20251226

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La fundación Vital ha iniciado el proceso para unirse al Gobierno vasco, Kutxabank, BBK y Teknei en la compra de Ayesa, la antigua Ibermática. El movimiento de la entidad alavesa se produce después de que el PNV de Gipuzkoa haya renunciado a tomar parte en el proyecto impulsado por el Gobierno de Pradales. La renuncia de las instituciones de Gipuzkoa aleja la sede de San Sebastián. La operación se tramitará en los próximos días y busca favorecer que Ayesa tenga en Vitoria unas instalaciones que alberguen a medio millar de empleados. Sería el resultado crecer a partir de la estructura actual que tiene la empresa en Álava –suma 170 trabajadores– más los que Teknei tiene también en ese territorio –otras 200 personas–. Teknei se ha incorporado como socio industrial al consorcio vasco con el objetivo de cerrar en los próximos días la compra de la división de ‘IT’ de Ayesa por 450 millones –277 millones en capital y otros 173 en asunción de deuda–. La aportación de dinero se reparte con algo más de 100 millones que inyectará Indar Kartera –la herramienta para las participaciones empresariales de Kutxabank–, otros 100 de la fundación BBK y 77 del Gobierno vasco. Esta última cantidad se irá reduciendo para dar cabida a Teknei y, en su caso, a la fundación Vital.

Se ha producido un cambio en Euskadi generado por la apuesta industrial al calor de la Alianza Financiera Vasca promovida por el lehendakari, Imanol Pradales, y operaciones como la de Talgo o la de Uvesco. Se trata de una apuesta industrial que busca poner fin a la pérdida de compañías colonizadas por capital extranjero, que aleja sus centros de decisión y que se había convertido en triste rutina en el panorama empresarial vasco. En el caso de la operación sobre Ayesa se suma, además, que la apuesta vasca se ha impuesto a jugadores de la ‘Champions’ financiera internacional, como el fondo Blackstone. En esos movimientos, Kutxabank ha sido un aliado clave del Ejecutivo con presencia protagonista en todas las operaciones. El banco creó en el mes de marzo Indar Kartera para reunir en esa figura sus participaciones empresariales. Dotada con 500 millones y con domicilio en San Sebastián, la herramienta lidera la operación Ayesa con la aportación más fuerte, algo mas de 100 millones. En el caso de Uvesco, adquirida por un equipo liderado por el consejero delegado de la compañía, Ángel Jareño, Indar ha inyectado cerca de 45 millones. Y, en cuanto a Talgo, el banco presidido por Anton Arriola ha jugado un papel determinante en la financiación de 75 millones al fabricante de trenes con el fondo Ekarpen en el que participa. BBK entró en el consorcio comprador de Talgo con 45 millones y colabora con otros 100 en la operación sobre Ayesa. Pero en proporción, la fundación bancaria más activa ha sido Vital. La entidad presidida por Jon Urresti ha lanzado cinco operaciones este año por algo más de 50 millones. Es la suma de los 22,5 puestos en Talgo, los 17,5 en la adquisición de Innometal y Ohmnia Electronics y la decena que podría aportar en Ayesa.

Euskadi se ha convertido en la comunidad que más titulaciones duales ofrece en todo el Estado, entre grados y másters. En 2025, de los 156 títulos universitarios que compaginan práctica y teoría en el programa educativo, 57 son ofrecidos por la UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea y la Universidad de Deusto, según se desprende del informe ‘Radiografía de la formación dual universitaria en España 2025’. El texto ha sido elaborado por la fundación Bertelsmann, la fundación CYD, Mondragon Univertsitatea y la Conferencia de Consejos Sociales, y ha contado con la participación de 62 universidades –40 públicas y 22 privadas– de 17 comunidades autónomas. De todas ellas, Euskadi encabeza el ranking al concentrar, con datos disponibles de tres universidades, más de un tercio de las titulaciones duales (el 36%). Le sigue Andalucía, con un total de 50 titulaciones entre los diez centros académicos que respondieron a la encuesta y muy por debajo de estas cifras se encuentra Cataluña –14 titulaciones entre siete centros–, la Comunidad Valenciana –8 entre cinco centros– y Aragón, con seis ofertas académicas entre dos centros. Mondragon Unibertsitatea ostenta el reconocimiento de ser la segunda institución con más titulaciones duales de toda España: un total de 29, solo superado por la Universidad de Almería, que ofrece más de una treintena. De esos 29 títulos, 14 son grados universitarios y 15 son másters. Pero el centro guipuzcoano no es el único que destaca en cuanto a formación dual se refiere. La UPV/EHU también es considerada pionera al ofrecer un total de 16 titulaciones dualizadas, de las cuales 13 son grados y 3 son másters. Por otro lado, la Universidad de Deusto, aunque sea el centro universitario con menos titulaciones duales (12 en total), también tiene una apuesta clara por este modelo académico. De manera desglosada, oferta 8 grados y 4 másters, pero todos de mención dual.

El informe educativo anual de la CE advierte de que «el mercado de trabajo español no puede absorber el elevado número de titulados» en educación superior, y eso aboca a España a tener «la mayor tasa de sobrecualificación de la UE», con el 35% de los graduados trabajando en empleos por debajo de su nivel formativo, frente a la media europea del 21,9%. El número de titulados en educación superior (universitarios y graduados de la FP equivalente) «va en aumento», dice el documento comunitario, con una proporción del 52,6% de jóvenes, ocho puntos porcentuales más que la media europea y un porcentaje que rebasa ya con creces el objetivo del 45% fijado para 2030. «Sigue habiendo un desajuste entre las cualificaciones de los titulados y las necesidades del mercado de trabajo», añade el informe Monitor de la Educación y la Formación de la CE, que alerta de la «baja empleabilidad» de los graduados de humanidades, estudios sociales y artes, mientras el mercado no encuentra los especialistas científico-tecnológicos que necesita porque la matriculación en estas carreras «es inferior a la media de la UE y está disminuyendo». El documento apunta que «persiste la escasez de mano de obra» en el sector digital, donde las ofertas de empleo por trabajador superan la media en un 212%, lo que pone de relieve «una brecha cada vez mayor entre la oferta y la demanda de competencias». El mensaje de Bruselas es claro: hacen falta más programadores, técnicos y operarios manuales. Este uno de los grandes agujeros que tiene el sistema educativo español. Pero hay más. La CE ha analizado el desempeño de nuestro sistema educativo a partir del cumplimiento de siete indicadores y ve que sólo aprobaríamos en tres (incluida la proporción de jóvenes con estudios superiores), mientras que suspenderíamos en cuatro.

Álava quiere la instantánea más precisa posible de uno de los sectores económicos que aspira a robustecer, el de la biociencia. Para ello la Diputación recurrirá a un servicio externo que tendrá como cometido aportar la imagen de situación de algunos de los múltiples campos que abarca. En concreto, el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad ha encargado a Idom que ponga el foco en el ámbito farmacéutico y biomédico. El contrato con esta consultoría se ha adjudicado recientemente por alrededor de 63.000 euros y marca un plazo de nueve meses no sólo para aportar ese análisis de presente. También le exige ir más allá: plantear una hoja de ruta que permita a la institución ponerse manos a la obra con lo que denomina «modelo estratégico y funcional» del que será futuro Nodo Farmacéutico-Biomédico de Álava. Algo en esa línea ya funciona sólo en la rama de farmacéutica, con el desarrollo de terapias avanzadas y tecnologías. Una iniciativa que la institución foral impulsa de la mano de la UPV/EHU y que cuenta con la participación de instituciones como Tecnalia y el grupo NanoBioCel «para la investigación y desarrollo de fármacos innovadores, creando un polo de conocimiento y desarrollo de alto nivel en Álava». Es sabido que el territorio dispone de una red tupida y diversificada de sociedades ligadas al mundo de la biociencia. Desde laboratorios hasta centros de investigación pasando por proveedores o diseñadores de tecnología aplicada. Más de 400 personas trabajan en ese campo en el territorio. Y ya hay proyectos de expansión de algunas firmas que dispararán la creación de empleo. El más notable, sin duda, el de i+Med, con sede en el parque tecnológico de Álava. Se expandirá con la construcción de un nuevo centro biomédico con 500 empleados en Miñano. Estará operativo en 2030.

El récord de asistentes en las actividades congresuales con el que Vitoria cerrará el año no conseguirá que la capital alavesa se cuele en el ‘top’ de un sector que hoy lideran grandes ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia. Pese a las cifras –en las que se tocan máximos con 130.000 personas– y los ránquines en la que la ciudad se queda aún «eclipsada» por Bilbao y San Sebastián, el Gabinete Etxebarria se ha marcado como objetivo tener un papel relevante en el circuito de estos eventos nacionales e internacionales. De hecho, quiere convertirlo en uno de los ejes principales de su estrategia turística, que ahora perfila. Para ello, y como es la primera vez que el Ayuntamiento busca un plan específico para este ámbito conocido como MICE (congresos, convenciones, incentivos y eventos), el departamento de Promoción Económica encargó en junio a una consultora externa un diagnóstico de sus fortalezas y debilidades antes de la elaboración de unas líneas de acción para los próximos dos años. El grupo empresarial Inmark junto a la agencia de marketing y turismo Inboost acaba de presentar ese informe preliminar que se basa en entrevistas a agentes del sector, un análisis de las tendencias internacionales y de los competidores, como son Avilés, Girona o Benidorm, además de las capitales vascas.

Para que Vitoria despegue como capital de congresos no sólo importan las infraestructuras con las que se cuenta, también influyen las conexiones de transporte o la oferta hotelera y hostelera de la que dispone el visitante en sus estancias. En este sentido, en el informe que han elaborado para el Consistorio las empresas Inmark e Inboost se indica que hay una «brecha» con las rutas que conectan la ciudad con otros destinos, lo que limita el impulso de Vitoria a las primeras posiciones en el sector MICE. Así, si bien se cree que la ciudad cuenta con una «ubicación estratégica», también se sugiere que está «deficientemente atendida». Dicho análisis valora «avances» como pueden ser la reciente conexión en avión con Madrid y Barcelona, pero aún así cree que «el aeropuerto de Foronda está infrautilizado» y tiene «pocas rutas regulares», lo que ocasiona una «dependencia del aeropuerto de Bilbao». Además de que «la conexión con AVE aún está pendiente» y «los servicios urbanos (taxis, buses, bicis) son percibidos como insuficientes». Éstas son unas quejas de las que también se han hecho eco en anteriores ocasiones los vitorianos ya que, por ejemplo, Vitoria perdió hace dos años el Alvia ‘madrugador’ a Madrid después de que Renfe sustituyera este servicio por un Intercity de menos prestaciones y las protestas por la falta de taxis (sobre todo por las noches) se han convertido en una cuestión muy reclamada por los clientes.

Artículo de Emilio Aguillo, presidente provisional del Consejo Regulador de Viñedos de Álava. "La marca nacional Rioja Alavesa se solicitó en Madrid por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja el 17 de noviembre de 1998 y siempre habíamos creído que había sido el primer peticionario. Pero unos viejos documentos demuestran que tres semanas antes la había solicitado APRA, entidad dependiente del Departamento de Agricultura del Gobierno vasco. De forma inesperada, alguien en Vitoria decidió cancelar esa inscripción unos días después para que el titular de la marca fuese el Ejecutivo autonómico. Entremedias, el Consejo Regulador se adelantó y en pocos días la genial iniciativa de APRA terminó en sus manos. ¿Chivatazo? ¿Negociación? La decisión sólo pudo salir lógicamente de la Consejería de Agricultura del Gobierno vasco y el gerente de APRA ejerció la obediencia debida a un cargo superior...La avidez por nuestro nombre llega al extremo que en 2011 caduca la titularidad de la marca Rioja Alavesa (un descuido del Consejo Regulador) en el epígrafe correspondiente a vinagres, en una zona donde no se elabora vinagre, el Gobierno de La Rioja es conocedor de la situación y solicita el registro de la marca Rioja Alavesa, alegando la necesidad de proteger los vinagres producidos en la zona, originando un conflicto entre el Gobierno de La Rioja y la DOCa. Se pelean por un nombre que realmente no es suyo, lo tendrán, pero no es suyo. Menciono esta anécdota por la envidia sana que me produjo al conocer estos hechos. Nuestra Administración nunca ha mostrado tanto celo por nuestro nombre. Propusimos la creación de Viñedos de Álava y el Gobierno vasco se posicionó en contra y ahora no tenemos nombre propio, ni Rioja Alavesa, ni Viñedos de Álava. Recientemente ante unas declaraciones del diputado general, Ramiro González, la presidenta de la DOCa le indicó que las administraciones están en el Consejo como invitadas, que lo mejor es que se calle y que se dedique a gobernar su territorio, que ayude (económicamente) a promocionar Rioja y Rioja Alavesa (sus marcas) y nada más. Lo deja bien claro, son una empresa privada con una masa societaria, gobernados por un consejo de administración representado en función de su participación. No son una ONG o una entidad sin ánimo de lucro, todo lo contrario, priman los beneficios ante cualquier otra consideración, y por supuesto no defienden el interés general de ninguna comarca ni territorio. Lo que realmente importa es el negocio, grandes bodegas establecidas en la comarca comercializan vino de La Rioja o Navarra como si fuese producido en Rioja Alavesa. En la comarca se producen en torno a 50-60 millones de litros y se comercializan casi el doble. Y ahí está la gracia del asunto, pues las grandes bodegas compran uvas de otras zonas de Rioja y se elaboran y embotellan en Rioja Alavesa. ¿Quién gana con esta situación? Lógicamente las bodegas que consiguen mejor precio por la materia prima, más prestigio empresarial, mayores subvenciones y mejor trato fiscal. Y la Administración vasca que ingresa importantes cantidades vía impuestos. Todos contentos menos nuestros viticultores, que no llegan a cubrir sus costes de producción..."

El número de accidentes de trabajo que han ocasionado una baja laboral se ha reducido en lo que va de año un 7,3% en Euskadi. Así lo recogen las estadísticas elaboradas por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral Osalan. Entre enero y noviembre se han contabilizado 33.131 siniestros de este tipo (62 de ellos no traumáticos), una cifra que representa 2.614 casos menos que durante el mismo periodo de 2024. Por sectores, y al ser el más numeroso en cifra de trabajadores, el área de servicios encabeza el listado con algo más de 18.500 accidentes que han derivado en una baja, lo que, sin embargo, representa un descenso del 7,5% respecto al ejercicio pasado (entonces superaron los 20.000). Especial atención suele recoger la industria, que en lo que va de año ha contabilizado 10.336 incidentes de este tipo. El dato supone un descenso de 772 casos, un 6,9% menos. También caen los accidentes en un sector de la construcción que va al alza en número de empleados. Los 3.775 siniestros con baja marcan una caída del 6,3%, 255 menos que hace un año. Pese a la mejora de los datos, la gran lacra de los accidentes mortales se mantiene estable. Hasta noviembre Osalan ha contabilizado 21 fallecidos –10 en el sector servicios, 7 en la construcción, 3 en la industria y 1 en el ámbito de la agricultura, ganadería y pesca, sin contabilizar los 6 casos in itinere–, un dato que apenas varía respecto a 2024, cuando se contabilizaron 22.

El precio de la gasolina en Gipuzkoa ha descendido en 2025 hasta situarse en niveles que no se registraban desde el verano de 2021, antes de la escalada energética desencadenada por la guerra de Ucrania. Según los datos recogidos a través del portal dieselogasolina.com, en julio de 2021, antes de que comenzara la escalada de precios, la gasolina de 95 octanos se movía en el territorio en una horquilla muy estable de entre 1,43 y 1,45 euros por litro. Llenar entonces un depósito medio de 50 litros costaba entre 71,5 y 72,5 euros. Cuatro años después, en diciembre de 2025, los precios diarios medios de la gasolina vuelven prácticamente a ese mismo rango. En la recta final de este mes, el litro de gasolina se sitúa en torno a 1,45– 1,46 euros, lo que deja el coste del mismo repostaje en torno a 72,5– 73 euros, apenas uno o dos euros por encima de los niveles previos a la crisis energética. No obstante, existen estaciones de servicio en Gipuzkoa que ofrecen un coste notablemente más bajo que el precio medio, e incluso desciende, en algunos casos, a la horquilla de entre 1,18-1,21 euros por litro, como se aprecia en la imagen que acompaña a esta información. La comparación con el pico de la crisis subraya la magnitud del ajuste. 

El año que está a punto de acabar ha estado marcado por dos victorias de calado para los fabricantes de coches en el ámbito de la regulación europea. La primera, en marzo, fue la suspensión para 2025 y 2026 de las multas para aquellas marcas que incumplan los objetivos de emisiones de CO2 de los coches nuevos que establece la normativa CAFE, que entró en vigor en enero. Tras presionar a la Comisión Europea, esta estableció que las emisiones del periodo 2025-2027 se contarán de forma conjunta, por lo que las sanciones se posponen. La segunda, se produjo este diciembre, con el anuncio de la Comisión Europea de flexibilizar los objetivos de emisiones para 2035: ese año, al final no se prohibirá la venta de vehículos de combustión. Cerrados ya esos frentes, sobre todo por la presión de los grandes fabricantes alemanes, ahora el sector apunta a un 2026 en el que tendrá que saltar al campo de juego y disputar el partido con las marcas chinas. Necesita aumentar las ganancias tras los pronunciados descensos de este año. Para ello, el motor lanzará al mercado una batería de coches eléctricos de en torno o por debajo de la barrera de los 25.000 euros sin contabilizar ayudas. Y ahí, España jugará un papel importante: buena parte de estos modelos se harán en el país, concretamente en las plantas del grupo Volkswagen en Navarra y Barcelona. 

El Gobierno ha aprobado en una disposición adicional publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva prórroga que permite a las empresas españolas ganar tiempo frente a sus deudas tras la tragedia del coronavirus en 2020. La medida estrella es la extensión de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas, lo que evitará el cierre legal de miles de compañías que aún arrastran el impacto financiero de la pandemia. Gracias a esta disposición adicional cuarta, las pérdidas sufridas durante los años 2020 y 2021 por efecto de la covid seguirán sin computar a efectos de disolución durante todo el ejercicio 2026. Bajo la normativa ordinaria (Ley de Sociedades de Capital), cualquier empresa cuyo patrimonio neto caiga por debajo de la mitad de su capital social debe cerrar o sanear sus cuentas. Con esta prórroga, ese agujero contable de la pandemia queda congelado un año más. El Ejecutivo justifica la urgencia de la medida ante la inminente expiración de los plazos anteriores. Según el texto legal, el objetivo es permitir que las empresas que son “viables” puedan absorber estas pérdidas de carácter extraordinario en un “tiempo prudencial”, evitando que una regla contable fuerce su desaparición prematura.

Las personas en paro que perciben prestaciones no tendrán que presentar la declaración de la renta el año que viene, como estaba previsto. Esta obligación se aprobó en 2024 y se había retrasado hasta 2026, pero ahora queda descartada mediante el decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Según explica el Gobierno en el texto, la intención de la norma era dotarse de “una fuente adicional de información”, pero considera necesaria la supresión por la carga administrativa extra que supone para los parados, entre otros motivos. “No resulta adecuada”, indica el Ejecutivo. Entre las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo, la Ley General de la Seguridad Social señalaba la de “presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. Esta exigencia, congelada desde que llegó a la normativa, es suprimida y no llegará a aplicar. El cambio, dice el Gobierno en el texto aprobado, “persigue evitar que, a través de una norma propia del ámbito social, como es la Ley General de la Seguridad Social, se produzca una modificación de las obligaciones tributarias de las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo”. 

Las subidas de cotizaciones aplicadas cada comienzo de año no se distribuyen de forma homogénea entre los trabajadores asalariados y los autónomos. En el caso de los primeros, además, los recargos castigan especialmente a las rentas salariales más altas, que son las más gravadas con las medidas aprobadas en los últimos años destinadas a reforzar los ingresos de la Seguridad Social para poder afrontar el pago de las pensiones. Es el caso del destope de la base máxima de cotización, que implica que cada año se cotiza por una mayor parte del salario si este supera el límite anterior a partir del cual no está gravado en términos de aportaciones a la Seguridad Social. Para 2026, la subida de la base máxima de cotización será del 3,9%, situándose en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros anuales). El incremento anual se efectúa en base al IPC medio más un recargo adicional de 1,2 puntos porcentuales. En este caso, este incremento aumentará las aportaciones de unos 765.569 trabajadores. Para aproximar este cálculo, el economista Javier Santacruz apunta que, con los últimos datos de rentas salariales por tramos que ofrece la Agencia Tributaria correspondientes a 2023, la antigua base máxima de cotización de 2025 (4.909,5) equivale a un salario bruto de 2,99 veces el salario mínimo interprofesional bruto (de 15.120 euros en catorce pagas para el año de referencia que recoge el desglose de rentas salariales). Mientras que la nueva base máxima de cotización equivaldría a un salario bruto de 3,11 veces el salario mínimo.

Euskadi sigue resistiendo al frenazo que atraviesa la industria europea gracias al refugio que encuentra en el consumo. Los datos con los que se cerrará este 2025 evidencian las importantes diferencias de la economía vasca, que crecerá en un 2,2%, frente al 1,3% de la zona euro o los exiguos 0,2% de Alemania, 0,6% de Italia y el 0,7% de Francia, países con un componente industrial muy marcado y equiparable al del País Vasco. Y la razón es que un sólido mercado laboral con más de un millón de afiliados a la Seguridad Social y una tasa de paro inferior al 7% sostienen el ánimo de gasto en los hogares vascos. Una situación que los bancos están notando en su negocio de préstamo al consumo. Así, según un estudio elaborado por el centro de investigación económica Ceprede para Kutxabank, el volumen de estos créditos el año que viene escalará en Euskadi hasta los 6.393 millones, un 2,1% más que el de este 2025. Además, en este ejercicio, los sueldos están subiendo por encima de los precios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio vasco ha mejorado entre un 3,4% y un 3,9% y, si miramos a los convenios firmados en Euskadi, la subida escala hasta un 4,3%. Son parámetros todos que superan la subida de precios media de este año, que está en el entorno del 3,2%.

Las 378.000 trabajadoras de hogar de España tienen derecho a que sus riesgos laborales sean evaluados, pero hay unas 110.000 con las que sus empleadores aún no han cumplido. Es decir, en el 71% de los casos, los hogares sí han satisfecho esta exigencia normativa, obligatoria desde el 14 de noviembre, pero hay un 29% restante que sigue en la misma situación que antes de que el Ministerio de Trabajo desplegase esta nueva política. El departamento de Yolanda Díaz indica que está evaluando estos resultados y que tomará medidas “para que todas las empleadas estén protegidas y la norma se cumpla en todos los hogares”. Según los datos provistos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (parte del ministerio y organismo del que depende prevencion10.es), hasta el 30 de noviembre se han emitido 268.639 evaluaciones de riesgos. Los datos de la Seguridad Social indican que en noviembre hubo 378.729 personas afiladas que se dedicaban esta actividad (342.369 en el sistema especial del empleo en el hogar y 36.360 en el régimen general), así que el desfase es de 110.090 evaluaciones sin hacer. El cruce de datos exige algunas matizaciones. A priori, se podría argumentar que el dato de la Seguridad Social no mide personas como tal, sino afiliaciones. Así, una empleada de hogar con tres contratos cuenta como tres afiliaciones, un fenómeno que además es más habitual en este sector tan precario que en otros más estables. Sin embargo, la obligatoriedad de la evaluación exige un análisis de riesgos para cada empleada en cada hogar que trabaje. 

La empresa española Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se encuentra en un momento de fuerte crecimiento que vendrá no solo de forma orgánica, gracias al florecimiento de nuevos contratos en Defensa por la tensión geopolítica internacional, sino que también estará acompañado de movimientos corporativos y de una estrategia de expansión geográfica. El grupo familiar, que es una de las empresas del sector de la Defensa que está experimentando un mayor crecimiento en los últimos años, ha puesto ahora su mirada en el mercado británico como una prioridad estratégica y se ha propuesto tener un papel relevante en los próximos programas de Defensa que se van a lanzar en Reino Unido. Para dar forma a este desembarco en el mercado británico, la empresa con sede en Alcalá de Henares (Madrid), ha creado una nueva sociedad en Reino Unido, denominada EM&E Group UK, según ha podido saber EXPANSIÓN. La medida supone el primer paso de su ofensiva en este mercado, en el que quiere posicionarse como un actor relevante en Defensa. La compañía ya había expandido su huella en otros países de Europa, ya que cuenta con una oficina en Bélgica, pero para Reino Unido los planes son diferentes, con vocación de tener una presencia industrial. De esta forma, el grupo español tiene previsto contar con una planta de producción en el país que le dote de capacidades industriales a nivel local, para lo que contará con proveedores y socios británicos.

“Los puertos del futuro ya no pueden concebirse únicamente como un espacio dedicado al movimiento de mercancías. Deben entenderse como un ecosistema logístico conectado y digitalizado, donde confluyen actividades y tecnologías avanzadas, y que mantiene una relación abierta e integrada con las áreas urbanas colindantes y sus vecinos”, subraya el último informe elaborado por la consultora Ocean Capital Partners (OCP), que toma partido ante el fuerte reajuste del mercado marítimo mundial que sitúa a España y al resto de puertos de la UE en una encrucijada tecnológica y medioambiental cuyo resultado amenaza los intereses nacionales. Ante este reto, el Gobierno ha impulsado un plan inversor de 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años con el objetivo de modernizar infraestructuras para hacerlas más atractivas a las grandes navieras portacontenedores, un oligopolio formado por corporaciones danesas, suizas, francesas y asiáticas que deciden el signo del mercado en función de sus escalas. La suiza MSC, la danesa, Maersk, la francesa CMA y la china Cosco suman casi el 60% del tráfico global, porcentaje que sube cada año de forma constante hasta convertir el mar en un oligopolio que se extiende sobre los grandes puertos del mundo, incluidos los europeos. Especialmente disruptivo está siendo el nuevo régimen de comercio de emisiones (ETS) de la UE, que está transformando a marchas forzadas el mapa mundial del tráfico naviero. Como ha detallado recientemente el último informe de Puertos del Estado sobre los ETS, vigentes al 100% desde 2026, ya se está detectando un desplazamiento de carga hacia los puertos de Reino Unido (Atlántico) y Turquía y Egipto (Mediterráneo).

Sucede cada vez con más frecuencia que las energéticas europeas compran anticipadamente toneladas de gas natural licuado (GNL), en su mayoría estadounidense, a través de acuerdos a largo plazo que, en realidad, no garantizan en qué lugar del mundo acabará ese combustible. Hasta ese extremo está cambiando un mercado donde, hasta hace poco, los compromisos entre compradores y vendedores estaban escritos en piedra. Hoy, la nueva tendencia comercial, basada en contratos de suministro flexibles, ha resucitado en la Unión Europea el fantasma de la crisis de gas, que con la invasión de Ucrania dejó en evidencia la peligrosa vulnerabilidad del Viejo Continente. Alemania, Países Bajos y Austria han avisado por carta a las autoridades comunitarias de que, aunque la situación es mejor que en 2022, «la UE no puede volver a la normalidad sin revisar sus políticas de seguridad de suministro». «Europa se ha alejado del gas ruso y ahora depende del GNL para cubrir la mayor parte de su demanda. El GNL se comercializa en un mercado global, lo que hace que Europa sea más vulnerable a acontecimientos internacionales», alertan. Un sentimiento que ha calado en foros españoles del sector, donde cada vez es más frecuente escuchar que reemplazar gas ruso por GNL de EEUU «no es necesariamente más seguro». «Este último año, la cantidad de contratos de largo plazo de GNL firmados por compradores europeos ha permanecido más bien baja. Esto contrasta con la reacción que cabría esperar tras los anuncios del veto a la importación de GNL ruso a partir de 2027, y no es más que otro síntoma de que en un entorno tan volátil la mayoría de las compañías son más reticentes que antaño a firmar acuerdos que los comprometan por décadas», explica José Ignacio García-Lajara, analista senior de Mercados de Gas y GNL de WoodMackenzie.

Después de muchas idas y venidas, y de haber pasado por el tamiz de los socios europeos, el plan de paz de 28 puntos que Estados Unidos propuso a finales de noviembre para poner fin a la invasión rusa, y que en Ucrania se rechazó por considerarse una capitulación, se ha reformulado ya de forma aceptable para Kiev. El resultado es una hoja de ruta con 20 apartados que Volodímir Zelenski considera más justa para el país que preside. «Hemos realizado un progreso significativo en la redacción final de los documentos», afirmó el mandatario cuando informó del contenido de la propuesta y de su envío al Kremlin en víspera de Navidad. El principal contencioso existente era, precisamente, el que motivó la invasión: la soberanía de las zonas ocupadas. La Administración Trump contemplaba la cesión de toda la región del Donbás (compuesta por las provincias de Lugansk y Donetsk), incluidas las áreas en las que Rusia aún no ha logrado imponerse. Ahora, en el artículo 14 de su plan de paz, Kiev propone congelar la línea del frente en las cuatro provincias en liza y crear una zona desmilitarizada o franca que se rija por una legislación particular y que sirva de espacio de amortiguamiento entre ambos países. Además, Zelenski exige a Putin que retire sus tropas de otros ‘óblast’ –Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumi y Járkov– y que se estacionen tropas internacionales en lo que ahora es el campo de batalla, algo que el presidente ruso ya ha rechazado en varias ocasiones. Tampoco los estadounidenses, con quienes los ucranianos han negociado en Miami, están convencidos de esta solución, que continuará siendo el principal caballo de batalla de las negociaciones.