20221015

Las empresas vascas prevén un cuarto trimestre malo. Según el informe ‘La confianza empresarial’, publicado ayer por Laboral Kutxa, un 64,8% cree que el entorno económico empeorará. En el plano macroeconómico, más de la mitad apuesta por una recesión; y, en lo que respecta a su negocio, entre una cuarta parte y un tercio prevé caídas en la facturación, la actividad y el número de pedidos. Solo un 4,3% espera que su rentabilidad aumente. Todo ello hunde el índice de confianza a 42 puntos. Son 8,6 menos que en el tercer trimestre, pero la verdadera relevancia reside en que la variable baja de los 50, el listón que separa la contracción de la expansión. Por si fuese poco, el índice es más bajo que el registrado en el conjunto de España (50,5) y de la Zona Euro (48,9). Estos nubarrones en el horizonte lastran los planes de las empresas a largo plazo, ya que solo un 10,6% de las 400 consultadas prevé incrementar su inversión, la mitad de las que avanzan un recorte en esta partida. Algo similar sucede con la facilidad para financiarse: un 5,9% afirma que ha mejorado frente al 14,6% que aprecia más dificultades. Además, el 78,4% establece entre el 0 y el 1 el porcentaje de las ventas que destinará a innovación, mientras que solo el 5,6% prevé utilizar más del 5% a este fin. A pesar de ello, en el informe hay también algunos datos esperanzadores: el 81,1% de las empresas vascas prevé que el empleo se mantenga, y el 60,2% afirma lo mismo sobre los precios, que en su opinión se mantendrán estables. Ver nota Laboral Kutxa. 

Se avecinan cambios de calado en el seno del Grupo Mondragon. Orona mueve ficha para abandonar la corporación y tiene previsto someter a votación la salida del grupo a sus 1.700 socios cooperativistas antes de Navidad. Según ha podido saber este periódico, el consejo rector de la cooperativa de Hernani, distanciada hace tiempo de la casa matriz, ha trasladado ya su intención de salir tanto a la dirección como al consejo social de Orona, que cuenta en la actualidad con 7.500 trabajadores. Llegan tiempos de profundo cambio a Orona, que ha abierto la puerta a abandonar la Corporación Mondragon. De hecho, y según fuentes solventes, la cooperativa –quinta compañía europea en el mundo de la elevación– someterá a la votación de sus socios esa escisión de la ‘casa madre’ antes incluso de que acabe el año en una asamblea general extraordinaria. El asunto, que venía ya cocinándose desde hacía una larga temporada, ha terminado de ‘explotar’ esta misma semana. Lo cierto es que Orona vuela en solitario desde hace muchísimo tiempo, manteniendo una relación más bien fría y distante con la Corporación. Según las mismas fuentes, la cooperativa de Hernani podría no ser la única que cortara amarras con Mondragon en los próximos meses. Xabier Mutuberria, quien fuera el verdadero ‘alma mater’ de Orona y el gran responsable de su crecimiento y expansión en todo Europa en los últimos lustros, nunca escondió que su visión para el futuro del Grupo corporativo tras la caída de aquella que fue en su día fue considerada como la joya de la corona distaba no poco del modelo que finalmente triunfó para vertebrar el futuro del Grupo tras aquel trauma. Él manejaba un esquema diferente del ‘Más Mondragon’ que terminó imponiéndose tras un periodo que resultó de todo menos cómodo para la Corporación y en la que se escuchó también alguna voz discordante. Después de aquello, la temperatura entre Arrasate y Hernani descendió hasta el punto de la congelación, y Mutuberria mantuvo firme su timón sin mirar a ‘La Colina’, como se conoce en el Grupo a las oficinas centrales de la localidad del Alto Deba.

Orona, que en su cuartel general de Hernani aglutina una universidad y un centro de innovación (Ideo) junto a la propia cooperativa, ha superado con notable alto el impacto de la pandemia. Así, la firma dirigida por Aitor Azkarate, se apuntó unas ventas de 799 millones en 2020 y de 832 el pasado ejercicio, en el que logró un ebitda (un beneficio bruto operativo) de 139 millones. Pero el grupo, presente en toda la cadena de valor en trece países y con ascensores vendidos y en mantenimiento en cien, tiene la vista fija en Europa. De hecho, todos sus esfuerzos se centran en lo que se conoce como Proyecto Orona UE 2030. Un plan estratégico alumbrado en su día por Xabier Mutuberria con el que el grupo quiere alcanzar en esa fecha y apoyado siempre en tecnología propia una facturación de 1.200 millones, creando en Hernani 400 de los 3.000 nuevos empleos asociados a esa estrategia de desarrollo continental. El objetivo es competir de tú a tú con los grandes gigantes del sector desde la sede de Hernani. Para llevar a cabo su estrategia, Orona comenzó hace unos años a ganar dimensión. Y comenzó integrando Elektra Vitoria, una cooperativa que en la práctica era una filial de la matriz.

Congelación es el término que mejor define el estado del proyecto para construir en el País Vasco una fábrica de electrolizadores, el equipo necesario para producir hidrógeno y que, se intuye, será una tecnología clave en el futuro del abastecimiento energético. El proyecto, anunciado por la ingeniería vasca Sener y por Petronor en marzo de 2021, debería estar ya a punto de iniciar su primera fase de producción con una factoría en la localidad vizcaína de Portugalete, pero languidece. Fuentes oficiales de Sener aseguran que no han renunciado al plan, aunque reconocen que acumula un retraso importante, al igual que la práctica totalidad de las iniciativas ligadas al hidrógeno. La inversión prevista era de 120 millones de euros, con una creación inicial de 50 empleos, para escalar hasta el centenar de puestos cuando el proceso de producción alcanzase la velocidad de crucero. Sener constituyó una sociedad instrumental que debía dar cobertura jurídica a la nueva empresa y la bautizó como SJC Hurargi, con sede en Getxo. Las siglas SJC ya anticipaban que sería una sociedad conjunta entre Sener y la firma belga John Cockerill, empresa bicentenaria que nació para actuar en el sector de la siderurgia y que ha derivado en un especialista en electrolizadores. Es el socio tecnológico que eligió Sener para iniciar esta aventura pero, de momento, ni siquiera ha entrado en el capital de la sociedad instrumental. Otro signo de congelación. Fuentes de la ingeniería aseguran que las relaciones con la firma belga son buenas, aunque en el sector del equipamiento eléctrico corre la idea de que Sener quiere desarrollar su propia tecnología de electrolizadores. Algo que, advierten, «le costará bastantes años». Desde Petronor, otra de las partes implicadas, apuntan que su papel en este proceso ha sido el de «impulsores, con un compromiso de compra de electrolizadores en el caso de que esa fábrica se convierta en realidad», pero matizan que todo lo relacionado con el proyecto industrial depende de Sener.

Las haciendas vascas seguirán ajustando el IRPF para paliar el impacto de la subida de precios sobre los ciudadanos y deflactarán los tramos de renta del impuesto un 2% el próximo año. Euskadi fue la primera comunidad autónoma que en el ejercicio de sus competencias forales puso en marcha este alivio fiscal hace meses, una medida que este otoño están siguiendo muchas comunidades autónomas, pero que solamente el País Vasco y las regiones gobernadas por el PP de Madrid, Andalucía y Murcia han aplicado a todos los tramos de renta. El lehendakari Urkullu ya adelantó la propuesta en el pleno de Política General de hace un par de semanas y ayer se acordó en el Consejo Vasco de Finanzas. Así que en 2023 se adecuarán un 2% las rentas que marcan el tipo impositivo a pagar del IRPF. Además, seguirá en vigor el bono fiscal de 200 euros para todos aquellos con ingresos por debajo de 30.000, que se irá reduciendo proporcionalmente para las rentas de hasta 35.000 euros. La voluntad, como explicó el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, «es dejar más dinero en los bolsillos de los ciudadanos» para que puedan hacer frente a la subida de precios que, aunque ayer descendió en Euskadi ligeramente, dejó la tasa interanual en un elevadísimo 8,5%. Según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, esta propuesta «está abierta a revisarse» y aumentarse, como ocurrió este año, que se deflactó de salida un 1,5% y en agosto se incrementó otro 4%. Sobre la cuantía para 2023, Azpiazu señaló que ese 2% responde a la previsión de que la inflación subyacente –la que mide el precio excluyendo la energía y los productos frescos– llegue el año que viene al 3%. La medida es «insuficiente» para el PSE, que minutos antes de que arrancara la reunión envió una nota de prensa reclamando más medidas fiscales dirigidas a las personas en dificultades y que se contemplen acciones medioambientales. Los socialistas quieren negociar estos planteamientos con sus socios del PNV en los próximos Presupuestos.

La deflactación del IRPF se ha convertido en la bestia negra de los socialistas vascos, que han visto cómo Alberto Núñez Feijóo les ha usado como punta de lanza en el pulso fiscal que ha emprendido contra Pedro Sánchez. El PP viene exigiendo el ajuste de los tramos del IRPF a la desbocada inflación en aquellas rentas inferiores a 40.000 euros anuales, pero Moncloa se niega en redondo y ha apostado por ayudas fiscales selectivas para aquellas rentas entre 18.000 y 21.000 euros. Para Génova, como se afana en reiterar Feijóo, la batalla del relato es sencilla. ¿Por qué lo que es bueno para los vascos no lo es para el resto de los españoles? ¿Por qué lo que aprueban los socialistas en el País Vasco no lo pueden aprobar en el resto del país? La incomodidad en las filas socialistas ha sido evidente todos estos meses, desde que a finales de julio el lehendakari anunció esta medida arropado por los tres diputados generales. Además de la deflactación para todos los contribuyentes de IRPF sin establecerse un límite de renta (algo que no sucede en ninguna comunidad autónoma), se aprobó una deducción de 200 euros para las rentas inferiores a 35.000. Esta ayuda llevaba el sello del PSE-EE. Entonces, su líder, Eneko Andueza, se felicitó del acuerdo en las redes sociales, pero todo ha cambiado. Ahora, viendo el ruido generado, los socialistas se han plantado y aseguran que aquellas medidas anunciadas a finales de julio son «claramente insuficientes». 

Los extranjeros desempeñan un papel clave para cubrir el déficit de profesionales de Euskadi. Así, en el último año han supuesto el 46% de los nuevos cotizantes que se han incorporado a la Seguridad Social; en concreto, 7.556 sobre un total de 16.173. Alcanzan de esta forma un récord histórico de casi 81.000 afiliados, el 8,3% de la fuerza laboral vasca, según los últimos datos, los correspondientes a agosto. Pero la crisis demográfica del País Vasco y el conjunto de España hace necesario reforzar el flujo y con ese objetivo, el de facilitar la regularización de los inmigrantes, el Gobierno aprobó en julio una reforma del Reglamento de Extranjería. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, viajó ayer a Euskadi para presentarla. Se reunió con el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, con la vicelehendakari, Idoia Mendia, y con Iñigo Urkullu. La normativa facilita la contratación en origen de trabajadores para sectores en los que faltan profesionales y también incorpora el arraigo por formación. Mediante esta figura, se concede una autorización de residencia por un periodo de 12 meses a los extranjeros que han permanecido dos años en el país y se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo. La reforma también incluye otras novedades, como favorecer la permanencia de los estudiantes. La vicelehendakari, Idoia Mendia, que participó en la reunión organizada por la Delegación del Gobierno con los agentes sociales, señaló que la nueva normativa supone «una oportunidad para atraer talento en una economía, como la vasca, que afronta con mayor intensidad el reto demográfico». Recordó que en Euskadi se necesita reforzar la población activa en 143.000 personas en la próxima década.

Los delitos informáticos en Euskadi han crecido un 80% en los últimos cuatro años y suponen ya una de cada cinco infracciones que se cometen en la CAV. En el primer semestre del año, la Ertzaintza ha investigado 48.139 delitos, de los cuales 9.824 corresponden a ciberdelitos. Esta cifra supone un incremento del 24% en este tipo de delitos en comparación con el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron un total de 7.962. Según dio a conocer ayer el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en respuesta a una pregunta parlamentaria en el Pleno de Control celebrado en Vitoria, el 90% de los ciberdelitos cometidos en Euskadi son contra el patrimonio. Dentro de ellos, casi la totalidad (el 99,8%) son estafas (8.816), tipología cuya subida con respecto al primer semestre del 2021 ha sido del 25,3% (7.032). Apenas un 5,3% del total de los ciberdelitos son contra las personas. La gran mayoría (76,9%) son ciberdelitos de amenazas, coacciones y acosos cometidos a través de las tecnologías de la información. Ambos han aumentado de 262 en el primer semestre de 2021, a 400 casos en el mismo semestre de 2022. Además, el 4% de los ciberdelitos atentan contra la libertad e intimidad. 

Los responsables de Cecobi (Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia), con su presidente, Pedro Campo, a la cabeza, han vuelto a organizar después de tres años la entrega de premios al comercio de Bizkaia. La gala, que comenzó a partir de las ocho y media de la tarde, reunió a más de trecientas personas en el Palacio Euskaduna. Entre los que se acercaron, Carolina Pérez Toledo, presidenta de Cebek y Eduardo Aréchaga, director general de Confebask. 

En pleno verano, con los termómetros hirviendo, con muchas jornadas tórridas por encima de los 40 grados, temían poco menos que una hecatombe. Se rebajaron las previsiones para esta campaña y hubo que adelantar la vendimia casi diez días, en una de las más tempranas que se recuerdan. «El inicio fue terrorífico, por ejemplo, las uvas de graciano se estaban convirtiendo en pasas», ilustra Frías. «Arrancó muy descompensada, con mucha graduación, baja acidez y la madurez fenológica no llegaba», valora por su parte Roberto Oliván, al frente de Tentenublo Wines en Viñaspre (Lanciego). En traducción simultánea al lenguaje del común de los mortales, Oliván viene a decir que la cosecha de los primeros días fue tirando a regular, por no decir que apuntaba a desastrosa. «Esta ha sido la vendimia más extrema de los últimos años, y eso que el año pasado tuvimos una granizada muy grande que estropeó la cosecha, en esta he sacado unos rendimientos de 5.600 kilos por hectárea y estoy satisfecho», destaca el bodeguero, convencido de que este tipo de campañas, cada vez más secas serán la tónica general.

Los registros de la inflación han dado un cierto alivio en septiembre, al terminar el mes en un definitivo 8,9% –8,5% en Euskadi–, alejados del récord cercano al 11% que rozaron en verano. Sin embargo, la percepción del ciudadano sigue siendo de desasosiego, porque cada vez que va a hacer la compra diaria ve cómo el precio de los alimentos sigue encadenando subidas que les han llevado a tasas superiores al 14% en el último año. Quedan muy grabados los aumentos del aceite, la fruta o las verduras. Mucho más que lo que se hayan podido contener la luz o los combustibles. La inflación ha respirado tímidamente después de un verano de récord con el alza de precios asfixiando la economía. Septiembre ha cerrado con una tasa interanual una décima inferior al dato inicial adelantado por el INE hace apenas dos semanas. Entonces, cuantificaba una subida del 9%. El alivio también se ha dejado sentir en la inflación subyacente, la tasa que mide la evolución de precios sin incluir los más volátiles, como los energéticos o los alimentos no elaborados. En este caso, la cesta de la compra se incrementó en septiembre un 6,2%, lo que supone dos décimas menos que en agosto. El índice general comienza a descender de forma más dinámica que el subyacente, que aún sigue arrastrando los efectos de los incrementos de precios en toda la cadena de producción.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló ayer Vitoria que queda «muy poco» para culminar la reforma del sistema de pensiones, y puntualizó que espera que un posible acuerdo sobre este asunto con la CEOE no se vea «amenazado» por el malestar de la patronal con la subida de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social impulsada por el Gobierno central. Escrivá, que se reunió ayer con el lehendakari, Iñigo Urkullu, respondía así a las críticas de la patronal a la decisión del Ejecutivo de subir un 8,6% la base máxima de cotización sin abordar previamente este tema con los agentes sociales. El vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, afirmó el jueves que aunque la patronal sigue «abierta al diálogo» en la reforma de las pensiones, existe «falta de confianza» hacia el Gobierno.

El pasado 1 de enero entró en vigor la primera fase de la reforma de pensiones que, entre otras cuestiones, incluía un nuevo esquema de coeficientes penalizadores para las jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias. Este nuevo diseño, impulsado por el ministro, José Luis Escrivá, recoge dos novedades: la primera es que los recortes pasan a aplicarse por cada mes de adelanto de la jubilación, en lugar de cada trimestre; y ahora son graduales en el tiempo, de forma que el retiro justo 24 meses antes de la edad de jubilación que corresponda a cada uno tiene un coeficiente penalizador mayor que si esa fecha se va acercando mes a mes al momento del retiro legal ordinario. Por poner un ejemplo, alguien que hubiera cotizado menos de 38 años y seis meses y se quisiera jubilar anticipadamente de manera voluntaria justo dos años antes de la edad ordinaria que le correspondería, esos 24 meses de adelanto le reportan ahora un coeficiente penalizador del 21%, esto es, se le recorta la pensión a la que tuviera derecho en ese porcentaje. Pero si ese mismo trabajador espera a jubilarse un mes más (23 meses de adelanto) ese recorte pasa a ser del 17,60%; y si la espera es de dos meses (22 meses antes de su edad legal de jubilación), la penalización de su prestación sería del 14,67%; si son tres meses, del 12,57% y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, si el retiro se produce solo un año antes (12 meses previos a su edad de jubilación) se le penaliza con un recorte de la pensión del 5,5%. Pues bien, los responsables de la Seguridad Social ya tienen los primeros resultados de cómo está funcionando este nuevo esquema penalizador de la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria (esta última tiene otra tabla de recortes diferente pero también nueva desde el pasado 1 de enero). Según las cifras de jubilaciones anticipadas registradas entre enero y julio de este año, durante los primeros siete meses de aplicación de la nueva ley, el 57,1% de las jubilaciones anticipadas voluntarias se han retrasado dentro del trimestre, con lo que han aumentado la cuantía de su pensión respecto a la normativa vigente antes de esta reforma.

Disciplina fiscal. Esa es la receta que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a los gobiernos de todo el mundo contra la crisis. Y en nuestro país ya se está aplicando. “En España, no hay margen para bajar de forma generalizada los impuestos y hacer una política fiscal irresponsable”, asegura la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante un encuentro en Washington, donde esta semana tiene lugar Asamblea Anual del FMI. Como muestra de lo que no hay que hacer, el Fondo Monetario ha señalado estos días a la economía británica, ejemplo al que también se refiere Calviño. “Los inversores internacionales han huido de Reino Unido, donde han tomado la decisión de bajar los impuestos a los ricos. Se trata de una política fiscal irresponsable y que expulsa a los inversores internacionales”. En su opinión, el paquete de estímulos fiscales anunciado por la primera ministra británica, Liz Truss, ha llevado al país “al desastre”. El FMI ha dejado muy clara su postura sobre las decisiones de adulterar las economías con estímulos tributarios mientras los bancos centrales se ven obligados a subir los tipos de interés para doblegar la inflación. Son direcciones opuestas. Por eso, Calviño insiste en que “hay que tener mucha prudencia en la política fiscal y eso implica no bajar los impuestos de forma generalizada”. En cuanto a las críticas vertidas en los últimos días contra algunas herramientas del Gobierno para aumentar la recaudación, la vicepresidenta asegura que “ningún inversor internacional ha mencionado la más mínima preocupación respecto a los impuestos en España”. 

Imparable escalada de las hipotecas a tipo fijo a poco más de 10 días para que el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a apretar el botón de las subidas de los tipos de interés. En los últimos días, han subido precio CaixaBank y Evo Banco, dos entidades que marcan tendencia en este segmento. La entidad catalana ha superado lo que era una línea roja para las grandes entidades financieras: la cota del 4% TAE a tipo fijo. CaixaBank, líder en cuota del mercado hipotecario español y que centra toda su estrategia en el tipo fijo, ha encarecido el precio de este tipo de préstamo a 30 años hasta el 4,31% TAE, frente al 3,36% anterior. En paralelo, Evo Banco, la entidad con los mejores precios a tipo fijo, también ha encarecido su oferta y acaba de subir hasta el 2,93% TAE el coste de su hipoteca fija, desde el 2,73% previo. Aun así, este banco perteneciente al grupo Bankinter tiene la mejor oferta del mercado. Para conseguir las mejores condiciones, Evo Banco exige domiciliar la nómina a partir de 600 euros y contratar los seguros de hogar y vida.

El peor escenario posible. El Banco Central Europeo (BCE) contempla el empeoramiento de la situación macroeconómica en la zona euro, que enfila ya la temida estanflación. Luis de Guindos, vicepresidente de la autoridad monetaria, reconoció en una entrevista que el escenario severo de las proyecciones de septiembre está ahora cerca de convertirse en realidad. “Lo que considerábamos en septiembre como nuestro escenario severo se está acercando a convertirse en nuestro escenario base”, indicó el banquero central, que considera que “vamos a afrontar una combinación muy difícil de bajo crecimiento económico, incluyendo la posibilidad de una recesión técnica, y elevada inflación”. La adopción de este supuesto por parte de la autoridad monetaria conlleva que sus pronósticos pasan ahora por un crecimiento negativo para 2023 y, pese a ello, un ritmo de crecimiento de los precios muy elevado. Frente a la subida del 3,1% del PIB prevista para este año y del 0,9% en 2023, bajo los parámetros más lesivos del BCE se crecería al 2,8% en este ejercicio para sufrir en 2023 una contracción económica del 0,9%. En el campo de la inflación, por su parte, se pasaría a cerrar 2022 con un crecimiento de los precios del 8,4% desde hacerlo a un 8,1%, mientras que para el próximo año el nivel se quedaría en el 6,9%, frente al 5,5% del escenario base. “La diferencia entre el escenario base de septiembre y el severo recae en la evolución del suministro de energía procedente de Rusia. Bajo el primero, anticipábamos que se mantendría un 20% de la entrega, mientras que en el segundo se asumía un embargo total. Estamos más cerca de esa segunda visión”, explicó Guindos.

Liz Truss, la primera ministra de Reino Unido, designó ayer a Jeremy Hunt para sustituir a Kwasi Kwarteng como ministro de Economía y descartó las rebajas del impuesto de sociedades previstas en el presupuesto del Gobierno de hace menos de un mes. El Gobierno anunció el nombramiento de Hunt, exministro de Sanidad y de Asuntos Exteriores, y perteneciente al ala izquierda del Partido Conservador, antes de una rueda de prensa en la que Truss abandonó el plan de Kwarteng de rebajar el impuesto de sociedades. “Tenemos que actuar ahora para tranquilizar a los mercados sobre nuestra disciplina fiscal”, declaró Truss. “Está claro que algunas partes de nuestro presupuesto fueron más lejos y más rápido de lo que los mercados esperaban. Así que la forma en que cumplimos nuestra misión en este momento tiene que cambiar”. Kwarteng había previsto anular una propuesta de aumento del impuesto de sociedades el próximo mes de abril del 19% al 25%. Pero en la rueda de prensa de ayer viernes, el Gobierno dio marcha atrás en el recorte de 18.000 millones de libras (20.700 millones de euros) del impuesto de sociedades. El exministro de Economía llegó a Londres ayer por la mañana tras mantener conversaciones con el FMI en Washington y se dirigió directamente a Downing Street. Truss prosiguió con su limpieza de altos cargos del Tesoro destituyendo a Chris Philp, el secretario de Estado del Tesoro, para convertirlo en tesorero general. Fuentes anónimas del Gobierno culparon a Philp de haber planteado la idea de reducir el tipo impositivo máximo del 45%, plan que ya ha sido abandonado. Philp se enfureció al ser considerado responsable de esta política.