20260220

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La apuesta inversora resiste en Euskadi. Así se desprende del primer ‘Barómetro de Inversión y Salud Financiera de la empresa vasca’ que han elaborado la patronal vizcaína, la sociedad de garantía recíproca Elkargi y el clúster financiero de Euskadi, BasqueFIK. Las líneas generales del documento, que fueron presentadas ayer en Bilbao, desvelan que el 57% de las empresas planea realizar inversiones este año. Lo harán a pesar de que detectan un encarecimiento del crédito y que las entidades financieras han elevado la exigencia de documentación y requisitos. Eso sí, la mayoría de los empresarios consultados, el 55,6%, considera que esta actividad no será mayor que en 2025. El análisis, que tendrá continuidad anual a partir de ahora, se apoya en un estudio sobre 200 empresas de diferentes sectores y tamaños y a cuyo contenido ha tenido acceso El Correo. Las cifras que, si bien revelan el ánimo de invertir, también alertan de unas cantidades no muy altas para esos proyectos. Así el 74,6% de las empresas prevén afrontar acciones con una inversión máxima de 250.000 euros y el 41% no supera los 50.000. Las prioridades estratégicas de la inversión son, en primer lugar, la transformación digital. Un ámbito que centrará el 65% de las iniciativas. En segundo lugar, con un 63%, están las acciones encaminadas para ampliar la capacidad de producción, seguidas de la inversión en I+D y patentes con un 20%. La internacionalización recibirá un 11% y la sostenibilidad energética un 9%. Durante la jornada celebrada ayer en el Palacio Euskalduna y que contó con la intervención del consejero vasco de Hacienda, Noël dÀnjou, y la diputada vizcaína del ramo, Itxaso Berrojalbiz, se organizaron varias mesas redondas en las que se analizó la importancia de la financiación para las empresas. Y es que, según señaló el presidente de Cebek, Guillermo Buces, «la capitalización es una asignatura pendiente». «Ganar tamaño es la mejor garantía para competir», aseguró el director general de Elkargi, Zenón Vázquez, que recordó la importancia de tener liquidez, «es algo que nos enseñó la pandemia, la importancia de la caja, porque bajamos la persiana y las empresas nos quedamos sin tesorería». Ver más en Cebek aquí. 

Euskal Autonomia Erkidegoko finantza eta kapital ekosistemak “osasun ona” du. Hala dio behintzat Marco Pineda Sidenorreko zuzendari orokorrak. Ikuspegi makro batetik begiratuz gero, finantza egoera onean dira tokiko enpresak, zoom egitean, ordea, ikusten dira zenbait arrakala. Atzo, Bilboko Euskalduna Jauregian, Cebek, Elkargi eta BasqueFik klusterrak antolatuta, EAEko finantza munduaren nondik norakoak aztertu zituzten Euskal enpresaren kapitala eta ekonomia. I. Finantza Barometroa izeneko topaketan. Bertan izan ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresaburu eta finantza ekosistemako eragile ugari, baita Noel d'Anjou Jaurlaritzako Finantza eta Ogasun sailburua eta Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza diputatua. Gehiago irakurri hemen. 

El deterioro del sector exterior vasco se consolida. Euskadi encadenó en 2025 su segundo año consecutivo de caída de las exportaciones, en un entorno marcado por la debilidad de la zona euro. La atonía de Francia y Alemania se ha trasladado con claridad al tejido productivo. Tras el estancamiento de 2023, con un leve avance del 0,1%, las ventas a terceros países retrocedieron un 5,4% en 2024 y volvieron a caer un 3,6% en 2025. La intensidad del ajuste se refleja en que siete de los doce meses del ejercicio recién cerrado registraron descensos interanuales de las exportaciones. Un comportamiento que, al margen del paréntesis de la pandemia, no se observaba desde la crisis financiera. El escenario, además, apunta a un posible agravamiento si persiste la debilidad de la demanda europea. El territorio ha vivido meses sometido a una completa incertidumbre, especialmente desde que en abril Donald Trump activara su ofensiva arancelaria. El impacto fue casi inmediato: los envíos al exterior se desplomaron un 29% en abril, volvieron a sufrir en septiembre con una caída del 67,9% y en octubre el descenso se moderó hasta el 9,4%. Con el paso de los meses, el escenario se fue estabilizando a medida que las empresas ajustaban su planificación logística. Esa adaptación ha permitido amortiguar la caída y cerrar diciembre con un repunte del 2,6% en las exportaciones. La automoción, principal sector tractor del territorio, explica en buena medida que el conjunto de las exportaciones vascas haya pasado de 30.967 millones de euros a 29.851 en el último ejercicio. Y es que el automóvil y su industria ya venían sufriendo el estancamiento de la demanda de una UE que se asoma a la recesión. A ello se han sumado unos aranceles de Trump que han alcanzado el 27,5% y que en algunos accesorios ha escalado hasta el 50%.

Las compañías guipuzcoanas, que continúan demostrando –cada una desde su propia realidad industrial– una notable capacidad de adaptación a un tablero económico global cada vez más incierto. En un ejercicio en el que Euskadi cerró con un descenso del 3,6% (encadena así un segundo año consecutivo en números rojos tras la caída del 5,1% registrada en 2024), el territorio guipuzcoano volvió a ser la excepción: sus ventas al exterior aumentaron un 2,8%, mientras Bizkaia retrocedió un 9,3% y Álava cayó un 3,1%, según los datos publicados por Eustat y el Ministerio de Economía. El contraste se entiende mejor cuando se observa la fotografía completa. Las exportaciones vascas descendieron hasta los 29.851,2 millones de euros, lastradas principalmente por el desplome de los productos energéticos (-33,3%), que arrastró el balance global pese a que el comercio exterior mantuvo superávit. En ese contexto llegó uno de los matices más relevantes del cierre del ejercicio: el sorpasso de Gipuzkoa a Bizkaia quedó muy cerca, pero finalmente no se produjo. Bizkaia cerró el año con 10.745 millones exportados frente a los 10.234 millones de Gipuzkoa, mientras Álava alcanzó los 8.865 millones. Más allá de comparativas territorialistas, la explicación vuelve a encontrarse en la distinta estructura productiva. Gipuzkoa jugó la carta de una cesta exportadora más diversificada y menos dependiente de sectores especialmente volátiles. El dato más visible fue el fuerte impulso del material ferroviario, cuya exportación se disparó un 84% durante el año. Detrás de ese salto se encuentra, en gran medida, la actividad de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), cuya cartera internacional volvió a dejar huella estadística. Parte del crecimiento extraordinario de las ventas hacia Emiratos Árabes Unidos –las ventas se dispararon un 460%, hasta los 353 millones– responde precisamente a los envíos asociados a un contrato con Etihad Rail.

Tanto en la UE como en España, las exportaciones globales crecieron en 2025, pero lo hicieron ralentizando el ritmo y acusando de forma significativa el mazazo arancelario de la Administración Trump. Si las ventas totales de la UE a sus socios extracomunitarios aumentaron un 2% el año pasado, las exportaciones españolas, cuyo destino mayoritario es el propio bloque europeo, apenas lo hicieron un 0,7%, hasta los 387.091 millones de euros, según el último informe de comercio exterior del Ministerio de Economía, publicado ayer. Aun así, es la segunda mayor cifra desde el récord histórico de 2022, cuando se rebasaron los 387.599 millones. En otras palabras, el sector exterior español sigue mostrando resiliencia en un contexto internacional cada vez más difícil, en el que la guerra arancelaria de Trump ha alterado los flujos comerciales mundiales y golpeado los intereses tanto de la UE como de España. Y eso se refleja en el declinante y cada vez más desequilibrado comercio español con Estados Unidos. Aunque los aranceles de Trump no entraron en vigor hasta agosto, sus efectos nocivos se dejaron notar en el conjunto de 2025, en el que las exportaciones españolas al otro lado del Atlántico se hundieron un 8%, hasta los 16.716 millones, mientras que, por contra, las importaciones de bienes estadounidenses aumentaron un 7% y superaron los 30.174 millones. El resultado fue un nuevo acelerón del déficit comercial de España respecto a EEUU, que escaló hasta los 13.458 millones en 2025, un 34% más. Esto es, las empresas españolas cada vez venden menos a Estados Unidos pero le compran más, desfase que no les ha servido para esquivar el misil arancelario de Trump.

Diez días después de que agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera registraran la sede de Sidenor en Basauri, en el marco de la causa abierta en un juzgado de la Audiencia Nacional por el presunto contrabando de acero a una empresa militar israelí, el presidente de la siderúrgica contraataca. La defensa de José Antonio Jainaga ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal en el que reclama la nulidad de la resolución del juez instructor Francisco de Jorge, quien autorizó la entrada policial y otras medidas de intervención de los teléfonos móviles y los correos -tanto corporativos como personales- de los investigados. La defensa denuncia la «manifiesta nulidad» del registro, ya que la resolución que lo habilita «adopta diligencias que limitan (cuando no eliminan absolutamente)» los derechos más elementales de Jainaga y de los otros dos investigados: Iñigo Molero, director comercial de Sidenor y Marco Pineda, director de desarrollo corporativo. Argumenta el escrito que la decisión del juez De Jorge se adoptó en un proceso que la propia Fiscalía considera, «al menos parcialmente en relación a los delitos de genocidio y/o lesa humanidad, carente de la más mínima base legal». Considera que el instructor centra su investigación en una interpretación normativa sobre la venta de acero no aleado «cuando menos discutible» y sin haber presentado hasta la fecha «un mínimo» indicio razonable de delito. Y añade que la limitación de derechos fundamentales derivada del registro se articuló «en la mera desconfianza» del juez respecto a las declaraciones de los investigados en el juzgado, quienes defendieron su inocencia y su actuación con respecto a las partidas de acero no aleado destinadas a su cliente, el consorcio militar israelí IMI.

Talgo anunció hace una semana la adjudicación de un nuevo pedido en Arabia Saudí de 20 trenes valorado en 1.320 millones de euros para el corredor de alta velocidad entre La Meca y Medina que desarrolla desde 2012 un consorcio público-privado español. Del presupuesto del pedido, una parte muy relevante irá a parar a la caja de Alstom, con el que Talgo debe negociar las condiciones para el suministro de la tracción de las 20 unidades, la parte más crítica y costosa del pedido. El fabricante español, participado por el Gobierno vasco y la Sepi, debe acordar los términos económicos del suministro y mantenimiento de la potencia francesa después de que Saudi Arabia Railways (SAR) ejerciese la opción sobre 20 nuevos trenes idénticos al pedido original de 2012, una adaptación de la Serie 112 (Pato) que Talgo fabricó para Renfe con tecnología Bombardier. El fabricante de motores canadiense fue comprado en 2020 por Alstom, que es ahora quien dispone de los derecho sobre la tracción de los trenes que circulan por el corredor saudí de 450 kilómetros. Los motores de los AVE del desierto se construyen en las fábricas que Alstom tiene en Trápaga (Bizkaia).

Tras vivir dos concursos de acreedores en el último año, el segundo de ellos todavía en marcha dentro de un proceso de liquidación que obligó al negocio a echar la persiana a comienzos de mes, un grupo de empleados ha unido fuerzas para salvar la fundición que la empresa tiene en Legutio (Álava). Se trata de una parte de la compañía que mantenía encargos, pero que se vio arrastrada al cierre por las deudas acumuladas por todo el grupo tras la marcha de su principal cliente, Volkswagen. Ahora, medio centenar de trabajadores de los 192 con los que contaba la empresa –algunos superan las tres décadas de antigüe- dad en una compañía que ya ha cambiado tres veces de manos– quieren salvar parte del negocio. Los anteriores administradores, hasta la apertura del proceso concursal, ya habían iniciado a finales del año pasado un proceso de negociación para intentar salvar a través de un ERE una de las dos líneas de fundición (unos 48 trabajadores dejando fuera a otros 91 que había en Legutio). En ella, en lugar de atender encargos para la automoción, elaboraba piezas para clientes del sector ferroviario, de la maquinaria pesada y de los bienes industriales. Los trabajadores quieren formar una Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.), un modelo en el que como mínimo un 51% de la empresa debe ser propiedad de personas con contrato indefinido. Según apuntan, su propuesta «ha sido evaluada favorablemente desde el punto de vista técnico y económico y plantea una hoja de ruta realista para relanzar la empresa bajo una nueva estructura de gestión». Además del medio centenar de puestos directos, su iniciativa podría repercutir sobre otros 150 empleos de forma indirecta. Aunque la plantilla ya ha contactado con los clientes que podrían mantener sus pedidos, la última palabra queda en manos del administrador concursal que sigue estudiando la mejor salida para resolver la situación de la empresa.

A las dudas de los sindicatos por el futuro industrial de firmas de Aiaraldea como Tubos Reunidos o Maderas de Llodio, ELA sumó ayer a su lista de preocupaciones otra empresa más: Construcciones Metálicas Ayala. La calderería de Murga tiene a sus 25 trabajadores en ERTE desde el 30 de enero y los de Mitxel Lakuntza temen que esta empresa también eche abajo la persiana. Según la versión de la central, la compañía ha mandado a los trabajadores a casa durante tres meses porque no hay suficientes pedidos. «Durante el periodo de consultas del ERTE no nos han presentado ningún plan de viabilidad y el expediente es para el 100% de la plantilla y al 100% de la jornada», aseguró Ibon Caballero, portavoz de ELA. La compañía suele trabajar con un anticipo de seis o siete meses, ya que sus productos son grandes piezas industriales: caldererías de hornos industriales, tromeles (los tambores rotativos que se usan en actividades como la minería) y grandes tambores rotativos. De consumarse el cierre al que apunta ELA, serían 300 los empleos en juego en Aiaraldea, ya que se sumarían a los 274 trabajadores a los que Tubos Reunidos quiere despedir en la planta de Amurrio.

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) advirtió ayer a la Unión Europea de que se perderán inversiones y empleo industrial si no garantiza la prioridad del acero fabricado en Europa. La patronal europea del sector ha trasladado a los ministerios de Industria y de Economía su «seria preocupación» ante los últimos borradores del Industrial Accelerator Act de la UE, que podrían dejar fuera al acero de los mecanismos destinados a priorizar la compra de productos fabricados en Europa. Alertan de que si esto se confirma, la inversión se ralentizará, el empleo industrial se verá afectado y la UE aumentará su dependencia del acero producido en terceros países como China, «con menores estándares ambientales y fuertes apoyos públicos».

La alavesa AVS se prepara para volver al espacio. Los gigantes Leonardo y Thales, dos de las principales firmas europeas en los sectores aeroespacial y de defensa, han encargado a la compañía alavesa el desarrollo de la llamada ‘Constelación Canaria’, una red de cuatro satélites de entre 20 y 30 kilos que quiere desplegar el Cabildo de Tenerife para observar el espacio y la Tierra desde una órbita terrestre baja. El contrato licitado por el ente insular ha sido adjudicado por 21,3 millones a Telespazio, una alianza de la italiana Leonardo (que cuenta con el 67% del capital) y la francesa Thales (con un 33% de las acciones) que apuesta por AVS como «socio industrial». Juntos se encargarán de desarrollar una red de observación de la Tierra y el espacio que reportará 18 millones de euros de forma directa al Cabildo de Tenerife gracias a la comercialización de las imágenes que tomen los satélites alaveses. Los artefactos serán producidos en el territorio y lanzados por SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk, según confirman fuentes de AVS. El proyecto, según el gobierno de esa isla, supondrá la creación de entre 122 y 158 puestos de trabajo cualificados, algunos de ellos en Tenerife. ¿A qué se van a dedicar los satélites de AVS? Fundamentalmente, a monitorizar el estado de Canarias desde el espacio. Las instituciones buscan en las sondas de la firma vasca un aliado para hacer frente a emergencias como incendios, inundaciones o erupciones como la del volcán de La Palma. También servirá para observar desde el espacio fenómenos como el cambio climático, detectar vertidos en el mar o para optimizar los regadíos agrícolas, entre otras muchas funciones. 

Multiverse Computing, la empresa de moda en el universo cuántico y el primer ‘unicornio’ surgido en Gipuzkoa, y Orbik Cybersecurity, la ‘start up’ tecnológica nacida en el seno del centro tecnológico Ikerlan de la Corporación Mondragon, son dos de las muy pocas empresas que esta semana conforman la expedición española en India, donde se celebra un importantísimo foro internacional sobre Inteligencia Artificial. Ambas firmas forman parte de la delegación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que busca negocio en el país asiático. El objetivo de la expedición a la India AI Impact Summit 2026 es cautivar a empresas y autoridades locales desde la fortaleza y la solvencia técnica que presentan las empresas españolas presentes en la cita. En el marco del Año Dual España-India, el cofundador y CEO de Multiverse Computing, Enrique Lizaso Olmos, se unió hoy a la delegación tecnológica española que acompañó al presidente del Gobierno y al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en Nueva Delhi, donde se ha reunido con Ajay Kumar Sood, asesor científico principal del Gobierno de la India, junto con un destacado grupo de empresas tecnológicas españolas. Durante su visita, Lizaso tomó contacto con empresas e innovadores indios para «explorar nuevas colaboraciones y oportunidades en Inteligencia Artificial», dijo.

Si los datos sobre las viviendas protegidas que se terminaron en Euskadi el pasado año, y que el Gobierno vasco publicó a finales de año, no fueron buenos, los que hacen referencia a las VPO que han comenzado a edificarse en el territorio tampoco lo son. Pese a que la cifra de demandantes a la espera de un piso público supera ya las 103.000 personas, el ritmo de construcción no solo no ha aumentado, sino que se ha ralentizado respecto a 2024. La información a cierre de año la ha hecho pública el Departamento de Vivienda en la estadística sobre pisos iniciados y terminados que actualiza de manera periódica. Y la primera conclusión que se extrae es que el auge de los precios se produce, además, en un «contexto de contracción significativa de la actividad promotora». En primer lugar, el número de viviendas protegidas que han comenzado a construirse en 2025 es menor que en 2024, incluso cuando la necesidad es mayor. Según los datos de la consejería, el pasado año se comenzaron a edificar 1.395 casas en Euskadi frente a las 2.110 del ejercicio anterior, un 33,8% menos. Es el peor dato desde el año 2017, cuando apenas se arrancó la edificación de 1.091 pisos. Si bien es cierto que en 2020 la cifra total es menor, 1.022 inmuebles, fue un contexto marcado por la crisis sanitaria del covid. 

Los 25.505 créditos sobre viviendas que se firmaron desde enero hasta diciembre se traducen en un crecimiento del 22,5% respecto a los registros de 2024, y al mismo tiempo, según atestiguan los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), supone la cifra más alta desde 2010, cuando ésta fue de 30.230. No solamente crece el número de hipotecas, sino que también lo hace el precio medio de cada una. De tal manera, si a lo largo de 2024 cada préstamo tuvo un alcance medio de 159.808 euros, en este último año se elevó un 6,7% hasta los 170.476 euros. Para ello, las entidades prestaron un total de 4.348 millones, frente a los 3.328 millones del año anterior. Sea como sea, el año ha estado marcado por una intensa actividad que se explica por un cúmulo de factores. En primer lugar, la demanda para acceder a un inmueble sigue estando disparada entre la ciudadanía vasca. Solo hace falta ver los registros de Etxebide, el Servicio Vasco de Vivienda (creado por el Ejecutivo autonómico para gestionar el acceso a la vivienda protegida, ya sea en propiedad o alquiler), que en estos momentos tiene a más de 100.000 vascos apuntados. Por otra parte, cabe mencionar que las imparables subidas en el precio de la vivienda –según los últimos datos, un 9,8% en Euskadi en 2025– pudieron ser compensadas en parte por las mejores condiciones de financiación. La razón es el ciclo de bajadas de tipos ejecutado por el Banco Central Europeo, que implementó siete recortes consecutivos desde junio de 2024 hasta julio de 2025, momento en el que se fijaron en el 2%, nivel en el que permanecen desde entonces. Este fenómeno ha hecho que los bancos hayan tirado a la baja el precio de las hipotecas durante gran parte del año. 

La euforia colectiva por comprar pisos se hace sentir en la financiación que piden los españoles en la ventanilla de los bancos. Las entidades conceden hipotecas de un importe cada vez superior, ante la escalada de precios en un mercado en ebullición. Durante 2025 las familias españolas firmaron préstamos para adquirir vivienda por un importe de 80.044 millones de euros, esto es un 33% superior al año previo y el mayor crecimiento desde que hay registros, y con este importe se financió la compra de más de medio millón de viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los bancos no concedían tanto dinero para adquirir vivienda desde el año 2009, aunque por aquel entonces, se compraban 150.000 viviendas más con una financiación similar (de 77.000 millones de euros). Tras el bache de 2023, cuando los tipos de interés tocaron un máximo histórico en el 4,5%, el mercado hipotecario ha recuperado el pulso y en dos ejercicios aumenta cerca del 32% gracias al dinamismo del sector bancario, donde las entidades crecen a doble dígito en la concesión de nuevos préstamos, y gracias a tipos más amigables que rebajan las cuotas mensuales de los hipotecados. En el mes de diciembre el importe medio de los préstamos ascendió a 172.500 euros, un 13,5% por encima que un año atrás, según el último dato de diciembre. Es la cifra más alta registrada en los libros en sintonía con precios récord. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados ayer, el metro cuadrado alcanza los 2.230 euros, niveles nunca antes vistos. Con los precios en máximos históricos, cada transacción exige mayor esfuerzo financiero para acceder a una vivienda. Según Tinsa by Accumin, el esfuerzo a nivel nacional que los hogares hicieron en los últimos tres meses del 2025 fue de 34,5%, prácticamente el límite recomendado por los expertos. Sin embargo, ya son ocho provincias –con Málaga a la cabeza– en las que se destina más del umbral recomendado de su renta.

El Gobierno vasco quiere que el aprendizaje del euskera sea un mérito relevante a tener en cuenta, pero en ningún caso una obligación, para que los inmigrantes acogidos a la inminente regularización extraordinaria puedan renovar su permiso de residencia al cabo de un año. El Gabinete de Imanol Pradales ha presentado una alegación al decreto que está preparando el Ejecutivo central, con el que se estima que cerca de 20.000 migrantes regularizarán su situación en Euskadi, de manera que se incorpore el conocimiento de la lengua cooficial como «un elemento más de cohesión, de arraigo, de sentido de pertenencia y de mayor integración». La regularización extraordinaria de inmigrantes se trata de una iniciativa que el Gobierno de Pedro Sánchez lanzó en enero y que busca legalizar la situación de unas 500.000 personas extranjeras que ya viven en España; en concreto, a las que estuvieran antes del pasado 31 de diciembre y que puedan acreditar haber permanecido aquí al menos cinco meses de forma continuada. La medida se pondrá en marcha mediante un decreto, sin necesidad de que la avale la mayoría del Congreso, pero su tramitación exige un periodo de audiencia pública en el cual agentes como los gobiernos autonómicos puedan presentar sus alegaciones. Aprovechando esa ventana, la Generalitat liderada por Salvador Illa ha presentado una enmienda para que el conocimiento del catalán sea un requisito en la primera renovación del permiso de residencia. Esto quiere decir que, un año después de haber sido regularizados, los inmigrantes acogidos al decreto –se estima que en Cataluña, con una fuerte presencia de extranjeros, serán unos 150.000– deberían demostrar que se han iniciado en el aprendizaje de esa lengua. El paso lo toma el Govern del PSC, pero forma parte de un acuerdo del Pacto Nacional por la Lengua que integran partidos, sindicatos y asociaciones catalanas.

La UPV/EHU cerrará el próximo lunes el campus de Álava por la presencia de Vox, que ha convocado un acto en el paseo de la Universidad, un espacio público propiedad del Ayuntamiento. El evento ha sido contraprogramado por el sindicato estudiantil IAS, el antiguo Ikasle Abertzaleak, que ahora se sitúa en la órbita de GKS. Según ha anunciado la institución académica en un comunicado, se adoptarán una serie de medidas «preventivas» por «responsabilidad institucional» y a fin de «garantizar la seguridad» de la comunidad universitaria. En la práctica no habrá actividad presencial ese día. Toda la enseñanza se impartirá en la modalidad 'online' y se priorizará el trabajo del profesorado mediante el teletrabajo o el trabajo a distancia. Del mismo modo, se habilitará el teletrabajo o el trabajo a distancia para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, «garantizando todos los servicios», según precisa la nota de Rectorado. Estas medidas, señala la UPV/EHU, se han adoptado «ante el riesgo que supone el acto convocado para el 23 de febrero» por Vox y para «evitar que la EHU se vea mezclada en un acto externo a la Universidad». «El objetivo es garantizar la seguridad de todas las personas y crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan los principios de la Universidad», añade el comunicado. La institución académica asegura que el evento tiene como objetivo «conmemorar el 23-F».

Aernnova nombró este pasado miércoles nuevo consejero delegado al alemán André Wall. Se trata de un ingeniero nacido en 1964, con una experiencia de más de 30 años en el sector y que ha pasado por algunas de las firmas más importantes, como la germana MTU o la británica Rolls-Royce. Además, fue el responsable de la división técnica de Iberia entre 2016 y 2020, el área encargada del mantenimiento y operaciones técnicas de la aerolínea española. André Wall desempeñaba hasta ahora el puesto de consejero delegado de RUAG International y Beyond Gravity, una firma suiza con especial dedicación al espacio y que cuenta con participación pública.  Aernnova afronta un problema de rentabilidad que afecta a muchos fabricantes de aeroestructuras. Y es que, a pesar del crecimiento en pedidos y construcción de aeronaves, la presión de los costes ahoga los márgenes. En el caso de la firma alavesa pesa también una importante deuda de más de 600 millones tras las inversiones de crecimiento realizadas en los últimos años con la compra de instalaciones en Portugal y Reino Unido. Un refuerzo de su capacidad que sirve, precisamente, para afrontar la creciente demanda. El caso es que la firma alavesa cerró en 2024 –últimas cuentas presentadas– un segundo ejercicio consecutivo con pérdidas, que ascendieron a 16,98 millones acumulándose a los 17,5 de 2023 y frente a los 47 millones de ganancias obtenidas en 2022.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus obtuvo un beneficio neto récord de 5.221 millones de euros en 2025, un 23% más que el año anterior, gracias al aumento de las entregas de aviones comerciales por el tirón de la demanda y a la buena marcha del negocio de helicópteros. El CEO de Airbus, Guillaume Faury, calificó el ejercicio de “histórico” por la fortaleza de la demanda en todos los segmentos, pese a que la compañía debió manejar un “entorno operativo complejo”. Los ingresos aumentaron un 6%, hasta 73.420 millones, y el beneficio neto de explotación (ebit) ajustado creció un 33%, hasta 7.128 millones. Respecto al avión de transporte militar A400M, que se ensambla en Sevilla, Faury se mostró “optimista a medio y largo plazo”, aunque el año pasado no consiguió ningún nuevo contrato y Airbus tuvo que volver a anotar alguna provisión en sus cuentas. Por otro lado, el fabricante aeronáutico se ha visto obligado a reducir los objetivos de producción de su avión superventas A320 por el retraso en la entrega de motores de su proveedor Pratt & Whitney. Airbus espera ahora fabricar entre 70 y 75 aviones mensuales del citado modelo para finales de 2027, frente a los 75 estimados inicialmente. Por ese motivo, el grupo prevé entregar 870 aviones comerciales en 2026, menos de los 907 que anticipaba el mercado, aunque más de los 793 aviones de 2025.

Con unas ventas que subieron el año pasado en España un 12,9%, el foco se puso en Europa y en la caída de la producción nacional. “El año pasado tuvimos una de cal y otra de arena. Nos fue muy bien en ventas, con un crecimiento de mercado gracias en parte al efecto de la dana de Valencia, pero la producción de las fábricas españolas ha caído“, indicó el presidente de Anfac y máximo directivo de Renault en España, Josep Maria Recasens. El motivo es la caída de la demanda en Europa, que golpea especialmente a un país como España que exporta cerca del 90% de su producción. “Se han perdido unos 400.000 coches de producción al año en España, eso equivale a una planta menos”, alertó el directivo catalán, que estuvo acompañado en el evento por Ola Källenius, presidente de ACEA, la patronal europea de fabricantes de coches, y a la vez CEO de Mercedes-Benz. Ambos pusieron el foco en la redacción de la nueva regulación europea, que, se sabe, permitirá seguir vendiendo coches de combustión en 2035, al contrario de lo que se había anunciado. “Nadie está debatiendo el problema del cambio climático ni la neutralidad de carbono en 2050. El sector, incluyendo componentes y marcas de coches, ha invertido 300.000 millones de euros en los últimos cinco años para ir en esta dirección. 

Las subvenciones, los subsidios y los beneficios fiscales que China otorga a sus industrias estarían generando distorsiones en su economía –al generar una producción excesiva– y tensiones en los mercados internacionales, en forma de inundaciones de productos a bajo coste que administraciones como la Unión Europea tratan ahora de limitar mediante la imposición de tasas a los paquetes con un valor inferior a 150 euros o el incremento de los controles en sus aduanas. Estas son las principales conclusiones del informe anual Artículo IV sobre China, publicado esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que cifra en el 4% del PIB el presupuesto que el gobierno chino que lidera Xi Jinping destina a apoyar a sus sectores industriales prioritarios, como los productos tecnológicos, mediante subvenciones directas, beneficios fiscales o ventajas para acceder al crédito. Por poner de relieve la magnitud de este desembolso, los países de la UE destinan menos de la mitad de su Producto Interior Bruto, un 1,5%, a estas partidas. A pesar de que estas ayudas han supuesto un impulso a las empresas del gigante asiático, el informe del FMI señala que podrían convertirse en un importante freno al crecimiento desde este mismo año “debido a los efectos de los aranceles y a la incertidumbre comercial”. En este sentido, las previsiones del Fondo Monetario apuntan a que la economía china crecerá un 4,5% en 2026, frente al 5% del año pasado.

Repsol, que ya explicó al presidente estadounidense, Donald Trump, hace unas semanas su disposición a aumentar la producción de petróleo en Venezuela, ha puesto fecha ahora a este plan. En los próximos 12 meses, la producción de petróleo ya podría aumentar un 50%. Y en tres años se triplicará. En gas, la producción podría aumentar un 10% en un plazo de 12 a 18 meses. Así lo explicó ayer Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ante analistas financieros en la presentación de los resultados de 2025. Imaz se mostró “optimista” sobre el futuro de Venezuela, ante la etapa que se está abriendo tras la intervención del país por parte de EEUU. Tras esa intervención, que llevó a la detención del anterior presidente, Nicolás Maduro, Estados Unidos ha empezado a dar pasos para relanzar la industria venezolana de hidrocarburos, levantando el embargo que decretó hace un año. Repsol, una de las dos petroleras extranjeras con más intereses en Venezuela, obtuvo la pasada semana licencia para poder exportar. Venezuela ha sido siempre una de las grandes ambiciones de Repsol. Pero desde la nacionalización de los hidrocarburos por parte del Gobierno venezolano, en 2007, se convirtió en su peor pesadilla, ya que además de no poder extraer toda la producción que quería, tenía enormes problemas para cobrar. Con la era Trump, se abre un nuevo escenario prometedor. Imaz afirmó que Repsol tiene “la ambición” y ve recorrido para lograr sus objetivos. Venezuela se encuentra ahora, dijo, “en una situación significativamente mejor que hace dos meses”, ya que se está “abriendo una nueva ventana de oportunidad para un futuro mejor”. Repsol está “trabajando estrechamente” con las autoridades estadounidenses “en una dirección positiva”.

MasOrange se convertirá en “el gran motor de crecimiento del grupo Orange” durante los próximos tres años, según anunció la CEO de la multinacional francesa, Christel Heydemann. Durante la conferencia con analistas para presentar el nuevo plan estratégico Trust the future (2026-2028), la directiva certificó que la operadora española será plenamente reconsolidada en las cuentas del grupo en la primera mitad de 2026, un movimiento clave que “reforzará significativamente el perfil financiero” de la compañía a nivel global. Tras comprar el 50% del capital que no poseía a los socios de MásMóvil, las previsiones para MasOrange no pueden ser más optimistas: Heydemann proyecta un crecimiento de ingresos de un dígito bajo a medio (low to mid-single-digit) y un incremento del beneficio bruto operativo tras arrendamientos (ebitdaal) de un dígito bajo, lo que, sumado a una ratio de inversión (ecapex) sobre ventas del 12%, permitirá que el flujo de caja operativo de la filial española crezca a un ritmo anual compuesto de entre el 5% y el 9 % hasta 2028. La directiva enfatizó que al integrar el 100% de la filial española en las cuentas del grupo durante esta primera mitad de 2026, MasOrange deja de ser una joint venture externa para convertirse en el principal motor de flujo de caja y crecimiento de ingresos en Europa. Y ante las preguntas de los analistas sobre el mercado español, subrayó que la escala alcanzada por MasOrange es lo que permitirá al grupo alcanzar su ambicioso objetivo de 5.200 millones de euros de flujo de caja orgánico para 2028.

El Tribunal Supremo (TS) ha lanzado una advertencia al sector bancario en su gestión de las crisis empresariales. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil ha fijado un criterio importante para los concursos de acreedores.Las entidades financieras no pueden cerrar el grifo del crédito de forma unilateral e injustificada a una empresa en dificultades si existe un contrato vigente. Si lo hacen, y dicha asfixia financiera contribuye a la liquidación de la compañía, deberán indemnizarla por haberle robado la “oportunidad” de sobrevivir. El fallo supone un duro revés para prácticas de los departamentos de riesgos de la banca, que se inclinan por cortar la financiación –especialmente las líneas de descuento de papel comercial– en cuanto un cliente solicita el concurso de acreedores para minimizar su exposición. El Supremo determina ahora que esa decisión, si vulnera los compromisos contractuales previos, genera una responsabilidad patrimonial directa. Hasta ahora, la defensa legal de los bancos ante demandas de empresas liquidadas solía ser efectiva. Argumentaban que, dado que la compañía ya estaba en una situación crítica (concurso, deudas, caída de ventas o competencia feroz), el cierre era inevitable independientemente de la financiación. Los tribunales inferiores solían aceptar esta lógica, absolviendo a las entidades al no poder demostrarse con certeza absoluta que el crédito habría salvado el negocio. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desmontado este argumento mediante la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad. La sentencia establece que no es necesario que la empresa demuestre que seguro se habría salvado. Los magistrados consideran que basta con acreditar que existía una “probabilidad seria” de que el plan de viabilidad hubiera funcionado si los bancos hubieran cumplido su parte.

Los datos de la Oficina de Análisis Económico publicados ayer a primera hora revelan que el saldo comercial solo mejoró un 0,2% durante el año pasado, hasta los 901.469 millones de dólares, el equivalente a unos 766.500 millones de euros, uno de los mayores desde los años sesenta del siglo pasado. Las importaciones de bienes y servicios procedentes de otros países alcanzaron un nuevo máximo durante el año pasado a pesar de la agresiva política comercial del inquilino del Despacho Oval. Las compras al exterior ascendieron hasta los 4,33 billones, un 4,8% más que el año anterior. Por su parte, las ventas al terceros países también marcaron un nuevo récord con un volumen total de 3,43 billones, un 6,2% más. La propaganda arancelaria de Trump no parece haber solucionado aún el problema del enorme déficit comercial que buscaba subsanar, aunque es cierto que desde que se aprobaron los gravámenes en abril se percibe una ligera moderación del agujero comercial en comparación con 2024, pero muy lejos aún de las cifras de hace tres años.

Medios estadounidenses e israelíes, citando fuentes oficiales anónimas, alertaron de la inminencia del ataque a gran escala contra Irán. Pese a que Washington y Teherán han celebrado esta semana su segunda reunión indirecta, esta vez en Ginebra, y han alabado el clima «positivo» de esos encuentros, el diario ‘The New York Times’ publicó que «Donald Trump tiene la opción de emprender una acción militar contra Irán tan pronto como este fin de semana». Las cadenas CNN y CBS repitieron esta misma información y, como si de una guerra anunciada se tratara, sin importar el factor sorpresa, aseguraron que altos responsables de seguridad nacional han comunicado al presidente de EE UU que el ejército está preparado para atacar «a partir del sábado». El senador Lindsey Graham, cercano a Donald Trump y Benjamín Netanyahu, afirmó que la planificación militar está en marcha y que el punto de inflexión llegará «en cuestión de semanas». La guerra psicológica juega un papel clave y unos y otros enseñan sus cartas como forma de disuasión. Teherán ofrece indicidios de prepararse para la guerra. Imágenes por satélite muestran a grupos de trabajo enterrando instalaciones clave de su programa nuclear bajo toneladas de arena mientras el ejército persa continúa en máxima alerta. De hecho, su fuerza naval celebró ayer unas maniobras conjuntas con Rusia en aguas del Golfo de Omán y la parte norte del océano Índico con el fin de «desarrollar la cooperación marítima» y «reforzar las relaciones» entre las dos flotas.

El expríncipe Andrés salió ayer por la tarde de la comisaría de Norfolk (Inglaterra) a bordo de un vehículo, más de 10 horas después de su arresto policial por el caso Epstein. Un fotógrafo de Reuters captaba el rostro angustiado del hermano del rey, reclinado en el asiento trasero de un Range Rover, con el brillo rojo de unos ojos de gesto alterado, capturados por el flash de la cámara. Era la primera imagen pública de Andrés Mountbatten-Windsor, recluido durante todo el día en dependencias policiales mientras, en el exterior, la monarquía británica se enfrentaba a una crisis sin precedentes. La policía detuvo ayer durante más de 10 horas al expríncipe Andrés de Inglaterra por sus turbias relaciones y manejos con el multimillonario pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019. Se le acusa de conducta inapropiada en un cargo público, un delito castigado con penas que van desde unos meses de cárcel a prisión permanente, en función de la gravedad de cada caso. El arresto supone un terremoto que va camino de convertirse en la mayor crisis de la familia real británica. El rey Carlos III, hermano mayor de Andrés, difundió un comunicado en el que afirma: “He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público”. Poco después, añade: “La ley debe seguir su curso”.