20230315

Los precios siguen inmunes a la bajada del IVA decretada por el Gobierno desde enero para determinados alimentos y lejos de ralentizarse continúan acelerando su escalada. Y es que en febrero la alimentación se ha anotado una subida interanual del 15,5% en Euskadi, lo que supone cinco décimas más que el aumento que tenían en enero, y lo que es peor, el mayor alza de toda la serie histórica. Según los datos aportados ayer por el INE, esta subida pulveriza los anteriores registros históricos alcanzados en esta escalada que se inició el año pasado como consecuencia de la guerra de Ucrania. En concreto, en octubre se llegó al anterior récord, con el 15,3%, aunque se moderó algo en diciembre al cerrar el ejercicio con una subida interanual del 15,1%. Enero volvió a dar otro pequeño respiro de una décima (15%) pero en febrero se han vuelto a disparar hasta ese 15,5% antes señalado. Esta escalada de los alimentos se refleja también en el índice general del IPC que arroja una subida del 5,8% en febrero respecto al mismo mes del año anterior. En este caso también se produce un alza respecto al registro de enero, que se anotaba una inflación del 5,6% en Euskadi, es decir, que se acelera dos décimas. Además de los alimentos lo que más sube en términos interanuales en febrero son la bebidas alcohólicas y el tabaco, que se encarecen un 7,6%; los muebles y artículos del hogar (8,3%), los restaurantes y hoteles (7%), el ocio y la cultura (3,1%) o el vestido y el calzado (3,4%), entre otros. El único grupo que desciende es el de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que baja un 6,9% respecto a un año antes. Una evolución que hay que achacar al menor precio de la electricidad y los combustibles.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, definió ayer como “un impuestazo, un impuesto brutal contra las empresas y [contra los trabajadores con talento],” la reforma de las pensiones que gestiona el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Durante su intervención en el IV Foro Emprendedores y Autónomos organizado por ATA, que es una de las patronales de la CEOE, Garamendi criticó así la fuerte subida de las cotizaciones sociales a las empresas y a los trabajadores. Y, en especial, a quienes tienen las bases máximas de cotización y los salarios más altos. Para estas personas y para las empresas habrá una cuota de solidaridad para financiar las pensiones, pero que no mejora la prestación individual. Esta cuota será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Un 5%, a cargo de la empresa, y un 1% a cargo del trabajador. Garamendi añadió que la decisión del Gobierno “lastrará de forma dramática la competitividad de España porque los ingresos del sistema se cargan fundamentalmente” sobre las empresas. El presidente de los empresarios se quejó de que el Ejecutivo ha planteado la negociación a los empresarios “como si fueran lentejas [o las tomas o las dejas], sin ninguna memoria económica”. Anunció que la CEOE encargará a varios expertos en pensiones un informe para que analicen lo que supone esta reforma y para plantear propuestas alternativas. Garamendi recordó que la Autoridad Fiscal ha denunciado que hay 60.000 millones de euros en gasto público por duplicidades y solapamientos de las administraciones. Por lo tanto, “podría ser un camino en el que se podría empezar a trabajar y dedicar una parte de esos fondos a financiar las pensiones”.

El servicio de estudios del BBVA calcula que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y las cotizaciones sociales costarán hasta 100.000 puestos de trabajo entre este año y el próximo, lo que frenará enormemente el avance del mercado laboral. Por todo ello, la reforma “no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo en ausencia de nuevas medidas”. En concreto, la subida del salario mínimo supondrá un freno de una décima al PIB y “entre 10.000 y 20.000 puestos de trabajo” este año, según desgranó ayer el director del BBVA Research y economista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia, durante la presentación del informe Situación España, mientras que el impacto se duplicará el próximo ejercicio, lo que supondrá que entre ambos ejercicios se dejarán de crear hasta 60.000 empleos por este motivo. La razón de este impacto es que, si bien los incrementos del SMI fueron más contundentes años atrás, también afectaban a una base más reducida del mercado laboral, el 2,4% en 2016, mientras que ahora “alcanzan al 12,4% de los trabajadores”, llegando al 21% en Canarias o al 16,7% en la zona Sur, que comprende Andalucía y Murcia. Y esto hace que aquellas empresas con un elevado peso de trabajadores con salarios bajos que no puedan repercutir a sus clientes la subida de costes laborales o compensarlas con una mejora de la productividad vayan a frenar su contratación este año, un efecto que se intensificará en 2024. A esto hay que sumar la subida de las cotizaciones sociales derivada de la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno. “La reforma lo que hace es descansar todo el ajuste del sistema de pensiones en un aumento de las cotizaciones”, explicó el responsable de Análisis Económico del BBVA Research, Rafael Doménech, lo que supone incrementar los impuestos sobre el trabajo con el consecuente “efecto negativo sobre el empleo”.

El termómetro diario que mejor anticipa la evolución de los tipos de interés, el euríbor, ha dado un vuelco en apenas unas horas tras la quiebra del norteamericano Silicon Valley Bank. Ayer se situó en el entorno del 3,5%, lo que supone un desplome de medio punto porcentual en tan solo tres sesiones. El pasado jueves se encontraba rozando el 4% y todos los análisis apuntaban que lo superaría esta semana, justo antes de la reunión que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá mañana para aprobar una nueva subida de tipos en la zona euro. Sin embargo, la caída del banco californiano, al que se han unido graves problemas de liquidez de otras pequeñas entidades de EE UU (imposibilidad para atender todas las peticiones de salidas de depósitos) ha cambiado por completo el panorama financiero en cuestión de un fin de semana. Con el descenso hasta el 3,5%, un nivel que el euríbor había abandonado ya hace justo un mes, el indicador –una media elaborada diariamente por los bancos más importantes de la Eurozona en función de sus expectativas– anticipa que el BCE y la Reserva Federal (Fed) pisarán el freno antes de lo esperado en sus incrementos de tipos. Eso sí, Fráncfort previsiblemente sí proseguirá con su intención de incrementar los tipos este jueves, aunque la duda reside en si lo hará en 0,5 puntos, como avanzó su presidenta, Christine Lagarde, en una reciente entrevista, para situarlos en el 3,5% en su intento de combatir el «monstruo» de la inflación. Ahora todo ha cambiado. Ya nada se da por sentado. Sin embargo, en BBVA Research descartan que este terremoto vaya a influir en las medidas de los bancos centrales en su lucha contra las subidas de precios, al menos a corto plazo. El servicio de estudios mantiene que el BCE alzará los tipos al 4% mientras que la Fed irá hasta el 5,25%.

Nada es más valioso para el sector bancario que la confianza y esta se quebró de forma estrepitosa en Estados Unidos este lunes con el colapso, en el breve lapso de un fin de semana, de dos entidades, Silicon Valley Bank y Signature Bank. La intervención por parte del Tesoro de EE UU y la Fed –protegiendo todos los depósitos y habilitando líneas de liquidez para entidades en posibles dificultades– provocó una avalancha vendedora en los mercados que, si bien se revirtió en gran medida en la jornada de ayer, ha sembrado la desconfianza sobre el sector financiero y promete dejar cicatrices. De entrada, un coste de financiación más elevado y un crédito más caro. Sobre todo en la banca de EE UU y también en la de Europa, pese a que los expertos insisten en que sus entidades cuentan con mejores niveles de capital y liquidez. De momento, el pánico se ha frenado, aunque la caída de SVB recuerda lo imprevisible que puede llegar a ser la banca. Lo sucedido en EE UU revela la gran sensibilidad del sector financiero a una quiebra bancaria, capaz de poner en cuestión la salud de los balances del sector y de provocar un efecto contagio descontrolado que, de entrada, también pasa una dura factura en Bolsa a las entidades más sólidas. Según explica Gonzalo Lardiés, gestor de renta variable española y europea de Andbank, “2022 fue un verdadero shock después de más de diez años de interminables estímulos de los bancos centrales. Ahora el riesgo en balance se ha materializado y crea incertidumbre sobre el daño que pueden llegar a causar en la banca las alzas de tipos. Los bancos que tengan una estructura de balance más débil sufrirán”.

La empresa vasca se sacude algo de pesimismo y parece que ve el corto plazo –en concreto, el primer trimestre– algo más llevadero, siempre dentro de un escenario de incertidumbre y marcado por la contracción. Así se desprende de la Encuesta de Confianza Empresarial que elabora el Servicio de Estudios de Laboral Kutxa y que ayer revelaba una ligera mejoría (al pasar el índice general de 42 a 46 puntos), pero siempre por debajo de la barrera de los 50, que marca la frontera entre la contracción y la expansión de la actividad. En términos generales, los distintos indicadores que mide el análisis mejoran sobre los detectados a finales del pasado año, sobre todo lo relativo a las perspectivas de rentabilidad, sin superar la barrera de los cincuenta puntos en ningún caso. De otra parte, se constata que aunque los fondos Next Generation son bien conocidos en nuestro tejido productivo, un 80% de las empresas no ha accedido a ellos. Cuando se pregunta a las empresas por el entorno económico general, solo el 4,8% considera que mejorará, mientras el 40,4% cree que todo seguirá igual y el 54,8% entiende que empeorará. Pero, como suele suceder, cuando las preguntas se hacen sobre lo que pueda pasar en cada firma, las respuestas tienden a ser menos sombrías. Así, el 19,6% cree que su facturación mejorará y el 57,4%, que seguirá estable, con lo que solo el 23% cree que venderá menos. Ver informe Laboral Kutxa. 

2017. Fue el año en el que se planteó por primera vez la opción de reconvertir la central nuclear de Lemoiz en una gran piscifactoría para la cría de especies de consumo habitual como el lenguado, el rodaballo, la trucha, el salmón, el langostino y la gamba. La intención, verbalizada por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, era que el proyecto echase a andar cuatro años después y que para 2025 estuviese a pleno rendimiento, generando entre 380 y 575 empleos, con una capacidad de producción de hasta 15.000 toneladas e ingresando hasta 40 millones de euros. Han pasado seis años desde entonces y el negocio continúa siendo una idea, estancado por la falta de inversores que concreten su eventual interés en la operación. De hecho, el Gobierno vasco ha renunciado a solicitar la financiación que ofrece la UE a través de los fondos Next Generation para sufragar la reconversión de Lemoiz, lo que revela las complicaciones para sacarlo adelante y cuestiona su propia viabilidad. Tras la pandemia, la puesta en marcha de los fondos Next abrió una ventana de oportunidad para dar un impulso a un proyecto que ha sufrido los vaivenes de la inestabilidad política en España. El Ejecutivo autónomo, en el documento ‘Euskadi Next Generation’, cifraba en 105 millones el presupuesto para acometer dos actuaciones. Por un lado, el acondicionamiento de las instalaciones; y, por otro, poner en marcha la actividad económica de la acuicultura. La Unión Europea aportaría 20 millones y el resto, las empresas inversoras en cuestión. Sin embargo, fuentes autorizadas del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras han confirmado que el proyecto no se ha inscrito en la convocatoria del PERTE Agroalimentario, cuyo plazo acaba hoy, lo que retrasa, una vez más, el inicio de la operación y siembra más dudas. El proyecto, en cualquier caso, no está muerto del todo. Existen «contactos con inversores potenciales», según se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejera Tapia al diputado de EH Bildu Mikel Otero.

Las obras del Polo Cuántico de Donostia, donde se ubicará el futuro superordenador de IBM que será la referencia del sur de Europa, se encuentran paradas en estos momentos por los problemas financieros que arrastra la constructora Murias, a la que Ikerbasque licitó la construcción del edificio. La constructora, que pertenece al Grupo Urbas desde 2020, arrastra deudas con muchas de las subcontratas con las que trabaja en otras obras del territorio y de Euskadi, así como con proveedores, según indica ELA, lo que ha llevado a una de estas subcontratas que había iniciado el movimiento de tierras en el Polo Cuántico a parar las obras hasta que le abonen lo adeudado por otros trabajos. Aunque no se trata de un caso único, ya que, según explica la central sindical, el resto de subcontratas que iban a participar en la construcción de este edificio también han anunciado a la constructora que no intervendrán hasta que perciban lo que se les adeuda. Ante esta situación, Ikerbasque ha admitido a este periódico que está negociando con la constructora para tratar de solventar esta situación y evitar que las obras se demoren en el tiempo. Hay que recordar que la instalación tiene un plazo de ejecución previsto de dos años y que la licitación se produjo el año pasado. Requerida la constructora por este periódico para dar su versión, no respondió. ELA explica que en alguna obra del territorio adjudicada a Murias ha sido el propio consistorio el que ha decidido pagar directamente a las subcontratas para evitar la paralización de las mismas «Y en otra obra ya finalizada alguna subcontrata ha decidido no firmar los certificados de entrada hasta que les solventen las deudas», remarca.

En pleno debate sobre la prohibición de vender coches y furgonetas nuevos con motores de combustión (diésel, gasolina o híbridos) a partir de 2035, Gipuzkoa pisa el acelerador en el Polo de Movilidad Inteligente y Sostenible (Mubil) con un nuevo espacio destinado a la movilidad conectada, cooperativa y automatizada que será gestionado por el centro tecnológico donostiarra Vicomtech. Las obras serán financiadas al 50% por la Diputación de Gipuzkoa y el propio centro de investigación tecnológico situado en el parque de Miramon. Para ello, el Consejo ha aprobado una subvención de 2,92 millones de euros para financiar las inversiones originadas por la construcción, la adecuación de instalaciones técnicas y la adquisición del equipamiento inicial necesario para la construcción de esta nueva sede. Esta inversión conjunta ascenderá a casi 6 millones de euros. El proyecto fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, y la portavoz foral, Eider Mendoza, aseguró durante su intervención que este centro «completará y reforzará las capacidades tecnológicas e investigadoras de Mubil». El transporte y la movilidad inteligente es un ámbito clave para avanzar hacia un modelo de cero emisiones y cero accidentes, en el que la actividad de Vicomtech ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años. Así, la introducción de vehículos conectados y automatizados (sin conductor) abre la puerta a un paradigma de transporte más saludable, seguro, accesible, sostenible y rentable.

Ikerlan anunció ayer en su sede de Arrasate el nacimiento de su nueva empresa Orbik, un proyecto que nace bajo el paraguas del centro tecnológico arrasatearra y que abordará de lleno el sector de la ciberseguridad industrial. Mediante este nuevo proyecto que se ubicará en Digilab (el laboratorio de tecnologías digitales de Ikerlan), la empresa será la primera del Estado y la tercera en Europa en disponer de un laboratorio acreditado en este sector. A diferencia de la ciberseguridad común o doméstica de la que cada día se va conociendo más, la ciberseguridad industrial protege los sistemas y redes informáticas que controlan y gestionan los procesos y operaciones en una amplia variedad de industrias, como la energía, la fabricación, la automatización de edificios o la logística. Orbik ayudará a empresas que fabrican componentes eléctricos y otros sectores críticos, que pueden ser vulnerables a ciberataques. En tres años, planea expandirse a otras empresas, incluyendo aquellas que fabrican bienes de equipo industriales, transporte, maquinaria y productos de ciberseguridad.

MásMóvil facturó 2.894 millones en 2022, lo que supone un 17% más en términos reportados pero un 2% en términos comparables, ya que todas las cuentas están condicionadas por la consolidación de Euskaltel a partir de agosto de 2021. Es decir, si Euskaltel hubiera consolidado desde el 1 de enero de 2021, el crecimiento de 2022 hubiera sido del 2% en ingresos totales y también del 2% en ingresos por servicios (descontando la venta de móviles y otros dispositivos), que se elevaron a 2.647 millones, lo que supuso un 19% más en términos reportados. Los otros ingresos, relacionados con la venta de dispositivos, se elevaron a 247,5 millones, lo que supone un 7% más en términos reportados pero sólo un 1% más en términos comparables. El margen bruto de explotación (ebitda) se elevó a 1.199 millones, con un crecimiento proforma del 7%, aunque en términos reportados se elevó un 26%. El margen ebitda sobre los ingresos de la compañía ha ido creciendo a lo largo del año –registró un 37% en el primer semestre y un 39% en el tercer trimestre– y finalizó el ejercicio en el 41%, el más alto de su historia. De hecho, el margen ebitda de MásMóvil es sorprendente porque supera ampliamente incluso la ratio de 36,7% que publicó Telefónica para 2022, a pesar de que esta operadora tiene la mejor base de clientes, la de más gasto, de la industria. El beneficio neto se elevó a 444 millones, creciendo un 134%, favorecido por las plusvalías de la venta de la red de Euskaltel, aunque en términos proforma, el beneficio hubiera crecido un 187%.

La junta de accionistas de Iberdrola, que se celebrará el 28 de abril en Bilbao, tiene previsto reelegir a Ignacio Sánchez Galán como presidente, al menos hasta 2027, y ratificará el nombramiento de Armando Martínez como consejero delegado. En el orden del día de la junta, remitido ayer a la CNMV, figura la reelección de Galán y Martínez como consejeros ejecutivos. De este modo, el presidente se mantendrá en su puesto al menos hasta los 76 años. A finales de octubre, Galán indicó que el nombramiento de Armando Martínez como consejero delegado, con el que el grupo separaba así los cargos de presidente ejecutivo y consejero delegado que asumía él desde hace casi dos décadas, suponía “un signo de continuidad” y no una “revolución”, ya que la decisión era algo que estaba “planificado”. Asimismo, la junta votará la reelección de María Helena Antolín como consejera externa y la de Manuel Moreu, Sara de la Rica y Xabier Sagredo como consejeros independientes, además de fijar en 14 el número de miembros del consejo. También, se someterá a votación de la junta la aprobación de un bono estratégico dirigido a profesionales de las sociedades del grupo vinculado al desempeño de la sociedad durante el periodo 2023-2025, a liquidar de forma fraccionada y diferida mediante entregas de acciones. La junta aprobará, asimismo, un dividendo de “involucración” como gratificación a sus accionistas si se alcanza un cuórum determinado en la asamblea, así como las cuentas anuales y la aplicación del resultado y del dividendo de 2022.

Ni el desacople del gas de la electricidad, ni un precio regulado para la nuclear y las centrales hidráulicas, tal y como pedía España. La Comisión Europea presentó ayer su propuesta para la reforma del mercado eléctrico europeo con el que quiere impulsar las renovables y evitar el ‘efecto contagio’ de los combustibles fósiles en la factura de los consumidores. Para lograrlo, Bruselas quiere incentivar los contratos energéticos a largo plazo para «amortiguar» la volatilidad del precio de la energía y frenar los «ingresos excesivos» de los productores de energía. El texto planteado dista de la posición del Gobierno, que ya propuso una reforma de calado en la que incluía una medida para retener los beneficios extraordinarios de las energéticas, como las nucleares o las hidroeléctricas. Sin embargo, otros países como Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos se opusieron a esta medida y reclamaban una revisión más «limitada», una perspectiva alineada con la propuesta de Bruselas. Desde la pandemia, el mercado eléctrico europeo ha sufrido varios ‘shocks’. La guerra en Ucrania y el uso como arma del precio del gas por parte de Rusia dispararon su coste, lo que llevó a elevar el precio de la electricidad que superó los 300 euros por megavatio hora en agosto pasado.

Siemens Gamesa creará la primera unidad de parques eólicos marinos en España donde toda la estructura de la empresa ha estado centrada en la tecnología de molinos terrestres. Se trata de una división que, según confirman fuentes de la compañía, contará con 50 profesionales, principalmente ingenieros, que desarrollarán el diseño y la construcción de estos parques (’offshore’) dando apoyo al equipo global dedicado a la ejecución de proyectos eólicos en el Norte de Europa. Según explican portavoces de la empresa, la idea es conformar este equipo que irá creciendo en los próximos dos años y que se repartirá al 50% entre las oficinas de Zamudio (Bizkaia) y Sarriguren (Pamplona), dos de los cuarteles centrales de la compañía en España. El plan de la empresa pasa por convertir esta unidad en el germen sobre el que desarrollar el negocio en España, donde el Gobierno ya ha señalado 5.000 kilómetros cuadrados en las costas para desarrollar iniciativas de este tipo.

Hasta ayer era director del área de Recursos Humanos de Siemens Gamesa y ‘senior manager’ de la compañía –uno de los miembros de la alta dirección de la empresa eólica vasca– y había anunciado su deseo de presentarse a las elecciones sindicales en representación del sindicato ELA. Incluso, ELA le había nombrado ya delegado en la empresa para que no quedasen dudas sobre los lazos que les unían. Desde ayer, sin embargo, Alberto Marauri es un exdirectivo y extrabajador de la empresa porque Siemens Gamesa ha decidido despedirle. Expresado en términos más técnicos, le ha incluido en el ERE que ha puesto en marcha la multinacional para ajustar su plantilla al que se han sumado ya 104 voluntarios. Marauri, que había manifestado su deseo de quedarse para ejercer a partir de ahora una tarea sindical desde el otro lado de la trinchera es, en la práctica, el primer despedido ‘no voluntario’ que se ha incluido en el ERE. ELA remitió ayer un comunicado urgente a sus afiliados en la empresa para darles a conocer la noticia, que calificó de «traumático» el despido y anunciaba que estudia ya emprender acciones legales.

La entrada en vigor en 2022 del Impuesto sobre las Grandes Fortunas «coloca a Euskadi, donde todavía no se aplica, como la comunidad más atractiva» para los más adinerados, según el Consejo General de Economistas, que ayer presentó su informe anual ‘El panorama de la fiscalidad autonómica y foral’. La nueva tasa, implantada por el Gobierno de PSOE y Podemos, es de obligada aplicación en territorio común, lo que impacta especialmente en autonomías como Madrid, hasta ahora el gran refugio fiscal para los más ricos al bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre las Grandes Fortunas se aplica de manera complementaria al de Patrimonio, de forma que solo se activa en la parte no cubierta por el segundo. Como en Madrid está bonificado al 100% –lo mismo que en Andalucía desde este año, mientras que Galicia ha elevado al 50% la exención–, el salto es elevado en esta comunidad. Euskadi no ha dejado de aplicar Patrimonio, pero los tipos marginales establecidos –2% en Bizkaia y 2,5% en Álava y Gipuzkoa– están entre los más bajos de España. A ello se suma que, debido a su régimen foral, no está obligada a aplicar el Impuesto sobre las Grandes Fortunas. Después de cierta polémica por esta diferencia, PNV y PSE han iniciado contactos para implantarlo en el País Vasco este ejercicio, con un año de retraso respecto al resto. Sin olvidar, además, que hay elecciones en mayo y que habrá que ver cómo queda la composición política de las Juntas Generales tras el 28-M. El caso es que las grandes fortunas del resto de España deberán pagar el impuesto según su riqueza en 2022. El nuevo tributo se aplica a partir de los 3 millones de euros, con un tipo de gravamen comprendido entre el 1,7% y el 3,5%. Euskadi, donde solo se aplica el Impuesto sobre Patrimonio, seguiría siendo menos atractivo que Madrid para las personas con activos inferiores a los tres millones, pero la cosa cambiaría a partir de esa cota. No obstante, hay que tener en cuenta matices como el escudo fiscal: la suma del IRPF y los impuestos sobre Patrimonio y grandes fortunas no puede superar el 60% en territorio común y en el País Vasco se puede llegar al 65%.

La mayoría de los gobiernos autonómicos ha optado por aprobar rebajas en la factura autonómica del impuesto sobre la renta para ayudar a paliar parte del impacto de la inflación sobre sus vecinos. En concreto, según los datos recopilados por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), una decena de regiones han impulsado en los últimos meses deflactaciones del IRPF, rebajas en su tarifa autonómica o actualizaciones de los mínimos exentos a fin de compensar al contribuyente parte de la rémora fiscal que supone el alza de precios. La batería de medidas autonómicas, junto a las implicaciones de la rebaja para rentas bajas impulsada por el Gobierno central, arroja un saldo generalizado de rebajas impositivas en 2023, año marcado por las elecciones autonómicas y generales. “Si todos los años las comunidades autónomas venían volcándose en tomar medidas fiscales para combatir la despoblación, este año se han centrado en deflactar la tarifa, rebajarla o actualizar mínimos personales y familiares para paliar el efecto de la inflación”, resumía ayer Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del REAF, durante la presentación del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2023.

Mercadona presentó ayer las cuentas de un ejercicio marcado por la inflación y la difícil relación con sus proveedores, según reconoció ayer el presidente de la cadena de supermercados, Juan Roig. La compañía logró una cifra neta de negocio récord de 28.466 millones de euros en 2022, un 11,5% más que el año anterior y por encima de la media del mercado. Buena parte de este aumento se debe al impacto de la inflación, con una subida de precios del 10%, en línea con el mercado, mientras que en volumen creció el 1% frente a una caída media del sector del 0,7%. El beneficio neto alcanzó 718 millones, un 5% más. El aumento de costes tuvo efecto en los márgenes de la cadena de supermercados. “Hemos sacrificado 0,6 puntos de margen, 140 millones de euros”, afirmó Roig. La cadena presenta una ratio de resultados sobre ventas del 2,5%, frente al 2,7% del año anterior. “Hemos tenido tensiones con los proveedores como nunca las habíamos tenido”, afirmó Roig, y apuntó que la cadena ha tenido tensiones en el suministro de algunos productos, como la leche o las frutas y verduras, por la dificultad para contener los precios ante el alza desmesurada de los costes. La plantilla ha alcanzado las 99.000 personas, con un aumento de 3.000 empleados respecto al año anterior, 2.000 personas en España y 1.000 en Portugal.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pidió ayer a las distribuidoras que «arrimen el hombro» con medidas como la cesta de productos asequibles anunciada por Eroski. «Celebro y doy la bienvenida a iniciativas como la de Eroski», aplaudió ayer desde Bruselas tras una reunión con sus homólogos de la Unión Europea (UE) con quienes trató la necesidad de reequilibrar la evolución de los márgenes empresariales en los salarios. Calviño confió en que las cadenas distribuidoras lancen sus propias cestas de productos básicos a precios competitivos, siguiendo el ejemplo anunciado en Francia, y reiteró que es el momento de aumentar los salarios. También planteó que, en el contexto actual, la mejor forma de reforzar las finanzas de las familias españolas pasa por mantener una fuerte creación de empleo, así como por mejorar su calidad y estabilidad. En su comparecencia, la vicepresidenta subrayó que el Gobierno de España ha puesto «todo» de su parte para apoyar a las familias y para reforzar las rentas a fin de afrontar «lo mejor posible los retos del presente y los que puedan venir en el futuro».

Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, prevé despedir a 10.000 empleados hasta final de año, y dejar 5.000 vacantes sin cubrir, lo que se suma a la supresión de 11.000 puestos que inició en noviembre. El presidente de Meta, Mark Zuckerberg, anunció además “la cancelación de los proyectos menos prioritarios”. Mark Zuckerberg, máximo responsable de Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, compartió ayer con los trabajadores su hoja de ruta para reestructurar la compañía. Y en ella se incluye una nueva tanda de 10.000 despidos hasta finales de año. Más 5.000 vacantes que quedarán sin cubrir y se cancelará un número indeterminado de proyectos “no prioritarios”. Se trata de la segunda oleada masiva de despidos en Meta, después de los 11.000 anunciados a principios de noviembre (el 13% de su plantilla), y se produce en plena crisis bancaria, con un potencial de arrastre en el sector tecnológico. El anuncio tuvo una acogida positiva en Wall Street, donde las acciones de Meta se apuntaban el 4,77% en la apertura de la sesión. Los objetivos del ajuste son, en palabras de Zuckerberg, convertir a la compañía en “una empresa tecnológica mejor y mejorar los resultados financieros en un entorno difícil”. El fundador y consejero delegado sostiene: “Esperamos poder ejecutar nuestra visión a largo plazo. Va a ser difícil, pero no hay forma de evitarlo”.

La inflación en Estados Unidos se recortó cuatro décimas en febrero, hasta situarse en el 6%, gracias a una moderación en los costes de la energía. Aunque los precios siguen aumentando, lo hacen al menor ritmo desde septiembre de 2021, lo que supone un alivio temporal para la economía del país y, especialmente, para la Reserva Federal (Fed) y la reunión de la próxima semana en la que tendrá que decidir la próxima subida de tipos en plena tormenta del sistema financiero tras la quiebra de dos bancos en un margen de tres días. Pese al optimismo de la cifra general, ya que el descenso está por encima de las previsiones que manejaban los analistas y es muy superior a la caída de una décima que se registró en enero, lo cierto es que en términos mensuales los precios han vuelto a crecer un 0,5%, la mayor alza del último trimestre. En cuanto a la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta las variables más volátiles como energía o alimentos, se situó en un 5,5%, es decir, tan solo se recortó una décima, lo que ha vuelto a disparar las alarmas de los analistas, que consideran este indicador como uno de los más fiables a la hora de predecir la tendencia futura en la evolución de los precios –con los servicios y el gasto en los hogares como principales motores de la inflación–.