20260301

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Medios estatales de Irán han asegurado esta madrugada que en el ataque contra la residencia del Líder Supremo, Alí Jamenei, también han muerto varios miembros de su familia. En concreto, hablan de una hija, un nieto, su yerno y una nuera. El régimen iraní ha confirmado esta madrugada la muerte de su Líder Supremo, Alí Jamenei, en los ataques aéreos ejecutados ayer por Estados Unidos e Israel. La noticia la ha hecho pública la radiotelevisión estatal, con la importancia que ello tiene. Horas antes, tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu habían asegurado que la máxima figura religiosa y política del país había sido liquidada. Las especulaciones de Estados Unidos e Israel tenían bastante credibilidad ya que circulaban imágenes satelitales y vídeos sobre el estado de la que era la residencia de Jamenei tras los bombardeos. Los misiles habían devastado la construcción. La muerte del Líder Supremo abre ahora un periodo de incertidumbre en Irán. Jamenei había dejado todo dispuesto para que la dictadura teocrática continuara en el país, donde el descontento en los últimos tiempos era muy grande por parte de la población. Hace solo unas semanas se habían registrado grandes manifestaciones por la crisis económica y la represión ejercida por la Guardia Revolucionaria, la organización que sostiene por la fuerza a la cúpula de clérigos. Donald Trump hizo un llamamiento ayer a que los iraníes se levanten y depongan al Gobierno porque tienen «una oportunidad única en generaciones» para llevarlo a cabo.

Tenía 86 años. Sus seguidores llorarán la desaparición del hombre que mantuvo la llama de la revolución que en 1979 acabó con la monarquía y transformó el país en una República Islámica. Para la mayoría de los iraníes, desaparece un dictador que no tuvo empacho en dar la orden de disparar cada vez que salieron a la calle pidiendo mayores libertades o denunciando penurias económicas, y a cuyo empeño nuclear responsabilizan del aislamiento internacional y de los bombardeos de EE UU e Israel. Quien le sustituya nunca alcanzará el mismo poder, dado el peso que durante su mandato han adquirido los militares de la Guardia Revolucionaria y la pérdida de legitimidad que ha experimentado el régimen islamista. El viejo lema antimonárquico “marg bar diktator” (muerte al dictador) que los iraníes rescataron en 2009 (cuando se manifestaron contra el pucherazo electoral) y han repetido en cada protesta desde entonces, refleja no solo la polarización del país, sino el fracaso del máximo dirigente para tender puentes. A partir de entonces quedó en agua de borrajas la idea del líder supremo como árbitro entre las facciones que desde el nacimiento de la República Islámica competían por el control del Estado. Jameneí se alineó con los sectores más conservadores ante el riesgo de que dejar paso a los reformistas diera al traste con un sistema cuya estructura aparentemente democrática (elecciones, Parlamento) estuvo constreñida por la supremacía de instituciones no electas como la del propio líder. La creciente represión durante sus 37 años en el poder — era el autócrata más longevo de Oriente Próximo— ha dejado una oposición diezmada y con escasas posibilidades de plantear una alternativa viable en lo inmediato.

Los analistas prevén súbitas alzas de precios del petróleo y el gas a partir de mañana. Los precios del petróleo se cerraron al alza el viernes en previsión del ataque de Estados Unidos sobre Irán que, horas después, se produjo. El precio del barril de Brent subió un 2,45%, hasta los 72,48 dólares. Buena parte del crudo mundial pasa por el estrecho de Ormuz.  A primera hora de la tarde de ayer, la Guardia Revolucionaria iraní informó a las principales navieras de que quedaba prohibido el paso de buques por el estrecho de Ormuz. De inmediato, grandes empresas internacionales anunciaron que suspenden su actividad en esa zona. El tránsito internacional de los hidrocarburos se asoma al abismo, a la espera de que los mercados abran sus sesiones y los precios puedan dispararse. El estrecho tiene a Irán al norte y a los Emiratos Árabes Unidos y Omán al sur. Conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Para la mayoría de los países productores de la región es su única ruta marítima. Los petroleros transportaron cerca de 16,7 millones de barriles diarios de crudo en 2025. Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irán recurren a Ormuz para sus cargamentos, la mayoría con destino a Asia, especialmente a China. Además, casi una quinta parte del suministro de gas natural licuado pasa esta vía. Con 161 kilómetros de largo y 34 de ancho, es un punto muy vulnerable. Las rutas apenas tienen 3 kilómetros viables entre las dos orillas. Su escasa profundidad hace que los barcos sean vulnerables a las minas y la proximidad del estrecho a la costa iraní facilita los ataques. Teherán podría intervenir con patrulleras o lanzar misiles y drones. También puede sembrar el paso con minas, a riesgo de que destruyan sus propios buques. Si el estrecho queda cerrado, países productores como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak tendrían como alternativa distintos oleoductos, aunque se vería muy afectada su capacidad exportadora. Irán también depende de Ormuz para distribuir su crudo, esencial para sostener la ya debilitada economía del régimen.

La baja natalidad, el envejecimiento de la población y las jubilaciones masivas que se avecinan han convertido el reto demográfico en uno de los problemas más acuciantes de Euskadi de cara al futuro. Una cuestión sobre la que, en los últimos tiempos, han puesto el foco diversos agentes como el Gobierno vasco, Confebask, clústeres industriales, universidades, diputaciones forales o el Instituto Vasco de la Competitividad (Orkestra). Todas estas instituciones coinciden en que atraer estudiantes extranjeros no es solamente ya una cuestión de internacionalización educativa, sino una necesidad para poder cubrir vacantes y sobrevivir cuando el invierno demográfico deje tras de sí sus peores coletazos. Si la atracción de talento se ha convertido en algo vital para las empresas vascas, ésta es una de las mejores vías para ello. Y es que a raíz del nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor en mayo, las autorizaciones de estancia por estudios –permisos para ciudadanos no comunitarios que permiten residir más de 90 días para cursar estudios, investigaciones, formación o prácticas en centros autorizados– se han convertido en una de las fórmulas más eficientes para dar una salida laboral a los estudiantes foráneos. En este escenario, los datos muestran con crudeza que Euskadi se queda atrás a la hora de atraer alumnos. Según las estadísticas del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), en 2024 se autorizó mediante esta vía la estancia de 2.108 estudiantes, lo que supone un incremento del 40% respecto a los registros de 2014. Si bien parece un avance considerable, que lo es, lo cierto es que Euskadi sale perdiendo por un amplio margen frente a otras comunidades autónomas. En este periodo, las autorizaciones han crecido un 93% en España, con autonomías que han dado un importante salto como la Comunidad Valenciana (202,3%), Cantabria (200,7%), Murcia (147,5%), Castilla La Mancha (147%) o Andalucía (128,1%). Mientras, Madrid (99,9%) y Cataluña (75,4%) siguen exhibiendo su atractivo. Más preocupante es el análisis que deja Euskadi, cuyo avance solo supera al registrado en Extremadura (35,2%), Canarias (34,9%) y Asturias (29,2%). Para Guillermo Dorronsoro, profesor de la Deusto Business School, la solución pasa por «diseñar una estrategia unificada» entre Gobierno vasco, universidades y FP y «competir con una marca unificada», ya que «no tiene sentido ir a competir internacionalmente con siete u ocho marcas cuando los demás lo hacen con una sola».

Cinco mil vascos, 1.500 de ellos guipuzcoanos, en su mayoría abogados y procuradores, pero también arquitectos, químicos, gestores e ingenieros, se encuentran afectados por un problema que amenaza con traducirse en pensiones de 400 a 600 euros mensuales tras carreras de más de 30 o incluso 40 años de ejercicio. La cifra de perjudicados forma parte de un colectivo que en el conjunto del Estado ronda las 100.000 personas. Estos profesionales liberales reclaman al Gobierno central una pasarela o ventana voluntaria al régimen de autónomos que permita computar los años aportados en la mutualidad y acceder, como mínimo, a la pensión contributiva básica, actualmente en torno a los 980 euros al mes en 14 pagas y sujeta a revalorización. Por eso salieron a la calle el viernes pasado en las tres capitales vascas –y en muchas ciudades de España– y pretenden seguir haciéndolo para defender sus derechos. El origen del conflicto está en el sistema de mutualidades profesionales que, hasta 1996, era obligatorio para ejercer en el caso de la abogacía. «Antes del 96 no había opción: era mutualidad sí o sí», explica la abogada Beatriz Alzugaray, que atiende a DV junto a la letrada Irune Egizabal. A diferencia del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), estas mutualidades ofrecían coberturas mucho más limitadas. «Cotizábamos por jubilación, muerte y viudedad. Nada más», resume con dolor en la mirada. No se incluían prestaciones hoy habituales en el RETA, como incapacidad temporal en términos equiparables, cese de actividad o determinadas coberturas familiares. Además, las aportaciones no eran libres: la propia mutualidad fijaba una escala en función de la edad de incorporación a la profesión y los años previstos hasta la jubilación.

La decisión del Rectorado de la UPV/EHU de cerrar el campus de Álava el pasado lunes con motivo de la celebración de un acto de Vox ha supuesto un antes y un después en la historia reciente de la Universidad pública vasca. No ya por la decisión en sí –que fue criticada por el Gobierno vasco, sindicatos y parte de la comunidad educativa–, sino por la reacción que provocaron los argumentos que esgrimió el rector para justificarla. Habló Joxerramon Bengoetxea de medidas «preventivas» para «garantizar la seguridad» de la comunidad universitaria y –aquí viene el matiz más relevante– «crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan los principios de la Universidad». Esa frase ha abierto definitivamente la caja de Pandora y destapado el «profundo malestar» que permanecía latente entre parte de la comunidad universitaria, «cansados» de la situación que tienen que soportar en su día a día, que se traduce en una «presión inaceptable» por parte de sindicatos de estudiantes que manifiestan «actitudes totalitarias» ante la «inacción y pasividad» del Rectorado. «La postura del rector nos pareció una tomadura de pelo. Con todo lo que está pasando aquí, de repente, por primera vez en la historia de esta Universidad, decide cerrar un campus para evitar los problemas de violencia que podía generar el propio sector de estudiantes al que él, de una manera u otra, respalda porque fue el que a su vez le respaldó a él en las elecciones», explica Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras. «Era el mundo al revés, una especie de humillación para un profesorado y muchos alumnos que vivimos una situación irrespirable», añade.

La fuerte apuesta por aglutinar más y más plantas renovables en España y en el mundo ha reportado muchas alegrías a las mayores energéticas españolas, pero todo tiene una ‘cara b’. El año pasado, esta tomó la forma de un agujero contable de más de 1.200 millones de euros en los estados financieros de Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres principales eléctricas del mercado nacional. Cuellos de botella administrativos que acumulan un retraso tras otro en la tramitación de los proyectos, decenas de aerogeneradores parados en varios puntos de España por recursos judiciales de grupos locales y activistas, y una acumulación de horas con el mercado a precios hundidos, precisamente, en los momentos del día donde las placas solares deberían funcionar a pleno pulmón. Eso, en el terreno nacional. A nivel global convergen la cruzada antirrenovable de Donald Trump, el incremento sostenido de los costes en Europa y las dudas alrededor del fuego cruzado arancelario. Ese es el peligroso cóctel que amenaza la rentabilidad del sueño verde español y que ya está dejando huella en las cuentas de los gigantes nacionales de la energía. En 2025, Iberdrola lideró el ajuste contable, con un total de 1.081 millones provisionados. Si bien la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán no limita esta cifra únicamente al negocio renovable, sí señala que esa fue la causa principal. Buena parte del ajuste responde, además, al ámbito internacional. En concreto, a cambios en el valor de su cartera verde en Estados Unidos, su principal mercado. Allí, bajo el mandato de Trump, Iberdrola lidia con nuevas incertidumbres, «retrasos de permisos o incrementos de los aranceles que podrían afectar a la recuperabilidad de costes ya incurridos». En su último informe anual, Iberdrola describe también una nueva realidad económica en sus renovables de EEUU,Reino Unido, Brasil, Australia o Francia: el precio de su energía en el mercado bajó un 10%, mientras que los costes de mantenimiento y también los de inversión crecieron otro 10%. Producir electricidad salió más caro, pero el mercado pagó el kilovatio más barato.

7.000 empleos menos en apenas un año. Y todo apunta a que no será el último ajuste. Lo que está en juego no es solo una discusión técnica sobre competencia o concentración. Es el tamaño mismo del sector y, con él, el número de trabajadores que puede sostener. Cerca de cuarenta grandes operadores en Europa son, a juicio de buena parte de la industria, demasiados para repartirse un mercado maduro, con clientes cada vez más sensibles al precio y márgenes que no dejan de estrecharse. «En China hay tres empresas de telecomunicaciones, en India hay tres y en Europa hay 38», resumía recientemente Marc Murtra, presidente de Telefónica, una idea repetida ante inversores y autoridades comunitarias: que el mapa de telecomunicaciones en Europa sigue fragmentado y supone un lastre. La conclusión implícita es clara: crecer o desaparecer. Y cuando crecer es difícil, la variable de ajuste suele ser interna. Telefónica, de hecho, acaba de ejecutar un ERE de 5.000 personas. Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que retroceder a los años noventa. La Unión Europea decidió entonces desmontar los antiguos monopolios y abrir el mercado. Más operadores, más competencia, precios más bajos. Funcionó. España es hoy uno de los mercados más competitivos del continente, pero el éxito tuvo efectos secundarios. Entre 2008 y 2017 los precios de las telecomunicaciones en España bajaron todos los años sin excepción, según el INE. Incluso hubo desplomes superiores al 11% en 2013 y 2014. Durante casi una década el sector operó en un entorno de deflación persistente mientras el IPC general subía. Solo en 2023 –los últimos datos disponibles– se registró un ligero repunte del 2,1%, insuficiente para compensar el deterioro acumulado. Las telecos que habían invertido miles de millones en redes tuvieron que abrirlas a terceros. Se facilitó el acceso mayorista para que nuevos actores pudieran operar sin desplegar infraestructura propia. Se multiplicaron las marcas. Europa redujo las barreras de entrada con éxito, pero no diseñó un mecanismo equivalente para facilitar la salida. Ahí es donde –según Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y consejera independiente del Banco de España– se encuentra el núcleo del problema. 

En España, el viernes terminó el plazo para que las compañías cotizadas enviaran sus cuentas anuales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El balance agregado anuncia una cosecha histórica para las cuentas corporativas. Los grupos nacionales ganaron 71.118 millones de euros en 2025, los mayores beneficios jamás vistos y una cantidad que supone un incremento del 4,36% frente a las cifras logradas en 2024, ejercicio que tenía hasta ahora el récord. La mejora de los resultados fue generalizada entre todas las compañías, aunque en esta ocasión la mayor subida de los beneficios se produjo en el segmento de las cotizadas de tamaño medio y pequeño. En concreto, mientras los integrantes del Ibex 35 —sin incluir a Inditex, que tiene un ejercicio fiscal irregular que no va con el año natural— ganaron 59.763 millones de euros, solo un 2,56% más —incremento moderado que se explica en gran medida por el impacto negativo de las fuertes pérdidas de 4.318 millones de Telefónica por la venta de cuatro filiales en Latinoamérica y el coste del ERE—, el beneficio del resto de grupos del mercado repuntó un 14,95%, situándose en 11.354 millones de euros. Eso sí, entre tanta euforia, la temporada de resultados también evidenció algunas debilidades. Tras varios años de crecimiento robusto, las ventas emiten síntomas de agotamiento. La facturación es el corazón que bombea al conjunto de las cuentas de resultados y, si empieza a fallar, saltan las alarmas. En concreto, los grupos cotizados españoles ingresaron en 2025 un total de 805.969 millones de euros, cantidad que supone apenas una mejora del 0,6%.

El dinero es miedoso. Y en España, más. ¿La contrapartida de ese conservadurismo? Que el patrimonio financiero se deprecia año tras año, carcomido por las subidas de precios. Ese dinero parado, además, es improductivo, en un momento en que Europa necesita movilizar miles de millones de euros para cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos y China y mejorar sus capacidades de defensa. Pocos españoles saben más sobre cómo gestionar inversiones que Luis Viceira. Este granadino profesor de la Universidad de Harvard —donde llegó a ser vicedecano de su escuela de negocios— tiene claro que “si se quiere evitar que la inflación se coma nuestro dinero, es imprescindible que lo movilicemos, invirtiendo en Bolsa o en bonos”, explica a través de videollamada desde su despacho en la facultad, en Boston (Massachusetts). Viceira es uno de los mayores expertos del mundo en asignación de activos financieros. No solo es una eminencia —sus artículos se han citado más de 15.000 veces por otros investigadores— sino que también ha asesorado al fondo soberano de Noruega (con 1,8 billones de euros de activos) y al fondo de Harvard (con 52.000 millones de euros). “En este asunto no hay atajos. Lo que mejor funciona es una asignación diversificada de la cartera de activos, el control de costes y ser capaces de asumir riesgos”, recuerda. “Solo así se pueden conseguir unos retornos que compensen las subidas de precios”. La inflación media en España en los últimos 20 años ha sido del 2% anual, con picos de casi el 6% en 2022. Tal vez no parece tanto, pero acumulado supone un incremento de precios del 50% en ese periodo. Para que el encarecimiento del coste de la vida no merme el poder adquisitivo, hay que conseguir —además de aumentos de sueldo o pensión— que nuestras inversiones renten más del 2% al año.

"Mientras que EE UU altera el orden establecido, China no pierde ocasión de reiterar su adhesión al sistema multilateral y al respeto mutuo de las reglas del juego. Pero, detrás de las buenas intenciones, la realidad revela un desequilibrio preocupante de las relaciones comerciales con el gigante asiático. Nuestro déficit comercial se ha duplicado en los últimos 10 años, hasta rozar el 3% del PIB, como consecuencia de un estancamiento de las exportaciones que contrasta con el auge de la entrada de productos importados de China, y la tendencia es similar en el conjunto de la Unión Europea. Un desfase de tal magnitud puede reflejar diferencias de competitividad inherentes a cada economía, y por tanto no tiene por qué preocupar, en principio. Con el tiempo, el propio mercado debería aminorar la brecha, gracias, por ejemplo, a una apreciación de la moneda asiática frente al euro, o a la reducción del exceso de ahorro de las familias. Pero los mecanismos de reequilibrio no funcionan cuando la política económica persigue una estrategia agresiva de exportación, como parece ser el caso. Los productos asiáticos son ya omnipresentes en Europa, con una cuota de mercado que roza el 11%, prácticamente el doble de la de EE UU. En sentido inverso, los envíos de productos europeos han languidecido, algo bastante anómalo habida cuenta del fuerte crecimiento de la economía china en el último decenio. Y el yuan, lejos de apreciarse, ha perdido cerca del 15% de su valor frente al euro desde 2015. Por otra parte, las cifras agregadas encubren una pauta cualitativa desfavorable. España solo muestra una cierta fortaleza en los intercambios del sector agroalimentario y de la minería, en ambos casos con un pequeño superávit. Por su parte, la balanza comercial del agregado de productos tecnológicos, maquinaria y otros componentes de mayor valor añadido arroja un déficit cercano a 17.000 millones de euros en 2025. En cuanto al sector automotriz, joya de nuestra industria, basta constatar que importamos 11 veces más de lo que vendemos a China, lo que trae consigo un déficit creciente, aparentemente inexorable. Y lo que es más contraintuitivo: una configuración similar se observa para el conjunto de la UE, incluido en las economías centroeuropeas más avanzadas. Resulta sorprendente que Alemania o Suecia, por ejemplo, sean importadoras netas a gran escala de maquinaria y tecnología asiática..."

A Julián Conthe le ha tocado pilotar una de las áreas más complejas del Gobierno en un momento decisivo para Europa. Al frente de la política económica y la seguridad comercial, se mueve en un tablero global en constante desequilibrio. El proteccionismo estadounidense aprieta, China ya mira de frente al gigante norteamericano y las economías emergentes reclaman protagonismo y poder de influencia. "El fallo, bueno o malo, lo que ha introducido es un elemento de incertidumbre. Aun así, lo que hay detrás permanece porque la reacción inmediata ha sido poner en marcha aranceles por otra vía, que además es temporal. Después de los 150 días, con toda seguridad, vendrá una medida equivalente. También hay incertidumbre sobre qué pasa con los aranceles ya pagados, que todavía no está resuelto cómo se van a devolver...Ese dinero tendrá que ser repagado. El sistema judicial estadounidense ha funcionado y ha sido capaz de dictaminar que una medida no ha sido adoptada conforme a derecho. Los tribunales funcionan y el poder legislativo en EE UU también. Habrá una vía administrativa y otra judicial, que algunas grandes empresas ya están recorriendo...Los aranceles los paga el importador estadounidense y será él quien lo reclame. Pero posiblemente haya elementos contractuales, o de alguna naturaleza, que lleve a que ese sobrecoste se haya repartido. En los casos en los que las empresas españolas hayan hecho frente al pago, seremos capaces de recuperar esas cantidades...EE.UU es un mercado muy interesante por su alta rentabilidad. Muchos sectores nos dicen con asiduidad que aunque sea más difícil estar presentes, debemos estar. Pero, efectivamente, no ha sido una caída dramática..."

La compañía OpenAI, creadora de la popular herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, aseguró el viernes que ha alcanzado un acuerdo millonario con el Pentágono para ceder su tecnología avanzada para la gestión de archivos clasificados en la nube. El acuerdo se produce unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara cancelar todos los contratos de la Administración federal con Anthropic, otro desarrollador de inteligencia artificial (IA) a través de su herramienta Claude, por la resistencia de esta a levantar las salvaguardas que impiden el uso indiscriminado de su tecnología para labores militares. A pesar de que Sam Altman, el consejero delegado de OpenAI aseguró esta semana que respaldaba la postura de Anthropic de negar el acceso de la tecnología de inteligencia artificial a determinados usos del ejército, como el espionaje masivo y el uso de armas autónomas sin supervisión humana, finalmente ha accedido a ceder todas las funcionalidades de su herramienta al Pentágono para cualquier propósito legal. Precisamente esta es una de las condiciones que exige el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, bajo el argumento de que los fabricantes de armamento no deciden cuando ni contra quién se disparan los misiles que venden al ejército estadounidense.

El fondo emiratí MGX, que ha entrado en OpenAI y Anthropic, prevé gastar 10.000 millones de dólares anuales durante el próximo lustro en esta tecnología. MGX se concibió en 2023, poco después de que el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI desatara una lucha global por el dominio de la inteligencia artificial (IA). Abu Dabi decidió que necesitaba un vehículo de inversión específico y creó un fondo que ahora se encuentra entre los más importantes del mundo en esta tecnología. El instrumento soberano es uno de los principales inversores en Anthropic, la firma fundada en 2021 por exempleados de OpenAI cuyo producto estrella es la familia de modelos de lenguaje Claude. Este movimiento siguió a una serie de apuestas de alto voltaje por parte de MGX, que se esfuerza por alcanzar un objetivo de más de 100.000 millones de dólares (84.745 millones de euros al tipo de cambio actual) en activos bajo gestión, respaldado por la riqueza de la familia soberana de Abu Dabi y sus estrechos vínculos con Wall Street. Para lograrlo, planea gastar hasta 10.000 millones de dólares anuales en empresas punteras en este ámbito durante los próximos años, según ha anunciado su jefe de inversiones en IA, Ali Osman, en una reciente entrevista. Esas cifras son asombrosas para un fondo independiente, incluso para los estándares de la chequera que maneja Abu Dabi. La capital de Emiratos Árabes Unidos ha destinado decenas de miles de millones de dólares a sectores como el de las finanzas, la tecnología y las infraestructura en los últimos años. Osman reconoce que el ritmo de inversión es sorprendente, pero su razonamiento es simple: espera que la IA generativa se convierta en un mercado de 700.000 millones de dólares en cinco años, un pronóstico superior a muchas predicciones. “Los equipos directivos todavía tienen dificultades para proyectar el tamaño total del premio”, justifica.