20260520

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Una presunta conducta ilícita de quien dirigió el poder Ejecutivo entre 2004 y 2011 que el titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Calama, cifra en 81.948.857 euros en mordidas escondidas supuestamente en un entramado opaco de sociedades pantallas y con ramificaciones en Emiratos Árabes. El auto del levantamiento del secreto sumarial por parte de Calama sobre el ‘caso Plus Ultra’ coloca a Zapatero en el vértice de una presunta trama de influencias que habría actuado para conseguir el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea española con capital venezolano durante la pandemia por el Gobierno de Pedro Sánchez. Parte de ese dinero del erario, sostiene el instructor, ha acabado, a través de una compleja operación internacional y con empresas interpuestas –entre ellas, las de sus dos hijas– en el bolsillo del exdirigente del PSOE. Los delitos genéricos, a falta de la concreción personal, que atribuye el magistrado son los de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. La resolución, que dejó conmocionados a los socialistas, detalla que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de la SEPI mediante dos vías paralelas: una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos –epicentro del ‘caso Koldo’– y otra a través del expresidente del Gobierno, si bien fue esta última la que, en palabras del instructor, adquirió un «papel predominante» para alcanzar los objetivos perseguidos. En su resolución, que llegó acompañada de registros en la oficina del ex mandatario en la madrileña calle Ferraz donde también se halla la sede federal del PSOE y en la empresa de las sus hijas, además de requerimientos de información a otras mercantiles, Calama no se limita a citar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio. El magistrado le atribuye directamente el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

«Necesitamos llegar a las ayudas»; «tocamos a Ábalos»; «acaba de hacerse el puente con ZP»; «nuestro pana Zapatero detrás»; «no tenemos problema de pagar al que mueva el hilo»; «si asegura, le damos el doble cuando caiga el dinero»... El auto completo del juez José Luis Calama sobre el 'caso Plus Ultra', al que ha tenido acceso este periódico, reconstruye con mensajes internos de los investigados cómo la aerolínea buscó, desde los primeros compases de la pandemia, vías políticas para acceder a fondos públicos. La resolución incorpora conversaciones intervenidas en esta operación de la UDEF denominada 'Tíbet' y en las que directivos y colaboradores de la compañía hablan de «tocar» al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos y al omnipresente Koldo García, de abrir un «puente con ZP» y de pagar a quien pudiera mover los resortes necesarios para lograr la ayuda. Estas pruebas de cargo contra el expresidente vienen -revela Calama- de las autoridades de Estados Unidos. El lenguaje de aquellos mensajes es uno de los elementos que Calama utiliza para apuntalar la tesis de que los contactos no eran una gestión empresarial ordinaria. Cuando Reyes trasladó a Julio Martínez Sola, una de los fundadores de la compañía, la posibilidad de buscar ayuda de Zapatero, el presidente de Plus Ultra respondió: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín». Días después, el 28 de abril de 2020, Reyes comunicó a Martínez Sola que la vía del expresidente ya estaba abierta: «Acaba de hacerse el puente con ZP». Y añadió una instrucción concreta: «Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils». Ese Manuel era, según el auto, Manuel Aarón Fajardo, a quien el juez sitúa como uno de los intermediarios directos con los clientes de la red.

El líder de la compañía reivindicó el origen vasco de la firma y agradeció a las empresas proveedoras y a las instituciones de Euskadi su apoyo durante la historia la eléctrica en una intervención en la que señaló «estar honrado de ser cónsul de Bilbao». Galán dijo que ha tratado de impulsar al territorio vasco con la acción de la empresa y afirmó que «hoy quiero decir que este compromiso va a seguir siempre». El presidente de Iberdrola agradeció ese apoyo «mutuo» en la posición del Gobierno vasco y las diputaciones para, «en el ámbito de sus competencias», desarrollar una normativa amable y estable para facilitar la electrificación y el crecimiento de la empresa. Una apuesta en la que reconoció que Euskadi lleva la delantera desde hace tiempo y que señaló como la clave del futuro. Por eso defendió la necesidad de acelerar en la electrificación. Es la guía, recordó, que ha marcado la Comisión Europea. «He visto cinco crisis energéticas por la dependencia del petróleo –anotó–, por eso hay que incrementar la inversión en redes y almacenamientos. Y para eso hacen falta marcos predecibles y estables con seguridad jurídica. Los países que tengan esto, tendrán éxito». Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales reconoció en Iberdrola «una pieza clave en el desarrollo tecnológico e industrial del País Vasco». Una realidad que planteó pidiendo una reflexión sobre «cómo sería Euskadi sin empresas como Iberdrola y el empleo cualificado que han generado, así como sus inversiones». El lehendakari destacó de la empresa «la apuesta por la tierra vasca que le vio nacer». Entre los invitados al acto estuvieron la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, y el de Cebek, Guillermo Buces. Ver nota Iberdrola aquí. 

La apuesta del Gobierno vasco por implicar a la ciudadanía en grandes proyectos energéticos ha arrancado con fuerza en Labraza. En menos de 24 horas, el sistema de financiación colaborativa vinculado al futuro parque eólico alavés ha recibido hasta 51 solicitudes de inversión, que ya cubren 1,8 millones de los 3 que se pretenden movilizar a través del sistema llamado 'crowdlending'. Este mecanismo permite a los vecinos participar de forma activa en la puesta en marcha de la infraestructura a través de préstamos colectivos, obteniendo posteriormente una rentabilidad anual asegurada del 7% por el dinero aportado. Se trata de una cifra muy superior a la media que ofrece cualquier depósito remunerado en el mercado financiero y con la que el Gobierno vasco busca implicar a los habitantes de los municipios más cercanos al parque eólico para tratar de reducir el rechazo social que generan este tipo de instalaciones. La aportación individual puede ir desde los 1.000 hasta los 100.000 euros durante un periodo máximo de tres años, percibiendo durante ese tiempo un interés anual garantizado. El ritmo del programa –que ya cubre más de la mitad del dinero que se pretende captar– hace prever que los tres millones previstos se cubrirán rápidamente. 

El Gobierno vasco ha decidido duplicar hasta los 52 millones de euros el programa de ayudas destinado a que las empresas industriales acometan inversiones para mejorar la eficiencia de sus sistemas y procesos productivos, con el objetivo de «reforzar su competitividad en un escenario marcado por la volatilidad de los precios de la energía». El Consejo de Gobierno ha aprobado un programa que duplica la dotación que tenía el año pasado y contempla ayudas de hasta cuatro millones de euros por actuación y grupo industrial. La intensidad de las subvenciones oscilará entre el 15% y el 30% de la inversión asumida por la empresa, incrementándose en aquellos proyectos que incorporen también energías renovables. La intención del Ejecutivo autonómico es que este programa permita respaldar cerca de 200 proyectos industriales, capaces de movilizar en total inversiones superiores a los 195 millones de euros. El consejero ha destacado que el peso de los combustibles fósiles en el consumo energético de la industria vasca se sitúa actualmente en el 46%, por debajo de la media europea, del 49%, y muy lejos todavía del 56% registrado en el conjunto de España. El Ejecutivo autonómico subraya además que el 43% de la energía consumida por la industria vasca ya es eléctrica, frente al 33% de Europa y el 31% del Estado, un diferencial que considera clave para acelerar la descarbonización y reducir la exposición a futuras turbulencias energéticas internacionales.

Las exportaciones vascas repuntaron un 6,9% en marzo hasta situarse en los 2.883 millones de euros. El primer mes de la guerra de Irán –que comenzó el último día de febrero– se hizo notar mucho en los envíos de la industria vasca a terceros países en marzo, ya que el incremento general se explica fundamentalmente por los carburantes que han salido de la planta de Petronor en Muskiz, que se han disparado un 74,5% de un año para otro hasta los 193,5 millones de euros. El valor estratégico de la refinería vizcaína se ha reforzado debido a las tensiones de suministro energético. Una de las claves que explican el tirón de Petronor es que solamente el 7% del crudo con el que trabajan proviene de Oriente Medio, y frente a la crisis energética que sacude los mercados mundiales, la planta ha apostado por aumentar su producción. Este considerable aumento en el volumen de producto exportado mitiga así la tendencia bajista general que experimentan las exportaciones. Cabe recordar que tanto 2024 como 2025 pusieron punto final con caídas del 5,4% y del 3,6%, respectivamente, en el volumen de envíos al exterior. También cayeron los pedidos en enero y febrero, lo que hace que en el acumulado anual y habiéndose cumplido el primer trimestre, el valor de los productos exportados a terceros países haya caído un 0,9%. Esta caída se explica, por una parte, porque las exportaciones a Francia y Alemania, los dos grandes socios de la industria vasca, siguen sin recuperar el dinamismo que mantenían hace años. 

La posibilidad de una continuidad del grupo Tubos Reunidos tal y como está ahora se diluye y ya solo la venta de las unidades productivas de la empresa representa una salida. Es el mensaje que el administrador concursal trasladó ayer en su primera reunión con el consejo de administración de la compañía. Según confirman fuentes de toda solvencia, el encuentro sirvió para constatar el diagnóstico, trasladar los plenos poderes de la empresa al administrador concursal y enfocar la línea de trabajo de las próximas semanas. Los hasta ahora administradores de la compañía ofrecieron toda su colaboración para establecer contactos con clientes y proveedores e, incluso, para tratar de lograr pedidos para la empresa que permitan mantener el funcionamiento mientras se dan los pasos necesarios. Pero el futuro solo pasa por un procedimiento de venta de activos para el que todavía, eso sí, quedan bastantes pasos. Uno de ellos es la designación del administrador de la sociedad matriz, que cotiza en Bolsa, y está pendiente de la terna que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debe pasar a la jueza de lo mercantil de la Audiencia de Álava. El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, desveló ayer que hay «nuevos inversores» que se han interesado por la histórica firma alavesa, aunque eludió dar nombres. Sí remarcó que es clave que haya «paz social» y se reestructure la deuda.

Tras varias semanas de suspense, finalmente sólo una empresa ha presentado una oferta para comprar Papresa. La papelera de Errenteria, en concurso de acreedores con una deuda de 70 millones de euros, se pone ahora única y exclusivamente en manos de CL Group, el conglomerado industrial extremeño, cuya propuesta tiene el ok de la administración concursal y ya está en manos del juez, mientras que Hinojosa y el grupo inversor vasco, que habían mostrado interés por salvar el futuro de la histórica compañía guipuzcoana, finalmente se han retirado de la puja. Por lo tanto, la negociación se ciñe ahora a un juego a dos bandas entre CL y el comité de Papresa, supervisado por la administración concursal de PKF Attest, que velará por que la papelera garantice su futuro en condiciones legales. Entre los trabajadores, que obviamente valoran que haya una oferta seria, formal y vinculante para salvar la compañía, son conscientes de que su margen de resistencia es menor ahora que se ha confirmado que sólo hay un inversor, ya que con más interesados aumenta la posibilidad de mejorar las condiciones. Con todo, su objetivo será salvar todo el empleo. Ahora, con un único posible comprador sobre el escenario, se avecina un recorrido intenso de reuniones, tal y como sucedió el año pasado con Astilleros Balenciaga. 

La cooperativa guipuzcoana Orkli, con sede en Ordizia, ha anunciado este martes una inversión de 54 millones de euros en cinco años para impulsar una nueva línea de soluciones de seguridad para baterías de vehículos eléctricos. El plan prevé la creación de unos cien empleos. La firma, que pertenece al grupo Mondragon, ha sido preseleccionada dentro del programa Perte VEC que cuenta con financiación de los fondos 'Next Generation'. En el marco de esta iniciativa, la compañía recibirá una subvención de 8 millones de euros. Este plan permitirá la puesta en marcha y el desarrollo de la gama de productos Belcor, orientada a «garantizar condiciones de trabajo más seguras mediante la reducción de los riesgos asociados al uso de baterías» e impulsada conjuntamente por la ordiziarra y la alemana Belchem GmbH.

El Departamento de Educación ha aprobado una convocatoria de ayudas por valor de 25,3 millones de euros para subvencionar el despido de profesores de la escuela concertada afectados por el cierre de aulas por la caída de la natalidad. Según informó ayer el Gobierno vasco, la iniciativa «permitirá favorecer la recolocación del profesorado, facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas y contribuir al buen funcionamiento de los centros». Las subvenciones servirán para sufragar los despidos y los sobrecostes que generan los contratos de relevo que se hayan ejecutado durante los cursos 2024/25 y 2025/26. Durante este tiempo, han sido los centros educativos los que han tenido que hacer frente a estos gastos con recursos propios. La necesidad de articular mecanismos para hacer frente a los estragos que la baja natalidad provoca en los colegios se puso sobre la mesa en 2019. Los sindicatos de la escuela concertada de iniciativa social y la patronal pactaron entonces un sistema de recolocación, indemnizaciones y contratos relevo. Entre los cursos 2015/16 y 2025/26, las matrículas en Infantil han pasado de 93.318 a 66.309 en Euskadi, un descenso de casi el 30%. En la práctica, estas medidas se han sustituido por las subvenciones de Educación. Las ayudas costean básicamente dos conceptos. Por un lado, los contratos relevo. En segundo lugar se encuentran los despidos y recolocaciones. 

Los 92 trabajadores que conforman la plantilla del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en Erandio ya tienen su nuevo convenio tras más de un año de negociación, aunque la firma del acuerdo suscrito con Enviser solo recoge la implicación de uno de los dos sindicatos que han participado en el acuerdo. Y es que a los tres delegados de CC OO que conforman el comité de empresa también se les han unido los dos de ELA, si bien estos han firmado el acuerdo a título individual, sin el respaldo de su central, según ha trasladado la central liderada por Santi Martínez. Este acuerdo aflora justo tras la crisis vivida en la negociación del ERE presentado en Tubos Reunidos, y que llevó a la salida de cuatro de los seis delegados de ELA en la planta de Trapagaran tras organizar, sin el permiso de la directiva sindical, una asamblea y una votación que aceptaba las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo, en contra de lo manifestado por la central. El acuerdo firmado ahora con Enviser, vigente hasta 2028, incluye una mejora de las condiciones laborales y salariales con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, con un incremento del 2,8%. El convenio incluye además una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC hasta un máximo del 10,5% de la Comunidad Autónoma Vasca, en caso de que la subida acumulada supere el 9,1% pactado para toda la vigencia del acuerdo a fecha del 1 de enero de 2029. Además, el pacto alcanzado recoge mejoras laborales como una ampliación del permiso por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o hijos, que pasa de los cinco días naturales a los siete laborales; se eleva en dos años la edad de los hijos para realizar acompañamientos a consultas médicas (ahora será hasta los 14 años) y se incrementan en dos los días de asuntos propios retribuidos. 

Las nuevas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) van a entrar de lleno en las consultas de Atención Primaria de Osakidetza a través de una herramienta de transcripción de voz que aligerará los tiempos, reducirá la burocracia a la que hacen frente los médicos de familia y les permitirá «dar más tiempo a los pacientes». El Departamento vasco de Salud presentó ayer, con motivo del Día Mundial del Médico y la Médica de Familia, un nuevo sistema de transcripción de voz en las consultas de los ambulatorios y centros de salud que permitirá mejorar la atención a los pacientes en alrededor de 5,5 millones de consultas al año, que son atendidas por cerca de 1.800 médicos de familia en todo Euskadi. Son datos facilitados por Osakidetza, que está convencida de que «esta herramienta facilitará que los profesionales de Atención Primaria dispongan de más tiempo para escuchar y atender a sus pacientes». El sistema, que ya ha superado una fase piloto de prueba, permite grabar la conversación entre el profesional sanitario y el paciente durante la consulta. A partir de ese audio, genera automáticamente una transcripción y un resumen clínico estructurado que puede incorporarse a la historia clínica electrónica. Antes de ello, el profesional revisa y valida el contenido, «garantizando en todo momento la calidad y seguridad de la información».

Para responder a estos y otros retos, el Gobierno vasco anunció ayer la aprobación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PCTI 2030), que «actualiza la estrategia vasca de I+D+i para responder a los nuevos retos científicos, tecnológicos, sociales y económicos de Euskadi». «Diez años son muchos en un área como esta. En el anterior plan, la inteligencia artificial tenía una presencia anecdótica como materia de investigación. No se había tenido en cuenta que pudiera ser una tecnología tan poderosa. El auge de tecnologías disruptivas como la propia IA, los avances en Biotecnología, los nuevos materiales y la computación cuántica, así como la transformación del contexto internacional y la creciente necesidad de resiliencia y sostenibilidad, han hecho imprescindible adaptar la estrategia vasca para mantener el liderazgo en innovación y reforzar bienestar social», subrayó el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, tras el Consejo de Gobierno. Cinco son los pilares sobre los que se articula la nueva estrategia: personas de alta cualificación, ciencia de vanguardia, competitividad y liderazgo industrial, comunidad e innovación. 

Las Big Four publicaron más ofertas de empleo para especialistas en IA que para auditores el año pasado, lo que demuestra cómo la tecnología está transformando las empresas de servicios profesionales. Un análisis revela que los puestos que requieren habilidades en IA representaron casi el 7% de las ofertas de empleo de Deloitte, EY, KPMG y PwC en países de habla inglesa en 2025. Los puestos abarcan desde ingenieros de aprendizaje automático a expertos en el uso de agentes de IA para automatizar tareas. La cifra, que excluye los puestos de profesionales en prácticas, se ha triplicado desde 2022, año en que se lanzó ChatGPT, cuando menos del 2% de las ofertas incluían habilidades o conocimientos de IA como requisito fundamental. El incremento subraya además la presión que tienen las firmas del sector para adaptarse a la disrupción de la IA, mientras presumen de invertir millones para integrar la tecnología en sus negocios. Al mismo tiempo, sus divisiones de consultoría se han visto presionadas, ya que la IA amenaza con eliminar la necesidad de puestos júnior y transformar la estructura piramidal del sector, en la que un pequeño número de socios supervisa a grupos de empleados con menos experiencia.

La banca española ha recuperado el apetito por los depósitos. Después de unos meses de sequía, las entidades financieras han empezado a reactivarlos con rentabilidades que oscilan entre el 2,5% y el 3% a un año, y sin las exigentes vinculaciones de antaño. Durante los últimos meses, marcados por la estabilidad de tipos de interés y las expectativas de recortes de las tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE), las entidades venían reduciendo de forma progresiva la remuneración del ahorro. En cambio, las firmas apostaban por fórmulas alternativas como cuentas con condiciones de vinculación, depósitos combinados o depósitos exprés a muy corto plazo (un mes) que llegaban a ofrecer entre un 3% y un 4% TAE (tasa anual equivalente) pero al ser a tan corto plazo disminuían el atractivo real. El escenario ha cambiado. El repunte de incertidumbre macroeconómica, unido a la tensión de precios en el mercado energético, ha modificado las expectativas de la política monetaria. Si antes se esperaba que el Banco Central Europeo (BCE) redujera los tipos, ahora los analistas contemplan subidas por la expectativa de una inflación más alta. En este contexto, los bancos han empezado a recuperar los depósitos a plazo para captar pasivo. 

En un marco de guerra prolongada en Irán, los analistas del panel de Funcas elevaron ayer en cinco décimas sus perspectivas de inflación para España en 2026, hasta el 3,1%, con algunas voces, como Mapfre Economics, apuntando incluso al 3,6%; y aumentaron en dos décimas su previsión de inflación subyacente para el presente ejercicio, hasta el 2,7%. Funcas justifica este ajuste en que las perspectivas económicas “siguen condicionadas por la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Próximo, con la Unión Europea como una de las zonas más expuestas al shock de precios” en insumos claves para la producción alimentaria, el transporte y otros sectores, como los fertilizantes (ver información en página 46), el gasóleo profesional o los combustibles. El panel de analistas de Funcas también modera en una décima su previsión de crecimiento para la economía española este año, hasta el 2,2%; y prevé que el déficit público aumente este año hasta el 2,5%. Además, las previsiones internas del think tank apuntan a una desaceleración progresiva del crecimiento a lo largo del año. En concreto, estiman que la economía española se anotará un crecimiento intertrimestral del 0,4% en el segundo, tercer y cuarto trimestre, frente al 0,6% registrado en el primero. La demanda nacional aportará 2,6 puntos, mientras que el sector exterior restará cuatro décimas.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo por el que se ponen a disposición del Instituto de Crédito Oficial (ICO) los recursos financieros necesarios para activar el fondo España Crece. Esta medida implica una inyección de 13.300 millones de euros destinados a reforzar los recursos propios de la entidad pública y a financiar proyectos orientados a la transformación económica y el incremento de la productividad. El fondo España Crece es el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo prolongará la capacidad inversora derivada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) más allá del límite temporal establecido para agosto de 2026. El instrumento se integra en la adenda de simplificación del PRTR aprobada en diciembre, cuyo objetivo es dar continuidad a la financiación pública una vez finalizado el plazo de ejecución de los fondos Next Generation. El Acuerdo detalla que la dotación total de 13.300 millones de euros se divide en dos tramos con naturalezas financieras diferenciadas. El primer tramo consta de 10.500 millones de euros procedentes de los préstamos del Plan de Recuperación. Estos recursos se canalizarán a través de una ampliación de capital del ICO, reforzando de manera estructural sus recursos propios para el despliegue de los distintos instrumentos financieros. El segundo tramo asciende a 2.800 millones de euros adicionales en concepto de transferencias no reembolsables de los fondos europeos. Estos fondos se mantendrán en una cuenta separada y su finalidad técnica es compensar el coste concesional asumido por el ICO en el despliegue de las operaciones. Esta estructura financiera está diseñada para permitir que el fondo ofrezca condiciones de plazo y coste ventajosas en proyectos donde la participación pública sea requerida.

Cada vez hay menos jóvenes en España que ni estudian ni trabajan. Según los últimos registros de Eurostat, la proporción de personas de 15 a 29 años que ni están empleadas ni están cursando estudios se situó en 2025 en el 11,5%. Es medio punto menos que en 2024, lo que lleva esta cifra al mínimo desde que empiezan los datos de la oficina estadística europea (en 2002), incluso por debajo del nivel registrado en la burbuja del ladrillo. Los expertos asocian esta mejora a la combinación de la pronunciada caída del paro juvenil y, a la vez, del retroceso del abandono escolar, una doble tendencia que acerca a España cada vez más a la media de la Unión Europea (11%). La diferencia es solo de medio punto, la mitad que un año antes y muy lejos de la enorme brecha que se llegó a registrar durante lo peor de la Gran Recesión. Entonces, en 2013, España llegó a notificar una tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan del 22,5%, el doble que ahora. En esa época el paro juvenil estaba disparado, en parte por la gran cantidad de trabajadores de la construcción que se quedaron sin empleo por el pinchazo de la burbuja del ladrillo. La mejora de la situación económica contrajo poco a poco el porcentaje en los años posteriores, hasta notificar un 14,9% en 2019. Volvió a crecer en la pandemia (17,3%) y desde entonces cae poco a poco hasta el 11,5% del último registro. Esta mejora sostenida acerca poco a poco a España al promedio de los Veintisiete, con varios países en una situación peor. La tasa de ninis más alta de la Unión Europea en 2025 es la de Rumania (19,2%), seguida de Bulgaria (13,8%), Grecia (13,6%) e Italia (13,3%). El dato español también es ligeramente mejor que el francés (12,7%), que viene empeorando desde la crisis del coronavirus. Con todo, España sigue en una posición peor que la del promedio europeo (11%) y lejísimos de los países con mejores datos: Portugal (8%), Eslovenia (7,6%), Suecia (5,9%) y Países Bajos (5,3%).

El Proyecto Orión de Minerales Críticos de la UE se desarrolla en un área de más de 220 kilómetros cuadrados situada en el norte de la provincia de Jaén. Busca la producción de concentrados de tierras raras a partir de monacita, un fosfato que contiene neodimio, praseodimio y disprosio, entre otras tierras raras, que son esenciales en aplicaciones tecnológicas avanzadas, tales como imanes, baterías o componentes electrónicos. El 60% de las reservas de estas tierras raras está concentrado hasta la fecha en China. La española Técnicas Reunidas, con su tecnología (RARETECH@), y la australiana Osmond Resources tienen un acuerdo para el desarrollo del proyecto, desde la minería hasta la construcción de la planta. Los primeros ensayos metalúrgicos han sido positivos y las pruebas que se realizarán en los próximos meses determinarán si en Jaén está el mayor yacimiento de tierras raras de Europa.

Los alimentos españoles más exportados a ese mercado son el aceite de oliva y el vino. La industria de alimentación y bebidas acusó en 2025 los efectos de los aranceles impuestos por la Administración estadounidense que preside Donald Trump. Las exportaciones de este tipo de productos a EE UU sufrieron ese año una contracción del 9,6%, hasta los 3.041 millones de euros, bajando un puesto, hasta el quinto, entre los países que más importan alimentos y bebidas españolas. Sí se mantiene como principal país fuera del mercado de la UE para el sector. “La imposición de los aranceles y la situación de inseguridad jurídica ha afectado al comercio exterior con ese país, que para nosotros es irrenunciable”, indicó ayer Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), principal asociación sectorial, y que presentó ayer los datos de actividad de 2025. García de Quevedo dijo que el problema en ese país es “puramente político”. “No es una cuestión comercial. La industria tiene buena relación con los distribuidores, y nuestros productos tienen una gran acogida allí. Es una situación que depende de las negociaciones con la Unión Europea, de los equilibrios políticos, que crea una sensación de volatilidad y de inseguridad jurídica”, añadió. Este señaló que 2026 ha comenzado en la misma línea, “quizá algo mejor y con un poco más de tranquilidad”, después de la decisión de la Corte Suprema de EE UU de tumbar el grueso de la política arancelaria de Trump. 

Aproximadamente un 35% de las exportaciones globales de fertilizantes provienen del Golfo Pérsico y el 70% de la producción del nitrógeno necesario para los fertilizantes sintéticos depende del gas natural, cuyo precio también se ha disparado por la guerra en Irán. La situación es crítica, según entienden desde el Ejecutivo. Aunque no existe escasez de fertilizantes porque el aprovisionamiento se lleva a cabo con una anticipación de al menos seis meses, los altos precios de esta materia prima básica para la agricultura podrían llevar al campo europeo a recortar su producción de cara al próximo ejercicio, lo que encarecería los precios de los alimentos. “Si tenemos fertilizantes insuficientes o excesivamente caros, tendremos problemas con la asequibilidad de los alimentos en Europa y con la seguridad alimentaria a nivel mundial unos meses después”, indican fuentes comunitarias. El precio de los fertilizantes representa aproximadamente un 8% del coste total de los alimentos, aunque la proporción se eleva en el caso de los cereales. Pero el verdadero impacto vendría de un potencial recorte de la producción agraria por el aumento de los costes, algo que los agricultores suelen decidir después del verano. Si para entonces el alivio no ha llegado al campo, se podría registrar una caída de la oferta de alimentos para 2026, con el consecuente aumento del precio final.

El frente de la inflación vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones. El giro del sentimiento inversor se mueve al compás de los cambios geopolíticos. La última encuesta a gestores de fondos europeos de Bank of America muestra que el optimismo que dominaba a comienzos de año se ha evaporado debido a la guerra en Oriente Próximo y al deterioro de los indicadores macroeconómicos. Aunque los inversores siguen descartando, en su mayoría, una recesión, el mercado vuelve a volcarse hacia el pesimismo, con una retirada de posiciones en Europa y un creciente temor a la estanflación. Las expectativas de crecimiento en Europa han sufrido un deterioro acusado en pocos meses. Un 32% de los gestores anticipa ahora una desaceleración de la economía en el corto plazo, el nivel más alto desde octubre de 2024. El contraste es notable con el escenario que se manejaba antes del inicio del conflicto, cuando una amplísima mayoría confiaba en una aceleración del crecimiento impulsada por el estímulo fiscal alemán y el aumento del gasto en defensa del Viejo Continente. Este empeoramiento no se traduce, sin embargo, en un temor generalizado a una recesión. Un 61% sigue considerando poco probable ese escenario, en línea con el mes anterior, lo que revela que los inversores confían en que el apoyo fiscal actúe como colchón. Además, la percepción sobre la economía global ha mejorado ligeramente gracias a la fortaleza de EE UU, donde los datos macro siguen al alza.