20260524

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Los números no engañan y, como señala el responsable de Empleo de Confebask, Carlos Pereda, «son demoledores». La imagen de la pirámide poblacional de Euskadi «más que una pirámide parece una bomba atómica», dice. Un champiñón de enorme sombrero y escasa base que refleja una certeza a prueba de matices u opiniones: vivimos en un país envejecido (que envejecerá aún más en los próximos años) y en el que los jóvenes no van poder sustituir a los mayores que vayan saliendo del mercado laboral cuando les toque jubilarse. Sencillamente, no hay gente de la que tirar. El gráfico adjunto en esta página de la pirámide poblacional vasca, con datos del Eustat, evidencia un País Vasco envejecido en el que los jóvenes son claramente insuficientes para cubrir aquellos puestos de trabajo que abandonen en los próximos años las personas mayores. El invierno demográfico vasco es un problema «muy serio», añade, y del que «no podemos escapar». Si queremos siquiera ocupar esos huecos que se generen de aquí a diez años por la mera sustitución de los trabajadores más mayores –y aún más si contamos con que la economía crecerá y surgirán nuevas oportunidades laborales que también habrá que atender– vamos a tener que buscar a todas las personas posibles dentro y fuera de la comunidad autónoma. La prospectiva aquí es complicada, pero varios análisis cifran ese vacío laboral a solventar en al menos entre 260.000 y 320.000 personas de aquí a 2036, sólo para reponer a aquellos vascos que se retiren tras toda una vida en el tajo. Eso, señalan Pereda y Joseba Madariaga, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto, va a generar una verdadera «pelea por el talento», amén de un problema por sí mismo. Una lucha, la del talento, que ya se está dando en casa entre nuestras empresas (y en la suelen vencer las grandes a las pequeñas) y que se extenderá en los próximos años a nuestro entorno más cercano

Los nuevos trabajadores exigen otras cosas diferentes, como más tiempo libre, un año sabático de vez en cuando o que su compañía (más allá de pagarle bien) tenga un impacto social. Así lo explica Iñigo Larrea, responsable de gestión de Talento de la Corporación Mondragon, que tiene claro que «los jóvenes han cambiado y a las empresas les toca adaptarse». «Tienen un enfoque más de consumidor, buscan empleo por internet, tienen más ofertas, no compran casa, aunque es cierto que los precios no lo hacen fácil, tienen perro pero no niños y parten de la base de que no quieren complicarse», apunta, para matizar que él no comparte el mantra que a veces se escucha de que «los jóvenes no son personas comprometidas». «No es así», dice. «Claro que quieren estabilidad, y según ganan años, más, pero no podemos convencer a la gente enseñando sólo fotos de Arizmendiarrieta; el empleo de por vida ya no es el único gancho, ahora hemos de ofrecerles proyectos atractivos, con impacto social, en un lugar en el que exista diversidad e igualdad de oportunidades y en el que las personas estén en el centro», agrega. «Lo que cambia es cómo nos acercamos a ellos. Desde sus canales, las redes sociales, y con su lenguaje», apunta. Carlos Pereda, responsable de Empleo de Confebask, coincide con Larrea: «Es una nueva cultura la que tienen y nos tenemos que adaptar todos para poder encontrarnos, los jóvenes y las empresas», apunta.

Las empresas del país sufren ya enormes problemas para completar sus plantillas. Según un estudio realizado por Confebask junto a sus organizaciones territoriales (Adegi, Cebek y SEA), el 91% de las empresas vascas confiesan tener problemas para contratar. «Es la cifra más alta de la histor ia», lamenta la patronal, que resalta que la mayor complicación se da en el sector de la construcción, con el 95% de las compañías afectadas, frente al 92% registrado en los servicios y el 89% de la industria.Para apreciar en su justa medida lo que puede suponer ese 91% de empresas que sufren para contratar en Euskadi (lo que no quiere decir que no terminen haciéndolo) basta recordar que hace diez años, en 2016, ese porcentaje era de apenas el 48%. El freno se fue acentuando poco a poco, y así en 2018 era ya del 71%, del 80% en el año 2020, y del 76% en el ejercicio 2022. La última encuesta de Confebask sobre la materia se hizo en 2024, y entonces la proporción que confesaba tenerlo complicado para completar sus plantillas era del 80%. Vemos así que la velocidad a la que se complica el asunto va creciendo. El trabajo de las patronales detalla cuáles son las principales razones que exponen las compañías para justificar su respuesta. La primera es que «existe poca disponibilidad de personas en el ámbito territorial más próximo con los conocimientos técnicos y actitudes requeridas. La segunda se refiere a que los candidatos no tienen las capacidades que se les piden.

La efeméride llega en plena expansión de la electrificación. La apuesta por descarbonizar la economía y la generación energética, aunque se hayan cuestionado sus ritmos y tecnologías, ya no deja lugar a dudas. El futuro será eléctrico o no será. Eso supone, no solo el cambio en el modo de generar la electricidad, sino un aumento de su consumo que se recoge en todas las planificaciones oficiales. Así, en España, según recoge el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el crecimiento de la demanda eléctrica se disparará un 34%. En Europa, la asociación comunitaria de operadores de red, ENTSO-E, avanza que en 2050 esa necesidad habrá escalado un 50%. Y, en todo el mundo, la IEA World Energy estima que para 2035 el repunte del consumo eléctrico será del 40%. La revolución ya no está solo en la generación renovable, sino en el transporte y la distribución de la electricidad. Esa es la gran transformación empresarial que Iberdrola atraviesa en este aniversario y que presentará a los accionistas este viernes. Y es que la compañía presidida por Ignacio Galán ha lanzado el mayor plan inversor de su historia con 58.000 millones entre 2025 y 2028. Unas líneas de trabajo que adelantó al mercado el pasado otoño y con las que reivindica un giro en su estrategia. De todos esos recursos, dos terceras partes están destinados a las redes de distribución y transporte. Son infraestructuras en las que la compañía tiene ya 1,4 millones de kilómetros de cable, pero que se han convertido en estratégicas. Este desarrollo consolida la internacionalización de Iberdrola, que centrará el 65% de la inversión en Estados Unidos y el 35% en Reino Unido. La compañía ha reivindicado la importancia de las regulaciones de estos países para favorecer la modernización de sus infraestructuras con modelos rentables. Un aspecto que ha echado en falta en España tras las discrepancias con la CNMC a la hora de fijar la retribución de las inversiones desarrolladas en este sector.

Las grandes compañías cotizadas atraen capital internacional y de diferentes agentes como fondos de pensiones o gestores pasivos. Es decir inversores milmillonarios que colocan el dinero diversificando sectores, valores y países bajo la premisa de que la banca siempre gana y de que el mercado tiende a regular las pérdidas con las ganancias. El volumen de sus participaciones hace difícil seguir de cerca a las empresas y, para votar en un sentido o en otro, confían en lo que se conoce como ‘proxy advisor’. Son agencias intermediarias que hacen recomendaciones sobre cómo posicionarse en las juntas de accionistas a estos inversores institucionales. Las dos principales, ISS y Glass Lewis, han planteado respaldar todo el orden del día de la cita de Iberdrola de este viernes. Todo, salvo la propuesta de remuneración variable de los directivos de la compañía, que contempla un paquete de 20 millones de acciones para los próximos tres años. La eléctrica vasca ha enviado una carta a sus accionistas en la que explica la situación y es que, entre otras cosas, su recomendación tiene que ver con el lugar de la sede de la compañía. Iberdrola apuesta por mantenerse en Bilbao, como reiteró su presidente, Ignacio Galán el pasado martes. El hecho de estar en España es una de las causas de esta advertencia de los ‘proxy advisors’. Sus análisis se basan en ocasiones, más que en estudios detallados de las compañías, en una comparativa de sus valores con un conjunto mayor de empresas. Y ahí está la causa porque Iberdrola –la segunda eléctrica en el mundo y con una gran parte de su negocio en Estados Unidos y Reino Unido– no es comparada con ninguna empresa de esos países, sino que su ‘compset’ comparativo está formado principalmente por empresas de la UE y España en razón de su sede y sin atender a los mercados en los que opera.

La actualidad económica sigue marcada por el conflicto en Tubos Reunidos, una empresa histórica con más de 1.200 trabajadores que ha entrado en concurso de acreedores. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza (Pamplona, 1979), está convencido de que hay una campaña para ocultar la «nefasta gestión» de la compañía y considera que El Correo ha participado en ella. "...El origen del problema es una mala praxis empresarial de libro. Una empresa que se gestiona de forma nefasta, con una irresponsabilidad tremenda, que fue descapitalizada por sus accionistas al repartirse el dinero que estaba destinado para una inversión. Pero no he escuchado a ningún responsable institucional ni a ninguna patronal hacer un cuestionamiento en este sentido. Aquí hay una campaña para desviar la atención y algunos medios de comunicación como El Correo han jugado un papel esencial...– ¿Por qué no han dejado votar a los trabajadores sobre el ERE y sobre la huelga?– Eso no es así.– Lo han denunciado ellos.– Lo que hacen los trabajadores es votar al comité, es decir, sus representantes legales, que tienen después facultades para firmar o no un ERE o convocar una huelga. En Tubos, además, las decisiones se toman en las asambleas de afiliados. Siempre se ha hecho así...– No es solo Trapagaran. Son muchos los casos recientes de ERE en los que los trabajadores, cuando han podido votar, lo han hecho en contra de la posición de ELA. Ocurrió en Vicinay, en Bridgestone o en Guardian. ¿Se sienten cuestionados?– Eso ha ocurrido en algunas empresas y en otras no. Pero eso para el sindicato es una cuestión de principios. Nosotros no vamos a avalar ningún tipo de ERE ni ningún tipo de destrucción de empleo...– Aparte de las críticas «por falta de democracia», trabajadores de Tubos de otros sindicatos han denunciado «amenazas» por parte de ELA. «Tuve que decir que estaba divorciado para que no amenacen a mi familia», dijo uno. «Me llamaron rata y colgaron mi foto por el pueblo», aseguró otro.– Estamos hablando de testimonios anónimos, ¿no?– No, son de trabajadores que tomaron la palabra en la asamblea de los que recogieron las firmas.-Evidentemente este sindicato no defiende en ningún caso ni la amenaza ni la coacción...– ¿Cómo explica ELA que haya sido condenada por el Superior vasco a indemnizar con 30.000 euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales a un histórico empleado del sindicato que estaba de baja por ansiedad por un conflicto con la dirección?– Es un trabajador que pidió la rescisión del contrato y una sentencia le ha dado la razón. – Lo que dice la sentencia es que querían forzarle a prejubilarse tras apartarle de sus responsabilidades y él se resistió. Lo que denunció es una campaña interna contra él.– Es un caso aislado y no voy a entrar en eso. Está zanjado. Ese trabajador está fuera del sindicato.– El Superior vasco reprocha la falta de intervención de la dirección y la inexistencia de un protocolo de acoso laboral.– Ya he respondido. – ..."

La inversión en investigación y desarrollo experimental (I+D) en Euskadi alcanzará en 2026 los 2.384 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a lo estimado para el año 2025. Esa es la estimación elaborada por la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, junto con 19 empresas tractoras de la innovación vasca que aglutinan el 43% de la inversión empresarial en I+D de Euskadi y BRTA. Según especifican, la inversión empresarial en I+D llegará a los 1.287 millones de euros, con un crecimiento del 5,2%, condicionado por la incertidumbre global y la ralentización de algunos sectores clave de la industria vasca. Por su parte, la financiación de las administraciones públicas alcanzará los 874 millones de euros, un 8,5% más, impulsada por el incremento del apoyo del Gobierno vasco y la ejecución de los fondos europeos Next Generation. En cambio, la financiación internacional descenderá hasta los 160 millones de euros (-4,9%), en un contexto marcado por la transición hacia el nuevo Programa Marco europeo (FP10) y por una mayor competencia en la captación de fondos de I+D, así como la menor alineación entre las capacidades científico-tecnológicas vascas y las convocatorias europeas.

El impuesto turístico entrará en vigor el 1 de enero de 2027 en Gipuzkoa y lo hará con un modelo tarifario a la altura de la élite de los destinos turísticos de Europa como París, Roma o Ámsterdam. Su implementación en el continente es diverso y grandes ciudades como las mencionadas o Barcelona, el rey de este gravamen, llevan años aplicándolo y durante este tiempo lo han ido ajustando paulatinamente. Nuestro territorio, sin embargo, con la posibilidad de recargo del 50% que ofrece la regulación a diez municipios guipuzcoanos, entrará desde el primer día en la aristocracia de este impuesto que aspira a aportar alrededor de doce millones de euros anuales a las arcas de San Sebastián. La norma foral se aprobará el miércoles 10 de junio en el pleno de las Juntas Generales. A partir de su aprobación, los 88 municipios del territorio deberán redactar sus respectivas ordenanzas municipales para concretar qué precio determinan a cada tipo de alojamiento dentro de la horquilla propuesta por la Diputación y si, según la situación de cada localidad, lo bonifican al 100%, lo recargan al 50% o lo dejan como está. Una ciudad como Donostia podrá llegar a pedir 9,75 euros por cliente y noche en un hotel de cinco estrellas, 8,25 euros en uno de cuatro estrellas, 5,25 en uno de tres o 9,75 euros en una vivienda turística. Es este último aspecto, el de las viviendas turísticas, el que más ha llamado la atención. La normativa de Gipuzkoa las ha equiparado a los hoteles de cinco estrellas bajo el argumento de que son colaboradores estrechos de la actual escasez de vivienda y en que los precios estén por las nubes. 

Tanto a nivel estatal como en Euskadi, se han estado impulsando en los últimos años programas para testear esta modalidad que, sino se desarrolla en un marco de política generalizada, puede generar más desigualdad. En 2022, la Comunitat Valenciana lanzó de manera pionera en el Estado español un proyecto piloto mensual en Valencia para testear la reducción de la jornada laboral a cuatro días. La iniciativa, que consistió en aplicar una rebaja del horario de trabajo a 32 horas semanales, afectó a unas 360.000 personas trabajadoras de la ciudad. Posteriormente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la fundación pública EOI, lanzó en 2023 una convocatoria para la mejora de la productividad en pymes industriales, a través de un ensayo de rebaja de la jornada laboral a cuatro días sin recortar el salario. Un total de 41 empresas - cuatro de ellas de la CAV - de 13 comunidades autónomas presentaron su solicitud para participar en el programa por una duración mínima de dos años, computable desde la concesión de la ayuda. En un primer momento, el presupuesto anunciado fue de 9,65 millones de euros, con un importe máximo de 200.000 euros y gastos subvencionables asumidos por la pyme solicitante durante el primer año del proyecto. De esta partida inicial, la EOI resolvió que cinco empresas fueran las beneficiarias en recibir los casi 530.000 euros destinados finalmente al piloto. La empresa Ingreen Innovación, única pyme vasca seleccionada para el programa, lleva desde el 1 de enero de 2023 implementando la reducción de la semana laboral sin recortar el salario. En un principio, la empresa lo hizo como iniciativa propia al margen del proyecto del Ministerio. No fue hasta septiembre de 2024 que empezaron con la convocatoria de Industria, que se prolongará hasta septiembre de 2026.

Las plantas de renovables, el tren de alta velocidad (TAV), las líneas de alta tensión, los «macrocentros» de datos, las plantas de bioetanol o la ampliación de polígonos industriales, canteras o el aeropuerto de Foronda. La manifestación que ayer recorrió el centro de Vitoria clamó contra una buena parte de los «macroproyectos» que sobrevuelan el territorio. Una marcha que contó con el apoyo de 77 juntas administrativas de Álava y más de 90 colectivos y agentes sociales. Un rechazo que se plasmó en multitud de pancartas e incluso ‘performances’. Así había lápidas con Labraza y Azazeta como inscripción que acompañaban tres personas vestidas de la muerte cargados con molinos. Y es que, aunque el rechazo de la marcha se extendió a multitud de iniciativas, las renovables –tanto eólica como fotovoltaica– protagonizaron las principales quejas de los cientos de asistentes.

El mercado empieza a dar señales de cambio hacia una etapa con subidas de precios más moderadas y menos operaciones de compraventa La accesibilidad a la vivienda es el gran reto del nuevo ciclo  Cuesta más vender, se tarda más en cerrar operaciones y organizaciones como Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, alertan de una caída de los certificados de fin de obra en la región. Pero hay además otros indicadores estadísticos que ya apuntan también en esa dirección: las compraventas, por ejemplo, acumularon en el primer trimestre del año un descenso del 2,6% en comparación con el año anterior, según publicó esta semana el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto al alquiler, las rentas retrocedieron en abril un 1,2% respecto al mes anterior y aunque subieron un 5,2% en su variación interanual, se trata del incremento más bajo de los últimos doce meses, de acuerdo con el portal inmobiliario Fotocasa. ¿Estamos, pues, ante el principio del fin del último boom inmobiliario? ¿Se puede hablar de cambio de ciclo? «Más que un cambio de ciclo, estamos entrando en una fase de moderación o desaceleración en el segmento residencial tradicional, donde el acceso a la financiación y la pérdida de capacidad adquisitiva están marcando un cierto techo social en algunas zonas», apunta José Antonio Muro, director general y vicepresidente de Grupo Tecnitasa. «Venimos de un periodo absolutamente excepcional en el que la vivienda prácticamente volaba. Se generalizaron fenómenos como las compras exprés o incluso compras sin visitar la casa. Los inmuebles salían al mercado y se vendían en menos de una semana con una fuerte competencia entre compradores. Ahora el ciclo cambia y saldremos de ese boom inmobiliario que duró un lustro», defiende María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

"El mercado inmobiliario ha llegado al punto de inflexión que se vislumbraba hace unos meses, en base a unas pocas conjeturas. La desaceleración del volumen de compraventas es una señal inequívoca del giro que se está produciendo. Tras registrar una desaceleración durante el segundo semestre del año pasado, el volumen de transacciones ha empezado a caer, con un -2,5% en el primer trimestre en términos interanuales y desestacionalizados por Funcas (la serie original apuntando en la misma dirección). Un resultado que solo puede atribuirse al frenazo de la demanda, y no a un descenso de la oferta: esta sigue expandiéndose gracias al tirón de la construcción. Lo que las cifras encubren es un cambio de expectativas, o el fin del factor FOMO, que se produce cuando los compradores aceleran su decisión de adquirir una vivienda por temor a que su precio se encarezca aún más en el futuro. Este síndrome opera de manera asimétrica sobre los vendedores, que anticipan precios más altos y, por tanto, perciben un cierto poder de mercado. Todo ello redunda en una burbuja de expectativas —que no de crédito— que podría estar desinflándose a medida que los precios alcanzan cotas que los alejan de los valores de equilibrio. Parece que ahora, en algunas de las zonas que más se han encarecido, los ofertantes ya no encuentran tan rápidamente compradores, salvo al conceder algún descuento. Prueba de ello, además de la contracción del volumen de compraventas, es que los plazos para realizar una operación se estarían alargando, según diversas plataformas..."

En un país donde, según el Banco de España, se necesitan 700.000 viviendas, se cuentan al menos 100.000 a medio hacer, abandonadas desde la crisis. Se encuentran en urbanizaciones fantasma, en manos de sociedades inmobiliarias, y son un problema para los ayuntamientos. Según un estudio del Ministerio de la Vivienda publicado en 2025, en España hay más de 100.000 viviendas repartidas en urbanizaciones fantasma del tamaño de la de Buniel. Un ejemplo: en el término municipal de Fortuna, en Murcia, más allá del polígono industrial, empezó a levantarse en 2005 un complejo denominado pomposamente Fortuna Hill Nature & Residential Golf Resort que iba a albergar casi 3.000 viviendas. En 2009 quebró la inmobiliaria que lo llevaba a cabo. Hoy es una ciudad vacía compuesta de hileras de adosados fantasmagóricos en medio de una paramera desértica: los habitantes parecen haber huido tras una catástrofe nuclear o una epidemia vírica. Olvidado lo del Hill Resort, la zona se conoce de nuevo por su nombre de siempre, Las Lamparillas. Otro ejemplo: en la cima de una loma del término municipal de Pego, en Alicante, sobresalen cerca de 1.000 viviendas vacías que también son herederas de la quiebra de Martinsa-Fadesa. Rodean lo que fue en su tiempo un piso piloto que, como el resto de la urbanización, ha sido minuciosamente desvalijado.

Casi cuatro de cada diez declaran al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que la situación actual de su hogar es peor que la de hace seis meses y el 68% de ellos se refiere al alza continuada de la inflación como la causa principal. Los gastos de la casa y de la alimentación se comen el 60% del presupuesto de las familias más vulnerables. Y pocas cosas, salvo la vivienda, se han disparado tanto como la cesta de la compra desde 2021. El precio de los alimentos se ha encarecido nada menos que el 37% en los últimos cinco años, según el INE. Y lo peor del caso es que no se atisba el final de la escalada. Más bien al contrario. La guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán va a repercutir en el coste de los víveres. El incremento de los precios de los combustibles y de los fertilizantes que está provocando el cierre del estrecho de Ormuz se trasladará a los tiques del supermercado. No hay duda. “Llevamos una ola de inflación alimentaria muy alta y prolongada desde la pandemia de la covid. Y ahora la crisis del golfo Pérsico la agrava, ya que los fertilizantes son pieza fundamental para los alimentos. Somos muy dependientes de ellos. Los cereales, los piensos, la carne… están muy afectados. Como también el transporte, vital para la cadena de frío, o el embalaje. Sin duda vamos a una mayor inflación”, mantiene José Luis Nueno, profesor de IESE Business School.

«Sería deseable que las entidades europeas tuvieran acceso para que todos pudieran prepararse». La frase pronunciada por el Banco de España no menciona a ninguna empresa, pero apunta a una inteligencia artificial (IA) fabricada en California (EE UU). Se llama Claude Mythos, la desarrolla Anthropic y, según sus creadores, ya ha encontrado miles de vulnerabilidades de alta gravedad en los principales sistemas operativos y navegadores del planeta. El interrogante que abre Mythos no es solo si Europa está preparada para una nueva generación de ciberataques, sino si controla las herramientas necesarias para defenderse de ellos. El continente ya depende de tecnología estadounidense para almacenar datos, ejecutar ‘software’ y operar buena parte de su nube. Con Mythos, esa dependencia puede subir un escalón: Europa podría necesitar tecnología ajena también para saber dónde están las grietas de su propia economía digital. «La dependencia de terceros puede generar una peligrosa pérdida de control sobre datos y servicios, porque una parte crítica del negocio queda condicionada por decisiones geopolíticas que no controlamos», advierte Josep Albors, director de investigación de ESET España. Anthropic abrió su modelo solo a una cuarentena de grandes compañías –Amazon, Microsoft o JP Morgan, entre otras– y, a petición de la Casa Blanca, frenó una distribución más amplia. Bancos, supervisores y administraciones europeas se han quedado fuera. Ahí nace la incomodidad: la capacidad de anticiparse queda repartida según criterios decididos fuera de Europa.

El cambio refleja una transformación profunda del negocio de las conocidas como ‘Big Four’. EY, PWC, KPMG y Deloitte ya no compiten solo por graduados en ADE, economía o derecho. También buscan ingenieros, matemáticos, perfiles STEM y especialistas capaces de convertir la inteligencia artificial en servicios, automatizaciones y sistemas de control para clientes. Un análisis de 685 vacantes publicadas por estas tres firmas en España muestra que la auditoría sigue teniendo más peso que la IA en términos agregados: 135 ofertas frente a 84. Los puestos vinculados a auditoría representan el 19,7% del total, mientras que los relacionados con inteligencia artificial suponen el 12,3%. Pero la distancia se estrecha en Madrid. En la capital, las ofertas relacionadas con IA ascienden a 54, frente a 47 vinculadas a auditoría. La diferencia no es enorme, pero sí simbólica: en la principal plaza laboral de las ‘Big Four’ en España, la inteligencia artificial ya no es un nicho. Es una categoría comparable, e incluso superior en volumen, a uno de los negocios históricos del sector. La fotografía nacional no muestra todavía un sorpasso generalizado de la IA sobre la auditoría, pero sí apunta a una transición clara. Precisamente el reparto por categorías confirma esa transformación. De las vacantes analizadas, 309 están relacionadas con consultoría, el 45,1% del total. La consultoría sigue siendo el gran bloque de contratación, pero dentro de ese universo la tecnología gana peso: IA, datos, automatización, cloud y ciberseguridad aparecen como competencias centrales.

El Gobierno ha entregado a la UDEF un expediente del rescate de Plus Ultra con «carpetas vacías de contenido», archivos que «no pueden ser abiertos», documentos citados por los asesores externos que «no figuran entre los aportados» y correos electrónicos limitados «únicamente al año 2025», pese a que la ayuda de 53 millones a la aerolínea se aprobó en 2021. Es una de las novedades más llamativas del informe 1907/26 UDEF-BBCA, uno de los dos atestados del ‘caso ZP’ que vio la luz ayer a última hora. El documento, elaborado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, no solo analiza la presunta red de influencias que la Policía sitúa alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que abre una grieta documental en el expediente administrativo que permitió salvar con dinero público a la compañía. Un desembolso millonario –insiste la Policía– en el que tuvo un papel clave la influencia del exdirigente socialista. La UDEF explica que requirió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), organismo público que gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, «toda la información relacionada con la ayuda pública temporal» concedida a Plus Ultra. La respuesta, según el informe, llegó incompleta. Algunas carpetas «se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación», con especial relevancia en las relativas a las «comisiones de seguimiento». Otros archivos, sobre todo los de «subsanación de errores», «no pueden ser abiertos». Y varios documentos referenciados en el expediente administrativo no aparecen entre el material remitido a los investigadores.

Este golpe no es como los demás. El caso Zapatero, que implica en una trama de presunto tráfico de influencias al expresidente con más peso electoral, simbólico y moral en la izquierda, va directo al corazón del PSOE y más allá, porque afecta a todo el progresismo español. En una semana de hundimiento absoluto de la moral de ese lado del país, un dirigente socialista resume así una sensación muy extendida por todo su partido y buena parte del progresismo, que insiste en creer en la inocencia de Zapatero, pero acusa un golpe que puede ser definitivo porque revienta un final de legislatura agónico tras tres años muy difíciles: “Primero nos dispararon a una pierna, luego a la otra, después a los brazos, ahora al corazón, que es Zapatero, y ya solo nos falta el tiro en la cabeza, que es Pedro Sánchez”. Se refiere a lo que sucede ahora con Zapatero pero también a los escándalos que afectan a los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE que han pasado por la cárcel. Esto último —en sentido de disparo político, figurado— no es una exageración.

Donald Trump anunció ayer desde el Despacho Oval que Estados Unidos está a punto de cerrar un principio de acuerdo con Irán tras semanas de guerra, bloqueo naval y negociaciones indirectas impulsadas por las monarquías del Golfo y varios aliados de Washington. El presidente norteamericano aseguró en un mensaje a través de su red social. Truth, que existe ya un «memorando de entendimiento para la paz» ampliamente negociado entre ambos países y una decena de naciones árabes y musulmanas, aunque aún se encuentra pendiente de los detalles finales. El pacto, de salir adelante tal y como está ahora planteado, supondría un punto de inflexión en la crisis desatada a nivel global a raíz del conflicto iraní ya que contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y gas mundiales. La declaración de Trump, que en las horas previas había jugado con la ambigüedad al asegurar que tan cerca estaba un acuerdo como la reanudación de los ataques contra territorio persa, llegó tras una jornada de llamadas con los principales líderes de Oriente Medio.