20260506

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Entrevista a Tamara Yagüe, presidenta de Confebask. Según afirma, el aumento de costes y el absentismo son las mayores preocupaciones de las empresas vascas, y que dberían tomarse medidas añadidas si empeora la inflación por la crisis energética. También muestra su preocupación reiteradamente por el futuro del valle de Ayala. "...Creo que en algunos momentos es necesario llegar a acuerdos. No puede ser que no estemos de acuerdo en nada...Es difícil entender cómo en algunos casos los trabajadores no pueden decidir su futuro...El ejemplo de Tubos Reunidos no es el único. No entiendo cómo un trabajador no puede decidir...Decimos que es mommento de 'invertir' en fiscalidad, es decir, de adoptar medidas fiscales para atraer la inversión...El suplemento de las bajas es un derecho de los trabajadores, pero no se puede utilizar de manera fraudulenta...Con los índices de absentismo que tenemos, no se puede decir que el absentismo no existe. Lo más importante es la salud de los propios trabajadores, y tenemos que darle una vuelta entre todos a este tema... Falta coordinación: la baja la paga la Seguridad Social, pero la decisión la toma un servicio de Salud que no sabe qué trabajo concreto desempeña esa persona. Hay que afinar más los protocolos y el seguimiento de las bajas..."

El paro ha bajado en Euskadi en el mes de abril en más de 3.000 personas, un dato muy superior al del año pasado, cuando bajó en la mitad. Adicionalmente, el número de ocupados ha aumentado en casi 2.500 personas, una cifra también superior a la de abril del año pasado, de manera que se cuenta en Euskadi con un total de 11.000 afiliados más que hace un año.  Con estas cifras recién conocidas, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín ha valorado la situación como “muy positiva, porque Euskadi sigue siendo capaz de crear empleo y de reducir el número de parados, algo ciertamente meritorio dada la actual coyuntura de incertidumbre que todos conocemos. En ese sentido, y vista la evolución del mercado laboral en Euskadi hasta la fecha, en Confebask mantenemos nuestras previsiones de crecimiento del empleo y reducción de paro para el conjunto del año”.  Asimismo, Pablo Martín ha destacado que el  descenso del paro y la creación de empleo se da en todos los sectores, también en la industria, y aunque la Construcción registra un leve retroceso en su número de ocupados. Ver más en Confebask aquí. 

La mejora de los datos vino sobre todo por la hostelería, la educación y los servicios sanitarios, aunque en el último año también ha crecido el empleo en la industria; hay 600 puestos más y se alcanzan los 175.400. Por contra, la construcción, uno de los ámbitos que más peso estaba ganando, se mantiene prácticamente en plano con 59.300 trabajadores. Sí sube, aunque más lentamente, el transporte y el almacenamiento, que agrupa 48.000 puestos. La mejora del paro destaca entre los jóvenes. Se reduce un 8,6% entre los menores de 30 años «confirmando una dinámica especialmente favorable», en palabras del viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno vasco, Alfonso Gurpegui. Este abril marca para Confebask una dinámica positiva por la reducción del paro en la industria. «Nos indica que las empresas vascas que más pueden verse afectadas por los aranceles y la guerra manifiestan suficiente resiliencia», apunta su responsable de Economía, Pablo Martín, algo que lleva a la patronal a mantener sus perspectivas de firmar un 2026 en el que se cree empleo. Los sindicatos miran con recelo los datos. 

Viento en popa a toda vela. Pese a las incertidumbres, pese a los aranceles, pese a la competencia china y pese a la guerra en Irán, Gipuzkoa sigue creando empleo. Así lo atestiguan los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social conocidos ayer, ya que el territorio creó en abril 937 puestos de trabajo para sumar un total de 342.889 afiliados. Se trata de la segunda cifra más elevada de su historia, a sólo 445 del récord absoluto, que data de noviembre de 2025. La hostelería, una vez más, es el motor de la creación de empleo, ya que concentra 600 de esos 900 nuevos contratos. Abril fue el mes en el que se celebró la Semana Santa, con relevantes flujos turísticos en nuestras latitudes. La industria y la construcción se quedan prácticamente igual que como estaba en marzo, mientras que el comercio suma 50 afiliados, la sanidad gana 170 y la educación pierde 200 cotizantes. Es de destacar que Gipuzkoa ha creado 2.700 nuevos puestos de trabajo en los dos últimos meses. Un periodo que coincide con el inicio de la guerra en Irán, con la consiguiente crisis energética que derivó en una importante escalada del precio de los carburantes, especialmente del diésel. Con todo, y al menos de momento, esos efectos no se dejan notar en el mercado laboral de nuestro territorio, que continúa en niveles récord de recaudación.

Según han trasladado la propia empresa y las administraciones vascas, uno de los principales obstáculos para refinanciar la deuda de Tubos Reunidos y atraer inversores para explorar su viabilidad es el rescate de la Sepi. Curiosamente, aquel crédito concedido por el organismo del Estado en 2021 por 112,8 millones, y que salvó a la empresa tras la pandemia, es ahora el centro de todas las demandas. El importe, junto a una escalada de intereses que crecen anualmente, asciende ya a 150 millones. Una cantidad sobre la que la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda ha insistido en recordar que no podía ofrecer ningún perdón, ya que se trata de ingresos de derecho público. Sí ha ofrecido aplazamientos y refinanciaciones que se iban hasta 2040, pero sobre las cantidades íntegras. Ahora, después de que el lunes la empresa declarase el concurso de acreedores por una «insolvencia financiera inminente», cambia el escenario. Así lo explican fuentes jurídicas, que recuerdan que el importe de los préstamos de la Sepi, según el Texto Refundido de la Ley Concursal en su artículo 280.4, se divide automáticamente en un 50% con una categoría de privilegio general y otro 50% como crédito ordinario. Así, la primera mitad sí tendría preferencia de cobro, pero el segundo tramo se situaría en las mismas condiciones que el resto de los préstamos bancarios. Por lo tanto, en el caso de los 150 millones que Tubos Reunidos debe a la Sepi hay 75 que quedarían afectados por la quita que se pudiera aprobar en el convenio. Incluso, señalan las mismas fuentes, hay sentencias de casos que corroboran que ese 50% tratado como ordinario puede ser mayor. En todo ello es determinante el criterio del juez a la hora de valorar la posibles ofertas que haya por la empresa, la viabilidad de la actividad y la salvaguarda del empleo.

La entrada de Tubos Reunidos en concurso de acreedores no ha hecho sino enconar aún más el conflicto laboral que se vive en el seno de la empresa, con un duro enfrentamiento sindical. En este contexto de alta tensión, los trabajadores que han promovido la celebración de una asamblea en la planta de Amurrio para poder debatir si se mantiene la huelga indefinida siguen adelante con su iniciativa, que ha sido avalada por el departamento de Trabajo. La Inspección ha recibido la relación de firmas recabada y constata que superan el 25% de la plantilla -un total de 900 trabajadores-, con lo que se confirma su validez. Los promotores de esta asamblea, convocada para este jueves a las 9.00 horas, defienden que una decisión tan relevante como el mantenimiento de la huelga debe ser «debatida de forma colectiva y democrática» y se rebelan contra la negativa de la mayoría sindical -integrada por ELA, LAB y ESK- de someterla a referéndum. La consideran «más necesaria ahora» si cabe, tras el concurso de acreedores, ya que se entra en otra etapa en la que hay que tratar de asegurar la continuidad de la compañía en el proceso. Recuerdan, además, que el ERE ha decaído puesto que estaba condicionado a que la empresa lograse la refinanciación de la deuda. Los trabajadores comunicaron la semana pasada la convocatoria al comité de empresa de Amurrio pero, según explicaron, «no se facilitó el listado de firmas por razones de confidencialidad y seguridad de las personas firmantes». Lo que sí hicieron es trasladarla a la Inspección, a la que han pedido ayuda para que la asamblea se celebre con seguridad. Tras expresar una vez más sus dudas sobre la asamblea convocada para el jueves, ELA, LAB y ESK han señalado que «solo ellos la pueden desconvocar. Un referéndum no va a quitar una huelga que ha convocado una mayoría del comité». 

Después de la vendimia del mildiu, Rioja Alavesa piensa menos en los excedentes del vino. Las solicitudes para los subsidios que permiten arrancar uva antes de que madure –la conocida en el argot agrícola como la cosecha en verde– se desploman. Según informó ayer el Gobierno vasco, las peticiones para acogerse a este subsidio han pasado de las 415 del año pasado a apenas 166. Con el plazo de inscripciones ya cerrado, estas solicitudes apenas afectan a 690 hectáreas del viñedo de la comarca alavesa. Suponen apenas un 5,3% de las 13.000 que hay en Rioja Alavesa. En 2025 fueron 1.340 hectáreas las que pidieron la ayuda, más del 10%. El bajo volumen de solicitudes también ha sorprendido al Gobierno vasco, que había previsto que se acogiesen a los subsidios unas 1.000 hectáreas de viñedo. Con todo, la rebaja es menos drástica que al otro lado del río Ebro. En La Rioja, el desplome ha sido del 73%. Este año apenas han sido 1.602 las hectáreas de viñedo las que solicitaron destruir la producción respecto a las 6.060 que se demandaron el año anterior. «Este dato refleja la evolución de la campaña y la respuesta del sector en el contexto actual», señaló el Departamento de Agricultura a través de una nota. La medida, según destacan desde el propio Gobierno, es «clave para ordenar el mercado vitivinícola y contribuir a la sostenibilidad del sector, permitiendo ajustar la producción mediante la eliminación de racimos antes de su maduración». «Esta medida nos permite actuar con anticipación y de manera ordenada, acompañando al sector en un momento clave y reforzando su estabilidad. Apostamos por un modelo que prioriza la calidad, el equilibrio del mercado y el futuro de nuestras explotaciones», subrayó la consejera Amaia Barredo.

La Comisión Europea está muy preocupada por la situación en Oriente Próximo y sus consecuencias económicas para la Unión Europea (UE) y el resto del mundo. El comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha advertido este martes que el mundo se enfrenta a la que podría ser «la crisis energética más grave de la historia», un escenario de escasez, especialmente de queroseno, para el que el bloque comunitario ya se está preparando. El comisario europeo de Energía ha sido claro al afirmar que la crisis actual no tiene precedentes y ha subrayado la importancia de reforzar el abastecimiento de la UE. La guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz están poniendo a prueba «la resiliencia de nuestras economías, de nuestras sociedades y de nuestras alianzas», destaca Jorgensen. El bloque aún no enfrenta problemas de abastecimiento, pero preocupa especialmente el queroseno (utilizado como combustible de aviones), de cara a la temporada de verano, cuando hay programados más vuelos. Bruselas asegura que «ya se está preparando» para una situación de escasez. Jorgensen, en su línea habitual, no ha querido pecar de optimismo y ha apuntado que no sabe cuándo se recuperará la normalidad. «Incluso cuando eso ocurra, creo que debemos ser bastante realistas y decir que, incluso en el mejor de los escenarios, la situación seguirá siendo bastante seria», ha admitido.

El estallido del conflicto en Irán ha activado todas las alarmas en el sector turístico internacional para la temporada de 2026. Aunque la exposición directa de los paquetes vacacionales a Oriente Medio es limitada, la verdadera amenaza reside en la crisis de suministro y precios del combustible. El encarecimiento del queroseno y el temor a restricciones de suministro amenazan con abrir una nueva crisis en el transporte aéreo justo al inicio de la temporada alta, con un impacto que ya se nota en la programación internacional. Desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero, el precio del combustible para aviones se ha duplicado, situándose cerca de los 180 dólares por barril. Esta presión ha obligado a las aerolíneas a eliminar alrededor de dos millones de asientos para el mes de mayo. Compañías como Emirates, Etihad y Qatar Airways han liderado los ajustes. La estrategia pasa por reducir frecuencias y sustituir aviones de gran capacidad por modelos más eficientes para protegerse ante posibles problemas de abastecimiento en una región donde los hubs del Golfo, antes vitales para la conexión Europa-Asia, operan ahora de forma limitada. La preocupación técnica es crítica: la posibilidad de que un avión quede varado en Asia sin combustible para regresar es ya una variable operativa real. Aeropuertos como Singapur, Tokio-Haneda, Incheon o los de Vietnam ya vigilan el consumo o aplican racionamientos. Mientras la Agencia Internacional de la Energía advierte de tensiones de suministro en Europa para junio, España intenta proyectar un mensaje de «máxima tranquilidad». La ministra Sara Aagesen ha asegurado que el país cuenta con reservas para 90 días y una producción propia del 80% del queroseno que consume, lo que reduce la dependencia exterior a niveles muy inferiores a los de sus socios comunitarios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue con atención las medidas con las que Europa trata de contener el impacto del nuevo shock energético derivado de la guerra de Irán. En un contexto que empeora por momentos, el organismo global se mete de lleno en uno de los debates más candentes entre los Estados miembros: la necesidad o no de recuperar un impuesto a las ganancias extraordinarias que están percibiendo las empresas energéticas ante el alza de los precios. “Lo vemos potencialmente como una medida estructural, no como algo que se introduce cada pocos años en respuesta a un choque para financiar un gasto específico”, expresaron ayer Helge Berger y Oya Celasun, subdirectores del departamento europeo del FMI. Los expertos del FMI sugieren que los impuestos a los llamados “beneficios caídos del cielo” deberían formar parte de la estructura fiscal de los países para convertirlos en un elemento predecible que las empresas conozcan de antemano. Esta herramienta fiscal se activaría automáticamente cuando se producen estos beneficios extraordinarios, con un peso definido y sea en el sector que sea, en lugar de lanzarlos de imprevisto con la intención de financiar gastos específicos. “La aplicación repetida o impredecible de estos impuestos puede generar un impacto distorsionador en las decisiones de inversión de las compañías”, aseguran Berger y Celasun.

El Gobierno utilizó los fondos europeos para hacer frente al pago de las pensiones en un escenario de números rojos desde 2012 y sin Presupuestos. En concreto, desvió en noviembre de 2024 un total de 2.389,4 millones de euros para abonar las prestaciones públicas, según afirma la Declaración sobre la Cuenta General del Estado aprobada por el Tribunal de Cuentas esta semana y publicada este martes. «La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», señala el Tribunal de Cuentas como una de las incidencias detectadas en el ejercicio de 2024. «A juicio del Tribunal, esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes», añade el informe. La responsable de la cartera de Hacienda en aquel entonces y ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, defendió este desvío de fondos asegurando que no comprometía el plan de recuperación.

Las fricciones entre dos economías que en tamaño están a años luz la una de la otra (EEUU tiene un PIB de 27,2 billones de euros frente a los 1,6 billones de España) preocupa, y mucho, a los empresarios de ambos lados del Atlántico, porque son cifras multimillonarias las que están en liza. No en vano, Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en España y el primer destino de la inversión española en el mundo, con un stock de inversión directa acumulada en ambos sentidos superior a los 213.000 millones de euros, tal como resaltó ayer la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain), que publicó la primera edición del The Bridge Report 2026, Spain-U.S. Economic Relations, que aspira a que sea el informe anual de referencia sobre los lazos económicos entre España y EEUU. Los datos recogidos en ese documento muestran que la relación económica entre los dos países “es más profunda, más equilibrada y más estratégica de lo que las cifras convencionales revelan”, señaló el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, quien advirtió de que “en un momento de incertidumbre bilateral, el primer paso es conocer bien lo que está en juego”, en clara alusión a las posibles consecuencias de los constantes desencuentros entre el Gobierno de Sánchez y la Administración Trump. Y es que los stocks de inversión acumulada en ambos países: 116.094 millones de euros de capital productivo real de EEUU en España hasta 2023 (cifra que en 2024 podría haber rozado ya los 130.000 millones, según fuentes como el IEE) y 97.247 millones de empresas españolas en suelo estadounidense, son solo una parte de la estrecha ligazón entre los tejidos productivos de ambos países, cuya ruptura o deterioro de relaciones tendría, sin duda, serias consecuencias. Solo en 2025, la inversión bruta de EEUU en España superó los 10.000 millones de euros, un 55% más que en 2024. 

España sigue inmersa en un auge del turismo masivo. Tras cerrar el pasado ejercicio con un nuevo récord de 96,7 millones de viajeros extranjeros, el primer trimestre de 2026 se saldó con máximos históricos de turistas extranjeros y de gasto. Entre enero y marzo llegaron 17,5 millones de visitantes, un 2,6% más, y el gasto repuntó un 6,4% anual hasta los 25.017 millones. Si esas cifras se repiten o incluso se aceleran en los próximos meses, algo que parece muy probable por la llegada de la temporada alta o por la inestabilidad que viven otros países competidores cercanos a Oriente Próximo, España podría cerrar este año superando por primera vez en la historia los 100 millones de viajeros y el gasto podría alcanzar los 143.000 millones de euros. En marzo, el primer mes desde que comenzó la guerra en Irán, llegaron a España 6,8 millones de turistas extranjeros, lo que supuso un crecimiento del 3,3% y la cifra más alta de la serie histórica, según las cifras presentadas en la mañana de ayer por el INE. El gasto también tocó un nuevo récord al alcanzar los 9.606 millones de euros, un 5,4% más que en el mismo mes de 2025. El conflicto armado en Oriente Próximo ha provocado un trasvase de viajeros desde los países de esa zona y de algunas otras naciones, como Turquía o Egipto, que compiten con España por atraer viajeros europeos en busca de destinos de sol y playa. 

La Comisión Europea reclama al Gobierno de Donald Trump que no cumpla su amenaza de subir los aranceles a los coches europeos y que “regrese” a los términos del pacto alcanzado el pasado verano en la localidad escocesa de Turnberry para evitar la guerra comercial entre los dos bloques. Es el principal mensaje transmitido ayer en la reunión que mantuvieron en París el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y el delegado comercial de EE UU, Jamieson Greer. El encuentro se producía tras la amenaza de Trump de gravar los coches europeos con un arancel del 25%, superior al 15% acordado en verano como arancel general. El sector automovilístico es uno de los más sensibles para las exportaciones del Viejo Continente. Para tratar de convencer al socio estadounidense, el Ejecutivo comunitario garantizó a Washington que trabajará “duro” para que Europa cumpla su parte del acuerdo de forma que se apruebe lo antes posible. No obstante, las discusiones están en estos momentos en manos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo, que están negociando una posición común y se vuelven a citar hoy.

Estas medidas llegan en medio de la crisis que arrastra la automovilística ante el aumento de la competencia de los fabricantes chinos y la lenta adopción del coche eléctrico. Fuera de España, también incluirá “un cambio del modelo de distribución en los mercados nórdicos” y se reducirá de dos líneas productivas a una las operaciones industriales de la empresa en Reino Unido. La compañía también dispone de instalaciones en Alemania. Nissan se prepara para recortar su estructura en Europa, incluida España. La automovilística japonesa ha anunciado la puesta en marcha de un plan de ajuste que incluirá el despido de 900 personas en todo el continente y que afectará a sus instalaciones en Cataluña. Hace una semana, Nissan trasladó a los sindicatos su intención de plantear un expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres plantas que la empresa conserva en Barcelona. El grupo dispone en la región de un centro técnico en el polígono de la Zona Franca de la capital catalana, un centro de recambios y otro de áreas flexibles, ambos situados en El Prat de Llobregat, con una plantilla total de 569 personas. Por ahora, se desconoce cómo se repartirán los despidos en Europa y cuál será el impacto del expediente en Cataluña, aunque se espera que el centro de recambios, que suma 120 trabajadores, sea el más afectado. Estos ajustes se enmarcan en el plan de transformación Re:Nissan de la empresa, orientado a reforzar la eficiencia y competitividad del fabricante de coches. Nissan ha especificado que supondrá un “redimensionamiento” del centro de recambios. Los recortes no afectarán a sus instalaciones de Ávila y Cantabria. “La propuesta de reorganización que se ha presentado entra ahora en una fase de consultas con la presentación de las personas trabajadoras. Nissan se compromete a mantener un diálogo constructivo durante este proceso”, informó la empresa. 

La comarca sevillana del Aljarafe va a contar con el primer almacén de hidrógeno verde de toda España. Impulsado por Trinity Energy Storage, el llamado Proyecto Aljarafe plantea la reconversión de antiguos yacimientos de gas en la provincia de Sevilla en infraestructuras capaces de almacenar energía limpia de forma segura, eficiente y competitiva. Se perfila como una de las iniciativas más avanzadas en España y Europa para resolver uno de los grandes retos de la transición energética: el almacenamiento de energías renovables a gran escala. Contará con una capacidad prevista de 550 GWh, equivalentes a almacenar hasta 14.000 toneladas de hidrógeno y aspira a estar operativo en 2030, coincidiendo con el despliegue de la futura red troncal de hidrógeno en España. “Logramos acelerar la transición, reducir costes y minimizar impactos ambientales. Además, introducimos un elemento clave que muchas veces se pasa por alto, el almacenamiento”, explica Cristina Yuste, responsable de Negocio de Hidrógeno de Trinity Energy Storage. “Sin capacidad de almacenar energía, no es posible construir un sistema renovable estable y seguro”, añade. La importancia del almacenamiento de hidrógeno es que permite gestionar el desajuste entre la producción renovable (variable por naturaleza) y la demanda, lo que se traduce en flexibilidad estacional, seguridad de suministro y estabilidad de los precios. Además, contribuye a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a avanzar en la electrificación de sectores difíciles de descarbonizar, como la industria pesada o el transporte marítimo. 

Tres años después, los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), salen del accionariado de Indra. La empresa familiar lanzó, al cierre de mercado de ayer, una colocación acelerada de su 14,3% en el capital del grupo español de tecnología y Defensa. A cierre de Bolsa de ayer, en la que los títulos de Indra llegaron a subir más de un 6% y cerraron en 52,34 euros (+4,8%), Advanced Engineering & Manufacturing, sociedad patrimonial a través de la que los Escribano mantenían su participación en EM&E y en Indra, se desprendió de todas sus acciones en Indra, donde poseía un 14,3%, correspondiente a 25,26 millones de títulos, valorados a precios de mercado en unos 1.320 millones de euros. Con este movimiento, EM&E pierde su representante en el consejo de administración de Indra, asiento que ocupaba hasta la fecha Javier Escribano, presidente de EM&E –el 14,3% de participación daba a EM&E derecho a dos vocales, pero nunca se llegó a reclamar un segundo asiento en el consejo–. La salida del capital de Indra se produce poco más un mes después de la dimisión de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de Indra, tras la presión ejercida tanto por Moncloa como por Sepi, que es el primer accionista de Indra con un 28%, para que diera un paso a un lado con el fin de acabar con el conflicto de interés existente en la operación de Indra y EM&E, al ser al mismo tiempo presidente de Indra y propietario, junto con su hermano Javier, de EM&E y del 14,3% de Indra.

En un marco donde la brecha de tamaño entre las empresas españolas y las europeas supone un lastre productivo para el tejido nacional, las cada vez mayores cargas burocráticas, administrativas y laborales, así como las obligaciones contables, provocan el rechazo de las pymes a crecer. Así lo pone de manifiesto un estudio titulado Crecimiento empresarial y buenas prácticas regulatorias para la mejora del entorno de las pymes españolas, publicado ayer por la Cámara de España, que señala que las obligaciones regulatorias “disuaden a las pymes de aumentar sus plantillas y provocan retrasos en sus inversiones” para evitar cargas adicionales relacionadas con su tamaño. Según el documento, en España hay un 21% menos de empresas de lo previsto en el segmento de 1 a 7 empleados; un 16,6% menos de entre 10 y 20; un 18,6% menos de entre 20 y 50 trabajadores; y un 24% menos de 50 empleados. Entre los principales motivos por los que los pequeños empresarios rechazan el crecimiento, se encuentran las normas sobre el despido colectivo, la obligación de crear comités de empresa o la existencia de exigencias contables más estrictas según el número de empleados, entre otros. Por sectores, las pequeñas y medianas empresas de la industria y la construcción son las más reticentes a alcanzar los 50 empleados. Se trata de un dato llamativo, teniendo en cuenta que ambas ramas de actividad se han posicionado este año como dos de las más importantes para la economía española, en pleno impulso de la industria europea -especialmente la de Defensa- y ante la creciente crisis de oferta en el mercado residencial.

En este artículo, los principales directivos de los creadores tecnológicos europeos hacen una llamada de atención a los líderes políticos. "Airbus, ASML, Ericsson, Mistral AI, Nokia, SAP y Siemens comparten la misma cadena de valor y los mismos desafíos de escala. Juntos, hacen un llamamiento a todos los actores europeos para sacar el máximo partido al tamaño y el potencial de Europa en materia tecnológica, industrial y de inteligencia artificial (IA). Europa pierde competitividad global cada día. Nos enfrentamos a una crisis en gran medida provocada por nosotros mismos y, por lo tanto, una que somos capaces de superar...En conjunto, nuestras empresas generan unos ingresos de 417.000 millones de euros y representan una capitalización bursátil de casi 1,1 billones de euros. Sostenemos más de 957.000 empleos de alta tecnología en todo el mundo, invertimos más de 40.000 millones de euros anuales en I+D y controlamos 213.000 patentes a nivel mundial. Somos el núcleo de los potentes ecosistemas que forman la base de la soberanía tecnológica de Europa, creando una oportunidad única para que nuestro continente lidere la próxima fase de transformación tecnológica. Durante las últimas dos décadas, la atención se ha centrado en construir el mundo digital. Pero la próxima fase de innovación estará definida por cómo se aplican las capacidades digitales en el mundo real: en industrias, infraestructuras y economías enteras. ...Nos enfrentamos a mercados fragmentados y a rivales subsidiados con una fuerte penetración de mercado en la UE. Las empresas en Europa se enfrentan a normativas asfixiantes, innecesariamente complejas y, a menudo, superpuestas, que hacen que sea increíblemente difícil mantener el ritmo de los avances tecnológicos. En ningún lugar esto es más visible que en el ámbito digital. Más de tres años después del “momento ChatGPT”, Europa todavía debate sobre su regulación, mientras que otros hace tiempo que cambiaron su enfoque hacia el despliegue de la IA a gran escala en sistemas físicos y robótica. Debemos asegurarnos de no legislar por delante de la innovación, sino de dar forma a los estándares del mañana mediante la construcción y el despliegue de tecnologías...Estamos profundamente convencidos de la creatividad y el potencial de innovación de los europeos. Sin embargo, para sacar verdadero partido a ese potencial y alcanzar a nuestros competidores globales, debemos centrarnos menos en la ambición y más en la ejecución, creando las condiciones que nos permitan convertir las fortalezas tecnológicas de Europa en un progreso real. La Comisión Europea, bajo la presidenta Von der Leyen, ha dado importantes primeros pasos en esta dirección.Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos urgentemente como creadores de tecnología y responsables políticos para convertir esta ambición en acción..."

Estados Unidos aseguró ayer que dos buques de bandera norteamericana ya lograron cruzar el estrecho de Ormuz con escolta de sus propios destructores. Son los primeros tránsitos de una operación que busca liberar a unos 2.000 barcos varados en el golfo Pérsico, con unos 20.000 marinos a bordo, desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.«Como un regalo directo de Estados Unidos al mundo, hemos establecido una poderosa cúpula roja, blanca y azul sobre el estrecho». Así, en referencia a los colores de la bandera estadounidense, describió el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, la operación militar de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz. Donald Trump presentó después la situación con Irán como una guerra prácticamente ganada por Estados Unidos. Dijo en la Casa Blanca que Irán «no tiene ninguna posibilidad», que su Armada ha sido «totalmente destruida», que su Fuerza Aérea está «totalmente eliminada» y que ya no dispone de capacidad antiaérea, radares ni medios navales relevantes. Según él, los iraníes han quedado reducidos a «pequeñas embarcaciones con ametralladoras» porque «ya no tienen barcos». Según el Pentágono, drones armados de vigilancia, helicópteros Apache del Ejército, cazas de la Fuerza Aérea, buques de guerra de la Armada, dos portaaviones y unos 15.000 militares desplegados en la región mantienen ya una cobertura permanente sobre la ruta para proteger a los buques comerciales y garantizar el tránsito por uno de los pasos marítimos más sensibles del mundo.