20260420

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Las Haciendas vascas tienen ya lista la maquinaria jurídica y operativa para estrechar el control sobre los pagos por Bizum que reciben empresas y autónomos. El fisco contará con información mensual remitida por las entidades financieras sobre estos cobros electrónicos, que podrá cruzar con los ingresos declarados para aflorar posibles desajustes. El movimiento, alineado con la adaptación de la inspección tributaria al auge de los pagos digitales, supone un salto cualitativo en la vigilancia de las transacciones y refuerza la lucha contra la economía sumergida. El endurecimiento del control llega, además, acompañado de un régimen sancionador especialmente severo, con multas que pueden alcanzar hasta el 250% de la cuota no declarada. La medida busca reforzar la trazabilidad de los ingresos en un contexto en el que los pagos digitales han ganado peso a una velocidad vertiginosa. La nueva regulación introduce, por tanto, un cambio de paradigma respecto al sistema vigente hasta ahora, que obligaba a las entidades financieras a comunicar a Hacienda únicamente de forma anual los cobros con tarjeta cuando superaban los 3.000 euros. Ese umbral desaparece. La normativa de las administraciones forales establece que las entidades de crédito deberán presentar una declaración informativa mensual sobre las operaciones realizadas por empresarios y profesionales a través de sistemas de cobro con tarjeta y de pagos vinculados a números de teléfono móvil. Este documento –denominado ‘Modelo 170’– incluirá el número de operaciones, la identificación de los negocios, los medios de cobro utilizados y las cuentas destino de sus ingresos.

El Gobierno vasco se «alinea» con Europa en sus relaciones con el país asiático, a quien Navarra, Cataluña, Galicia y hasta Pedro Sánchez dan prioridad. «El acercamiento a China es, en parte, una reacción a todo lo que está pasando en el escenario internacional. Lo que está ocurriendo en EE UU hace más apetecible diversificar relaciones internacionales y acercarse a un actor como China, que hace unos años podía suscitar mayores dudas, pero que ahora se ve mejor», analiza Sergio Caballero, director del máster de Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial de la Universidad de Deusto. «No cabe duda de que China es y será un actor global fundamental, no solamente en lo económico y comercial, sino también en ámbitos como el industrial, el tecnológico, el energético o el climático y de salud pública», explica Ander Caballero, secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global del Gobierno vasco. Las relaciones comerciales se remontan a décadas atrás, sobre todo con la deslocalización de líneas de producción en aquel país por parte de grandes firmas vascas. Pero ese modelo es ya cosa del pasado. «Lo del ‘made in China’ como sinónimo de baratija se acabó. Ese contexto cambió, sobre todo, a raíz de la crisis financiera internacional de 2008 y la llegada de Xi Jinping al poder. China es ahora capaz de incorporar toda la vanguardia y todo el valor añadido en nanotecnología, 5G, coches eléctricos, en renovables...», detalla el experto universitario. Y esa evolución ha ido pareja a un «proceso de legitimación política internacional». «Se le ve como un actor estabilizador, que genera certidumbre en un contexto complejo y volátil provocado por Trump», añade.

Más de la mitad de los alumnos vascos de la Formación Profesional Inicial –el 54,3%– consiguen un empleo a los seis meses de terminar estos ciclos educativos. Esta cifra se eleva al 70 % si, además, se opta por el formato dual, en el que se combinan las clases teóricas con las prácticas en las empresas. Son dos de las principales conclusiones que se extraen de un estudio realizado por Hetel, la Asociación de Centros vascos de FP de Iniciativa Social, acerca de la evolución de esta red educativa y de la diversidad de la misma desde el año 2020. Es una red formativa, la FP Inicial, que en Euskadi sigue ganando adeptos y fortaleciendo su estructura. Conocida antes como FP Básica o Ciclos de Grado Básico, acoge mayoritariamente en sus aulas a alumnos de entre 15 y 17 años que, por diversos motivos, no han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria –ESO–. La cifra de matriculaciones es esclarecedora y la puso de relieve el Departamento vasco de Educación recientemente en una respuesta parlamentaria. De las 4.765 inscripciones en el curso 21/22 se ha pasado a las 5.782 de este año, protagonizando una notable subida del 22% en el número de alumnos de centros públicos y concertados.

Un año más, el parque móvil de la capital alavesa evoluciona al ritmo que marca el auge de los vehículos con menos humos. Los denominados ‘cero emisiones’ y ‘eco’ continúan escalando posiciones de forma discreta pero decidida y ya superan las 10.500 unidades, lo que representa un 7% del total de vehículos censados (147.433). Así lo reflejan los datos correspondientes al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de este ejercicio. De acuerdo con las cifras que trasladan desde el Departamento municipal de Hacienda, este ejercicio constan 2.930 vehículos denominados ‘cero emisiones’. Aquí se incluyen vehículos eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida y eléctricos híbridos enchufables. Este apartado es el que más crece, ya que prácticamente se duplican desde los cerca de 1.600 registrados el pasado curso. Si bien el grupo mayoritario de coches con tecnologías alternativas a los que son 100% de combustión lo conforman los que el Consistorio categoriza como ‘eco’. Un capítulo que engloba híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros y los híbridos no enchufables, junto a vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En este grupo se encuadran 7.668 unidades. En este caso el incremento, aunque es algo menor que el alza de los eléctricos, supone un nada desdeñable 27%. Esta tendencia refleja cómo poco a poco la ciudadanía «se va concienciando y está perdiendo el miedo» a este tipo de motorizaciones alternativas, según valora el delegado en Álava la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), Txema Sánchez. 

Donald Trumpek eta Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako gerra hasteak, bertako herritarren bizitzen eta Giza Eskubideen aurkako kolpe lazgarria izateaz gain, ondorio ekonomikoak ekarri ditu Iranentzat, beste munduko herrialdeentzat,. Espainiako Gobernuak egoera horri erantzun dio 7/2026 Errege Lege Dekretua, martxoaren 20koa, Ekialde Hurbileko Krisiari Erantzuteko Plan Integrala onartuta. Planak 5.000 milioi euro mobilizatzen ditu gerraren eragin ekonomikoa arintzeko, babes soziala eta fiskala indartuz. Neurri garrantzitsuen artean honako hauek nabarmendu daitezke: elektrizitateak (10 kW arteko kontratuak), gas naturalak, biomasa termikoak eta erregaiek (gasolinak eta gasolioak) duten Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) %10era jaistea eta Hidrokarburoen gaineko Zerga mugikortasun kostuak arintzeko legezko gutxienekora murriztea. Aldi berean, EAEko aldundiek 308 milioi euroko neurri fiskalak bultzatu dituzte, Irango gerraren ondorioei aurre egiteko. Pizgarri fiskalen pakete bat onartu dute, enpresen eta autonomoen likidezia hobetzeko: zerga-zorrak geroratu dituzte, autonomoentzako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketa zatikatuak salbuetsi dituzte, BEZaren itzulketak bizkortu dituzte, enplegua sortzeagatik kenkariak areagotu dituzte eta enpresa-inbertsioetan amortizazio azeleratuak aplikatu dituzte. Ikusi beharko da hartu diren neurriak egoerari aurre egiteko baliagarriak diren, eta benetan herritarrek eta enpresa txiki zein autonomoek laguntza hori nabaritzen duten edota bestelako erabaki gehiago hartu beharko diren aurrerantzean ere. Gehiago irakurri hemen. 

El reloj de la burocracia se pone en marcha hoy para miles de personas en el País Vasco. Arranca la fase de atención presencial de la mayor regularización de extranjeros en dos décadas, un salvavidas administrativo que podría transformar la vida de unos 26.000 extranjeros que residen en la comunidad autónoma sin tener sus papeles en regla y oxigenar sectores clave del mercado laboral. Tras la apertura de la vía telemática y la solicitud de turnos el pasado jueves, este lunes se abre el periodo de tramitación en las ventanillas de las 23 oficinas de correos ubicadas en Bilbao, Getxo y Barakaldo, Vitoria, San Sebastián e Irún, así como de las tres sedes de la Seguridad Social. Una en la capital de cada territorio. El perfil de las personas que puede acogerse a la regularización es eminentemente activo: el 98,6% se encuentra en edad de trabajar, y más de 13.500 ya han tenido algún tipo de contacto previo con Lanbide. En toda España el volumen de potenciales beneficiarios oscila entre el medio millón y el millón de personas. Su formalización engrosará unas cifras de afiliación extranjera. En Bizkaia son actualmente más de 51.000 personas, un 8% más que hace un año. El procedimiento, en cualquier caso, exige un rigor extremo. Para conseguir la ansiada entrevista presencial, los interesados han debido gestionar su cita a través del sistema Clave en la web del Ministerio o mediante el teléfono 060. Una vez frente al funcionario, deberán aportar su pasaporte completo, documentos que certifiquen que residían en España antes del 1 de enero de 2026 y una prueba de permanencia ininterrumpida de cinco meses. El escollo principal, que ya ha generado largas colas en consulados como el de Marruecos de Bilbao, es la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen.

El mapa de la jubilación en Gipuzkoa ha experimentado una transformación drástica en apenas cuatro ejercicios, marcada por un cambio de tendencia que refleja el impacto directo de las últimas reformas legislativas sobre el bolsillo de los trabajadores. Si en el año 2022 la realidad del territorio mostraba que uno de cada dos guipuzcoanos optaba por abandonar la vida laboral antes de alcanzar la edad legal ordinaria –ver gráfico adjunto–, el cierre de 2025 sitúa esta proporción en el 40%. Este descenso, aunque significativo, mantiene al territorio en una posición singular dentro del sistema público de pensiones, donde la edad media de retiro en Euskadi se sitúa en los 64,9 años, ligeramente por debajo de los 65,3 años registrados en el conjunto del Estado. La principal causa de este desplome en las jubilaciones anticipadas radica en el endurecimiento de las condiciones introducido por la reforma del sistema de pensiones del exministro José Luis Escrivá, materializada entre finales de 2021 y marzo de 2023. El nuevo modelo sustituyó los coeficientes reductores trimestrales por mensuales, lo que permite un ajuste mucho más quirúrgico pero también más severo para quien decida retirarse antes de tiempo. Además, el cambio sustancial de aplicar estas penalizaciones sobre la cuantía de la pensión real en lugar de sobre la base reguladora ha tenido un efecto desincentivador inmediato, especialmente entre los trabajadores con bases de cotización más elevadas. En un territorio como Gipuzkoa, donde los salarios históricos en la industria han sido tradicionalmente altos, el castigo financiero por adelantar el retiro apenas unos meses puede suponer una pérdida patrimonial que muchos ya no están dispuestos a asumir.

Trabajadores y empresas pagan desde 2023 una cuota adicional que este año supone un recorte de salario de 245 euros de media y va íntegra al fondo de reserva.  Desde el 1 de enero de 2023 una parte del salario de los trabajadores se detrae de su nómina para tratar de ir llenando una hucha de las pensiones que estaba en mínimos de cara a pagar la jubilación del ‘baby boom’, que alcanzará su máximo apogeo en 2050, con la llegada al sistema de la generación más numerosa de la historia de España, cuando se generará el momento de mayor tensión para un sistema que lleva en números rojos desde 2012. Es el impuesto denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que surgió de la última reforma de las pensiones ideada por el exministro José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España) y que impacta en la renta de todos los trabajadores españoles, sin excepciones, también en los autónomos. Así, desde su puesta en marcha, empresas y afiliados han pagado ya cerca de 13.000 millones de euros en poco más de tres años, que se han destinado íntegramente a aumentar el fondo de reserva de la Seguridad Social, que alcanza ya un importe de 15.267 millones de euros, su máximo desde hace diez años, según los datos publicados recientemente por el ministerio dirigido por Elma Saiz. De esta forma, desde el mínimo alcanzado por la hucha de las pensiones, en 2021, cuando apenas contaba con 2.138 millones, muy lejos de esos cerca de 70.000 millones que llegó a tener en 2011, se ha llenado con un total de 13.129 millones, que en su inmensa mayoría proceden de las cotizaciones adicionales que pagan los trabajadores y empresas desde 2023 –una cuota que, además, se va incrementando progresivamente cada año. 

"En 2025 España ha registrado un récord de recaudación: en torno a 325.000 millones de euros según la Agencia Tributaria. La cifra impresiona. Sin embargo, es incompleta. La realidad es bastante mayor, si se considera el conjunto del sistema fiscal. Para entenderlo hay que dar un ligero rodeo. La presión fiscal se mide como el cociente entre el total de ingresos públicos de naturaleza tributaria y el PIB. El numerador resulta ser mucho más amplio que lo que recauda el Estado central. Con un PIB cercano a 1,68 billones de euros, la presión fiscal se sitúa en torno al 38%. Eso implica que el numerador no es de 325.000 millones, sino que supera los 600.000...Entre 2024 y 2025 los ingresos fiscales han aumentado en torno a un 10%, muy por encima del crecimiento de la economía real. España ha incrementado su presión fiscal casi el doble que la media de la OCDE, con un peso creciente del IRPF y de las cotizaciones sociales...Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano del Consejo General de Economistas, varias comunidades autónomas han introducido en los últimos años ajustes en su IRPF para mitigar parcialmente el efecto de la inflación. En el ámbito foral, el País Vasco ha adaptado tarifas y retenciones, mostrando una mayor flexibilidad normativa. Frente a ello, otras comunidades han optado por no deflactar de forma sistemática. El caso más significativo es el de Cataluña, una de las principales economías del país, que mantiene sin corregir su escala autonómica. El resultado es un mapa fiscal desigual, en el que coexisten mecanismos de adaptación y resistencias explícitas, pero donde la falta de actualización a nivel central sigue siendo el factor dominante. Esa diversidad normativa y la persistencia del expolio en el ámbito estatal tienen un reflejo directo en la percepción social. El barómetro del CIS de julio de 2025, dedicado a la política fiscal, muestra una percepción crítica: el 62% de los ciudadanos considera que las administraciones les devuelven menos de lo que aportan, y un 58% cree que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos y las cotizaciones..."

El efímero desbloqueo del estrecho de Ormuz no ha disipado ni un ápice la incertidumbre. El jaleo va para largo. El enquistamiento del conflicto provoca los primeros problemas en Asia y amenazan incluso a EuropaLo primero que ocurre en una sacudida energética de gran calibre es que los precios se van hacia arriba desafiando la ley de la gravedad, como en uno de aquellos solos de guitarra de Mark Knopfler, el líder de aquel grupo: peligro de inflación y estancamiento económico a la vista. Eso ya ha sucedido. Lo siguiente es la destrucción de la demanda de energía y las amenazas de escasez de carburante y el consiguiente parón de la economía: eso ya está empezando a suceder en algunos lugares. “La guerra en Oriente Próximo ha desencadenado ya uno de los mayores episodios de escasez de suministro de la historia del mercado energético global”, resume el Fondo Monetario Internacional. Y ve una incertidumbre en máximos que se va a traducir, en el mejor de los casos, en una estanflación (estancamiento más inflación), y en el peor, en una recesión global, con estrés en los mercados de deuda pública, de divisas, de valores y de prácticamente todo lo demás. 

Incluso los ciudadanos de los países productores de petróleo que están lejos del conflicto van a sufrir las consecuencias por el impacto en los precios. Entre los importadores, los asiáticos y los latinoamericanos pueden verse gravemente afectados, en especial los países emergentes. Europa está en una situación intermedia: es un continente rico que puede seguir comprando, tiene más reservas que otros, capacidad de refino y algún país con capacidad nuclear (Francia) y bien provisto de renovables (España). La economía española es una de las menos expuestas en términos de seguridad de suministro. Las grandes empresas tienen sus almacenes al 100% y aseguran que no hay riesgo de escasez, al menos hasta otoño, según las fuentes consultadas. España ha invertido mucho en capacidad de almacenamiento y no ha destruido refinerías, a diferencia de otros países europeos: tiene un sistema flexible, versátil, bien diversificado. “España está mejor preparada que otros países europeos; hemos avanzado mucho en transición energética, impulsando el despliegue de las renovables”, asegura tajante la vicepresidenta Sara Aagesen. Transición Ecológica no ve riesgos de escasez, aunque sí admite que la guerra se va a notar en los precios, a pesar del paquete de medidas aprobado por el Gobierno. “En condiciones normales apenas recibimos un 5% del crudo del Golfo y tenemos ocho refinerías que pueden procesar tipos muy distintos de petróleo. España importa el 10% del gasóleo y el 20% del queroseno, y exporta gasolina..."

Con una quinta parte del comercio mundial del petróleo estrangulada por el cierre del estrecho de Ormuz –cuyo anuncio de reapertura no duró este fin de semana ni 24 horas, varios organismos y entidades internacionales han advertido de problemas inminentes en el suministro del queroseno para las aerolíneas. En España, estas compañías están sorteando las alarmas que se escuchan en otros países, al menos por ahora. Europa tiene “quizás seis semanas de combustible para aviones”, alertó el pasado jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. La Asociación Internacional de Aeropuertos (ACI) en Europa advertía la semana pasada, en la misma línea, de una escasez “sistémica” de combustible en un plazo de tres semanas. A principios de mes, el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, expresaba su temor de una “disrupción en el suministro entre mayo y junio”, y su previsión de no tener que anular vuelos ya ha cambiado. IAG, el principal grupo de aerolíneas que opera en España por número de viajeros y por lo estratégico de sus rutas, no se ha pronunciado; se suministra sin problemas en España, América e incluso Reino Unido, donde no hay pánico pese a su peor situación. En cambio, Iberia sí que ha explicado, indirectamente, que no espera ninguna gran afectación a medio año vista. “Iberia mantiene con normalidad el resto de su operativa y, de cara a este verano, ofrecerá una cifra récord de 21,4 millones de plazas”, comunicó el pasado lunes, cuando anunció que dejaba la ruta directa de La Habana. Air Europa, Vueling y Binter, por ejemplo, mantienen intacta su programación récord para este verano.

Un paso para adelante, y otro para atrás. Estados Unidos e Irán se han enfrascado en un dramático baile caracterizado por un tira y afloja que no parece conducir a ninguna parte. En el estrecho de Ormuz se turnan para evitar la apertura de esta crucial vía marítima al tráfico de hidrocarburos, que tiene al mundo en vilo. Ayer Trump se mofó del bloqueo iraní afirmando que el régimen islámico, «siempre haciéndose el duro», está ayudando a su país a hacer negocio. «Son ellos los que pierden con el cierre: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Texas, Luisiana y Alaska para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria», escribió en su red social, Truth, en referencia a cómo la superpotencia americana aumenta sus exportaciones de crudo ante las dificultades de muchos países para abastecerse en el Golfo Pérsico. En medio de esta coyuntura tan volátil, en Islamabad se espera con incertidumbre la reanudación de las negociaciones que hace una semana concluyeron en la capital de Pakistán con la marcha del vicepresidente JD Vance. Tanto estadounidenses como iraníes afirmaron que había escollos clave que imposibilitaron abrir el camino hacia la paz. Trump anunció ayer que está dispuesto a intentarlo de nuevo, pero lo hizo a su manera: con una mano tendida y la otra cerrada para golpear.

En declaraciones a Financial Times, el economista jefe de Commerzbank, Jörg Krämer, declaró que era “cada vez más probable” que 2026 “fuera otro año perdido en términos de crecimiento”. Ajustada al mayor número de días laborables de este año, su previsión actualizada se sitúa en tan solo un 0,3%, frente al 0,4% de 2025. “Esto es prácticamente insignificante”, concluyó Krämer. El impacto de la guerra en Irán en los mercados energéticos está frustrando las esperanzas de una recuperación de la economía alemana. De hecho, Berlín recortará su previsión de crecimiento del 1% al 0,5% este año. Según fuentes cercanas al asunto, esta revisión a la baja dejaría a la mayor economía europea al borde de un cuarto año consecutivo de estancamiento de facto, ya que el aumento de los precios de la energía anula el impulso de gasto público de un billón de euros. “El desarrollo económico de Alemania perdió un impulso notable en el primer trimestre en el contexto del conflicto en Oriente Próximo”, reconoció el Ministerio de Economía alemán la semana pasada. El modesto crecimiento previsto para este año estará impulsado sobre todo por el aumento del gasto público, dado el estancamiento de las inversión privada, las exportaciones y el consumo interno, según una fuente gubernamental. El canciller alemán Friedrich Merz advirtió de que la economía sentirá el impacto de la guerra de Estados Unidos contra Irán “durante mucho tiempo”. También anunció un paquete de medidas a corto plazo de 1.600 millones de euros para aliviar la subida del combustible. “Nos encontramos en una situación económica y política muy difícil, dada la gran cantidad de crisis y guerras en todo el mundo”, afirmó.

La potencial reclamación de Repsol puede convertirse en la mayor que se produzca en cuanto a daños y perjuicios por el apagón y la inestabilidad del sistema eléctrico en esos días. Al menos, es la mayor que se ha cuantificado hasta la fecha. Moeve, la segunda mayor petrolera en España, también reclamará daños y perjuicios. El apagón del 28 de abril de 2025 (y otros sucesos de corte de suministro de luz previos y posteriores a esa fecha) terminaron afectando a las cinco refinerías que Repsol tiene en España. Aún no ha pedido indemnización por esos sucesos, que le provocaron un perjuicio de 125 millones, según sus últimos cálculos. Lo hará durante estos días, antes de que este mes venza el plazo para pedir daños y perjuicios, y los reclamará a las eléctricas responsables de la red de suministro. Así lo aseguran fuentes conocedoras de esos trámites jurídicos. Como las refinerías están en distintas áreas de distribución de luz de Iberdrola, Endesa y Naturgy, Repsol tiene previsto reclamar a cada una la parte correspondiente. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, sería a Iberdrola, en el caso de Tarragona, a Endesa, y en el caso de A Coruña, a Naturgy. Legalmente, en España las reclamaciones de corte de suministro deben ser atendidas por las empresas propietarias de la red de distribución (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP). O por Red Eléctrica (REE) si el enganche del suministro está conectado directamente a las líneas de alta tensión. Inicialmente, Repsol calculó un impacto de 175 millones, que luego ha reducido. Moeve, por su parte, cifró en 50 millones el daño que la había provocado el apagón, esencialmente en las refinerías que tiene en Huelva y Cádiz, donde distribuye Endesa. 

España se salvó in extremis de otro apagón meses antes del cero eléctrico que dejó a oscuras la península ibérica el 28 de abril del año pasado. Ocurrió el 31 de enero, alrededor de las 11.00 de la mañana. Un tsunami de fotovoltaica desestabilizó por completo la red en cuestión de un minuto. Red Eléctrica, el operador del sistema, activó entonces una maniobra desesperada que evitó el desastre total, algo que no ocurrió tres meses más tarde, el lunes del cero eléctrico. Las conversaciones reveladas hasta ahora entre los centros de control de las eléctricas privadas y los técnicos del operador del sistema habían evidenciado desequilibrios persistentes en la red, anomalías derivadas de las rápidas entradas y salidas de la energía fotovoltaica, cuya instalación masiva está suponiendo un desafío para los equipos de Red Eléctrica. Pero el incidente del 31 de enero no fue uno más: estuvo a punto de descontrolar por completo el sistema eléctrico nacional. Así lo demuestran nuevas conversaciones que han llegado recientemente al Senado y a las que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, que desmienten que el apagón del 28 de abril fuera un hecho insólito, como han defendido la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y el propio Gobierno. A las 11.01 de ese día, un técnico del operador llamó al centro de control de Iberdrola visiblemente preocupado. «Ha subido el programa de fotovoltaica muy rápido, necesito que cortéis el viento completamente, que me quitéis los 700 [megavatios de eólica]. Te programo lo que quieras, cuando quieras, por favor, pero tiene que ser ya», le urge. Al otro lado de la línea, desde la eléctrica indican que no tienen tantos megavatios de eólica funcionando en ese momento. «¡Por favor, lo que puedas cortar, todo lo que puedas!», insiste. «Ahora mismo», responde la eléctrica.

El brazo del Gobierno que rescató a Plus Ultra ha perdonado a esta aerolínea tener que devolver ya de forma íntegra y anticipada los 53 millones de euros del rescate, pese a que una cláusula del acuerdo de 2021 lo exigía. Se trata del punto 3 del acuerdo confidencial al que ha tenido acceso este diario. Fue firmado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) sobre casos de «amortización anticipada obligatoria» y fuerza a Plus Ultra a devolver de inmediato todo el dinero en caso de salida de los accionistas venezolanos que pidieron el rescate y que pudieron usar Plus Ultra, según la Fiscalía, para blanquear fondos chavistas con dinero público. Sin embargo, han salido, ya, según aseguran fuentes oficiales de Plus Ultra. Y confirman que han recibido permiso de la Sepi para proceder a un cambio accionarial sin tener que devolver ya el dinero. Este bloque de accionistas que ha salido del capital, encabezados por Rodolfo Reyes, controlaban Plus Ultra en la época del rescate a través de Snip Aviation. Reyes está considerado hombre de confianza del empresario venezolano Camilo Brahim Issa. Los de Snip Aviation decidieron, junto al entonces accionista minoritario y actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, la polémica contratación de Análisis Relevante. Así se denomina la empresa administrada por el investigado por Anticorrupción Julio Martínez Martínez, que tenía al ex presidente del Gobierno Zapatero y a sus hijas como principales proveedores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Ejecutivo propondrá mañana a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque “aquel Gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa”. “Este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel. Y lo vamos a hacer, no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno. Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE”, aseguró Sánchez en un acto en Gibraleón (Huelva) junto con la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Por ello, Sánchez, que contaría con el apoyo de Irlanda y Eslovenia, pedirá el apoyo del resto de países, señalando que es una medida que “no es de izquierdas o de derechas”. “Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, también está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu”, aseguró. En respuesta a ello, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, cargó contra el presidente Sánchez. “No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como la Turquía de Erdogán o la Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo”. 

Los retrasos en la construcción de nuevos centros de datos en Estados Unidos amenazan con ralentizar el despliegue de la inteligencia artificial (IA) por parte de las mayores empresas tecnológicas del mundo, ya que casi el 40% de los proyectos previstos para este año están en riesgo de sufrir retrasos. Es probable que las fechas de finalización de los principales proyectos de Microsoft, OpenAI y otros grupos se retrasen más de tres meses, según datos compartidos con el FT por SynMax, un grupo de análisis de satélites e IA. Más de una docena de ejecutivos del sector afirman que los obstáculos en la obtención de permisos y una escasez crónica de mano de obra, energía y equipos están retrasando la finalización de campus de cientos de megavatios. Los cuellos de botella se están convirtiendo en una limitación clave para la rapidez con la que las empresas pueden convertir sus inversiones en IA en ingresos, lo que genera preocupación de que miles de millones en inversiones tarden más de lo previsto en generar rendimientos. Los hiperescaladores compiten por construir centros de datos cada vez más grandes, con el objetivo de poner en funcionamiento instalaciones que consumirán al menos 1 gigavatio de electricidad, aproximadamente la producción de un reactor nuclear. Según el grupo de investigación Epoch, se espera que algunos de estos proyectos se completen este año, incluyendo los de Amazon Web Services, Meta y xAI, propiedad de Elon Musk.

La vertiginosa carrera entre los robots y el ser humano, utópica o distópica según el prisma de quien mire, acaba de dar otra vuelta de tuerca en China, donde los androides se zamparon a los atletas de carne y hueso que compitieron con ellos en una híbrida media maratón de Pekín concebida a mayor gloria de la poderosa industria tecnológica del gigante asiático. La victoria se la llevó Qitian Dasheng, un robot desarrollado por la marca china de teléfonos inteligentes Honor. Cruzó la línea de meta con un crono de 50 minutos y 26 segundos, rebajando con ello en casi siete minutos el récord mundial de la distancia que estableció el pasado mes de marzo el ugandés Jacob Kiplimo en Lisboa: 57 minutos y 20 segundos. Se trataba de la segunda edición de una prueba que ya concitó la atención el año pasado al plasmar las sorprendentes capacidades de los androides a los que está dando vida el país dirigido por Xi Jinping, embarcado en una lucha sin cuartel por la hegemonía tecnológica con Estados Unidos. Y aunque lo apreciado entonces ya llamó la atención, sobre todo por su carácter novedoso, nada tuvo que ver con la exhibición llevada a cabo este domingo por parte de más de un centenar de androides que no dieron opción alguna a los alrededor de 12.000 humanos que se calzaron las zapatillas para pelear contra las máquinas en una carrera que sirve como metáfora del mundo actual en el que la Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados por doquier.