20260428

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

La delicada situación de la compañía, asfixiada por una deuda de 263 millones, y el conflicto laboral que atraviesa pueden provocar, según la firma, que el cobro de nóminas «más allá de mayo» esté en peligro. Tubos Reunidos se asoma al abismo. Después de varias semanas de vaivenes, la compañía ultima ya la presentación de un concurso de acreedores. Según avanzó ‘El Confidencial’, la tubera está siendo asesorada por el despacho Uría Menéndez para dar este paso, que llevaría a la compañía a una gestión judicializada. Una vez ha trascendido esta cuestión, la cotización de Tubos Reunidos se está hundiendo en Bolsa. En los primeros minutos tras la apertura de los mercados, el valor de las acciones de la empresa se ha desplomado un 40,63%, hasta los 13,3 céntimos por cada título. Después, la acción recuperó algo de valor, aunque acabó cerrando la sesión con una caída del 36,61%. Sorprendentemente, la CNMV no intervino para suspender la cotización de la firma alavesa. La situación podría forzar a la tubera a acelerar sus pasos para una medida que, según fuentes consultadas por este diario, se preveía abordar en mayo. La compañía, asfixiada por una deuda de 263 millones, lleva desde principios de año trabajando en un plan de viabilidad que incluye tres medidas: reajuste de plantilla a través del ERE, reestructuración de la deuda y búsqueda de nuevos inversores. Hasta la fecha, sin embargo, sólo se ha conseguido poner en marcha un despido colectivo que afecta a 240 trabajadores y que la mayoría de los sindicatos han judicializado en los tribunales. Cabe recordar que tanto el informe de auditoría de EY como el de Inspección de Trabajo han alertado de la compleja situación de la empresa. La amenaza de un proceso concursal en Tubos Reunidos ya figuraba en la mente de los sindicatos, pero estos todavía no dan la decisión por aprobada después de que ayer la dirección de la empresa les asegurara durante un encuentro mantenido por la mañana en la sede de Bilbao que aún no han decidido nada sobre el concurso.

El grupo vasco Tubos Reunidos ultima un concurso de acreedores que ha encendido todas las alarmas de las instituciones vascas. El fabricante vasco con empresas en Amurrio e Iruña de Oca (Álava), Trápaga (Bizkaia) y en Houston (Texas) arrastra una deuda financiera de 263,2 millones de euros. El acreedor principal con casi 150 millones de euros es la Sepi que hace solo cinco años autorizó un préstamo participativo de 112,8 millones de euros para financiar un plan de viabilidad. El PNV, que presionó en 2021 al Ejecutivo de Sánchez para lograr esta ayuda, pretendía que la Sepi condonara la deuda de 112,8 millones en el decreto de ayudas por la guerra de Irán y pretende ahora que Sepi garantice al menos la continuidad de la mayor parte de los 1.300 empleados de las dos factorías en el País Vasco. La posiblidad -cada día más cercana- de que Tubos Reunidos pase a ser controlada por un administrador concursal ha encendido todas las alarmas institucionales porque el grupo Tubos Reunidos cuenta con unos 1.300 empleados y su fábrica más importante se encuentra en la comarca de Ayala, la zona industrial más golpeada por los efectos de las crisis de las guerras en Ucrania, primero, y en Irán, después. Dos informes realizados por la auditora Ernst & Young y por la Inspección del Trabajo del Gobierno vasco han advertido en las últimas semanas sobre las «dudas significativas» de la continuidad de la empresa y la existencia de «causas de disolución» por un «deterioro significativo» de sus resultados desde 2023.

El conglomerado industrial extremeño CL Grupo Industrial (antigua Cristian Lay) ha puesto sobre la mesa una oferta vinculante de 39.324.461,02 euros para adquirir la unidad productiva de Papresa en el marco de su concurso de acreedores. La operación del grupo dirigido como CEO por Víctor Leal consiste en un rescate estructurado al milímetro que garantiza la subrogación exacta de 148 trabajadores, el 72,2% del total de la plantilla (un 79,1% de los empleados directos de PM5 y PM6 -técnicos de las máquinas de papel y embalaje, en su mayoría- y un 59,2% de los empleados de servicios centrales y corporativos). Cabe recordar que también existe el interés de una «sociedad empresarial vasca» para hacerse con la papelera de Errenteria ya que, según señaló el comité el pasado viernes, estos interesados han trasladado a los trabajadores su «voluntad de presentar una propuesta de adquisición». En cualquier caso, el extenso documento legal de la propuesta de la antigua Cristian Lay, de 411 páginas y al que ha tenido acceso DV, recoge que el importe total de la adquisición se desgrana en un pago en metálico al contado de tres millones de euros, la asunción de 14,35 millones correspondientes a los contratos de arrendamiento financiero de las máquinas principales (PM5 y PM6), siete millones para liquidar el crédito de urgencia del fondo Credion, 2,14 millones para abonar facturas a proveedores críticos y 12,82 millones destinados a cubrir los pasivos laborales implícitos de la plantilla rescatada.

Costes energéticos al alza, una difícil transición al vehículo electrificado o una competencia china cada vez más amenazante. Estos factores han hecho que la situación de la automoción europea no invite al optimismo y que a su vez ponga en entredicho la actividad empresarial de un sector crucial para la economía del bloque. En este contexto, la hoja de ruta diseñada por Teknia para capear el temporal se basa en aumentar su rentabilidad y mejorar su eficiencia operativa. La multinacional vasca especializada en la fabricación de componentes metálicos y plásticos redujo su beneficio neto en un 61% hasta los 1,2 millones de euros en 2025. Sin embargo, este resultado estuvo marcado por las desinversiones que el grupo ha llevado a cabo en Turquía y Alemania. El proceso de paralizar la actividad industrial en las plantas de Gebze y Stuttgart –operaciones enmarcadas en el ‘Plan Elcano’ para reordenar la capacidad operativa– tuvo un coste no recurrente de 8,9 millones, por lo que el resultado neto habría ascendido a 10,1 millones de euros (un 98% más que en 2024) de no ser por estas operaciones, según aseguraron ayer desde la compañía. Como resultado de esta reorganización, la plantilla de Teknia se redujo en un 7,5% en 2025 hasta situarse en cerca de 3.300 personas. El consejero delegado de la firma, Javier Quesada, destacó que durante el año pasado tuvieron que tomar decisiones «muy duras», como la paralización de estas dos plantas. Sin embargo, a pesar de esta situación «marcada por las dificultades del sector en algunos mercados», aseguró que «hemos seguido generando caja y preservando la rentabilidad, con resultado neto positivo y garantizando la competitividad futura de la compañía».

El número de concursos públicos que se quedan desiertos en Euskadi es cada vez mayor debido a la falta de ofertas. El año pasado se quedaron paralizados 216,5 millones de euros de las arcas públicas por no encontrar empresas que ejecuten los contratos. Así lo revela un informe elaborado por ‘Intescia-Doubletrade’, desde donde aseveran que el temor de las compañías por el hecho de que los contratos a largo plazo queden infrapagados ha generado una situación «insostenible». En este escenario, fuentes de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción) señalan que el incremento de licitaciones desiertas se debe fundamentalmente a la escalada de costes de los materiales desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, lo que también trajo consigo problemas de abastecimiento. De hecho, en 2021 el importe de las licitaciones desiertas en el País Vasco llegó a 155 millones, un 28% menos que en la actualidad. Desde la CNC explican que «hay constructoras que se piensan si entrar a una obra porque no saben qué precio tendrá el aluminio o el acero dentro de tres meses». Si bien esta situación adquiere un carácter más estructural que coyuntural, se ha visto agravada por el inicio de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz (por donde transita el 20% del comercio global de petróleo e hidrocarburos). El‘shock’energético se ha trasladado directamente a los costes de producción en la construcción y eso está provocando «la paralización de miles de obras y servicios».

En un momento en el que la ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) cumple 30 años desde su entrada en vigor, los accidentes laborales presentan una caída acumulada de la siniestralidad del 56% en las últimas dos décadas. De 85 accidentes por cada mil personas trabajadoras en el año 2000, los datos se han reducido a 37 en 2024. El año pasado también se registró una bajada en la comparativa anual, con menos accidentes leves y graves, aunque se contabilizaron dos siniestros mortales más; en total, los 36.011 siniestros contabilizados dejaron 24 fallecidos en el puesto de trabajo. Este martes se celebra el día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y lo hace con una Euskadi en la que se evidencia una reducción de accidentes laborales -el año pasado cayeron un 6,5%- pero suben las bajas por incapacidad temporal (IT) motivadas por los trastornos musculoesqueléticos y por unos riesgos psicosociales que van al alza. Así lo han destacado este lunes la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Elena Pérez Barredo, y la directora del instituto vasco de seguridad laboral Osalan, Lourdes Iscar, durante la presentación de su campaña de sensibilización que apuesta por impulsar el bienestar integral (físico, mental y social) en los centros de trabajo. Las bajas por incapacidad temporal se mantienen al alza y lo hacen especialmente por motivos musculoesqueléticos, que suponen en torno al 85% de todas las causas, y de unas causas psicosociales que se han disparado vinculadas al estrés, las mayores exigencias emocionales, los ritmos más intensos y una mayor precariedad que derivan en bajas prolongadas y un deterioro progresivo de la calidad de vida, con un mayor impacto en los sectores feminizados. Aunque todavía hace falta aflorar si las causas de estas bajas radican en los puestos de trabajo, los datos llevan a la institución vasca a poner un mayor foco en la prevención con entornos laborales seguros, saludables y sostenibles.

La Formación Profesional vasca contará con una importante novedad de cara al próximo curso 2026/27, cuyo proceso de matriculación arrancará el próximo 4 de mayo. Según se desprende de una disposición oficial firmada por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, a partir del siguiente año se tendrá en cuenta más todavía el papel de la mujer en las aulas y, para ello, por primera vez «se va a reservar el 50% de las plazas para el alumnado femenino en aquellos colectivos con más de una plaza asignada». Conviene explicar que esta es una medida parcial y condicionada, ya que «solo se va a aplicar dentro de ciertos cupos o colectivos». La misma, reza el documento, «se efectuará después de previamente aplicar otras reservas», como las destinadas a los alumnos con necesidades educativas especiales (5%), con discapacidad (5%) o aquellos que sean considerados deportistas de alto nivel (5%). Por poner un ejemplo práctico, si en un ciclo de FP hay 25 plazas, tres se reservarían para estos colectivos y de las 22 restantes, 11 de ellas estarían guardadas para mujeres. La medida intenta equilibrar la presencia de hombres y mujeres en este sistema educativo, pero no va a bloquear plazas ni va a dejar huecos vacíos si no hay chicas suficientes. Este curso en los ciclos técnicos e industriales la presencia de alumnado femenino apenas ha superado el 12% en Euskadi.

«Esto es mucho más que una simple piscifactoría», avisó el lehendakari. ‘Esto’ es la vieja central nuclear de Lemoiz, mole de hierro y hormigón en un enclave inspirador, vestigio de otro tiempo. El enorme complejo comenzó a construirse hace más de cinco décadas pero nunca llegó a utilizarse. Remite a un momento histórico de «dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje», añadió Imanol Pradales. Es, en fin, «una herencia incómoda». Desde hace casi una década el Gobierno vasco está dándole vueltas a la idea de utilizar esa infraestructura –que es de su propiedad desde 2019– para otros fines. La cuestión es que considera inviable su desmantelamiento, es decir, renaturalizar la zona, al estar conformada la instalación por «ocho millones de metros cúbicos de cemento y mil toneladas de hierro que no se pueden mover». La idea siempre ha sido aprovechar su contacto con el Cantábrico para montar una piscifactoría. En realidad, insistió el lehendakari, algo más que eso. Se trata de que en sus instalaciones se lleve a cabo la gran mayoría de la cadena de valor, combinando la producción de pescado con la investigación y el desarrollo. Pradales presentó el proyecto Basordas ayer en la propia central de Lemoiz, donde avanzó que ahí se trabajará desde la genética hasta la cría, siguiendo con el engorde, la preparación y la «transformación del lenguado». Es decir, casi todo. La iniciativa tiene vocación exportadora en un momento en el que la proteína de pescado es muy demandada por el mercado a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que la acuicultura es el modo más eficiente de producir pescados sin terminar de esquilmar los océanos.

Mirai Investments, el ‘holding’ empresarial de José Antonio Jainaga, entra en el mundo de la cosmética con la creación de Labery. El objetivo de esta nueva división es desarrollar y fabricar productos cosméticos para terceros. Labery está integrada por la recién adquirida empresa catalana Ternum y por Cosmeprint, Laboratorios Coper y Jumsa. Operará como un fabricante y desarrollador para terceros con capacidades ‘full service’, gestionando cada fase del proceso, desde la ideación y formulación iniciales hasta el envasado y logística final. Este modelo, indicó la compañía en un comunicado, permitirá optimizar procesos, ofrecer un soporte integral y garantizar soluciones competitivas a medida para los clientes más exigentes. Se prevé que Labery facture más de 25 millones en 2026. Ternum, por su parte, cuenta con más de 30 años de experiencia en I+D+i para el desarrollo de productos de cosmética y cuidado personal.

Cámara de Gipuzkoa y Diputación, junto a veinte empresas del territorio, iniciaron ayer una misión estratégica en Marruecos que se desarrollará hasta el jueves para buscar oportunidades de negocio y colaboración, en el marco de la búsqueda de nuevos mercados alternativos tras la guerra arancelaria de EE UU. El viaje se centra en las regiones de Casablanca y Tánger-Kenitra, considerados dos de los principales motores económicos e industriales del país norteafricano. Sectores como la automoción, la aeronáutica, las energías renovables, la logística o las infraestructuras presentan un especial interés y oportunidades de colaboración para el tejido empresarial de Gipuzkoa, tanto en términos de inversión como de cooperación industrial y desarrollo de negocio, destacan las dos entidades impulsoras. Cámara y Diputación explican que Marruecos se ha consolidado en los últimos años como un mercado «estratégico» en el norte de África, con un «fuerte crecimiento industrial y una posición geográfica clave como puente entre Europa y África». Las 20 empresas que participan en la misión son: Talleres Arreche, Silam, Ibarmia, Algeposa, Euskabea, Gurelan, Cauchopren, Likale, Elay, Echemar, Iraupen, Arina, Elmubas, Oilgear, Safeloc, Ulma Handling, Erlo, Jamai, Fagor Arrasate y Andrés Eizaguirre. Se trata de compañías de distintos sectores, con una presencia destacada de empresas del ámbito multisectorial y de la automoción, además de otras vinculadas a la siderurgia, la aeronáutica y la subcontratación industrial.

El jueves a mediodía termina el plazo para registrar enmiendas a sus respectivas proposiciones de ley, pero en paralelo la coalición soberanista está empezando a abrir un debate mucho más amplio sobre la política lingüística en Euskadi. Y es que, a su juicio, el proceso de revitalización está «agotado» y «si no se hace nada radical» desde ya, ese «estancamiento» dará paso a una «recesión». La formación de Arnaldo Otegi ha presentado este lunes el resultado de un proceso interno que las bases ratificaron en votación el fin de semana con el 97,3% de los apoyos. La secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, y el responsable de Normalización Lingüística, Josu Aztiria, han desgranado un documento de conclusiones titulado ‘Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización’ en el que se advierten desafíos como la globalización o la falta de consensos, aunque también se critican las políticas desarrolladas hasta ahora; en gran medida, a manos del PNV, al que se acusa de instaurar una «racionalidad neoliberal». La hoja de ruta presentada por la principal fuerza de la oposición va mucho más allá de las plazas públicas y las OPE. De hecho, también se adentra en el otro terreno laboral: el privado. Incide en la necesidad de que la lengua vasca tenga una «presencia competitiva» en el mundo empresarial e industrial y propone «un régimen que posibilite que todas las empresas de más de un determinado tamaño –no especifica cuál en concreto– dispongan de estrategias de acogida y gestión lingüística». También habla de establecer «obligaciones» a las compañías privadas «en función de su tamaño, facturación e impacto económico» en lo relativo a sus relaciones con los consumidores.

Maialen Beloki será la nueva directora del Zinemaldia a partir del 1 de enero de 2027 en sustitución de José Luis Rebordinos, que abandonará el cargo a final de año por jubilación. Beloki (Donostia, 1983), subdirectora del certamen desde 2016, será la primera mujer directora en la historia del Festival, creado en 1953. A ella le tocará estar al frente del certamen cuando se celebre la 75 edición, la edición de ‘brillantes’. La elección de Maialen Beloki fue aprobada ayer por el Consejo de Administración del Zinemaldia. Rebordinos, director desde 2011, que abandonará el certamen el 31 de diciembre después de cumplir los 65 años en septiembre, había apostado reiteradamente por que fuera un miembro de su equipo, «y mejor mujer», quien le sucediera, pero ha estado al margen del proceso de selección. Este año se realizará la transición y Beloki asumirá la dirección el 1 de enero de 2027. Si se cumplen los planes previstos, Beloki acompañará a Rebordinos en el festival de Cannes, que empieza dentro de quince días. La decisión fue adoptada a última hora de la tarde de ayer «por unanimidad», aunque con debate, en una reunión extraordinaria del Consejo celebrada en las oficinas del Festival en Tabakalera, a la que asistieron los representantes de las cuatro instituciones que conforman el certamen, Ayuntamiento de San Sebastián, Diputación de Gipuzkoa, Gobierno vasco y Gobierno central. Beloki resultó elegida tras un concurso público, iniciado el pasado 4 de marzo y gestionado por la empresa Batea, del que este lunes se llevó a cabo la última fase antes de tomar la decisión definitiva.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó ayer que el Ejecutivo remitirá a Bruselas el jueves el informe de progreso del plan fiscal de España, donde desvela el grado de cumplimiento de las reglas fiscales, tanto en la reducción de deuda como de déficit público. “España sigue cumpliendo con el marco europeo. Seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos”, señaló a los medios tras la inauguración del Invest in Spain Summit. Ese informe incluye una actualización del escenario económico que refleja la incertidumbre global derivada del conflicto en Oriente Próximo. Preguntado por si ese nuevo escenario conllevaría otra revisión a la baja de las previsiones de crecimiento del PIB o al alza de la inflación, Cuerpo matizó que la presentación de hoy en el Consejo de Ministros es “tan solo” el paso previo para la actualización del cuadro macroeconómico que antecede a los Presupuestos Generales del Estado. “Es pronto para tener una idea aterrizada. Necesitamos todavía información sobre cuál está siendo el impacto de las medidas que hemos puesto encima de la mesa y será a finales de junio cuando veremos cómo actualizamos ese escenario macroeconómico, una vez que se reduzcan las fuentes de incertidumbre. A partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los Presupuestos”, recalcó. 

Ante la aprobación del anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales, que no cuenta con el apoyo de las organizaciones empresariales, la CEOE se volvió a revolver ayer contra el proceder del Ministerio de Trabajo en las últimas medidas adoptadas. Algunas sin acuerdo tripartito como la mencionada y otras, como el endurecimiento del registro horario, por vía reglamentaria. Esto es, además de no estar consensuada con los empresarios tampoco pasará por el filtro del Congreso de los Diputados al destilarse como un desarrollo normativo y no como una reforma legal. “La vicepresidenta [Yolanda Díaz] últimamente presenta cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social, por tanto no sé qué va a presentar”, señalaba sobre la ley de riesgos laborales que ve luz verde hoy en Consejo de Ministros. “Lo único que sé es que ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley, ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco”, afeó durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. En este punto, el líder de la patronal puso en valor el diálogo social bipartito, entre las organizaciones empresariales y los sindicatos, pero sin el Gobierno. El pasado mes de noviembre el Ministerio de Trabajo y Economía Social dio por cerrada la negociación tripartita para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, tras 20 meses de negociación con la patronal y los sindicatos, y adelantó que solo la negociaría con CCOO y UGT tras la actitud “inasumible, inconsecuente y de rémora” que había mostrado, a su juicio, la CEOE en esta mesa. Según el departamento de Yolanda Díaz, la patronal pretendía seguir demorando esta negociación a la espera de que hubiera un nuevo Gobierno. 

Después de la reforma laboral, que cambió el paradigma de las relaciones en el ámbito del empleo en España al limitar las contrataciones temporales en favor de las indefinidas, el Gobierno ha seguido manteniendo el pulso legislador. Sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, leyes de paridad, medidas de conciliación con la ampliación de permisos, ley igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, entre otras. Todo ello, advierte CEOE, ha generado una “avalancha” normativa que asfixia especialmente a las pequeñas y medianas empresas, para las que es más difícil acomodarse y tomar medidas para cumplir con la legislación. A esta conclusión llega la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, que denuncia que la maraña regulatoria en materia laboral está generando una inseguridad jurídica que afecta sobre todo a las pymes. La representante de la patronal advirtió de esta deriva en la que el Gobierno ha mantenido la implantación de reformas a pesar de no contar con el apoyo de las organizaciones empresariales. Lo hizo en el marco de la presentación del informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) El hilo de Ariadna. Orientarse en el laberinto normativo laboral, elaborado por el catedrático de Derecho del Trabajo Federico Durán, quien aboga por un “repliegue normativo” para reducir y simplificar la normativa. Unas leyes que, cuando no ha estado apoyadas en el diálogo social como ha ocurrido frecuentemente, se han promovido mediante “atajos para eludir la labor de los órganos consultivos e incluso el propio debate parlamentario”, denuncia el catedrático.

Un año después del siniestro, crecen las dudas sobre si hay margen para reclamar. Los expertos abogan por interrumpir la prescripción con un burofax. Expertos en Derecho Público y Energía consultados advierten de que las acciones civiles se limitarán a aquellos consumidores que acrediten que el colapso les causó un perjuicio económico irreparable por parte de las compañías señaladas. Es decir, en la práctica, la batalla judicial estará protagonizada por las grandes empresas. El pasado viernes, Repsol — una de las compañías en el foco del regulador—, Moeve (antigua Cepsa) e Iryo ya movieron ficha y enviaron sendos burofaxes (en algunos casos a las compañías señaladas por Competencia y en otros solo a REE) para dejar constancia de su intención de reclamar. Este movimiento tenía un objetivo claro: interrumpir la prescripción mientras esperan a conocer los argumentos de la CNMC. Uno de los grandes interrogantes de la reciente actuación del organismo supervisor es cuándo comienza el plazo legal para reclamar y, por tanto, cuándo acaba. Las acciones para reclamar daños materiales o el lucro cesante (cantidad que se ha dejado ganar en caso de los negocios) prescriben al año; mientras que las responsabilidades contractuales, las derivadas por incumplimiento de contrato, expiran a los cinco años. Los más conservadores sostienen que el plazo vence hoy, al entender que empezó a correr el mismo día del apagón y que desconocer el responsable no interrumpe la prescripción. Otros juristas, en cambio, se apoyan en que la jurisprudencia exige que se tenga conocimiento de la existencia real del daño y su causa, unos datos que clarificarán las conclusiones de la CNMC, órgano competente para depurar responsabilidades por la vía administrativa.

Aice, Anfac, Aspapel, Feique, Fiab, Sernauto, Unesid y otras grandes patronales empresariales españolas han unido su voz a la de Aeléc, la patronal eléctrica, para reclamar que esos costes, que ya superan los 3.000 millones de euros, según algunas estimaciones, se clarifiquen y se busquen fórmulas para mitigar su impacto en los grandes consumidores empresariales. El movimiento de las patronales, que han elaborado un documento, a modo de manifiesto, denominado Observatorio de los servicios de operación [del sistema eléctrico] no tiene precedentes. Esas patronales representan a grupos tan heterogéneos como Repsol, Moeve, BP, Seat, Citroën, Renault, Fiat, Cementos Lemona, Portland, Acerinox, ArcelorMittal y Celsa, entre otros muchos. Todos ellos han unido su voz a las reclamaciones que lleva tiempo haciendo Aeléc, la patronal que engloba a Iberdrola y Endesa. Estas dos grandes eléctricas llevan desde hace meses arremetiendo contra Red Eléctrica (REE, grupo dependiente de Redeia) por el apagón de hace un año. Le culpan no solo de ser responsable como operador del sistema eléctrico. También de los elevados costes que ha tenido después el sistema por las medidas extra de apuntalamiento del mismo (modo reforzado) para evitar más cortes de ese tipo.

365 días después del blackout, el operador gestiona el sistema con las mismas precauciones que activó justo después del cero. Esto explica por qué las principales magnitudes eléctricas, en 2025 y en lo que va de 2026, han variado tendencias arraigadas desde que despuntó la transición ecológica. La primera la están viendo los consumidores en sus bolsillos. El precio medio final de la energía se situó en 2025 en 83,45 €/MWh, un 9,4% superior al de 2024. Gracias a las renovables, los precios del mercado diario español fueron los terceros más bajos de Europa, pero algo ha cambiado en la factura. En los meses de primavera (abril y mayo), es decir, cuando la baja demanda y la alta penetración renovable desploman el precio en el mercado, el recibo regulado (PVPC) permanece en niveles relativamente altos, «poniendo de manifiesto el peso de componentes distintos del coste de la energía en el mercado mayorista», analiza Red Eléctrica. La explicación está en el desafío que supone para el operador equilibrar un sistema con tanta fotovoltaica, como han demostrado los audios previos al apagón. Para que la red no llegue al punto crítico de hace un año, está retocando cada vez más el cóctel de energías que entrarían en el mix por su bajo precio. ¿Cómo? Obligando a ciertas centrales a frenar (fotovoltaica) y pidiendo a otras que se activen (gas). Esa intervención, necesaria por seguridad, es lo que se conoce como servicios de ajuste y tienen un coste que recae en la factura, pues hay que compensar a los generadores que excluidos y pagar al gas que entra por seguridad.

Justo cuando se produce un año de ese corte masivo de luz en España, la CNMC, organismo presidido por Cani Fernández, ha abierto un expediente sancionador por infracción muy grave contra la nuclear de Cofrentes (Valencia), que es 100% de Iberdrola. Hace una semana, abrió otro expediente muy grave por la nuclear de Almaraz, participada por Endesa, Naturgy e Iberdrola. Esta última es la eléctrica con más peso en Almaraz. La CNMC pone así contra las cuerdas a Iberdrola, que lleva más de un año abogando por la continuidad de las nucleares como instalaciones clave para sostener el sistema eléctrico, y para evitar su cierre entre 2027 y 2035, tal como exige la ley aprobada por el Gobierno. Este expediente es la gota que colma el vaso de las investigaciones a eléctricas por parte de la CNMC, y en especial a Iberdrola. Se trata de la empresa que más expedientes acumula a raíz de las investigaciones del apagón desde la CNMC. Además de este evento, el organismo ha analizado otras perturbaciones del sistema eléctrico desde 2023. Con Cofrentes y Almaraz, además, Iberdrola es la eléctrica que suma más expedientes con la categoría “muy graves”. Redeia (holding del que cuelga Red Eléctrica) tiene otro. El pasado viernes, la CNMC lanzó una tanda masiva a de expedientes sancionadores a raíz del apagón ocurrido hace un año (el 28 de abril de 2025). En concreto, el regulador abrió 35 expedientes, que se sumaron a los 20 abiertos el viernes anterior. En total, y con el expediente abierto ayer, ya van 56. Algunas fuentes del sector explican que la CNMC sigue investigando posibles infracciones y que en próximos días o semanas podría llegar una nueva andanada de expedientes, esta vez centrados en instalaciones de renovables.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, estrenó ayer la comisión del Senado que indaga sobre el estado de la red ferroviaria y los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), afirmando que, en su opinón, efectivamente «hay un deterioro de la infraestructura» y «es necesario revisar el conjunto del sistema ferroviario». «Hay un problema de gobernanza y de gestión. Debe haber un solo director de orquesta porque en este caso dividir no es vencer. Falta coordinación. Se ha destinado mucho dinero al sistema pero se ha empleado mal. Se ha abusado del titular», recalcó Barrón para quien «el mantenimiento es un gasto necesario –no una inversión– que debe incrementarse a medida que se amplía la red». A diferencia de él, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, que compareció horas después, sí hizo hincapié en las «altas inversiones en mantenimiento». Para él, el accidente de Adamuz no fue por falta del mismo. El presidente de la CIAF afirmó en cualquier caso que «viajar en tren en España es seguro y los accidentes son hechos puntuales». No obstante, en el interrogatorio, el PP insistió en el número creciente de incidencias, algo que confirmó el compareciente: «Han aumentado de forma considerable, aunque las de carácter grave se mantienen de forma constante». El presidente de la CIAF definió el caso de Adamuz como «un accidente fortuito con una gran carga de mala suerte» e incluso explicó que «la rotura de un carril es algo frecuente». Se registran, dijo, «unas dos por semana» pero «la mayoría de ellas sin ningún tipo de consecuencia». A modo de explicación gráfica afirmó: «Es como el reventón de la rueda de un coche, puede que no pase nada pero también puede que te mates».

Nuevos despidos de Nissan en Cataluña. El grupo automovilístico japonés presentó ayer una propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres plantas que mantiene en la región. Tras el cierre de la fábrica de coches que la compañía tenía en la Zona Franca de Barcelona, Nissan opera en Cataluña un centro técnico ubicado en el mismo polígono donde estaba la planta, un centro de recambios y otro de áreas flexibles, ambos situados en El Prat de Llobregat (Barcelona). La sección sindical del centro de recambios, donde trabajan 122 empleados, había convocado una propuesta de huelga indefinida a partir de hoy. La empresa inició ante esta situación un diálogo, que culminó en una reunión de medicación celebrada ayer con la Consellería de Empresa y Trabajo de la Generalitat, en la que Nissan comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de presentar un ERE, informa Efe. La empresa alega causas organizativas y productivas para plantear un despido colectivo, cuyo número de afectados, por ahora, no ha trascendido. El fabricante de automóviles dispone en total de 569 trabajadores en estas instalaciones, la mayoría en la Zona Franca. El nuevo plan de salidas llega en medio de la crisis que arrastra la empresa, ante el aumento de la competencia de los fabricantes chinos y la lenta adopción del coche eléctrico.

Irán movió ficha ayer para desbloquear el diálogo con Estados Unidos y situó a Ormuz como pieza clave de la negociación. Los persas elaboraron una nueva propuesta basada en un acuerdo por fases: primero terminar el conflicto de manera definitiva, luego abordar el control del estrecho y, superados estos dos pasos, abordar el programa nuclear. Fuentes cercanas a las conversaciones revelaron al portal Axios, bien conectado con la Casa Blanca, que los mediadores de Pakistán entregaron el texto a los estadounidenses. La primera reacción fue la del secretario de Estado, Marco Rubio, quien rechazó el planteamiento de Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Aragchi, siguió mientras con su gira de contactos que ya le ha llevado a Pakistán en dos ocasiones, Omán y Rusia. El régimen trata de reactivar la vía diplomática dando prioridad a la reapertura de Ormuz y cada día aparecen nuevos detalles sobre sus planes de futuro en este cruce clave para el petróleo mundial. Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional, declaró a los medios estatales que Teherán busca «restringir y prohibir el paso de buques y submarinos hostiles», además de vetar «todas las naves afiliadas a Israel». Azizi adelantó que el ejército «será el encargado de implementar el plan, y se prevé que las tasas se paguen en riales».

El riesgo de que la crisis de precios mute en escasez generalizada se multiplica. Irán sufre sin poder exportar y Trump encara las elecciones con la gasolina disparada. El cierre del estrecho de Ormuz lleva semanas haciendo estragos en las cuatro esquinas del mundo. La imposibilidad de importar desde Oriente Próximo ya hace escasear el suministro de queroseno (para aviones), fuelóleo (para barcos) y diésel (fundamental para el campo y el transporte por carretera) en Asia y en Europa. Un embudo que va a más, con daños que lejos de ser lineales son exponenciales: cada día de cierre de esa vía marítima clave para el trasiego de energía fósil es más dañino que el anterior. Con las conversaciones de Islamabad empantanadas y las delegaciones estadounidense e iraní jugando al ratón y al gato, la economía mundial contiene la respiración. Los mercados siguen instalados en la confianza —o, peor aún, en la complacencia—, con un precio del petróleo y el gas que no refleja la gravedad de una crisis que el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ya ha catalogado como “la mayor de la historia, más grande que todas las anteriores juntas”. Pero el acuerdo no termina de llegar: el anuncio iraní de reapertura del estrecho, hace 10 días, murió menos de 24 horas después. Desde entonces, ningún avance y un goteo cada vez menor de barcos encarando su salida, rumbo al océano Índico. El bloqueo solo beneficia a un ramillete de exportadores de fuera del Golfo. Ninguno de los actores directa o indirectamente implicados puede permitir que continúe más allá de la primavera.

No es fácil encontrar alternativa a los 13 millones de barriles diarios de crudo que han dejado de vender los países del golfo Pérsico. Asia, que también exporta combustibles a Europa, vive su propia crisis energética: sus refinerías afrontar graves dificultades para mantener su producción de derivados ante la falta de suministro del crudo de Oriente Próximo, al tiempo que crecen las restricciones, cuando no la prohibición, para su venta al exterior. El shock energético en Asia es, por tanto, una amenaza para la UE que se añade al daño de no recibir el suministro del Golfo y que agrava la vulnerabilidad europea a la hora de hacerse con derivados del petróleo, como el diésel para coches y maquinaria, el fuel para los barcos y la industria pesada o el queroseno para los aviones, cada vez más caros y codiciados en todo el mundo. La Agencia Internacional de la Energía ya lanzó un mensaje rotundo a mediados de este mes: si los flujos de suministro a través del estrecho de Ormuz no se recuperan a partir de mayo, es probable que las refinerías asiáticas no puedan evitar quedarse sin crudo. Los países del Golfo cubren con sus exportaciones de petróleo y gas la mitad de las necesidades de energía de Asia.