20260521

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Mover 25.000 contenedores de mercancías por Vitoria. Ese es el destino que le espera a la Intermodal de Júndiz. A una semana de que acabe el tiempo límite de presentación de ofertas para gestionar el corazón de la autopista ferroviaria que conecta con Francia, las empresas apuran los plazos para sumar socios y perfilar el plan industrial con el que convencer al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de que su opción es la mejor. Entre esas distintas ofertas está la que van a presentar las instituciones alavesas. La Diputación y la Cámara de Comercio llevan meses trabajando en su propuesta para Júndiz de la mano de Sibport, una empresa participada por el puerto de Bilbao, la china CSP y la vizcaína Transitia. Hasta ahí, lo previsible. Sin embargo, en la UTE que irá al concurso han conseguido sumar a la mayor naviera del planeta. Según ha podido saber El Correo, la ítalo-suiza MSC, más conocida por sus cruceros pero líder mundial en tráfico de contenedores, concurrirá al concurso de la mano de este proyecto promovido en el territorio que quiere gestionar una infraestructura clave. La firma se incluirá en el consorcio alavés, que está ultimando la puja para hacerse con el contrato del administrador ferroviario. Un convenio jugoso, ya que la reforma de la terminal de mercancías emprendida por Adif ha convertido Vitoria en una suerte de frontera con el mercado europeo. La terminal de Júndiz, preparada para trabajar tanto con trenes de ancho ibérico como estándar, ha ido cobrando atractivo gracias a este factor y, en general, a una reforma que le permitirá recibir enormes trenes de hasta 740 metros de longitud. Esta infraestructura, renovada con una inversión de 37 millones de euros, es la artífice de un ‘boom’ de demanda para que la capital alavesa sea nodo de acogida para las autopistas ferroviarias. Los operadores logísticos ya han pedido hasta seis itinerarios con origen o destino en la capital alavesa. Se quieren establecer conexiones con puntos tan distantes como Murcia, Huelva, Salamanca, Azuqueca de Henares (Guadalajara), Tarragona o, ya más cerca, Irún, que supone el acceso a Europa. La demanda es tal que sólo Madrid supera en solicitudes a Vitoria. Ese interés es, sin embargo, un arma de doble filo. Por un lado garantiza un futuro exitoso para Júndiz. La terminal se está ganando un sitio en el futuro del transporte de bienes, donde la intención del Gobierno central y de la Unión Europea es clara: quitar camiones de las carreteras y subir esos productos al tren. El objetivo que se ha ido fijando en los últimos años es que el tráfico de mercancías sobre raíles pase del 5 al 10% antes de 2030. Ese es el lado bueno. El malo es que, dado su potencial, se da por descontada una competencia feroz por la terminal alavesa. 

No son grandes cifras en comparación con el grueso de todas las empresas que hay en Euskadi, pero el cambio de tendencia tiene un extraordinario valor simbólico. Y es que en el primer trimestre de este 2026 se ha confirmado la nueva dinámica y las empresas que trasladan su sede a Euskadi fueron más que las que se mudaron fuera. Así, según el estudio de cambio de domicilio de la consultora Informa D&B, entre enero y marzo de este año llegaron al País Vasco 68 firmas, frente a las 46 que se marcharon. Un saldo favorable de 22 que contrasta mucho con el dato del año pasado, que fue de -5. La cifra, por ajustada que sea, es bien recibida por un tejido económico que tiene en la falta de atracción de inversiones y en la pérdida de arraigo industrial su asignatura pendiente en los últimos años. Además, la estadística confirma la tendencia que ya se vio el pasado 2025. En el conjunto del año, la ganancia neta fue de 12 empresas gracias a las 204 que aterrizaron en Euskadi, por las 192 que se marcharon. De este modo, Euskadi entra en el club de las comunidades autónomas que crecen gracias a los traslados empresariales. Y lo hace en un inédito segundo puesto solo por detrás de Madrid. La comunidad de la capital de España sigue siendo la primera tras sumar una resultante de 33 empresas más. En tercera posición está Aragón con 17, seguida de Galicia con 14. Entre el origen de las empresas que han venido a Euskadi en este primer trimestre destaca de manera sobresaliente Madrid, con 24 empresas. Es el 35% de las que llegaron al País Vasco. Le sigue Navarra con 12 y Castilla y León con 8. En el impacto de estas cifras se deja notar el traslado de Talgo.

De los primeros cuatro meses de este 2026, dos han estado expuestos al escenario del conflicto en Oriente Medio, que ha bloqueado el Estrecho de Ormuz aumentado los costes de la energía y los precios. Una situación que llevó a las diputaciones vascas a presentar el mes pasado un plan de medidas tributarias especiales por valor de 540 millones para que la situación no impactase en la liquidez de las empresas. En ese sentido, se agilizaron las devoluciones de IVA, se ofrecieron aplazamientos y otras facilidades en esa línea. El caso es que los datos de la recaudación hasta abril evidencian de nuevo una fuerte resiliencia de la economía vasca. Las empresas y las familias siguen aguantando las diferentes dificultades que se plantean desde la geopolítica y los ingresos tributarios no solo no se han resentido sino que han avanzado una media del 5% hasta los 6.592 millones de euros. La comparativa exacta se hace complicada en estos momentos porque la Diputación de Álava ha modificado su sistema de contabilidad y suma ingresos ahora que el año pasado se contabilizaban más adelante. En cualquier caso, ese incremento medio de un 5% fija un nuevo techo histórico gracias a los 3.987 millones de Bizkaia (un 3,7% más), a los 1.592 de Gipuzkoa, que es la que más crece con un 9,20%, y los 1.012 de Álava. En el peso de la recaudación el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) sigue siendo el más importante y representa 4 de cada 10 euros de los ingresos tributarios. Una realidad que la creación de empleo en Euskadi sigue haciendo posible. 

Según una encuesta realizada por Sigma Dos a 500 personas de entre 24 y 60 años activas en Euskadi (realizadas entre el 9 y el 20 de abril) Iberdrola es la empresa privada preferida para trabajar entre los vascos, ya que un 21,8% de ellos marca a la eléctrica como su opción predilecta, mientras que un 39,8% la incluye en su ‘top 5’. Las razones por las que eligen a la firma que preside Ignacio Galán son su retribución salarial (valorada por el 43% de los encuestados), la estabilidad del empleo (39%) o el sector en el que opera (23%), en una pregunta que permitía respuestas múltiples. La encuesta también asegura que la proporción de hombres que eligen a Iberdrola como la mejor empresa es «significativamente» más alta que entre las mujeres. En segundo lugar aparece CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). El 14,6% elige a la firma guipuzcoana como primera opción y un 25,8% la incluye entre las cinco primeras opciones. En este caso el principal motivo de elección es, con mucha diferencia, la retribución salarial, marcada por un 54% de los encuestados. Más abajo aparecen factores como la estabilidad del empleo (29%) o la reputación y el prestigio de la empresa (26%). Completando el podio aparece Kutxabank, elegida como primera opción por un 7% e incluida entre las cinco mejores opciones por el 18% de las personas encuestadas. En este caso, el banco destaca frente a la competencia por sus beneficios sociales (38%), es decir, por las prestaciones adicionales al salario que las empresas ofrecen a sus empleados para mejorar su calidad de vida y bienestar. La entidad bancaria también se distingue por su ubicación del lugar de trabajo (29%) y por su retribución salarial (35%). En cuarto y quinto lugar aparecen Eroski y Mondragon, elegidas como primera mención por el 4,2% y el 3% de los encuestados, respectivamente. 

Kutxabank ha dado un paso más en su apuesta por la gestión de monedas digitales y se ha sumado, junto a otros bancos españoles como Caixabank, BBVA, Bankinter, Abanca y Cecabank, al consorcio europeo que busca posicionar la 'stablecoin' en euros como referente mundial para las finanzas digitales. Se trata de la plataforma denominada Qivalis, que busca introducir a los bancos europeos como operadores en la compra venta de monedas digitales. Una apuesta que permitiría convertir al euro en elemento de soporte, dándole valor de divisa internacional. Evitaría que la tecnología y los actores en la compraventa de estos activos, como bitcoin o ethereum, sean controlados en exclusiva por agentes chinos o estadounidenses. Kutxabank ha confirmado el paso este miércoles al convertirse en accionista de Qivalis junto a 37 instituciones financieras de 15 países. El consorcio tiene previsto ofrecer una solución de pago y liquidación nativa en cadena, denominada en euros, aprovechando las ventajas de la tecnología 'blockchain' para empresas y consumidores en Europa y otros mercados internacionales. El plan de Qivalis es comenzar a operar con sus servicios en la segunda mitad del año.

Petronor deberá abonar cerca de 1.200 euros de media a cada trabajador de la refinería de Muskiz tras el acuerdo de conciliación alcanzado este martes en la Audiencia Nacional entre la dirección de la petrolera y los sindicatos CC OO, UGT y ELA. El pacto pone fin al conflicto abierto por el cálculo de las retribuciones variables de 2023 y 2025, después de que las centrales sindicales denunciaran irregularidades en la fijación y aplicación de los criterios que determinaban el cobro de estas pagas. El origen de la disputa se remonta a 2023, cuando la empresa fijó los objetivos de la paga variable con el ejercicio ya cerrado, una práctica que, según denuncian los sindicatos, contraviene lo recogido en el convenio colectivo de la compañía. CC OO explica en un comunicado que estos criterios se establecieron en mayo del año siguiente, apenas un día antes de presentar los resultados, lo que permitía a la dirección conocer de antemano el grado de cumplimiento y ajustar así el porcentaje de retribución que debía percibir la plantilla. El acuerdo alcanzado ahora obliga a la empresa a revisar al alza el porcentaje de consecución de los objetivos de 2023, que pasa del 63% al 90%. La dirección y las centrales sindicales también han pactado elevar la retribución variable correspondiente a 2025, cuyo grado de cumplimiento sube del 34,68% al 53%.

ELA, LAB, UGT y ESK han firmado el convenio colectivo de Galletas Artiach en Orozko, con vigencia hasta 2028, con subidas salariales superiores al IPC para 2025 y 2026 y equivalentes para los años 2027 y 2028, lo que permitirá recuperar «parte del poder adquisitivo perdido» en el anterior convenio. En un comunicado, ELA –la central mayoritaria en el comité– destacó ayer que el acuerdo, alcanzado en una planta con mayoría de mujeres, «blinda salarios frente a la inflación, reduce la temporalidad, garantiza inversión y convierte a Artiach Orozko en una de las primeras empresas de Euskal Herria en incorporar como medida de conciliación el vinculograma socioafectivo». El acuerdo incorpora también «garantías para el futuro de la planta, con el compromiso de invertir 2 millones de euros en los próximos dos años para mejorar los procesos productivos, así como el mantenimiento de los niveles actuales de empleo».

Duela urte gutxi arte kostu baxuko ekoizpenarekin lotzen zen Maroko. Gaur egun, ordea, Europako automobilgintzaren eta aeronautikaren hornidura kateetan gero eta pisu handiagoa hartzen ari da, eta Gipuzkoako enpresa askok aukera berriak ikusten dituzte bertan. Testuinguru horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Merkataritza Ganberak misio komertzial bat antolatu zuten Afrikako herrialdera apirila amaieran. Guztira, Gipuzkoako hogei enpresa izan dira bertan, herrialdearen industria sarearen bilakaera gertutik ezagutzeko, kontaktu berriak egiteko eta etorkizuneko aukerak aztertzeko. Gehiago irakurri hemen. 

Para contribuir al esfuerzo de reindustrializar la economía, y ante los «tiempos de incertidumbre que se avecinan», Torres anunció que desde el Gobierno vasco se está «ultimando los trámites para una orden extraordinaria de ayudas específicas» a las cooperativas. Unas ayudas que complementarán los más de mil millones de euros movilizados en el escudo industrial. La Confederación de Cooperativas vascas Konfekoop presentó ayer un nuevo plan estratégico anual condicionado por «los tiempos de turbulencias» internacionales influenciados por los efectos persistentes de unos conflictos que están mermando la producción industrial. El organismo celebró ayer su asamblea general ordinaria en el Kursaal en la que se activaron las alarmas por los «claroscuros del contexto internacional». «La prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania y la situación de Oriente Medio está afectando gravemente el coste de los combustibles y a las cadenas de suministros, una situación que ya impacta directamente a nuestras empresas». 

Euskadi se consolida como un destino capaz de atraer un volumen significativo de turistas también fuera de la temporada alta, rompiendo la estacionalidad tradicional que ha marcado durante años al sector turístico. Por primera vez, las llegadas en temporada baja superan a las registradas en los tradicionales periodos vacacionales, representando ya el 51% del total, seis puntos más que en 2019. A su vez, Gipuzkoa reafirma su peso turístico en Euskadi con Donostia como uno de los principales focos de atracción, y la costa guipuzcoana entre las zonas más visitadas por el turismo de ocio, según el informe bianual Ibiltur Ocio 2025 del Gobierno Vasco, que estudia el perfil y comportamiento del turista que visita Euskadi en base a más de 28.000 encuestas presenciales hechas en los alojamientos turísticos. Así, el territorio concentra casi la mitad de las excursiones y recorridos que realizan los turistas en Euskadi (el 44,5%), de las que el 28,2% se llevan a cabo en la capital. Le siguen Zarautz (21,8%), Hondarribia (15,7%), Getaria (10,5%) y Zumaia (10%) como principales focos.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que regularizaba a inmigrantes en Euskadi mediante documentos falsos, según fuentes cercanas al caso. En la operación denominada ‘Padrón’, los agentes han detenido a 17 personas entre Bilbao y San Sebastián. Entre ellas a los abogados que gestionaban los trámites en tres asesorías. De los arrestados, ocho son españoles y nueve de origen marroquí. Se trata de una de las operaciones más importantes desarrolladas por este cuerpo en los últimos tiempos. La investigación se inició hace varios meses, antes de Navidad, cuando aún no se había abierto el actual proceso de regularización extraordinario, que ha dado esperanzas a muchos inmigrantes de poder legalizar su estancia. Los agentes detectaron posibles falsedades y coincidencias en varias solicitudes del permiso de residencia por distintos motivos, entre ellos el arraigo sociolaboral. Un mismo documento con igual numeración era utilizado por diferentes personas para conseguir la regularización. Daba la casualidad de que todos los expedientes habían sido completados por las mismas asesorías. Esto despertó las sospechas de la Policía, que comenzó a indagar. En la investigación colaboraron agentes especialistas de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF), destinados en Madrid y de las Brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de Bizkaia y Gipuzkoa. Las pesquisas resultaron laboriosas, pero averiguaron que a los inmigrantes, todos de origen norteafricano, les cobraban varios miles de euros con la promesa de que iban a poder obtener el ansiado permiso de residencia. 

España ha emergido como un referente energético inesperado. Un país que apenas produce energía propia se ha convertido, paradójicamente, en la gran reserva de gas de Europa, gracias a una infraestructura de almacenamiento y regasificación que hoy muchos de sus socios contemplan con envidia. Los números respaldan esa posición. Casi el 37% del total de las reservas de gas de la Unión Europea se encuentra en suelo español. Y si a eso se añaden los depósitos subterráneos, alcanzan el 67,47% de su  capacidad frente a una media europea que no llega al 37%, por lo que el cuadro resulta aún más revelador. Esta solidez no es fruto de la casualidad, sino de años de diversificación, explican desde la Asociación Española del Gas (Sedigás). El gas almacenado en España procede de hasta 16 países distintos, lo que ha actuado como un cortafuegos frente a choques externos como el actual conflicto en Ormuz. «La exposición directa es prácticamente nula», resumió este miércoles el presidente de la patronal, Joan Batalla, aclarando que la situación actual es muy distinta a la que vivió Europa tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.  Argelia, región a la que la patronal considera un "socio fiable", se sitúa como principal proveedor de gas natural de España, con el 35% del total, seguido de EE UU, con el 30%, y Rusia, con el 11%. El corazón de esta infraestructura son las siete plantas regasificadoras repartidas entre Sagunto, Cartagena, Huelva, Barcelona, Bilbao, Mugardos y El Musel, que funcionan a pleno rendimiento y lo seguirán haciendo al menos hasta 2040. 

El petróleo dio ayer un respiro a los mercados tras una fuerte caída de en torno al 6% en el caso del Brent ante la esperanza de un inminente acuerdo de paz entre EEUU e Irán, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, insistiera en que el conflicto “está en la fase final” y “terminará muy rápido”. Desde la Casa Blanca se insistió ayer en que las conversaciones han registrado avances significativos, aunque sin entrar en detalles. Al cierre de esta edición, el Brent había retrocedido hasta los 104 dólares, mientras que el West Texas Intermediate descendió ligeramente por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares. En ambos casos, se trata del mayor retroceso en dos semanas. El alivio es, de momento, frágil. Sobre todo, teniendo en cuenta que al inicio de la semana Trump mantenía abierta la posibilidad de nuevos ataques si no hay acuerdo, lo que limita la confianza de los inversores en un proceso de paz rápido. El martes, era el vicepresidente del país, JD Vance, quien aseguraba que Washington y Teherán han logrado “mucho progreso” en las conversaciones, centradas en impedir que Irán pueda reconstruir su capacidad nuclear militar y en reabrir el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo y gas. Ayer, Trump confirmaba este extremo. La señal más relevante para el mercado de que las negociaciones prosperan llegó por mar. Tres superpetroleros con unos seis millones de barriles de crudo cruzaron ayer el estrecho de Ormuz rumbo a Asia tras permanecer bloqueados durante más de dos meses en el Golfo. Antes de la guerra, cruzaban diariamente por esa vía entre 125 y 140 buques.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció ayer la ampliación hasta los 512 millones de euros de los fondos destinados a la repotenciación de parques de energías renovables. “El interés del sector ha motivado un incremento del 75% en el presupuesto inicial, de 292 millones”, hasta alcanzar los 512 millones, señaló Aagesen. Estas ayudas destinadas a la repotenciación eólica e hidroeléctrica (plan Repoten 2) están imbricadas dentro de los fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y estarán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El objetivo es incentivar las inversiones para sustituir aerogeneradores antiguos por otros de última generación y renovar instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 megavatios (MW). “Gracias a la repotenciación sustituiremos equipos al final de su vida útil por otros de nueva generación, con más potencia y capacidad de almacenamiento, mediante una renovación tecnológica y medioambiental”, indicó la vicepresidenta.

China desbancó en el primer trimestre del año a la mayor economía del euro como principal proveedor de bienes de España, según los datos publicados por el Gobierno el martes. Las compras al gigante asiático superaron en ese periodo los 12.500 millones, tanto como a toda América junta. Pese a la pujanza de las multinacionales estadounidenses y la tradicional relación especial con los países hispanohablantes, la maquinaria exportadora de Xi Jinping funciona a pleno rendimiento. Y copa cada vez más cuota de mercado: el 11,6% de las importaciones españolas viene de allí, ligeramente por encima del 11,4% de Alemania. No es la primera vez que se da este fenómeno. Ya ocurrió en 2022, cuando la escasez de microchips paralizó la industria automotriz, uno de los huevos de oro de la economía germana, y hundió las matriculaciones en España a mínimos de nueve años. Pero a diferencia de ese paréntesis, que luego se corrigió, la tendencia hacia una preponderancia china parece ahora camino de convertirse en estructural, porque viene apuntalada por su auge exportador, y no por problemas concretos de otros socios comerciales de España. Y porque las barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos han propiciado que tanto la Comisión Europea como el BCE adviertan de una posible reorientación hacia el continente de productos chinos de bajo coste comercializados por plataformas como AliExpress, Temu y Shein.

Uno de cada diez empleados de Meta fue despedido ayer. Casi 8.000 personas. La noche del martes, miles de trabajadores de la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram terminaron su jornada sin saber si mantendrían o no su trabajo el día siguiente, pues Mark Zuckerberg ha planteado una reducción de la plantilla del 10%. Meta cuenta con casi 78.000 trabajadores, aunque propone un plan de eficiencia que coincide con su inversión en la inteligencia artificial. Casi 8.000 serán despedidos, alrededor de 6.000 vacantes que tenían previsto cubrir serán canceladas y otros 7.000 empleados serán reubicados en puestos centrados en la inteligencia artificial, según reportó Bloomberg. El futuro de Meta se dirige hacia la IA y al desarrollo de la infraestructura necesaria para su implementación. Para ello, la inversión supera los 100.000 millones de dólares. Una cantidad de dinero que Meta, al igual que otros grandes gigantes tecnológicos, está financiando con ajustes en la plantilla.

El papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 por parte del Gobierno centra el grueso de la causa abierta por un juzgado de la Audiencia Nacional. Pero el auto que cita al expresidente del Gobierno a declarar como investigado el próximo 2 de junio también recoge otras evidencias que trascienden la ayuda de 53 millones de euros concedida a esta compañía. Las comunicaciones intervenidas a los investigados en esta presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales –detenidos en diciembre pasado en una primera fase de la operación– han permitido vislumbrar que los negocios se extendieron al petróleo y al oro en una serie de movimientos internacionales de alto valor económico. Según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, estas actividades no respondían a una lógica comercial ordinaria, sino que aprovechaban la ascendencia política de la trama, con Rodríguez Zapatero al frente, para influir en decisiones gubernamentales, especialmente en Venezuela a través de la cercanía del exlíder socialista con la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien los investigados llamaban «‘La dama’» en sus conversaciones intervenidas. El auto judicial desvela que la red actuaba, en el caso del petróleo, como un intermediario necesario para que empresas internacionales pudieran acceder al crudo venezolano. Se hicieron gestiones mediante las denominadas «cartas de intención», según las cuales los potenciales compradores del petróleo debían dirigir obligatoriamente sus propuestas a la oficina de Rodríguez Zapatero en Madrid (registrada el martes). No obstante, la última palabra la tenía Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela –tras el secuestro de Nicolás Maduro a manos del Gobierno estadounidense–, quien aparece como la figura clave que «maneja la asignación directa de los buques» para el transporte de crudo.

Sánchez cierra filas con Zapatero, le muestra «todo el apoyo» y descarta adelantar las elecciones. El PNV, con el lehendakari a la cabeza, y el resto de socios exigen explicaciones urgentes. «Se han detectado además indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda». El auto del juez José Luis Calama en el que levanta el secreto del caso, con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, vuelve a colocar bajo sospecha uno de los puntos más controvertidos del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2021 para la aerolínea de capital venezolano: si la compañía cumplía realmente o no las condiciones exigidas para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi. El dato trascendental es que el Gobierno dio por buenos esos certificados y concedió el rescate sin detectar –o sin aclarar en el expediente– la contradicción que ahora subraya el magistrado. La Sepi –revela Calama– aceptó la documentación aportada por la aerolínea y siguió adelante con la tramitación pese a que, según recoge el auto a partir de la información remitida después por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Plus Ultra arrastraba una deuda de 451.954,79 euros desde 2017. El instructor no llega a afirmar que el Ejecutivo supiera que esos certificados podían ser incorrectos ni que los validara de forma irregular, pero sí deja en evidencia que el control administrativo se conformó con la documentación presentada por la compañía sin siquiera estudiar esa grave anomalía que afectaba a una condición imprescindible para recibir la ayuda.

En Moncloa admiten que el trabajo judicial es «sólido» y los socios del Ejecutivo advierten de que apuntar alegremente al ‘lawfare’, como en la víspera hicieron tanto el PSOE como algunos de ellos, quizá fuera precipitado. El instructor señala en la resolución de 88 páginas que, tras analizar las comunicaciones intervenidas y la documentación recabada, «concurren los requisitos» exigidos para entender la «existencia de una influencia ejercida o simulada», una «orientación» del exjefe del Ejecutivo destinada a «la obtención de una resolución administrativa concreta»; y una «vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico». «El esfuerzo del juez por detallar y amarrar los indicios es indiscutible», reconoce un ministro con peso en el Gobierno. Y, sin embargo, matiza: «Pero no hay pruebas concluyentes». Ese es el mantra al que ahora, 24 horas después de encajar el golpe, se intentan aferrar en el PSOE. 

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos sellado el pasado verano en la localidad escocesa de Turnberry será una realidad. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (ministros de los Estados miembros) llegaron en la madrugada del miércoles a un entendimiento para implementar la rebaja arancelaria al 0% sobre las exportaciones estadounidenses a cambio de que los gravámenes estadounidenses desciendan al nivel pactado del 15%. “Un acuerdo es un acuerdo, y la UE cumple sus compromisos. Juntos podemos garantizar un comercio transatlántico estable, predecible, equilibrado y mutuamente beneficioso”, celebró ya por la mañana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con un mensaje en sus redes sociales. Tras varias rondas de conversaciones, y en medio de las presiones de Donald Trump, presidente de EEUU para acelerar la entrada en vigor del pacto, los colegisladores de la Unión Europea aún tuvieron que realizar un intercambio a puerta cerrada de más de cinco horas para terminar de tramitar el pacto. La situación no era sencilla, pues el acuerdo, tremendamente favorable para EEUU, no había dado lugar a la nueva situación de estabilidad en las relaciones que habían prometido desde la Comisión Europea que compensaría el hecho de asumir ese desequilibrio comercial forzado. De hecho, el pacto ve la luz después de una significativa demora. Las negociaciones internas estuvieron bloqueadas principalmente por los europarlamentarios desde comienzos de año en respuesta a las amenazas de anexión que Donald Trump llevó a cabo sobre Groenlandia, primero, y ante los diferentes mensajes llamando a un aumento de los aranceles a varios Estados miembros de la UE, después.

Lo ocurrido el pasado viernes, cuando el repunte de las rentabilidades de la deuda aceleró las caídas en Bolsa, anticipa lo que podría suceder si las expectativas de inflación y de subidas de tipos siguen ganando terreno. Durante meses, los inversores situaron en el 5% del bono estadounidense a 30 años el umbral crítico a partir del cual podría intensificarse la presión sobre la renta variable. Ese nivel ya se ha superado –la rentabilidad ronda el 5,12%, en máximos desde 2007, antes de la caída de Lehman Brothers–, pero el mercado no ha reaccionado con una venta masiva de acciones, sino con una corrección contenida. El riesgo, no obstante, no ha desaparecido. El consenso de los analistas calcula ahora que el 5,5% es el umbral de dolor para las Bolsas. Un “número redondo” en palabras de los analistas de Citi; una referencia a partir de la cual los inversores podrían empezar a considerar que la combinación de rentabilidad atractiva y seguridad favorece el trasvase de dinero desde la renta variable hacia la deuda. “El mayor riesgo para la economía global es la magnitud del repunte de las rentabilidades de los bonos. Si las rentabilidades de la deuda a largo plazo de EE UU siguen subiendo, se crea un equilibrio bastante inestable para la renta variable”, advierten. Hasta ahora, el encarecimiento de la energía se ha reflejado principalmente en la inflación general –en EE UU el indicador ha alcanzado el 3,8%, su nivel más alto en tres años–, pero aún no se han observado efectos de segunda ronda, como un repunte de los salarios o de los costes de los insumos. Con las negociaciones entre Washington e Irán en punto muerto y la actividad en el golfo Pérsico paralizada, los temores de un mayor impacto en los precios, junto a la posibilidad de un endurecimiento de la política monetaria, están impulsando al alza las rentabilidades de la deuda. En este contexto, Citi advierte de que el mercado podría estar infravalorando el riesgo de una subida de tipos en EE UU.