20260508

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a sectores como automoción, química, siderurgia, alimentación, papel o cemento y representa cerca del 60% del producto industrial bruto del país, ha lanzado este miércoles un mensaje con enorme carga económica y política: sin una electricidad competitiva, la reindustrialización será imposible. La industria española, pese a contar con uno de los mayores potenciales renovables de Europa, sigue pagando más por la electricidad que sus competidores franceses o alemanes. El informe elaborado por EY Consulting, sostiene que las tarifas industriales han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019 y que la carga fiscal continúa penalizando especialmente a las empresas electrointensivas. Como consecuencia, las empresas tienen menos margen para invertir, más dificultad para electrificar procesos y un creciente riesgo de deslocalización industrial.En este contexto, la organización plantea reformas de calado que permitan reducir entre un 10% y un 30% el precio final de la electricidad industrial con el objetivo de acercar a España a los costes energéticos de Francia o Alemania. La primera, eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica (IVPEE)...La segunda, ampliar la bonificación del Impuesto Especial Eléctrico...La tercera, integrar determinados costes técnicos en los peajes para reducir volatilidad...En cuarto lugar, exigen consolidar la rebaja del 80% en los peajes para grandes consumidores y, por último, reforzar las compensaciones por costes indirectos de CO2. La CEOE comparte ese diagnóstico. Su presidente, Antonio Garamendi, reconoció en la presentación del informe que las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026 van «en la buena dirección», aunque advirtió de que las soluciones temporales ya no bastan. 

Carmen Pinto Fuentes (Burgos, 1973) será elegida hoy, salvo imprevisto de última hora, como nueva presidenta de AFM Cluster, dando así el relevo a José Pérez Berdud, quien ha desempeñado este cargo durante los últimos cuatro años, según se ha podido confirmar de fuentes de toda solvencia. La actual CEO del Grupo Correa, una de las directivas más reconocidas y de mayor prestigio en el sector de la máquina herramienta tanto en España como en ámbito el internacional, es la única candidata a ocupar esa posición, con lo que su designación se puede dar por segura. Serán, eso sí, los miembros de la asamblea general de AFM los que voten y aprueben esta mañana el nombramiento de Pinto, en el marco de la reunión anual de la organización y el Día de la Fabricación Avanzada, convocados esta mañana en el palacio del Kursaal de San Sebastián. La cita servirá también para renovar al 50% del consejo directivo del organismo, así como para aprobar las cuentas del pasado año y el plan de gestión para 2026. La nueva presidenta de AFM, la primera mujer en la historia de la organización en ocupar la presidencia (que en el último cuarto de siglo siempre estuvo en manos de algún directivo del País Vasco) es, entre otras muchas cosas, una vehemente defensora de la presencia de las mujeres en el sector y de acercar el ámbito industrial a las niñas. La ejecutiva es ingeniera superior industrial por la Universidad de Valladolid y MBA en Escuela IDE-CESEM, y comenzó su andadura profesional en Nicolás Correa (que el 1 de enero de 2006 integró a Industrias Anayak, nacida en Elgoibar y desarrollada después en Itziar), donde ha formado parte y dirigido varias áreas técnicas de la empresa, desde el mecanizado, al montaje o la producción.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha propuesto conceder una subvención directa de 81 millones de euros a la fábrica de baterías que la china Hithium proyecta levantar en Navarra. Se trata de la ayuda más cuantiosa del Plan Renoval 2, impulsado por el Gobierno central para «reforzar la cadena de valor industrial de las tecnologías limpias y sus componentes clave en ámbitos como el almacenamiento energético». La inyección de capital pretende dar un espaldarazo definitivo a una iniciativa que prevé generar cerca de mil empleos y por la que Euskadi también compitió. La dimensión de esta ayuda fue, de hecho, uno de los factores que inclinó la balanza a favor de Navarra frente a Euskadi, pese a que el Gobierno vasco firmó el pasado mayo un memorando de entendimiento con Hithium para «desarrollar sistemas de almacenamiento estacionario». La clave está en la normativa europea sobre ayudas de Estado, que limita el volumen máximo de apoyo público que puede recibir un proyecto para evitar distorsiones de competencia dentro de la UE. Ese techo varía en función del territorio y favorece especialmente a las zonas consideradas menos desarrolladas o con menor densidad de población. En el caso navarro, los terrenos elegidos para la futura gigafactoría –las antiguas instalaciones de BSH en Galar, junto a Esquíroz– están catalogados como «zona asistida». Esa condición permite elevar las ayudas públicas hasta el 20% de una inversión prevista de 400 millones de euros. Es decir, alrededor de 80 millones, frente al límite del 15% al que podía aspirar Euskadi.

CAF mantiene firme su avance en el inicio del último ejercicio de su actual plan estratégico, pese a que reconoce, por primera vez, «cierta afección» derivada del conflicto en Oriente Medio «en proyectos ferroviarios de esta región». La cotizada beasaindarra cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 40 millones de euros, un 12% más, y un volumen de nuevos contratos de 2.900 millones de euros, una cifra inédita para un solo trimestre, fuertemente traccionada por la formalización del mayor proyecto ferroviario de su trayectoria en Bélgica, de 1.700 millones euros. La lectura de las cuentas hasta marzo, publicadas en la tarde de ayer, confirma que la estrategia de priorizar la rentabilidad sobre el volumen empieza a consolidarse. La compañía facturó 1.158 millones de euros, lo que supone un leve incremento interanual del 4%. Sin embargo, este crecimiento de los ingresos, acompañado de una mayor eficiencia operativa, ha permitido situar el resultado de explotación, o el beneficio antes de intereses e impuestos, (EBIT) en los 63 millones de euros, un 10% más. Además, el margen operativo avanza tres décimas hasta el 5,4%. Ver nota CAF aquí. 

Dominion sigue dando pasos para simplificar su negocio y encarar el nuevo plan estratégico que presentarán este año con la mayor capacidad de caja disponible. El plan de la cotizada bilbaína para crecer en el actual entorno de incertidumbre pasa por seguir desinvirtiendo en activos «no estratégicos» para centrarse en las redes eléctricas y el área medioambiental. Así lo aseguró su presidente, Antón Pradera, durante la junta de accionistas celebrada ayer en Bilbao. En la misma, el consejero delegado de la firma, Mikel Barandiaran, afirmó que se están «planteando de forma avanzada vender nuestra planta de biomasa de Argentina» (donde completó su entrada en operación en 2020) por una cifra cercana a los 50 millones de euros. Esta nueva operación se sumará a la desinversión que ya realizó la compañía el último año con la venta de sus parques fotovoltaicos en República Dominicana por 322 millones de euros o el de Cerritos en México, un activo valorado en 100 millones y que se encuentra en proceso de venta. Asimismo, en un momento en el que la guerra de Irán ha disparado la tensión en los mercados y ya paraliza inversiones, Barandiaran aseguró que el grupo mantiene su proyecto de inversión de 25 millones en el Puerto de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos), punto muy cercano al estrecho de Ormuz. Eso sí, admitió que la construcción de estas instalaciones, que estarán destinadas a reciclar aguas sucias por culpa de los hidrocarburos, se encuentra paralizada en estos momentos.

La división interna en Tubos Reunidos se agudiza un poco más. A la brecha abierta en un comité partido entre los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB y ESK) y las centrales confederales (CC OO y UGT) se sumó este jueves otro frente más. A pesar de la incertidumbre que pesaba en los días previos, los 235 trabajadores que habían convocado una asamblea consiguieron pasar por las urnas y dejar constancia de su opinión sobre el conflicto laboral abierto desde que la empresa registró el ERE. La votación impulsada por el 26% de la plantilla dejó una enmienda a la totalidad contra la estrategia de la mayoría sindical. 232 de los 234 trabajadores que votaron en la asamblea abogaron por poner punto final al paro indefinido que comenzó en la fábrica en la noche del 15 de marzo. El referéndum no tendrá un impacto real sobre el paro porque ELA, LAB y ESK reiteraron que se mantendrá. Dicho de otra forma, la situación es la misma que antes de la consulta: quienes quieran ir a trabajar podrán hacerlo como podían hasta ahora y ocurrirá lo mismo para quienes quieran ejercer su derecho a huelga. Sin embargo, los sufragios de este jueves sí tienen un valor simbólico. Ponen números a una disidencia que ahonda en la fractura interna y deslegitiman a la mayoría sindical en un momento clave.

Los 234 trabajadores que atravesaron la puerta de entrada de Tubos Reunidos, soportando la bronca e insultos de sus compañeros, para celebrar una asamblea tuvieron en la misma un espacio para expresarse y, en muchos casos, hacer públicas las amenazas que están sufriendo por no querer mantener la huelga. Especialmente afectados están quienes residen en Amurrio o en las localidades que componen Aiaraldea, que están padeciendo la presión de cerca durante los últimos días y que trasladaron en dicha cita algunos de los episodios de ataques que les ha tocado soportar. «Me han puesto fotos en el pueblo diciendo que he muerto laboralmente. Me han llamado rata, me han coaccionado por entrar a trabajar hasta que la dirección me dijo que no entrase más por seguridad», relató unos de los trabajadores. Este vecino de Amurrio desveló que incluso ha dicho que se va a divorciar «para evitar que amenacen» a su familia. No ha sido el único en vivir episodios similares, pues hay a quien le han amenazado con «un tiro en la nuca» o también montajes con empleados siendo arrollados por el tren de Cercanías que pasa junto a la fábrica.

En plena asamblea en Tubos Reunidos, los responsables de Industria y Empleo en el Gobierno vasco se han referido a la situación de la empresa. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha advertido de que la tubera está «al borde del precipicio» y ha afirmado que es necesario reestructurar la deuda y «paz social» para lograr su viabilidad. En una entrevista en Radio Popular, el consejero ha alertado que el concurso de acreedores muestra que Tubos Reunidos está «al borde del precipicio». «Ahora la cuestión es qué pasos damos todos para acercarnos o alejarnos del precipicio», ha añadido. La solución para la tubera, según Jauregi, para por «atraer nuevos inversores» con un proyecto industrial «viable y a futuro» para la empresa. Para ello, eso sí, hacen falta «dos condiciones»: la reestructuración de la deuda y «paz social». «¿Quién va a entrar a comprar un piso que tiene una hipoteca de más de cinco veces el valor del piso? No va a entrar nadie». Jauregi ha llamado a la «colaboración» de la plantilla porque, en caso de haber inversores, «querrán entrar en un sitio donde el equipo esté a una». En una línea similar se ha pronunciado el consejero de Trabajo, Mikel Torres, que ha pedido «remar todos juntos», «primero la empresa, pero también los trabajadores», para salvar la compleja situación de la tubera. 

La jueza de lo mercantil de Vitoria, María Teresa Trinidad, quiere que el administrador concursal que gestione Tubos Reunidos tenga infraestructura, personal y experiencia en Álava. Así lo ha trasladado en su primer escrito tras la declaración enviada por el consejo de la empresa el pasado lunes, tal y como confirman fuentes judiciales. La designación del administrador, que tendrá lugar en los próximos días, recaerá sobre una firma que tenga solvencia probada para pilotar un proceso que se promete complejo. Algo para lo que será necesario, además, contar con una base sólida de personal y una fuerte infraestructura para sacar el trabajo de un modo ágil. Además, el hecho de que esos medios estén en Álava garantizaría también la sensibilidad hacia la importancia que tienen Tubos Reunidos y su plantilla en el territorio. Este proceso concursal, cuyos honorarios podrían acercarse al millón de euros, ha despertado el interés de varias firmas especializadas interesadas en ser designadas para esa función. Son unas prestaciones que ofrecen gigantes como las ‘big four’ (Deloitte, EY, PwC y KPMG), Kepler Karst, FTI o PKF Attest. No todas ellas tienen sede y personal y Vitoria, aunque sí podrían llegar a un acuerdo de alianza con despachos alaveses, una práctica habitual en el sector. En Vitoria, firmas como Zubizarreta o PFK Attest han dirigido otros procesos que han afectado a firmas de la provincia.

Los trabajadores de Sutoki, empresa con sede en Vitoria que pertenece al grupo guipuzcoano RTS, comparecieron ayer en Juntas Generales de Álava para solicitar un plan de «actuación y futuro que garantice el empleo y la viabilidad presente y futura». En la intervención, tres empleados de este negocio dedicado a la fabricación de componentes de dirección y suspensión para automoción criticaron que se encuentran en una situación de ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) desde el 23 de marzo sin conocer una hoja de ruta. «Ahora mismo estamos en tierra de nadie», apuntaron los afectados que usaron la tribuna para trasladar el malestar por no saber qué ocurrirá después. «A partir de enero no sabemos qué va a pasar con nosotros», apuntaron quienes creen que la paralización de la actividad es una «forma silenciosa de cerrar Sutoki, con una plantilla con una media de 54 años». Según explicaron, RTS ha aplicado un ERTE exclusivamente en la planta de la capital alavesa, que es la de menor tamaño, y no en las de Mendaro ni en la fábrica de Jinhua (China). La comparecencia sirvió además para advertir del riesgo de «desmantelamiento progresivo» del proyecto industrial vasco del grupo RTS. 

El Polo de Movilidad sostenible e inteligente Mubil está a punto de cumplir un año y este jueves ha aprovechado este cercano aniversario para presentar su plan de crecimiento, que tiene como objetivo consolidar a Gipuzkoa como un nodo estratégico de conexión en el ecosistema tecnológico europeo. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el director general de Mubil. Cesar Gutiérrez, han presentado una ambiciosa hoja de ruta que busca potenciar la transformación industrial del territorio y la creación de nueva economía a través de infraestructuras de última generación. El centro «no solo ha cumplido con sus objetivos iniciales, sino que ha superado las expectativas previstas», según ha expresado Mendoza, convirtiéndose en un actor clave para la atracción de talento y proyectos estratégicos en el ámbito de la movilidad conectada. El gran hito de esta nueva fase de crecimiento es la construcción del Mubil Business Center, un edificio de 4.500 metros cuadrados ubicado en Eskuzaitzeta, anexo a las instalaciones actuales. Con una inversión de 7,5 millones de euros, este centro empresarial ofrecerá laboratorios de I+D, espacios de oficina y áreas técnicas para el testeo de prototipos, facilitando la escalabilidad de empresas innovadoras.

La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) tiene previsto invertir 10 millones de euros anuales hasta 2030, 50 en total y en torno al doble que en el quinquenio anterior, con el objetivo de convertir a la dársena guipuzcoana en un «nodo logístico» que sea «referente en el Eje Atlántico». La presidenta de la APP, Izaskun Goñi, y el director, David Candelario, presentaron ayer el plan estratégico de la infraestructura para el periodo 2025-2030, que apuesta por la competitividad, la intermodalidad o la economía azul, en pleno debate político, del que los gestores del puerto tratan de aislarse, sobre su futuro, su traspaso al Gobierno Vasco y la desclasificación como dársena de interés general del Estado. Según Goñi, se trata de un plan estratégico de tipo «técnico», consciente de que en paralelo hay una negociación política, que en cualquier caso en el puerto creen que no afectará a su hoja de ruta, pues entienden que todas las partes están defendiendo un modelo de puerto industrial.

El empleo se encarece mucho más rápido que lo que produce cada trabajador: desde 2015, el coste laboral de las pymes sube un 26,3%, frente al 6,2% de la productividad. Contratar se ha convertido en una de las mayores fuentes de presión para los negocios más pequeños. Las pymes han visto cómo sus costes laborales se aceleraban con fuerza desde la pandemia, pero el golpe no se reparte por igual: cuanto menor es la empresa, mayor es el impacto. Entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2025, los costes laborales acumularon una subida del 29% en las microempresas y del 28,7% en las pequeñas compañías. En las medianas, el incremento fue del 23,4%. La diferencia importa porque las empresas más pequeñas tienen menos margen para absorber el encarecimiento. Cuentan con menor productividad, menos músculo financiero y menos capacidad para trasladar todos sus costes a precios sin perder clientes. El gasto en personal se ha convertido así en uno de los principales cuellos de botella para la operativa diaria y la supervivencia de muchos negocios de barrio. Esa presión sobre los márgenes empieza a verse también en los juzgados: las quiebras de pymes y autónomos se disparan un 15% y alcanzan niveles históricos. La tendencia se ha intensificado en los últimos años. En el cuarto trimestre de 2025, los costes laborales de las pymes subieron un 3,2% interanual. La cifra consolida una etapa de fuerte presión: durante los últimos cuatro años, estos costes han avanzado a un ritmo medio del 4,3% anual, muy por encima del 0,8% registrado en los cuatro ejercicios anteriores a la pandemia. Desde 2021, el coste de emplear ha subido cada año a un ritmo muy superior al de la etapa prepandemia.

Entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto de 2025, un período de cinco años, el salario mínimo interprofesional (SMI) creció en España un 22,7%, pasando de 965 euros a 1.184 euros en catorce pagas. En ese mismo período, los costes laborales de las pequeñas y medianas empresas crecieron en un 28,7%, según los cálculos de Cepyme. No obstante, la presión que ejerce sobre los pequeños negocios el aumento de salario mínimo va más allá, habiendo subido un 66% desde 2019 y un 86% en la última década, desde 2016. Consecuencia directa de este aumento de las cargas es que en los últimos seis años el tejido productivo ha destruido 13.350 pequeños negocios (microempresas) –a cierre de 2025 se registraban 692.231 empresas de 1 a 2 trabajadores–. Si tenemos en cuenta la última cifra disponible de la Seguridad Social, de marzo del presente ejercicio, la destrucción de estos pequeños negocios asciende a 16.223. En este período de 2021 a marzo de 2026 también se ha producido el cierre de 1.603 empresas de tres a cinco trabajadores. Unas cifras que contrastan con la tendencia general y que dan cuenta de la asfixia del tejido productivo de menor tamaño, tanto por el lado de las costes laborales como los de producción que fuerza el incremento de la inflación, especialmente intenso en los últimos años. Así, desde finales de 2019, los costes operativos de las pymes han crecido un 25%, según arroja el Indicador Cepyme sobre la situación de la pyme correspondiente al segundo semestre del pasado año.

La dirección de Renault en España ha puesto en suspenso su oferta de adjudicar cinco nuevos modelos a las plantas de Valladolid y Palencia, después de que los representantes de los trabajadores rechazaran ayer la última propuesta hecha por la empresa en la décima reunión con los sindicatos para acordar un nuevo convenio colectivo. La compañía congela así la oferta que había realizado y que contemplaba la adjudicación “inmediata” de dos nuevos modelos multinenergía (eléctrico y eléctrico de autonomía extendida) y uno híbrido a la factoría de Palencia, así como dos vehículos híbridos al centro de Valladolid, con los que se aseguraría su actividad para los próximos años. La decisión supone suspender la adjudicación de vehículos a España y abre la posibilidad de conceder estos proyectos a otras fábricas del grupo francés. En concreto, las que más posibilidades tienen son las factorías del grupo en Tánger (Marruecos), Mioveni (Rumanía) y Bursa (Turquía), que están geográficamente cercanas. “El nuevo escenario cambia a uno de bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo. En la reunión de hoy, la dirección de la empresa ha comenzado su intervención presentando la última oferta posible que recoge mejoras en aspectos salariales, empleo y flexibilidad, así como en acuerdos complementarios respecto a la anterior, demostrando su intención de llegar a un acuerdo que posibilite la adjudicación de vehículos”, explicó la compañía.

El Gobierno mantiene conversaciones exploratorias con distintas empresas del sector de la automoción, como Seat y Ford, para saber hasta qué punto podría contar con sus capacidades industriales para los futuros programas de modernización militar. También para saber cuáles son las capacidades nacionales inmediatas ante eventuales urgencias productivas. Las tecnologías y las plantas de producción de las dos automovilísticas presentan un potencial de reconversión hacia la Defensa que no pasa desapercibido para ninguna de las partes, que se tantean mutuamente, mientras se trabaja en la movilización de 34.000 millones de euros en contratos militares para los próximos años. De hecho, el Gobierno ya ha recibido propuestas para facilitar esa reconversión, de la estadounidense General Dynamics, que ya ha reacondicionado plantas de coches en Alemania a la producción de materiales para Defensa. Las conversaciones se producen en un momento convulso para el sector europeo de la automoción, que se enfrenta a una importante caída de la rentabilidad y a la feroz competencia procedente de China. De este modo, los análisis y las evaluaciones que se están realizando también se enfocan desde el punto de vista de las oportunidades que puede suponer el sector de la Defensa para el mundo de la automoción, explican fuentes conocedoras de la situación. La mayor planta de Volkswagen en España es la de Seat en Martorell (Barcelona), mientras que Ford tiene una en Almussafes (Valencia). 

Las compañías aseguradoras que han tenido que pagar daños a sus clientes por el apagón del 28 de abril de 2025 han iniciado ya reclamaciones millonarias a Redeia y al propio Estado, según confirman a EL MUNDO distintas fuentes próximas al proceso judicial. Tanto grandes grupos españoles como europeos han decidido iniciar la siempre delicada senda de enfrentarse a una empresa participada por el Gobierno –como la que preside Beatriz Corredor– y al propio Estado, pero consideran que deben actuar en defensa de sus accionistas. Sólo Mapfre, la primera aseguradora de España, reclama ya 14 millones de euros tanto a Redeia, en tanto que operador del sistema, como a la propia Administración. Es la cifra que la aseguradora que preside Antonio Huertas ha tenido que abonar en concepto de indemnización a sus clientes e intenta hacer valer sus derechos ante los que tengan la responsabilidad final del apagón, que aún tendrán que resolver los tribunales. De momento, los informes oficiales (tanto el europeo de Entso-e como el del Ministerio de Transición Ecológica o de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) reparten culpas sin señalar a un único responsable mientras que el operador del sistema Red Eléctrica Española (integrado en Redeia) y las eléctricas privadas se responsabilizan mutuamente. El caso llevará años, pero hay aseguradoras como Mapfre que han presentado ya reclamaciones ante Redeia y el Estado porque vencía el plazo de un año para hacerlo en los casos del operador del sistema y la Administración.  En cambio, para ir contra Iberdrola, Endesa y resto del sector privado disponen de cinco años.

La subida de los precios de la vivienda se acelera hasta niveles que no se veían desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria, empujado por el desequilibrio entre la oferta y la demanda tras el fuerte crecimiento demográfico de los últimos años. Los precios del mercado inmobiliario residencial subieron un 15,4% en abril con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos publicados ayer por la tasadora Tinsa by Accumin, un avance que vino liderado por las islas Baleares y Canarias, si bien todos los segmentos registraron crecimientos de doble dígito. Los precios de la vivienda se aceleraron al 15,4% internual, 1,1 puntos por encima del dato de abril y el mayor ritmo desde octubre de 2006, cuando el mercado inmobiliario se encontraba en plena efervescencia por la burbuja inmobiliaria. Esta subida vino liderada por las islas, que registraron un alza del 20,3%, seguidas de la costa mediterránea (16,7%) y las áreas metropolitanas de las grandes ciudades (15,5%), mientras que las capitales de provincia y grandes ciudades quedaron ligeramente por debajo de la media (15,1%) y los pequeños municipios registraron un ritmo algo menor, aunque aun así muy intenso, del 12,4% anual. De hecho, el incremento de precios se aceleró en todas las zonas en abril, aunque especialmente en las capitales y grandes ciudades. Esta subida de precios se debe, en buena medida, al desequilibrio entre la oferta y la demanda propiciado por la creación de empleo, que ha atraído población, especialmente a los archipiélagos, la costa mediterránea y las grandes ciudades. 

La maquinaria económica del Estado está funcionando gracias al carbón de los parches presupuestarios. Entre enero y marzo de 2026, el Gobierno ha tenido que recurrir a modificaciones de crédito por un valor cercano a los 32.000 millones de euros, una cantidad inédita en un primer trimestre y que supone más que triplicar las cifras que eran habituales hace apenas unos años, en la época en la que España solía aprobar en tiempo y forma unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada ejercicio. Basta con mirar hacia atrás para calibrar el fenómeno. Según muestran los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE,) en el primer trimestre de 2022 estas variaciones apenas superaron los 7.000 millones. En el mismo periodo de 2023, el último año en que se aprobaron unas cuentas, la cifra rondaba los 9.000 millones. Sin embargo, desde que los Presupuestos de 2023 se prorrogaron ante la convocatoria anticipada de las elecciones generales, primero, y la imposibilidad de aprobar un nuevo proyecto, después, el uso de esta fórmula se ha disparado.

El año 2026 será el ejercicio en el que los bancos den una vuelta de tuerca a su base de costes. Un aspecto donde cobra especial relevancia la adopción de la inteligencia artificial, el principal reto de esta era. Junto a ella destacan otras medidas, como la contención en el coste de los depósitos o la gestión del balance, con iniciativas como el incremento del ritmo de titulizaciones. Así lo prevé la consultora Oliver Wyman, una firma que trabaja de cerca con los principales bancos españoles, en un informe elaborado tras sondear a los directores financieros de las grandes entidades. “La clave para los bancos está en fomentar una cultura de control de costes mediante el enfoque en acciones transversales y el desarrollo de plataformas más eficientes para mejorar la eficiencia operativa”, explica Javier García, socio de finanzas y riesgos de Oliver Wyman Iberia. Un panorama en el que utilizar soluciones de inteligencia artificial tendrá un papel clave y será responsabilidad de los directores financieros de los bancos que genere resultados. García apunta a que las entidades han puesto el foco en adoptar soluciones de esta tecnología, con el objetivo de generar valor y reducir costes. Un ejemplo de ello es el plan estratégico publicado por el Santander hace pocos meses. En esta hoja de ruta, la entidad contemplaba generar 1.000 millones de negocio a través de esta tecnología en tres años, de modo que 300 millones vengan por el lado de los ingresos y 700 millones en reducción de costes.

En los últimos años se ha hablado de la inteligencia artificial como de una fiebre, una burbuja. Pero la industria no ha estallado, al contrario. El sector crece exponencialmente y ha sacudido tanto a las empresas que la adoptan como a las que se resisten: la IA es una realidad. Pero el éxito arrollador de esta tecnología, que llega con la promesa de producir más y mejor a menores costes, empieza a tener efectos colaterales. En los últimos meses, grandes tecnológicas, bancos y consultoras han anunciado importantes recortes de plantilla y las empresas cripto no son una excepción. Este sector, nativo digital, busca ganar eficiencia pero también reducir costes, para hacer frente a un mercado bajista prolongado que afecta a sus márgenes. Coinbase ha sido la última de una larga lista. Esta semana ha anunciado que despedirá a alrededor del 14% de su plantilla por la volatilidad del mercado y los avances de la IA. La compañía ha explicado que los que se queden se dedicarán a funciones ligadas a esta tecnología: “La inteligencia artificial está cambiando la forma en la que trabajamos (...) Muchos de nuestros procesos se están automatizando”, explicó el CEO de la empresa, Brian Armstrong, en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer un nuevo ultimátum a la Unión Europea para que cumpla con el acuerdo comercial alcanzado el pasado año, tras haber mantenido una conversación telefónica que calificó de «excelente» con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. «Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé darle de plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país (el 4 de julio, Día de la Independencia) o, de lo contrario, sus aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos», incluidos los automóviles, según declaró el magnate en un mensaje en su red Truth Social. En una medida sorpresiva, Trump había anunciado el viernes pasado que aumentaría los aranceles sobre los vehículos de la UE del 15% al 25%, debido a que la UE no estaba cumpliendo con los términos del acuerdo alcanzado en Escocia en julio pasado. El pacto contemplaba que la UE redujera a cero sus aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y proporcionara cuotas libres de tasas para ciertos productos agrícolas y marinos estadounidenses, pero la legislación de implementación ha avanzado lentamente en el Parlamento Europeo. «He estado esperando pacientemente a que la UE cumpla su parte del histórico acuerdo comercial que pactamos en Turnberry, Escocia, ¡el mayor acuerdo comercial de la historia!», dijo ayer Trump.

Los analistas comienzan a advertir de nuevos riesgos en el horizonte. Si el conflicto se enquista, alertan, pronto podría derivar en una crisis macrofinanciera, que comience a cerrar el grifo del crédito. Así lo reflejan las conclusiones del Pulso Económico Trimestral de EY Insights en su edición de primavera de 2026, que recoge las consideraciones realizadas por los responsables de una quincena de las principales casas de análisis del país, incluyendo los de Funcas, Fedea, el Círculo de Empresarios, la Empresa Familiar, CEOE, la banca (BBVA Research, Santander, CaixaBank o Singular Bank), firmas como Arcano Partners, escuelas de negocio (Esade o el IE Business School), e instituciones como CEPS. “Nos encontramos ante un shock de oferta moderado que se traslada principalmente a precios, mientras que el crecimiento del PIB español mantiene una notable resiliencia. A pesar del aumento esperado de la inflación, los expertos descartan un deterioro significativo del escenario macroeconómico o una alteración sustancial del rumbo de la política monetaria en 2026”, resumen a Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights y coordinador del Pulso Económico Trimestral. A partir de ahí, Riesgo advierte de que los analistas “opinan de forma mayoritaria que, ante una escalada o prolongación excesiva del conflicto, existe una probabilidad intermedia de que se materialicen shocks macrofinancieros, mediante un endurecimiento de las condiciones financieras y de acceso a financiación en los mercados de intermediación no bancaria”.

El doble bloqueo de Ormuz es un choque de época, con infinitas derivadas. De sufrimiento para los países importadores de petróleo y gas, en especial para los más pobres. De penuria, también, para los exportadores del golfo Pérsico, acostumbrados a nadar en la abundancia y que ahora ven cortocircuitados sus canales de venta. Y de dinero caído del cielo para las potencias fósiles de fuera de esa región, que están pudiendo vender —a precios mucho más altos— todo lo que sacan del subsuelo. Con un nombre destacado: el de Estados Unidos, que en poco más de una década ha pasado de una gran dependencia energética a una hegemonía ahora reforzada por la guerra contra Irán. Espoleado por el cierre del estrecho, el gigante norteamericano es hoy el mayor proveedor de energía fósil del mundo y, también, exportador neto de crudo por primera vez desde la II Guerra Mundial. Con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak mermados —solo están pudiendo sacar una parte de su producción, por oleoducto— y Kuwait y Baréin sin poder poner ni un solo barril en el bazar petrolero global, su crudo encuentra hoy comprador con mucha mayor facilidad. Por destinos, las exportaciones estadounidenses de crudo a Asia y a Europa están particularmente disparadas, dada la urgente necesidad de ambos de reemplazar todo lo que antes recibía desde el golfo Pérsico. De crudo, sí, pero también de diésel y queroseno, tan escasos ambos estos días extraños. Y a precios disparados. 

Tras varios años de anuncios y pruebas, la multinacional norteamericana ha comenzado a realizar entregas con esas pequeñas aeronaves no tripuladas y se ha convertido en el primer minorista en dar el paso en Reino Unido. No se trata de grandes cantidades, ni de paquetes pesados, pero sí el principio de un camino que no se sabe dónde puede terminar. Los paquetes no pueden superar los 2,2 kilos (5 libras) ni ser transportados más allá de un radio de doce kilómetros desde el centro de distribución que el grupo tiene en Darlington, un municipio a unos 400 kilómetros al norte de Londres. Además, Amazon prevé distribuir un máximo de diez paquetes por hora o 100 al día en jornadas laborables. Se trata de un servicio ultrarrápido que es viable por sí mismo y que la compañía espera ir extendiendo poco a poco, convencida de que hay mercado. “Lo cierto es que la gente nunca nos dice que quiera [recibir] sus cosas más tarde”, apuntó a la BBC el vicepresidente de Amazon Prime Air, David Carbon. El tipo de productos van desde los esenciales del día a día a la belleza, pasando por suministros para la oficina o tecnología. La rapidez va a ser un elemento que deberá mejorar el grupo fundado por Jeff Bezos. Una misma entrega tarda 36 minutos de media en EEUU –donde ya ofrece este tipo de servicio en varios estados–, mientras que en Reino Unido se necesitan dos horas.