20260202

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Euskadi celebra al mismo tiempo un récord de afiliados a la Seguridad Social con más de un millón de vascos trabajando con una caída en la recaudación del Impuesto de Sociedades del 17% en 2025. El tributo que grava la ganancia de las empresas se ha dejado 300 millones de euros el año pasado desentonando con una recaudación récord que creció un 11% hasta los 20.324 millones. Sociedades es, como explica un responsable de las haciendas vascas, «el impuesto más sensible». Es decir, reproduce de modo inmediato la realidad y dificultades de las compañías, a diferencia del IVA o el IRPF, que presentan comportamientos más graduales, explica. Así las cosas, su pinchazo revela, casi en tiempo real, cambios en el tejido empresarial.Desde la patronal vasca, Confebask, su responsable de Estudios Económicos, Pablo Martín, confirma que las firmas industriales «viven un estrechamiento de márgenes» marcado por una baja actividad de la UE, que rebaja la demanda impidiendo elevar los precios. Un cóctel que hace complicado digerir los costes de materias primas y energía que han subido para las empresas. Es decir, la desaceleración no ahoga el crecimiento que mantiene carga de trabajo y pedidos, pero las empresas no pueden impactar en sus productos las subidas de costes que se han ido acumulando desde la reactivación económica postpandemia. Eso sí, las penas van por barrios, y no tiene que nada que ver la situación en las pequeñas empresas o en las grandes, en el sector de servicios o en la industria. Y es que, como señala Martín, «el tamaño es clave», al igual que una presencia en mercados internacionales diversificada. El caso es que la incertidumbre sí está frenando inversiones en pequeñas firmas. Una alerta, que también señala el director del departamento de Estudios de Laboral Kutxa y profesor de la Universidad de Deusto, Joseba Madariaga. El economista, eso sí, aclara que esta situación no es genérica, sino que depende de los sectores. 

En espera del cierre de sus cifras del pasado año, los datos de 2024 –que Sidenor ha publicado recientemente– reflejan un claro frenazo del crecimiento del negocio, provocado en buena parte por la mala evolución de la automoción, su principal cliente. El grupo siderúrgico del empresario vasco José Antonio Jainaga registró una cifra de negocio de 838,6 millones de euros en 2024, un 10,6% por debajo del año precedente, y lejos de los mil millones de 2022, cuando disparó sus resultados aunque sin revalidar los niveles pre-Covid. 2024 fue precisamente el año en que Sidenor mostró su interés por hacerse con Talgo, iniciativa que materializó junto a otros inversores vascos a finales de 2025. En la memoria de sostenibilidad, Jainaga –presidente de Sidenor y ahora también de Talgo– da por buena esta evolución a la baja dada la incertidumbre que ha soportado el principal mercado del grupo siderúrgico: la industria del automóvil. El resultado de explotación se redujo en 2024 un 17% y se colocó en 26,3 millones y el beneficio neto bajó hasta 14,5 millones, con un recorte del 70% tras rozar los 50 millones en 2023 por ajustes fiscales. Pese a la bajada en ventas, la compañía ha mejorado su cuota en importantes destinos como Francia y Alemania; y está lejos de las posiciones “de extrema gravedad” de algún competidor. Jainaga apuesta por mantener la estrategia de diversificación en el actual clima de incertidumbre mundial. “No queremos depender de un solo sector (automoción); y la decisión de vender acero también a la industria eólica, la minería y el ferrocarril contrabalancea los riesgos de nuestro principal mercado y nos da una protección extraordinariamente eficaz frente a la evolución cíclica del automóvil”, destaca.

El grupo español Repsol figura entre las petroleras occidentales que inician el mes de febrero con el primer permiso de Donald Trump para operar con crudo venezolano, pero también con una advertencia de la oposición demócrata en EEUU. «Señor Imaz, le escribimos como miembros del Congreso de Estados Unidos para informarle de que cualquier medida que pueda estar tomando con la Casa Blanca de Trump en relación con el petróleo venezolano puede exponerles a usted y a sus accionistas a un importante riesgo legal y financiero a largo plazo». Así empieza la carta de advertencia a la que ha tenido acceso este diario que una docena de parlamentarios demócratas han remitido al consejero delegado de Repsol y a sus homólogos de hasta 21 empresas petroleras potenciales benificiarias de la caída de Maduro. También ha sido enviada a Mike Wright, presidente de Chevron, a Wael Sawan, el consejero delegado de Shell, o al italiano Claudio Descalzi, entre otros. Según la misiva, Imaz debe tener cuidado con lo que hace , porque, en su opinión, Trump está actuando sin base legal ni permiso del Congreso de EEUU. «Existe el riesgo de que los acuerdos [de Trump con Delcy] puedan ser impugnados como nulos o anulables en virtud de los principios sobre coacción del derecho internacional, incluidos los relacionados con la anulación de acuerdos obtenidos mediante la amenaza o el uso de la fuerza», recalcan al dirigente de Repsol y sus homólogos. «Por lo tanto, le instamos a que tenga en cuenta que es posible que el Congreso, una Administración posterior [en EEUU] o un futuro Gobierno venezolano intenten invalidar dichos acuerdos, y que la participación pueda suponer un riesgo legal y de cumplimiento para su empresa (...) cualquier garantía podría no ser reconocida por futuras administraciones estadounidenses». Y se despiden así de Imaz: «Le instamos a que se niegue a participar en transacciones o acuerdos basados en la autoridad que la Administración Trump afirma tener para controlar los activos petroleros venezolanos».

El optimismo inquebrantable del Gobierno alrededor del hidrógeno verde ha chocado estos días con un baño de realidad. La segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, el mecanismo estrella de Bruselas para impulsar este combustible limpio, no ha podido repartir casi el 80% del presupuesto disponible porque, a la hora de la verdad, muchas empresas ganadoras han renunciado a las ayudas. Seis proyectos, tres de ellos españoles, se han hecho con 270 millones. Pero lo que Bruselas ha oficializado como buenas noticias es, en realidad, un jarro de agua fría, pues la convocatoria estaba dotada con 1.200 millones. Es decir, casi cuatro de cada cinco euros del concurso han quedado sin adjudicar. «No es que no se presenten empresas, nos presentamos. Los fondos se adjudican, pero luego el modelo de acuerdo es tan imposible de cumplir que se renuncia masivamente», afirman desde una de las compañías participantes en el concurso. La subasta, ideada para acortar la brecha entre lo que cuesta realmente producir hidrógeno en Europa y lo que el consumidor está dispuesto a pagar, evidencia la dificultad de escalar una tecnología que aún lucha por ser viable. «El diseño de las subastas europeas ha puesto de manifiesto el problema. La falta de exigencia de garantías en las fases iniciales ha permitido que proyectos con baja madurez y viabilidad superen el primer corte», diagnostica Javier Ferrer, socio de McKinsey & Company. «Cuando llega el momento de aportar garantías financieras reales, muchos de ellos no tienen la capacidad de hacerlo y se retiran».

La Comisión de Competencia (CNMC) ha publicado una resolución sobre “especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de la demanda a las redes de transporte de electricidad”. Es el denominado “mapa de capacidad”. Esa resolución (la RDC/DE/008/25) sonaba a otro hiper tecnicismo sobre el mercado eléctrico, sin relevancia más allá de los ingenieros. De hecho, pasó prácticamente desapercibida para el mercado. Sin embargo, traducido a un lenguaje para que lo entiendan los casi 40 millones de clientes de luz que hay en España, el enunciado de la resolución se resume en dos palabras: “guerra total”. La RDC/DE/008/25 es el mayor bombardeo hasta ahora dentro de un conflicto que se viene larvando desde hace meses –sobre todo a raíz del apagón de abril de 2025– por culpa del penoso estado de saturación de las redes eléctricas en España. En apenas 13 páginas (5 de la resolución, y 8 de su memoria justificativa ), esa resolución condensa una batalla político-empresarial sin precedentes en España, ya totalmente desbocada y en la que de forma indiscriminada todos disparan contra todos, culpándose mutuamente de un problema de dimensiones multimillonarias, consecuencias imprevisibles y soluciones que no llegan. La resolución otorga tres meses de prórroga a Red Eléctrica (REE) –el gestor de las líneas de alta tensión en España– para que esta compañía, dependiente de la semiestatal Redeia, detalle qué nudos de la red de luz tienen capacidad para conectar a nuevos consumidores, entre ellos, a los data centers (CPDs o centros de procesamiento de datos), que son legión y esperan ansiosos puntos de acceso. Frente a la fecha tope prevista del 2 de febrero, ahora se plantea el 4 de mayo. Todo ello a petición de la propia REE, que culpa a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP –las eléctricas propietarias de las líneas de distribución, que llegan a casa de los usuarios–, de no facilitar el acuerdo para mapear la red.

Con una inversión media de 5.457 euros por persona inversora en criptoactivos durante 2025, nuestro territorio registra la cifra más conservadora de Euskadi, al quedarse 756 euros por debajo de la media vasca (6.222 euros) y muy alejada de los 7.013 euros de inversión media en Bizkaia, que concentra el 52,8% del total invertido en el País Vasco en criptodivisas. Gipuzkoa destaca por un perfil inversor un tanto diferente al de sus dos territorios vecinos. Es más joven y diversifica en sus carteras de criptoactivos, en un contexto donde el Bitcoin, protagonista indiscutible del mercado cripto, experimentó una montaña rusa el año pasado. Con más de 7,9 millones de euros invertidos, la Comunidad de Madrid lidera el ranking estatal de inversión en ‘criptos’ en 2025, seguida de la Comunidad Valenciana, con más de 4,4 millones de euros; Cataluña, con más de 3 millones de euros y Andalucía y País Vasco, con casi 2,5 millones de euros y más de un millón y medio de euros, respectivamente. Además, estas autonomías reúnen el mayor número de inversores, con una inversión media que se sitúa entre 3.800 euros y 8.700 euros, según Criptan, la plataforma de compraventa y ahorro de criptomonedas, que ha elaborado un ránking en el que ha analizado cuáles son las comunidades autónomas que más han invertido en las principales criptomonedas durante el 2025. En el lado contrario se sitúan comunidades como La Rioja, donde apenas llegan a los 100.000 euros invertidos, seguida de Navarra, que supera los 200.000 euros, y Asturias y Cantabria, que rondan los 300.000 euros.

El aeropuerto de Foronda se prepara para una temporada estival con el pasaje en ascenso y en previsión de alcanzar las cotas más altas de toda su trayectoria. Así se desprende de la programación con la que contará la instalación alavesa en la campaña que en la aviación comercial va de finales de marzo a finales de octubre, coincidiendo con los cambios de hora. A falta de dos meses para la entrada de la nueva estación, la terminal presenta un panel de operaciones donde ascienden a 8 los vuelos regulares y se multiplican los enlaces chárter con al menos una veintena. Un menú que eleva a 255.000 la oferta de asientos que lanzan las compañías si se suman las rutas regulares y las especiales. La cifra se sitúa un 15% por encima de las 220.000 plazas ofertadas en el idéntico periodo del ejercicio anterior, que se cerró igualando el récord histórico en pasaje en la infraestructura alavesa.

Algo se mueve en la clínica de la Virgen Blanca, ubicada en el bilbaíno barrio de Begoña. Su propietario, la aseguradora privada IMQ, ha iniciado los trámites urbanísticos necesarios ante el Ayuntamiento para que se le permita ampliar estas instalaciones. La petición se produce en un momento en el que el centro médico está pendiente de bajar la persiana en cuanto se materialice el traslado definitivo de los servicios que ofrece a la ciudadanía al cuartel general que la compañía tiene en Zorrozaurre, donde quiere centralizar su atención al paciente. Pero, ¿por qué iniciar ahora un complejo proceso que, de prosperar, permitiría construir más superficie en una clínica cuyo cierre anunció el propio IMQ en mayo del año pasado? La aseguradora evita hablar de este asunto. Se remite a lo explicado hace unos meses. En resumen, que la clínica se cierra y que no se sabe aún el futuro de la parcela. Entonces se dijo que no se descartaba segregar una parte para uso sanitario. Que todo estaba en el aire. «Estamos realizando una prospección de mercado para ver cuál es la mejor opción, tanto para la zona como para la empresa», aseguró Jorge Díez, director de Servicios Generales y Sociedades Participadas de IMQ. Lo que no se comentó en aquel momento es que se iba a solicitar permiso para que el edificio pueda crecer con 2.050 metros cuadrados más de los 9.000 que ya tiene. Una de las posibilidades es que el IMQ quiera vender la parcela a medio plazo y pueda así rentabilizar de una mejor manera el complejo a la hora de salir al mercado. La otra es que tenga ya un proyecto concreto en cartera y que necesite más espacio para llevarlo a cabo. 

Los colegios pugnan estos días por convencer a los padres para que les confíen la educación de sus hijos, una decisión trascendental. Los centros educativos multiplican su marketing para estar en todos los escaparates posibles: publicidad en el transporte público, anuncios en medios de comunicación, buzoneo... Las redes sociales son uno de los principales campos de batalla, con infinidad de vídeos promocionales. A fin de cuentas, muchas parejas jóvenes con hijos que el próximo curso accederán al aula de 2 años habitan la esfera digital .La pelea por atraer estudiantes afecta tanto a centros públicos como a concertados. Sin embargo, la campaña de la escuela pública suele ser unitaria, con videoclips y anuncios comunes a toda la red. En la concertada, en cambio, es más habitual que sea cada colegio el que busque ser atractivo y, para ello, diversifican al máximo su oferta educativa. Una cuña radiofónica anuncia estos días que las mercedarias de Leioa, por ejemplo, cuentan con aula de madrugadores para que los padres puedan dejar a sus hijos en el centro antes de ir a trabajar. También abren el aula de 2 años durante todo el mes de julio y ofrecen una batería de actividades extraescolares, servicios de comedor y transporte...

La progresiva caída de la natalidad y el menor número de alumnos se está dejando sentir también en Gipuzkoa. Los colegios del territorio han perdido más de cien aulas en los últimos cinco años. Este fenómeno afecta tanto a la red de escuelas públicas como a las concertadas, como se ha visto con el previsto cierre de La Anunciata de Donostia. Las aulas de los colegios de Gipuzkoa siguen vaciándose. Curso tras curso se constata que sobran sillas y pupitres porque cada vez hay menos niños, una situación que afecta por igual a los centros educativos de la red pública y a los de la concertada – ikastolas y Kristau Eskola–. La caída de la natalidad es implacable y se deja sentir, sobre todo, en la educación. Para muestra, el reciente cierre del colegio concertado de La Anunciata, en Donostia, que adelantó este periódico y deja situación comprometida a las familias de los 213 alumnos que estudian en sus instalaciones en este curso. A esta noticia se suma que el departamento vasco de Educación, según ha podido saber este periódico, ha retirado al colegio público Katalina Erauso, en el barrio de Amara en Donostia, el aula de dos años para el curso 26/27, abocando así al centro, que recibe en sus aulas a una importante cantidad de alumnos migrantes o de origen migrante, a una futura desaparición. La escuela, que cuenta con una clase por curso y hasta ahora ofrecía formación desde los 2 a los 12 años, pierde así buena parte de su atractivo para las familias, al quedarse sin la opción de matricular en el primer ciclo de Infantil. Lucía Torrealday, viceconsejera de Políticas Educativas y mano derecha de la consejera, Begoña Pedrosa, ya reconoció el pasado 23 de enero en una intervención en la televisión pública vasca que «el departamento está trabajando en un proceso de integración de centros públicos en Donostia. Si no es para el siguiente curso – la fusión–, será para el siguiente » , afirmó.

Caixabank ha presentado su Plan Estratégico 2025- 2027 en el que uno de sus objetivos es crecer en Euskadi, territorio que consideran ya una referencia para la entidad. Así lo ha asegurado el consejero delegado de la entidad bancaria catalana, Gonzalo Gortázar, tras anunciar su objetivo global en España de elevar el crecimiento del volumen de negocio que se debe alcanzar a cerca del 6%, frente al 4% que tenía hasta ahora. Con 146 oficinas en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, Caixabank detecta un crecimiento de préstamos hipotecarios y de nóminas domiciliadas, por lo que aspira a más. Todo ello, en un contexto positivo global para el Banco en España, que ha presentado los resultados de 2025, ejercicio en el que el banco ganó 5.891 millones de euros, un 1,8% más, y en la que Gortázar destacó que esta revisión de retos se debe a que los resultados de 2025 han « permitido superar ampliamente » los objetivos que había hasta ahora.

El accidente de Adamuz (Córdoba) ha echado por tierra los años de éxito que vivía el sector del ferrocarril en España, con más trenes que nunca circulando por las vías y con récord histórico de pasajeros. A nivel empresarial el accidente ha tenido unas consecuencias claras: la pérdida de confianza a montar en tren y la factura que asumen las operadoras, tanto por la cancelación de cientos de trenes a Andalucía como por las indemnizaciones por retrasos en el resto de las vías. Como es lógico, la línea entre Madrid y Andalucía quedó suspendida en el mismo momento del accidente de forma indefinida y, por tanto, todos los viajes cancelados. El ministro Óscar Puente indicó en un primer momento que se restablecería el tráfico el lunes 2 de febrero, dos semanas después de la tragedia. Sin embargo, este plazo se ha extendido, al menos, hasta el día 7. En total, tres semanas completas sin servicio, lo que se traduce en más de medio millón de viajes cancelados en 21 días. El último informe trimestral de la CNMC determina un ticket medio de 33 euros en la ruta Madrid-Sevilla, lo que supone más de un millón de euros al día de pérdidas para las operadoras y más de 20 millones en todo el periodo. Cada empresa tiene un flujo distinto entre ambas comunidades, pero los cálculos de este periódico apuntan a unos 32.000 billetes al día anulados en total. Si la suspensión del trayecto dura las tres semanas previstas son 640.000 viajes que las tres operadoras han tenido que cancelar –y devolver el importe íntegro– o no sacar a la venta. Además se suman los retrasos que registran el resto de líneas desde el día del accidente, sobre todo el Madrid-Barcelona, lo que activa la devolución de los billetes por demora, que las tres compañías tienen fijada en 60 minutos para la mitad del importe y de 90 minutos, para el coste completo.

El accidente de Adamuz ha abierto algunos incómodos debates ferroviarios. El primero, sobre la propia seguridad de la vía (¿Son suficientes los controles que se hacen sobre los trazados? ¿Por qué no se detectó nada? ¿Hay un problema con los materiales?). El segundo, muy relacionado, sobre el presupuesto que se destina a mantenimiento (¿Es el adecuado en un momento en el que las vías sufren una fatiga mucho mayor que antes de la liberalización?). Y el tercero, precisamente, sobre la propia liberalización. Abrir el servicio a otras compañías ha tenido indudables beneficios de cara al usuario: ha servido para bajar los precios allí donde se ha desplegado, pero la entrada de las estatales Iryo (Italia) y Ouigo (Francia) aún no se ha visto compensada con un despliegue de Renfe equitativo en estos países. Las críticas al modelo han arreciado tras el accidente y mientras el Ministerio de Óscar Puente y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) avanzan en las pesquisas, la segunda fase de la liberalización, que debía desbloquearse en este arranque de año, ha entrado en stand by. «No es el momento», admiten fuentes conocedoras del proceso.

Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han colocado en el punto de mira a los pisos turísticos, a los que acusan de ser uno de los causantes de la crisis de acceso a la vivienda en las dos capitales, que registran precios de venta y alquiler en máximos y cuentan con una oferta en mínimos históricos. La estrategia de los consistorios para abordar el problema, sin embargo, ha sido diferente. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha comprometido a eliminar todas las licencias de viviendas de uso turístico (10.000 en la actualidad) en 2028. Esto convertiría a la capital catalana en la primera ciudad europea en prohibir los pisos turísticos y en la segunda del mundo, tras Nueva York, en la que esa oferta alojativa estaría prohibida. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, activó el plan Reside en agosto, que prohíbe las viviendas de uso turístico en el centro de la ciudad y las limita a edificios enteros en los que no comparta uso con el residencial. Este plan, unido a la creación del registro único de alquileres y a la labor inspectora municipal para sacar la oferta ilegal, ha provocado que el número de licencias haya descendido un 30%, desde las 9.848 de marzo de 2025 hasta las 6.620 de enero de 2026, según los últimos datos facilitados por el consistorio madrileño. El Ayuntamiento de la capital catalana calcula, apoyado en un informe del Instituto de Economía de Barcelona, que una vez desaparecidas las 10.000 licencias de pisos turísticos, el regreso de esas viviendas al parque residencial provocará una caída del precio del alquiler del 10% y del de compraventa de 22.400 euros. Un optimismo que no comparten ni los inquilinos ni los propietarios de estos pisos, tanto en Barcelona como en Madrid.

El Fondo Noruego de Pensiones, considerado el mayor fondo soberano del mundo, tiene invertidos 285.085 millones de coronas (24.765 millones de euros) en el mercado español, un 21% más que hace un año, según los datos de cierre del ejercicio 2025 facilitados por su gestora Norges Bank Investment Management (Nbim). El Fondo invierte con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) los ingresos que el Estado obtiene de la venta de petróleo y gas para garantizar las pensiones futuras de los ciudadanos del país nórdico. El grueso de la inversión en España, que representa el 1,3% de su cartera total a nivel global, está centrado en la renta variable. El Fondo Noruego de Pensiones tiene 15.745 millones de euros en 49 empresas que cotizan en la Bolsa española, un 34% más, incluidas ArcelorMittal, Coca-Cola Europacific Partners o IAG (el hólding aéreo de Iberia y British Airways), que no tienen sede operativa en España. El vehículo inversor noruego ha salido en el último año de cotizadas como Solaria, PharmaMar, CAF, Línea Directa, Ence, Atresmedia, Dia, FCC, Global Dominion, Prosegur Cash o Inmocemento, o de sociedades que han sido excluidas de Bolsa como Lar España o Minor Hotels.

Alemania quiere imponer una «Europa de dos velocidades». No es un concepto ni mucho menos novedoso y se ha intentado aplicarlo, en mayor o menor medida, en diferentes momentos históricos o ámbitos. Pero el último intento de Berlín es, probablemente, mucho más transformador porque lo que busca es, directamente, que un grupo reducido de países tome decisiones trascendentales y, muy importante, rápidas. De manera mucho más ágil, porque uno de los grandes problemas de la Unión Europea es su lentitud en los procesos. «Ahora es el momento de una Europa de dos velocidades», aseguró la semana pasada el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, en un acto en Berlín. «Para sobrevivir en una situación geopolítica cada vez más impredecible, Europa debe volverse más fuerte y más resiliente», incidió en una carta que, según informó Reuters, remitió a Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia. La intención de Alemania es que las seis grandes economías sean las que tomen esas decisiones. Y, de hecho, los ministros de Finanzas de estas naciones ya se reunieron de manera telemática el pasado miércoles. El objetivo, según explicó el Ministerio de Economía español, fue «identificar y acelerar proyectos clave de la agenda de la UE para construir una Europa más fuerte y resiliente».

El oro está en subida libre y, salvo catástrofe económica, no parece haber motivos para que detenga su ascenso, aunque lo haga a un ritmo mucho más pausado que el visto hasta ahora. Su precio registró una corrección este viernes, pero aun así ha trepado en el primer mes del año cerca del 20%, en su mejor enero desde 1980. El avance llega después de tres años al alza en los que ha pasado de 1.900 a 5.500 dólares la onza. Su ascenso está sostenido tanto por los bancos centrales como por una masa de inversores institucionales que buscan rebajar su exposición al dólar y a los activos estadounidenses en un mundo en el que el epicentro de los riesgos geopolíticos —y también financieros— está en Estados Unidos. ¿Pero hay oro para tanta demanda? El oro es sinónimo de dinero desde tiempos inmemoriales a causa, sobre todo, de su escasez. Con la subida de los precios las compañías mineras apenas han elevado la oferta: suministraron al mercado el pasado año un total de 3.598 toneladas de oro, en línea con la producción del año anterior, según datos del World Gold Council, organización internacional formada por el sector minero y referente obligado entre economistas e inversores. A ello se suma el oro reciclado, procedente del procesamiento de joyas o de componentes electrónicos, y que en 2025 representó cerca del 30% del suministro mundial, unas 1.400 toneladas. “Aproximadamente tres cuartas partes de la demanda se satisfacen con oro recién extraído, pero la oferta aumenta poco, lo que proporciona un contexto favorable a largo plazo para el mercado”. 

Francisco Blanch, responsable global de materias primas y derivados de Bank of America (BofA), indica en una entrevista que la fuerte volatilidad de los precios de oro y petróleo se explica sobre todo por la “fractura geopolítica” y la “ruptura de la confianza global”, lo que ha llevado a una acumulación de commodities por países como China y un aluvión de inversores financieros. En el caso del oro, Blanch explica que a las elevadas compras por parte de los bancos centrales desde la invasión de Ucrania, ahora se ha sumado un flujo de inversores que quieren diversificar o proteger riesgos, colocando en onzas parte de sus carteras o de los dividendos que reciben por otros activos. “El oro se ha convertido en una protección o cobertura para cualquier riesgo, sea el exceso de déficits fiscales, la inflación, la geopolítica o una corrección bursátil si pincha la IA”, señala Blanch. BofA preveía un precio de 5.000 dólares por onza para final de este año, nivel que rebasó en las primeras semanas de 2026 hasta llegar a los 5.600 dólares, aunque se desplomó al final de la semana pasada tras el nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, hasta los 4.900 dólares. Aún así, está un 90% por encima de su nivel hace un año. “Todo tiene un límite gravitacional y no se puede volar indefinidamente”, recuerda Blanch. “Pero lo cierto es que este año hemos visto unas subidas muy fuertes del oro y de la plata en el primer mes del año, lo que es completamente excepcional. Nosotros pensamos que esta subida con aumento de volatilidad empieza a dar un poco de vértigo. No quiere decir que no esté fundamentada, no quiere decir que no haya razones para tener oro en cartera, pero una subida tan fuerte da un poco de vértigo”.

El acuerdo comercial recientemente firmado entre la Unión Europea e India es el último capítulo del intento de las potencias medianas de cerrar alianzas para reducir su dependencia de las dos grandes superpotencias: Estados Unidos y China, en plena sacudida del tablero geoestratégico y el orden internacional. En ese contexto se enmarca también el acuerdo europeo con Mercosur y otros en ciernes. Canadá también busca reorientar su política comercial para depender menos de EE UU. La letra, hasta con cierta épica, la puso el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos el 20 de enero. Los hechos, en cambio, venían produciéndose desde hace más de un año: potencias medianas en el orden internacional buscando y llegando a acuerdos, sobre todo comerciales, para reducir la dependencia de las grandes, es decir, EE UU y China. Hace solo unos días se vio el último capítulo de este fenómeno en Nueva Delhi: la UE y la India firmaron un acuerdo comercial tras casi 20 años de negociaciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo llamó “la madre de todos los acuerdos”. Sin la grandilocuencia de esas palabras, la UE lleva meses cerrando pactos comerciales con el objetivo de reducir una dependencia que también ha sido palmaria en este mismo tiempo: en tierras raras y materias primas críticas poco se puede hacer ahora sin pasar por China.