20220916

Artículo del secretario general de Cebek: "...Cuando las organizaciones sindicales afirman que las empresas están teniendo beneficios extraordinarios o «están siempre llorando» (sic), entiendo que no se están refiriendo a la inmensa mayoría de las pymes vascas, ya que muchas de ellas no han recuperado aún los niveles de resultados previos a la pandemia. Por ello, a la hora de llegar a acuerdos en la negociación colectiva tenemos que avanzar en dar respuesta a las necesidades de las/os trabajadoras/es, pero también debemos tener en cuenta la situación real de las empresas. Esto, unido al aumento de los costes de producción, hace inviable con carácter general asumir incrementos equivalentes a los IPC actuales. Necesitamos certidumbre y por ello ligar el aumento del coste laboral a una variable disparada, impredecible y ajena a una responsabilidad directa de las empresas afecta directamente a la viabilidad de muchas de ellas. No olvidamos los efectos de la inflación en las personas y sus familias, pero los acuerdos que no tengan en cuenta este escenario empresarial van a perjudicar a la larga también a los/as trabajadores/as...En los convenios de este 2022 (en el que tiene incidencia la inflación de 2021 del 6,5%), el incremento medio es casi del 4% (un 3,90%). Y si incluimos los cuatro convenios colectivos firmados por Cebek en 2020 y 2021 con vigencia para 2022, el incremento medio superaría el 5% (el 75% del IPC). La horquilla se sitúa entre el 3% en el convenio con un menor incremento salarial y el 7,25% del convenio con uno mayor...El hecho de que haya convenios sectoriales aún sin firmar no tiene que ver solo con todo esto, sino con un problema estructural del modelo de negociación en Euskadi sobre el que llevamos años alertando. Hay una mayoría sindical en Euskadi que no solo excluye de la negociación colectiva conceptos como competitividad o productividad, o la posibilidad de ligar salarios a dichas variables, sino que niega a la empresa la capacidad de realizar propuestas, y sus planteamientos en muchas ocasiones pretenden constreñir su capacidad de gestión y dirección. Esta es la causa principal de que en Euskadi sigan sin firmarse más convenios colectivos. De hecho, la regla general en los últimos 20 años demuestra que más de la mitad de los acuerdos no se negocian a tiempo, incluso con IPC bajos. No cabe amenazar con ‘otoños calientes’ cuando estamos tristemente acostumbrados a soportar el 40% de las huelgas de todo el Estado año tras año..."

La revisión definitiva de los datos de la economía española ha arrojado una de cal y otra de arena al Producto Interior Bruto (PIB) de los dos años de la pandemia. En 2021, el crecimiento fue finalmente superior al estimado, al aumentar un 5,5% frente al 5% calculado en un principio. Sin embargo, en 2020 el PIB se desplomó un 11,3% y no un 10,8% como se creía. De esta forma, España no consiguió el año pasado ni siquiera recuperar la mitad del terreno perdido el primer ejercicio del coronavirus, lastrado por las restricciones que afectaron de forma determinante a la economía. El Avance de la Contabilidad Nacional Anual elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha arrojado estas cifras en las que admite importantes variaciones con respecto a los datos publicados inicialmente. El organismo aclara que la revisión al alza de los datos de 2021 se explica por «la incorporación de los resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021», publicada en junio de este año. En cuanto a los de 2020, se explican por contar por primera vez las encuestas económicas estructurales referidas a dicho año.

Hasta el mes de agosto, las arcas de las diputaciones han obtenido de los impuestos 10.630 millones de euros, 914,4 millones más que el pasado año, un 9,41% de incremento. Y el caso es que mantienen una senda que, de seguir así durante los próximos cuatro meses, registrará un nuevo techo histórico. Aunque fuentes forales advierten de la importancia de ser «muy prudentes» y analizar un «escenario económico inestable». De momento, el alto nivel de empleo, pese al cierto enfriamiento de agosto y que mantienen el número de cotizantes vascos por encima de los 960.000 ciudadanos, sigue empujando la recaudación por IRPF. Así, Bizkaia ha registrado en este capítulo un crecimiento del 8,9% (2.132 millones de euros), por un 2,6% en Gipuzkoa y un 10% en Álava (181,5 millones). Además los precios, que han escalado un 10,3% en el último año, siguen empujando la recaudación del IVA, lo que ayuda a sostener los datos de recaudación al alza. El Impuesto de Sociedades, que refleja la declaración del ejercicio 2021, recoge una subida del 22,7% en Bizkaia, del 19,4% en Gipuzkoa y de un 53,1% en Álava. La comparativa es con el año 2020, cuando el confinamiento y los aplazamientos en los pagos asociados a este tributo redujeron mucho la recaudación. Con estos 10.630 millones de euros, las diputaciones ya disponen del 65% de la previsión de ingresos que aprobaron para este año en el Consejo Vasco de Finanzas y que asciende a un total de 16.290 millones. La deflactación del IRPF y las medidas de alivio fiscal que entran ahora en vigor supondrán 250 millones menos en los ingresos. 

Una Euskadi verde, próspera, innovadora, inclusiva, comprometida y conectada es la que proyecta el documento ‘Competitividad para el bienestar de Euskadi 2040: una reflexión para la acción’. Un propósito que las instituciones vascas estudiaron ayer en una reunión presidida por el lehendakari, Iñigo Urkullu, junto con la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y a la que asistieron los tres diputados generales, los alcaldes de las tres capitales vascas, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y representantes del Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra. Los representantes de las principales instituciones vascas –todas dirigidas por el PNV– recogieron las conclusiones de la primera fase de un proceso de investigación coordinado por Orkestra y en el que se establecen los retos a los que debería aspirar Euskadi para su logro en el año 2040. Así, en un nuevo ejercicio futurista que se suma a otros como la Agenda Basque Country 2030 o el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) Euskadi 2030, una de las «metas aspiracionales» que se fijan para dentro de 18 años en el País Vasco es que la tasa de paro se sitúe por debajo del 6%. Un objetivo deseable, pero que no se antoja sin embargo demasiado ambicioso a tenor de la tasa actual, situada en el 8,76% según la EPA del segundo trimestre de este año (último dato publicado), que el Eustat rebaja incluso al 8,5%. Otras de las metas que figuran en ese horizonte 2040 – y ‘a priori’ estas sí parecen más complicadas de lograr– son que Euskadi entre en el grupo del 10% de las regiones europeas con mayor renta por habitante, así como entre el 10% de las de menor tasa de pobreza del Viejo Continente. Actualmente el PIB ‘per cápita’ vasco, situado en los 32.400 euros (dato de 2020, último oficial comparable con Europa), es el segundo de las comunidades españolas solo por detrás de los 34.100 de Madrid. Se encuentra por encima de la media europea (29.900 euros), pero está en el grupo del 25%, alejado por tanto del 10% de regiones con mayor renta por habitante. También se aspira a situar al País Vasco como región europea líder en innovación. A este respecto, cabe señalar que en 2019 y según el Regional Innovation Scoreboard publicado por la Comisión Europea, Euskadi se situaba en el puesto 132 entre las 238 regiones europeas. Ver nota Gobierno Vasco. 

El Gobierno vasco ha aumentado su posición en CAF, la compañía constructora de ferrocarriles de Beasain, al adquirir un 1,76% de las acciones de la empresa en el mercado bursátil por 17 millones de euros. La compra eleva la posición del Ejecutivo autonómico en la firma a un 3%. El movimiento, además, es relevante porque es la primera inversión realizada a través de Finkatuz, el fondo de inversiones promovido por el Gobierno para tomar participaciones en empresas estratégicas de Euskadi y que, una vez creado en 2020, se ha dotado hasta con 300 millones de euros. Desde entonces, no se habían empleado estos recursos a pesar de operaciones como las de Euskaltel o Siemens Gamesa, en las que importantes enseñas vascas perdían arraigo y alejaban sus centros de decisión de Euskadi. La inversión, además, es la primera de este cariz que realiza el gabinete Urkullu en los últimos cinco años. La última fue precisamente también en CAF, cuando compró en 2017 un 1,24% de las acciones por 15 millones de euros y como respuesta a la salida parcial de Kutxabank. El banco vasco vendió una parte importante de su accionariado en pleno proceso de desinversiones empresariales, que todavía no ha terminado. 

ArcelorMittal ha planteado a los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para todas sus instalaciones en España, con la única excepción de los centros de la filial Condesa, fabricante de tubos que volvió a integrarse en el grupo angloíndio tras un acuerdo con los acreedores de esa empresa. El ERTE de ArcelorMittal afectaría a sus 11 fábricas en el país, en las que trabajan 8.300 personas, y se extendería hasta finales del próximo 2023. La siderúrgica argumenta la necesidad de aplicar esta medida por la caída de la demanda de acero debido a la incertidumbre, por la crisis económica, que ha desplomado el consumo de bienes como los vehículos. El sector de la automoción es uno de los principales clientes de las siderúrgicas, cuyos márgenes se ven afectados además por los altos precios de la energía. ArcelorMittal convocó ayer a una reunión a los sindicatos de la mesa negociadora integrada por UGT, CC OO, ELA, USO y LAB. Esta última central ya ha manifestado su oposición a este plan, que considera «más que vergonzoso» porque una empresa con «beneficios récord» y que «no tiene falta de carga de trabajo» presente un ERTE que se aplicaría durante más de un año.

Statkraft, la multinacional pública noruega que ha revolucionado Euskadi con su propuesta para invertir hasta 90 millones de euros en dos parques eólicos en Gipuzkoa, ha ofrecido al Gobierno Vasco participar como coinversor en el proyecto. Así lo explicó ayer a DV el director general de la firma en España y Portugal, José Miguel Ferrer, quien alabó la labor del Ente Vasco de la Energía (EVE) que, dijo, tiene un ejercicio parecido al nuestro». Ferrer, que subraya la vocación de Statkraft de ‘desnudarse’ en primera instancia ante los ciudadanos de las localidades afectadas por los parques para darles toda la información posible según el estadio del proyecto, insiste en ese aspecto local y de imbricación con el territorio. El euskera no será un problema, puesto que entre el plantel de ingenieros de la empresa se encuentra un joven de Irun. Ferrer añade además que ese ofrecimiento de invertir en el desarrollo del parque es extensivo también a las empresas y los propios ciudadanos próximos a los molinos. A las primeras desde una figura de inversor más clásico y a los ciudadanos a través de las conocidas como comunidades energéticas locales (CEL o TEK en euskera). «Las comunidades energéticas locales podrían ser incluso cooperativas», apunta el directivo. Precisamente el mundo cooperativo, y más en concreto el Grupo Mondragon, cuenta también con cierto protagonismo en la aventura iniciada por Statkraft.

Gipuzkoa se ha puesto las pilas ante la crisis energética. La mitad de los municipios del territorio trabaja ya en proyectos para ahorrar y generar energía en casas a través de paneles solares. El último en sumarse a esta lista ha sido Lasarte-Oria. Y lo ha hecho a lo grande. Se convertirá en el primer municipio de Euskadi en asegurar la transición energética a prácticamente la totalidad de un municipio, con seis instalaciones estratégicamente posicionadas para situar en un radio de menos de 500 metros a todos los barrios, garantizando así el acceso a energía limpia y renovable en régimen de autoconsumo. La previsión es abastecer a 1.000 familias y comercios del municipio con un ahorro estimado en su factura del 30%. La inversión está estimada en un millón y medio de euros, aportados por el departamento de ordenación del territorio del Gobierno Vasco y el departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como con las ayudas solicitadas a los Fondos Next Generation. La inversión para la puesta en marcha de la TEK (Tokiko Energia Komunitateak) asciende a 650.000 euros, 455.075 de ellos solicitados a los Fondos Next, y el resto proveniente del departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Álava apenas genera el 7% de la energía que consume. Un déficit abismal que ha quedado en evidencia con la crisis derivada por la guerra de Ucrania y eso ha provocado que el impulso de las renovables sea una cuestión impostergable. Además de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos o las iniciativas privadas que planean sobre la provincia, las instituciones trabajan desde hace un lustro en el proyecto Ekiola para instalar paneles en las cuadrillas de Álava que serán gestionados por los propios ciudadanos con un esquema de cooperativa. Es decir, ellos serán quienes decidan sobre la energía que producen. Una propuesta que hasta ahora parecía ciertamente ambigua, pero que empezará a coger forma en las próximas semanas. Tras superar todas las evaluaciones medioambientales y el papeleo administrativo, las obras para la instalación de un huerto solar en la localidad de Maeztu con una potencia de 1,5 megavatios están a punto de iniciarse. Se aprovechará una parcela urbana dentro del polígono industrial Tellazar que jamás se había utilizado y que en 2023 ya empezará a suministrar energía a 900 familias a través de este plan liderado por la Diputación, el Ente de la Energía del Gobierno vasco (EVE) y Krean, la ingeniería que forma parte de la Corporación Mondragón. A partir de ahí, el resto de partes se sucederán «en cascada» en todas las comarcas de Álava, salvo en Vitoria que en esta primera fase se ha quedado fuera. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió ayer que tendrá que modificar la fórmula diseñada por su departamento y adecuarla a la propuesta anunciada este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una vez sea aprobada por una mayoría cualificada de los Estados miembros. El Gobierno, según las estimaciones iniciales, prevé recaudar en dos años 4.000 millones. Esto, eso sí, según el criterio vigente. Si la cosa cambia... Todo podría quedar en papel mojado. Lo que sí se mantendrá es el impuesto a la banca, con el que se pretende ingresar 3.000 millones en esos dos mismos años. Y es que la UE no legislará en este campo, sólo en el energético. A pesar de la similitud entre el discurso de Sánchez y el empleado ante el Parlamento Europeo por la dirigente comunitaria, que pertenece a la familia popular europea, la proposición de ley registrada en el Congreso por los socialistas y Podemos encaja con dificultad en el esquema esbozado en Bruselas. Fundamentalmente, porque, aunque de viva voz el Gobierno hable, como Von der Leyen, de un gravamen a los beneficios extraordinarios, lo que esta misma semana se ha empezado a debatir es una prestación patrimonial sobre la cifra de negocio de las compañías. El PP, que pese a haber sopesado una abstención votó el pasado martes en contra de la mera toma en consideración de la medida, se aferró a esa diferencia sustancial para tratar de explicar su posición una vez los populares europeos asumieron el mensaje de que no se puede consentir que haya quien se enriquezca «gracias a la guerra y a costa de los consumidores».

La opción que ha propuesto la Comisión Europea para reclamar un esfuerzo extraordinario a las compañías energéticas tiene diferencias trascendentales en comparación con la proposición de ley que se tramita ya en el Parlamento español y que persigue, al menos en el plano teórico, el mismo objetivo. La fórmula y las condiciones fijadas por la Comisión pueden resultar menos gravosas para algunas empresas y un mar de dudas para otras hasta que se conozca la letra pequeña de las medidas.1. Beneficios o ingresos. La propuesta española pasa por gravar con el 1,2% cada euro de ingresos de las empresas energéticas de gran tamaño, las que tienen más de 1.000 millones de euros de facturación. Una fórmula que se desentiende de la existencia o no de beneficios y que incluso castigaría a empresas en pérdidas. La Comisión, por el contrario, quiere gravar con el 33% –las petroleras ya pagan un impuesto sobre beneficios del 30%– el beneficio que se considere «extraordinario» y que ha definido como todo aquello que supere en un 20% la media de beneficios de 2019 a 2021. A falta de los matices técnicos, para Iberdrola puede ser una alegría –sus beneficios en España han descendido casi un 30%– y para Repsol una desgracia, porque en el periodo que sirve como base tuvo pérdidas y hasta el primer euro de beneficio que consiga en 2022 se considerará «extraordinario».2. Megavatio ‘celestial’. La regulación española –en este caso aprobada en un decreto el pasado mes de marzo– considera que para una compañía eléctrica que genere con instalaciones renovables son beneficios ‘caídos del cielo’ si vende un megavatio a un precio superior a 67 euros. En ese caso se le aplica una penalización que entra en vigor en los contratos firmados a partir del primer trimestre de este año. La propuesta de Von der Layen –que amplía el abanico también a la generación nuclear y de carbón, ahora recuperada en algunos países– establece la tributación especial a partir de un suelo mucho más elevado: 180 euros por megavatio. Un alivio para las eléctricas españolas y en especial para Iberdrola, volcada en las renovables. 3. Destino finalista. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha dado por buenas las medidas que ha anunciado la Comisión Europea para combatir el encarecimiento de los precios de la energía, que asume sin crítica alguna. A la espera de conocer la letra pequeña de la normativa que puede salir desde Bruselas, aseguró ayer que ese diseño «deja margen» a las empresas eléctricas, tiene una metodología lógica y un objetivo concreto «para compensar a los consumidores que han experimentado un incremento de sus costes». Todo ello en contraposición con el modelo auspiciado por el gabinete de Pedro Sánchez e impulsado por los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, que ha suscitado un rechazo generalizado de todas las empresas ligadas al sector de la energía. En una conferencia pronunciada ayer en la sede de Iberdrola en Bilbao, que había sido convocada por la Alumni de la Deusto Business School, el presidente de Iberdrola desgranó las trascendentales diferencias que tiene el modelo planteado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Un modelo que, se intuye, puede dañar menos la cuenta de resultados de las compañías eléctricas e incluso ser más beneficioso para algunas, como es el caso de la eléctrica vasca. Así, puso mucho cuidado en detallar que va contra los beneficios extraordinarios. Iberdrola sostiene que sus resultados en España son un 30% inferiores a los del pasado año; que cada euro que se recaude irá destinado a reducir el coste de la energía a los consumidores e incluso puede permitir aumentos de facturación para los generadores; y que la propuesta europea «incluye un tope para la generación con tecnologías renovables de 180 euros el megavatio –anticipó Galán para justificar su posición– mientras que en España nos lo han limitado a 67 euros. Hay margen». En su opinión, los «beneficios extraordinarios son el producto de la actuación de los países productores de gas y petróleo y en especial de Rusia y de las empresas del sector de los combustibles fósiles, que están teniendo unos resultados boyantes».

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, reclamó ayer a las autoridades de la UE una política de incentivos similar a la de Estados Unidos para consolidar la transición energética en el ámbito comunitario. Calculó que esa transformación exigirá unas “inversiones gigantescas”, de 1,5 billones de euros. Según sus cálculos, si desde Bruselas lanzan un marco normativo adecuado se puede lograr un ahorro de hasta 300.000 millones al año en Europa en importaciones de combustibles fósiles. España paga 40.000 millones al año por esta dependencia, afirmó. Con incentivos y transparencia regulatoria, la inversión empresarial se quedará en Europa y no se trasladará a otros países, advirtió. En un análisis por apartados, Galán cree que la UE necesita nueva generación de 750.000 MW, que requerirá una inversión de 650.000 millones. Sobre el hidrógeno verde (H2),la UE quiere alcanzar una producción anual de 10 millones de toneladas para 2030, más otros 10 millones de toneladas de importación. Este ámbito requerirá una inversión de 120.000 millones en su opinión. En EE UU, recordó, ya hay ayudas de tres dólares por cada kilo de H2 producido por vías renovables.

Rolls Royce ejecutó ayer la venta de su filial vasca ITP Aero al fondo norteamericano Bain Capital, que estará acompañado por un grupo de accionistas que por el momento no se ha desvelado. En las negociaciones preliminares figuraban la firma guipuzcoana Sapa y el fondo de inversión JB Capital. El Gobierno vasco, que había mostrado su interés por tomar una participación, no ha consumado este objetivo al no haber alcanzado un acuerdo. Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, indicaron que mantienen «el interés» y que intentarán incorporarse en un futuro próximo La firma británica cobrará 1.700 millones de euros, aunque Bain solo aportará 1.600 por las acciones. Los 100 restantes han salido de la caja de ITP, que ve reducida así su tesorería. En su nota oficial, Rolls señaló que es un dividendo que han cobrado antes de desprenderse de la compañía. Rolls colgó el cartel de ‘se vende’ sobre ITP Aero en agosto de 2020, porque hay cosas que hay que hacer más por obligación que por gusto. La situación ya venía torcida para la multinacional británica pero la pandemia, el hundimiento del tráfico aéreo y con ello también la demanda de nuevos aviones y motores, fue la puntilla. La banca había mandado reiterados mensajes a la compañía del ‘Spirit of Ecstasy’ –el nombre de la estatuilla que identifica la marca, aunque el fabricante de vehículos ya nada tiene que ver con la aeronáutica– de que sus niveles de endeudamiento habían superado algunos límites. Las llamadas a la necesidad de vender algunas ‘joyas de la corona’ eran incesantes.

Los dos únicos consejeros independientes que quedan en Indra y la Sepi alcanzaron ayer un acuerdo preliminar acerca de los profesionales que entrarán en el consejo de administración de la compañía, en un movimiento clave para resolver la crisis de reputación en la que se encuentra sumido el grupo tecnológico. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Indra pactó ayer los seis nombres que serán trasladados al consejo de administración para su designación como consejeros independientes. El consejo tiene previsto reunirse antes de fin de mes para convocar una junta general de accionistas extraordinaria en la que propondrá la ratificación de los nombramientos. La asamblea se celebrará en octubre. Antes de que los nombramientos lleguen al consejo, deberán superar un análisis de competencia e incompatibilidades que garantice su idoneidad, con la opinión de un tercero externo. Entre los consejeros figuran perfiles muy tecnológicos. Es el caso de la socia de Tecnología de PwC, Virgina Arce; la exdirectiva de Google Olga San Jacinto, y el expresidente Deutsche Telekom Iberia, Felipe Fernández Atela. En la lista también aparece una antigua directiva de Telefónica, Belén Amatriaian, además de dos directivos con amplia experiencia jurídica e industrial. Son Coloma Armero, exsocia de Uría Menéndez y ahora al frente de su bufete, y Axel Arendt, consejero hasta ahora de ITP y responsable del gigante aeronáutico Rolls-Royce.

En Alemania, los costes salariales por hora trabajada se elevan un 5,5% y en Italia, un 3%. En Francia, la cifra suben un 2,7%. En todas ellas, no obstante, los salarios siguen creciendo por debajo de la inflación. Los países que escapan a esta pérdida de poder adquisitivo están liderados por Hungría, con un 15%, y Bulgaria (+14,6%), mientras que otros cuatro países registraron subidas por encima de los dos dígitos: Lituania (+12,4%), Rumanía (+11,7%), Polonia (+11,1%) y Estonia (+10,1%). El menor incremento se dio en Grecia (+0,8%), con Holanda, Finlandia y Dinamarca como los únicos por debajo de España. En este escenario, el llamamiento para un pacto de rentas entre patronal y sindicatos sigue siendo una constante en las últimas semanas. Pero los representantes de trabajadores y empresarios mantienen paralizadas las negociaciones desde mayo. El gran escollo son las cláusulas de revisión para blindar las rentas de los trabajadores de los vaivenes de los precios al incorporar el compromiso de actualizar los salarios a final de año si este sube más que el alza pactada. En su última propuesta sobre la mesa, los representantes de los trabajadores apostaron por incrementos mínimos del 3,5% para este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, además de las mencionadas cláusulas. Pero esa revisión de acuerdo a la inflación es rechazada por la CEOE, al considerar que generaría efectos de segunda ronda, como también advierte el Banco de España.

La Asociación de Bodegueros de Rioja Alavesa (ABRA) defiende que el paso dado por el Consejo Regulador de Rioja para establecer la «exclusividad» de los viñedos atenta contra la libertad de empresa. La institución con sede en Logroño aprobó la semana pasada un cambio en sus pliegos y estatutos para evitar que viticultores puedan dedicar parte de su cosecha a la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja y de forma simultánea otra para ‘Viñedos de Álava’, la iniciativa impulsada por la propia ABRA que permanece a la espera de su publicación en el boletín oficial del Estado (BOE) para su puesta en marcha. De momento, ABRA buscará «revertir» la decisión del pleno del Consejo Regulador que aún necesita el visto bueno del Gobierno central para su implantación efectiva. «Es contraria a derecho, discriminatoria y no justificada. Tomaremos las acciones para que en el Ministerio lo entiendan así y en el seno del Consejo Regulador se replanteen esa decisión», afirmó ayer la gerente de la asociación, Inés Baigorri. «Estamos trabajando para que las organizaciones de viticultores y bodegas que han apoyado esta medida se den cuenta de que esto no será bueno para nadie», comenta. Una labor harto complicada porque en la votación del pasado viernes todas las organizaciones que forman parte del pleno del Rioja, salvo el sindicato agroganadero alavés UAGA, se mostraron favorables.

La Comisión Europea presentó ayer una nueva ley que obligará a los fabricantes a garantizar que los dispositivos conectados a internet (televisores, ordenadores, cámaras, juguetes, frigoríficos, teléfonos móviles o cámaras, entre otros) cumplan con unos estándares de ciberseguridad, lo que permitiría que el bloque de 27 naciones sea menos vulnerable a los ataques. Según la UE, cada 11 segundos se produce un ataque de ransomware y el coste anual de la ciberdelincuencia alcanzó los 5,5 billones de euros en 2021. La Ley de Ciberresiliencia, que fue presentada por el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, exigirá que las empresas cumplan con nuevos requisitos de ciberseguridad o si no se enfrentarán a importantes multas. El objetivo de la ley, según precisó, es regular la comercialización de los objetos conectados, que hasta ahora no están sujetos a ninguna obligación en este ámbito y cuya seguridad generalmente no es la prioridad de sus diseñadores. Las autoridades nacionales serán quienes deban garantizar el cumplimiento de la normativa. En caso de incumplirse, podrán obligar a retirar del mercado los productos vulnerables y, en último término, imponer multas de hasta 15 millones de euros o un 2,5% de los beneficios mundiales que obtenga la empresa responsable. Los fabricantes de los productos tendrán que informar de las vulnerabilidades e incidentes explotados activamente.

La vigilancia y el control a las empresas aumentará este año de forma notable. La Agencia Tributaria ha firmado un convenio de colaboración con la Inspección de Trabajo para compartir más información de sus bases de datos y de forma automática con el objetivo de encontrar fraude fiscal y a la Seguridad Social en las compañías. Aunque las dos administraciones ya cruzan datos desde el año 2011, el nuevo convenio aumentará la vigilancia y establece, además, el envío de la información de contribuyentes, trabajadores y empresas de manera automática. “A la vista de los resultados positivos derivados de la colaboración, que ha permitido incrementar la eficacia de las actuaciones y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, sería muy beneficioso avanzar en el intercambio de información”, destaca el nuevo convenio. El nuevo acuerdo amplía la transmisión telemática de datos entre las partes. Además, la información se enviará sin ninguna autorización por parte de los ciudadanos. “El suministro de información regulado en el presente convenio no precisará la autorización de los interesados”, destaca el convenio. El proceso se hará de manera automatizada. Los datos suministrados por la Agencia Tributaria serán los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información sin que, con carácter general, se sometan a actividad alguna de verificación previa a su automatización. Además, se compartirán las informaciones de las actuaciones de comprobación e investigación realizadas por los respectivos órganos con facultades de control. 

Aunque es ya notorio que Rusia y China llevan desde hace tiempo una trayectoria convergente en numerosos terrenos, no solo en el campo de la cooperación comercial, energética o militar, sino también en una geoestrategia conjunta, sus respectivos presidentes, Vladímir Putin y Xi Jinping, exhiben con frecuencia esa proximidad como toque de atención a sus adversarios: Estados Unidos, la OTAN y Occidente en su conjunto. Ayer en la milenaria ciudad uzbeka de Samarcanda tuvieron oportunidad de incidir una vez más en sus puntos coincidentes y se comprometieron a liderar a nivel mundial una alternativa a lo que consideran el mundo «unipolar» promovido por Washington. Putin y Xi se reunieron por última vez a comienzos de febrero en Pekín con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, pocos días antes de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania. Entonces proclamaron una amistad «sin límites». Desde aquel momento, como ambos subrayaron ayer, han hablado muchas veces por teléfono. Una de las cuestiones que ocupó una parte significativa de las conversaciones en Samarcanda entre los líderes de China y Rusia fue la situación en torno a Ucrania. A este respecto, Putin manifestó al comienzo del encuentro con su homólogo chino que apreciaba «mucho la posición equilibrada de los amigos chinos en relación con la crisis de Ucrania». «Entendemos sus preguntas y sus preocupaciones sobre este asunto y durante esta reunión, por supuesto, explicaremos en detalle nuestra posición sobre esta cuestión, aunque de esto ya hemos hablado antes», manifestó.