20260513

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Rueda de prensa de Cebek previa a su Asamblea General de hoy. Desde Cebek se subraya que las empresas están respondiendo con resiliencia, pero necesitan mayor margen de maniobra: costes más asumibles, estabilidad regulatoria, menor presión fiscal, simplificación administrativa y políticas que refuercen la competitividad del tejido productivo de Bizkaia. La valoración general de 2026 también muestra una moderación del optimismo inicial. Si en enero más del 60% de las empresas esperaba un buen año, ahora ese porcentaje se reduce al 40%. La mayoría, un 51%, considera que será un año regular, mientras que un 9% lo valora de forma negativa. Para Cebek, no se trata de una lectura de crisis, pero sí de una visión más prudente ante un contexto más exigente. Guillermo Buces ha destacado que las empresas de Bizkaia están manteniendo la actividad, el empleo y la inversión, pero en un entorno “más exigente de lo previsto”. Según la encuesta, el 62% de las empresas afirma que su facturación evoluciona según lo previsto, aunque la presión sobre los márgenes continúa siendo una de las principales preocupaciones: casi un 28% señala que su EBITDA está peor de lo esperado. En materia de empleo, el tejido empresarial sigue realizando un esfuerzo importante por mantener sus plantillas. La inversión también se mantiene como una palanca de adaptación y competitividad. El contexto geopolítico aparece ya como un factor de preocupación. El 49% de las empresas señala que está generando incertidumbre y el 44% afirma que está afectando negativamente a sus costes, especialmente en energía, transporte, logística y materias primas. Un 75% ya lo está percibiendo. Ver más en Cebek aquí

Justo cuando las instituciones vascas celebran los 45 años del Concierto Económico, los empresarios les urgen a utilizar este instrumento para paliar la presión fiscal y la escalada de costes que «amenazan la viabilidad» del tejido productivo, especialmente de las pymes. Este fue uno de los mensajes centrales de la patronal vizcaína, Cebek, ayer durante la presentación de la asamblea anual que se celebrará hoy en el Palacio Euskalduna. La cita tendrá por título en esta edición ‘Arraigo y atractivo de Bizkaia: ¿defensa o estrategia competitiva?’. La dirección de la organización, encabezada por su presidente, Guillermo Buces, y el secretario general, Francisco Javier Azpiazu, expusieron en el encuentro las conclusiones de la última encuesta realizada a las empresas vizcaínas, entre las que destaca que «los costes laborales son la principal preocupación para un 84% de las compañías». «Hay que tener en cuenta que solo las cotizaciones sociales se han disparado un 53% desde 2019», recordó Azpiazu, que también apuntó al alza del 86% de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la última década. A ello se suma, según lamentaron, una presión fiscal que ha crecido más que el PIB, siendo España el cuarto país con mayor carga de la OCDE. «El 48% de la recaudación viene de la actividad empresarial cuando la media de la UE es del 30,5%, subrayaron. A esta desventaja estructural se añaden las consecuencias de la guerra en Irán, que ya se están haciendo notar, especialmente en la industria. «Prácticamente el 75% de las empresas ya percibe incrementos o prevé que se produzcan», recoge la encuesta. Estos vendrían en primer lugar de la energía, con un 67%; seguida de transporte y logística, con un 52%; y materias primas, con un 45%. El problema, señalan en Cebek, es que «muchas compañías no pueden trasladarlos al mercado, a su producto, de forma completa».

Pedro Luis Uriarte Santamarina. 45 urte igaro dira Frankismo osteko lehen ituna sinatu zenetik, eta urteurrena aprobetxatu du Ekonomisten Euskal Elkargoak Ekonomia Ituna: 45 urteko autonomia fiskala jardunaldia antolatzeko, EAFE Elkargoko Zerga Aholkularien Erregistroaren X. foroaren testuinguruan. Gaur bertan Euskalduna Jauregian izango dira gaiari buruz solasean egungo Ogasun sailetako ordezkariak, eta baina baita Uriarte ere. Aitzakia ezinhobea EnpresaBIDEArentzat sailburu ohia elkarrizketatzeko, Itunaren oinarriak ulertu, jokoan dagoenaz ohartu eta nola ez, zendu berri den Garaikoetxearen lana ere balioan jartzeko. "43 urte lehenago desagertutako Bizkaia eta Gipuzkoako Itunak berreskuratzea ezinbestekoa zen. Baina baita 1976ean onartutako Arabako Ituna eguneratzea. Itunak euskal autogobernua bermatu behar zuen, eta Arabakoak ez zuen helburu hori betetzen". "Tentazioa izan zela Itunaren Legea lehenik —Arabako eredua abiapuntu, trantsizio moduan— eta Kupoarena ondoren sustatzeko, Ogasun ministeriotik hala proposatuta. Baina guk argi izan genuen biak batera joan behar zirela". "Estatuak mundu guztian bere zerbitzuak eskainita gastatzen duenaren %6,24 ordaintzen duzu, ez EAEn duen kostua. Esaterako, Estatuak OTANi egiten dion ekarpenaren %6,24 pagatzen da". "[Kupoaren Legearen] hurrengo negoziazioa gertatzen denean, baliteke zifra aldaketa adosteko saiakerak egitea. Izan ere, egun BPGagatik ordaindu beharko genukeena baino %9 gehiago ordaintzen ari gara, eta populazioagatik %33 gehiago". "Ituna Historiatik bizirik atera da, zortzi momentu kritiko bizi izan baditu ere, eta mantendu bada autogobernurako borondateagatik ere izan da". Gehiago irakurri hemen. 

Tal y como se detalla en el último newsletter de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en abril a 57.469. Esa cifra supone176 más que en marzo, una subida superior a la habitual para un mes de abril. Por sectores, el número de empresas ha crecido en todos, salvo en Industria. Por lo demás, ampliando el foco y respecto a abril de 2025, se registran ahora 28 empresas más (+0,05%), volviendo así a recuperar la senda de subidas interanuales. Sin embargo, y respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), todavía se computan 1.424 empresas menos (-2,4%) que entonces, de las que sólo se han recuperado el 32% de todas las perdidas durante la pandemia. Asimismo, y según los datos recién conocidos, el número de empresas vascas concursadas ascendió en el primer trimestre de 2026 a 73, un 11% menos que en los tres primeros meses de 2025, una caída similar a la registrada en el Estado, que fue del -10,3%. Por sectores, en el primer trimestre, se han registrado descensos de las empresas concursadas en industria y servicios, y subidas en construcción. Ver más en Confebask aquí.  Ver newsletter completo aquí.

Viento a favor para Siemens Gamesa. Eso avistan los resultados presentados por la empresa vascogermana después de una dura travesía por el desierto en la que ha acumulado más de 10.000 millones de pérdidas desde 2019. Las cifras de la primera mitad del año de la compañía integrada en el gigante Siemens Energy han arrojado este martes un empujón notable que hace que la firma confirme su compromiso de abandonar los números rojos al cierre de 2026. Será gracias a una reducción progresiva de las pérdidas que, aunque siguen en el balance con 90 millones en los primeros seis meses del ejercicio fiscal de 2026 –la compañía sigue el calendario contable internacional que arranca en octubre–, son muy inferiores a los 623 firmados el año pasado. Es decir, una reducción de más del 85% que supone un balón de oxígeno que permite vislumbrar por primera vez el propósito que la empresa ha venido expresando desde 2024 para llegar este ejercicio al ‘break even’ y dejar atrás las pérdidas. El resultado ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la mejora de la eficiencia, la reducción de gastos y el aumento de la rentabilidad logrados con el plan que estos años ha lanzado la firma alemana. Además, se ha notado por primera vez el empuje del negocio de las instalaciones de la antigua Gamesa, centradas en la eólica terrestre –’onshore’–. La recuperación de los pedidos de aerogeneradores de este tipo ha tirado de los resultados después de que los errores en la principal apuesta para este negocio, las plataformas 4.X y 5.X, estuvieran a punto de hundir la empresa. 

CIE Automotive sigue navegando con paso firme en medio de la crisis de la automoción, El fabricante de componentes logró un beneficio neto de 96,3 millones durante el primer trimestre del año, cifra que además de ser un 2,3% superior a la registrada en 2025 supone un nuevo récord para la compañía a estas alturas del año. Al mismo tiempo, la facturación creció un 3,8% hasta los 1.052 millones. Y es que pese a un entorno sectorial adverso, con un mercado plano y que «está muy penalizado por la evolución de las divisas», la compañía lleva seis años seguidos anotando récords de beneficios. En la junta de accionistas celebrada este martes en Bilbao, el consejero delegado del grupo, Jesús María Herrera, ha subrayado que las claves del éxito de CIE pasan, por una parte, por la diversificación geográfica de su actividad y por la otra, por su «excelencia operativa» que les permite ir reforzando su posición financiera para incrementar el dividendo y adquirir nuevas compañías. En primera instancia, la facturación del grupo en el primer trimestre revela la resiliencia de su modelo. El 40,2% de la cifra de negocio provino de Europa, el 25,5% de Norteamérica, el 17% de India, otro 11,4% de Brasil y finalmente, un 5,9% de China. Y es que la rentabilidad obtenida en estas geografías es prácticamente la misma, ya que se encuentra en una horquilla entre el 18,4% (en el caso de Europa) y el 20,6% (en el caso de Brasil), rentabilidades, en cualquier caso, muy elevadas para el sector. Ver más en CIE aquí. 

Tubos Reunidos (TR) se acerca al abismo después de 130 años de trayectoria industrial. El concurso voluntario de acreedores, recién autorizado por la justicia, que fue presentado el 4 de mayo, y conllevó entonces la suspensión de su cotización en Bolsa esa jornada, se presenta como la última oportunidad para la entrada de inversores. La coyuntura de la siderúrgica no es la mejor para atraer a nuevos accionistas. La huelga indefinida de la planta de Amurrio (Álava), contra un ERE con 301 despidos sobre una plantilla de 1.300 trabajadores, está a punto de cumplir dos meses y bloquea la logística del grupo y, por tanto, la generación de caja. De hecho, el fabricante de tubos de acero sin soldadura al carbono tiene pedidos por importe de 13 millones que no pueden salir de sus instalaciones por el conflicto laboral. Sin ingresos, los pagos, incluidas las nóminas de este mes de mayo, están en peligro. La de Amurrio es la principal planta del grupo, que allí tiene su acería. Su red fabril se completa con los centros de laminación y roscado en Trapagaran (Bizkaia), cuyos empleados votaron en contra de la huelga, y Subillabide (Álava). Para complicar su crisis, Tubos Reunidos tiene que hacer frente a una deuda de 263 millones. 

La jueza de lo mercantil de la Audiencia de Vitoria, María Teresa Trinidad, ha dictado ya el auto de declaración de concurso de Tubos Reunidos. La magistrada ha confirmado, a la luz de la solicitud y la documentación enviada por la empresa, la situación de «insolvencia financiera inminente» de la firma vasca y ha procedido a abrir la «fase común» del proceso designando como administrador concursal a la firma PFK Attest. PKF, como pidió la jueza, tiene oficinas y personal en Vitoria. Además, es una de las firmas más prestigiosas en España en administración concursal. En Euskadi ha gestionado algunos de los procedimientos más complejos de los últimos años como la dislolución de La Naval o los concursos de Astilleros Balenciaga, Bacalao Giraldo, Cegasa o Urbasco, el grupo empresarial de la familia Iráculis. Además administró la venta de la unidad productiva de Oasis y Grupo Blanco, valorada en más de 300 millones. El administrador concursal debe comunicar a los acreedores la nueva situación, además de elaborar un informe económico que refleje el estado real de la compañía que, según la auditoría del ejercicio 2025, firmó unas pérdidas de 118 millones y una deuda de 263. Entre estos primeros movimientos, destaca la cita que la jueza ha enviado a los sindicatos de Tubos Reunidos para el 26 de mayo. Una comparecencia que llega después de las dudas que los propios directivos de la empresa han deslizado sobre la capacidad de la caja para hacer frente a la próxima nómina. La citación servirá, entre otras cosas, para analizar las medidas laborales que puedan acometerse en la situación concursal en las que está la empresa. 

Los comités de Beasain, Irun y Madrid, en el marco del BIM, han alcanzado un principio de acuerdo con la Dirección de CAF para la renovación del convenio colectivo. El preacuerdo deberá ser refrendado primero por la afiliación de ELA y posteriormente por el conjunto de las plantillas de Beasain, Irun y Madrid, según ha informado este martes el sindicato dirigido por Mitxel Lakuntza. Este movimiento marca un punto de inflexión en las negociaciones, ya que el texto propuesto tendría una vigencia de tres años, abarcando desde el 1 de enero de 2026 hasta finales de 2028. ELA adelanta subidas salariales por encima del IPC hasta 2028, mientras que LAB, CC OO, ESK y UGT no se han posicionado todavía y añaden que la decisión definitiva la tomarán los trabajadores en la asamblea que se celebrará el jueves. En el plano económico, la propuesta detallada por ELA garantiza que los salarios crezcan por encima del coste de la vida durante todo el periodo. Para el presente ejercicio de 2026 se establece una subida del 3,15%, mientras que para los dos años siguientes se vincula al IPC de la Comunidad Autónoma Vasca más un diferencial: un 0,50% adicional en 2027 y un 0,75% en 2028. Esta estructura busca blindar el poder adquisitivo de la plantilla frente a posibles repuntes inflacionistas en el futuro cercano. El empleo es otro de los pilares fundamentales de este preacuerdo, con un compromiso de realizar 190 contrataciones fijas en el colectivo de obreros. La planta de Beasain sería la principal beneficiada con 150 nuevos puestos estables , mientras que la factoría de Irun sumaría 40. Mientras, EuroMaint, filial sueca del Grupo CAF para la actividad de servicios de mantenimiento ferroviario en la región nórdica, ha firmado nuevos contratos a largo plazo en Suecia y Noruega, por un valor total estimado de 300 millones de euros. Estos pedidos, explicó ayer la firma beasaindarra «refuerzan el liderazgo» de esa filial como «socio clave para los operadores ferroviarios de pasajeros, mercancías e infraestructuras en los países nórdicos". 

El despliegue del polígono industrial para actividades aeronáuticas en Foronda coge velocidad. Aena y Azpilur (la antigua Sprilur) han sellado ya el nuevo convenio para hacer realidad el VIAP. El gestor aeroportuario y el Gobierno vasco ya tienen un nuevo pacto para relanzar el parque empresarial en el lateral de la pista alavesa. El documento, firmado el 19 de marzo, fue publicado la semana pasada en una respuesta del Departamento de Industria al PP en el Parlamento vasco. El acuerdo deja en 47,3 millones la inversión para desarrollar ese polígono. El presupuesto saldrá de las arcas de Azpilur, aunque Aena compensará esa inversión con un máximo de 14,7 millones que dejará de cobrar en derechos de superficie sobre parte de los terrenos que conservará el Gobierno vasco. 

Kutxabank ha lanzado este martes su programa de Beca Erasmus para estudiantes que tengan previsto cursar una estancia académica en la Unión Europea o el Reino Unido durante el curso 2026/2027. La ayuda –complementaria a la beca universitaria impulsada por la Unión Europea– alcanzará hasta los 1.200 euros para los jóvenes que realicen el curso completo en el extranjero y hasta 700 euros para quienes permanezcan un semestre académico. La inscripción para los estudiantes interesados permanecerá abierta hasta el 31 de mayo a través de la página web de la entidad, mientras que la resolución de la convocatoria se comunicará a partir del 1 de julio. Para solicitar esta beca será necesario estar empadronado en el País Vasco y ser cliente de Kutxabank antes del 31 de mayo, con una cuenta, una tarjeta Visa Korner y Bizum contratados en el banco. La entidad bancaria explica en una nota de prensa que los estudiantes que realicen su estancia durante el primer cuatrimestre o el curso completo recibirán la ayuda a finales de octubre de 2026, mientras que quienes cursen el segundo cuatrimestre la percibirán a finales de marzo de 2027. Kutxabank destaca que este programa «completa la propuesta para un colectivo estratégico, como es el segmento joven, que incluye el acompañamiento en sus momentos más importantes, desde su desarrollo académico hasta su salto a la vida profesional».

El Gobierno Vasco ha puesto las bases para saldar una deuda histórica de construcción de VPO en Donostia a través de un «protocolo inédito» que le llevará a promover cerca de 5.100 viviendas protegidas en los próximos años en la capital guipuzcoana. El Departamento de Vivienda y el Ayuntamiento de San Sebastián dieron a conocer ayer el protocolo general de actuación que van a suscribir próximamente para impulsar la promoción de más de 5.000 viviendas de protección pública y apartamentos dotacionales en la ciudad. El acuerdo, que ayer recibió luz verde del Consejo de Gobierno, es una «hoja de ruta» que contempla la futura cesión de una decena de terrenos de titularidad municipal al Ejecutivo vasco para desarrollar un total estimado de 5.095 viviendas protegidas y alojamientos dotacionales en diferentes ámbitos de la capital guipuzcoana. El objetivo es ampliar el actual parque público de alquiler y responder a la «emergencia habitacional» existente en el municipio «con el precio de la vivienda más caro de todo el Estado». Entre los terrenos que el Ayuntamiento cedería de forma gratuita al Gobierno Vasco para construir vivienda protegida se encuentran Txomin Enea II –los terrenos que actualmente ocupa la cárcel de Martutene–, playa de vías de Easo –aunque en este caso la mayor parte de los terrenos ya son titularidad del Gobierno Vasco–, cuarteles de Loiola, Auditz Akular o Antzita (Martutene), entre otros.

Osakidetza retoma una iniciativa que el pasado año le permitió fichar a cerca de 400 jóvenes facultativos. Va a poner en marcha la segunda edición de su programa de rejuvenecimiento y fidelización dirigido a los médicos. El plan busca retener a los Médicos Internos Residentes (MIR) de último año que en unas semanas finalizarán su formación en el Servicio Vasco de Salud. La propuesta está dirigida también a galenos que han completado su residencia en otras comunidades y quieran trabajar en la sanidad de Euskadi. La principal novedad de este año es que el programa ha mejorado de forma sensible el sueldo que ofrece a estos profesionales en su primer año como facultativos a todos los efectos. Les pagará 59.194 euros de salario base anual. Son 2.565 euros más por ejercicio que la propuesta realizada el pasado año en la primera edición de este plan de atracción y retención. Esa cantidad se verá, además, incrementada gracias a diferentes complementos. En el caso de los galenos que ejerzan en un hospital deberán sumar a esta cifra otros 1.835 euros anuales del plus de hospitalización y el importe de todas las guardias que realicen. La media es de entre 3 y 4 al mes, en función del servicio al que pertenezcan. Los nuevos facultativos de Atención Primaria, por su parte, no tendrán acceso a estos complementos propios de la actividad hospitalaria, pero sí podrán realizar horas extra de forma voluntaria, denominadas técnicamente autoconcertación.

Jarro de agua fría para esos centenares de miles de interinos, cerca de un millón, que llevan años encadenando contratos en la Administración y tenían aspiraciones de convertirse en empleados públicos fijos, de golpe y porrazo, sin necesidad siquiera de haber pasado por un examen u oposición. La Justicia europea les había dado alas en sus reclamaciones y abierto la puerta a esta transformación, pero no, definitivamente no será posible convertirse del día a la mañana en trabajador indefinido de la Administración Pública sin haber superado una prueba de acceso. Sin embargo, se abre una puerta a la esperanza para aquellos que sí hayan aprobado una oposición de una convocatoria con carácter fijo aunque no les hayan dado plaza siempre y cuando estén en abuso de temporalidad y con contratos concatenados, puesto que se establece una excepción y sí pueden pasar a ser trabajadores públicos indefinidos con plenos derechos. Además, todos los que estén o hayan estado en situación de abuso de temporalidad podrán reclamar una indemnización adicional a la de extinción de contrato en concepto de daños y perjuicios, en una cuantía que oscilará entre los 1.000 y los 10.000 euros e incluso que puede superar esta cantidad “si el trabajador acredita un perjuicio superior”. Es decir, puede tener derecho a «dos indemnizaciones distintas e independientes, compatibles entre sí».

Unos 34.000 interinos de Euskadi se convertirá en fijos tras la sentencia del Tribunal Supremo –TS–, que ayer fijó una hoja de ruta para castigar el abuso de los contratos temporales encadenados durante décadas. El fallo principal establece que la Administración ha vulnerado sistemáticamente la ley al mantener a trabajadores en una situación de precariedad inusual o anormalmente larga. Sin embargo, la solución no será una barra libre de fijeza para todos, sino un sistema que distingue entre quienes demostraron su capacidad en una oposición y quienes entraron por bolsas de trabajo temporales. De ahí que de los 57.000 afectados que se estima que hay en el País Vasco, unos 34.000 –el 60%, según Interinok taldea– se convertirán en fijos tras acudir a los tribunales, mientras que el resto, algo menos de 23.000, serán únicamente indemnizados pero sin conseguir esa plaza de funcionario que también reclamaban. Por lo tanto, el pleno de la Sala de lo Social abre la puerta a los interinos que ya superaron en su día un examen o una oposición, pero cierra la puerta a que de forma general todos los afectados que han sufrido encadenamiento abusivo de contratos temporales se conviertan en fijos como compensación a dicho abuso.

Las empresas españolas empiezan a notificar señales de alarma: el crédito vuelve a costar más, los costes asfixian los márgenes y la incertidumbre exterior actúa como freno. Así se desprende del último informe del Banco de España realizado a partir de los datos recabados de la Encuesta sobre el Acceso a la Financiación de las Empresas de la Eurozona del Banco Central Europeo (BCE) y que dibuja un trimestre en el que el dinero barato empieza a dar síntomas de estar llegando a su fin. Casi un tercio de las compañías españolas notificó un aumento de los tipos de interés de sus préstamos bancarios entre enero y marzo, rompiendo una racha de descensos que se prolongaba desde finales de 2024. El contexto en el que se está produciendo este giro es el de una economía sometida a una doble presión. Por un lado, las tensiones geopolíticas derivadas del inicio de la guerra de Irán han ensombrecido las perspectivas macroeconómicas: un 34% de las empresas considera ahora que el entorno general dificulta su acceso a la financiación, un salto de 19 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Además, la estructura de costes de estas empresas se ha disparado. En concreto, los costes laborales subieron para el 71% de las empresas y los de otro tipo para el 69%, niveles muy por encima de los registrados tres meses antes. El resultado es un efecto pinza sobre los beneficios que no se veía desde hace dos años. 

Detrás de esta baja tasa de retención están las dificultades económicas. Los expertos inciden en que, aunque la falta de acceso a la vivienda es un problema generalizado, tiene un efecto especialmente disuasorio entre quienes aún no han consolidado su vida en el país. Más de la mitad de los inmigrantes que llegan al país lo terminan abandonando por la falta de empleo estable, vivienda asequible y estabilidad económica. Esa es una de las principales conclusiones del estudio Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España, publicado ayer por Funcas. El documento cuestiona la idea de que la inmigración pueda resolver por sí sola el declive demográfico español e insiste en que el país ha desarrollado un modelo capaz de atraer grandes flujos de población extranjera, pero tiene enormes dificultades para retenerlos a largo plazo. Entre 2002 y 2024, cerca de 15 millones de personas nacidas en el extranjero iniciaron su residencia en España. Sin embargo, el aumento neto de la población inmigrante en ese periodo fue de apenas siete millones. Es decir, que más de la mitad de quienes llegaron acabó marchándose pocos años después. Esto se traduce en una tasa de retención cercana al 48%, uno de los niveles más bajos de Europa, muy lejos del 60% que registran Alemania o Suecia. El informe, elaborado por los investigadores Héctor Cebolla Boado y María Miyar Busto, describe este fenómeno como una “estrategia de mantenimiento demográfico externo” basada en la necesidad de sostener continuamente nuevas entradas para compensar las salidas.

Mercadona amplía la distancia con alguno de sus principales rivales en cuanto a las tasas de rentabilidad que genera su negocio. La compañía que preside Juan Roig es, con amplia distancia, la que más ingresos y beneficios genera en la distribución alimentaria. Pero es la forma en que se generan esas ganancias, y el porcentaje que representan sobre las ventas, lo que marca el estado de salud de las empresas de este sector. Ahí, Mercadona también gana terreno frente a empresas como Eroski, Consum o Dia, los rivales que ya han presentado sus resultados completos del ejercicio 2025. Y lo hace pese a que la ganancia que obtiene por cada artículo que vende es menor que la de esas empresas, algo que se mide a través del margen bruto. Este ratio mide la rentabilidad obtenida por cada venta, en función del coste que ha tenido para el supermercado la adquisición o aprovisionamiento de ese producto. Además, este sirve como indicativo de la política de precios de cada operador: a un mayor margen bruto, más ganancia y también más espacio para ubicar el resto de los costes en los que incurre la empresa, como los de personal, los energéticos o las amortizaciones, y, por tanto, para ser rentable. Un menor ratio, por contra, equivale a una situación, en principio, más ajustada.

El conflicto bélico en Oriente Próximo, más prolongado de lo previsto en un primer momento, ya amenaza la producción alimentaria en España. Las fuertes subidas de precios de los fertilizantes tras el cierre del estrecho de Ormuz –por el que transita el 30% del suministro global de este insumo– han disparado los costes para los agricultores, especialmente los dedicados a cultivos de secano como el cereal, quienes amenazan ya con cambiar a otros tipos de producciones desde la próxima campaña si siguen trabajando a pérdidas. “Nos enfrentamos a una situación de incertidumbre máxima. Nunca se había vivido algo así en la agricultura”, relata Donaciano Dujo, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Castilla y León. Ello, a pesar de que las ventas de la última campaña y las lluvias de los últimos meses presagian un año por encima de la media en términos de volumen, “pero con una rentabilidad escasa”. Según explica, el coste para los productores de cultivar una hectárea de secano se ha disparado hasta los 1.000 euros, mientras que en el caso del regadío asciende hasta los 3.000. Mientras tanto, la facturación que los productores de cereal obtienen apenas alcanza los 700 euros por hectárea. Buena parte de esta problemática tiene que ver con el alza de los fertilizantes registrado tras el cierre del estrecho de Ormuz, que ha multiplicado los precios hasta alcanzar, en los picos máximos, los 800 euros por tonelada –más del doble del coste registrado hace solo un año, en mayo de 2025–, provocando un hundimiento de la rentabilidad en los cultivos de toda España.

Las empresas energéticas europeas han comenzado a almacenar el gas natural que llega a los puertos durante la primavera para tenerlo disponible en la temporada fría. Esta vez, Europa corre para llenar sus reservas en medio de una tormenta perfecta que se gesta a miles de kilómetros, con la guerra en Irán y el cierre del paso del golfo Pérsico, desde donde procede casi el 5% de todo el gas consumido por el continente. Este 5% no tiene punto de comparación con el masivo 45% que representaba Rusia antes de la invasión de Ucrania en 2022. Pero el bloqueo del Golfo impacta en el Viejo Continente por su peso en el mercado internacional. Las exportaciones que pasan por Ormuz representan el 20% del gas licuado consumido en el mundo, y aunque Europa no dependa de esa zona tanto como Asia, los precios suben igualmente. Los contratos de referencia europeos (TTF) se han disparado un 50% desde el inicio de la guerra, la mayor alza desde 2022, si bien lejos aún de los precios cuadruplicados de entonces. “El impacto real es el alza de los precios, porque Europa tendrá que pujar por encima de los compradores asiáticos para asegurarse los cargamentos no comprometidos por el cierre del Golfo”, explica Jana Hernández, analista de gas natural en la consultora Argus Media. Para complicar el escenario, el mercado se muestra pesimista. 

El shock energético provocado por la guerra en Oriente Medio no ha hecho sino abundar en la necesidad ya declarada con la invasión de Ucrania de que Europa avance en el fortalecimiento de su independencia energética. De ahí que la Comisión Europea lanzara en marzo un paquete de iniciativas con este fin. Ahí cobran relevancia las energías renovables, en las que España ocupa un lugar preeminente. El principal objetivo del paquete europeo es: “Movilizar capital privado hacia proyectos energéticos estratégicos y cerrar la brecha existente entre los recursos financieros disponibles y las inversiones necesarias para avanzar en la transición energética”. La Comisión estima que será necesario alcanzar niveles de inversión del orden de 660.000 millones de euros anuales entre 2026 y 2030, y de 695.000 millones de euros anuales entre 2031 y 2040, frente a un promedio anual de 240.000 millones de euros en el período 2011‑2021. Estas inversiones se concentran en tres grandes bloques: la oferta (generación), la demanda (eficiencia energética) y la infraestructura (redes). Los últimos datos a nivel global avalan un cierto optimismo: en abril se invirtieron más de 3.000 millones de dólares en ETF globales vinculados a energías renovables, lo que elevó sus activos netos totales a 43.000 millones de dólares, las mayores entradas netas mensuales desde enero de 2021, según Morningstar. Sin embargo, no todo el camino hacia las renovables está despejado. Un reciente informe de Barclays, recogido por Bloomberg, afirma que “en una época dominada por la guerra, la inflación y la inteligencia artificial, los inversores pueden estar subestimando los riesgos que ahora se asocian con los activos de energías renovables”.

La federación alemana de sindicatos (DGB) había invitado a Friedrich Merz a presentar las reformas del sistema sanitario y las pensiones en su congreso, que tiene lugar una vez cada cuatro años, y lo recibió con pancartas hostiles, que sin embargo no impulsaron al canciller alemán a endulzar su discurso. Defendió sus reformas, basadas en la «coherencia». «No hacemos esto para nosotros –argumentó– , sino para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar también de derechos». Y entre gritos y abucheos apeló a la «responsabilidad». No parece fácil presentarse ante los sindicalistas y proclamar que «los precios de los medicamentos estarán vinculados a la evolución de la inflación y el coseguro no contributivo de los cónyuges será modificado». Después adelantó que la reforma planificada de las pensiones, que será presentada en breve, «contendrá recortes». «Simplemente está fuera del alcance de los contribuyentes financiar de esta manera a una persona jubilada en el futuro», explicó. «Esto no es política, son matemáticas y demografía». Y ahí comenzaron los abucheos. Pitidos airados interrumpieron su discurso, junto a gritos como: «Exige algo de todos». Merz respondió que «se está pidiendo tanto a las empresas como a los trabajadores» y que «es necesario para garantizar tasas de contribución estables durante muchos años». «Sólo si se establecen prioridades se podrá preservar el Estado de bienestar; no queremos abolirlo, pero esta es la única forma de preservarlo», aseguró.«Nada de esto es malicia por mi parte ni por parte del Gobierno federal, se hace por necesidad», defendió entre risas y gritos del público. Merz expuso en su discurso la difícil situación económica de Alemania, con el crecimiento estancado desde hace al menos siete años, mientras que otros países están creciendo. «El mundo se está reorganizando de forma eruptiva y a una velocidad vertiginosa. Esto afecta directamente a Alemania. Así que este país tiene que recomponerse», justificó.

El presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, el alemán Andreas Schwab, (Friburgo, 1973) ha reaccionado con dureza al informe del Tribunal de Cuentas que constata que el Gobierno financió en 2024 2.389 millones de las pensiones con partidas «sobrantes» de los fondos europeos. Es doctor en derecho y miembro de la CDU, en el poder en su país. "...He tenido conocimiento de una primera confirmación de que 2.300 millones de euros fueron transferidos al sistema de Seguridad Social. Y cuando vi esto, me preocupó muchísimo, porque en Alemania estamos debatiendo actualmente aumentar la vida laboral para garantizar pensiones dignas. Y estamos hablando de mucho dinero. ¿Cómo puedo pedir y explicar a los ciudadanos alemanes que tienen que trabajar más tiempo mientras que en España se usan así fondos europeos para financiar pensiones? Me encanta España, es un país extraordinario y queremos que le vaya bien y que vuelva a crecer. Pero las normas de los fondos distribuidos tras la Covid establecían que debían destinarse a innovación y resiliencia, no a pensiones...Todos sabemos que la distribución de estos fondos se hizo con mucha prisa, porque queríamos que la economía europea se recuperara cuanto antes tras la pandemia. Creo que en general ha funcionado bien, pero es cierto que se ha dado mucha flexibilidad a los Estados miembros, quizá demasiada. Pero esto que estamos hablando no es un ejemplo de exceso de flexibilidad, sino de un uso del dinero contrario al reglamento. Si España hubiera construido otro parque solar, aunque ya hubiera veinte en la zona, podríamos debatir si era útil o no, pero seguiría siendo una inversión vinculada a la resiliencia energética. En cambio, las pensiones son una obligación básica de cada Estado y nunca formaron parte del objetivo de estos fondos..."

Keir Starmer acumula más material para escribir su propio Manual de resistencia. El primer ministro británico dejó ayer bien claro a sus ministros durante la reunión semanal que no piensa dimitir y que, si alguien le quiere echar, ya puede empezar a recabar firmas para forzar primarias. No se fue por el escándalo del nombramiento del embajador en Washington, Peter Mandelson, amigo del pederasta Jeffrey Epstein, y tampoco piensa hacerlo ahora, tras el varapalo electoral laborista del 7 de mayo, que muchos atribuyen a Starmer. “Asumo la responsabilidad de los resultados de las elecciones y para llevar a cabo el cambio prometido. El Partido Laborista tiene un proceso para retar al líder y este todavía no se ha puesto en marcha. El país espera que sigamos gobernando”, transmitió a sus ministros, mientras los mercados comienzan a inquietarse, con la libra a la baja y la deuda cada vez más cara. Starmer reta a los críticos a echarle por las malas en un proceso que –sin saber aún si habrá primarias– ya ha fragmentado al Partido Laborista. Por número –al cierre de esta edición– destacan los 110 diputados que ayer publicaron una carta a su favor en la que sostienen que este “no es momento para una carrera” en Downing Street. Es el argumento de Starmer, que no se cansa de repetir que su relevo sumiría a Reino Unido en el “caos”, como sucedió con los cuatro primeros ministros tories entre 2019 y 2022. “Los resultados [electorales] muestran que tenemos un duro trabajo para recuperar la confianza del electorado. Debemos centrarnos en eso. No es tiempo para una carrera por el liderazgo”, afirman. Y por ruido y peligrosidad para Starmer, sobresalen los 90 diputados que han hecho pública la petición de que su líder se vaya ya o diga cuándo lo va a hacer. Esa cifra supera la de 81 diputados (la quinta parte de todo el grupo parlamentario) que necesita reunir un contrincante para plantear unas primarias.

La guerra ha incendiado los precios en Estados Unidos. La inflación escaló en abril hasta el 3,8%, el mayor nivel en tres años, según los datos difundidos ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en sus siglas en inglés). La escalada de precios se debió fundamentalmente al encarecimiento de la energía. En concreto, de los combustibles como consecuencia de la guerra en Irán. El índice que recoge los productos energéticos se encareció un 17,9% interanual en abril. Por su parte, los alimentos se incrementaron un 3,2% durante el último año. “El índice de la gasolina subió un 28,4%. La electricidad aumentó un 6,1% en los últimos 12 meses que terminaron en abril y el índice de gas natural subió un 3%”, según detalló la agencia estadística estadounidense. “Los consumidores se esfuerzan por absorber el aumento de los precios de la energía, pero no encuentran mucho alivio en otros ámbitos”, explica Bret Kenwell, analista de mercados de eToro en EE UU. “Los precios de los alimentos siguen subiendo, alcanzando la inflación interanual un máximo de varios años, mientras que los servicios básicos, que incluyen vivienda y atención médica, registraron su mayor inflación desde septiembre”, continúa, al tiempo que remata: “En otras palabras, la presión inflacionaria no se limita a la gasolina, sino que se refleja en todo el presupuesto familiar”.