20260406

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

La guerra desatada en Irán sigue extendiendo sus víctimas, también en la economía vasca. Al desgaste que ya viene ejerciendo el alza de precios en la energía por el cierre del estrecho de Ormuz se suma también la escasez de materias primas clave para la industria como ocurre con el aluminio, que agrupa en Oriente Medio el 9% de su producción mundial y que cuenta con empresas productoras paradas por los ataques. Desde el estallido del conflicto, sus precios se han elevado más de un 10% pasando la tonelada de cotizar en la Bolsa de Londres 2.614 euros en febrero, a marcar un precio medio en marzo de 2.884. Para la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), este problema se suma a los que se viven ya. «El impacto más importante es el de la energía, pero este también es relevante», señala su director general, Adolfo Rey, que apunta especialmente al daño que puede hacer a un sector de la automoción «que en estos momentos no está en sus mejores momentos», y que usan el aluminio en muchos de sus procesos. «Es algo más que puede afectar a la competitividad de las empresas tras unos años que a nivel internacional no están siendo atractivos», subraya.

La CEOE contempla ya revisar a la baja su previsión actual de crecimiento para 2026 de la economía española, situada en el 2,3%, debido al conflicto en Oriente Próximo. Según el panorama económico y empresarial de marzo, que edita la CEOE, uno de los canales que podrían afectar al crecimiento español en el marco de este conflicto es la pérdida de confianza, lo que a su vez puede frenar las decisiones de consumo de bienes y servicios (incluido el turismo) y la inversión. «Por lo tanto, la previsión de crecimiento del PIB actual (2,3%), podría tener que ser revisada a la baja hacia el entorno del 2% o incluso inferior», señala la patronal en el documento. Sobre la inflación, estima que, de mantenerse la guerra y las tensiones en Oriente Medio, la inflación puede situarse entre el 3% y el 4% en los próximos meses, por encima de su previsión de IPC, que era del 2,6% de media anual. De momento, según los datos de marzo adelantados por el INE, la inflación interanual en España se elevó un punto, hasta situarse en el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, como consecuencia del encarecimiento de los combustibles. Este incremento de un punto en la tasa interanual del IPC –que Estadística debe confirmar el día 14 con el dato definitivo–, es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%. 

La cadena Al Jazeera informa de que Estados Unidos, Irán y los mediadores están negociando los términos de un posible alto el fuego de 45 días. Medios estadounidenses afirman que podría ser la única oportunidad para evitar una escalada peligrosa. Mientras, poco después de que Donald Trump lanzase otro de sus mensajes pasivo-agresivos , anunciando que quizás hoy se firmase la paz pero llamando locos cabrones a los iraníes por no reabrir el estrecho de Ormuz, Teherán ha cumplido su amenaza de hacer «arder» la región por la actitud de EE UU e Israel. La Corporación de Petróleos de Kuwait informó el domingo a última hora de un ataque de drones en sus instalaciones, donde se produjeron varios incendios: la compañía Gulf Petrochemical Industries, de Baréin informó también daños causados por dispositivos similares; Emiratos Árabes reconoció ataques en el complejo petroquímico de Borouge y en un edificio de la compañía de telecomunicaciones Du Telecom, en Fujairah. Por último, fuentes gubernamentales kuwaitís confirmaron que dos plantas desalinizadoras sufrieron daños en varias incursiones de drones de Teherán.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó ayer aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz. La decisión fue adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado. Los ocho países “expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro”. En consecuencia, destacaron “que cualquier acción que socave la seguridad del suministro energético, ya sea mediante ataques a la infraestructura o la interrupción de las rutas marítimas internacionales, aumenta la volatilidad del mercado y debilita los esfuerzos colectivos” de la alianza petrolera para estabilizar el mercado, añadieron. En este contexto, subrayaron “la importancia crítica de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía”.

Ainara Herce, presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia –AVC– analiza con detalle los principales frentes económicos del momento. Sin alarmismos, pero sin esquivar las aristas, Herce se moja: pide tiempo para juzgar las hipotéticas subidas de precios que puedan venir en diferentes sectores como consecuencia del estallido bélico. Una conversación a fondo, con respuestas claras y matices técnicos, que dibuja el estado real de la competencia en Euskadi y los retos que vienen. "Todavía es pronto para poder afirmar si una subida de precios es injustificada o no. Sí es evidente que determinados sectores, especialmente todo lo relacionado con la energía –productos petrolíferos, gas, electricidad, carburantes– han experimentado incrementos que pueden explicarse por la situación geopolítica. Ahora bien, desde el punto de vista de la competencia, hablar de subidas injustificadas implica algo más: implica descartar que exista una causa objetiva externa, como puede ser precisamente un conflicto internacional. Para poder determinar si hay conductas infractoras, como un acuerdo de precios o un abuso de posición dominante, necesitamos observar cómo evolucionan esos precios durante un periodo más prolongado... El impacto puede trasladarse a distintos ámbitos. Por ejemplo, el transporte, donde el coste del carburante es estructuralmente muy relevante, o la agricultura, por el encarecimiento de fertilizantes, cuya composición está vinculada a productos energéticos. Es decir, puede haber un efecto en cadena. Pero, insisto, que haya subidas no significa automáticamente que sean contrarias a la competencia; hay que analizar si están objetivamente justificadas...En crisis anteriores, como la de Ucrania, no identificamos indicios claros de conductas contrarias a la competencia. Hicimos un estudio sobre productos básicos de la cesta de la compra y analizamos toda la cadena de valor para ver si había señales de alerta. Lo que encontramos fueron causas objetivas que podían explicar las subidas: desde el propio conflicto hasta problemas sanitarios en algunos sectores alimentarios. Eso no significa que no pueda haber infracciones, pero la prueba de estos ilícitos es compleja y, al menos en ese análisis, no detectamos elementos suficientes..."

"...En España se ha abierto paso una inquietante idea tranquilizadora: la de que nuestro país podría verse relativamente protegido de la calamidades referidas. Se invocan nuestra mayor cuota de renovables, la excepción ibérica o el peso de la demanda interna, junto con el plan de choque de 5.000 millones. No es un argumento infundado. La mayor presencia de renovables reduce la sensibilidad del precio eléctrico al gas. Pero esa ventaja es parcial: los costes regulados, los ajustes del sistema y la formación marginal de precios limitan la rebaja para el consumidor final. La llamada excepción ibérica —un mecanismo que limita el precio del gas utilizado para generar electricidad— puede contener parcialmente el coste de la luz en momentos de tensión. Pero no altera lo esencial: España importa inflación de forma inevitable, desde la energía hasta componentes de la cesta de la compra. El Banco de España ofrece una lectura de compromiso. Antes del conflicto, el crecimiento previsto para 2026 era del 2,4%. El shock energético resta en torno a cuatro décimas, mientras que el plan de choque recuperará aproximadamente tres. El resultado final —un 2,3%— no elimina el impacto, simplemente lo atenúa, dentro de la inevitable aleatoriedad de los pronósticos. Es, en el mejor de los casos, un «casi empate». Pero conviene no confundir amortiguación con inmunidad. España sigue siendo una economía abierta y dependiente del exterior. Europa, a su vez, acusa ya el deterioro del entorno internacional. Un eventual armisticio aliviará tensiones. Pero no borrará los efectos ya desencadenados..."

La estadística de incapacidad temporal de la Seguridad Social marcó en 2025 un nuevo récord de bajas laborales en España. La prevalencia media de la incapacidad temporal por contingencias comunes [las que no tienen un origen profesional] ya es de 53,7 procesos por cada 1.000 asalariados, un salto respecto a los 51,1 que marcaba esta misma variable en 2024. Así, se mantiene una tendencia de subida que preocupa a los sindicatos, a las patronales y a las administraciones públicas. Pero esa inquietud, de momento, apenas se traduce en medidas que intenten solucionar un problema que costó 18.400 millones de euros a las arcas públicas el año pasado. Las medidas ya acordadas (una mayor participación de las mutuas en las bajas musculoesqueléticas) no terminan de despegar y otras nuevas no reúnen consenso suficiente en el diálogo social. Maria del Mar Crespí, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de les Illes Balears y autora de la tesis doctoral Incapacidad temporal y absentismo laboral: prevención, control y retorno al trabajo, cree que este es un problema “multifactorial”, que obedece a varias razones. En ello coinciden sindicatos, patronales y el propio Gobierno. La diferencia en la posición de cada uno está en qué peso se da a cada motivo en el análisis del problema y, consecuentemente, en las soluciones propuestas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó en febrero un estudio extenso al respecto, en el que señalaba los que a su juicio eran los cinco factores más determinantes: “La falta de supervisión y seguimiento de los procesos” (la comunidad autónoma da la baja mediante el sistema de salud, pero el coste recae en la Seguridad Social); la evolución normativa “más garantista” y la “mejora de los convenios colectivos” (de manera que tiene un menor impacto económico para el asalariado estar de baja); el “ciclo económico expansivo” (a más miedo a perder el empleo, más común es trabajar enfermo); el “aumento de la demanda de atención primaria”; y el “incremento de las listas de espera”.

La Policía Municipal de Bilbao ha imputado en los últimos quince días a dos familias marroquíes, procedentes de Bélgica, que habían abandonado a menores en la capital vizcaína para que fueran acogidos por la red foral de protección, según fuentes cercanas al caso. Se trata de un fenómeno, denunciado por este periódico el pasado mes de septiembre, que se está extendiendo entre padres de clase media-alta de Marruecos y que supone un fraude al sistema de ayudas de la Diputación vizcaína. Ahora, además, se ha detectado que inmigrantes magrebíes afincados en otros países europeos, concretamente en Bélgica, se desplazan hasta Bilbao para introducir a menores en la estructura de acogida vasca, con educación, asistencia sanitaria, alojamiento y manutención garantizada. El último caso se registró el pasado jueves, día 2 de abril, en plena Semana Santa, y fue descubierto por la Unidad de Criminalística de la guardia urbana bilbaína. Un chaval menor de edad se presentó en la comisaría de la Policía local en el barrio de Miribilla. El adolescente, con buen aspecto, contó que había llegado en patera, aunque su imagen contradecía esta versión. También tenía una justificación pensada por si le preguntaban. Explicó que una señora que le había visto deambular por la calle y, a la que le había dado pena, le había llevado a su casa y le había dado ropa de su hijo. Supuestamente, el chico se encontraba en situación de desamparo. Esta es una de las fórmulas que suelen utilizar para que los policías les trasladen a un centro de primera acogida. La actitud del chico despertó las sospechas de los agentes, que comprobaron por las cámaras de vídeovigilancia que había llegado acompañado por dos mujeres adultas, una de ellas caminó con él hasta la misma garita de acceso a Miribilla.

La mesa contra la segregación escolar, bautizada ‘Eskola Bikaina Denontzat’, encara su recta final con pocos visos de alcanzar un pacto plural. A las bajas de Steilas, ELA y LAB se sumó recientemente la de Ehige, que representa a las familias de la escuela pública. La federación de ampas de la red dio un portazo a la iniciativa estrella del Gabinete Pradales en materia educativa alegando poca seriedad en el diagnóstico del problema de la segregación, ausencia de un debate real y, en definitiva, falta de interés en adoptar medidas reales. El PP también se dio de baja del foro después de que el Departamento de Educación le excluyese de una reunión con PNV, Bildu y PSE para tratar de encarrilar el proceso. En cualquier caso, la consejería que lidera Begoña Pedrosa afronta el momento decisivo del debate en su objetivo de diseñar una hoja de ruta que guíe el futuro del sistema educativo vasco. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO, el foro –en el que participan, entre otros, partidos políticos, unos pocos sindicatos, entidades sociales y una amplia representación de la escuela concertada– ha establecido nueve grupos de trabajo, que a su vez, se dividen en tres grandes áreas: Fomento del éxito escolar, Gestión de oferta educativa y escolarización y Familia y políticas de actuación conjunta entre administraciones.

Un joven asalariado en Gipuzkoa de entre 18 y 34 años es significativamente más pobre que su equivalente hace 16 años. Percibía en 2024 una media de 1.555 euros netos, 154 más que en 2010. Sin embargo, su capacidad adquisitiva se ha desplomado un 16,5%. La inflación acumulada en Euskadi (33%), el encarecimiento de la cesta de la compra (55%) y el complicado acceso a la vivienda han neutralizado la recuperación salarial posterior a la crisis financiera, dibujando un escenario de precariedad pese al descenso del paro. El IPC general en Euskadi, según los datos del Eustat, ha pasado de 86,7 puntos en 2010 a 115,3 en 2024, con base 100 en 2021. Traducido a la calle, eso significa una inflación acumulada próxima al 33%. Los salarios de los jóvenes guipuzcoanos han crecido en torno a un 11%. La distancia entre una cifra y otra explica buena parte de lo que ha ocurrido en estos quince años. También explica por qué una parte de la juventud siente que trabaja, cobra, se mueve, encadena estudios, contratos y horarios, y aun así vive con menos margen que antes. El deterioro no se aprecia tanto en la nómina como en lo que esa nómina permite hacer. Para conservar en 2024 la misma capacidad de compra que tenía un joven asalariado en 2010, haría falta un sueldo neto mensual de unos 1.863 euros. La media real se queda en 1.555. Son algo más de 300 euros de diferencia cada mes. En términos de poder adquisitivo, el recorte ronda el 16,5%.

Las malas condiciones climatológicas hacían prever una Semana Santa pobre en el aspecto turístico en Álava, pero la aparición del sol y el calor han ejercido de imán durante los últimos días festivos para atraer más visitantes que han reservado en el último momento. Así, las cifras finales de los establecimientos hoteleros consultados han superado el 80% de ocupación en líneas generales, más de diez puntos por encima de lo esperado antes del inicio de estas jornadas de asueto. Una sensación final «satisfactoria» vistas las previsiones, aunque la mayoría se han quedado por debajo de los registros del pasado año, cuando se alcanzó una media superior al 90%. «Hemos subido más de diez puntos con respecto a las previsiones gracias a las reservas de última hora, lo que evidencia que en muchos casos quien decide venir lo hace justo al final», detalla la vicepresidenta de SEA Empresas Alavesas y directora de Jardines de Uleta, Elena Martín. De su contacto diario con los clientes de un hotel que estos días ha rebasado el 70% de su capacidad «gracias al tirón final porque las perspectivas eran un poco preocupantes», destaca que «seguimos siendo una ciudad por descubrir, y que encanta» a quienes la visitan. «No sé durante cuánto tiempo seguirá siendo así, pero viene gente que había estado en Bilbao o Donostia pero todavía no aquí», relata.

El primer trimestre de cada año marca el comienzo de las campañas de reclutamiento de las grandes cadenas hoteleras para atender a los miles de visitantes que recibirán en verano. Un proceso que se ha convertido en un dolor de cabeza para las compañías en los últimos años por la confluencia de dos fuerzas contrapuestas: el crecimiento exponencial del turismo, que ha pasado de 71,6 a 96,7 millones de viajeros en tres años, y las dificultades crecientes para encontrar trabajadores por la renuncia generalizada a trabajar en un sector con bajos salarios y horarios eternos y partidos que exige vivir en zonas donde la vivienda se ha encarecido mucho. Para esquivar todos esos problemas y tratar de completar unas plantillas en máximos históricos, será imprescindible que los hoteles incluyan por tercer año consecutivo la vivienda dentro de la oferta de empleo. Los datos recopilados revelan que cuatro grandes hoteleras en España (Meliá, Iberostar, Riu y Minor, la antigua NH) tienen previsto contratar entre 6.000 y 7.000 personas para el que consideran que será “el mejor verano de la historia”. Meliá es la que más empleos va a crear, ya que prevé cubrir 3.500 vacantes. Una portavoz de la compañía apunta que los puestos de trabajo que están planteando más dificultades para ser cubiertos son cocina, sala, camareras de piso y servicios técnicos.

El veneno de la corrupción volverá a inocularse en los próximos días en el escenario político español como una suerte de penitencia retardada para los dos grandes partidos del país. El señalamiento del PSOE y del PP por irregularidades presuntamente delictivas bajo sus respectivos mandatos resucitará por la puerta grande: la de los tribunales de campanillas –el Supremo y la Audiencia Nacional–, con dos exministros encausados por supuestos ilícitos cometidos gracias a las prerrogativas de sus responsabilidades institucionales. Desde que el Consejo General del Poder Judicial contabiliza la mácula de la corrupción –segundo semestre de 2015– hasta el último año completo de análisis –2025–, la justicia ha sentado en el banquillo a 1.411 sospechosos, en 343 procedimientos y con 278 condenas plenas o parciales. Pero es excepcional que esta perversión del sistema haga coincidir en apenas 24 horas dos enjuiciamientos de la envergadura del ‘caso mascarillas’ y la ‘trama Kitchen’. Por sus protagonistas, por las penas solicitadas y por la repercusión política a tres semanas del inicio de la campaña para las elecciones de Andalucía. El fantasma de las corruptelas, aquel que cristalizó en la sentencia de ‘Gürtel’ que actuó de hilo conductor de la moción de censura con la que Pedro Sánchez desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, vuelve a agitarse este lunes para el PP en las salas de la Audiencia Nacional. 

Los caminos de los sectores europeos de la Defensa y la automoción están llamados a cruzarse con motivo de la urgencia de buena parte de los países del continente de contar con capacidades industriales militares inmediatas. Ejemplos recientes de esta búsqueda de sinergias entre un sector en auge –el de la Defensa– y otro que atraviesa momentos complicados –el de la automoción– son los de Renault, Volkswagen y Seat. En el caso de Renault, a mediados del año pasado se dio a conocer que el Gobierno galo había contactado con la compañía automovilística para participar en diversos proyectos para proveer al Ejército francés de determinadas capacidades. Las conversaciones se concretaron a comienzos de este año en el proyecto de drones aéreos Chorus, el cual desarrollarán Renault y el grupo francés del sector aeronáutico y de la Defensa Turgis Gaillard. Los drones se ensamblarán en las instalaciones de Renault en Le Mans (Francia) y se prevé que en menos de un año la producción podría alcanzar las seiscientas unidades mensuales. A ello se suma que, de forma reciente, la revista francesa L’Usine Nouvelle reveló que Renault también está desarrollando, en colaboración con el grupo belga John Cockerill –que en 2024 adquirió Arquus (la antigua división de camiones militares de Renault)–, drones terrestres de uso civil y militar. Sin embargo, la propia empresa reconoce que su intención no es convertirse en un actor principal dentro del sector de la Defensa y que estos proyectos no deben afectar a su capacidad de inversión en su actividad principal, es decir, en la fabricación de automóviles.

La banca de inversión se ha convertido en una pieza clave de los resultados de Santander y BBVA. En 2025 fue un acicate para los beneficios récord de los dos grupos, porque la contribución de sus armas de asesoramiento corporativo también ha sido histórica. Ninguno había ganado tanto dinero antes con su banca de inversión, que supone ya un 20% del beneficio de Santander y casi un 30% del de BBVA, aunque en este último caso la comparación no es homogénea porque la división de asesoramiento no ajusta los resultados hiperinflacionarios de Turquía y Argentina. A Santander Corporate & Investment Banking (CIB) lo han impulsado los ingresos por comisiones. A BBVA CIB, el margen de intereses. Pero en ambos casos hay dos ingredientes comunes: el crecimiento internacional y la apuesta por Estados Unidos. Santander y BBVA han decidido explotar su presencia global para convertirse en los bancos de inversión de referencia de las operaciones transfronterizas, especialmente las que hacen las empresas europeas, estadounidenses y latinoamericanas fuera de sus mercados de origen.

La Unión Europea rema para no verse arrastrada por las corrientes proteccionistas que se han hecho fuertes en el mundo. El bloque comunitario ha redoblado sus esfuerzos en favor de la apertura comercial y ha logrado lo que hace apenas un año parecía imposible: sellar la negociación de tres de los mayores tratados de libre comercio de su historia. Australia e India se han sumado recientemente a la firma del acuerdo comercial con Mercosur, cuya aplicación provisional comenzará el próximo 1 de mayo después de desencallarse tras casi veinte años de idas y venidas. A este cóctel comercial se le suma también el pacto con Indonesia, de vital importancia pese a su menor tamaño en términos del volumen en el intercambio histórico de bienes con la Unión Europea. Además, la Comisión Europea ha reforzado también su marco de relación con Reino Unido revirtiendo parte de las prerrogativas desmanteladas tras el Brexit. Todas estas acciones terminarán desembocando en la creación de zonas de libre comercio con más de 2.500 millones de consumidores involucrados, es decir, prácticamente un tercio de toda la población global. Lo mismo ocurre en términos de PIB, pues, sumada a las cifras del bloque comunitario, la agrupación de países con los que la Unión Europea ha sellado recientemente nuevos pactos comerciales representan aproximadamente un 35% de la riqueza global.

La carrera que se ha desatado a nivel global por los vastos yacimientos de tierras raras de Brasil se intensifican. Estados Unidos (EEUU), China y la Unión Europea (UE) están compitiendo por el acceso a estos minerales, vitales para una amplia gama de tecnologías del siglo XXI. Las reservas de metales de este país latinoamericano son las segundas más grandes del mundo y están en el punto de mira tanto de Washington como de Bruselas, que intentan reducir su dependencia de China, el productor dominante que controla la cadena global de suministro. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró en enero en Río de Janeiro que la UE está en conversaciones para alcanzar un acuerdo con Brasil sobre inversiones conjuntas en materias primas críticas. La agencia de exportación de Brasil se encuentra a la espera de que inversores vinculados a la UE revelen su respaldo financiero para cinco proyectos mineros en el país, que abarcan tierras raras, níquel, litio y manganeso. Con esta búsqueda activa de acuerdos Bruselas entra en competencia directa con EEUU. Según aseguran personas conocedoras, Washington ha dejado claro en privado a funcionarios y a figuras de la industria que desea acceder a los yacimientos de tierras raras de Brasil, en gran parte sin explotar. Mientras tanto, los esfuerzos de China por ampliar su dominio sobre la cadena de suministro mundial de tierras raras han dado lugar a una contienda a tres bandas entre las tres principales potencias económicas del mundo. Al menos seis empresas mineras están desarrollando proyectos en Brasil y varias han declarado haber sido contactadas por grupos chinos, incluidos fondos de inversión y fabricantes de automóviles en busca de materias primas.

Petróleo ilimitado, hidrógeno verde y turbinas eólicas flotantes. Mientras la guerra en Oriente Próximo desata turbulencias en los mercados energéticos, y el bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz pone en evidencia la vulnerabilidad del suministro global, China está intensificando su maquinaria ecológica para reducir la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales. Esta semana, Pekín lanzó un programa piloto para ampliar el uso industrial del hidrógeno verde, mientras que Carbonology, una startup de Shanghai, asegura haber desarrollado un proceso capaz de convertir el dióxido de carbono extraído del aire y el agua en combustible sintético competitivo. Según la empresa, que utiliza energía solar y eólica, se puede producir gasolina, diésel, combustible de aviación y nafta a precios comparables con los del mercado tradicional, un avance que sería notable teniendo en cuenta los estudios que apuntan a que el principal problema del petróleo sintético es su alto coste de producción y que requiere grandes cantidades de energía. Este tipo de proyectos subrayan la ambiciosa estrategia de China –el mayor emisor de carbono del planeta y líder mundial en capacidad de energía renovable– de diversificar sus fuentes de energía y avanzar hacia un modelo de autosuficiencia. El año pasado, cuando el mundo invirtió 2,3 billones de dólares en energía verde, más de un tercio de esa inversión provino de China, casi igualando la inversión conjunta de EEEU y la UE.