20260413

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

La economía vasca se prepara para un bienio de dos velocidades. Mientras que el conjunto de España mantendrá un ritmo de crucero apoyado en el sector servicios y el turismo, Euskadi afronta un 2026 de resistencia para coger impulso de cara a un 2027 en el que, esta vez sí, la industria volverá a ejercer de motor principal. Así lo certifica el último Observatorio Regional de BBVA Research, que dibuja un escenario de crecimiento sólido para el país, aunque con matices importantes para los intereses guipuzcoanos y vascos. La economía española encara el presente año con una fortaleza notable, con una previsión de crecimiento del 2,4% tanto para 2026 como para 2027. Sin embargo, bajo esta media nacional se esconde una realidad heterogénea. En este primer tramo del bienio, el dinamismo se ha desplazado hacia el Mediterráneo y Madrid. La Comunitat Valenciana encabeza las previsiones con un avance del 3,0%, impulsada por la inversión en reconstrucción tras la DANA, seguida de Madrid (2,7%) y las islas, que se benefician de un «efecto refugio» del turismo frente a la inestabilidad en otros mercados. En este contexto, Euskadi se sitúa en un grupo que avanza a un ritmo más pausado. El informe estima que el PIB vasco crecerá un 2,0% en 2026, cuatro décimas por debajo de la media nacional. Esta cifra responde a la mayor exposición de nuestra economía a factores que hoy actúan como lastre: el elevado coste de la energía, la dependencia de las exportaciones de bienes y un contexto internacional donde los aranceles y la debilidad de nuestros socios europeos –especialmente Alemania– frenan la actividad industrial.

Otro desafío técnico de calado que sobrevuela el escenario para los próximos meses es la moderación del impulso fiscal a medida que se agotan los recursos extraordinarios inyectados tras la pandemia. BBVA Research advierte sobre el denominado «efecto precipicio» que podría producirse en la segunda mitad de 2026, coincidiendo con el agotamiento de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Esta situación amenaza con generar una notable volatilidad en la inversión privada, «con el riesgo de un retroceso en la ejecución de proyectos industriales» justo en el momento en que el sector exterior debería empezar a traccionar con más fuerza. A esta retirada de los estímulos europeos se suma la vuelta a la disciplina presupuestaria, ya que la necesidad de cumplir con las reglas fiscales limitará el margen de las administraciones para sostener el crecimiento mediante el gasto público. servicios no turísticos (digitales y de conocimiento), regiones como Euskadi dependen más de la producción física.

Es un proyecto a largo plazo, pero ya se han dado los primeros pasos. La empresa Heidelberg Materials de Arrigorriaga quiere construir una planta pionera en España para capturar el dióxido de carbono (CO2) que libera a la atmósfera durante el proceso de producción de cemento y otros productos para la construcción. Su idea es retener hasta 300.000 toneladas anuales de este gas contaminante. Y, si la tecnología lo permite y una serie de condicionantes lo hacen viable, con ese residuo pretende fabricar combustible sintético para barcos y aviones. Es un plan muy complejo y requerirá de una inversión notable. Para la primera fase, según distintas estimaciones, serían necesarios más de 400 millones de euros. Heidelberg, además, tendrá que tejer alianzas con compañías de otros ámbitos si quiere dar salida al mercado al CO2 capturado. No es un objetivo sencillo, pero es verdad también que el contexto favorece la apuesta por un proyecto de estas características. Euskadi está obligada a reducir paulatinamente las emisiones que agudizan el recalentamiento global. Y la Unión Europea quiere cumplir una serie de objetivos en este campo. Para ello está dispuesta a liberar fondos que impulsen iniciativas como la que se está planteando en Arrigorriaga. Esas 300.000 toneladas de dióxido de carbono constituyen el 1,89% del CO2 que el País Vasco emite al año (15,8 millones de toneladas). Si el plan sale adelante y funciona, supondría darle un buen mordisco a este problema. Por el momento, Heidelberg ya ha dado los primeros pasos. 

Los ‘reyes’ de Arasur vuelven a por más. Con las obras de dos centros de datos en marcha en el polígono de Rivabellosa, Merlin Properties prepara ya el despliegue de la conocida como ‘fase 3’ de su desembarco en Arasur. Según ha dado a conocer la logística madrileña a sus accionistas, la empresa levantará otros dos ‘data centers’ más de aquí a 2031 dentro de un programa de inversiones de más de 4.400 millones de euros repartido entre España y Portugal. El polígono de Rivabellosa será el activo de la compañía que concentre más desembolso. Según fuentes conocedoras de la operación, un volumen de en torno a 1.719 millones, más de un tercio del capital que supondrá este próximo despliegue. ¿A qué se dedicarán estos dos nuevos centros de datos? A negocios relacionados con la inteligencia artificial. «Estos bloques han sido diseñados desde el principio para IA», afirmó el consejero delegado, Ismael Clemente, en el evento con inversores celebrado precisamente en Arasur. La empresa redobla la apuesta porque consultoras globales de primer nivel como McKinsey estiman que la demanda de centros de datos para atender a las ChatGPT, Gemini, Grok y compañía se va a triplicar de aquí a 2030. La compañía ya sabe lo que es trabajar con clientes de este tipo. El gigante americano CoreWeave ya opera en el primer ‘data center’ de Rivabellosa y redoblará su presencia en el segundo. Esta empresa, participada por Nvidia –la empresa más valiosa del mundo, dedicada a los chips que permiten funcionar a los ‘bots’ de inteligencia artificial– y los dueños de ChatGPT, firmó en Arasur el «mayor contrato de la historia en la Península Ibérica» en el sector de la IA, que entró en vigor el pasado mes de octubre. «Estamos calificados como uno de los ‘partners’ preferentes de Nvidia», presumió Clemente.

La Ertzaintza detuvo ayer a un hombre de 36 años por estar implicado en el incendio de la papelera Smurfit Kappa Nervión de Iurreta. Al parecer, mantiene una relación laboral con la empresa y está acusado de un presunto delito de daños por incendio, según la investigación realizada por la Policía vasca. Una vez finalizadas las diligencias policiales el arrestado, de nacionalidad española, fue puesto a disposición judicial. El caso no está cerrado por lo que no se descartan más actuaciones, informaron desde el departamento de Seguridad. La Ertzainza puso en marcha una investigación una vez sofocado el incendio, que se desató el viernes a las 17.50 horas en el exterior de la planta, en la que trabajan más de 240 operarios y que está dedicada a la producción de pasta para sacos y bolsas. En ese momento estaba a pleno rendimiento, aunque no hubo que lamentar ningún herido. Las llamas se propagaron con gran virulencia y destruyeron más de 140 bobinas de papel apiladas en el exterior de la nave. La densa humareda fue visible a gran distancia.

Desde que el número de trabajadores temporales en la Administración vasca alcanzó su pico en 2023, entonces con un 41%, su cifra se ha reducido un 6%. Así consta en los datos registrados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que fija este personal en un 35,26%. De los 163.169 trabajadores de los servicios públicos que hay en el territorio, 32.480 son personal interino y otros 25.064 se corresponden con el personal laboral temporal. Suponen, en conjunto, 8.624 empleados menos en esta situación que hace tres años, con una Administración que ha sumado en este tiempo 1.927 trabajadores. El porcentaje más bajo en la temporalidad que se registra en Euskadi se da entre el personal dependiente del Estado, donde representa el 8% del total (1.180 trabajadores de los 14.386 que hay en el territorio). Por contra, en el conjunto de los ayuntamientos vascos la temporalidad alcanza su tasa más alta, un 40% (11.416 trabajadores de los 28.378 que suma su personal). Por detrás quedan las tres diputaciones forales, que alcanzan en conjunto un 38% de temporalidad (4.939 empleos de 12.879) y el Gobierno vasco, con un 36% (34.965 de los 96.605 trabajadores que suma entre altos cargos, funcionarios y personal laboral). Mientras, más de 57.500 interinos del sector público vasco aguardan el fallo europeo para ser fijos. Su puerta a una plaza fija podría pasar por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que mañana dictará sentencia sobre si el Estado debe hacer fijos a los interinos que sufren contratos temporales abusivos, esto es, aquellos que se han prolongado durante más de tres años. La medida no viene avalada por el informe previo que emitió en octubre el abogado general de la UE, Rimvydas Norkus, a petición de la justicia española, y que en un 70% de los casos marca el criterio final. Aunque reprende a España por no contar con medidas ni sanciones efectivas, deja la decisión de hacerles fijos en manos del Tribunal Supremo, un órgano que se ha mostrado en contra de una conversión automática y que defiende un proceso de selección conforme al principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad.

Ormuz, y no el programa nuclear, se ha convertido en el epicentro del conflicto entre Estados Unidos e Irán. A las pocas horas de finalizar sin acuerdo la cumbre de Islamabad, Donald Trump anunció que la Armada estadounidense «bloqueará» el estrecho «con efecto inmediato». «¡Cualquier iraní que dispare contra nosotros, o contra embarcaciones pacíficas, será volado al infierno!», amenazó. Si el cierre parcial por parte de los persas no era suficiente problema para los mercados mundiales, ahora se suma la intervención de EE UU. La República Islámica pretende imponer un sistema de peaje para el paso seguro, ante lo que el inquilino de la Casa Blanca señaló que su ejército «buscará e interceptará» cualquier buque que abone esa tasa. Los pocos barcos que circulaban por la zona en los últimos días eran de países amigos, como China o Turquía, y pagaban la factura.

El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán traía como gran promesa el anhelado desbloqueo de Ormuz, el estrecho marítimo más crítico para los flujos mundiales de energía. Una esperanza que, en las últimas horas, ha pasado de vaporosa a alejarse cada vez más. Desde el miércoles, cuando empezó la tregua —con todas las comillas que se quiera: las bombas han seguido cayendo estos días en varios puntos de Oriente Próximo, especialmente en Líbano—, el volumen de cargueros ha caído incluso por debajo de la media de los días inmediatamente anteriores al acuerdo, con un flujo residual de petroleros y metaneros. Con el doble bloqueo anunciado ayer por la Casa Blanca, las cosas pueden ponerse incluso peor: pasarán aún menos buques. O, directamente, ninguno. En condiciones normales, por Ormuz pasa alrededor de un quinto del petróleo y el gas natural licuado (GNL, el que se mueve por barco) que se consume cada día en el mundo. De esa cantidad, más del 80% acaba en Asia, sobre todo en China —que, sin embargo, empieza a ver caer su consumo gracias al avance del coche eléctrico—, la India, Corea del Sur y Japón. Pero también en Filipinas, Tailandia o Indonesia. Allí, el riesgo de crisis de suministro es real.

La fuerte competencia en el mercado automovilístico mundial marcada por la ofensiva de las marcas chinas y por una transformación al coche eléctrico más lenta de lo esperado son los factores que han llevado al sector del automóvil a una rentabilidad en mínimos desde 2020 (año que estalló la pandemia del Covid). En un entorno generalizado de caídas del beneficio, Stellantis, Renault y Ford lideraron los retrocesos globales en la industria automovilística. Los principales fabricantes globales de automóviles obtuvieron un beneficio operativo conjunto de 59.254 millones de euros, lo que supone un desplome del 59% en comparación con los 143.428 millones contabilizados un año antes y el dato más bajo en cinco años. Además, supone una disminución del 30% en la última década, según un informe de EY. Este fuerte retroceso de las ganancias entre los fabricantes de automóviles se explica, principalmente, por las fuertes inversiones que han realizado las compañías en el desarrollo de vehículos eléctricos y que no están siendo traducidas en ventas, lo que ha llevado a empresas como Ford o Stellantis a replantearse su estrategia de electrificación. A esto se suma la fuerte competencia por parte de las marcas chinas, que ha obligado a muchos grupos automovilísticos históricos a reducir sus márgenes para poder luchar contra los precios ajustados de las firmas asiáticas. En este entorno, destacó la evolución de Stellantis, con unas pérdidas operativas de más de 26.000 millones en 2025, a causa del replanteamiento de su estrategia de electrificación. Renault, por su parte, perdió casi 7.900 millones, en su caso lastrada por el impacto sobre sus cuentas del proceso de reestructuración que está ejecutando su socio japonés Nissan. La estadounidense Ford, por su parte, también tuvo números rojos operativos de 534 millones en 2025, a causa del impacto de 16.500 millones que tiene en sus cuentas la reordenación de su apuesta por la electrificación, optando a partir de ahora más por modelos con una demanda superior como los híbridos.

“Nuestro modelo de negocio ha cambiado”. Así de crudo se mostró Oliver Blume, el consejero delegado del grupo Volkswagen, el mayor gigante europeo del automóvil, en la rueda de prensa de presentación del nuevo Cupra Raval el pasado jueves en Madrid. El empresario lanzó esas palabras en referencia al más que desafiante momento que atraviesa la industria en su conjunto, en el que se ha producido un traslado del centro de innovación y producción de Europa a China. “En el pasado desarrollábamos en Alemania, en Europa y desde aquí vendíamos nuestros productos con un buen estándar de calidad a todo el mundo. Hoy no es posible por las regulaciones, por cómo han cambiado las expectativas de los clientes y por la competencia”, afirmó el ejecutivo, quien resaltó que ahora la empresa hace el proceso inverso: trae a Europa los procesos que aprende en China, donde tiene alianzas con compañías locales como SAIC Motor (dueña de MG) o Xpeng. Las palabras del directivo alemán reflejan bien lo que fue un 2025 desastroso para el automóvil europeo: las pérdidas o las abultadas caídas de beneficios fueron la nota dominante en las cuentas de resultados de los principales fabricantes de coches, con la excepción de BMW, que logró mantenerse en línea con el ejercicio precedente. A los motivos verbalizados por Blume, hay que añadir la variante más desestabilizadora del año pasado: la errática política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

Sonnedix, una de las plataformas de renovables más relevantes en España, ultima un nuevo plan para dar un salto estratégico y entrar de lleno en la venta directa de electricidad. La compañía da así un vuelco histórico para convertirse en una eléctrica independiente integrada verticalmente. Es decir, además de desarrollar y gestionar operativamente instalaciones de renovables, comercializará electricidad propia y de terceros directamente a clientes, empezando por el mercado empresarial, en competencia con las grandes eléctricas, entre ellas Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol. Sonnedix es uno de los casos de éxito más singulares del panorama de renovables en España. El grupo aglutina inversiones de fondos institucionales gestionados por JPMorgan Asset Management, vehículo de inversión vinculado a JPMorgan. A pesar de ser una plataforma internacional, con presencia en nueve países, Sonnedix tiene sede en España, donde arrancaron sus operaciones en 2010. Sonnedix es uno de los dos grandes proyectos de inversión de JPMorgan en el mercado español. Además, JPMorgan Asset Management es el accionista mayoritario de Nortegas, una de las tres mayores distribuidoras de gas en España, junto a Nedgia (Naturgy) y Redexis.

"El Gobierno español ha vuelto a situar sobre la mesa, esta vez en coordinación con Alemania, Italia, Portugal y Austria, la posibilidad de reactivar un impuesto sobre los llamados beneficios extraordinarios —los ‘windfall taxes’— en el sector energético. La iniciativa, que responde básicamente a las tensiones de suministro derivadas del conflicto en Oriente Medio, ha producido el efecto esperado: ha logrado unir en su rechazo frontal tanto a las empresas petroleras como a las renovables. Se denominan impuestos ‘windfall’ a aquellos que gravan ganancias consideradas abusivas, derivadas de circunstancias atípicas, excepcionalmente favorables y no atribuibles al esfuerzo inversor o a la toma adicional de riesgos empresariales. Literalmente, se trataría de beneficios ‘caídos del cielo’. La idea resulta peligrosamente atractiva: si determinados sectores aumentan apreciablemente sus rentas como consecuencia de un shock externo, parece razonable detraer una parte de estas para aliviar la carga que pueda ser repercutida a los consumidores. Sin embargo, la aparente obviedad del planteamiento es engañosa. La primera dificultad es conceptual: ¿qué debe entenderse por beneficio extraordinario?...No existe un criterio objetivo que permita distinguir con precisión entre lo ordinario y lo excepcional, y menos aún su cuantía, lo que deja en manos del regulador una discrecionalidad incompatible con la seguridad jurídica. A ello se añade un problema más profundo. Los beneficios calificados de extraordinarios no responden a comportamientos oportunistas, ladinos o abusivos sino a perturbaciones externas —geopolíticas, en este caso— que alteran la totalidad del sistema de precios relativos...Adicionalmente, el coste del gravamen tiende a trasladarse, total o parcialmente, a los precios y consecuentemente a otros agentes económicos. En España, donde una parte significativa del ahorro de las clases medias se canaliza hacia fondos de inversión y de pensiones invertidas en títulos energéticos, estos impuestos tienen doble efecto: primero, la caída del precio de las acciones de las empresas gravadas y segundo el encarecimiento repercutido de los bienes y servicios que producen. No es infrecuente que el mero anuncio de la medida destruya más valor del que pretende redistribuir...A los problemas anteriores se suma el impacto sobre la inversión. La introducción de gravámenes extraordinarios reduce los recursos disponibles para financiar nuevos proyectos..."

“Estamos muy satisfechos con el desempeño de todos los formatos comerciales, incluida Zara. Sus ventas han crecido en más de 8.000 millones en cuatro años. Es y seguirá siendo el motor de Inditex”, señaló Óscar García Maceiras, CEO de Inditex, hace apenas tres semanas, durante la presentación de los resultados del grupo textil. El directivo salía así al paso de la débil evolución de Zara en 2025, cuando sólo creció un 1%. Las cifras le dan en parte la razón. Zara es la marca del planeta que más ha elevado sus ventas en términos absolutos desde el final de la pandemia (2021-2025), al añadir 8.465 millones de euros a su facturación en estos cuatro años, pasando de 19.586 a 28.051 millones de euros (+43%), según un análisis realizado por EXPANSIÓN, tomando como referencia la facturación de las 50 mayores marcas textiles –no grupos– del mundo. En este periodo, la enseña estrella de Inditex se ha convertido en la segunda marca textil más vendida del planeta, tras superar a Adidas en 2022 y solo por detrás de Nike. Además, su distancia con el gigante norteamericano se ha reducido en más de 2.000 millones entre 2021 y 2025.

El Banco de España desembolsó 4.448 millones de euros a las entidades nacionales en concepto de intereses generados por sus depósitos durante 2025. La factura es significativamente inferior a la del año anterior, en concreto, un 45% menos (3.588 millones de euros), teniendo en cuenta la caída de los tipos de interés de la zona euro desde que tocaron techo en septiembre de 2023, en el 4% para la facilidad de depósito. La banca española tenía depositados en el seno del Banco de España 165.678 millones de euros a cierre del año pasado, vinculados a la remuneración oficial que fija el Banco Central Europeo (BCE) en el marco de sus decisiones sobre política monetaria. El saldo depositado por las entidades nacionales fue el menor desde 2021, cuando los tipos de interés estaban en negativo (-0,5%) y eran los propios bancos los que tenían que pagar por tener su liquidez depositada en el seno de un banco central en la Unión Europea. Por aquel entonces, el dinero depositado por los bancos no llegaba ni a los 2.400 millones de euros a 31 de diciembre. Hay que tener en cuenta que se trata de depósitos intradía, con lo que el saldo nunca es constante. De este modo, el organismo que lidera José Luis Escrivá redujo sus gastos de manera notoria durante 2025, frente a los intereses abonados doce meses antes y que superaron los 8.000 millones de euros solo en el pago a las entidades nacionales.

Pedro Sánchez, busca anclaje reforzando las relaciones comerciales con China en su cuarto viaje al gigante asiático, el primero con honores de visita oficial. La agenda de trabajo, que comienza hoy y se alargará hasta el miércoles, incluye reuniones al más alto nivel con Gobierno, empresarios e inversores, con un enfoque fundamentalmente económico y especial atención a los sectores tecnológico, industrial y agroalimentario. Los objetivos de fondo, explican fuentes gubernamentales, pasan por afianzar relaciones comerciales con la potencia asiática ante el nuevo tablero geoeconómico, por atraer nuevas inversiones a España y por comenzar a reequilibrar un déficit comercial de más de 40.000 millones de euros. “China es un socio imprescindible a la hora de hacer frente a los desafíos globales”, defendía Sánchez hace ahora un año, durante su tercer viaje al país en tres años. Esta cuarta ocasión, sin embargo, goza por primera vez del estatus diplomático de visita oficial, a la que el Gobierno chino ha invitado a la esposa del presidente español, Begoña Gómez, que le acompaña, y que ha llevado al mandatario chino, Xi Jinping, a ofrecer mañana un banquete oficial en el Gran Palacio del Pueblo.

Fin a una era en Hungría. Con el 95% de los votos escrutados, el partido opositor Tisza, con Péter Magyar a la cabeza, obtuvo ayer 138 escaños de los 199 que componen el Parlamento de Budapest, frente a los 55 obtenidos por el primer ministro, Viktor Orbán (Fidesz). La ultraderechista Mi Hazánk (Nuestra Patria) sería la tercera y última fuerza en alcanzar la presencia parlamentaria con siete escaños, lo que significa que en la nueva Asamblea Nacional no habrá ni un solo diputado que represente a formaciones de izquierda. En todo caso, la participación histórica en estos comicios, del 80% –muy por encima del 73,5 % que arrojaron las elecciones de 2022– parece haber ayudado a lo que los datos permiten ya avanzar como un cambio de gobierno. Esta sería sin duda la ‘supermayoría’ de dos tercios que todos los analistas coinciden en advertir que se hará necesaria para abordar un verdadero desmantelamiento de lo que se ha dado en llamar el ‘sistema Orbán’. Con el triunfo de Magyar –que se traduce literalmente como húngaro– cambia el plano geopolítico. Hungría era hasta ahora aliado a la vez de Rusia y EE UU. Y enemigo de Ucrania. Ahora ha elegido la senda de la Unión Europea a la que pertenece.

Péter Magyar admiraba a Viktor Orbán. En su habitación en Budapest, cuando era joven, tenía un póster del primer ministro ultraconservador húngaro. Más tarde se forjó social y políticamente en Fidesz, el partido del Gobierno. Pero hace dos años dio un portazo, ventiló secretos de la cúpula y comenzó su meteórica carrera política. Ayer, una mayoría social, en buena parte opuesta a él ideológicamente, eligió a este abogado de 45 años para derrumbar el búnker construido durante 16 años por Orbán. Magyar es élite. Su padre era abogado, su madre tuvo cargos destacados en el Tribunal Supremo y su hermana es jueza. Ferenc Mádl, presidente de Hungría entre 2000 y 2005, era hermano de su abuela. En una estancia en Alemania, en sus años de estudiante de Derecho, trabó una estrecha amistad con Gergely Gulyás. Hoy Gulyás es el jefe de gabinete de Orbán.

La crisis petrolífera derivada de la guerra en Oriente Próximo ha elevado el atractivo de los biocombustibles, cuya producción en América Latina lidera Brasil. Según un análisis elaborado por Coface, dos factores están contribuyendo al auge del biofuel: por un lado, el elevado precio del petróleo; por otro, la caída del precio de los productos agrícolas, que son la base de este tipo de combustibles. El documento señala que, los países productores de biocombustibles, como Brasil, Estados Unidos o Indonesia, “pueden reducir su dependencia de las fuentes fósiles de energía mezclando etanol con gasolina o combustibles vegetales con diesel”. Añade que, para estos países, los biocombustibles “no son en elemento más de la transición energética, sino un pilar para su seguridad energética”. Coface hace hincapié en el caso de Brasil. Aunque no es el mayor productor de biocombustibles del mundo –es el segundo, por detrás de Estados Unidos– en este país el 22% del total de la energía que se utiliza para el transporte proviene de la biomasa. A nivel global, ese porcentaje alcanza apenas una media del 4%, muy lejos del 10% que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su escenario de cero emisiones diseñado de cara a 2030. Coface explica en su análisis que los biocombustibles pueden absorber parte del shock petrolífero, pero no basta con producir este tipo de energía; también son necesarias políticas que alienten su uso y vehículos que puedan funcionar con biofuel.