20260415

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Tal y como se detalla en el último informe de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en febrero a un total de 57.293. Son 31 empresas  menos que en el mes pasado – un descenso en en línea con la habitual para este mes,- y  36 menos que hace un año (-0,1%), dejando así atrás dos meses consecutivos de subidas interanuales. Respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), aun se registran 1.600 menos (-2,7%), habiéndose recuperado el 24% de las empresas perdidas en la pandemia. Por lo demás, y si en Euskadi el número de empresas bajó un -0,1% en comparativa anual, en el Estado se ha registrado una subida del 0’9%. Y comparando los datos de febrero con el nivel pre-pandemia (febrero de 2020), se registra un descenso del número de empresas en Euskadi del -2,7%, frente a un incremento en el caso del Estado del +1,3%. En cuanto al número de autónomos creció en marzo en Euskadi en 494 personas, el mejor dato registrado para un mes de marzo, sumando un total de 166.277 personas. A pesar de este incremento mensual, esa cifra supone un ligero descenso interanual del -0,1%. Respecto a febrero de 2020, todavía hay casi 4.000 autónomos menos (3.967),  lo que en términos porcentuales supone una reducción del -2,3%. Ver newsletter completo aquí. 

La Mesa de Diálogo Social cierra sus primeros pactos en tres años y activa esta medida destinada a los empleados con rentas más bajas. El encuentro de este órgano –en el que no participan ni ELA ni LAB– sirvió para acordar medidas de apoyo para los trabajadores más vulnerables ante las consecuencias de la guerra. Trabajo ha decidido activar, como en ocasiones anteriores, dos millones de euros para complementar las prestaciones por desempleo de los empleados que se vean afectados por un ERTE como consecuencia directa del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La iniciativa estaba ya incluida en el escudo que se presentó en marzo, pero ahora se incrementa su alcance. Finalmente las ayudas llegarán a todos los trabajadores que tengan bases de cotización de 23.000 euros o menos. También se cerraron otros tres pactos. El más relevante de ellos, un acuerdo para sentar las bases de la Ley vasca de Participación Institucional. Esa legislación será clave para dar más autoridad a la propia Mesa de Diálogo Social, que tendrá más presupuesto y en la que habrá «consecuencias» para los agentes sociales que no participen, todo un llamamiento a ELA y LAB. Preguntado por esta cuestión, el consejero de Trabajo Mikel Torres indicó que su intención es «que esta participación (en la mesa) sea obligatoria». «Aquellas organizaciones que no quieran participar no pueden tener los mismos beneficios que aquellas que sí», planteó el vicelehendakari, que eludió concretar el alcance de estas «consecuencias». Sí matizó que se busca «el efecto positivo de que (ELA y LAB) quieran participar, que tengan una discriminación positiva sobre los que no quieran participar». Tras la reunión se produjo la habitual ronda de valoraciones. Un momento que la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, aprovechó para reclamar que se reactive el grupo de trabajo dedicado a estudiar el absentismo en la Mesa de Diálogo Social. «Es un tema que merece ser analizado porque afecta a toda la sociedad, a la salud de los trabajadores, a la competitividad de nuestras empresas y a las cuentas públicas», reclamó.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha advertido que en la futura Ley vasca de Participación Institucional habrá "discriminaciones" y consecuencias" para los agentes sociales que no quieran participar en los órganos de dirección colegiada. Según ha dicho, esta ley pretende "consolidar el papel estructural del diálogo social en Euskadi". Torres ha hecho estas declaraciones este martes tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social de Euskadi, conformada por Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT, en la que además de acordar las bases de la futura Ley vasca de Participación Institucional, se ha pactado también un paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio, el avance en el desarrollo del modelo propio de formación para personas trabajadoras y la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral vasco.  En ese foro se ha acordado "establecer un marco común y estable para reforzar la participación institucional y el diálogo social en Euskadi", a través de una futura ley. Torres ha manifestado que "quienes no quieran participar, no pueden tener el mismo beneficio de aquellos que sí participan". El vicelehendakari ha señalado que la futura ley vasca regulará "las consecuencias de la falta de participación efectiva de los agentes sociales", para que su participación sea "obligatoria". "Todos tienen el valor de poder participar y contribuir en el ámbito directo e institucional y está claro que aquellas personas o organizaciones que no quieran participar, no pueden tener el mismo beneficio de aquellas que sí participan en esos procesos", ha indicado.

Marzo ha sido un mes negro para los consumidores vascos, ya que la inflación se ha disparado al 3,4% en tasa interanual, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es decir, la misma tasa interanual que en España. Los mismos datos revelan que se trata del dato mensual más elevado desde enero de 2025, cuando el índice llegó al 3,5%, y el salto mensual más pronunciado desde primavera de 2022, en el momento en el que Rusia comenzó su ofensiva contra Ucrania. La evolución al alza del IPC responde, casi exclusivamente, a la escalada de los precios de los carburantes. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde el 1 hasta el 31 de marzo, el precio de la gasolina se encareció en cinco céntimos, de los 1,5 hasta los 1,55 euros. Sin embargo, claramente ha sido el diésel el que se ha disparado a raíz de las tensiones. En cuanto al resto de partidas, los precios de los restaurantes y hoteles también se han disparado respecto al año pasado (5,5%) y el coste de los alimentos y bebidas también crece de forma considerable (un 3,6%), añadiendo una dosis de tensión extra para el bolsillo de los consumidores. De hecho, en este apartado, Euskadi sigue siendo la comunidad más inflacionista y se sitúa bastante por encima de la media nacional del 2,7%.

El principal convenio sectorial de Álava encalla. La negociación del metal, con afección para 12.000 trabajadores, sigue sin avances tras tres reuniones entre SEA y los sindicatos. La cita en el PRECO, precedida de una concentración promovida por CCOO, se ha producido este martes sin que ninguna de las partes hiciese movimientos de calado, algo que ha caldeado el ambiente entre las centrales, que ya empiezan a hablar de movilizaciones para desbloquear la negociación. La propuesta de la patronal alavesa incluye un recorte a los complementos por incapacidad temporal. Se trata de una herramienta con la que se quiere combatir el absentismo y que ya ha conseguido introducir en otros convenios como el de hostelería o limpieza. Al término de la reunión, los principales sindicatos (a excepción de ELA) han emitido valoraciones negativas. LAB, por ejemplo, ha tildado a SEA de «retrógrada patronal» por sus propuestas y ha llamado a las instituciones a «reflexionar sobre los efectos de seguir financiándola». «La propuesta de SEA para el metal de Álava está basada en pasos atrás y recortes. Es decir, profundizar en la precariedad. Por ello, vemos necesario activar y movilizar el sector». «Con este pulso, empujan al sector al conflicto. Dirán que luego los sindicatos buscamos el conflicto. ¿Qué esperan?», ha planteado la central, que reunirá a sus delegados para decidir los próximos pasos.

La economía del territorio se demuestra «sólida» y resistente ante los embates de una crisis, la provocada por la Guerra en Irán, que ha removido el mercado energético mundial y provocado un alza de precios que ya se deja notar en el territorio. Una solidez que se aprecia en la recaudación fiscal, que en los tres primeros meses del año ha crecido un 3,9% interanual, hasta alcanzar 1.166 millones. Frente a esa incertidumbre, ya cotidiana, las empresas guipuzcoanas resisten con solvencia y «no presentan ningún problema de liquidez extraordinario». Así lo declaró, vehemente, ayer la diputada general, Eider Mendoza, quien resaltó que «hoy no hay problemas de ese tipo y no se aprecian peticiones distintas ni más intensas por parte del tejido productivo». La jefa del Ejecutivo foral, aún así, insistió en que la mejor táctica en estos momentos es «estar atentos y preparados, y ser muy prudentes», y bajo esa premisa situó la puesta en marcha del paquete de ayudas fiscales acordado entre las tres diputaciones forales y que en el caso de Gipuzkoa activa un escudo de 115 millones de «oxígeno» financiero, dijo Mendoza, sobre todo en pymes y trabajadores autónomos. Un paquete, basado sobre todo en aplazamientos de pago. Cuestionada por la posibilidad de aplicar una deflactación del IRPF por parte de la Diputación foral, lo que contrarrestaría la totalidad del impacto de la inflación en las nóminas de los guipuzcoanos, Eider Mendoza aclaró que por ahora no se ha entendido necesaria, pero que «no se descarta». 

Seis organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales, por la participación del fabricante beasaindarra en el proyecto de tranvía ligero de Jerusalén que acomete desde su adjudicación en 2019. Según aseguraron, la Fiscalía les ha confirmado la apertura de una investigación de la denuncia, registrada el pasado 18 de febrero. El proceso está impulsado por NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37. Entre otras cuestiones, señalan que CAF participa en el desarrollo del proyecto que «consolida la anexión ilegal por parte de Israel de la Jerusalén Este ocupada». Ante estas acusaciones, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, pidió ayer «no buscar adversarios en casa», al tiempo que desvinculó a las instituciones y empresas locales de la situación en Gaza.  «La responsabilidad de lo que está sucediendo allí es de Netanyahu y de nadie más», afirmó. 

Tras casi tres meses de huelga, el conflicto de los bomberos de Mercedes Vitoria da un nuevo giro de guión. Según ha denunciado este martes el sindicato ELA, la multinacional alemana ha decidido rescindir el contrato con la empresa responsable del servicio de extinción de incendios, Previnsa. La ruptura, según la central nacionalista, conduce a «un despido colectivo» para los 27 bomberos que prestaban servicio en esta firma para las instalaciones de la Avenida de Los Huetos. Los trabajadores de Previnsa llevaban desde el 15 de enero en huelga para conseguir un convenio nuevo para la plantilla y mejorar sus condiciones laborales. Mercedes alega precisamente «incumplimientos en la prestación del servicio» como el motivo para rescindir el acuerdo con Previnsa, lo que aboca a la plantilla al despido de forma irremediable. «Sin embargo, esto se enmarca en el contexto de una huelga legalmente convocada, en ejercicio de un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras», defiende ELA.

Los negociadores del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron en la madrugada de ayer un acuerdo para reforzar la protección del acero europeo frente al impacto de la sobreproducción global, que pasa por recortar en un 47% el volumen de importaciones que puede entrar sin arancel y por elevar, hasta el 50%, el impuesto sobre el acero que supere ese límite. Una normativa que el sector ha aplaudido porque «evita un vacío en la protección del mercado europeo».

El Global Smart Grids Innovation Hub –GSGIH– que Iberdrola tiene en Bilbao ha movilizado 210 millones de euros en sus cinco años de vida en el desarrollo de proyectos de innovación para diseñar las redes eléctricas inteligentes para el presente y de futuro. El GSGIH es un espacio de colaboración público-privado entre Iberdrola y la Diputación Foral de Bizkaia. Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados y está ubicado en Larraskitu, al sur de Bilbao. La Diputación Foral de Vizcaya e Iberdrola han celebrado el V Aniversario del centro, que coincide en 2026 con los 125 Años de Iberdrola. El acto contó con la presencia de la diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el presidente de i-DE y delegado institucional de la compañía en el País Vasco, Asís Canales; Ainara Basurko e Itxaso Berrojalbiz, diputadas de Promoción Económica y de Hacienda y Finanzas, respectivamente, de la Diputación Foral de Bizkaia; y la CEO de i-DE redes inteligentes de Iberdrola, Eva Mancera, entre otros. En el lustro de vida del Hub, la inversión en innovación de i-DE –la filial de redes de la energética– ha crecido un 55% en comparación con el periodo anterior, situándose por encima de los 40 millones de euros anuales, contribuyendo a la competitividad del territorio a través de la tracción de la cadena de valor. Ver más en Iberdrola aquí. 

Finalmente, será Luz Usamentiaga quien sustituya a Jon Ander de las Fuentes en la presidencia de Euskaltel. La compañía vasca de telecomunicaciones completa así el proceso de renovación de su consejo de administración iniciado hace unos meses, abriendo una nueva etapa en la que aspira a consolidar el peso vasco en la gestión y a acelerar el desarrollo digital en Euskadi y Navarra. El nuevo órgano de dirección mantiene como consejero delegado a Meinrad Spenger e incorpora a otra mujer, Jasone Altuna, directiva y hasta ahora responsable de los negocios de servicio al consumidor y a la industria de Ayesa (la empresa que acaban de adquirir el Gobierno vasco, Kutxabank y las fundaciones BBK y Vital), quien asumirá la dirección ejecutiva de la firma naranja a partir del 1 de junio. Su nombre se unirá a los de Cristina Sustacha y Julio Gómez en un consejo de cinco miembros, cuatro de los cuales tienen origen y vinculación directa con Euskadi y donde, por primera vez, la representación femenina será mayoritaria. Dos indicadores que Euskaltel presenta como parte de su renovado «compromiso con el territorio». Nacida en Bilbao, Usamentiaga es licenciada en derecho económico por la Universidad de Deusto, tiene un máster en asesoría jurídica de empresa por el IE y realizó estudios de posgrado en ESADE, EM Lyon y Cranfield University. Con 25 años de trayectoria profesional y amplio conocimiento del sector de las telecomunicaciones, su perfil combina la experiencia regulatoria y la participación en la liberalización del mercado, desde los orígenes del operador vasco.

La española Amparo Moraleda será, a partir del próximo 1 de octubre, la primera mujer presidenta de Airbus, según confirmaron fuentes de la empresa. La directiva se convierte además en la primera persona en llegar al máximo puesto de responsabilidad del gigante aeronáutico que no tiene nacionalidad francesa o alemana desde su fundación en 1970. “Esto demuestra el peso de España dentro de Airbus, con una importante huella industrial”, dijo un portavoz de la compañía. Moraleda atesora una amplia experiencia en empresas de distintos sectores. En banca fue vicepresidenta de Caixabank entre marzo de 2025 y febrero de 2026, momento en el que presentó su renuncia al cargo. Ingeniera industrial por ICAI (la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontifica Comillas), fue a su vez directiva de IBM entre 1995 y 2009. Después pasó por Iberdrola entre 2009 y 2012, para luego ser consejera de Airbus, Vodafone y AP Moller Maersk.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó ayer a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía mundial en dos décimas, hasta situarlo en el 3,1%, en medio de un clima marcado por el impacto de la guerra en Oriente Próximo y el repunte de los precios energéticos. Además, el organismo advierte: en el peor de los escenarios, si el conflicto se alarga más allá del verano, la economía mundial incluso podría entrar en recesión, con la inflación disparada por encima del 6%. Si bien no es el escenario más probable, el FMI no descarta nada. “El entorno es incierto y cambia cada día”, según insistió ayer el economista jefe del FMI, Pierre-Oliver Gourinchas, durante la presentación de los nuevos datos del Informe de Perspectivas Económicas que el organismo actualiza cada trimestre. “La duración y la magnitud del conflicto, además del tiempo que tarde en normalizarse la producción y el tránsito de energía, serán aspectos determinantes”, apuntó. Mientras tanto, el organismo ya ha revisado a la baja sus previsiones, a la espera de saber si tendrá que volver a hacerlo en la revisión de julio. Mientras que los países del Golfo Pérsico y algunas regiones de Asia se llevaron la peor parte en esta actualización, España se mantuvo en este contexto como una de las economías avanzadas más dinámicas, por delante de sus principales socios europeos. Aun así, no se ha librado de los recortes del organismo multilateral, que también rebajó en dos décimas sus pronósticos para el PIB español, como ya adelantó a finales de marzo. Así, España concluirá 2026 con un avance del 2,1% (frente al 2,3% que se preveía a comienzos del ejercicio). Destaca dentro de la eurozona, pero los signos de ralentización son claros. El FMI cree que la economía nacional solo avanzará un 1,8% el año que viene. Pese a la moderación, el ritmo es superior al de las principales economías europeas.

La regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de manera sorpresiva el pasado mes de enero, tras más de dos años de rechazar las presiones de sus socios de la izquierda para llevarla a cabo, está ya en marcha. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto –con rango de reglamento, lo que significa que no tendrá que ser sometido a votación en el Congreso– que endurece parcialmente los requisitos exigidos en los borradores previos a los inmigrantes que quieran acogerse a la medida. No porque ahora exija acreditar más meses de permanencia ininterrumpida en España (siguen siendo cinco), sino porque, como requirió el Consejo de Estado, ya no contempla la posibilidad de que el certificado de penales que deban presentar los solicitantes sea sustituido por una declaración responsable. La iniciativa, que Pedro Sánchez defendió ayer desde China, llega en medio de un enorme ruido político, con la oposición férrea del PP y de Vox. Ambos cuestionan las bondades de un proceso que el Ejecutivo presenta como una vía lógica para que 500.000 inmigrantes –de los que alrededor de 26.000 residen en Euskadi– que ya se encuentran en España trabajando en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, y pagar impuestos. Entre otras cosas, porque sostienen que la cifra de posibles beneficiarios alcanzará 1,2 millones de personas si se computan reagrupaciones familiares.

Una «necesidad moral», en palabras del presidente Pedro Sánchez, que desaprueba el líder del PP en fondo y forma porque no deja de ser un foco de «riesgos» y de «inseguridad» que «alienta a las mafias» y traslada la imagen errónea de que venir a nuestro país «es un chollo». «La regularización es inhumana, injusta, insegura e insostenible», defendió en una intervención ante sus diputados y senadores reunidos en el Congreso a los que pidió estar a la altura en la «recta final» de la legislatura para «construir la alternativa» y «liberar a España y a Europa del Orbán del sur». A diferencia de Vox o de algunos de sus presidentes autonómicos, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ya han anunciado que recurrirán el real decreto ante el Tribunal Supremo, Feijóo evitó avanzar cuáles serán los próximos pasos a seguir por su partido hasta que «estudien el texto», que cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal y la patronal, en profundidad. En cualquier caso, sí dejó claro que no se quedarán de brazos cruzados y que armarán una ofensiva para evitar que España se convierta «en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas».

El Gobierno descartó ayer una gran conversión de interinos a fijos, después de la sentencia de la Justicia europea que deja en manos del Supremo esta decisión. En un comunicado el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública defendió que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es meramente aclaratoria y que se limita a decir que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, «pero no obliga a hacerlo de una manera u otra», ni sanciona al país. Subrayó, además, que el fallo no afecta a la normativa nacional. La sentencia publicada ayer va al fondo del asunto y apunta que las medidas previstas en España para sancionar el uso abusivo de los contratos temporales en el sector público son insuficientes y que no resultan conformes al Derecho de la Unión. El alto tribunal, con sede en Luxemburgo, sostiene que la transformación de estos contratos en una relación laboral indefinida no fija, el pago de indemnizaciones y la convocatoria de procesos selectivos que tienen en cuenta la experiencia anterior del trabajador «no parecen permitir sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derechos de la Unión».

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida ayer cobra especial fuerza en Euskadi al ser la comunidad autónoma con mayor tasa de interinidad y de temporalidad entre sus empleados públicos. Las personas sin plaza fija representan un 35% de todos los funcionarios vascos, de los que una buena parte han agotado ya los tres años de permanencia en un puesto sin contar con una plaza fija, el periodo que marca los límites en los que se puede hablar de abuso de esta figura. A ellos apeló ayer directamente Javier Arauz, el primer abogado que llevó el abuso de la temporalidad ante el justicia europea. Animó a todos los afectados, ya estén en activo o hayan abandonado ya el puesto en el que trabajaban, a acudir en masa a los tribunales para lograr el empleo indefinido o una indemnización por el perjuicio acumulado durante su actividad. «El Tribunal nos aboca, tras más de veinte años sin aplicar correctamente la directiva europea, a que la única solución sea convertir en fijos a quienes han sufrido abusos en su contratación», advirtió Javier Arauz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció ayer al presidente de China, Xi Jinping, “una relación económica mucho más estrecha, sana y equilibrada”. Con este objetivo, el cuarto viaje del presidente español al gigante asiático se salda con la firma de 19 acuerdos bilaterales, entre los que destacan 10 económicos que van desde el ámbito de la agricultura al de la tecnología, buscando promover inversiones, alianzas empresariales y la reducción de un déficit comercial de más de 42.000 millones de euros. De los 10 acuerdos firmados, explicó Sánchez posteriormente a la prensa, “cinco van a servir para ampliar el acceso de nuestros productos agroalimentarios al imponente mercado chino; cuatro nos van a ayudar a impulsar las exportaciones españolas y a desarrollar nuestras capacidades de transporte e infraestructura; y uno va a proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores”. En particular, en el ámbito agroalimentario, se han sellado protocolos para ampliar las exportaciones españolas a China, incorporando nuevos productos autorizados como “los pistachos, los higos secos, proteínas de porcino y determinados fertilizantes”, detalla Moncloa, reforzando la protección de las indicaciones geográficas y fijando mecanismos de cooperación sanitaria frente a la gripe aviar. Además, el Ministerio de Economía ha sellado con los responsables económicos de China tres Memorandos de Entendimiento (MoU) destinados a “fortalecer la cooperación económica bilateral, promover inversiones sostenibles y facilitar un mayor acceso de productos y servicios españoles al mercado chino”.

En España, el gran problema está en el precio, pero no en el del suministro. La última escalada del gasóleo anula ya casi íntegramente las rebajas fiscales en vigor desde finales de marzo, por encima de los 1,8 euros por litro de media. Media docena de especialistas y voces autorizadas del sector consultadas por este diario descartan, sin embargo, un escenario de desabastecimiento a corto y medio plazo: la península Ibérica luce mucho mejor preparada que el centro, el norte y, sobre todo, el este de Europa. “España puede estar bastante más tranquila: estamos bien diversificados en cuanto al origen del petróleo que consumimos y tenemos refinerías muy versátiles, capaces de procesar crudo de todo tipo y origen”, comenta Gonzalo Escribano, director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. “Se ha invertido mucho y tenemos una capacidad de refino superior a la demanda: somos un país exportador, y eso nos da un colchón adicional”. Las nueve plantas de refino en suelo español —seis de Repsol, dos de Moeve y una de BP— pueden procesar hasta 1,6 millones de barriles diarios. Una cifra al alcance de solo dos países del Viejo Continente: Alemania e Italia. Ambos, sin embargo, tienen más población y, por tanto, un consumo notablemente superior. “El país de Europa mejor preparado para afrontar la situación es España. Porque tenemos grandes y buenas refinerías, y porque el 60% del petróleo que consumimos viene de América”, subrayaba el lunes el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, no se ha cansado de advertir en las últimas fechas de la gravedad de la crisis energética provocada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, hasta el punto de asegurar que esta crisis será peor que “las de 1973, 1979 y 2022 juntas” por su impacto no solo sobre el petróleo y el gas, sino también sobre los alimentos. Ayer, la agencia que dirige Birol cuantificó esas advertencias con unos pronósticos que rezuman pesimismo: el consumo mundial de crudo se hundirá en 1,5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre del año después de haberse contraído en unos 800.000 barriles al día durante marzo. Si se cumplen los vaticinios, será la caída “más pronunciada desde que el Covid redujo drásticamente el consumo de combustible” en 2020, señala el último informe del brazo energético de la OCDE, publicado ayer. Esto es, el conflicto en Irán, que está golpeando con dureza a todo Oriente Próximo, no solo ha mermado de forma significativa la producción de crudo en la región, sino que además ha provocado una destrucción de demanda en toda regla, que, aunque inicialmente ha afectado sobre todo a los países de la región y a Asia-Pacífico, se prolongará y se extenderá a medida que persistan “la escasez y los precios elevados” del petróleo, señala la Agencia.

Indra inicia una nueva etapa de gobernanza bajo la presidencia no ejecutiva de Ángel Simón, un nuevo periodo en el que el comité de dirección cuenta con total respaldo del consejero delegado, José Vicente de los Mozos. El CEO del grupo español de tecnología y Defensa mantuvo una reciente reunión con el comité directivo, formado por 17 miembros, tras el vendaval de gobernanza que ha azotado a la compañía y que acabó con la dimisión de Ángel Escribano como presidente ejecutivo y consejero de Indra y el nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo, recayendo la gestión sobre De los Mozos. Por lo demás, de ser un remanso de paz en Bolsa, Indra se ha convertido en un hervidero de movimientos de los fondos cortoplacistas, o short sellers, que aprovechan fuertes oscilaciones bursátiles de una empresa para sacar provecho. Indra se ha convertido por primera vez en la empresa del Ibex con mayor exposición inversora de estos fondos, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Indra suma un 4,35% de su capital en manos de fondos con posiciones cortas. Este porcentaje supone una inversión a precios actuales de 395 millones de euros. Es más que los 310 millones que los fondos cortoplacistas tienen en Repsol, o de los 275 millones de euros concentrados en Enagás.

Las grandes empresas del Ibex 35 abonaron una tasa efectiva en el Impuesto sobre Sociedades (IS) del 26,8% sobre sus beneficios del ejercicio completo de 2025. Esta cifra es el resultado de un pago agregado de 25.100 millones de euros por este tributo sobre un beneficio conjunto antes de impuestos de 93.617 millones. Destaca en este sentido la contribución de los seis bancos cotizados, cuya tasa impositiva media se elevó hasta el 29,1%, situándose significativamente por encima del tipo nominal general del 25% y consolidándose como el principal pilar de la recaudación del selectivo. Así se desprende de los datos tributarios obtenidos por Expansión para su Observatorio del Impuesto sobre Sociedades, elaborado por el analista Joaquín Tamames. El cálculo del tipo efectivo se elabora a partir de la información pública por las compañías, datos que están disponibles en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la sección de inversores de las webs de las empresas. “El Impuesto sobre Sociedades recae en gran medida sobre las grandes compañías y su contribución fiscal es significativa”, destaca Joaquín Tamames. “El debate sobre la fiscalidad empresarial debería partir, por tanto, de la evidencia cuantitativa disponible y no únicamente de percepciones o narrativas simplificadas y distorsionadas por determinados portavoces políticos”, añade el analista autor del observatorio.

Estados Unidos e Irán están dialogando para retomar las negociaciones sobre el fin de la guerra, que se interrumpieron el sábado tras un primer encuentro en Islamabad (Pakistán). El presidente de EE UU, Donald Trump, afirmó ayer, en declaraciones al New York Post, que la reanudación podría ser esta misma semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una más de sus habituales entrevistas telefónicas cortas con un medio de comunicación,informó ayer al periódico estadounidense New York Post de que se están llevando a cabo nuevas conversaciones para una segunda ronda de contactos entre su país e Irán y avanzar así en el proceso de paz tras siete semanas de conflicto en Oriente Próximo. “Esto podría ocurrir en los próximos dos días”, señaló el mandatario republicano, que se inclina, según sus palabras, por mantener Islamabad, la capital de Pakistán, como lugar donde se reúnan las partes. Trump pronunció estas palabras a unas horas de que se cumpliera la primera semana del alto el fuego entre Washington y Teherán, y un día después de que la fuerza naval estadounidense iniciase el bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Al menos tres buques cisterna ligados a intereses chinos e iraníes —dos de ellos sancionados por Washington— lograron cruzar el paso marítimo del Golfo.

«Estoy sorprendido con ella. Pensaba que tenía valor, pero me equivocaba», comentó el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con el diario ‘Corriere della Sera’. En una conversación con la corresponsal del diario milanés, Trump criticó a Meloni porque «no nos está dando ninguna ayuda» en la guerra de Irán a pesar de que, a su juicio, «obtiene el petróleo» de Oriente Medio. «No piensa que Italia debería implicarse. Piensa que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella», afirma, reconociendo que ambos llevan «mucho tiempo» sin hablar. Desde que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, la primera ministra italiana ha tratado de mantener un delicado equilibrio para no implicar a su país en la guerra, aunque tratando de salvar la buena sintonía que había mostrado con Trump. Pero la negativa a utilizar las bases militares conjuntas presentes en territorio italiano para las operaciones en Oriente Medio abrió una brecha en la relación que ha acabado saltando por los aires tras las críticas de este lunes del líder republicano al Papa. Meloni consideró «inaceptable» que el magnate calificara de «pésimo» a León XIV por haber censurado su política belicista. «Es ella la inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y hace que salte por los aires Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad», respondió Trump. En su opinión, la primera ministra italiana «no es la misma persona» que él respaldó hace unos meses, porque «no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a desembarazarnos del arma nuclear».