20251224

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Plan de Industria impulsado por el lehendakari, Imanol Pradales, se ha convertido en una de las banderas de la legislatura. Una apuesta por movilizar de aquí a 2030 un total de 15.900 millones entre dinero público y privado para acometer uno de los principales retos de la economía vasca: recuperar el arraigo poniendo fin a la fuga de empresas y ayudar al desarrollo de inversiones para la transformación industrial. La operación, que ha arrancado con los mil millones de deuda pública para crear la Alianza Financiera Vasca y que ha permitido lanzar operaciones como la de Talgo y la de Ayesa, ha contado con el respaldo unánime de todos los partidos políticos vascos en el Parlamento. Además del PSE, socio de Pradales, Bildu y PP también han apoyado una iniciativa a la que se han adherido entidades financieras como Kutxabank, BBVA y Laboral Kutxa, así como la estructura de EPSV de Euskadi. Lo que no imaginaba el Gobierno vasco es que una de las principales reticencias iba a surgir en casa, en el seno del PNV. Y es que la formación jeltzale en Gipuzkoa, que controla la fundación bancaria Kutxa a través de los patronos que designa, se ha convertido en un elemento díscolo que ha rechazado participar en las tres operaciones lanzadas este año por las otras fundaciones –BBK y Vital– y el propio Ejecutivo. Las últimas ‘calabazas’ a la invitación a participar en lo que el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha llamado ‘cuadrilla’ –en referencia al consorcio que se crea para acometer estas operaciones–, se dieron este lunes. Después de rechazar su entrada en las operaciones de Talgo y el Grupo Uvesco, la propietaria del 32% de Kutxabank se negó a participar en la compra de la antigua Ibermática. El patronato que dirige Kutxa tomó esta decisión sumando los votos de los miembros elegidos por PNV y Podemos (7) frente a los de Bildu y PSE (6), que sí defendían la adquisición de la división tecnológica de Ayesa.

La decisión del patronato de la guipuzcoana Kutxa Fundazioa de rechazar su entrada en el consorcio para la adquisición de la división tecnológica de Ayesa –la fundación tampoco ha tomado parte en la compra de Uvesco– ha abierto una brecha política de calado entre el PNV de Gipuzkoa y el Ejecutivo de Vitoria. El voto negativo de los patronos afines a la formación jeltzale en el territorio, sumado al de Elkarrekin Podemos, tumbó este lunes la entrada de la FundaciónKutxa en Ayesa, la antigua donostiarra Ibermática, que contaba con el respaldo explícito del consejero de Industria, Mikel Jauregi, y que deja en evidencia la falta de una estrategia financiera unificada dentro del propio partido. El desenlace de la votación en el máximo órgano de gobierno de la fundación bancaria fue ajustado y revelador. 7 votos en contra (PNV y Podemos) frente a 6 a favor (PSE y EH Bildu). Este resultado no solo deja a la entidad guipuzcoana fuera de la operación, sino que escenifica un choque de trenes respecto a la Alianza Financiera Vasca. Esta iniciativa, bandera del Gobierno Vasco de Pradales y Jauregi, busca movilizar 1.000 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) para catalizar una inversión total de 4.000 millones. Su objetivo, enmarcado en el plan 'Euskadi Eraldatuz 2030', es impulsar sectores estratégicos como la tecnología, la industria y la energía mediante la colaboración público-privada, con la clara misión de asegurar el arraigo empresarial y la atracción de capital.

La fundación, con más de un siglo de trayectoria como motor cultural, social y económico de Gipuzkoa, gestiona actualmente activos por valor de 2.095 millones, de los cuales 1.572 millones corresponden a su participación del 32% en Kutxabank . Sobre esa base patrimonial, el nuevo plan redefine prioridades y consolida una cartera que ya integra 26 empresas, en su mayoría guipuzcoanas, con una inversión total de 373 millones que da soporte a más de 14.500 empleos. El foco del Plan 2030 se desplaza con claridad hacia la innovación y el emprendimiento tecnológico, reforzando la presencia de Kutxa Fundazioa en compañías ligadas al I+D, las biociencias y la tecnología avanzada. Sus inversiones abarcan firmas en distintas fases de desarrollo, desde grandes grupos consolidados hasta startups emergentes, con una apuesta especial por proyectos que aportan conocimiento, empleo cualificado y arraigo territorial. En el segmento de las grandes compañías, la fundación mantiene participaciones en empresas estratégicas como CAF, de la que posee un 2%, o Iberdrola, en la que controla un 0,14%, a las que se suma la reciente adquisición del 100% del grupo industrial Inzu. Pero es en el ecosistema emergente donde el nuevo plan subraya con más intensidad su vocación de apoyo a la innovación, con participaciones en firmas como Vivebiotech, Polimerbio, Oncomatryx e Irisbond, especializadas en biociencias y tecnologías médicas. La apuesta se extiende también a campos fronterizos como la computación cuántica, mediante su apoyo a Multiverse Computing, y a soluciones sostenibles para el ciclo del agua y el medio ambiente, a través de Cimico. Estas inversiones se completan con el impulso a proyectos en fases iniciales mediante el programa DeepTek, desarrollado junto a la Diputación de Gipuzkoa, que actúa como vivero de startups tecnológicas con potencial de crecimiento.

Las operaciones de Talgo y Ayesa y el músculo financiero, gracias a la colaboración público-privada entre empresas, instituciones y entidades bancarias, están propiciando “un cambio de paradigma” en el que están surgiendo consorcios vascos con la vocación de liderar intervenciones y adquisiciones en el mercado empresarial “que son “muy sofisticadas” y hablan “de tú a tú” con fondos internacionales de inversión, indicó el consejero de Industria, Mikel Jauregi, en una entrevista en Radio Euskadi, en la que se felicitó por esta nueva orientación. En la entrevista Jauregi señaló que antes Euskadi “era tierra fértil para que los fondos foráneos viniesen, comprasen empresas, las dejasen con un montón de deuda, y luego se marcharon, porque estos fondos siempre tienen unos plazos de tiempo que ellos quieren hacer caja”, y, sin embargo, en los últimos meses “hay gente dispuesta a tomar parte en consorcios que, con capital en vasco y con un expertise mucho más sofisticado, se animan a montar diferentes operaciones”. Cuestionado por los próximos pasos en la operación de compra del 100% de la división tecnológica de Ayesa, Jauregi había mostrado su esperanza en que otros socios industriales se sumasen a la operación, algo que confirmó ayer al señalar que la tecnológica Teknei ha entrado a formar parte “con una participación minoritaria”. El consejero subrayó que de lo que dispone el consorcio vasco, hasta el 31 de diciembre, es de la “exclusividad”, una preferencia acordada con los vendedores de Ayesa sobre otras opciones, que en este caso eran fondos de inversión internacionales como Blackstone, HIG y Capvest. En todo caso, el titular del Departamento de Industria insistió en que la operación “sigue adelante” con el objetivo de que la firma del acuerdo se produzca antes de final de año, tras lo que “habrá tres o cuatro meses para cerrar la operación”. En esta operación no participa la Fundación Kutxa, una decisión que está causando debate en el espectro político y económico de Gipuzkoa y que Jauregi calificó ayer como “una pena”.

La guipuzcoana Kutxa Fundazioa, cuyo patronato decidió este lunes no formar parte del grupo que va a adquirir la división tecnológica de Ayesa, no participa en la nueva configuración accionarial de Uvesco. No obstante, las otras dos fundaciones bancarias vascas, la vizcaína BBK y la alavesa Vital, tampoco están dentro del consorcio liderado por Jareño. Sí lo hace Kutxabank –cuyos tres accionistas principales son BBK, Kutxa Fundazioa y Vital– a través de su nuevo vehículo inversor Indar Kartera, destinado a operaciones estratégicas de arraigo. En cualquier caso, este acuerdo es «una clara apuesta por el arraigo local y por la continuidad del modelo de negocio de Uvesco», como celebran los propios directivos de la compañía, que ha logrado consolidarse como un pilar en la economía vasca con más de 7.000 empleos. A partir de ahora, la compañía continuará su crecimiento sostenible a largo plazo, «afianzando su proyecto empresarial en Euskadi, fiel a sus valores fundacionales». La firma ha sido posible gracias al trabajo conjunto de asesores generales como Ocean Capital y Evercore, y la asesoría legal de Clifford Chance y EY, aunque esta última consultora también ha colaborado en el apartado fiscal.

El impacto de la orden del Gobierno estadounidense de Donald Trump para detener las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos (’offshore’) no afectará al 80% del proyecto ‘Vineyard Wind 1’ de Iberdrola, ya que solamente impactará en los activos que no se encuentran en operación. La orden no se aplica, de esta manera, a activos ya operativos, como es el caso de gran parte del parque eólico marino participado por la energética española y el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que desde principios de 2024 ha ido completando trabajos de puesta en marcha y un 80% de los aerogeneradores está ya produciendo energía desde hace meses para cerca de 400.000 hogares en Massachusetts, con apenas de las 62 torres por instalar. La orden emitida permite explícitamente continuar produciendo energía con ese 80% de las turbinas.

En un año marcado por la parada técnica de Petronor y la irrupción de unos aranceles fijados por Trump que tambalearon las exportaciones vascas durante la primera mitad del ejercicio, el Puerto de Bilbao viene recuperándose lentamente de su caída de tráficos. Durante los primeros once meses el transporte de mercancías se ha reducido un 8,8%, muy alejado de la caída media del 0,4% vivida en las infraestructuras portuarias españolas. Con todo, los datos suponen una mejora del techo alcanzado en agosto, cuando la comparativa anual marcaba una bajada del 12,7%. Para septiembre esta merma ya fue del 10,1% y en octubre se redujo al 9,3%. El 8,8% fijado ahora supone un tráfico de toneladas hasta noviembre de 29,3 millones, 2,8 menos que las acumuladas hasta este mes el año pasado, fruto principalmente de los graneles líquidos que representan la mayor partida de las instalaciones vizcaínas. Estas mercancías suponen 17,8 millones de toneladas, el 60% de todas las cargas transportadas por el Puerto de Bilbao y que proceden mayoritariamente de la refinería vasca. La cifra representa una caída del 11,6% (2,35 millones de toneladas menos que en 2024), muy alejada del descenso los 19,8% marcado en julio cuando finalizaron los trabajos de revisión y modernización de la planta, en los que Petronor invirtió 89 millones de euros. Con todo, ésta no es la única partida que cae. También se agudiza la pérdida en el transporte de contenedores, que ha caído un 7,6% por la competencia creciente en el vecino puerto de Santander que viene ampliando sus instalaciones, y la mercancía general se reduce un 4,6% por la caída del sector de componentes para la automoción en un momento en el que el mercado Europeo, con Alemania al frente, atraviesa una crisis industrial.

El Puerto de Pasaia cerró noviembre con un comportamiento contenido en un contexto económico que sigue marcado por la desaceleración industrial. El tráfico total acumulado desde enero alcanzó 3,08 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 1,5% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos oficiales de Puertos del Estado correspondientes a noviembre. El balance confirma un año de claroscuros para la dársena guipuzcoana. Aunque el retroceso es moderado en términos globales, la evolución de los distintos tráficos refleja con bastante fidelidad las tensiones que atraviesan algunos de los sectores industriales más vinculados al puerto. La mercancía general, principal pilar de la actividad en Pasaia, acumuló hasta noviembre 2,12 millones de toneladas, un 5,1% menos que en 2024. El descenso se explica tanto por la caída de determinados productos siderúrgicos y papel como por el ajuste de volúmenes en cadenas logísticas que han operado este año con mayor cautela. Se trata de una evolución que ya se venía observando en meses anteriores y que consolida un ejercicio más débil en este segmento clave.

Un total de 3.928 jóvenes de entre 25 y 29 años han solicitado este año las ayudas Emantzipa, una aportación de 300 euros mensuales durante 24 meses que puso en marcha el Gobierno vasco en 2024 para favorecer la salida del hogar familiar. Según los datos publicados ayer por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, el número de peticiones está muy por debajo de las 8.282 registradas el pasado año, cuando se concedieron 6.173, y muy lejos de las previsiones del Ejecutivo, que esperaba ese primer ejercicio, en el que la intención era llegar a 15.000 personas. Sumando ambos, son 12.215 solicitudes: 6.271 de Bizkaia, 1.897 de Álava y 4.047 de Gipuzkoa. Para alcanzar a más potenciales beneficiarios, en la próxima convocatoria, que todavía no está abierta, se permitirá que opten a esta ayuda también los jóvenes de 23 y 24 años. La edad media de las personas solicitantes es de 26,82 años, con unos ingresos medios de 18.991 euros anuales. El importe de la hipoteca se sitúa en 512 euros y el del alquiler, en 603 euros mensuales.

El Ayuntamiento de Eibar y la plataforma ciudadana Eibarko Mendiak Bizirik han dejado claro su rechazo frontal al proyecto del Parque Eólico Basalgo. La oposición ha llegado a su punto culminante este lunes, cuando el consistorio eibarrés emitió su informe desfavorable, justo cuando finalizaba el plazo para la presentación de alegaciones el 22 de diciembre. Este proyecto, promovido por la empresa Arena Power Solar 10, ha generado una gran controversia desde que se dieron a conocer sus intenciones. Basalgo contempla la instalación de seis grandes aerogeneradores en una zona montañosa que abarca los términos municipales de Eibar, Bergara y Soraluze. Se trata de una propuesta que, además de ser calificada como «insostenible», ha suscitado una respuesta contundente tanto en el ámbito institucional como social. El rechazo social se materializa en cifras: más de 6.000 adhesiones a las alegaciones populares presentadas por Eibarko Mendiak Bizirik. Estas alegaciones, que recogen la oposición popular y detallan una serie de críticas tanto ecológicas como sociales, se oponen a lo que consideran «un modelo de energía eólica de gigantismo industrial».

La energía renovable ha perdido la medalla de sector estrella para los bancos. Tras años de bum inversor, la abrupta caída en los precios de este tipo de energías (fundamentalmente la solar) y las controvertidas perspectivas de algunas empresas del sector, en medio de eventos como el apagón de abril, han llevado a las entidades financieras a cambiar su rumbo y frenar las nuevas financiaciones a estos proyectos, de modo que solo apuestan por los más grandes y con más perspectivas de rentabilidad, según indican fuentes del mercado. “La fotovoltaica es un sector marcado por mucha volatilidad y presión a la baja en los precios durante, al menos, tres o cuatro años. En eólica, sin embargo, el comportamiento es mejor de lo esperado”, indican desde uno de los principales bancos españoles. Tanto los inversores como las fuentes internas de las propias entidades coinciden en apreciar este cambio de rumbo de los bancos. Un movimiento que algunos asesores ven más acusado en la banca nacional, mientras que la internacional (concretamente entidades francesas como BNP Paribas, Société Générale o Crédit Agricole) aún mantiene más apetito. De hecho, subrayan que las entidades nacionales se están limitando a renovar la deuda ya existente, en lugar de conceder préstamos nuevos, al tiempo que reducen el riesgo al sector titulizando los préstamos. Desde dentro de uno de los grandes bancos justifican el movimiento por la necesidad de rotar los balances y diversificar las inversiones. Es decir, tras años con altas cuotas de préstamos a proyectos renovables consideran que su exposición al sector ya es suficiente e intentan abrirse a otras áreas de negocio.

Juan Béjar, fundador y presidente ejecutivo de Bruc, compañía cubre el 10% de los 20 GW que demanda el mercado eléctrico español. El directivo no elude los debates abiertos en su sector: rechaza con contundencia la prórroga de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, y muestra su frustración ante la incapacidad del sistema para atender la demanda latente. “Permitiría a este país un empujón salvaje de su actividad económica”, sostiene. En un escenario en el que no solo España, sino muchos países de su entorno se plantean alargar la vida útil de sus centrales nucleares o incluso construir nuevas, Béjar niega uno de los principales argumentos que esgrimen quienes defienden esta postura: la soberanía energética. “Cuando eres un país que no produce uranio, es falso decir que la nuclear ayude a la independencia energética”. Y mucho menos, añade, “si se lo tienes que comprar a países discutibles, como Rusia”. Además, el empresario lamenta la ausencia de un debate sobre los residuos que genera esta energía y, en términos económicos, no se explica “que se hable de retribuciones extraordinarias a la nuclear (el PP propuso en diciembre contratos a precio fijo) cuando la renovable se vende a precios cercanos a cero”. Hace tiempo que el mercado eléctrico se enfrenta al problema de precios bajos a causa, según Béjar, del excedente de generación de energía, “que llega a triplicar la demanda en el centro del día”, señala. En este contexto, emerge el gran tema que el empresario pone encima de la mesa: la demanda que el sistema no puede atender. Según las compañías eléctricas, en 2024 se denegaron más de 33 GW en solicitudes de acceso a la red, el 49% de las peticiones. También advirtieron que el 83% de los nudos de conexión están hoy saturados. “Si fuésemos capaces de liberar la demanda, el problema de precio no existiría”, afirma Béjar con rotundidad.

El zarpazo a las empresas y trabajadores por las cotizaciones destinadas a reforzar los ingresos de la Seguridad Social y proveer recursos adicionales para costear la creciente factura de las pensiones ascenderá a 7.000 millones de euros en 2026. Son los ingresos que espera la Seguridad Social por la vía del destope de la base máxima de cotización, que sube un 3,9%, la cuota de solidaridad también aplicable sobre la base máxima, que se situará entre el 1,15% y el 1,45%, y el recargo del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que asciende al 0,9% a partir del 1 de enero. Las tres cotizaciones se incorporaron con la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023, y fueron concebidas para el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social ante el desembolso creciente de las pensiones y el resto de prestaciones contributivas. Para el próximo año, se espera que la factura ascienda hasta casi 230.000 millones de euros. En primer lugar, el mecanismo de equidad intergeneracional ascenderá hasta el 0,9% del sueldo bruto en 2026. Esta cuota es finalista, destinada a reflotar el remanente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social como se conoce a la hucha de las pensiones y se aplica indistintamente del nivel de ingresos tanto a los asalariados como a los autónomos. El Gobierno espera que la recaudación por esta vía ascienda a lo largo del próximo año hasta los 5.298 millones de euros, lo que supone un 20% más que en el conjunto de 2025. No obstante, la carga no será homogénea entre empresario y trabajador. En esta caso concreto, de los 0,9 puntos porcentuales de cuota, el empleador abona el 0,75 puntos y el trabajador 0,15 puntos. Por lo que la empresa carga con el 83% de la cotización, lo que significa que costeará 4.397 millones.

El Banco de España presentó ayer su informe de proyecciones macroeconómicas, el último del año, en el que mejora en tres décimas su anterior previsión de crecimiento del PIB para 2025, que pasa del 2,6% proyectado en septiembre al 2,9% en diciembre. La previsión se sitúa en la línea de las realizadas por diferentes instituciones internacionales, que en los últimos meses han venido mejorando las perspectivas de crecimiento para la economía española este año, después de demostrar esta una buena resistencia a la guerra comercial y un fuerte impulso del consumo privado. El supervisor atribuye esta revisión alcista a la reducción de la incertidumbre comercial tras los acuerdos arancelarios. Este hecho, sumado a la buena marcha del empleo, la demanda interna y la confianza, sugiere un avance del PIB de hasta el 0,7% en el cuarto trimestre del año, “si bien la incertidumbre respecto a esta estimación se mantiene elevada”. Durante la presentación, a cargo del nuevo director general de Economía del Banco de España, David López Salido, se destacó el crecimiento de la financiación del crecimiento de los hogares, “apoyada en el avance del crédito al consumo”, mientras que la financiación empresarial se recuperó levemente de la desaceleración experimentada desde julio. Todo ello configura un entorno de crecimiento del PIB para los próximos años más optimista que el proyectado hace tres meses, aunque se advierte de la “desaceleración gradual hacia tasas más próximas al crecimiento potencial de la economía española”: hasta el 2,9% para este año; hasta el 2,2% en 2026, cuatro décimas por encima de las previsiones de septiembre; y un 1,9% para 2027, dos décimas más que entonces. Para el periodo 2025-2027, el supervisor apunta a que la expansión del PIB “descansaría en la demanda interna, si bien su ritmo de avance se espera que se desacelere” debido a la progresiva reducción de la tasa de ahorro de los hogares, que aún se mantiene en un nivel positivo tras la pandemia.

La inflación y la vivienda son el talón de Aquiles de la economía española en este momento. Más incluso que la inestabilidad internacional y la guerra arancelaria, aseguran desde el Banco de España. «Las fuentes de incertidumbre consideradas como más relevantes son las referidas a la evolución futura de las presiones inflacionistas vinculadas a salarios y márgenes empresariales y las referidas almercado de la vivienda, factores ambos cuya relevancia ha aumentado de manera significativa respecto al anterior ejercicio de proyecciones», señala el informe. La institución revela que el precio de la vivienda aumentó un 12,8% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior, y prevé que siga en aumento por la poca oferta. De hecho, considera que «una respuesta más intensa de la oferta de vivienda ante el dinamismo de la demanda implicaría un mayor crecimiento del PIB y del IPC». Ahora bien, el organismo sigue teniendo en la diana el análisis de la vivienda al no poder aún determinar si el fuerte crecimiento del sector residencial se mantendrá en los niveles actuales de cara a 2026. Hay una «desaceleración» de los visados de obra en el cuarto trimestre, pero se mantiene la demanda y la subida de los precios. Por tanto, lo que sostendrá el PIB en cotas tan altas será la «robustez» del consumo de las familias. Será el componente que más aporte al crecimiento de la economía española en estos dos años que abarca el ejercicio de proyección del Banco de España, gracias a la llegada de inmigrantes y a la renta disponible de los hogares, que se apoya en la creación de empleo y en los aumentos salariales. Su progresiva ralentización, sin embargo, será también la de la economía española, que todavía se moverá en baremos superiores a los de su entorno.

Las prestaciones públicas se elevarán con carácter general un 2,7% en 2026 para hacer frente a la inflación y mantener el poder adquisitivo de los mayores, pero casi tres millones de pensiones, las más bajas del sistema (en torno a 2,75 millones), subirán hasta más de cuatro veces más, entre un 7% y un 11,4%, para ir mejorando la capacidad de compra del colectivo más vulnerable. El Consejo de Ministros aprobó ayer un incremento de las pensiones mínimas de al menos un 7%, casi triplicando la revalorización general del 2,7%. No obstante, el porcentaje para las prestaciones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares se elevarán mucho más: un 11,4%, lo mismo que se dispararán en enero las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así lo adelantó ayer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ahora también portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, tras el último Consejo de Ministros del año. Según explicó, el alza de las pensiones va recogido en un Real Decreto-Ley (RDL) que también establece la prórroga en 2026 del denominado ‘escudo social’. De esta forma, un único real decreto engloba todas estas medidas económicas, ya que el Ejecutivo central, como adelantó este medio, volvió a optar por la fórmula de un decreto común que presionara a la oposición a aprobar unas leyes que necesariamente deben ser refrendadas por el Congreso.

El Gobierno mantiene intactas las cuotas mensuales tras no lograr un acuerdo con los agentes sociales para la configuración de las nuevas tablas en base a la cotización por ingresos reales. Pero los 3,5 millones de autónomos sí pagarán más por el mecanismo de equidad intergeneracional, que sube al 0,9%. Tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los agentes sociales y las asociaciones representantes del colectivo, la Seguridad Social prorrogará las cuotas de los autónomos para 2026. No habrá, por lo tanto, ni la subida pretendida en un primer momento por el Ejecutivo, que se situaba entre el 4% y el 34%, ni tampoco la segunda propuesta que se situaba entre un simbólico 1% y 2,5%. Finalmente, los 3,5 millones de autónomos estarán sujetos a las mismas cotizaciones que en el presente ejercicio en función de sus rendimientos. Esto supone que los trabajadores por cuenta propia pagarán cuotas de entre 200 euros y 591 euros mensuales en el próximo año. Aunque sí verán incrementadas sus cotizaciones por la vía del recargo para pagar las pensiones, el denominado mecanismo de equidad intergeneracional, que subirá al 0,9% el próximo año. En el caso de los autónomos con empleados a cargo, pagarán tanto su cuota íntegra como la parte correspondiente al empleador en caso de contar con un empleado a cargo (0,75%).

El sector inmobiliario español ha demostrado durante 2025 que, en un entorno de inestabilidad, el ladrillo se alza como un activo refugio. De acuerdo con el consenso de los analistas, la inversión en compraventa de activos ha movilizado en torno a 17.000 millones de euros en el ejercicio, lo que, dependiendo de los datos que maneja cada consultora, implica entre un 20 % y 30% más que el año anterior y sitúa a este ejercicio como el tercer mejor de la serie histórica. Según las previsiones recogidas de los principales ejecutivos de las grandes consultoras inmobiliarias y de los socios de las Big Four responsables de este negocio, el próximo año se presenta también como un buen ejercicio, gracias al dinamismo del empleo y del consumo y, aunque adelantan cierta moderación en el crecimiento respecto al boom de 2025, abren la puerta a alcanzar un récord de inversión con aumentos en torno al 10%-15% si no se materializan nuevas tensiones geopolíticas y macroeconómicas. “La inversión seguirá condicionada por la cautela ante la volatilidad global, el coste del capital y la necesidad de reposicionar un stock obsoleto en segmentos estratégicos. La clave para generar valor será apostar por proyectos que respondan a tendencias estructurales y ofrezcan eficiencia, innovación y experiencias diferenciales”, avanza Adolfo Ramírez-Escudero, presidente en Iberia y Latam de CBRE. En cuanto a la evolución operativa del negocio, Ramírez-Escudero considera que los activos obsoletos, en ubicaciones secundarias o con modelos poco adaptados a las nuevas tendencias, serán los más vulnerables. “La inteligencia artificial mejorará la eficiencia de la mayoría de los segmentos inmobiliarios, pero también acentuará la brecha entre mercados: los mejor preparados prosperarán, por lo que estaremos ante un elemento clave para orientar la inversión inmobiliaria”.

En apenas dos meses, el precio del menú navideño –compuesto por mariscos, embutidos, quesos, carnes, pescados, bebidas y dulces– se ha incrementado un 21%, según un análisis de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) al que ha tenido acceso EL MUNDO. Algunos productos emblemáticos de estas fechas han experimentado subidas especialmente acusadas: el medio kilo de percebes ha pasado de costar 104 euros en octubre a rozar los 200 euros; la merluza ha subido de 43 a más de 52 euros el kilo, un 22,1% más; y la botella de sidra se ha encarecido cerca de un 35%. Tampoco los turrones ni los mantecados se libran de las subidas: este año costarán un 6% y un 12,4% más, respectivamente, debido al encarecimiento del chocolate y las almendras, afectadas por sequías e inundaciones en los países productores. De los 29 alimentos analizados por Asufin, solo el panettone resulta más barato, y solo un 0,5%. En este contexto, planificar y anticipar las compras no es solo una cuestión de ahorro, sino una estrategia imprescindible para poder mantener las tradiciones sin comprometer la economía familiar. Los datos de AECOC Shopperview muestran que más de la mitad de los consumidores españoles (56%) han adelantado sus compras para evitar sorpresas en los precios, mientras que otros deberán recurrir a ofertas y comparativas entre distintos establecimientos para poder afrontar el gasto de la temporada. Asufin advierte de que los precios tienden a inflarse a medida que se acercan las festividades: si en dos meses la cena se ha encarecido un 21%, en apenas dos semanas el aumento ha sido del 11,1%. A ello se suma que el IPC de los alimentos alcanzó en noviembre el 2,8%, su nivel más alto de todo el año, lo que confirma que muchos consumidores se verán obligados a modificar sus hábitos o a buscar ofertas comparando precios entre distintos establecimientos.

Nuevo respiro para el presidente Donald Trump. La economía estadounidense creció más rápido de lo esperado, impulsada por un sólido gasto del consumidor. El PIB aumentó un 1,1% en el tercer trimestre, lo cual, si se pone en la perspectiva de una tasa anualizada, supone un avance del 4,3%, su ritmo más rápido en dos años, según informó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su cálculo inicial. La cifra de mejora es superior a la del segundo trimestre, cuando la actividad creció a un ritmo del 3,8%, y supera lo previsto por los analistas: los expertos consultados por Bloomberg auguraban un 3,2% de crecimiento, y los de Reuters habían pronosticado un 3,3%. Trump celebró la publicación de los datos en un mensaje en Truth, su red social, escrito con su característico estilo enfático: “Los ARANCELES son los responsables de los MARAVILLOSOS números económicos de ESTADOS UNIDOS, RECIÉN ANUNCIADOS... ¡Y LA COSA SOLO MEJORARÁ!“, dice el post, en el que el presidente de Estados Unidos miente al asegurar que ”NO HAY INFLACIÓN” y pide a sus seguidores que “recen por el Tribunal Supremo”. Trump se refiere a una sentencia, que está al caer, en la que sus nueve magistrados, seis de los cuales son conservadores, decidirán sobre la constitucionalidad de los aranceles impuestos este año por Estados Unidos unilateralmente a decenas de socios comerciales. 

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, no pierde la esperanza de conseguir la difícil misión que le fue encomendada cuando fue nombrado en el cargo por Emmanuel Macron el pasado mes de septiembre: aprobar unos Presupuestos para 2026 en un Parlamento profundamente fragmentado. Ayer, a pocos días de la pausa navideña, dio un breve discurso en el que advirtió de que Francia “necesita un Presupuesto en enero” y que aún es posible lograrlo “si se dejan de lado los intereses políticos”. Lo dijo después de que la Asamblea francesa validara, sin sorpresa y por unanimidad, la prórroga de los Presupuestos de este año, una medida de urgencia impulsada por Lecornu tras el rechazo de las cuentas de 2026 en la recta final de la negociación y tras meses de debate parlamentario. Los 496 diputados presentes votaron a favor. Ninguno lo hizo en contra. Esta ley de emergencia es un parche temporal que no resuelve el bloqueo político y económico en Francia, así que la idea es que esta “fase transitoria” dure lo menos posible. El objetivo es retomar en enero las negociaciones para tratar de consensuar unas cuentas completas y adaptadas a la realidad económica del país y aprobarlas a finales de ese mes, según el ambicioso plazo que se ha marcado el Gobierno. Las divergencias entre los distintos grupos políticos han hecho imposible hasta ahora un acuerdo.

El Gobierno británico acelera los planes para el uso de barracas militares como alojamiento de los solicitantes de asilo que lleguen al país, según confirmó ayer un portavoz de Downing Street, que detalló que en un primer momento se utilizará la antigua base de entrenamiento de Crowborough, en East Sussex. La confirmación llega en un momento en que el país registra más de 41.000 llegadas irregulares por el Canal de la Mancha a lo largo de 2025, y la medida forma parte de una reorganización más amplia del sistema de alojamiento. Precisamente, este fin de semana 803 personas cruzaron desde Francia en 13 embarcaciones, un volumen que ha reforzado la presión sobre el Ejecutivo para reducir la dependencia de hoteles y acelerar soluciones consideradas más estables. El portavoz del primer ministro, preguntado por la posibilidad de que estas cifras desciendan el próximo año, afirmó que el Gobierno no puede garantizarlo, porque «no hay una única medida, ninguna solución milagrosa, para un problema global que los gobiernos de toda Europa han estado intentando controlar». Añadió que el Ejecutivo de Keir Starmer «ha dejado atrás los trucos y las políticas fracasadas» y está «tomando medidas serias y prácticas con nuestros socios para asegurar nuestras fronteras, desmantelar el modelo de negocio de las bandas y arreglar un sistema paralizado».