20260330

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

La asignatura que sigue estando pendiente es la de atraer capital extranjero, especialmente dinero para levantar nuevos proyectos y desarrollar inversiones desde cero, lo que se conoce en el sector como actuaciones ‘greenfield’. Así lo revelan los datos de la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España, que cuantifican un total de 531 millones la inversión extranjera aterrizada en Euskadi en 2025. Es una cifra que refleja una caída del 50% respecto al año anterior, pero que supone, además, el dato más bajo en seis años. De esa cantidad solamente 4,89 millones fueron para desarrollar nuevos proyectos. El Gobierno vasco se ha fijado el objetivo, precisamente, de atraer una inversión de una multinacional para Euskadi. El propio consejero de Industria, Mikel Jauregi, en la presentación del Plan Industrial del País Vasco se preguntaba: «¿Hace cuánto no viene una multinacional a montar una empresa desde cero en Euskadi?». El último intento se desbarató este mismo mes de marzo con la decisión del fabricante chino de baterías estacionarias Hithium de irse finalmente a Navarra para levantar allí una planta con una inversión de 400 millones y cerca de un millar de empleos tras analizar hasta mediados de febrero un emplazamiento en Vitoria. La clave fueron «20 millones», confesó el responsable de la cartera de Industria vasca. Y es que el régimen de ayudas en el marco de la UE concede a Navarra la opción de apoyar con subvenciones hasta un 20% de la inversión, frente al 15% de Euskadi.

Crear valor empresarial en sectores estratégicos atrae capital. Es el caso en Euskadi de firmas como Multiverse o Satlantis. Firmas de reciente creación, pero que han logrado en sectores estratégicos como la computación cuántica o la observación satelital importantes avances. Un caramelo para grandes inversores que se acercan a ellas con los bolsillos bien llenos. El País Vasco es, además, una de las regiones con más ‘campeones ocultos’, se trata de empresas líderes que desempeñan su labor en sectores especializados desconocidos para el gran público. Es el caso de PQ4, Fanox, Ormazabal o Arteche. Es un escenario en el que se hace necesario aplicar una fórmula que permita su desarrollo y crecimiento sin que sean absorbidos los centros de decisión. Para eso es para lo que el Ejecutivo de Pradales ha activado en su plan de inversiones varias figuras financieras. Herramientas con las que participar en el accionariado de esas firmas para facilitar inversiones o formar parte de la propiedad junto a capital privado para crear un núcleo de accionistas que, aunque no tengan la mayoría, sí pueda ejercer una posición de control para mantener el arraigo y la cadena de proveedores. El objetivo es sumar el ahorro privado de los planes de pensiones y el capital de familias empresarias y fondos de inversión locales, como los articulados en la fundación Artizarra. Un engranaje al que se han sumado las fundaciones bancarias BBK, Vital y Kutxa con inversiones, además de la herramienta de participaciones creada por Kutxabank, Indar Kartera.

El sector de la construcción en Euskadi atraviesa tanto desde el año pasado como en estos primeros meses de 2026 una fase de crecimiento moderado pero sostenido, consolidándose como uno de los motores de la economía vasca tras años de ajustes con motivo de la crisis inmobiliaria y los efectos que dejó la pandemia. Con esto sobre la mesa, los últimos datos de los que se disponen de manera oficial reflejan una evolución positiva tanto en actividad como en empleo, aunque persisten retos estructurales que condicionan su desarrollo a futuro. Así, en términos de actividad, la construcción ha registrado un crecimiento anual del 8,2% en 2025, con avances tanto en edificación como en obra civil. Un dinamismo que se ha mantenido a lo largo del año, con incrementos interanuales cercanos al 10% en algunos trimestres. Y como principal motor de esta mejora está la edificación, con incrementos por encima del 10% impulsados por la rehabilitación urbana y la demanda de vivienda, mientras que la ingeniería civil también ha contribuido de forma significativa. El empleo también refleja esta mejora. El sector supera ya los 58.000 trabajadores, llegando incluso a picos cercanos a los 60.000 en el pasado 2025, lo que supone el mejor dato desde antes de la crisis de 2008.  Además, la contratación ha aumentado un 1,9%, alcanzando más de 19.000 contratos anuales. Con estos datos, Euskadi fue una de las comunidades a nivel estatal donde se incrementó la contratación en la categoría de construcción, que engloba construcción de edificios, ingeniería civil y actividades de construcción especializada.

Los datos de la última década dibujan una realidad incontestable: el tejido del autoempleo en el territorio se está deshilachando. Desde 2012, Gipuzkoa ha visto cómo su censo de trabajadores por cuenta propia descendía de los 67.624 a los 64.330 actuales, según los datos consultados en la Seguridad Social. Son casi 3.300 proyectos de vida, talleres, comercios y servicios que han desaparecido, dejando un vacío que no solo afecta al PIB, sino a la identidad misma de nuestros barrios y pueblos. Esta sangría silenciosa ha terminado por estallar en las calles. Lo que antes eran quejas en los mostradores se ha convertido en una movilización creciente que reclama, con urgencia, una reforma fiscal profunda y un blindaje de derechos sociales que equipare al autónomo con el trabajador asalariado. El colectivo ya no pide privilegios, sino una red de seguridad que les permita enfermar sin miedo a la ruina o jubilarse con una pensión digna tras una vida de cuotas y riesgos asumidos en solitario. En este sentido, se felicitan por el acuerdo de esta semana de Gobierno central y Junts para eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, que beneficia a tres de cada cuatro autónomos en Gipuzkoa, pero creen que hacen falta más medidas. La tensión se hizo palpable durante la reciente huelga en Euskadi en favor de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio. Miles de autónomos se enfrentaban al dilema de secundar la protesta por convicción o abrir por pura supervivencia. Para muchos, un día sin ingresos no es una opción política, sino un abismo financiero. Esta brecha quedó expuesta en los momentos de fricción con algunos piquetes, evidenciando la vulnerabilidad de un sector que, a menudo, se siente atrapado entre la precariedad del mercado y la falta de una protección institucional que reconozca su singularidad y su peso específico en la economía vasca. Por eso, los autónomos vienen secundando en los últimos meses diferentes movilizaciones para exigir una mejora de sus condiciones laborales.

Los grados sanitarios y de ayuda a la dependencia tienen cada vez más éxito mientras el reto sigue siendo atraer mujeres a la rama industrial. La FP pública vive un momento dulce en Álava. Este curso las matriculaciones han crecido un 8,9% hasta alcanzar los 6.000 alumnos y todavía hay margen para más, ya que desde hace años aumenta incesantemente el número de quienes apuestan por esta opción formativa cuando finalizan ESO o Bachillerato. «Estamos en un buen punto y preparados para ayudar al desarrollo de nuestro país. Nos hemos consolidado como una formación de calidad y prestigio que garantiza un futuro laboral con buenas condiciones», resume Iñaki Armentia, presidente de Ikaslan Araba, la asociación que engloba a los 12 centros de FP públicos de la provincia. La entidad celebra este año su 30 aniversario con una oferta de 121 ciclos enmarcados en una veintena de familias profesionales. A sus estudiantes de Formación Profesional (Inicial, Grado Medio, Grado Superior y Cursos de Especialización) se suman 3.000 personas que asisten a algunos de los cursos de Formación para el Empleo. «Cada año desde hace tiempo, aumentamos una media de un 5% nuestro alumnado. La oferta formativa crece cada vez más y con ello surgen nuevas plazas; es complicado establecer dónde está el límite», reflexionan Susana Sáenz y Javier Ochoa de Alaiza, gerente y coordinador de Ikaslan Araba respectivamente. El futuro estará marcado en gran medida por el descenso de la natalidad y también por las propias limitaciones estructurales de los centros, algunos difíciles de ampliar. Aun así ven potencial en el porcentaje de alumnos que al finalizar su etapa de ESO o Bachillerato se decantan por la FP. Actualmente es del 20% y están convencidos de que en los próximos cursos irá en aumento.

El sindicato ESK cargó ayer con dureza contra el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Tubos Reunidos, al que califica de «farsa» sustentada en «datos falsos» y en un supuesto fraude contable. La central, que durante todo el conflicto ha abogado por la vía de la confrontación total, sostiene que las pérdidas de 118 millones declaradas el viernes por la compañía no justifican los despidos planteados, al considerar que una parte relevante responde a ajustes contables sin impacto real en la tesorería. De hecho, subraya que la empresa cerró el ejercicio con un flujo de caja positivo y más de 31 millones en efectivo, lo que, a su juicio, demonta la existencia de una crisis de liquidez. Además, ESK cuestiona el relato de la empresa sobre el golpe de los aranceles de Estados Unidos, al reparar que las ventas en este mercado crecieron más de un 22% el año pasado. El sindicato, el primero en manifestarse tras los malos resultados comunicados el viernes, también pone el foco en las contradicciones entre el plan estratégico presentado en 2021 para acceder al rescate público –que proyectaba beneficios– y el actual plan de viabilidad, que prevé pérdidas millonarias. La central también sostiene que el ERE estaba decidido de antemano y que el periodo de consultas ha sido una «formalidad vacía». 

El ascenso como mano derecha de Sánchez en el Ejecutivo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo –el presidente también ha acabado cambiando la decisión, reivindicada como feminista, de que la principal de sus vicepresidencias estuviera a cargo siempre de una mujer–, anticipa una continuidad en los rifirrafes no solo por los precedentes. También, o sobre todo, porque Cuerpo se convierte en la máxima autoridad del Gobierno tras Sánchez –lo sustituirá al frente del Consejo cuando él tenga otros compromisos– con un conflicto vigente que viene de atrás y que el severo dictamen en contra del Consejo de Estado acaba de reabrir en canal: el del registro del tiempo de trabajo, activado por Díaz tras encallar en el Congreso la ley para la reducción de la jornada laboral. El veto de Junts fue decisivo, pero para entonces ya se habían evidenciado los roces con Cuerpo por la implantación de la medida. Fueron los días en los que Díaz, que ha llegado a definir a su compañero en el Consejo de Ministros como un «neoliberal», vio en él a «casi una mala persona» por los recelos de éste a su proyecto legislativo estrella. El aviso de la titular de Trabajo de que no piensa ceder con el registro horario augura que la guerra proseguirá, aunque con distintos galones. Ya no será solo entre ministros, sino entre el flamante nuevo vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda. Una número tres del Gobierno con liderazgo erosionado, por añadidura, por la incertidumbre en que mueven las izquierdas a la izquierda del PSOE sobre su configuración electoral definitiva y por su forzada renuncia a repetir como candidata a la Presidencia del Gobierno.

El conflicto bélico de Irán ya ha provocado un fuerte repunte del IPC de un punto porcentual en solo un mes hasta situarse en el 3,3% y el Banco de España alerta de que si el conflicto se enquista la inflación saltaría al 6%, mientras que los salarios pactados por convenio avanzan, de media, un 2,9% –hasta febrero, último dato disponible–. Pero la erosión sobre el poder de compra que puede generar el alargamiento del conflicto y del episodio inflacionista sería insalvable –más aún en el peor escenario del conflicto bélico– teniendo en cuenta que solo uno de cada tres trabajadores bajo el paraguas de los convenios colectivos cuenta con cláusulas de garantías salariales ante la inflación. Concretamente, según las últimas cifras del Ministerio de Trabajo –de diciembre de 2025– que ofrecen una imagen completa del ecosistema de los convenios y la población asalariada bajo su paraguas arrojan que solo 3,3 millones de ocupados de los 10,1 millones protegidos por estos acuerdos marco de condiciones laborales cuentan con cláusulas de garantía salarial –el mecanismo de revisión que asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y que puede ser con o sin carácter retroactivo–. Es decir, solo el 33% de los ocupados con convenio tendrían los salarios blindados ante el incremento de precios. Que corresponden a los 722 convenios con salvaguarda de garantía salarial de los 3.366 con efectos a cierre de año, el 21% de ellos.

En plena operación salida de Semana Santa, el Gobierno pone la lupa sobre las 12.700 gasolineras repartidas a lo largo y ancho del territorio español. Una de las cuestiones en las que se hizo hincapié hace ahora algo más de una semana de la aprobación del primer paquete de ayudas para amortiguar el impacto de la guerra en Irán era cómo iba a hacer el Ejecutivo para garantizar que las rebajas de impuestos a los carburantes se trasladaban a los precios. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura en una entrevista para La Vanguardia publicada ayer que se están monitorizando los precios de las miles de estaciones de servicio para que no se produzca una distorsión o absorción por parte de la distribuidoras de la rebaja de impuestos. Cabe recordar que el tipo impositivo para la gasolina y el gasóleo ha bajado del 21% al 10%, lo que supone un ahorro estimado de entre 23 y 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros menos por depósito en un coche medio. En este sentido, Cuerpo asegura en la entrevista que la rebaja de impuestos ya se está notando en las gasolineras, que en un 90% de los casos han reducido los precios respecto al día previo a la publicación en el BOE del decreto de medidas. Recuerda el vicepresidente que este análisis de precios se ha de hacer descontando el impacto de los márgenes de refino y de la subida de crudo a nivel internacional. Así, recuerda igualmente que se ha provisto de mayores herramientas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que puedan reclamar más información y datos relacionados con los costes, de cara a tener un análisis específico cada una de las estaciones de servicio.

Los seis bancos cotizados del Ibex acumulan una cartera de 31.800 millones de euros en hipotecas de alto riesgo, aquellas en las que la relación entre el importe del préstamo y el valor del inmueble que lo garantiza (loan to value o LTV) supera el 80%. Esta cartera representa el 9,2% de las hipotecas a hogares concedidas en España por las grandes entidades, que alcanzan casi 345.400 millones de euros, con datos a cierre de 2025. Por entidades, CaixaBank, el banco con más cuota en España, tiene hipotecas con LTV superior al 80% por casi 15.000 millones. Después se sitúan BBVA (6.600 millones), Banco Sabadell (5.200 millones) y Santander (3.500 millones). Bankinter (900 millones) y Unicaja (700 millones) tienen los menores saldos. Los datos individualizados de LTV se refieren al conjunto de préstamos en balance. No hay cifras públicas por entidades sobre porcentajes de financiación de la nueva producción. En el sector, las nuevas hipotecas con LTV por encima del 80% se situaron en el 11,2% en 2025, frente al 7,7% del ejercicio previo y el 6,5% de 2023, según datos del Banco de España.

La industria nacional del papel y cartón estima, según los cálculos de la patronal Aspapel, que el conflicto le está costando –como mínimo– entre 20 y 30 millones de euros al mes debido al encarecimiento del gas. La industria papelera es electrointensiva (para su maquinaria) y termointensiva (para secar la celulosa y el papel) y el gas natural supone en torno al 60% del mix energético que se utiliza en el sector. Desde que empezó el conflicto en el golfo Pérsico, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se ha disparado más de un 70%. “A esta cifra (en referencia al cálculo de entre 20 millones y 30 millones mensuales) hay que añadir el fuerte incremento de los costes de los fletes, el encarecimiento del transporte por carretera y otros efectos derivados, lo que nos lleva a prever que el impacto final será significativamente mayor”, asegura el director general de Aspapel, Manuel Domínguez. También advierte de que la crisis supone un golpe para el sector debido a la “elevada exposición internacional” de la industria papelera, que en España cuenta con empresas como Ence, Saica o Iberpapel. En 2024 (últimos datos disponibles), el sector español facturó 5.232 millones y exportó el 44% de su producción de papel y casi el 59% de la de celulosa. En 2025, según Domínguez, la región afectada por el conflicto en Oriente Próximo acumuló el 6% de las exportaciones totales de papel y cartón. A ello se suma que la incertidumbre global generada está frenando la demanda.

Los grupos españoles de construcción volvieron en 2025 a completar un ejercicio cargado de trabajo en el que Acciona y ACS, una vez más, encabezan el ránking de la obra pública española. Las tres Administraciones Públicas (central, autonómica y municipal) adjudicaron trabajos por valor de 13.800 millones de euros, un 5% más que un año antes. El sector constructor disfrutó, como en los tres años previos, del viento a favor de los fondos Next Gen, que han permitido otro periodo cargado de contratación, con un reparto del negocio más equilibrado entre grandes y pequeñas compañías. “Ha sido un buen ejercicio para el sector constructor; veremos si se puede repetir un recorrido similar en 2026”, apuntan desde una de las mayores constructoras españolas. Acciona fue, un año más, líder de la obra pública en España. La compañía de la familia Entrecanales fue especialmente activa en trabajos portuarios donde consiguió obras por más de 200 millones de euros. Los encargos de los organismos del Ministerio de Transportes, sumados a más de 180 millones en trabajo para autonomías y ayuntamientos, elevaron la cifra de contratación de Acciona en España a 596 millones de euros, por delante de ACS y de FCC que completaron el podio sectorial de 2025.

El 1 de octubre de 2025, Red Eléctrica entregó a la Comisaría General de Información dos pendrives con más de 8.000 audios y casi 1.300 correos electrónicos. Contenían las llamadas que su centro de control mantuvo con decenas de empresas generadoras y grandes consumidores entre el 18 y el 30 de abril, días y momentos antes del gran apagón. Esos archivos siguen bajo custodia de la Policía Nacional y se han revelado decisivos para reconstruir los acontecimientos que derivaron en el peor incidente eléctrico de la historia de España. Red Eléctrica está haciendo todo lo posible para recuperarlos sin que vean la luz. Así se deduce del intercambio de cartas entre Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica y la Audiencia Nacional. Las dos primeras argumentan que, como personadas en la causa que el juez José Luis Calama abrió para investigar si el apagón fue provocado por un ciberataque, tienen derecho a conocer el contenido de unos pendrives que fueron clave para descartar un hackeo. Red Eléctrica se ha opuesto insistentemente a darles acceso a esos archivos. Aunque la causa fue archivada, es en la Audiencia Nacional donde está teniendo lugar una batalla que podría determinar el desenlace y la depuración de responsabilidades por el cero eléctrico del 28 de abril. En sus cartas, desde la empresa que preside Beatriz Corredor alegan que ese material fue entregado directamente al instructor advirtiendo que era «sensible y confidencial».

La vicepresidenta primera de la Comisión Europea, y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha visitado California, Washington DC y Nueva York en los últimos días. Se ha reunido con los directivos de las principales tecnológicas del mundo, con abogados y hasta el gobernador demócrata de California, pero con pocos miembros de la Administración estadounidense, muy poco interesada en los vínculos con la UE. "Ha sido un viaje muy interesante. California es la cuarta economía del mundo y está apostando por un modelo que no es el de la administración federal y queríamos entender y conocer de cerca las preocupaciones y los intereses de las empresas que están activas allí, algunas europeas. Están liderando una revolución digital importantísima y teníamos tres objetivos. Primero, conocer a las personas que están detrás de esa transformación. Segundo, aclarar cualquier tipo de malentendido que pueda existir en relación con la aplicación de la Ley de Mercados Digitales, pero al mismo tiempo confirmar expresamente que es nuestra obligación y nuestro derecho defender que los mercados digitales funcionen en un margen de competencia y, por tanto, eviten el ritmo tan acelerado de concentración de poder que los representa. Era bueno poder compartirlo directamente...No se trata de que haya nadie que tenga manía a alguien. Todos nos preocupamos por cuál es el impacto que puedan tener contenidos particularmente dramáticos o que puedan generar comportamientos adictivos en los menores. Esto abre un espacio para entender mucho mejor por qué la regulación europea sobre servicios digitales es importante y cuáles son los las obligaciones de aquellos actores que tienen una especial importancia por su peso específico y que deben ser los responsables de vigilar gran parte de sus contenidos...yo no calificaría la actitud de Europa como de docilidad. Europa tiene una responsabilidad particular en un contexto difícil. Somos conscientes de lo difícil que es independizarse, ganar autonomía y libertad con respecto a un socio que ha sido preferente en temas tan sensibles como la seguridad y la defensa, la estabilidad financiera, las relaciones comerciales o la construcción de las relaciones multilaterales. Un divorcio tras 70 años juntos no es fácil, y Europa lo que ha intentado es construir una respuesta coherente evitando escalar el conflicto. Evidentemente, eso tiene que venir acompañado de firmeza en la defensa de nuestros intereses y de construir la alternativa que nos permita ganar ese espacio de independencia. La última muestra clara de las dificultades de esas decisiones unilaterales no comunicadas y con unos efectos perjudiciales para todo el mundo es la intervención de Estados Unidos en Irán, que generarán una catástrofe humanitaria y unas consecuencias muy duras desde el punto de vista de la disponibilidad y seguridad energética...."

A pesar del alivio de los mercados tras el anuncio del plan de 15 puntos de EEUU para poner fin al conflicto –que Irán afirma haber rechazado–, los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril. Los costes del gas natural en Europa y Asia han aumentado más del 50% con respecto a los niveles anteriores a la guerra. Estas medidas han obligado a los bancos centrales a desechar sus planes de reducir los tipos de interés y ahora incluso contemplan la posibilidad de subirlos. Los economistas temen el espectro de la estanflación, ya que las esperanzas de un crecimiento más rápido se están viendo anuladas por una nueva crisis del coste de la vida, en un momento en el que los políticos tienen poca capacidad presupuestaria para mitigar los efectos en los votantes enfadados. Estas son malas noticias también para los mercados. La preocupación por el crecimiento ha lastrado las bolsas mundiales. Los inversores tampoco pueden encontrar refugio en la deuda pública, que ha sufrido fuertes caídas ante el temor de que la inflación impida a los bancos centrales recortar los tipos de interés. Los bonos volvieron a caer el jueves, al desvanecerse las esperanzas sobre las negociaciones entre EEUU e Irán. Una combinación de bajo crecimiento y alta inflación es una experiencia poco común pero desagradable en las economías desarrolladas, ya que una economía debilitada suele implicar una demanda débil y un mercado laboral frágil, lo que frena el aumento de los precios. Los bancos centrales se enfrentan a un dilema en estas circunstancias, ya que necesitan ralentizar aún más la economía para controlar los precios, lo que probablemente destruirá aún más empleos a corto plazo. Evaluar el impacto económico total de la guerra en Oriente Próximo es prácticamente imposible, ya que aún continúa.

Los iraníes advirtieron a Trump de que las fuerzas iraníes están «esperando a que los soldados estadounidenses entren por tierra para prenderles fuego». El hombre a quien medios estadounidenses e israelíes señalaron como el posible interlocutor en unas hipotéticas negociaciones describió el plan estadounidense de 15 puntos como una «humillación» y afirmó que «estamos seguros de que podemos castigar a Estados Unidos y hacerle lamentar haber considerado atacar Irán». El tono desafiante de Ghalibaf estuvo a la altura del empleado por Netanyahu, quien aseguró que sus bombardeos están creando «grietas visibles en el régimen del terror de Teherán. Irán ya no es el mismo Irán (…) En lugar de que ellos nos sorprendan, somos nosotros quienes los sorprendemos. Somos el lado que actúa, el lado que ataca, el lado que inicia, y estamos profundamente dentro de su territorio». El primer ministro aprovechó para adelantar que, en Líbano, ordenó «ampliar aún más la zona de seguridad existente para frustrar definitivamente la amenaza de invasión de Hezbolá y alejar el fuego de misiles antitanque de nuestra frontera». Las palabras de Netanyahu se trasladaron al campo de batalla con una de las jornadas de bombardeos más duras contra Irán. Israelíes y estadounidenses han ampliado su lista de objetivos al tejido industrial, las universidades de la república islámica y medios de comunicación como el canal Al Araby, de propiedad catarí, cuya oficina destrozaron en Teherán.