiene en proporción a sus residentes (10,1%) y Bizkaia el que menos (8,4%). El País Vasco suma de este modo casi 2,2 millones de habitantes. Bizkaia crece en 2.198 personas, de las que 840 han elegido Bilbao para empadronarse. No es un caso aislado: más de la mitad de los municipios de Euskadi ganan población, aunque sea en porcentajes modestos. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció ayer que la rebelión del grupo de mercenarios Wagner estuvo a punto de provocar una guerra civil. En un discurso de agradecimiento a las fuerzas de seguridad, les dijo: “Ustedes, de hecho, detuvieron la guerra civil”. La amnistía de los rebeldes fue formalizada ayer. El Kremlin anunció también el refuerzo de la Guardia Nacional, la fuerza que protege al presidente, que contará ahora con carros de combate. El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció ayer que la rebelión que protagonizó el grupo Wagner el pasado sábado pudo haber desencadenado un conflicto en el país. “Ustedes defendieron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos, salvaron a nuestra patria de los disturbios y, de hecho, detuvieron la guerra civil”, manifestó el mandatario en un discurso a las fuerzas de seguridad que permanecen acuarteladas en la nación durante la invasión de Ucrania. Putin hizo hincapié en “el coraje de los militares y la sociedad rusa”, aunque realmente la gigantesca columna que el líder de Wagner, Yevgueni Prigozhin, dirigió hacia Moscú solo se enfrentó a unos pocos helicópteros en su avance por dos regiones del país. Las negociaciones entre el Kremlin y el jefe de los mercenarios culminaron ayer con la retirada de todos los cargos contra Wagner por parte del Servicio Federal de Seguridad.