20211102

Bajar la altísima temporalidad del mercado laboral español es una de las principales exigencias de Bruselas para entregar los fondos europeos Next Generation y es el principal objetivo de la ‘contrarreforma’ laboral. Pero, paradójicamente, es en el sector público donde se concentra una mayor eventualidad, especialmente en Euskadi, que siempre ha tenido el triste honor de estar a la cabeza en el ránking nacional en este aspecto. Encima, las contrataciones para combatir la pandemia en áreas como la sanidad, la educación o los servicios sociales han disparado la tasa de temporalidad hasta un nuevo máximo histórico: un 42,3% en el País Vasco frente a la media nacional del 31,6%, según los datos del tercer trimestre de la encuesta EPA, elaborada por el INE. El País Vasco es la segunda comunidad con la tasa más alta, solo por detrás de Canarias (42,5%), mientras que en tercera posición figura Navarra, con casi el 40%. El hecho de que los dos territorios forales estén a la cabeza en el ránking se explica, en cierta medida, por las transferencias, pero también porque en épocas de bonanza se han logrado importantes beneficios sociales en forma de permisos, que, sumados al alto absentismo, hacen que mucha carga de trabajo se cubra con temporales. En el sector privado, por contra, Euskadi está entre las comunidades con menos temporalidad. Así, de acuerdo con los datos del tercer trimestre, la tasa en este ámbito no llega al 20%; se sitúa, en concreto, en el 19,8%. Solo Madrid y La Rioja presentan porcentajes más reducidos, mientras que la media nacional llega al 24,6%. Esta diferencia se explica por la diferente estructura económica, con un mayor peso de la industria y menor del turismo.

Profesor de Deusto Business School y director de Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga recibe el próximo jueves el Premio Ekonomistak Saria que concede el Colegio Vasco de Economistas. Destaca que es "muy complicado" acertar con las predicciones económicas en un contexto como el actual, marcado por el impacto inédito de la pandemia en la economía. Con todo, confía en que el respaldo de las políticas fiscales y monetarias y el buen aprovechamiento de los Fondos Next de la UE permitan recuperar a Euskadi el PIB previo al covid a corto plazo. "En una crisis normal, las empresas se dan cuenta de que cae la demanda cuando los stocks empiezan a incrementarse, cuando no venden. Entonces paran la producción y el PIB empieza a caer. En esta ocasión nos encerramos en casa y simultáneamente cerramos las empresas. Cuando se reabre la economía hay una explosión de demanda, pero las empresas no tienen los stocks que habrían tenido en una crisis normal para atender esa demanda. Así que tensionan los mercados de materias primas...La mayoría de los economistas y los bancos centrales consideramos que los problemas que está generando la inflación serán transitorios. Lo lógico es que, conforme el proceso de vacunación avance, las cadenas de proveedores vuelvan a funcionar y las tensiones irán desapareciendo. Y seguiremos en fase de crecimiento porque además tenemos el apoyo de las políticas..."Fondos europeos: "La cuestión es tener proyectos coherentes con las líneas y luego que llegue a nuestro tejido productivo, que es fundamentalmente pyme. Las pymes tienen que tener proyectos. Además, las convocatorias duran poco tiempo, tienen que tener preparados los proyectos antes de que se abran. Y el problema es ese: tener preparado un dosier con una proyección, indicadores... Eso no se hace en dos días. Es un volumen enorme de dinero y tal vez haya poco tiempo. Y nos jugamos mucho: el futuro. Las empresas grandes no van a tener problemas, porque tienen la estructura necesaria para dar respuesta a los plazos. Pero las pymes me preocupan más: El día a día les come y es necesario que los fondos lleguen a todo el mundo."

A punto de cumplir 7 años al frente de Kutxabank, Gregorio Villalabeita (Barakaldo, 1951) da por buena la decisión de no salir a Bolsa, ya que a día de hoy se ha evitado el “hachazo” a la valoración que sí han sufrido otras entidades. Según dice, el banco de las excajas BBK, Kutxa y Vital podría mirar una operación corporativa para impulsar su rentabilidad, ya que con el mismo capital tendría más negocio. “Pero para bailar el tango hacen falta dos”. "Queremos mejorar nuestra cuota en el sector, y hacerlo con el negocio recurrente, reforzándonos allí donde podamos dentro de nuestras 3 geografías: Euskadi, Andalucía y expansión, sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia. Ahí buscamos el incremento de rentabilidad, pero sin descuidar que los ingresos por servicios al margen de tipos aporten más de la mitad del margen básico. El objetivo es que en 2024 volvamos al beneficio pre-Covid y alcancemos los 350 millones de 2019. Y con la directriz clara de que la recurrencia es un must: Debemos ser sostenibles generando negocio recurrente". "No está claro cuál es el tamaño ideal de un banco, y estratégicamente no pensamos en operaciones por razón de tamaño o por consolidación. Sí podríamos mirar una operación corporativa que impulse la rentabilidad y permita utilizar más el capital, generando más ingresos y negocio. Pero hacen falta dos para bailar el tango; y hoy por hoy los bancos están en sus proyectos individualizados. Kutxabank tiene músculo y no necesitaría ampliar capital para ir a una operación corporativa; pero no visualizamos pareja de baile en España, y fuera no nos planteamos dada la complejidad de las fusiones transfronterizas... En todo caso, no tenemos una posición activa de búsqueda..."

La CEOE tiene abierto un canal directo de comunicación con la Comisión y el Parlamento Europeo y mantiene una interlocución sobre las claves de la próxima reforma laboral, sorteando así el ruido que existe en torno a esta cuestión dentro del Gobierno. Se trata de un diálogo fluido y constante que la patronal utiliza para trasladar sus principales preocupaciones e inquietudes a las dos principales instituciones europeas. Éstas comparten con esta organización por dónde quieren que vaya la reforma del mercado de trabajo, según han confirmado a este medio fuentes conocedoras de la relación. Las conversaciones entre ambas partes se han intensificado en el último mes. Por un lado, impulsadas por el encuentro que tuvieron en Madrid a principios de octubre el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, y la responsable en la Comisión Europea de los fondos Next Generation, Céline Gauer, y, por otro, a raíz del conflicto interno que existe en el Gobierno de coalición por las posturas enfrentadas de PSOE y Unidas Podemos. «El encuentro entre Garamendi y Gauer dio un espaldarazo a esa comunicación, fue un hito importante porque la Comisión dio un reconocimiento público al papel de la CEOE en torno al Plan de Recuperación y los fondos», explican fuentes cercanas a la patronal.

El ruido político tapa lo verdaderamente importante: si el nuevo marco legal será capaz de desatar el nudo que desde hace décadas impide al mercado laboral español ser normal, en el sentido de que, a los retos que afronta hoy el futuro del trabajo (desaparición de profesiones, empleo juvenil y de los mayores de 55 años, productividad, formación, salarios, transición del paro a la actividad...) no añada otros que lo empeoren. El punto de partida es la reforma laboral de Mariano Rajoy (febrero de 2012) sobre otra de José Luis Rodríguez Zapatero (2010). Su derogación es un mantra que repiten CCOO y UGT, apoyados en la promesa del PSOE ese mismo año de derribarla en cuanto llegase a Moncloa. Aunque hasta ahora la discusión entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz podría parecer semántica, ya resulta evidente. Si Díaz se aplica el pacta sunt servanda del programa de Unidas Podemos en 2019, tiene una clara línea roja. No puede admitir que la modernización que defiende Calviño deje en pie unas reformas laborales que fueron «escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios». La responsable de Asuntos Económicos, sin embargo, vigila que la devolución de mayores cuotas de participación sindical en las condiciones de trabajo de las empresas no reduzcan flexibilidad al mercado. Cambios más que derogaciones. Por eso su propuesta apunta a concentrar la negociación en un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Pedro Sánchez tratará de cerrar hoy la pugna que ha azotado la convivencia entre PSOE y Unidas Podemos por la derogación de la reforma laboral. Lo hará durante una reunión al más alto nivel en la que están citadas, además de varios ministros, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Las dos vicepresidentas han escenificado en las últimas semanas sus diferencias sobre hasta dónde debe modificarse el texto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. El debate ha tensado la coalición al máximo y la solución no es sencilla porque Sánchez está entre la espada y la pared. La primera es la presión a la que le someten sus socios para que derogue de forma total la normativa del PP; la pared son las condiciones que le exigen las instituciones europeas como condición para recibir los fondos europeos. Hay mucho en juego, pero lo que más preocupa en Moncloa es la estabilidad del Gobierno en la semana en la que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 superarán el primer gran escollo. 

Más allá de las primeras alarmas, economistas, representantes políticos y de los agentes sociales parecen mantener la calma y estar convencidos de que el repunte de los precios será puntual, transitorio y leve. “Ahora mismo no hay un problema de inflación, porque el incremento que se ha dado aún no es ni persistente en el tiempo ni generalizado en todos los precios”, matiza el director de Economía de la patronal CEOE y director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo. Dicho esto, admite que, aunque el repunte inflacionista se presente transitorio, “es importante evitar los llamados efectos de segunda ronda”, que consisten fundamentalmente en el traslado del alza del IPC al los precios finales y, sobre todo, a los salarios. Este contagio de la escalada de precios a las retribuciones salariales y a todos los precios en general crea un círculo vicioso de encarecimiento de la producción que se torna cada vez más difícil de frenar. Por ello, Izquierdo asegura que “si se dejan las cosas tal y como están, en primavera el problema quedará disipado”. También desde el lado sindical consideran que el fuerte alza de los precios será puntual, ya que se debe a que “los oligopolios energéticos no ganaron los suficiente en pandemia y ahora lo están recuperando”, se queja el director del gabinete económico del sindicato CC OO, Carlos Martín.

Las acciones de la compañía alavesa fabricante de tubos de acero sin soldadura se revalorizaron un 16,83%, hasta alcanzar los 0,465 euros por título. Apenas una declaración del comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, había obrado el milagro al anunciar el sábado el final –al menos la congelación– de los aranceles impuestos en 2018 por Donald Trump a las importaciones de acero en Estados Unidos. Tubos Reunidos es la empresa vasca más afectada por esos aranceles –en el resto de la siderurgia de Euskadi su impacto era marginal– y, por lo tanto, también la que más puede beneficiarse por el levantamiento de las restricciones a la importación. Desde la propia empresa, pero también desde el conjunto del sector del acero, sin embargo, se pide prudencia hasta poder acceder a la letra pequeña del acuerdo. Algunas versiones ya apuntan a que el desarme arancelario no será total y tendrá detalles técnicos cuyo alcance no se puede medir por el momento. En cualquier caso, todas las fuentes coinciden en que el nuevo escenario será mejor que el actual.

Concluido en la medianoche del pasado domingo el cierre del gasoducto del Magreb a través del que llegaba a España cerca del 21% del gas natural procedente de Argelia –el principal suministrador de esta materia prima con un 43% del consumo nacional–, está previsto que una parte del mismo continúe arribando al país en grandes buques metaneros en forma de gas natural licuado. Descargarán en algunos de los seis puertos españoles con plantas para su posterior regasificación. Uno de los puertos dotados con ese tipo de instalación es el de Bilbao, cuya regasificadora, Bahía de Bizkaia Gas (BBG), está considerada la más eficiente de España. Sin embargo, según fuentes de la dársena vizcaína, no se espera recibir metaneros con gas argelino debido a que es el más alejado del país norteafricano y ello encarece los costes del transporte marítimo respecto a los otros cinco puertos nacionales con plantas regasificadoras, los mediterráneos de Barcelona, Sagunto y Cartagena; el andaluz de Huelva y el gallego de Murgados, en El Ferrol. Las mismas fuentes indican que tras los contactos mantenidos con Enagas, el gestor del sistema gasista en España y propietario del 50% de Bahía de Bizkaia Gas –el otro 50% pertenece al Ente Vasco de la Energía (EVE), sociedad pública del Gobierno vasco–, la previsión de descarga de este combustible en el Puerto de Bilbao se mantiene para este año en los tres millones de toneladas y no sufrirá variaciones derivadas de la actual situación del gas argelino. El récord de llegada de gas natural licuado a la instalación vizcaína está en los 4,1 millones del pasado año 2020 y en su mayoría procedía de Rusia.

España tiene desde ayer una fuente menos de aprovisionamiento del gas natural que necesita para la industria, las calefacciones y, sobre todo, para alimentar un sistema eléctrico que depende en gran medida de las centrales de ciclo combinado. La decisión de Argelia de cerrar el gasoducto Magreb-Europa, que atraviesa Marruecos y 45 kilómetros de mar Mediterráneo para entrar en España por Zahara de los Atunes (Cádiz), obligará a España a aumentar las importaciones por barco de gas natural licuado (GNL, en la jerga del sector) para conjurar el riesgo de desabastecimiento. Hace solo unos meses, la operación habría sido relativamente sencilla y, sobre todo, bastante más asequible. Pero hoy, con las principales potencias del planeta peleándose por los servicios de los buques metaneros, la empresa será más complicada y notablemente más cara. Sin embargo, media docena de especialistas consultados descartan tajantemente la posibilidad de un apagón durante el invierno.

La aplicación del impuesto a los envases plásticos no reutilizables, según está recogida en la actualidad en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que está tramitando el Congreso, podría poner en riesgo la viabilidad del 95% de las empresas del sector, según un estudio realizado por la plataforma EsPlásticos, que agrupa a más del 80% de las empresas de fabricación y transformación del sector. El impuesto, que gravará la actividad de la industria transformadora, establece un tipo impositivo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado en envases no reutilizables, lo que supondría recaudar 982 millones de euros al año, cuando el excedente bruto de explotación de todo el sector ascendió en 2019 –el último año sin el impacto del Covid– a 696 millones, es decir, un 29% menos. “Se nos va a obligar a pagar un sobrecoste que supone más del 20% del precio de venta de nuestros productos, cuando si se gravara al envasador este coste sería de cerca del 1%”, afirma Luis Cediel, portavoz de EsPlásticos. La plataforma considera que la clave de la norma que se está discutiendo en el Congreso no es sólo que se grava a la industria transformadora, sino que además la ley, tal y como está planteada ahora, no recoge la figura de la repercusión jurídica, que obligaría a trasladar el sobrecoste del impuesto al resto de la cadena de valor del sector. “Nuestros clientes, que son los envasadores, desde Coca-Cola, Danone o Carrefour, nos están trasmitiendo que no lo van a pagar si no están obligados a ello y, ahora mismo, según está planteada la ley no existe esta obligación”. 

El fondo de pensiones holandés ABP, uno de los mayores del grupo, ha anunciado que venderá hasta 2023 sus participaciones en empresas de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), donde tiene invertidos 15.000 millones de euros, el equivalente al 3% de sus activos totales, debido a su preocupación por el cambio climático y a su deseo de contribuir a limitar el calentamiento global del planeta a 1,5 grados. En paralelo, este instrumento, que gestiona las pensiones de los funcionarios públicos y de la educación de los Países Bajos, prevé aumentar sus inversiones en energías renovables, donde tiene ya acciones valoradas en 4.000 millones de euros. Su anuncio se produjo días antes del inicio de la Cumbre del Clima COP26 que se celebra en Glasgow (Escocia), pero los grandes fondos de pensiones vinculados a los empleados públicos, ciudades, organizaciones religiosas, instituciones educativas o fundaciones emprendieron hace tiempo una cruzada contra los combustibles fósiles, vendiendo su cartera en empresas del sector y arrastrando con ello a otros inversores. Según datos de Divest Invest, una red de organizaciones que quiere utilizar su influencia colectiva como inversores para desprenderse de los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia una economía nula en carbono, 1.485 instituciones y 58.000 individuos a título personal, que gestionan 39,2 billones de dólares en activos, se han comprometido a desinvertir en empresas de petróleo y gas. La cifra se ha multiplicado respecto a los 52.000 millones y 181 instituciones de 2014, primer año en el que se contabilizó este compromiso.

La desigualdad en España permanece en niveles similares a los de hace dos décadas. Más de año y medio de pandemia del coronavirus ha cortado en seco las opciones de ascenso social para parte de la población española. Si la Gran Recesión, a partir de 2008, empujó a muchos a la pobreza, el Gran Confinamiento ha cronificado la patología. Los cálculos y estudios disponibles hasta la fecha, así como los expertos consultados, apuntan a que, a pesar de los salvavidas públicos, más reforzados en esta crisis que en la anterior, la brecha entre los que más y menos tienen ha ido a más. Mientras que el 27% de la población española se halla en riesgo de pobreza o exclusión, ocho décimas más que antes de la pandemia, en el lado contrario de la distribución el golpe ha sido mínimo: la Bolsa y el mercado inmobiliario ya superan los niveles previos a la covid. A la espera de los datos del INE, el coeficiente de Gini, el indicador más utilizado para la desiguadad, ha subido un punto y medio porcentual desde febrero de 2020, según datos del servicio de estudios de Caixabank sobre una amplia muestra de nóminas. “Se han perdido varios años en la lucha contra la desigualdad”, dice el economista José Moisés Martín Carretero.

Entrevista con John Hennessy, presidente de la junta directiva de Google El científico sostiene que la Inteligencia Artificial va a cambiar el mundo de forma impredecible y que terminará superándonos en múltiples frentes. El arquitecto de los procesadores actuales, Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Tecnologías de la Información y la Comunicación, habla de tecnología como si escribiese un guion de ciencia ficción en el que los seres humanos quedamos obsoletos frente al avance de la Inteligencia Artificial. Pero la realidad parece poner obstáculos a ese plan. "Los ordenadores han invadido todo tipo de tecnologías, y sectores que antes apenas los utilizaban en sus productos, como el de la automoción, requieren ahora muchos más procesadores. Lo mismo sucede con objetos que se han hecho ‘inteligentes’, como tu videoportero o los electrodomésticos que se han sumado a la domótica. Todo eso ha provocado una explosión de la demanda que no ha ido acompañada de un aumento en la oferta. Porque construir una fábrica puntera de chips cuesta unos 10.000 millones de dólares y requiere al menos dos años. Es un proceso que requiere un trabajo previo que no hemos hecho ni en Estados Unidos ni en Europa, porque no hemos previsto la que se avecinaba, y ahora dependemos por completo de Corea del Sur y Taiwán, que están mucho más cerca de China". "Después de 40 años de crecimientos impresionantes, ahora nos enfrentamos a varios escollos tecnológicos...Justo cuando creamos sistemas que pueden ganar a los humanos en el ajedrez o el go, y leer placas de rayos x mejor que un médico, vemos que hace falta mucha más capacidad de computación..."

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) está lista para comenzar a eliminar gran parte de las políticas de estímulo que implementó cuando comenzó la pandemia, señal del progreso que la economía ha registrado desde su histórica caída. Si bien la Fed siempre es capaz de sorprender, sus altos funcionarios han señalado que anunciarán en su reunión de política monetaria que comienza hoy el inicio de un retroceso en sus compras mensuales de activos. La Fed recurrió a esta herramienta para evitar que la crisis desatada en marzo de 2020 se convirtiese en una catástrofe. La economía más grande del mundo ha recorrido un largo camino desde aquellos oscuros días, pero con la inflación como desagradable pasajero: se ha disparado y algunos economistas culpan a las políticas de dinero fácil de la Fed. «Sería una de las mayores sorpresas en mucho tiempo si no disminuyen», explicó Michael Feroli, economista jefe para EE UU de JP Morgan.