20260516

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El ejemplo de Aragón. La mesa redonda de la asamblea anual de Cebek, celebrada este mismo miércoles, contó con la participación de Ana Blanch, directora gerente de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón. Ante un nutrido grupo de representantes políticos y empresariales vascos, defendió que estas leyes de agilización, que han logrado un inusual consenso político en su comunidad, han permitido comprometer cerca de 90.000 millones de euros de inversión para los próximos años. Ahora, el Gobierno vasco busca aliviar uno de los principales lastres que denuncian las empresas, el exceso de burocracia. El lehendakari ya avanzó en el pleno de política general de septiembre su intención de crear una «autopista administrativa» para agilizar proyectos industriales. Es una fórmula con la que ya cuentan otras comunidades como Aragón o Cantabria y que ya empieza a tomar forma en Euskadi. El propio Imanol Pradales ha anunciado este viernes durante el pleno de control que PNV y PSE registrarán «en las próximas semanas» una proposición de 'Ley de Medidas Urgentes' orientada a simplificar trámites y acelerar inversiones estratégicas. Esta nueva figura administrativa se configurará, por tanto, como una suerte de pase ‘VIP’ para proyectos vinculados a la «economía sostenible, la industria y el fortalecimiento del sector agroalimentario y primario». El objetivo es reducir los tiempos de unos trámites ambientales y urbanísticos que, en muchos casos, terminan empujando inversiones hacia otras comunidades con un entramado burocrático más ágil y, en otros, dejan iniciativas atrapadas durante años entre recursos, informes y escollos legales. El parque eólico de Labraza, impulsado por el propio Gobierno vasco para ampliar sus instalaciones con ocho nuevos aerogeneradores, se ha convertido en el máximo exponente de la parálisis burocrática. Siete años de trámites han retrasado su desarrollo hasta, previsiblemente, 2027, en un territorio que lleva casi dos décadas sin poner en marcha una infraestructura eólica de estas características.

El PNV prosigue su estrategia de distanciamiento progresivo del Gobierno de Pedro Sánchez y, más aún, de las iniciativas que dentro del Gabinete abandera Sumar, el socio minoritario. Es el caso del Estatuto del Becario, que el Ministerio de Trabajo pactó con CC OO y UGT para, entre otras cosas, limitar a un máximo de 480 horas –la mitad que ahora– las prácticas extracurriculares por alumno u obligar a las empresas a que cubran los gastos del estudiante para evitar así, en definitiva, que los empleadores abusen de esta figura para cubrir necesidades estructurales en lugar de para completar la formación del alumno en prácticas. El anteproyecto de ley, ahora en plazo de enmiendas, no ha tenido un recorrido fácil y, de hecho, se encontró desde el principio con el rechazo de la patronal, las universidades y, en un inicio, también del ala socialista del Gobierno. en su recorrido parlamentario el Estatuto del Becario se ha encontrado con una primera piedra inesperada, el rechazo del PNV, que confirmó ayer que presentará enmienda de totalidad al texto porque, según explicaron fuentes del grupo jeltzale a este periódico, la iniciativa se ha elaborado «sin tener en cuenta la perspectiva del mundo educativo en su conjunto». Sabin Etxea se adelanta así a Junts –todo apunta a que los de Carles Puigdemont también rechazarán la medida– y, teniendo en cuenta que cualquier iniciativa del Ejecutivo necesita del apoyo del bloque de investidura en su conjunto para prosperar, aparece como decisivo para tumbar la reforma tal como está ahora concebida.

El conflicto laboral en Tubos Reunidos rebaja su intensidad. Después de ocho días de una enorme tensión, la mayoría sindical ha decidido este viernes suspender la huelga indefinida que activó hace 96 días en la planta de Amurrio. Concluye así una convulsa etapa en la tubera alavesa que ha acentuado la división interna entre los trabajadores y que ha enquistado todavía más las relaciones entre el sindicalismo vasco. El paso ha llegado apenas 24 horas después de que LAB abriese la posibilidad a esta decisión por boca de su coordinador general Igor Arroyo. El máximo responsable de este sindicato argumentó que el paro había «conseguido sus objetivos». Este mismo jueves, se celebraron en Llodio y Amurrio dos asambleas de ELA y de LAB que algunas fuentes describen como «calientes» y «moviditas». «Se revolucionó el personal», deslizan medios cercanos al conflicto en Aiaraldea. Todo, en cualquier caso, ocho días después de que un 25% de la plantilla, al margen de los sindicatos, convocase una asamblea en la que 232 operarios –de una plantilla total de 889– votaron a favor de acabar con la huelga. La vuelta al trabajo permite dar cierto oxígeno a la tubera, que podrá producir, facturar y sacar producto a clientes que llevan semanas esperando a recibir sus pedidos. Este factor es uno de los que han venido usando los partidarios de acabar con el paro en los últimos días. El pasado martes, sin ir más lejos, difundieron el audio de una responsable del área comercial que afirmaba que había clientes «esperando porque creen en nosotros, pero no pueden esperar eternamente».

El Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa, Ziur, registra más de 2.500 incidentes globales, mientras los ciberdelincuentes intensifican su presión operativa sobre los organismos públicos. Este incremento no es solo cuantitativo, sino que refleja una preocupante evolución hacia ataques cada vez más adaptados a entornos tecnológicos complejos, donde la interconexión de las cadenas de suministro y la exposición de servicios críticos amplían de forma peligrosa la superficie de ataque para las organizaciones. En el contexto nacional, aunque la cifra de incidentes de ransomware se mantiene relativamente estable con 38 casos, la gravedad de las amenazas se manifiesta en otros frentes. El sector tecnológico se ha consolidado como el principal objetivo en el Estado, desplazando a sectores tradicionalmente sensibles como el manufacturero y el turístico. Sin embargo, el dato más alarmante reside en el volumen de filtraciones de datos detectadas en foros de la deep web y canales de Telegram, que han pasado de 34 registros en el trimestre anterior a 117 en el inicio de este año. Esta explosión de información expuesta afecta de manera prioritaria a la ciudadanía y al ámbito gubernamental, destacando casos donde se han visto comprometidos datos tan sensibles como identificaciones personales e información bancaria.

Euskadi, y por extensión Gipuzkoa, apostaron fiscalmente por los vehículos eléctricos puros en la reforma fiscal acordada el año pasado por PNV, PSE y Podemos. Las Haciendas vascas aprobaron deducciones para los contribuyentes que compraran este tipo de vehículos catalogados como de cero emisiones, y decidieron dejar fuera de esta lista a los híbridos enchufables, que funcionan con un motor de combustión y otro ‘limpio’. En resumen, la deducción máxima a aplicar en Euskadi para un contribuyente que adquiriera un eléctrico el año pasado es de 4.000 euros –siempre que achatarre un vehículo de más de 10 años– frente a los 3.000 del resto del Estado. Además, las ayudas recibidas aquí están exentas de tributar, mientras que en territorio común se consideran ganancia patrimonial y, por lo tanto, se le aplica el IRPF correspondiente. Finalmente, Euskadi ha activado las luces largas en este asunto y ha diseñado un plan a largo plazo, de una duración de una década con el objetivo de avanzar en la descarbonización, frente al actual y único ejercicio previsto de momento en España. Son las principales claves que resumen una realidad que los contribuyentes se están encontrando desde que comenzara la campaña de la Renta, cuando los ciudadanos ajustan sus cuentas del ejercicio anterior con el fisco. La divergencia normativa entre eléctricos e híbridos enchufables se traduce ahora en una realidad dispar ante la declaración de la Renta, donde la tecnología del motor define el derecho al incentivo. Mientras que la apuesta por el eléctrico puro desbloquea deducciones y exenciones, quienes optaron por el híbrido enchufable quedan privados de cualquier alivio fiscal en sus tributos. Hasta este ejercicio, las Haciendas forales no aplicaban deducciones específicas en el IRPF por la compra de estos vehículos, a diferencia del resto de España, que implantó un beneficio general del 15% en 2023. Pero el hecho diferencial es que el que comprara un híbrido enchufable en Burgos, Albacete o Sanxenxo podrá aplicar una deducción frente a los vascos. 

Desde su fundación en 1989, SAITEC ha experimentado una transformación constante que le ha permitido evolucionar desde una ingeniería principalmente civil hasta convertirse en una firma multidisciplinar con presencia internacional y una fuerte orientación hacia la innovación y la sostenibilidad. A lo largo de más de tres décadas, la compañía ha ido ampliando progresivamente sus capacidades y áreas de especialización, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y a los retos de un sector en permanente cambio. Uno de los puntos de inflexión más importantes llegó en 2002, con la creación del departamento de medio ambiente, una decisión estratégica que permitió incorporar criterios de sostenibilidad desde las fases iniciales de los proyectos. La internacionalización ha sido otro de los grandes hitos en la trayectoria de la compañía. Iniciada en 2008, esta expansión ha llevado a SAITEC a trabajar en mercados internacionales y a establecer oficinas productivas en países como Colombia, Suecia o Australia. Más allá del crecimiento empresarial, este proceso ha supuesto también una transformación interna en la manera de trabajar. La colaboración en la nube, la integración de metodologías procedentes de otros mercados y la coordinación de equipos internacionales forman ya parte del día a día de la firma.

Cuatro activistas fueron detenidos ayer en Labraza, en Oion, después de encadenarse a la estructura de uno de los ocho aerogeneradores que tendrá en el futuro el parque eólico del pueblo. Según informaron fuentes del Departamento de Seguridad, agentes de la Policía vasca se desplazaron a las obras hacia las 10.50 horas después de recibir el aviso del incidente. Cinco personas se habían amarrado al hormigonado de uno de los molinos. Los activistas, en un comunicado remitido a la prensa, defendieron su actuación porque «nuestra adhesión a la tierra nos impulsa a denunciar el abuso que en ella se está dando». «La implantación de una macrocentral eólica en estos montes alaveses, además de destruir ricos entornos naturales, supone una imposición inhumana para un pequeño pueblo como Labraza», denunciaron. Pasada la una de la tarde, la Ertzaintza desencadenó a los activistas y arrestó a cuatro de los cinco –tres hombres y una mujer– por su negativa a identificarse ante los agentes del operativo. Por la tarde, la plataforma Euskal Herria Bizirik se manifestó contra estas detenciones tanto en Vitoria como en San Sebastián. El suceso no es el primero que ocurre en las obras del parque eólico de Labraza.

Giro de guion en el impuesto a las estancias turísticas que con toda probabilidad entrará en vigor el próximo 1 de enero en Euskadi. PNV y PSE llegaron ayer a un acuerdo con Podemos para garantizar que la tasa pueda ser aprobada en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, donde los socios de gobierno no gozan de mayoría. Pese a que en Bizkaia jeltzales y socialistas no requieren de apoyos para sacar adelante el texto, los cambios también se harán efectivos en el territorio con el fin de «armonizar» el tributo en todo Euskadi, como sucedió con la reforma fiscal. El proyecto de norma foral, que fue presentado el pasado febrero por los tres gobiernos forales, incorpora así las siete enmiendas que presentó Podemos a cambio de su voto a favor. La formación entiende que sus aportaciones dotan al tributo de «mayor progresividad y flexibilidad», aunque en realidad lo que hace es elevar la cuantía que deberán pagar los turistas –o cualquiera que pernocte en hoteles o similares, también el público local– en casi todos los supuestos. La horquilla de precios se encarece en todos los tipos de establecimientos, excepto en los agroturismos, donde las diputaciones aceptaron en marzo una alegación para aplicar un tipo más reducido del previsto inicialmente. La ‘nueva’ tasa se endurece sobre todo para los cruceristas –se espera la llegada de 260.000 viajeros este año a Bizkaia, el doble que en 2024– y para los que se alojen en pisos turísticos, actividades con «una mayor presión sobre el territorio, los servicios públicos y el acceso a la vivienda». 

Hace dos semanas el Gobierno vasco anunció que iba a ofrecer a pacientes con más de medio año en la lista de espera quirúrgica de Osakidetza la posibilidad de ser derivados a clínicas privadas para que les operasen en ellas. Entonces eran, según detalló el consejero de Salud, cerca de 1.800 las personas que se encontraban en esa situación. En los quince días que han transcurrido desde el anuncio han sido «más de 800» los afectados por esta gran demora los que han dado su autorización para ser trasladados a centros concertados con el Servicio Vasco de Salud. De esta forma no tendrán que esperar más para entrar en quirófano. Así lo indicó ayer el consejero Alberto Martínez durante su intervención en el Parlamento vasco para responder una pregunta de la popular Laura Garrido sobre el incremento de las demoras en la sanidad pública vasca. Martínez indicó que derivar a estos «más de 800 pacientes» ha permitido frenar el crecimiento de las listas de espera. Un aumento que la consejería liga a la sucesión de huelgas médicas en Osakidetza y en el resto del Sistema Nacional de Salud desde finales del pasado año. Estos paros, recalcó el consejero, han forzado al Gobierno autonómico a apoyarse en las clínicas privadas para poder operar cuanto antes a estas personas con problemas de salud no urgentes. Se trata de pacientes que habían superado ya los tiempos máximos de espera establecidos por ley para ser intervenidos quirúrgicamente en la sanidad pública –30 días para las cirugías oncológicas, 90 para las cardiacas y 180 para el resto–, tal y como fija el decreto de garantías, aprobado por el Ejecutivo en 2006.

“El año 2025 ha consolidado la reactivación del mercado residencial. La demanda se mantiene sólida, incluso en un contexto financiero todavía exigente, lo que pone de manifiesto el carácter estructural del interés por la vivienda. Además, la evolución de los precios sigue condicionada por una oferta limitada, especialmente en los principales núcleos urbanos”, explica Ferrán Font, director de Estudios de Pisos.com. En estos momentos, el Banco de España calcula un déficit acumulado de 700.000 viviendas y las cifras no dan señales de que esta situación vaya a revertirse. El ejercicio pasado se formaron 104.500 nuevos hogares y sólo se iniciaron 111.548 pisos. En este contexto, la accesibilidad continúa siendo uno de los principales retos. A juicio de Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y director del máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona, “una de las grandes diferencias de España respecto al resto de Europa es el escaso volumen de compra de los jóvenes durante la década pasada. La precariedad laboral, los salarios bajos y el excesivo gasto corriente les impidió ahorrar y poder adquirir un piso a pesar de los precios asequibles”. A esto se suma que las políticas de los últimos años, como el control de precios o la ley antidesahucios, han generado inseguridad jurídica, la oferta de alquiler ha caído y ha llevado las rentas a máximos. Ante esta situación, “al caer el segmento del alquiler el mercado de compraventa se ha puesto al rojo vivo”, defiende Bernardos. España es el país en el que más crecieron los precios entre las principales economías de la zona euro en los últimos diez años, muy lejos de socios como Italia (16,2%), Francia (27,3%) y Alemania (52,7%). En estos casos, el mercado inmobiliario se encuentra en una fase distinta del ciclo. Venían de años de subidas importantes y de niveles de precio ya muy elevados. 

El mal diseño o la difícil ejecución de los fondos Next Generation ha sido uno de los mantras que ha acompañado al Plan de Recuperación desde su lanzamiento en 2021. A cuentagotas, se han conocido casos de empresas que han renunciado o devuelto fondos europeos, pero el Gobierno no presenta cifras oficiales. Una investigación de El Mundo ha conseguido obtener datos de 1.400 millones de euros en renuncias de empresas privadas y entidades públicas, una imagen parcial que supondría un 3,5% de los fondos que ha gastado el Gobierno, según el último informe de ejecución de Funcas. Sin embargo, la cifra es mucho mayor, ya que ministerios que han tenido que reformular grandes programas por la baja adhesión como Industria por el Perte VEC o Transición Ecológica se han negado a aportar su impacto, al señalar que no tenían disponible un compendio de todas las renuncias y su montante. Otros ministerios han accedido, pero sin identificar quién ha devuelto los fondos. Entre las razones, la que más abunda es la falta de capacidad para cumplir con los plazos previstos, pero existen otras como reajustes de costes que hacen que el proyecto sea más barato o que una empresa decide finalmente no seguir adelante con un proyecto por razones de estrategia. El Kit Digital y la macrorrenuncia de Lyntia explican el 80% de los más de 1.000 millones a los que renunció el sector privado. Entre las principales renuncias destaca también la renuncia a las ayudas de transporte sostenible de Naviera Altube y Axpo, que superaron los 14 millones de euros, o la devolución de siete millones de euros del Barcelona Supercompunting Centre de un programa para desarrollo de chips. En el sector público, la composición es variada. 

El doctor en Economía Johan Van Overtveldt (Mortsel, Bélgica 1955) preside la Comisión de Presupuesto del Parlamento Europeo y participa en el grupo de trabajo sobre el uso del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Fue ministro de Hacienda durante cuatro años y de máxima confianza del actual primer ministro belga del partido Nueva Alianza Flamenca. Pertenece al grupo parlamentario ECR de Giorgia Meloni. "...La Comisión Europa les debe a los ciudadanos europeos una explicación más precisa sobre lo que ha pasado en España. Está siendo muy poca clara.- La Comisión Europea dice que se puede usar liquidez excedente para otros gastos de forma temporal.- Eso es extraño desde varios puntos de vista. ¿De dónde viene esa liquidez? ¿Cómo es posible que en el contexto del MRR se envíe dinero excedente a los países? ¿Qué tipo de control se ejerce? Si en algún momento ese dinero se usa, por ejemplo, para pagar pensiones, entonces de una forma u otra el dinero del MRR tiene que recomponerse. Y aparentemente nadie sabe cómo funciona este mecanismo, cómo se controla, etc. Esto encaja con lo que yo y otros negociadores del Parlamento defendimos cuando discutíamos el MRR: que hay un control absolutamente insuficiente sobre a dónde va el dinero, quién es el beneficiario final, etc. En mi opinión, este tipo de cosas eran incidentes previsibles. -¿Se lo temía ya entonces?- Recuerdo claramente que en una sesión nocturna luchamos muy duro desde el Parlamento para introducir mejores mecanismos de control en el sistema MRR. Pero el Consejo se resistió constantemente. Así que los pocos elementos de control que existen se deben a la insistencia del Parlamento.- ¿Qué otras debilidades vio?- Lo más llamativo es que el 45% de las subvenciones del MRR van a España e Italia. Estos dos países representan aproximadamente el 25% de la población de la UE y un 25–28% del PIB. Pero recibieron el 45% de las ayudas. Es difícil argumentar que la pandemia fuera mucho peor allí que en otros países..."

Salto de pantalla en Mediapro. La poderosa compañía que era capaz de alquilar “en exclusiva” Port Aventura para el disfrute de sus 7.000 empleados, en un todo incluido que invitaba a acudir al evento con la familia al completo, avanza sobre una montaña rusa y busca digerir el impacto por el reciente ERE a 189 trabajadores. Inversiones desafortunadas, una caja lastrada por más de 500 millones de deuda y la pérdida de los derechos de retransmisión de algunas competiciones deportivas que eran un filón han torcido el rumbo del que aspiró a ser un transatlántico del sector audiovisual. Tras aceptar la entrada de capital chino, los capitanes fundadores partieron en búsqueda de otras aventuras y el timón de la empresa, controlado históricamente desde Barcelona, vira hacia Madrid. “Se nos prometió que se iba a conservar la empresa y su identidad. Habrá que verlo, porque solo hay que fijarse en donde impacta más el ERE”, señala quien hasta hace escasas semanas desempeñaba un cargo ejecutivo en las oficinas de Mediapro en Barcelona. “La mayoría de cargos ejecutivos y corporativos estaban en Barcelona, se están reemplazando por gente de Madrid”, afirma otro exalto responsable, afectado por el ERE tras pasar nueve años en la empresa. “Esta es una decisión estratégica de la propiedad, que demuestra que Barcelona no les vale como lugar de toma de decisiones”, incide una voz que ha tenido que lidiar con el despido.

Las telecos europeas están en pie de guerra contra la Comisión Europea a propósito de la nueva norma de ciberseguridad (Cibersecurity Act o CSA) que ha propuesto el ejecutivo comunitario. Connect Europe, la patronal que agrupa a 34 telecos europeas, junto con GSMA Europe –la división europea de la patronal mundial– han publicado el pasado 12 de mayo un documento que supone una enmienda a la totalidad de la CSA para evitar tener que reemplazar todos los equipos de proveedores chinos –como Huawei o ZTE– que ahora inundan las redes de las telecos europeas. El documento de Connect Europe –que agrupa a Telefónica (España), Orange (Francia), Deustche Telekom (Alemania), TIM (Italia), KPN (Países Bajos), Swisscom (Suiza) o OTE (Grecia)– y de GSMA, en la que está también la británica Vodafone, exige eliminar por completo el Título IV de la CSA, que establece las prohibiciones a proveedores de riesgo (chinos) y la obligación de sustituir esos equipos en 36 meses en redes móviles. Las telecos europeas argumentan que las medidas propuestas son desproporcionadas y obligarían a un ejercicio masivo de “arrancar y reemplazar” (rip and replace) equipos de proveedores chinos, lo que desviaría recursos financieros y técnicos escasos (estimados en decenas de miles de millones de euros) en vez de dedicarlos a la innovación y el despliegue de redes de nueva generación como 6G, redes basadas en IA y a la transición a la seguridad poscuántica. Las telecos de Connect Europe saben que el volumen de personal técnico cualificado para estas tareas es limitado y que si esos profesionales se dedican a cambiar equipos que funcionan no estarán disponibles para modernizar las redes. 

Donald Trump moderó ayer su postura respecto al programa nuclear de Irán. Después de semanas exigiendo la rendición de la república islámica y el cese definitivo del enriquecimiento de uranio, el presidente de Estados Unidos varió su discurso en su despedida de China y se mostró por primera vez de manera oficial dispuesto a aceptar una suspensión de 20 años. Consultado por este tema por un periodista a bordo del Air Force One, Trump declaró que «veinte años son suficientes. Pero el nivel de garantía por parte de ellos… tiene que ser de 20 años reales». La negociación entre Teherán y Washington mantiene el alto el fuego en un limbo y el programa nuclear es una de las líneas rojas que las dos partes se niegan a levantar. La república islámica se resiste a poner fin a su plan atómico, pero la opción de una suspensión temporal podría servir para desbloquear el diálogo, falta concretar el tiempo. Mientras Trump finalizaba la visita a Pekín, los medios iraníes recogieron la llegada a Teherán de la respuesta escrita de Estados Unidos a la última propuesta para un acuerdo para alcanzar la paz. Estados Unidos rechaza un proceso de negociación basado en dos etapas: una primera para poner fin a la guerra de manera definitiva y, cuando se cumpla, una segunda para negociar el tema nuclear. El pacto no llega y Ormuz sigue bajo el doble bloqueo de Irán y Estados Unidos, aunque desde el miércoles han podido salir una treintena de buques chinos.

Algo se mueve en Cuba tras más de cuatro meses de presión económica y política de EE UU para acabar con el régimen castrista. La insólita imagen del director de la CIA sentado el jueves en la mesa de negociación en La Habana con el ministro cubano de Interior, el jefe de inteligencia de la isla y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, invitó a pensar que el cambio en un país al borde del colapso está cada vez más cerca. La población ya no puede más. Malvive sin una gota de combustible, sin luz y con graves problemas en hospitales, transporte y otros servicios básicos, lo que alimenta su ira en las calles. La situación es tan desesperada que el Gobierno, que mantiene intacta su maquinaria represiva, aceptó 100 millones de dólares de Washington para “proporcionar asistencia directa al pueblo”, mientras medios estadounidenses informaban de que EE UU planea procesar a Raúl Castro, acusado del derribo en 1996 de dos avionetas de una organización humanitaria radicada en Miami. La sorprendente reunión del jueves es el mayor hito en meses de opacas negociaciones entre Washington y La Habana. En el encuentro, las partes se comprometieron a “abordar seriamente cuestiones económicas y de seguridad”. El tiempo se aceleró en Cuba el jueves al ritmo de las noticias sensacionales y de imágenes como la del director de la CIA en La Habana, nunca vistas en siete décadas de castrismo. La jornada terminó con la razonable certeza de que el cambio en una isla al borde del colapso, un cambio impuesto desde Washington, se acerca tras más de cuatro meses de presión económica y política de la Administración de Donald Trump para acelerar el final del régimen.