20260219

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En la economía vasca siguen conviviendo síntomas contradictorios. Así, la tónica general de 2025 fue positiva como evidencia la inversión apoyada por la sociedad Elkargi y que ascendió a 480 millones en 4.000 operaciones, un 15,5% más. Cifras históricas en la entidad, exceptuando los años de pandemia por los créditos covid, y que duplican la inversión de 2018. Pero esos datos conviven con las dificultades de muchas firmas industriales que acusaron el frenazo de Europa, el impacto de la competencia china y una merma en márgenes y carteras de pedidos. El caso es que, como explicó el director general de Elkargi, Zenón Vázquez, la preocupación sobre 2026 crece ante una «caída de expectativas que provocaría un cambio de tendencia». El presidente de la entidad, Lander Arteche, fue más allá y advirtió de que muchas pymes industriales «se están moviendo en la línea». La sociedad de garantía recíproca vasca, que presentó ayer en Bilbao su memoria de 2025, se hizo eco de los mensajes que, en las últimas semanas, han lanzado las patronales vascas alertando de un enfriamiento de la economía que impacta en las empresas industriales, especialmente las más pequeñas. Unas dificultades ante las que Vázquez quiso recordar que «el tamaño no solo importa y ayuda, sino que es fundamental». Por eso invitó a las empresas a no dejar de lado esa perspectiva porque «la media de empleados por compañía en Euskadi asciende a seis, por doce en Alemania y 20 en Estados Unidos». «Y de China, ni hablamos», sentenció. Y es que el director general de Elkargi alertó del problema de competencia que están representando los fabricantes chinos para muchas firmas industriales del País Vasco, por lo que defendió la necesidad de ampliar las herramientas financieras para ganar tamaño y capacidad de competir.

A través del Observatorio de Competitividad Regional de Orkestra –una herramienta desarrollada para comparar más de 200 regiones europeas– se han contrastado los indicadores de Euskadi con cuatro territorios europeos que pueden servir de referencia: Baviera y Baden-Württemberg (Alemania), Lombardía (Italia) y Auvernia-Ródano-Alpes (Francia). La comparativa confirma algunas fortalezas de Euskadi, pero también señala sus márgenes de mejora. En productividad por hora trabajada, por ejemplo, el País Vasco alcanza los 49 euros, por encima de la media europea y en línea con regiones como Lombardía (49 euros) o Auvernia (53). Aun así, queda lejos de Baviera (63) y Baden-Württemberg (62), donde el alto grado de innovación y especialización tecnológica sigue marcando la diferencia. «Quizás uno de los retos es que la innovación no se está concretando del todo en mejoras de productividad», apunta la directora de investigación de Orkestra, Susana Franco, que subraya además que parte de esa diferencia se debe a la composición sectorial y al peso de determinadas industrias en cada región. La inversión en I+D+i es otro de los ejes centrales del análisis. Euskadi destina el 2,2% de su PIB a este ámbito, igual que la media europea (2,2%) y muy por encima de Lombardía (1,2%), pero lejos aún de Auvernia (3%). Las regiones alemanas se sitúan de nuevo a la cabeza, con un 3,4% en Baviera y un excepcional 5,8% en Baden-Württemberg. «El esfuerzo es importante, pero también hay que pensar no solo en cuánto se invierte, sino en qué se invierte», advierte Franco. «Hay que avanzar en prioridades estratégicas, especialmente en cómo incorporar la digitalización, la IA y cómo hacer que las pymes entren en estos procesos. Las grandes empresas ya están ahí, pero hay que arrastrar al resto». Los datos de patentes ilustran bien esta diferencia. Euskadi registra una pírrica cifra de 56 patentes PCT por millón de habitantes, prácticamente la mitad de la media europea, frente a 386 en Baviera y 403 en Baden-Württemberg. La brecha refleja no solo la inversión, sino el grado de madurez del ecosistema de innovación. 

La industria vasca mantiene su especialización en sectores avanzados, pero su ritmo inversor no logra seguir el pulso de las regiones industriales más dinámicas del continente. Según datos de Orkestra, Euskadi registra una formación bruta de capital (la capacidad del tejido económico para renovar sus activos productivos) del 18,7% sobre el PIB, frente al 23,3% de Baden-Württemberg, el 24,7% de Baviera o el 22,5% de Auvernia-Ródano-Alpes. «No se trata solo de cuánto invertimos en I+D, sino también de cómo se traduce en inversión tangible que permita ganar productividad y adaptarse a la transformación tecnológica», apunta Susana Franco.

La industria automotriz de Álava coge velocidad. Marzo se perfila como un mes con más trabajo del habitual después de que las dos grandes fábricas del territorio hayan decidido activar jornadas de trabajo. Y es que no sólo Mercedes ha citado a la plantilla de la Avenida de Los Huetos para reforzar la producción durante los sábados del próximo mes. Michelin también ha activado a parte de la plantilla de las líneas de turismo para acudir a la planta de Vitoria a trabajar. En concreto, la dirección ha activado las jornadas del sábado 7 para un turno, el domingo 8 para dos y el jueves 19, festivo, para tres turnos de trabajo. Se trata de la segunda vez que la dirección de David Udakiola programa más días de trabajo en lo que llevamos de 2026. En enero ya fue necesario movilizar a empleados responsables de la fabricación de cable para los talleres de ingeniería civil durante dos sábados. Las activaciones llegan en un momento en el que Michelin está eliminando parte de su capacidad productiva en este segmento de negocio. Y es que la multinacional francesa tiene prevista paralizar antes de julio uno de los seis talleres de ruedas de turismo. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó ayer parcialmente la demanda de los sindicatos contra el ERE en la compañía llodiana y, según ELA, etiquetó los 35 despidos ejecutados en la compañía como «improcedentes». El fallo, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, viene a señalar que no han quedado suficientemente justificadas las causas del ERE. «No existe una causalidad productiva y organizativa, que implícita con la económica, se corresponda con una medida que debamos tener por racional y proporcional», aseguran los tres jueces que dictan la sentencia, que sostiene que el ERE es un despido colectivo «no ajustado a derecho». El dictamen, en cualquier caso, no es firme, ya que la riojana Garnica, matriz de Maderas de Llodio tiene de plazo hasta el próximo miércoles para recurrirlo. Portavoces de la empresa señalaron ayer a este diario que la compañía está analizando la sentencia antes de tomar una decisión al respecto. La firma no tendrá que hacerse cargo de las costas judiciales si decide no elevar el pleito por los despidos. Los sindicatos también están estudiando el detalle de la sentencia y está previsto que los trabajadores de Maderas de Llodio se pronuncien sobre ella esta mañana, a las 10.00 horas en Llodio. Pese a ello, ELA ya adelanta que va a defender que las personas cesadas sean readmitidas en la compañía llodiana porque «fueron despedidas de manera injusta».

Una especie de ‘Made in Araba’ pero en versión comarcal para dar un golpe de efecto. En plena crisis industrial, la Diputación prepara una feria itinerante con la que mostrar el potencial de las empresas de Aiaraldea para que tenga lugar esta primavera. El Ejecutivo foral a través de Álava Agencia de Desarrollo, tiene encargada a una agencia de comunicación (Ciudadano Kane) la organización del evento para que se celebre a lo largo de la primavera. El certamen, concebido desde el pasado verano, pretende «visibilizar la actividad empresarial e industrial de la cuadrilla de Aiaraldea» y «poner en valor el valle de Ayala como motor industrial de Álava y Euskadi». No es un objetivo menor. La crisis industrial lleva años protagonizando la actualidad de la comarca, con el cierre de Guardian, los despidos en Maderas de Llodio y el ERE de Tubos Reunidos como los últimos varapalos que se han cebado con el valle de Ayala. 196 personas perdieron su empleo en Aiaraldea por un ERE en 2025. La cifra deja a la comarca como la peor de Álava y la segunda de Euskadi con más ceses, sólo superada por el Gran Bilbao. Para contrarrestar ese tipo de efectos negativos, la Diputación lleva ya meses trabajando en la mesa para reforzar la competitividad del valle, que tiene prevista una nueva reunión el próximo martes. Ahora esta feria vendría a reforzar ese nuevo impulso. 

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica se ha saldado con 122 salidas en Euskadi, lo que supone un 28% de la plantilla actual, según han confirmado fuentes sindicales. Todas estas marchas son voluntarias debido a que las condiciones son tan buenas que tanto en el País Vasco como en el conjunto de España las solicitudes de adscripción han superado los despidos previstos por la operadora, participada por el Estado a través de la Sepi. Estas salidas se refieren a las tres principales filiales de la compañía –Telefónica de España, Móviles y Soluciones– incluidas en el convenio (CEV) y se ejecutarán el próximo 1 de marzo, pero podría haber más en el futuro dado que el ERE se extiende hasta 2028. Por territorios, en Bizkaia salen 79 trabajadores sobre un total de 319, lo que representa casi un 25%; en Álava se marchan 13 de 31, lo que eleva el porcentaje al 41% y en Gipuzkoa abandonan 30 de 90, exactamente un tercio del total. La plantilla en Euskadi de las tres filiales queda de esta manera en 318 personas. Cabe recordar que el grupo ya realizó otro ERE muy similar en enero de 2024, cuando salieron 162 personas en el País Vasco. Sumando los dos expedientes el recorte de empleo en la comunidad autónoma asciende a 283 personas, prácticamente la mitad del total que había a finales de 2023. Tanto en este ERE como en el anterior las condiciones han sido muy atractivas para los trabajadores. En esta ocasión se planteaban unas indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador. En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se ofrecía una compensación del 68% del sueldo hasta los 63 años y del 38% hasta los 65 años. La propuesta de la empresa ha convencido hasta el punto de que en el conjunto de España se presentaron 5.123 peticiones de salida cuando, en el caso de las tres filiales principales incluidas en el convenio (CEV), el expediente de regulación estaba planteado para 3.765 empleados como mínimo, con un máximo de 5.040.

La irrupción de Uber en Gipuzkoa ha dado un vuelco a la movilidad en el territorio tras diez años de batalla legal con las instituciones y el sector del taxi. Una sacudida que ayer no dejó indiferente a nadie y que levantó enorme expectación. Con unas horas de retraso sobre la hora prevista, las 10 de la mañana, arrancaba ayer de manera oficial Uber en Gipuzkoa. Como adelantó este periódico, la multinacional del transporte de pasajeros en vehículos con conductor (VTC) inició su actividad en el territorio con una flota de 30 coches 100% eléctricos y sin licencia concedida por la Diputación Foral de Gipuzkoa ni el Ayuntamiento de Donostia, en principio las autoridades competentes para ello y que desde primera hora de ayer analizan la «viabilidad legal» de que la compañía pueda operar de este modo en el territorio. Ateniéndose a la petición de los taxistas, ambas instituciones se han negado reiteradamente a permitir la entrada de este tipo de servicios VTC en el mercado. La diputada de Movilidad, Azahara Domínguez, quien negó haber sido informada por la compañía de su intención de operar desde ya, recordó ayer que su departamento es competente a la hora de autorizar licencias VTC, por lo que aseguró que sus servicios jurídicos están analizando la «viabilidad legal» de que la compañía pueda operar en Gipuzkoa con licencia de actividad concedida por la Diputación de Bizkaia, con quien mantuvo ayer contacto junto a los alcaldes de Donostia, Getaria, Tolosa y Hondarribia, localidades que conforman el semióvalo donde operarán los vehículos en una primera fase.

Arrasate ha vuelto a activar uno de sus símbolos industriales con la colocación, ayer, de la primera piedra de la nueva planta de KL katealegaia en parte de los antiguos terrenos de Fagor Electrodomésticos, en el barrio de San Andrés. La sociedad laboral sin ánimo de lucro, con sede en Hernani, levantará una instalación de 4.500 metros cuadrados destinada a integrar capacidades avanzadas de industrialización, producción y montaje de componentes para sectores como la movilidad, la energía, la automoción, la electrónica o el confort-hogar. El proyecto permitirá unificar y modernizar la actividad que la entidad desarrolla actualmente en Aretxabaleta y Bergara, avanzando hacia un modelo «más competitivo, accesible e inclusivo» en la comarca de Debagoiena. KL katealegaia emplea a 1.000 personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en sus doce plantas de Gipuzkoa y prevé mantener los 130 puestos actuales vinculados a la actividad que se traslada, además de crear al menos 25 nuevos empleos en Arrasate en los dos primeros años, con el objetivo de alcanzar en el futuro una plantilla de 200 personas.

Aena, la sociedad de participación pública dependiente del Ministerio de Transportes, invertirá 234 millones de euros en el aeropuerto de Bilbao durante el periodo que irá de 2027 a 2031. La mayoría de estos recursos se destinarán a la ampliación del edificio terminal que diseñó el arquitecto valenciano Santiago Calatrava hace 26 años. Un proyecto de expansión que es muy demandado tanto por la comunidad del aeródromo como por las autoridades vascas. Y es que ‘La Paloma’ corre el riesgo de morir de éxito. El peligro de saturación es evidente, sobre todo teniendo en cuenta que las instalaciones lograron en 2025 su tercer récord absoluto de pasajeros de manera consecutiva. Además, por primera vez en la historia, se superó el listón de los 7 millones de usuarios. Los 234 millones es una cifra por ahora provisional, ya que el proyecto concreto sobre cómo proceder a ampliar el aeropuerto aún no está cerrado del todo. Aena trabaja por ahora en la fase final del diseño funcional del futuro aeródromo. Se trata de un documento que marcará la hoja de ruta final y que recogerá las necesidades y posibilidades de expansión. Hay varias alternativas posibles y hay que elegir la más viable, sobre todo teniendo en cuenta que Loiu no puede reducir su actividad ni cerrar durante el periodo que duren los trabajos. Ese es uno de los factores más determinantes, seguramente por encima de la disponibilidad presupuestaria.

Tras más de una década de caída continuada de la natalidad en Euskadi, 2025 marcó un punto de inflexión. Por primera vez desde 2013 se registraron más nacimientos que el año anterior, revirtiendo así una tendencia descendente que parecía cronificada. Así lo refleja la estimación mensual de natalidad publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un total de 13.344 niños llegaron al mundo en la comunidad autónoma, un 3% más que en 2024. Se trata de una cifra que invita a un moderado optimismo si se tiene en cuenta que hace apenas un año el País Vasco tocó fondo, al registrar la cifra más baja de nacimientos desde que existen registros –comenzó a contabilizarse en 1975–, cuando cayó del umbral anual de 13.000 partos. Euskadi es, además, la segunda comunidad autónoma en la que más han crecido esta cifra. Solo tiene a Madrid por delante, con una subida del 3,3%. Mientras, los mayores descensos se produjeron en Ceuta (-6,6%), Melilla (-10,1%), y en las Islas Baleares (-2,6%). A pesar de este ligero incremento, Euskadi continúa inmersa en un invierno demográfico. Todavía son más los vascos que mueren que los que nacen. En 2025 se registraron 23.424 defunciones frente a los 13.344 bebés, lo que arroja un saldo vegetativo negativo de 10.080 personas. Una brecha que consolida el perfil de una sociedad vasca longeva pero envejecida. De hecho, desde 2013 se producen más fallecimientos que partos en la comunidad.

El nuevo suelo salarial en España rebasa ya sobradamente la cota del 60% del sueldo medio en la mayoría de las provincias (46 concretamente), precisamente el porcentaje que busca salvaguardar el Gobierno con las consecutivas revalorizaciones para alinearse así con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Concretamente, la nueva cuantía supera el 60% del sueldo medio en 46 provincias y se sitúa por encima del 70% de la retribución media en 23 provincias. Ambas magnitudes dan cuenta de cómo el salario mínimo impacta de forma heterogénea en los diferentes sectores, tipos de empresa y territorios, ejerciendo una mayor presión sobre ciertas regiones, negocios más pequeños y actividades concretas como pueden ser el sector agrícola, la hostelería y el empleo del hogar, donde la remuneración mínima se acerca más a la retribución media. Es este el motivo por el cual las organizaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA vienen denunciando que la senda imprimida desde el departamento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, implica una intervención de facto en la fijación de los salarios, precepto central de la negociación bipartita de empresarios y sindicatos en el perímetro de los convenios. De hecho, la cifra equivaldrá al 83% del sueldo medio en las pequeñas empresas, aquellas de hasta 10 trabajadores (donde el salario medio asciende a 1.713 euros al mes) y alcanzará el 66% de la retribución media de los empleados en las sociedades que cuentan con plantillas de entre 11 y 20 trabajadores, donde la retribución media es de 2.161 euros –según las últimas cifras disponibles del INE–. Agricultura, hostelería y empleo del hogar, los sectores más afectados. 

Los márgenes empresariales de las compañías españolas han frenado su escalada, pero se han enquistado en niveles muy superiores a los que registraban antes de la crisis inflacionaria. Tras años de incrementos impulsados por la espiral de precios, el año pasado se situaron en el 12,8%, un porcentaje casi idéntico al del ejercicio previo –cuando se alcanzó un máximo histórico del 12,9%– y dos puntos por encima de las marcas precovid. Sectores como el energético, la hostelería y la restauración reflejan con claridad esta dinámica: han reducido sus rendimientos desde los picos de 2022, pero continúan en cotas anómalas con respecto a la época anterior al shock energético. En otras áreas, la tendencia no ha sido uniforme, oscilando desde las cifras récord del comercio minorista y las actividades inmobiliarias al retroceso de la industria alimentaria, según los últimos datos del Observatorio de Márgenes Empresariales publicados por la Agencia Tributaria. Antes de la pandemia, los márgenes corporativos no solían registrar grandes variaciones y oscilaban entre el 10% y el 11%. En resumen: si antes de la crisis los empresarios se quedaban con unos 10 o 11 euros de cada 100 que vendían, ahora la cifra ha subido a casi 13 euros, un incremento cercano al 30%. Uno de los factores que más pesa en esta instantánea es el encarecimiento generalizado de bienes y servicios experimentado en los últimos años, que algunas compañías y sectores han sabido capturar mejor que otras disparando los rendimientos del conjunto del tejido empresarial.

Antonio Garamendi, cargó ayer contra la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo hizo después de que este martes, tras aprobar la subida del SMI a 1.221 euros brutos en 14 pagas en el Consejo de Ministros, la responsable de Trabajo criticase a Garamendi por la oposición al incremento a la vez que “gana 23 veces el SMI”. En una entrevista en Radio Nacional, el jefe empresarial dijo: “Si hablamos de 23, no sé, porque más de la mitad se va a Hacienda. Se lo llevará ella para gestionarlo”. El presidente de CEOE defendió que su salario “es público”, casi 400.000 euros anuales brutos. “A mí mi salario me lo paga mi organización. Se ha aprobado en asamblea. Es privado y por tanto es lo que tiene que ser. Si a ella le parece mal, ¿qué le vamos a hacer?“. Garamendi criticó con fuerza a Díaz: ”Parece que la ministra, cuando no le das la razón, le divierte ir por los temas personales, atacar“. También dijo que no va a cambiar porque a Díaz “le parezca bien o mal”. “Utilizar estos medios me recuerda a otros espacios. A alguna política de algún país de Sudamérica que no quiero recordar”. El entrevistador le preguntó si se refería a Venezuela y Garamendi contesto: “Por ejemplo”. Asimismo, Garamendi indicó: “Yo nunca he dicho que iba a cobrar tres veces el salario mínimo. Ella sí”. El presidente de la patronal hizo referencia a un precepto de Podemos en sus inicios, vigente hasta 2020 y que limitaba las retribuciones de sus cargos públicos a tres salarios mínimos. Desde el equipo de Díaz precisaron que la vicepresidenta segunda, que nunca ha formado parte de ese partido (aunque en la pasada legislatura fuera diputada del grupo parlamentario Unidas Podemos y ministra en representación del mismo), no hizo suya esa pauta. Posteriormente, una vez en marcha Sumar, ni la formación ni Díaz han abogado por ese tipo de limitación salarial.

Madrid, Aragón y Cataluña son los principales hub de gestión de datos en España. El país cuenta con una posición geográfica estratégica como puerta de entrada a Europa desde África y América, reforzada por una extensa red de hasta 35 cables submarinos que conectan sus costas con ambos continentes. “España siempre ha estado donde está, lo que ha cambiado es que la proliferación de cables submarinos han convertido el país en un hub perfectamente interconectado”, apunta Gruber, de Global Switch. La llegada de la inteligencia artificial (IA) generativa está multiplicando exponencialmente el consumo eléctrico de estas instalaciones. Los nuevos procesadores especializados en inteligencia artificial, como las GPU de última generación, pueden consumir entre 10 y 40 kilovatios por rack, frente a los 3-5 kilovatios de los servidores tradicionales. “Lo que está cambiando la inteligencia artificial es la densidad por rack, la capacidad de computación de los equipos. Eso requiere una mayor evacuación del calor”, señala Guilleuma. Este salto tecnológico no solo dispara la demanda de electricidad –un centro de datos de 50 megavatios (MW) puede consumir tanta energía como una ciudad de 50.000 habitantes– sino que obliga a replantear completamente los sistemas de refrigeración, pasando del enfriamiento por aire a sistemas de refrigeración líquida capaces de disipar el calor intenso que generan estos chips de alta potencia. En este contexto, la capacidad de España, uno de los mayores productores de energías renovables de Europa, para ofrecer energía a precios competitivos se convierte en una ventaja estratégica clave.

Masorange, el operador líder del mercado español por número de clientes y segundo por ingresos, logró unas ventas en 2025 de 7.601 millones de euros, un 2,9% más que el año anterior. De esa cifra, los ingresos por servicios crecieron un 0,5% hasta 5.808 millones. Algo más creció el negocio mayorista (wholesale) que con 609 millones de euros, se incrementó un 1,7%. Pero el verdadero impulso al crecimiento lo aportó la venta de equipos, que se elevó un 17,5% hasta alcanzar los 1.184 millones de euros. En los dos últimos años, Masorange, que ya era el líder del mercado español en cuanto a la venta de terminales (smartphones, tabletas, relojes inteligentes...), ha profundizado mucho en esta actividad y ha empezado a financiar la compra de un amplísimo número de dispositivos y electrodomésticos, incluidos frigoríficos, lavadoras, batidoras o tostadoras que generan un efecto de fidelización en la base de clientes. El ebitda ajustado de la compañía registró un incremento del 2,4%, alcanzando los 2.842 millones, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento acumulado desde su creación.

Telefónica y Liberty Global, copropietarias de Virgin Media O2 en el Reino Unido, junto con InfraVia Capital, han alcanzado un acuerdo para hacerse con el 100% de Netomnia, el segundo mayor operador independiente de fibra óptica del país. La adquisición se realizará a través de su joint venture de fibra Nexfibre por un valor estimado de 2.000 millones de libras esterlinas (2.294 millones de euros), de los que 1.000 millones de libras se abonarán en efectivo y los restantes 1.000 millones corresponden a la asunción de deuda, según comunica la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta operación se convierte en el primer gran movimiento de adquisición dentro del nuevo plan estratégico Transform & Grow de Telefónica, diseñado bajo la presidencia de Marc Murtra para el periodo 2026-2030, que fija como prioridad reforzar su presencia en sus cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. El cierre definitivo de la operación, que está previsto para el tercer trimestre de este año, queda supeditado a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Meter el dinero bajo el colchón o guardarlo en la cuenta corriente de un banco genera casi la misma rentabilidad para los ciudadanos españoles. De media, el coste de los depósitos de los seis grandes bancos nacionales está en el 0,6%. Son muy pocas las ofertas bancarias que ofrecen depósitos a plazo de manera proactiva y aquellos que se firman no cubren ni siquiera la inflación. En España se remunera el ahorro al 1,64%, con datos a cierre de 2025 del Banco Central Europeo (BCE), cuando el IPC se colocó en el 2,9%. Y esto implica que se está perdiendo poder adquisitivo porque lo que sube el dinero depositado a plazo gracias a esa rentabilidad no da ni para cubrir el aumento del coste de la vida en el mismo periodo. Tres años y medio después de que el banco central moviera por primera vez ficha y devolviera al terreno del 0% la rentabilidad de los depósitos, los bancos no han reabierto el escaparate de las ofertas para captar saldos, sencillamente porque no les hace falta conseguir más liquidez ahora que su negocio –el de prestar dinero– ha vuelto a ser rentable. Las previsiones apuntan a que 2026 podría ser el primer año del último quinquenio en el que el BCE no toque los tipos oficiales y los mantenga donde están: en el 2% para la facilidad de depósito y en el 2,15% para el tipo de referencia en la financiación. La banca española decidió hace años apostar por un modelo en el que se prioriza la gestión patrimonial y la venta de fondos de inversión, que generan más comisiones y también una mayor rentabilidad –en términos generales– para los clientes, aunque también con un mayor riesgo si se trata de productos que no cubran el nominal invertido. 

España se refuerza como país estratégico para Carrefour hasta 2030. La cadena francesa de supermercados, que está simplificando radicalmente su presencia global, ha fijado a España como uno de los tres mercados donde centrará sus esfuerzos de crecimiento en los próximos cinco años, junto con Francia y Brasil. Así consta en su plan estratégico Carrefour 2030, que la compañía presentó ayer, y con el que da luz verde a una “importante ofensiva comercial” en sus tres mercados principales. La compañía gala ha marcado tres prioridades: ganar la batalla de los clientes y de los productos a través del precio, los productos frescos, su club de fidelización y su marca propia; consolidar el crecimiento de las tiendas mediante aperturas y nuevas franquicias; y acelerar el rendimiento mediante “la inteligencia artificial, la tecnología y los datos”. El nuevo plan de Carrefour llega tras un año de revisión profunda de su presencia en distintos mercados y que se ha saldado con la venta de Carrefour Italia, finalizada el pasado diciembre, y de Carrefour Rumanía, anunciada la semana pasada. Además, la empresa se ha hecho con participaciones minoritarias en Carrefour Brasil para alcanzar el 100%, siendo este país uno de los tres principales. El resto de geografías –Bélgica, Polonia y Argentina– se agrupan ahora en el segmento Otros países, donde se priorizará una “gestión dinámica” de activos. “Carrefour seguirá trabajando para mejorar su rendimiento operativo en estas regiones, manteniendo abiertas todas las opciones estratégicas, desde el crecimiento hasta la monetización total o parcial”, relató ayer.

El plan de la construcción es, con diferencia, el mayor de los planes simplificados, creados por la reforma Escrivá. Su patrimonio creció el año pasado un 77% tras una aportación de 104 millones de las empresas a sus empleados. El plan de pensiones de la construcción, del que forman parte empresas somo ACS, Sacyr, Acciona y Ferrovial, podría abrir la puerta a contratar una segunda gestora para administrar su patrimonio. Ahora tiene encomendada esta misión a VidaCaixa, filial de CaixaBank, que ganó el concurso abierto para cubrir esta posición, al que se presentaron las grandes gestoras de este mercado, como Santander, BBVA, Ibercaja, Mapfre y Caser. Buena parte de estas entidades mantienen que se debería permitir la incorporación de alguna gestora más a la administración del plan y solicitaron a la Dirección General de Seguros y Pensiones la modificación legal necesaria para permitir esto. En VidaCaixa no comparten esta postura y sostienen la conveniencia de que solo haya una gestora pilotando este producto, ya que de lo contrario aumentarían los costes, señalan. La hipotética incorporación de una segunda gestora al fondo es una decisión que se debería tomar a futuro y que debe debatirse en la comisión de control del plan, donde aún “no se ha planteado”, señalan en este órgano de control, integrado por representantes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de los sindicados.

El precio del petróleo se disparó ayer un 4,2%, después del aparente paso atrás de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Con ello, el barril de Brent, de referencia en Europa, supera la cota psicológica de los 70 dólares por tercera vez en lo que va de año, a pesar de que el exceso de oferta da un cierto alivio al mercado que, en circunstancias similares en épocas pasadas, había llegado a registrar alzas por encima de los 100 dólares por barril. El desencadenante de las subidas ha sido la tensión entre EEUU e Irán y la dificultad de las negociaciones sobre su programa nuclear, admitido ayer por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que afirmó que Washigton y Teherán no han llegado a abordar las líneas rojas de EEUU en sus conversaciones nucleares. En concreto, Vance afirmó a la cadena Fox News que es “muy evidente” que el presidente Donald Trump “ha establecido límites que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer ni superar”. Además, agregó que EEUU cuenta con un “Ejército muy poderoso” y que Trump “ha mostrado su disposición a usarlo”. Estas palabras suponen un jarro de agua fría para el mercado apenas un día después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, indicara que su país y EEUU habían “alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores” sobre los que basarán la redacción de un posible texto de consenso, lo que contribuyó a relajar los precios en la sesión del lunes. Con ello, todo parece indicar que, aunque las negociaciones no han descarrilado, están más lejos de a puerto de lo que sugieren las declaraciones de Teherán.

La cruzada arancelaria de Trump está pasando una abultada factura al comercio europeo. Puede que el mal acuerdo de la UE con la Administración Trump para evitar una escalada mayor no haya sido peor remedio que la enfermedad, pero ha asestado un duro golpe al bloque comunitario. Entre agosto y diciembre (esto es, desde que entró en vigor el arancel general del 15% de EEUU a la mayoría de productos europeos), las exportaciones de la UE al mercado estadounidense han caído más de un 10%, hasta los 202.786 millones de euros, en contraste con los 225.572 millones registrados en el mismo periodo de 2024, según se desprende de los datos actualizados de Eurostat. Es decir, el arancelazo de Trump provocó la evaporación de más de 22.785 millones de euros en exportaciones europeas en apenas cinco meses. A pesar de ello, el balance global de 2025 fue positivo, con un incremento del 3,3% de las ventas europeas a EEUU, que superaron los 552.000 millones. Sin embargo, ese aumento fue fruto del fuerte anticipo de compras por parte de los estadounidenses antes de que se hiciera efectiva la amenaza arancelaria de Trump, lo que disparó más de un 34% interanual las exportaciones europeas al otro lado del Atlántico en el primer trimestre de 2025. A partir de ahí, el comercio con EEUU se ha ido desinflando, hasta caer un 15,5% en el cuarto trimestre del año, refrendando la tendencia hacia un mayor deterioro. Estas cifras ilustran el daño que el abrupto giro de la Administración Trump en materia comercial está provocando en Europa y explican por qué Bruselas ha pisado el acelerador de la diversificación, cerrando definitivamente el histórico acuerdo comercial con Mercosur (objeto todavía de fuertes divisiones internas) y el no menos histórico pacto sellado con la India. 

Según un estudio publicado ayer por el Banco Central Europeo, el valor de los envíos del gigante asiático creció globalmente un 5,5% en 2025, un ritmo superior al 4,6% de 2024. El reparto, sin embargo, dio un vuelco, en buena medida debido a las restricciones comerciales: mientras las ventas a la primera potencia disminuyeron con fuerza, un 20%, estas crecieron en el resto de latitudes, con aumentos del 26% en lo facturado a África, del 13% al sudeste asiático, del 8% a la zona euro y del 7% a América Latina. “Las exportaciones chinas han sorprendido positivamente, con un crecimiento generalizado en destinos fuera de Estados Unidos”, resume el BCE en el documento. Los analistas del Eurobanco ponen el foco en el aumento de las ventas a sus vecinos asiáticos de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), porque son los que más han elevado sus adquisiciones de productos chinos en términos absolutos: 94.000 millones de dólares más. Es prácticamente lo mismo que se ha contraído el mercado estadounidense, que redujo sus compras en 104.000 millones. El texto tiene letra pequeña: los expertos del BCE creen que no se puede achacar por completo a los aranceles esa tendencia de que China venda menos en Estados Unidos y más en el resto del mundo. Sobre la caída de las compras estadounidenses a China, estiman que factores adicionales, como la incertidumbre política, la menor demanda, o la ligera apreciación del renminbi frente al dólar han influido, por lo que no todo es culpa de las tarifas.