20260117

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Pese a un contexto internacional adverso, la economía vasca logró mantener el pulso en 2025. Los datos publicados ayer por el Eustat confirman un crecimiento del 2,3% en un año marcado por las tensiones comerciales derivadas de la ofensiva arancelaria de Donald Trump y la prolongada atonía de la eurozona. Esta evolución mejora en una décima la previsión inicial del Ejecutivo autonómico. El País Vasco despeja así, al menos por el momento, los «nubarrones negros» de los que alertaba el lehendakari en el inicio del curso político, aunque el escenario sigue mostrando claroscuros preocupantes. El avance se apoya en la fortaleza de la demanda interna y en el consumo de los hogares, favorecidos por la creación de empleo –con récord de afiliación al cierre del ejercicio–, la moderación de la inflación y una incipiente, y todavía desigual, recuperación del poder adquisitivo. En este contexto de frágil estabilidad –o de inestabilidad contenida–, el foco de la preocupación se desplaza hacia la industria, que permanece prácticamente estancada. El enfriamiento de Francia y Alemania, que cerró el año con un pírrico avance del 0,2%, ha golpeado de lleno a un tejido productivo fuertemente orientado a la exportación. A ello se suma que los productos europeos que quieren entrar en el mercado estadounidense soportan gravámenes de, al menos, el 15%. Un lastre que ha contribuido a que las exportaciones –sin contar los productos energéticos– hayan retrocedido un 1,6% en los diez primeros meses del año.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que el Gobierno vasco está dispuesto a dedicar recursos públicos para generar suelo industrial porque no se pueden "escapar" proyectos porque no exista el suficiente y, por ello, el Ejecutivo se va a implicar "a tope" en este tema. Asimismo, ha asegurado que "no se puede perder competitividad por burocracia, y hay que "acabar con ese mal" y crear una "autopista para actividades económicas". En su intervención en el 'Foro Capital' de Fundación Vital en Vitoria-Gasteiz, Pradales ha defendido que el crecimiento económico exige "inversión e innovación", además de "generar condiciones de entorno. En este sentido, ha indicado que Álava es "la llave maestra de Euskadi", un territorio "con cuatro singularidades que lo hacen único: suelo, capacidad industrial, conectividad y sector agroalimentario". El Lehendakari ha manifestado que las características orográficas y geográficas convierten a Álava en el lugar con "mayor suelo potencial", además de albergar "el mayor peso industrial relativo de Euskadi". A su juicio, este Territorio "debe jugar un papel determinante en la transformación económica del país". "Pero necesitamos más fábricas. Y, para eso, hace falta suelo industrial. Álava tiene que liderar la partida. Necesitamos generar más suelo industrial en todo el Territorio, también en Vitoria-Gasteiz. De otra manera dejaremos escapar proyectos y oportunidades. No podemos desperdiciar sus inmejorables condiciones físicas para subirse al tren de la reindustrialización europea", ha advertido.

Papresa «está estudiando» la oferta de compra de su negocio de packaging por parte de CL Grupo Industrial que conllevaría un ajuste de plantilla del 50%. Papresa «está estudiando y considerando» el interés mostrado por CL Grupo Industrial –conglomerado familiar extremeño de una veintena de empresas que nació bajo la enseña de Cristian Lay– para hacerse con su negocio de fabricación de cartón para embalaje, el área de ‘packaging’, en una operación que la papelera de Errenteria encuadra en un momento de elevada complejidad financiera y que se produce mientras la compañía, en manos del fondo alemán Quantum Capital, se encuentra en situación de preconcurso de acreedores. El posible acuerdo se apoya en el encaje industrial de la planta dentro de la fabricación de cartón para embalaje, un segmento que la empresa identifica como el principal vector de crecimiento frente al retroceso estructural del papel. La operación, no obstante, queda supeditada al cumplimiento de una serie de «condiciones previas esenciales». Entre ellas figura la «paralización» definitiva de la producción de papel y la puesta en marcha de una «reorganización laboral adecuada al perímetro de actividad viable», que –según ha podido saber este periódico– «afectaría aproximadamente al 50% de la plantilla actual», integrada por unas 220 personas, lo que se traduciría en torno a 110 empleos.

La mayoría de los concursos de acreedores en España –entre un 90 y un 95% según registros oficiales– terminan en liquidación y desaparición de las empresas. Por eso, el proceso de Ternua Group, la textil de Arrasate que recurrió a este procedimiento en junio de 2025 al no poder afrontar una deuda de 16 millones debido a un severo ajuste de mercado, responde a un ejemplo muy poco común por dos claves: la continuidad de sus cuatro marcas y el mantenimiento de una buena parte del empleo. La puja que varias compañías realizarán el próximo viernes por Astore, supone el último capítulo tras las ventas de las unidades productivas de Loreak Mendian, Ternua y Lorpen, materializadas en octubre por Borobitex, Dikar (Corporación Mondragon) y antiguos trabajadores de la firma especializada en calcetines térmicos, respectivamente. Fuentes autorizadas y próximas a la administración concursal –Salaberria y Uzkudun del Grupo Mazarredo Auditores–, resaltan que únicamente entre un 5% y un 10% de las empresas involucradas en procesos concursales logran una salida de continuidad. Los casos que, además, mantienen actividad y empleo de forma reconocible se reducen aún más. Y los procesos que logran salvar activos relevantes y hacerlo en poco tiempo son excepcionales, por lo que Ternua Group encaja en este perfil y destaca por haber evitado ese final habitual. En apenas siete meses desde el inicio del proceso, se han vendido las tres unidades productivas del grupo –a falta de lo que suceda en la subasta por Astore–, además de mantener la actividad industrial y una parte importante del empleo, en torno a un centenar, lo que supone el 60% del total. Una cifra excepcional. 

Adeslas, la aseguradora de Caixabank y Mutua Madrileña que adquirió por 225 millones el 75% del IMQ en 2023, prepara el lanzamiento de una segunda oferta para hacerse con el 25% restante que todavía está en manos de los médicos accionistas, origen de la compañía médica privada líder en Euskadi y todo un emblema de Bilbao. La medida supone abrir una segunda oportunidad de aceptación a los accionistas del IMQ que no vendieron sus participaciones hace tres años. Es un proceso que supondría un desembolso de 75 millones a Adeslas y al que está obligada, ya que en la operación de adquisición se comprometió a abrir sucesivas ventanas para comprar los títulos que todavía siguieran en manos de los accionistas del IMQ. Las siguientes ofertas, después de la de este año, serán en 2028, 2030, 2032, 2034, 2039 y una última en 2044. La diferencia sustancial es que el compromiso de mantener el precio de 255 euros por acción solo obligará a Adeslas en la oferta de este año. En las siguientes ventanas, esa cantidad dependerá del comportamiento del negocio recogido en las cuentas anuales de la empresa. Según han confirmado fuentes de toda solvencia, la apertura del proceso, que mercantilmente tiene la forma de una recompra de acciones, se iniciará en una junta de accionistas el próximo 28 de enero.

Aunque todavía faltan, al menos, cinco años para que el Tren de Alta Velocidad (TAV) comience a funcionar al fin en Euskadi, el proyecto ha dado esta semana otro paso importante hacia adelante. Los técnicos han comenzado a levantar la catenaria. Se trata de un elemento fundamental ya que proporcionará la energía eléctrica necesaria para que los trenes puedan circular por la futura red vasca de ferrocarril de altas prestaciones. Los primeros postes han empezado a instalarse en la localidad guipuzcoana de Bergara, uno de los puntos clave del futuro recorrido entre las tres capitales. De hecho, ya son visibles en el viaducto que pasa sobre el río Deba. Se trata de las primeras labores importantes relacionadas con lo que se conoce como fase de instalaciones. Este proceso se lleva a cabo en aquellos puntos donde ha terminado la obra civil y solo resta ir ‘vistiendo’ el trazado con la vía, la señalización, las comunicaciones, los mecanismos de seguridad y, sobre todo, con el sistema de alimentación y distribución eléctrica necesario.

Solaria ha dado un nuevo paso adelante para poner en marcha varios de los complejos de placas solares que pretende desplegar en Álava hasta alcanzar la treintena. La empresa madrileña ha pedido los permisos para la construcción de otros 19 ‘huertos’ en la provincia, que suman una potencia total conjunta de 923 megavatios, casi el triple que todo lo que hay instalado en Euskadi hasta ahora. Todos estos parques volcarán la energía generada en el Puerto de Bilbao a través de la polémica línea de alta tensión que atraviesa Álava y Bizkaia, muy criticada por su «alto impacto ambiental». Según publicó ayer el Boletín Oficial del País Vasco, la energética ha pedido de golpe los primeros permisos administrativos y medioambientales para las plantas. Los nuevos 19 proyectos se han agrupado en cuatro bloques. El denominado ‘Valdegovía–Kuartango’ engloba los términos municipales de Valdegovía, Kuartango, Ribera Alta e Iruña de Oca y comprende dos parques de 50 megavatios cada uno en los dos primeros pueblos. Por su parte, el bloque ‘Lantarón’ incluye cinco huertos solares de 50 megavatios cada uno, esta vez entre el propio Lantarón y los núcleos de Añana y Valdegovía. El tercer epígrafe, Ribera Baja, comprende siete instalaciones en Ribera Alta, Iruña de Oca, Armiñón, Zambrana, Berantevilla y la propia Ribera Baja. 

Kutxabank y los sindicatos firmaron ayer el preacuerdo para su IV convenio colectivo, que tendrá una vigencia de 2025 a 2028. Ahora se iniciará el proceso de redacción de unas condiciones que han recibido el apoyo del 94,4% de la comisión negociadora, y que se firmarán de forma definitiva a lo largo de los próximos meses. El texto afectará a los más de 5.000 trabajadores del grupo. El CEO de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, adelantó ayer la firma de este convenio durante un encuentro organizado en Bilbao por el Club de Roma. En su intervención puso en valor la aportación del sector de la banca a la sostenibilidad, e hizo referencia a diferentes ámbitos relacionados con la actividad del banco. Ruiz de Gordejuela subrayó que son la única entidad financiera que tiene un convenio propio en lugar de estar sujetos al sectorial. «Eso significa que tenemos un régimen especial de cuidado de nuestra plantilla y de asegurar un bienestar especial», defendió. Igualmente destacó que mantienen un compromiso de «estabilidad y calidad» con el empleo, ya que más del 90% de los trabajadores del banco tienen un contrato indefinido y pretenden que esta cifra «vaya a más».

Copan la mitad de los nuevos empleos creados en el último año y son ya uno de cada diez afiliados, con su mayor peso en hostelería y construcción. Su peso crece en todos los sectores. Llaman la atención las tareas de reparto y logística, donde asumen el 14,5% del total de los empleos vascos (hay 7.000 trabajadores foráneos en este área, 900 más que hace un año) y en la industria los más de 10.000 empleados trabajadores extranjeros representan casi un 6% del total. También hay que destacar otras tareas donde su presencia es clave, como ocurre con las empleadas del hogar (hay 10.000 trabajadoras de las 27.000 que conforman en total este régimen especial), y también el peso que van cogiendo en el sector agrario, ganadero y de pesca, que aunque escaso en Euskadi, recae cada vez más en sus manos. A este empujón ayuda el cambio de la normativa que facilita el arraigo de las personas de fuera. Desde mediados del año pasado, el nuevo reglamento de extranjería reduce el tiempo mínimo de permanencia de 3 a 2 años, admite las jornadas parciales siempre que superen las 20 horas semanales y ofrece facilidades en materia de estudios.

Prestaciones de desempleo Lanbide será la ventanilla única para los parados. A partir del 1 de enero de 2027, en una fecha que «puede ajustarse para asegurar el correcto funcionamiento del sistema», Euskadi se convertirá en la primera comunidad autónoma en gestionar y abonar tanto las prestaciones de desempleo (lo que se conoce como «el paro», que dura hasta dos años) como los subsidios (la ayuda asistencial de entre 480 y 570 euros tras agotar lo anterior o para quienes no hayan cotizado lo suficiente). Son cuantías elevadas, ya que en 2024 beneficiaron a alrededor de 51.000 personas con un gasto total de cerca de 822 millones de euros, el mayor impacto económico de todos los traspasos de este paquete. El Estado mantiene la competencia sobre la legislación básica, pero cede la gestión completa, eso sí, con la constitución de un órgano de coordinación y seguimiento entre las dos partes para «garantizar un desarrollo ordenado». La competencia como tal la desarrollará Lanbide, que absorberá los servicios que hasta ahora prestaba el SEPE y se convertirá en una ventanilla única. De hecho, el Servicio Vasco de Empleo, que ya gestionaba las políticas pasivas como la formación, integrará a 468 funcionarios del Estado y se quedará con las treinta oficinas territoriales que conserva en Euskadi.

El empleo está en máximos. Euskadi cerró el año con récord de cotizantes. A pesar de la bonanza, y de la puesta en marcha de programas como las ayudas universales a la crianza –200 euros por hijo al mes hasta que cumple 3 años– o el apoyo a la emancipación (300 euros mensuales durante dos años), el sistema de protección para evitar la caída en situaciones de pobreza también se encuentra en sus cifras más altas. Esto refleja, coinciden entidades y expertos, que quienes tienen problemas económicos están accediendo en mayor medida que antes a las prestaciones, pero también que la desigualdad persiste y que un trabajo no garantiza cubrir las necesidades básicas. En Bizkaia, 33.453 personas cobran la RGI y casi 7.900 el IMV. Alfonso López, coordinador de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y contra la Exclusión Social en Euskadi (EAPN) esboza algunas cuestiones que influyen en que la RGI mantenga el número de perceptores a pesar del momento económico. En primer lugar está «el impacto» de la expansión del Ingreso Mínimo Vital en 2022 y, sobre todo, de la entrada en vigor en abril de 2023 de la ley que reformó la Renta de Garantía de Ingresos, que dio acceso a más personas. También pone el foco el portavoz de la plataforma en «la gente trabajadora pobre y los pensionistas, con muchas mujeres viudas que cobran el mínimo».

La estrategia de desarrollo, atracción y fidelización de talento STEM, Bizkaia with the talent, impulsada por la Diputación de Bizkaia, ha formado en sus dos primeros años a 200 empresas en la gestión de talento, ha cualificado a 700 personas en competencias digitales y ha logrado atraer al territorio a 90 profesionales internacionales de alta cualificación Stem. Los datos se presentaron en la IV Asamblea del programa foral, que fue presidida por la diputada general, Elixabete Etxanobe, y en la que participaron representantes de 43 empresas, centros de conocimiento y organizaciones comprometidas con la estrategia, entre ellas Cebek. En su intervención, Etxanobe destacó que la iniciativa ha alcanzado un 93% de ejecución presupuestaria, con un total de 9,3 millones de euros comprometidos de los diez previstos. “Un dato que refleja el alto grado de madurez de la estrategia y el compromiso real del conjunto de agentes implicados”, subrayó. En esta línea, puso en valor la progresión de Bizkaia with the talent, ya que, según señaló, “estamos avanzando con hechos, activando proyectos concretos y útiles para las empresas, las personas y el futuro competitivo de Bizkaia”.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció el viernes que los 10.500 millones de euros del fondo soberano que avanzó el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –un mecanismo de financiación inédito en España y procedente de lo que no ha gastado España de su parte del plan de recuperación europeo– elevarán la capacidad de inversión directa del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta al menos los 60.000 millones. “Es un aumento de capacidad permanente, estructural, para la economía española”, resumió el responsable de Economía. Así, el ICO, un banco público que financia proyectos que el mercado privado no cubre bien, podrá invertir en sectores innovadores e industrias nacientes, como la IA, o actividades de interés social, entre ellos la vivienda, y mantener el impulso inversor del mecanismo europeo que finaliza este año. “Es una noticia relevante para la economía española, puesto que lo que hacemos es anticiparnos a la finalización de la llegada de los fondos europeos este 2026 y asegurar que va a haber una capacidad de continuar con esa modernización”, agregó Cuerpo. El mecanismo de recuperación, un cañonazo de dinero sin precedentes que Bruselas disparó para reactivar la economía comunitaria tras la pandemia, termina a finales de este año.

Indra ha tenido un accidentado debut como dueño de Hisdesat, adquirida en la operación de toma de control de Hispasat por 725 millones de euros. La compañía ha confirmado que el segundo satélite de la familia SpainSat NG, lanzado en otoño y valorado en unos 1.000 millones de euros, ha quedado inutilizado. Indra anunció el 2 de enero que el SpainSat NG II, lanzado el 23 de octubre desde Cabo Cañaveral, sufrió el impacto de una partícula durante el trayecto hacia su posición orbital definitiva, a unos 50.000 kilómetros de la Tierra. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando Indra confirmó la peor de las noticias, ya que se va a ver obligada a lanzar un nuevo satélite, el tercero de la familia SpainSat, para cumplir con los compromisos adquiridos con el Ministerio de Defensa, principal contratista de los servicios. “Hisdesat, junto con el Ministerio de Defensa, ha iniciado el proceso de solicitud de oferta para el satélite SpainSat NG III, que reemplazará al SpainSat NG II, tras comprobar que los daños sufridos por el impacto de una partícula espacial impiden que este último pueda realizar la misión prevista”, explicó la empresa. Esta decisión se produce después de los informes recibidos por parte del Ministerio de Defensa que confirman que los daños producidos “no son recuperables”, pese a que la partícula que colisionó con el satélite tenía “una dimensión milimétrica y apenas unos gramos de masa”. Sin embargo, la alta velocidad del choque ha sido clave a la hora de provocar los desperfectos.

Ya antes de que acabase 2025, el grupo chino Chery anunció que desde esta primavera introducirá una nueva marca en España, Lepas, que se suma a Jaecoo y Omoda, que ya comercializa con gran éxito. Además, entre este año y el que viene, sumará otras firmas como Exlantix o iCar. Esta misma semana otro gigante como Geely –dueño de Volvo, Polestar o Lynk&Co, entre otras– ha confirmado el aterrizaje de la marca que lleva su mismo nombre con el lanzamiento de sus primeros modelos antes de verano. Geely también es propietaria de Zeekr, ya presente en 12 países y que se extenderá a otros como España, Francia o Italia durante 2026. Y a finales de mes, Changan iniciará de forma inmediata la venta de la enseña Deepal, que llega con dos SUV electrificados. Aunque no acaba ahí la fiesta, porque BYD estrenará por fin este 2026 su firma de lujo Denza, retrasada para tener a punto su propia red de cargadores ultrarrápidos; y esto son solo los planes ya confirmados. La oleada de nuevos actores no debe sorprender a nadie. Con un cliente poco fiel, sin casi referentes nacionales que defender –como si tienen en Francia, Alemania o Italia– y extremadamente sensible al precio, nuestro país era terreno abonado para las firmas chinas, respecto de las cuales cada vez se tienen menos prejuicios.

El Consejo de Estado difundió ayer el informe clave sobre las circulares de retribución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que marcarán el futuro de las redes eléctricas en España hasta 2031. Y el máximo órgano consultivo ha dado munición al sector para llevar al supervisor a los tribunales. Cuestiona la validez legal de la nueva metodología que aprobó la Comisión en diciembre y da alas a los abogados de las eléctricas para abrir una batalla judicial de 900 millones de euros. «Anticipa un conflicto regulatorio», sentencian fuentes empresariales. En los últimos meses, el debate se había centrado en la tasa, la circular que fija la rentabilidad de las inversiones. Es decir, el tipo de interés que reciben las eléctricas por sus actuaciones en la red. La CNMC la fijó en el 6,58%, lejos del 7% que pedían las empresas. Pero las críticas del Consejo de Estado van contra una segunda circular, la de metodología de retribución. Esta define qué costes reconocerá la CNMC, cómo se valoran y qué incentivos y penalizaciones tendrán las empresas. Si la metodología dice qué obras se pagan, la tasa de retribución fija a qué interés se remunera el dinero invertido en esas obras. El informe del Consejo recoge cuatro observaciones, dos de las cuales son muy críticas con la propuesta del supervisor. Cuestiona el incentivo que introdujo la CNMC (y que posteriormente relajó) para vincular la retribución de las redes a la demanda que finalmente se conecte. Es decir, las eléctricas cobrarían más o menos en función de los consumidores que se terminen enchufando al sistema. Ello volcaba por primera vez un riesgo para las distribuidoras que, a ojos del órgano consultivo, es ilegal y no tiene «sustento normativo». 

Escarrer es especialmente beligerante con el absentismo laboral creciente en España. “Está devastando las plantillas, generando un problema de sobrecostes y de pérdida de calidad de servicio. Se está consolidando como un problema cultural, subiendo a un 8% de los trabajadores cuando en Francia apenas llega al 2%. Llama mucho la atención que cada vez esté afectando más a los trabajadores más jóvenes”. El directivo se muestra igualmente muy crítico con el trato que dispensan las Administraciones públicas al turismo, que ha vuelto a aportar el 13% del PIB y del empleo como antes de la pandemia: “Muchos gobiernos optan por la lectura fácil y a veces populista de justificar más impuestos por la saturación y amenazan con dejar de promocionar el destino. Se centran en las limitaciones y no en la gestión proactiva del destino, tratando de traer viajeros en temporada baja o estimulando las llegadas de otros mercados emisores alternativos a los europeos como Asia, Norteamérica u Oriente Medio. Están jugando con la gallina de los huevos de oro y eso nos puede pasar factura”.

Hacienda está dispuesta a conceder algo de margen de actuación adicional a Trabajo en su batalla por sumar la firma del empresariado español al acuerdo de incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). En concreto, según confirman fuentes oficiales, el departamento que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a la posibilidad de ofrecer un “gesto” a la patronal, permitiendo la compensación parcial de los contratos con la administración ante el alza de la inflación y el salario mínimo. La cesión de Hacienda –que hasta la fecha se había opuesto frontalmente– llevó a la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a suspender in extremis la reunión de negociación del SMI que tenía previsto celebrar el viernes con patronal y sindicatos, en aras de ampliar la negociación y tratar de volver a convertirse así en la muñidora de un acuerdo tripartito que en el SMI no se ha dado desde 2020. A pesar del esfuerzo que pueda llegar a realizar Hacienda en la oferta de compensación de la subida del salario mínimo en los contratos públicos, desde CEOE ven altamente “difícil” poder llegar a un acuerdo tripartito para la subida de 2026 que el departamento de Yolanda Díaz pretende encauzar de forma “inmediata”. Por un lado, se muestran escépticos con el alcance de la medida que vienen reclamando desde hace siete años y que en ningún momento el Ministerio de Hacienda se ha mostrado abierto a negociar. Además, fuentes empresariales señalan EXPANSIÓN que una medida de alcance parcial sería insuficiente como contrapartida para el apoyo de CEOE. Recuerdan que la subida pretendida del 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas es más del doble que la propuesta lanzada por las organizaciones empresariales, del 1,5%, y también rebasa sobradamente el IPC del pasado año, que cerró en el 2,7%.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó ayer que, para poder valorar si la patronal se suma a un acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), se necesita un planteamiento «real», que provenga de todo el Gobierno y no sólo del Ministerio de Trabajo. En relación a las afirmaciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que se está trabajando con Hacienda en una propuesta para la indexación del SMI a los contratos públicos, Garamendi subrayó que la vicepresidenta «dice muchas cosas y algunas de las cosas que dice las ha prometido hace siete años y no han salido». «Por tanto, al pan, pan y al vino, vino, y cuando vea el planteamiento, cuando sea real lo que sale, pues diremos sí, no o ya veré. Lo que no vamos a estar es dando vueltas siempre a una idea», apostilló.

Zegona Communications valora oficialmente Vodafone España en 14.700 millones de euros tras un rally bursátil sin precedentes del fondo desde que adquiriese la operadora. Según la memoria enviada a la Bolsa de Londres a la que ha tenido acceso este diario, la firma liderada por Eamonn O’Hare concede a su único activo un valor que triplica tanto los 5.000 millones de euros que pagó por la operadora en mayo de 2024 como los cerca de 4.200 millones de la actual capitalización bursátil de Zegona. Esta valoración refuerza la confianza del fondo para aflorar valor en un activo antes considerado en declive, transformándolo en un negocio de alto rendimiento financiero en poco más de un año, aunque comercialmente no haya acabado de recuperarse, como prueba el hecho de que Vodafone España sigue en números rojos. El desglose de esta ambiciosa valoración –la primera oficial que hace Zegona y muy por encima de las estimaciones realizadas por varios bancos de inversión– se desglosa en un valor de capital o equity value de 11.100 millones de euros y una deuda asociada de 3.600 millones. Sin embargo, el valor real de la tercera operadora del mercado español podría ser incluso superior al reflejado en dicho informe. 

Alemania lleva tiempo inmersa en la ardua tarea de hacer frente a los ambiciosos objetivos climáticos, pero sin que la transición energética provoque problemas de suministro o costes tan elevados que perjudiquen a la industria del país. El Gobierno de coalición del canciller alemán, Friedrich Merz, formado entre conservadores y socialdemócratas, quiere aliviar la carga de las empresas con un alto consumo energético mediante un precio de la electricidad industrial más barato y subvencionado por el Estado, para hacer frente así a las consecuencias del apagón nuclear y evitar lastrar aún más a las empresas afectadas ya por los aranceles estadounidenses y los elevados costes laborales. Merz está muy preocupado por los precios de la energía, consciente de lo que esto supone para la industria y para la economía de un país que si bien volvió a crecer en 2025 tras dos años de recesión, lo hizo muy levemente. Apenas avanzó su PIB un 0,2% con respecto al año anterior, según informó esta semana la Oficina Federal de Estadística de Alemania. El líder conservador quiere “volver a tener algún día precios de mercado aceptables en la producción de energía y no tener que subvencionar permanentemente los precios de la energía con cargo al presupuesto federal”. “A la larga, eso no es posible”, declaró en un encuentro económico organizado esta semana. En su opinión, “fue un grave error estratégico abandonar la energía nuclear”. “Si se hace, al menos se debería haber dejado en funcionamiento las últimas centrales nucleares que quedaban en Alemania hace tres años, para tener al menos la capacidad de generación de electricidad que teníamos en ese momento”. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementa la presión para hacerse con el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Después de la reunión el jueves con representantes daneses y groenlandeses que acabó con la puesta en marcha de un grupo de trabajo para tratar de llegar a un entendimiento, ayer el líder republicano redobló la presión al amenazar con más aranceles a los países que no estén de acuerdo con su intención de anexionarse la isla. El dardo va dirigido contra Europa. En la actualidad, Washington aplica ya una tasa del 15% a la mayoría de los productos del Viejo Continente. «Quizás imponga un arancel a los países si no están de acuerdo con mi plan para Groenlandia», advirtió el magnate neoyorquino durante una reunión con agricultores en la Casa Blanca. Volvió a insistir en que EE UU «necesita» ese territorio «por seguridad nacional». Los países europeos han mostrado desde el principio su apoyo a Dinamarca ante la presión de la administración estadounidense y su escalada retórica para argumentar sus pretensiones sobre este punto estratégico del Ártico.

Considerado en Wall Street como el “rostro amable del trumpismo económico”, Kevin Hassett lideraba hasta ayer la carrera para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed). Pero el presidente de EEUU, Donald Trump, juega al despiste y ahora dice que lo quiere en la Casa Blanca. ¿Es una decisión en firme? Para nada. “Hay que ver cómo encajarlo todo”. Hassett sigue en la carrera en plena guerra política y judicial contra el actual presidente, Jerome Powell. No son pocos los inversores que temen que Hassett ceda a las presiones de la Casa Blanca para acelerar la rebaja de tipos y compensar con política monetaria los excesos fiscales. Él ya ha dicho que no sería así y decidiría por convicción económica. Casualmente, sus postulados suelen coincidir con los de Trump. De hecho, es el director del Consejo Económico Nacional de EEUU. Doctorado en Economía por la Universidad de Pensilvania, sus primeros pasos profesionales los dio en la Fed y el Fondo Monetario Internacional (FMI), antes de consolidar su carrera como investigador en el Instituto Americano de la Empresa, un think tank conservador con sede en Washington DC. Allí se especializó en macroeconomía y política fiscal. A lo largo de más de una década, Hassett se labró una reputación como economista serio y riguroso, aunque con un marcado sesgo ideológico hacia la derecha económica. En 1999, su nombre se popularizó más allá de los círculos académicos, cuando publicó junto a James Glassman el libro Dow 36.000, en el que predecía que el índice bursátil alcanzaría ese nivel en un corto periodo, impulsado por una reevaluación fundamental de los riesgos del mercado. La obra fue muy criticada por su exceso de optimismo y por su mala sincronización: apareció poco antes del estallido de la burbuja tecnológica. Su predicción se cumplió con dos décadas de retraso y Wall Street siempre lo recordará como “el libro sobre inversión más grandiosamente confundido de la historia”. Su carrera no se resintió. Al contrario.