20260605

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La nueva diligencia se centra ahora en una operación posterior al rescate. Antes de devolver la ayuda recibida, Tubos Reunidos solicitó autorización a la Sepi para vender un inmueble y terrenos en Navarra por un importe aproximado de 15 millones de euros. Los investigadores rastrean si alrededor de 10 millones de esa operación pudieron acabar, directa o indirectamente, en el circuito económico de la trama. El sumario ya apuntaba a una segunda fase en la relación entre Tubos Reunidos y los investigados. La UCO afirma que, «una vez concedida» la ayuda, identificó «una segunda operativa» desarrollada entre 2024 y 2025 con el objetivo de conseguir «el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda». En esa segunda operativa, añade el informe, «habría podido participar Santos». En medio de esos trámites tuvo lugar una reunión el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de Cerdán en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. En esa cita participaron «el propio Santos, Leire y dos directivos de Tubos Reunidos». Según han confirmado fuentes judiciales a este periódico, se trata del director general de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y un miembro del consejo de administración, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. Como la Sepi sí concedió ese aplazamiento, los investigadores rastrean ahora qué pasó con esos 10 millones. Tras aquella cita, siempre según el informe policial, Vicente Fernández «habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos». 

«No ha nacido el responsable político que en estas circunstancias legales establezca una quita sobre la deuda que tiene Tubos Reunidos con la Sepi». De este modo tan contundente explican fuentes judiciales la situación en que queda la empresa vasca en concurso de acreedores tras las últimas actuaciones de la Audiencia Nacional y los registros a sus sedes. Y es que si la viabilidad de la compañía gracias a un inversor era complicada, ahora lo es más. Al pasivo financiero de 263 millones se une el judicial. Este tiene, además, una difícil traducción económica de las responsabilidades penales que pudieran recaer en los administradores de Tubos Reunidos si la investigación del juez Santiago Pedraz determina que la empresa pagó al entramado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a la ahora exafiliada Leire Díez a cambio de un trato favorable por parte de la Sepi. En román paladino, que si había alguien analizando hacer una oferta, es fácil que se le quiten las ganas. La investigación judicial ha puesto en tela de juicio el rescate de la Sepi en dos momentos decisivos. En el inicial, entre 2020 y 2021, por la participación del expresidente de la entidad pública, Vicente Fernández, mientras pesaba sobre él una inhabilitación de dos años tras el cese en el cargo. El otro, en 2024. Entonces Tubos Reunidos logró un aplazamiento en la devolución de 10 millones a la Sepi. En este caso, el juez analiza si tuvo o no que ver en esa decisión la reunión mantenida en la sede del PSOE entre Cerdán y Díez con el director general de la empresa, Carlos López de las Heras, y el miembro del consejo de administración, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. En cualquier caso, la situación procesal hace muy complicado que el administrador concursal de Tubos Reunidos, PKF Attest, pueda plantear ahora a los acreedores financieros una quita. 

La secuencia que conecta a la trama con el PNV aparece cuando la UCO explica que el desembolso público estaba atascado. Según los investigadores, «en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado», Leire Díez y Vicente Fernández (quien abandonó la SEPI en octubre de 2019) «propusieron acudir a Santos y Antxon para impulsar el mismo». La referencia sitúa a Cerdán, entonces hombre fuerte de la organización socialista, y a Antxon Alonso, socio 'secreto' de Cerdán a través de Servinabar, como piezas a las que acudir para desbloquear la ayuda pública. Acto seguido, la Guardia Civil introduce la mención al Partido Nacionalista Vasco. «Previsiblemente como resultado de lo anterior», recoge el informe, «las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco». Esa mediación, añade la UCO, «podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión». El informe no identifica en ese pasaje al miembro del PNV al que se habría acudido ni atribuye responsabilidad penal al partido. Lo que hace la UCO es recoger que, «según las palabras de los propios investigados», la actuación de Hirurok incluyó una intermediación con alguien del Partido Nacionalista Vasco y que esa gestión pudo contribuir a que el rescate saliera adelante.

Corporación Mondragon ha demostrado su solidez y capacidad de adaptación en un escenario internacional complejo y volátil al cerrar el ejercicio 2025 con unas ventas totales de 11.322 millones de euros, un 1% más, y unos resultados netos agregados de 618,8 millones, que aunque suponen una ligera contracción del 1,2% han sido valorados positivamente debido al contexto económico volátil que impregna el mundo desde hace varios ejercicios. A pesar de las tensiones geopolíticas, el enfriamiento en mercados clave y la acelerada transformación industrial liderada por China, el entramado empresarial con sede en Arrasate mantuvo su fuerte compromiso con la generación de riqueza territorial alcanzando una cifra de inversiones de 406 millones. Asimismo, en este desafiante contexto global, el grupo cooperativo reafirmó su rol como motor de cohesión social para Euskadi creando 1.346 nuevos puestos de trabajo (962 en el área de distribución, 277 en la industria, 76 en finanzas y 31 en conocimiento), lo que eleva su plantilla media a 71.415 personas y consolida a la entidad como una pieza vertebradora fundamental para la economía vasca y el empleo de calidad, según ha resaltado este jueves su presidente, Pello Rodríguez. Aunque ha admitido que la división de industria sufrió una ligera bajada en sus ventas del 1,4% a causa de los aranceles, la guerra de Ucrania, la presión económica de China sobre Europa y la incertidumbre en el sector del automóvil, ha recalcado que la lectura cualitativa del año sigue siendo favorable.

Pello Rodríguez, presidente de la Corporación Mondragon, se ha mostrado claramente a favor de cualquier iniciativa pública o privada que busque mejorar la competitividad industrial, pero ha considerado imprescindible ampliar el espectro del «pacto de país» que solicitó la semana pasada Adegi durante la celebración del día de la empresa para la transformación competitiva de Gipuzkoa. Adegi reflexionó en torno a una serie de medidas concretas a adoptar para enfrentar diversos desafíos como la brecha de productividad europea frente a los grandes bloques económicos, la disrupción tecnológica, el desafío chino, el inexorable invierno demográfico o la crisis de la vivienda. Un programa global en el que las posibilidades que ofrecen el Concierto Económico y la fiscalidad propia sean palancas esenciales de crecimiento. A partir de su experiencia reciente, Rodríguez ha reflexionado sobre la existencia de distintas normativas y competencias a nivel regional, estatal y europeo, subrayando que «la fuerza y la palanca están en Europa». Por ello, ha reclamado que la iniciativa sea de «país en todo su término», lo que significa que «desde Europa, desde competencias de Madrid, desde aquí, hay que traccionar todo» de manera conjunta, ágil, eficiente y simplificando los procesos. Ha justificado esta necesidad de coordinación institucional advirtiendo que competidores como los chinos y los estadounidenses «tienen otras dinámicas y otra aceleración». Para ilustrar el peligro de la lentitud burocrática, ha recordado el caso de una empresa de llantas (Mapsa) que sufrió durante dos años hasta que se aplicó una normativa europea, un tiempo de espera inasumible en el que «el chino aquí metía llantas y nos hacía un agujero». Ante esta realidad, su mensaje y exigencia principal ha sido que «todas las estructuras administrativas tienen que trabajar todas a una», ya que, de lo contrario, «la pegada va a ser muy limitada».

A lo largo del año, el grupo logró incorporar a 1.346 nuevos profesionales, situando su plantilla media global en 71.415 personas. Con estos registros, Mondragon consolida su posición de liderazgo en el mercado laboral cercano, manteniéndose como el primer empleador de Euskadi, el segundo de Navarra y el quinto empleador privado de todo el Estado. En paralelo a este impacto laboral, la corporación y la Fundación Mondragon destinaron más de 49 millones de euros a cerca de un millar de entidades dedicadas a proyectos de inclusión sociolaboral, educación, medioambiente y promoción del euskera. El área de Industria cerró 2025 con una facturación agregada de 4.919 millones de euros, lo que supuso un descenso del 1,9% respecto al año previo, y unos resultados netos de 251,5 millones de euros, experimentando una bajada del 13%. Preguntado por las divisiones del área industrial que más dificultades están teniendo, ha contestado que las divisiones «muy expuestas a inversiones de automoción en Europa» enfrentan una caída importante, ya que, aunque tienen cartera, la previsión de captación de «pedidos va a la baja» de cara al segundo semestre, siendo el equipamiento de automóvil el sector que tendrá más retos y verá sus cifras reducidas debido a que los clientes no invierten en maquinaria nueva ante la incertidumbre. Además, ha explicado que a la división de componentes le está costando más debido a «su fuerte exposición a Estados Unidos y a la entrada de competidores chinos». 

«Vivimos tiempos muy inciertos, el País Vasco quiere ser protagonista en la reindustrialización de Europa y en el desarrollo de sus redes eléctricas». Así lo ha asegurado el propio Mikel Jauregi este jueves en la presentación del quinto proyecto transformador de su Plan de Industria 2030, 'Grid4Industry'. El proyecto, liderado por Iberdrola, supone una inversión inicial de casi 41 millones de euros de capital público-privado, y se estima que la inversión total supere los 130 millones en los próximos tres años, un capital movilizado en actividades de I+D y desarrollo tecnológico. Asimismo, implica la creación de 200 puestos de trabajo directos de alta cualificación en Euskadi, además de otros 320 indirectos. El plan estará coordinado desde el Global Smart Grids Innovation Hub que tienen Iberdrola y la Diputación Foral de Bizkaia en Larraskitu. Según ha destacado Jauregi, «Euskadi tiene capacidades tecnológicas e industriales para liderar la nueva generación digital de redes eléctricas. California tiene su 'Silicon Valley'. Nosotros tenemos nuestro 'Electric Valley' y queremos ayudar a electrificar la industria a nivel mundial». Y es que la idea principal del proyecto es desarrollar desde aquí las nuevas soluciones tecnológicas que permitirán digitalizar las redes eléctricas industriales y responder a los grandes retos de la electrificación de la industria. Tal y como ha subrayado Asís Canales, presidente de i-DE (la distribuidora de Iberdrola) y delegado institucional de la compañía, este proyecto «dará un impulso a la cadena de valor de fabricantes vascos de bienes de equipo eléctrico, de la que viene traccionando históricamente Iberdrola. Las redes son la columna vertebral de la electrificación y sin ella no hay independencia energética».

Euskadi va a tardar más de siete años en poner en marcha el único parque eólico que se ha levantado en dos décadas. Es todo un síntoma del cuello de botella administrativo que se ha generado en País Vasco y que los partidos que conforman el Gobierno de Euskadi, PNV y PSE, han reconocido que supone una «pérdida de competitividad» que dificulta la captación de inversiones. El problema, señalado por las empresas y las patronales vascas con insistencia en los últimos años, es de grueso calibre. De ahí que los dos máximos responsables de las formaciones que conforman la coalición del Ejecutivo de Imanol Pradales, hayan decidido impulsar una proposición de Ley en la Cámara vasca bajo el título de "Medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica". Este jueves, el presidente del PNV, Aitor Esteban, y el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, han tramitado en el Parlamento la iniciativa que prevé la creación de la figura del 'Proyecto de Interés Público Superior', que establece esa «autovía administrativa» que viene planteando el lehendakari desde el inicio de la legislatura. Según ha dicho el presidente del EBB, Aitor Esteban, se trata de marcar un «antes y un después» con una norma que se adecúa a las demandas de la UE para simplificar la tramitación administrativa en un contexto en el que «hay competencia para atraer proyectos e inversiones y en el que los retrasos administrativos no son neutros». "Hay proyectos interesantes y se nos pueden escurrir de las manos -ha reconocido Esteban- por eso las medidas tienen que entrar en vigor". La previsión es que eso se dé a finales de este 2026. La nueva Ley, que se ha de aprobar en el Parlamento, pero que con el respaldo de PNV y PSE tendría ya la mayoría suficiente, busca también agilizar las respuestas de la administración a las alegaciones presentadas por empresas y afectados. Del mismo modo, acelerará la respuesta del estamento público cuando el administrado pida una reunión. En el caso de la vivienda, se tratará también de agilizar la declaración de la calidad del suelo, especialmente para promociones de vivienda con algún régimen de protección y para municipios con menos de 3.000 habitantes.

Los Benjumea se repliegan en Álava. La familia que preside la patronal nacional de las fotovoltaicas (UNEF) de la mano de Rafael Benjumea ha renunciado a hacer dos parques solares en Álava. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó ayer el desestimiento de Cañaveras Solar, una de las empresas de esta familia, de ejecutar las centrales ‘Ubalza’ y ‘Ubalza II’. Los proyectos se desechan por las restricciones impuestas por las administraciones. En el caso de la primera planta, ubicada entre Agurain e Iruraiz-Gauna, el Gobierno vasco ya había obligado a recortar su extensión por su impacto sobre la fauna o la agricultura. La Dirección de Medio Natural, por ejemplo, advirtió de la afección de las placas sobre especies como el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido. También se alertó de un efecto negativo a nivel paisajístico. Todo eso derivó en un ajuste de la central de 53,9 a 22,22 hectáreas y de 26,63 megavatios de potencia a 13,53. Dicho de otra forma, la central perdió de un plumazo 12.300 paneles y se quedó con 21.729 módulos fotovoltaicos. Ahora se eliminan todos porque, según la promotora, las condiciones ambientales conducen a «la inviabilidad sobrevenida» para «poder continuar la tramitación del proyecto». Misma situación se repite en la otra central, en ‘Ubalza II’. 

El aeropuerto de Foronda entrará «en otra liga» y se elevará como «corazón» europeo de la logística con el hangar que DHL abrirá en 2027. La empresa, que tiene en marcha las obras desde hace semanas, se engalanó ayer con motivo de la colocación de la primera piedra por parte de directivos e instituciones. Como coincidieron en destacar, el nuevo centro –con 40 millones de euros de inversión– será el más importante de la compañía en todo el continente solo por detrás del de Leipzig, en Alemania. Algo que relanzará tanto al aeródromo como a Álava en el mapa internacional. La multinacional germana opera la red aérea «más compleja y exigente» a nivel mundial, un sistema «tan grande que necesitaba un segundo pilar, y ese motor será Vitoria». Trabajará en coordinación con la gran central de Leipzig «no como satélite sino como socio y centro de excelencia técnica», remarcó el vicepresidente senior de Hubs, DHL Express Europa, Jesús Sánchez. La infraestructura, que generará medio centenar de empleos de «alta cualificación», permitirá reforzar las capacidades de mantenimiento y reparación de la flota aérea de la firma en el continente, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa y la disponibilidad de sus aeronaves.

Sobre las nueve de la mañana de ayer, numerosas dotaciones de la Policía Local y la Ertzaintza se apostaron alrededor de la fábrica abandonada de Fournier, en el extremo sur de Vitoria. Cumplían el mandato de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 1 de Vitoria para acceder a una de las tres naves del complejo, registrarla, desalojar a todos los moradores irregulares que se encontraran y devolver la propiedad a su dueño legal. El lanzamiento arrancó a las 10.30 horas con la llegada de la comitiva judicial. Protagonizado por agentes locales pertrechados con material antidisturbios, el registro se desarrolló sin incidentes reseñables, más allá del enfado evidente de los tres okupas localizados y conminados a abandonar la instalación. Al menos dos de ellos han pasado esta primera noche «en una chabola». La recuperación de un tercio de Fournier, cuya extensión total roza los 16.000 metros cuadrados, abre asimismo una nueva etapa para las fábricas okupadas en Vitoria. Todo apunta a que no será el único operativo. En los juzgados de la Avenida de Gasteiz también manejan los expedientes del resto de esta antigua factoría encargada de hacer los históricos naipes. Pero también hay otro referente a URSSA, en Campo de los Palacios y adquirida hace poco más de un año por una UTE de tres empresas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Más de ocho de cada diez comercios de Gipuzkoa utiliza redes sociales con fines empresariales. Un porcentaje que consolida a las firmas del territorio como las que más utilizan estas plataformas en toda Euskadi, según el informe ‘Sociedad de la información en las comarcas de Euskadi’ publicado ayer por el Eustat. Después de Gipuzkoa se encuentran los negocios de más de diez empleados de Bizkaia y Álava, donde la implementación de estos mecanismos sociales (que incluyen redes sociales, páginas web y blogs empresariales) alcanzan el 77% y el 75%, respectivamente. Donostia también se lleva la palma como la capital de territorio con mayor implementación, con un imponente 84,6%. Una cifra que se distancia de Bilbao y Vitoria, con un 79,5% y un 76,1%, respectivamente. 

Organizada por EL CORREO y Cebek, el patrocinio de Kutxabank y AENA y la colaboración de Coca-Cola, IMQ, Siwaclinic, Arteche y BM Bizkaia, la octava edición de la carrera de empresas que tendrá lugar este domingo en Bilbao contará con récord de participación. Nada menos que 3.200 corredores, 1.100 más que el año pasado –269 firmas– competirán en una jornada que conjuga deporte, compañerismo y trabajo en equipo. Una de las principales novedades, que es precisamente la que ha permitido pegar ese enorme tirón a nivel de inscripciones, es el cambio de ubicación de la salida. Los equipos –cuatro hombres, cuatro mujeres o mixtos– en lugar de partir desde las inmediaciones del Palacio Euskalduna como venía siendo habitual en las siete citas anteriores, arrancarán desde la explanada de San Mamés, a las 11.00 horas. «Es una iniciativa extraordinaria en la que el próximo año esperamos llegar a los 4.500 participantes», destacó el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, en la presentación de una prueba que tiene también tintes solidarios. Cuatro euros por equipo se destinarán al Banco de Alimentos de Bizkaia. El año pasado el donativo ascendió a 2.100 euros.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha pedido al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el mantenimiento, al menos hasta después del verano, de las rebajas fiscales sobre los combustibles de automoción que se aprobaron como respuesta al impacto por el conflicto en Oriente Próximo, ya que, de no ser así, el precio del litro de gasolina subiría 29 céntimos y el del diésel se encarecería 22 céntimos. En un comunicado, la patronal de los gasolineros apela "a la sensatez y responsabilidad tanto del Ejecutivo como de los grupos parlamentarios para prorrogar y convalidar las medidas". En concreto, la asociación subraya que las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, que supusieron una rebaja temporal hasta el próximo 30 de junio del IVA del 21% al 10% y una reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) hasta el mínimo dispuesto por la normativa comunitaria, "han demostrado sobradamente su eficacia", después de que el litro de gasolina "se haya abaratado un 15,7% desde su entrada en vigor y el del gasóleo haya hecho lo propio en un 17,3%". De esta manera, Ceees considera que un encarecimiento directo y abrupto por la caída de las medidas "tendría consecuencias críticas, pues no solo penalizaría de forma directa el consumo de las familias en sus periodos de descanso y castigaría la competitividad del sector turístico, sino que supondría un durísimo revés para los transportistas y autónomos, trasladándose de inmediato a la cadena de suministro e indexando una nueva espiral inflacionista que la sociedad española no se puede permitir".

El hecho de sufragar una hipoteca o un arrendamiento mensual y abonar también todos los gastos asociados a una casa, sitúa a uno de cada tres jóvenes en situación de pobreza. Así lo pone en evidencia el estudio Desajustes en el mercado de la vivienda en España publicado por la Fundación BBVA y el Ivie. El informe destaca que la tasa de pobreza (entendiendo como tal el porcentaje de hogares con recursos inferiores al 60% de la mediana de la renta) se situaba en España en 2025 en el 19,5%, aunque si esa tasa se calculase teniendo en cuenta además el gasto en vivienda, es decir, descontando de la renta disponible todos los gastos asociados a una pagar una casa (bien sea en propiedad o en alquiler), la tasa de pobreza se elevaría hasta el 23%. Las consecuencias son más profundas para los menores de 34 años, cuya tasa de pobreza es del 24,5% pero se elevaría al 32,9% si se descontase el gasto en vivienda. Se trata de una distancia de más de 8 puntos que da cuenta de cómo este colectivo es uno de los que más duramente está sufriendo la crisis de accesibilidad actual. Otro dato en este sentido es el sobresfuerzo: el 10% de la población realiza ese esfuerzo para pagar vivienda, es decir, destina más del 40% de su renta a una casa, pero el porcentaje de jóvenes que sufre ese sobrecoste se eleva hasta el 19,6%. Buena parte de esa presión viene por el lado del alquiler, que va ganando peso en este grupo de población frente a la propiedad. Un 45% de los hogares jóvenes escoge el arrendamiento, mientras que el porcentaje de jóvenes con vivienda en propiedad ha pasado del 65% en 2008 al 40,8% en 2025. 

Las ejecuciones hipotecarias sobre la primera vivienda –es decir, las susceptibles de desahucio– crecieron un 38,1% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo muestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se aprecian asimismo aumentos del 35,8% en las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas; y del 27% sobre inmuebles de personas jurídicas, sumando un total de 4.607, la segunda cifra más alta desde 2022, sólo superada por la registrada en el cuarto trimestre del ejercicio pasado. De esta forma, los incrementos en las ejecuciones hipotecarias se consolidan entre enero y marzo, una prueba de que “el mercado inmobiliario está al límite”, señalan desde la Federación Nacional de Empresas Inmobiliarias (Fadei). En opinión de su presidente, Miguel Ángel Gómez Huecas, el problema seguirá creciendo “hasta que las administraciones públicas no apliquen medidas urgentes para aumentar la oferta residencial”, reduciendo los precios y el esfuerzo económico de las familias para hacer frente al pago de su hipoteca. El informe deja, además, otros datos llamativos, como el hecho de que las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas aumentó un 98% en el primer trimestre, por el 29,6% de las usadas, algo “muy sintomático” para Fadei, teniendo en cuenta que “en el periodo 2005-2008, los años considerados de burbuja inmobiliaria, las viviendas nuevas concentraban el 44,3% de las ejecuciones iniciadas entre enero y marzo de 2026”.

La Comisión Europea anunció ayer que enviará una nueva carta de emplazamiento a España. Lo hace en el marco del expediente que abrió el pasado año por las irregularidades detectadas en la legislación nacional de la que se sirvió el Gobierno para trabar la OPA de BBVA sobre Sabadell. La institución europea entiende que España sigue vulnerando la regulación relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la de requisitos de capital y los Tratados de Funcionamiento de la Unión Europea en lo referente a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, es decir, sus artículos 49 y 63. Esta situación se ha agravado ahora con la entrada en vigor de la directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI), que aún no se ha transpuesto a la legislación española pese a que el plazo máximo vencía el 10 de enero de 2026. Los últimos acontecimientos “refuerzan aún más las preocupaciones ya expuestas en la carta de emplazamiento de 2025”, subraya el comunicado redactado por el gabinete de Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales. La Comisión explica que ha actualizado la evaluación jurídica en la que se basa el expediente y que “ha incluido las disposiciones pertinentes de los nuevos textos entre las infracciones identificadas”.

La gran banca española ha pasado el examen del Banco Central Europeo sobre el riesgo geopolítico. El supervisor europeo ha sometido durante este año a las entidades de toda la zona euro a unos test de estrés para medir específicamente su exposición a estas cuestiones y ya tiene los resultados. Según indican fuentes internas de los bancos, las firmas españolas analizadas (el Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja) han destacado por la resistencia mostrada ante este tipo de vaivenes, así como en otros comentarios del BCE que se centran en asuntos que los bancos consideran menores. La incertidumbre internacional y su impacto sobre la economía están totalmente en el foco de los inversores, fundamentalmente tras el conflicto iniciado en Oriente Próximo y con la guerra en Ucrania todavía sin resolverse. El BCE ha instaurado en los últimos años sus propios exámenes de resistencia a los bancos. Esta tarea habitualmente la lleva a cabo la Autoridad Bancaria Europea (EBA), pero recientemente la institución que pilota Christine Lagarde ha decidido emprender sus propias pruebas. Si bien el primer organismo analiza el efecto que tendría sobre los bancos una recesión económica a nivel general, de acuerdo a varios escenarios, el BCE suele centrar su análisis en el efecto concreto de otras temáticas.

La promesa de Donald Trump de impulsar una “era dorada” de la industria manufacturera estadounidense pierde ímpetu, ya que los compromisos corporativos para edificar fábricas no se están traduciendo en construcción real. El gasto privado estadounidense en construcción manufacturera cayó en abril a 15.200 millones de dólares (13.000 millones de euros), un descenso de aproximadamente el 16% desde el inicio del segundo mandato de Trump, mientras que el empleo en las fábricas se ha reducido en 77.000 puestos de trabajo durante ese período, según datos oficiales. Esta disminución en el gasto en la construcción de plantas se produce a pesar de que 84 empresas han anunciado inversiones por más de 900.000 millones de dólares para expandir la industria manufacturera estadounidense desde la toma de posesión de Trump en enero de 2025, según cálculos de Financial Times. Esta divergencia pone de manifiesto las dificultades que ha tenido Trump para impulsar un boom de la industria manufacturera nacional, una de sus iniciativas estrella, a pesar de los aranceles y la presión sobre las empresas para que inviertan en fábricas estadounidenses. “Los anuncios son lo que la gente dice que va a hacer, pero los dólares invertidos son lo que realmente cuenta”, señala Didi Caldwell, consejera delegada de Global Location Strategies, que ayuda a las empresas a identificar ubicaciones para fábricas. “Desde nuestra perspectiva, no vemos señales de un renacimiento industrial en Estados Unidos”. 

Es el cuarto país que más gasolina consume, con 52.000 millones de litros en 2025, solo por detrás de EE UU, China y Brasil. Rusia ha impuesto el racionamiento en miles de estaciones de servicio para evitar que las reservas de combustible se agoten. Los ataques ucranianos contra las refinerías y la logística de distribución de hidrocarburos han paralizado casi un tercio del sistema de producción de gasolina, pero además el Kremlin gasta ingentes cantidades de combustible para alimentar la maquinaria de la guerra en Ucrania; camiones, tanques y blindados que, sin abastecimiento, se quedarían parados bloqueando la posibilidad de las tropas de mantener sus posiciones en el frente. La exportación de queroseno al exterior también se ha prohibido desde el lunes. Todo queda para consumo interno de los aviones rusos. Algunos expertos sostienen que los golpes de los drones ucranianos contra la industria petrolera no son ni de lejos suficientes para arruinar la economía de Rusia, pero sí producen temor y tienen la capacidad de interferir en la vida cotidiana de los civiles. La gran compañía Lukoil ha sido una de las primeras en restringir el suministro en la región de Moscú a 100 litros de gasolina por vehículo. Se trata de evitar a los acaparadores, el factor que más puede desestabilizar ahora el mercado. El gigante Gazprom también ha limitado a 100 litros la compra de gasolina y a 150 la de diésel. Otras gasolineras son más estrictas y solo permiten a cada conductor abastecerse con 60 litros de gasolina o 100 litros de diésel por cada repostaje. El parque móvil ruso, antaño un gran quemador de combustible, arroja en la actualidad unos índices de consumo parejos a los de los automóviles europeos.