20251202

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La actividad en la zona euro sigue deparando más sinsabores que alegrías, fruto esencialmente del hondo bache por el que atraviesan su dos mayores economías: Alemania y Francia. El comercio se resiente del mal acuerdo arancelario sellado con Estados Unidos, lo que se plasma en la caída global de las exportaciones europeas (un 7,1% en el segundo trimestre y un 0,8% en el tercero) y en la progresiva mengua del superávit comercial del bloque comunitario, que ha pasado de un saldo positivo de 54.000 millones de euros en el primer trimestre de este año a poco más de 28.000 millones en el tercero. Y si el comercio de bienes sufre y se encoge por el nuevo y distorsionado escenario geopolítico y geoeconómico, también lo hace la industria del Viejo Continente por efecto de la caída de los nuevos pedidos, reflejo, a su vez, de “una renovada debilidad de la demanda”. Este deterioro del sector manufacturero de la zona euro queda patente en los índices PMI de noviembre, publicados ayer por S&P Global, que muestran la entrada en recesión de la industria del bloque de la moneda única lastrada por Alemania y Francia. En concreto, el indicador global retrocedió el mes pasado hasta los 49,6 puntos desde los 50 que marcaba en octubre, marcando su cota más baja en cinco meses, adentrándose en terreno de contracción y corroborando así los estragos que la incertidumbre internacional y el pulso comercial con EEUU, aun con el pacto sellado con la Administración Trump, están causando en las estructuras productivas de la eurozona. Aunque los vientos de debilidad empiezan a ser generalizados, el foco se concentra en Alemania y Francia, las dos mayores economías de la eurozona (entre ambas representan alrededor del 40% del PIB del bloque de la monedaúnica), ya que en el resto de países analizados sus industrias resisten ligeramente por encima de los 50 puntos que trazan la frontera entre el crecimiento (por encima de esa cota) y la contracción (por debajo de ella). Entre ellas, el sector manufacturero español, que sigue creciendo aunque pierde fuelle. 

Con las industrias de las dos mayores economías del euro gripadas, las fábricas de España y, en menor medida, de Italia, se erigieron en noviembre en “rayos de esperanza” para el sector manufacturero del bloque de la moneda única gracias al aumento de la entrada de nuevos pedidos, lo que sugiere que “la producción seguirá expandiéndose en estos países durante los próximos meses”, según el último informe de S&P Global sobre los índices PMI, correspondiente a noviembre. En el caso español, el PMI de su sector manufacturero se situó en 51,5 puntos, en terreno de expansión pero 6 décimas por debajo de los 52,1 registrados en octubre y su mínima de dos meses. Esto es, el sector manufacturero español resiste y sigue creciendo, pero a menor ritmo, con las empresas reacias a nuevas contrataciones y con bajadas de precios para espolear las ventas, lo que quiere decir que su crecimiento “se produjo en parte debido a una disminución de los márgenes de beneficios”. Menos boyante es la situación de las factorías italianas que, según S&P Global, “no muestran un impulso particular”, aunque “al menos están creciendo tras la contracción registrada en septiembre y el estancamiento de octubre”. Pese a la aparente resiliencia de España e Italia, cuarta y tercera economías del euro, respectivamente, su músculo es insuficiente para tirar del carro europeo. De hecho, para el economista jefe del Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, “el panorama actual de la zona euro es desalentador”, ya que el sector manufacturero no solo no logra salir del estancamiento, sino que, a través de sus dos economías más grandes, incluso ha entrado en contracción.

Arteche, la compañía vasca especializada en la fabricación de transformadores y equipamientos para redes eléctricas, se sentará en la mesa de los mayores, en lo que a los mercados se refiere. La empresa planteará este jueves en una junta extraordinaria de accionistas abandonar el mercado secundario, denominado como BME Growth, para pasar al continuo principal, el Ibex. Es decir, el parqué en el cotizan las grandes multinacionales. De esta forma se convertirá en la decimocuarta empresa vasca con presencia en la Bolsa junto a BBVA, Iberdrola, Vocento, Neinor, Faes Farma, CAF, Cie, Iberpapel, Vidrala, Tubacex, Tubos Reunidos, Dominion, Gestamp. El cambio, pendiente de la aprobación de los accionistas de la empresa vizcaína, supone un salto de trascendencia que evidencia el crecimiento exponencial que Arteche viene experimentando al calor de las inversiones que se están realizando en las redes eléctricas en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos y Australia, donde la compañía tiene una presencia importante. La compañía es una firma histórica de Euskadi, fundada por la familia Arteche en 1946 y con la sede en Mungia (Bizkaia). La familia tiene una participación de control en el accionariado, en el que destaca también el empresario, Dámaso Quintana, fundador de Haizea Wind. El Gobierno vasco tiene también un 6%. La empresa se ha revalorizado más de un 80% en el último año. 

Los trabajadores denuncian que sólo aceptarán el acuerdo de adquisición de la firma zumaiarra si se elimina cualquier fórmula que vincule los salarios a variables, y se garantiza así una estabilidad retributiva para toda la plantilla, según fuentes conocedoras de la negociación. Los trabajadores han mostrado su preocupación porque el acuerdo con el consorcio emiratí recoge algunas variables relacionadas con el futuro económico de Balenciaga que, en función de su cumplimiento o no, podrían acarrear rebajas salariales o un empeoramiento de las condiciones laborales, según pudo confirmar ayer este periódico. Un aspecto que para la fuerza laboral del astillero zumaiarra es una auténtica línea roja. Por eso, elaboraron ayer una contrapropuesta que quieren presentar esta misma semana a los nuevos propietarios de la compañía. El portavoz del comité, David Tejera, afirmó al mediodía que el único marco válido hasta ahora es el auto judicial que acompaña la operación y que incluye la oferta inicial de la empresa árabe. Tejera asegura que ese documento recoge «el mantenimiento del salario, las condiciones laborales y los puestos de trabajo». Pero las dudas surgieron a primera hora de ayer después de que el alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza (EH Bildu) expresara su temor a que no se garanticen las condiciones laborales pactadas. Algunos medios cifraron en hasta un 25% la merma salarial que podría implicar el incumplimiento de las citadas variables.

Después de 13 años con los acuerdos decaídos, los representantes de los más de 25.000 trabajadores que engloba el Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia se citarán mañana en la sede que el Centro de Relaciones Laborales (CRL) tiene en Bilbao con el objetivo de conformar una nueva mesa de negociación. En el encuentro está previsto que participen tanto Cebek como los sindicatos ELA, CC OO, LAB y UGT. ELA defendió ayer la necesidad de establecer una «negociación real» que permita superar estos años de bloqueo que se han traducido en muchos casos en «salarios congelados» y «un deterioro de las condiciones laborales». «Además, las personas trabajadoras han visto cómo la estatalización ha llegado mediante convenios que empeoran las condiciones laborales de las plantillas», advirtieron. El encuentro, que partirá de una contabilización de los porcentajes de representación que suman actualmente los diferentes sindicatos, quiere retomar un debate que se encontró en una nueva vía muerta el pasado mes de septiembre, en otro encuentro celebrado en el CRL durante el que la patronal advirtió que la mesa que estaba formada ya había quedado legalmente «extinta» por inactividad.

El coche eléctrico sigue absorbiendo cuota de mercado en el País Vasco, pero lo hace en un momento en el que las ayudas, gran impulsor de esta demanda, podrían estar en riesgo. En lo que va de año se han matriculado en Euskadi 27.283 turismos –un 19,2% más que el año pasado– de los que 6.278 (un 23% del total) fueron posibles perceptores del plan Moves III, unas prestaciones que engloban tanto a eléctricos puros como a híbridos que se pueden recargar en la red. Se trata de una cifra que representa un aumento de más del 133% respecto al año pasado. Sin embargo, cerca de 3.000 vascos que han solicitado estas prestaciones todavía no saben si llegarán a recibirlas. Y es que, según datos del EVE, hasta el 6 de octubre, cuando se agotaron las ayudas, se habían abonado ya cerca de 1.600 solicitudes, si bien este organismo ha recibido hasta el momento casi 4.900 peticiones. Ahora la esperanza está puesta en el Plan España Auto 2030 que Pedro Sánchez dará a conocer mañana, y que podría traducirse en una reformulación del sistema de subvenciones. De ser así, el Gobierno central asumiría la gestión integral de todo el proceso, en lugar del actual sistema fragmentado por comunidades. Por el momento preocupa la larga lista de espera que acumula el Plan Moves III, que ofrece una ayuda de hasta 7.000 euros para la compra de un vehículo enchufable.

Las haciendas vascas se preparan para dar un nuevo salto en el control de todas las transacciones económicas que ocurren en el territorio y así reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Lo harán gracias a la información mensual sobre los cobros electrónicos que reciben las empresas y los autónomos a través de Bizum, tarjetas y otros sistemas de pago. Unos datos que permitirán contrastar los ingresos declarados con los realmente recibidos. La medida se enmarca en el proceso de adaptación de las haciendas al auge de los pagos digitales, que exigen mecanismos de control cada vez más sofisticados para evitar la proliferación de la economía sumergida. La futura norma foral es, en cualquier caso, una transposición de la regulación estatal, que obligará a las entidades bancarias a informar mensualmente a la Administración de todos los cobros, independientemente de la cantidad. Esta nueva regulación supone un importante cambio de paradigma respecto al sistema vigente hasta ahora, que solo obligaba a las entidades bancarias a comunicar de forma anual los pagos con tarjeta cuando se superaban los 3.000 euros al año. Ese umbral desaparece. La normativa que preparan las tres diputaciones forales exigirá a las entidades financieras remitir información mensual del importe facturado, «distinguiendo entre los cobros con tarjeta y los pagos vinculados a un número de teléfono móvil», según precisan fuentes de la Diputación foral de Bizkaia. La declaración incluirá también el número de operaciones, la identificación de los negocios, los medios de cobro utilizados y las cuentas de destino de los ingresos. En España se realizan cada día cerca de tres millones de operaciones por Bizum.

Euskadi se enfrenta ya a un problema que sufren también el resto de economías europeas. El envejecimiento y la crisis de natalidad van a acentuar en las próximas décadas las consecuencias de la falta de relevo generacional. Los expertos proclaman la necesidad de acometer reformas en varios sentidos. No solo a corto plazo, con la entrada de trabajadores desde otras geografías para profesiones esencialmente vinculadas al sector servicios, sino también a largo plazo, con otro tipo de medidas que pasan por definir a Euskadi como un territorio atractivo para desarrollar una carrera laboral unida a sectores de alto valor añadido, que son los que van a marcar el desarrollo económico en toda Europa. El ‘Informe de Competitividad del País Vasco 2025’, presentado la semana pasada por el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, ha detallado algunas de las claves acerca de esta última idea. El documento elaborado por el centro adscrito a la Universidad de Deusto recoge que los cambios propiciados por las transiciones demográfica, digital y medioambiental “están generando demanda de nuevos tipos de capacidades y conocimiento en el tejido industrial que no siempre se está cubriendo”. En concreto, aquí aparecen profesiones vinculadas a sectores tecnológicos, pero también las relacionadas con los campos de las energías renovables, la economía del dato y las ciencias biosanitarias.

Sólo la mitad de los inmigrantes que se incorporan al mercado laboral lo hacen en sectores y ocupaciones en los que se están jubilando de forma masiva trabajadores españoles y para los que hace falta un relevo, mientras que el 50% restante lo hace en nuevas ocupaciones y no suponen una solución para la falta de jóvenes a los que ceder el testigo. Es una de las conclusiones del Observatorio Trimestral del Mercado Laboral, presentado ayer por Fedea y BBVA Research, en el que por primera vez se aborda el impacto de la inmigración en los sectores con una población ocupada envejecida y que se enfrentarán en los próximos años a jubilaciones generalizadas. El estudio concluye que sólo la mitad de los inmigrantes suponen un alivio para la necesidad de relevo generacional en el país, un problema que se ve agravado por el hecho de que los jóvenes nativos no se colocan tampoco en esos puestos. El desajuste es especialmente preocupante en las comunidades autónomas más envejecidas, como el Principado de Asturias, explica Florentino Felgueroso, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo e investigador asociado de Fedea, quien señala que allí «no están relevando a los jubilados ni los inmigrantes ni menos aún los jóvenes españoles. Se crean empleos de otro tipo, pero no se está sustituyendo a los que se jubilan».

El PNV se recupera y EH Bildu se estanca. Esa es, al menos, la fotografía que arroja la última oleada del Sociómetro vasco. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Euskadi, el nuevo Parlamento de Vitoria no diferiría radicalmente del actual, pero los jeltzales lograrían afianzar su hegemonía sobre la coalición soberanista, con 29 escaños, dos más de los que obtuvieron en los comicios de abril de 2024, frente a los 27 de EH Bildu, que mantendría así los mismos representantes que ahora tiene y frenaría la tendencia al alza que señalaban las últimas encuestas. De hecho, en el sondeo del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco hecho público en junio, las dos formaciones abertzales empataban a 28 parlamentarios. El impulso que toma el partido jeltzale es la novedad más destacada del Sociómetro, que apunta que los peneuvistas, con un porcentaje de voto del 36,3%, mejorarían en 1,1 puntos su resultado de 2024 y mantendrían su tendencia alcista, frente a la formación de Arnaldo Otegi, que perdería ocho décimas respecto a 2024 y no lograría apenas crecer en estos últimos seis meses. En todo caso, el nacionalismo vasco seguiría afianzando su dominio abrumador y acaparando la mayor porción de la ‘tarta’ vasca: de los 75 parlamentarios, 56 serían ya de ‘obediencia’ abertzale, frente a los 54 actuales. De nuevo, si PNV y Bildu no pactan entre ellos y miran a los socialistas vascos para formar gobiernos, la mayoría absoluta estaría garantizada con cualquiera de las dos fórmulas.

La escalada verbal entre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, continúa, en un momento en el que la debilidad del Ejecutivo se hace latente, y a la imposibilidad de sacar adelante reformas de calado se suma el creciente clima preelectoral. Esta vez, la brecha entre la titular de Trabajo y líder de la principal patronal española se produjo la semana pasada cuando el Ministerio decidió romper la mesa de negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al acusar a CEOE y Cepyme de forzar una dilación de las conversaciones, después de veinte meses de reuniones. En este sentido, tras las duras declaraciones de Yolanda Díaz acusando a Garamendi de “burlarse” de los trabajadores y de ser “negacionista” en relación con el cambio climático y la salud mental, el presidente de CEOE acusó a la vicepresidenta de no estar a la altura del cargo que ostenta: “Demuestra que no está a la altura del puesto que tiene”. En lo que advierte de que “cuando alguien utiliza un ministerio para hacer campaña política, se equivoca”. “Me parece una ligereza hablar de ese tema”, expresó Garamendi, quien también lamentó que, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se utilice el dolor y la tragedia de los fallecimientos para hacer campaña política. “En estos momentos también, desde el punto de vista de lo que es la prevención de riesgos laborales, jugar con los fallecimientos, con los muertos para hacer campaña a costa de terceros, me parece una barbaridad”. 

La principal organización que intentó apartar a Antonio Garamendi de la presidencia de CEOE en las últimas elecciones, descarta repetir la operación y le brinda ahora apoyo claro para su reelección en 2026. Foment del Traball, la patronal catalana que figura entre los fundadores de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha decidido que es momento de unidad frente a la política económica del Gobierno de coalición y descarta participar en candidaturas alternativas para evitar una nueva renovación de Garamendi. Así lo confirma a este diario el propio presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. «Nuestra alianza con su actual presidente es a medio y largo plazo. Si Garamendi presenta candidatura, por descontado que lo vamos a apoyar», responde este vicepresidente catalán de CEOE a El Mundo ante los primeros movimientos que se están produciendo de cara a las elecciones del próximo año. No tendrán lugar hasta noviembre de 2026, pero diversos dirigentes de CEOE consultados señalan que ya existen contactos informales sobre si puede surgir alguna candidatura rival del actual presidente. Sánchez Llibre descarta que vaya a implicarse en ellas. El propio Garamendi, de 67 años, aún no ha oficializado su candidatura, pero en CEOE se da por hecho que se presentará tras haber modificado los estatutos de modo que le permitan un tercer mandato.

Telefónica presentó ayer a los sindicatos su primera propuesta de condiciones para el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), en la que propone que 5.040 de las 6.088 bajas previstas sean cubiertas con prejubilaciones a partir de los 55 años, es decir, el 82% del total. El resto sería cubierto con bajas voluntarias, lo que abre la puerta a que, si no se completa el cupo de las prejubilaciones, se puedan aplicar despidos forzosos. Así se lo trasladó la dirección de la compañía a los representantes de los trabajadores en las mesas de negociación de los ERE que afectarán a las tres filiales englobadas en el convenio de empresas vinculadas (CEV): Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. La compañía plantea articular el plan preferentemente mediante prejubilaciones, replicando las condiciones económicas del ERE aplicado en 2024 salvo en la prima de voluntariedad, que, en esta oferta inicial, ha sido eliminada, según un comunicado de Sumados-Fetico. La propuesta recoge los siguientes tramos de renta: para los nacidos en 1969, 1970 y 1971, el 68% del salario hasta los 63 años y el 38% entre los 63 y los 65; entre 1965 y 1968, el 62% hasta los 63 años y el 34% entre los 63 y los 65; nacidos en 1964 y anteriores, el 52% hasta los 63 años y el 34% entre los 63 y los 65. Además, incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica, aportación extraordinaria al plan de pensiones, cobertura de ATAM (sistema de protección social de Telefónica) y del coste de cotizaciones durante el desempleo. Tras la reunión mantenida con Telefónica, los tres sindicatos con representación en la compañía, UGT, CC OO y Sumados-Fetico, manifestaron conjuntamente su completo desacuerdo con la propuesta inicial presentada por la compañía para la reestructuración de empleo.

Los precios de la vivienda continúan su imparable escalada, a un ritmo ya cercano al 20%, impulsados por una oferta cada vez más limitada y el sostenido crecimiento de la demanda por la llegada de más inmigrantes y la creación de nuevos hogares, muchos de ellos de tamaño reducido. En concreto, el coste de comprar una vivienda en España creció un 18,8% en noviembre, según los datos del portal inmobiliario Fotocasa, en los que se muestra, además, que este incremento es el más alto en las últimas dos décadas, superando el 18% registrado en octubre. En el último año, el precio medio ha pasado de 2.380 euros por metro cuadrado a 2.828, lo que resulta en un aumento de más de 35.800 euros para comprar un piso de 80 metros cuadrados en el país, hasta superar los 226.200 euros de media. Para María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, “el precio de la vivienda está creciendo a un ritmo inédito, impulsado por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que hoy es más severo que nunca, ya que la demanda cuadruplica la oferta. Aunque en el conjunto de España los precios se mantienen aún ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-4,2%), en las ciudades más dinámicas ese techo ya ha sido superado con claridad”. Son los casos de Madrid y Barcelona, pero también de otras capitales de provincia que en los últimos meses han alcanzado su anterior máximo histórico.

Ayer, los países de la Unión Europea pusieron sobre la mesa sus reclamaciones en esta materia durante la celebración del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, que reunió a los ministros de Vivienda. En Bruselas, los representantes políticos solicitaron fondos y financiación europea para atajar esta crisis común además de abordar la falta de oferta incentivando la construcción al tiempo que se preservan los criterios ambientales y de inclusión. La ampliación del parque de vivienda social y asequible y la intervención en el mercado son dos de los elementos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abanderado en Bruselas a la hora de presionar por un plan que ataje la actual crisis comunitaria. Pero si bien España ha sido uno de los principales impulsores de este debate, también han surgido propuestas menos intervencionistas en las que no se habla de topes a los alquileres y los precios ni de expulsar a los inversores que no adquieran inmuebles para su uso como primera vivienda. Estas apuestan sobre todo por reducir de forma sustancial la carga burocrática y regulatoria que asumen los constructores para, con ello, agilizar los procesos necesarios para aumentar la oferta de viviendas disponibles para la compra. Los Estados miembros, salvo Hungría, han encontrado consenso para solicitar que se tomen medidas a nivel europeo en términos de financiación, construcción, inclusión social y medio ambiente. Sin embargo, las herramientas con las que quieren abordarlo son muy diferentes y generarán un debate más largo y encendido una vez que la Comisión Europea presente sus propuestas legislativas. 

El crecimiento de más del 11% que registró el crédito al consumo se mueve en niveles nunca vistos de 113.047 millones de euros. Esa subida es la mayor desde febrero de 2020, cuando este segmento también se movía con rapidez coincidiendo con la crisis sanitaria. Es más, este octubre de 2025 ha sido el segundo mes consecutivo con crecimiento a doble dígito en este tipo de préstamos, tras el repunte del 10% experimentado en septiembre. Y hay que remontarse a 2008 para encontrar cifras similares en términos de saldo –en todo caso, por debajo de los 110.000 millones–, cuando los bancos eran más laxos a la hora de abrir el grifo de estos préstamos que las familias suelen usar para financiar la compra de bienes y servicios que no son una vivienda. Por ejemplo, un coche, un electrodoméstico, o para pagar gastos de viajes, estudios o imprevistos. Además de ese mayor gasto en consumo –muy ligado a la mejora de las rentas y a la resistencia del mercado laboral– la expansión de la financiación bancaria también se apoya en el crecimiento de las hipotecas, en pleno ciclo expansivo que ha despertado incluso las alarmas del Banco de España, que ya estudia si sería posible imponer límites a la concesión de estos préstamos, como ocurre en otros países.

Menos de un mes antes de la siempre temida cuesta de enero, los sectores que operan algunos de los servicios básicos a la ciudadanía ya están anticipando que habrá nuevos incrementos en los suministros básicos que pagan los consumidores a partir de 2026. De hecho, tanto empresas como reguladores o Administraciones han venido advirtiendo en las últimas semanas y meses de que desde el próximo 1 de enero habrá actualizaciones de tarifas en servicios como internet, teléfono, luz, agua, tasa de basuras, televisión de pago o billetes de avión. En la última semana, las tres grandes operadoras de telecomunicacaciones, Orange, Telefónica y Vodafone, han advertido que sus distintos paquetes de telefonía, internet y televisión subirán alrededor de un 4%, cifra por encima de la inflación. Las compañías justifican dichas subidas principalmente por el incremento de costes operativos, sobre todo en lo que tiene que ver con el encarecimiento de los servicios que les dan las plataformas audiovisuales y el gasto en derechos de retransmisión como el fútbol. También las principales compañías eléctricas han dejado entrever subidas de precios en la tarifa de la luz. Tanto Iberdrola como Endesa advirtieron de que sus comercializadoras estaban asumiendo este año un impacto vinculado al apagón de unos 360 millones de euros. Otras empresas acusan subidas de en torno al 7% por esta causa. 

Tras un año de pruebas, el Banco Central Europeo (BCE) ha logrado aplicar con éxito en su operativa habitual herramientas derivadas de la inteligencia artificial (IA) para potenciar la rama más compleja de su actividad: la supervisión de las entidades bancarias de la zona euro. La institución presidida por Christine Lagarde se sube a la ola de la revolución tecnológica, pero lo hace con la gran advertencia de que las decisiones deben seguir tomándolas en todo momento las personas. Con la inteligencia artificial, buscará apoyar el trabajo realizado al tiempo que se gestionan los nuevos riesgos. “El futuro de la supervisión no serán máquinas supervisando bancos. Serán humanos supervisando de forma más eficaz, con el apoyo de máquinas, y con más tiempo para participar donde aportamos más valor”, explica Pedro Machado, miembro del Comité de Supervisión Bancaria del BCE. Los equipos supervisores empezaron a investigar y experimentar herramientas de IA en 2024 bajo la nueva División de Tecnología e Innovación que el banco central había puesto en marcha cuatro años antes. Aunque sigue investigando para ver en qué áreas puede sacar más partido a la IA, el supervisor ha detallado diferentes usos que ya está aprovechando.

Jarro de agua fría a los planes de los hermanos Escribano en Indra. La fusión de la cotizada española y EM&E –la empresa de Ángel, presidente del gigante español en defensa, y Javier, consejero de la misma– no se cerrará en 2025, sino que se irá al primer trimestre o, incluso, a la primavera del próximo ejercicio. El plan inicial de la cúpula directiva de Indra era, según ha podido saber este periódico, cerrar el proceso empresarial antes de finales de año. «Los equipos están trabajando y quedan por ajustar ciertos detalles, como el precio de canje, pero todo va marcado», explicaban a mediados del mes de octubre. Incluso desde la propia Escribano eran optimistas: «Se cerrará antes de finales de año», decían sin titubear. Los cálculos apuntaban a la última semana del ejercicio, pero finalmente se irá a 2026, según adelantó El Confidencial y pudo confirmar este periódico. «Todos se muestran cautelosos», apuntan miembros del consejo de Indra. La ralentización se produjo el pasado miércoles, en el último consejo celebrado hasta la fecha. En él se habló de la operación. «Es un tema recurrente», confirman. Sin embargo, todo ha cambiado, aunque para los implicados «nada cambia». «Nunca hemos marcado plazos», aseguran fuentes conocedoras de la operación.

España no a va pedir finalmente todos los créditos que tiene asignados del plan de recuperación de la Unión Europea. La petición final ascenderá a una cantidad que ronda los 22.000 millones de euros en lugar de lo algo más de 83.000 millones que tiene atribuidos, es decir, un 25% del total. Así lo aseguran a este periódico varias fuentes de la UE conocedoras de la última revisión de la parte del fondo de recuperación que está preparando el Gobierno y negociando con Bruselas para encarar la recta final de un plan que tiene que estar rematado entre finales del próximo agosto y el 31 de diciembre de 2026. España, primer país en recepción de subvenciones europeas de este fondo y segundo en préstamos, después de Italia, no renuncia, eso sí, a un solo euro de las subvenciones no reembolsables concedidas, 79.854 millones de euros. “El Gobierno está ultimando una nueva adenda al plan de recuperación que se aprobará próximamente en Consejo de Ministros”, apuntan fuentes gubernamentales consultadas sobre esta decisión. Esto quiere decir que las cifras finales pueden variar, aunque tampoco se pueden esperar grandes cambios cuando el Ejecutivo español ya le ha comunicado al comunitario sus intenciones.

El fabricante aeronáutico europeo Airbus bajó ayer un 5,8% en Bolsa tras los problemas en su modelo A320, la aeronave comercial más vendida del mundo, comunicados en los últimos días. El viernes, Airbus avisó de posibles fallos en el software de control de vuelo del A320, causados por la intensa radicación solar, que obligaron a las aerolíneas a actuar con rapidez el fin de semana para actualizar el software y poder retomar los vuelos. El problema afectó a unos 6.000 aviones y, aunque la mayoría de las aerolíneas que usan la familia A320 pudo operar con bastante normalidad durante el fin de semana, algunas compañías como la colombiana Avianca o la japonesa ANA sí sufrieron incidencias. Avianca indicó el domingo que más del 70% de su flota está afectada por el problema y ha suspendido la venta de billetes hasta el 5 de diciembre, mientras que ANA señaló que había cancelado o retrasado un “número significativo” de vuelos domésticos durante el fin de semana tras completar el domingo la actualización del software. Airbus explicó ayer que ya se habían realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones A320 potencialmente afectados por el problema en los controles de vuelo.

«Siguen desplomándose». Los analistas que cubren el minuto y resultado de las materias primas estratégicas arrancan diciembre con expectación. Por primera vez en 20 meses, la posición especulativa del TTF holandés, el índice de referencia del precio del gas en Europa, se invirtió a corto en noviembre. Es decir, los fondos de inversión que ganan dinero pronosticando el precio del combustible a futuro están apostando por su caída. Estos inversores basan su estrategia en las temperaturas suaves de este invierno y en las recientes filtraciones sobre un pacto de paz para Ucrania. Los analistas, por contra, no lo tienen tan claro. Aunque un clima benevolente limitó la extracción de gas de los almacenamientos de los países europeos al comienzo de la temporada de calefacción, en la segunda quincena de noviembre, las primeras olas de frío polar provocaron una reducción significativa de las reservas. El frío ha vuelto a moderarse en diciembre, pero las reservas de gas la UE están al 76,5% de su capacidad.

La carrera por los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en Europa ha adquirido tintes frenéticos. La UE busca formalizar de manera inminente la base legal para transformar la mayoría de ese dinero –140.000 millones– en un crédito de ayuda para Ucrania. Quiere cerrar el asunto este mismo mes y que no se adelante Donald Trump, quien a su vez aspira a convertir ese fondo en inversiones a favor de contratistas estadounidenses para reconstruir la exrepública devastada por la guerra, así como en proyectos conjuntos con Rusia que den «prosperidad» a los dos países del Este. En medio está Bélgica, donde se hallan depositados 185.000 millones de esos activos. Su primer ministro es la piedra en el zapato de la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen. El líder nacionalista Bart De Wever cree que el traspaso de ese dinero puede dinamitar el plan de paz, crear «riesgos sistémicos para la UE como mercado financiero» y, sobre todo, dejar a los belgas solos ante la cólera de Vladímir Putin. El presidente ruso ya ha advertido que tomará represalias contra el Estado que le «robe» fondos y De Wever se pregunta si la UE echará una mano a su país en caso de que Moscú presente una demanda multimillonaria contra Bruselas. Nadie conoce con exactitud los fondos rusos repartidos en el exterior. Luxemburgo, Alemania, Francia, el Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia figuran como depositarios, pero casi todos sus gobiernos ocultan la cantidad u ofrecen cifras dispares según requiere el momento, Y ese secretismo también exaspera a De Wever y deja a su país solo ante el problema, puesto que el único monto que se conoce con exactitud (y del que quiere tirar la UE) es el belga, en manos de la entidad de custodia de valores Euroclear. La ocultación o, simplemente, la amplia y notoria falta de control sobre las reservas rusas por parte de algunos gobiernos dificulta un cálculo exacto.

Los últimos glaciares que resisten en España, todos en los Pirineos, han sufrido un año aciago. Los científicos están sorprendidos por la velocidad de la agonía y calculan que desaparecerán por completo en menos de una década. El glaciar del Aneto, el más grande de España, está partido en tres con enormes pérdidas de hielo: un metro de media, aunque hay zonas que han registrado hasta máximos de cuatro metros. Aunque es la crónica de una muerte anunciada, los científicos están sorprendidos de lo rápido que va a llegar el final. Los últimos glaciares de España, situados en los Pirineos, acaban de sufrir uno de los peores años de retroceso desde que hay registros y avanzan muy rápido hacia la desaparición total, que puede llegar en menos de una década. Destaca en especial la situación del glaciar del Aneto, el más grande de España, que se ha fragmentado en dos. Esta temporada (2024-2025) se han registrado pérdidas generalizadas medias de más de un metro de espesor, aunque en varios casos la pérdida es casi comparable a la altura de una casa de tres plantas. Son muy destacadas para tan solo un año, apuntan miembros del grupo Cryopyr, que monitoriza los últimos glaciares españoles. El grupo publicó ayer sus últimos datos.