20260613

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La Diputación va a poner toda la carne en el asador para intentar hacer frente a la crisis demográfica, uno de los mayores problemas a los que se viene enfrentando Bizkaia desde hace años y cuyas consecuencias son cada vez más evidentes a todos los niveles. La falta de relevo generacional afecta a casi cualquier aspecto de la vida y tiene en jaque la sostenibilidad del tejido empresarial y del propio Estado de bienestar. Falta mano de obra, especialmente la cualificada. Luces rojas ante las que el Gobierno foral anunció ayer un plan de choque inédito. Una ‘revolución’ fiscal con deducciones de hondo calado. En un intento por atraer profesionales de alto nivel, frenar la fuga de talento y facilitar el arraigo y la pervivencia de empresas, el Ejecutivo vizcaíno pone en marcha una modificación de las normas tributarias que permitirá aplicar deducciones de hasta el 60% a recién llegados, y otros incentivos que faciliten el traspaso de negocios, la incorporación de estudiantes y el blindaje de los profesionales que echen raíces. También se anunció un proyecto «pionero» que busca acelerar la ejecución de vivienda social «rotatoria» para allanar el aterrizaje en el territorio y mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables. La diputada general, Elixabete Etxanobe, presentó el año pasado la estrategia ‘Bizkaia with the talent’ con la que la Administración vizcaína sentó las bases del plan que se completa ahora. El territorio busca meterse de lleno en la «competencia global por el talento». Intenta hacer frente a la capacidad de atracción que tienen regiones como Madrid, con su imponente ecosistema empresarial y los impuestos más bajos del país. Bizkaia intenta hacerse valer con el Concierto Económico y todo su potencial. Ver medidas Diputación Bizkaia aquí. 

La reforma puede suponer más de 7.000 euros de ahorro para altos ejecutivos, aunque también tendrá efecto en trabajadores con FP. La medida estrella para atraer talento se llama 50% de exención en los rendimientos de trabajo para los profesionales que vengan de fuera. Se traduce en un ahorro fiscal que puede ascender a 7.485 euros anuales. Una ayuda, que según explican fuentes de la Hacienda vizcaína podrá mantener en parte durante su primer año de residencia en Bizkaia y completa otros siete ejercicios más. Esa cifra es el resultado de elevar el 30% de la exención generalizada que se aplica actualmente a los rendimientos del trabajo hasta el 50%, que se convierte en un 60% para los menores de 36 años. Esos 7.485 euros son el resultado del caso de Jon, calculado en función de un sueldo de 100.000 euros y de los tres hijos que tiene. Es cierto que estas cifras hay que tomarlas, explican fuentes fiscales, con cierta precaución porque en la simulación no se han tenido en cuenta otros ingresos provenientes de inversiones en fondos, por ejemplo, o los gastos destinados a vivienda. Pero, en cualquier caso, lo que sí queda claro es que la Diputación de Bizkaia no se ha quedado en una reforma cosmética, ha ido a fondo y ha jugado fuerte.

El anteproyecto de norma de medidas tributarias que hicieron público ayer la diputada general, Elixabete Etxanobe, y la de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, será aprobado por el Consejo de Gobierno foral en julio, tras el pertinente periodo de exposición pública en el que cualquier interesado puede presentar alegaciones. El texto será remitido posteriormente, tras el verano, a las Juntas Generales para que inicie su tramitación y la negociación entre los diferentes partidos, aunque la mayoría que suman PNV y PSE garantiza la aprobación sin mayores sobresaltos. Se calcula que recibirá luz verde en noviembre y que, por tanto, las deducciones podrán aplicarse en la campaña de la Renta del año que viene. El cronograma que maneja la Diputación podrá completarse siempre que no le afecten condicionantes externos. Principalmente, la necesidad de que el ajuste fiscal tenga que ser armonizado para no generar distorsiones entre territorios, lo que obligaría a que el texto fuera aprobado también por las Juntas de Álava y Gipuzkoa. De ser así el camino no sería tan sencillo porque en ambos casos nacionalistas y socialistas no suman y necesitan apoyos externos. Hay dos precedentes muy cercanos: la revisión fiscal de 2025 y la regulación del Impuesto Turístico este año han sido pactados con Podemos, lo que ha obligado a matizar ambas cuestiones en los tres territorios. Es por esto que Etxanobe se cuidó ayer muy mucho de calificar la batería de medidas como una nueva reforma fiscal. Aseguró que su contenido ha sido puesto en conocimiento del Órgano de Coordinación Tributaria y deslizó que no debería suponer un problema territorial. «¿Armonización? Una revisión fiscal aborda temas más generales pero esto es algo más concreto, y todos los territorios no tenemos las mismas necesidades», dijo. Por si tocara negociar, el anteproyecto incluye dos guiños con un notable carácter social y medioambiental. 

El Gobierno de Ramiro González presentará a la vuelta del verano un «ambicioso» plan para captar talento y fomentar el arraigo de las empresas. Ayer lo anunció Bizkaia, que ya mismo tiene que empezar a tramitar sus medidas tributarias de cara a 2027, mientras que en Álava puede esperar hasta mediados de noviembre para hacer lo propio, pues la negociación aquí va en paralelo al presupuesto que deberán pactar con alguno de los partidos de la oposición (en 2024 lo hicieron con el PP, en 2025 con EH Bildu y en el actual, con Elkarrekin). Cinco meses de margen que, eso sí, servirán a las instituciones alavesas para atinar aún más con su propuesta, pero que en algunos casos se prevé que vaya un paso más allá de lo que la diputada general vizcaína Elixabete Etxanobe presentará la próxima semana en Madrid. Uno de los ejes vertebradores de las propuestas en ambas provincias será –como reconocen las fuentes consultadas– hacer frente a la crisis demográfica con la atracción de profesionales de alto nivel, frenar la fuga de talento y facilitar el arraigo y la pervivencia de empresas en la provincia. Para eso, en los dos territorios se prevén rebajas de hasta el 60% para garantizar el mantenimiento de empresas y trabajadores.

Gipuzkoa anunciará próximamente un paquete de medidas tributarias orientado a fomentar el arraigo empresarial y también la atracción y retención del talento. Dos aspectos muy sensibles de nuestros tiempos en los que Hacienda pone el foco porque sabe que la fiscalidad puede convertirse en un instrumento decisivo para conseguir que proyectos empresariales y perfiles cualificados apuesten por nuestro territorio. Según fuentes solventes, el objetivo de este proyecto de norma foral con normas de carácter «estructural» está enfocado en «fomentar el bienestar» y conseguir una Gipuzkoa «más fuerte y competitiva». En realidad, gracias a la competencia propia que el Concierto le proporciona en materia de fiscalidad, estas medidas serán de aplicación general en Euskadi, con sus matices y particularidades, aunque la Diputación de Bizkaia tomó ayer la delantera al anunciarlas públicamente. Su batería de medidas incluye incentivos fiscales que impulsen la transmisión de la actividad empresarial y el «compromiso» de los profesionales, bonificaciones para la formación, exención de hasta el 60% en los rendimientos de trabajo para el personal cualificado que se mude al territorio de Bizkaia, y un proyecto «pionero» que busca acelerar la ejecución de vivienda social rotatoria para allanar el aterrizaje en el territorio y mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables –ver ficha adjunta–. La Diputación vizcaína, de hecho, presentó este martes en un gran acto empresarial e institucional en Madrid su plan, en presencia de la patronal CEOE y empresas como Iberdrola, BBVA, Telefónica y Petronor.

Un «producto estrella» que encumbra a Vitoria a la categoría de «piedra angular del futuro» de Mercedes. Así describió ayer Ola Källenius, el primer ejecutivo del grupo alemán, a la planta de la Avenida de Los Huetos. La producción en serie de la nueva VLE, que abre la era eléctrica para el fabricante de furgonetas, hizo que el máximo responsable de Mercedes se deshiciese en elogios con la factoría alavesa. Una que se erige así en «merecedora de un lugar central» en la hoja de ruta del grupo automovilístico. El lanzamiento de esta nueva furgoneta –de la que Mercedes prevé producir unas 7.000 unidades a lo largo de este curso, tal y como avanzó EL CORREO– pone fin a cinco años de arduo trabajo. Llega ahora un modelo que «restablece la posición de la planta de Vitoria» y que la firma celebró con un evento al más alto nivel, con la plana mayor de la marca de la estrella y de la clase política vasca. La factoría empieza a fabricar un vehículo que, según indicó el director mundial de la división de furgonetas en Mercedes, Thomas Klein, «no será un modelo de nicho». «La VLE viene a reemplazar el ‘portfolio’ que tenemos actualmente», enfatizó en clara referencia al Clase V que se elabora en la Avenida de Los Huetos. Ese monovolumen de combustión, con todo, seguirá «vivo» durante un tiempo. La furgoneta ‘full-electric’ funcionará con baterías del fabricante chino CATL, que las producirá en una planta en Hungría. Durante los primeros meses se recurrirá puntualmente a otras vías para abastecer a Vitoria de las celdas eléctricas para propulsar estos vehículos. «Nuestro éxito aquí está basado en una colaboración cercana (con las instituciones) y una profunda confianza en Euskadi. Con el inicio de producción mandamos una señal clara: Vitoria es para Mercedes el futuro de las furgonetas», indicó Källenius.

El fabricante de transformadores y componentes para las redes eléctricas Arteche se ha hecho con el 100% de la empresa alemana SEG Electronics, con un valor de 50,6 millones de euros. La operación, que también incluye las filiales que la compañía germana tiene en Estados Unidos y Emiratos Árabes, responde a la hoja de ruta establecida por el grupo vasco para reforzar su propuesta en la automatización de redes, en un contexto de transición energética que reclama unas infraestructuras más inteligentes y conectadas. Fundada en 1969, SEG es un fabricante independiente en relés de protección de media tensión con más de 55 años de experiencia y una presencia internacional en mercados de 80 países. Actualmente la compañía actúa con una planta de producción en Alemania que complementa con hubs comerciales y de aprovisionamiento en Estados Unidos, Polonia y Oriente Medio. La cotizada vasca busca generar sinergias en el plano tecnológico, sumar capacidades de equipo y ampliar las palancas comerciales del grupo en segmento de crecimiento. Pone su foco de manera especial en el ámbito de los data centers, que demandan unas infraestructuras energéticas altamente fiables, muy estables y tecnológicamente preparadas para altos niveles de exigencia.

El miembro del consejo de administración de Tubos Reunidos, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia presentó ayer su dimisión del órgano de gobierno de la compañía. Pérez Rodríguez-Urrutia era consejero independiente desde enero de 2020 y ha jugado un papel relevante en las reestructuraciones de deuda de la empresa, además de en el rescate de 112,8 millones que la Sepi concedió a la empresa. El ya exconsejero tiene, además, la condición procesal de investigado en el marco de la de la instrucción que la Audiencia Nacional mantiene sobre un presunto pago de favores y tráfico de influencias de Tubos Reunidos a cambio del rescate de la Sepi. Y es que Pérez Rodríguez-Urrutia participó con el director general de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, –también investigado– en una reunión en la sede del PSOE en noviembre de 2024. En el encuentro, se sentaron con el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exafiliada, Leire Díez. El objetivo era lograr un aplazamiento sobre un pago de la devolución del rescate a la Sepi. Se trataba de 10 millones, que vencían en ese mismo ejercicio. Tras la concesión de esa petición, la investigación ha detectado un pago de la empresa por 40.000 euros al expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, y que a su vez compartía sociedades con Cerdán y Díaz. Pérez Rodríguez-Urrutia fue procesado como investigado a la vez que el director general, Carlos López de las Heras, la pasada semana cuando la UCO registró las sedes de Tubos Reunidos en Bilbao y Amurrio en busca de pruebas sobre los pagos realizados a la trama de Cerdán.

El vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha expresado "el pleno respeto del Gobierno Vasco a las actuaciones de la Audiencia Nacional" y al trabajo judicial sobre los presuntos casos de corrupción que se investigan en relación con la empresa Tubos Reunidos, y ha añadido que dichas actuaciones "deben llegar hasta sus últimas consecuencias". Torres ha respondido así a una pregunta realizada en la Cámara vasca por la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, sobre las "presuntas mordidas en forma de comisiones ilegales para agilizar el rescate de la empresa", según ha expresado, así como "desviaciones de 10 millones de euros para su saneamiento económico", que según la parlamentaria "parece que fueron a parar a manos de la supuesta cloaca". El vicelehendakari segundo ha querido, en primer lugar, mostrar la "preocupación, compromiso firme y trabajo decidido" para "llevar a buen puerto" la "difícil situación que está atravesando la empresa Tubos Reunidos". Respecto a la pregunta de Martínez, Torres ha reconocido que "nunca es una muy buena noticia cuando una empresa que atraviesa una situación de esta naturaleza aparezca en informaciones" de este tipo "por las incertidumbres que genera, para las personas trabajadoras y para el conjunto de la actividad económica" vinculada a la misma. Así, ha manifestado "el pleno respeto del Gobierno Vasco a las actuaciones de la Audiencia Nacional y al trabajo que se está desarrollando en el ámbito judicial", y ha añadido que a la justicia "corresponde investigar, esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si es que existen", además de pedir que las pesquisas se desarrollen "con todas las garantías y llegar hasta sus últimas consecuencias".

El sector manufacturero y constructor guipuzcoano atraviesa, como el resto del mundo, una coyuntura compleja por la elevada volatilidad en los costes energéticos y la materia prima. Ante los no pocos desafíos que lastran los márgenes de la industria, el grupo cooperativo oñatiarra Ulma cerró el ejercicio 2025 firmando el mayor volumen de ingresos de su historia, con una facturación consolidada de 1.238,9 millones de euros y un vigoroso avance del 7,6%, lo que en sí mismo supone un meritorio hito para el conglomerado guipuzcoano de nueve negocios y setenta filiales dirigido por Aitor Ayastuy. Sin embargo, la onda expansiva de la incertidumbre global, el impacto directo de las barreras arancelarias de Estados Unidos y la inflación de los costes productivos se han hecho sentir en los márgenes de la compañía. Como resultado, el beneficio neto ha sufrido un recorte del 13,7%, retrocediendo hasta los 94,8 millones de euros. Un guarismo, en todo caso, positivo por el número en sí y el contexto en el que se produce. Así las cosas, el resultado bruto de explotación (Ebitda), termómetro real de la salud del negocio ordinario, experimentó una contracción del 6,4% hasta situarse en 211,2 millones de euros. El 69% de la facturación de Ulma procede de las exportaciones, con Europa como principal teatro de operaciones, mientras que el mercado español absorbe el 31% restante. Ante este encarecimiento del tablero internacional, el director general, Aitor Ayastuy, apeló ayer a la solvencia del modelo cooperativo para resistir en un entorno que calificó de «especialmente exigente».

Aunque acumula ya tres meses por encima del 3%, la inflación en Euskadi se mantuvo estable en el 3,2% interanual, los mismos valores que durante el mes anterior según recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados ayer. El resultado es igual a la tasa observada en el conjunto nacional y marca una vía de estabilización antes de que expire el plazo oficial de las medidas del Gobierno, programado para el próximo 30 de junio. La situación del Índice de Precios al Consumo (IPC) responde así a unos hidrocarburos cuyo coste en el País Vasco fluctuó en mayo y que muestra ahora una leve tendencia al descenso, aunque lo hace todavía con el respaldo del escudo anticrisis, si bien las exenciones fiscales en el IVA del gas y la luz ya no están vigentes desde el pasado 1 de junio. Queda por ver qué ocurrirá con los combustibles que el Gobierno se planteaba aumentar aunque Europa recomienda todo lo contrario. En la comparativa mensual, el IPC creció en Euskadi un 0,2%. De esta forma, en los cinco primeros meses del ejercicio los precios han aumentado ya un 1,8% acumulado en un año marcado por la volatilidad y el impacto que la guerra de Irán ha dibujado en los mercados. 

«No nos podemos permitir el lujo de prescindir del 50% de todo el talento del mundo porque al final seremos empresas menos competitivas, menos diversas y con menos creatividad». Más que una reflexión, es una sentencia, y aunque la pronuncia la directora de Personas y Organización de Petronor, Ainhoa Rivera, con ella coinciden todos los expertos. La necesidad de captar mujeres en la industria es una preocupación para grandes compañías. En un debate en el Correo, han participado la directora general de Euskaltel, Jasone Altuna; la directora del Foro Marítimo Vasco, Sarai Blanc; la directora financiera de Lointek, Kaiene Loroño; y la directora de I+D de Oleofat, Laura Sánchez, además de la propia Ainhoa Rivera. En su intervención en el foro, con el título ‘La mujer en la industria: talento y futuro’, la directora de Personas y Organización de Petronor ha recordado el «embudo» que ya se produce en la formación de las futuras trabajadoras, muchas veces motivado por una imagen anticuada que asocia la industria a empleos pesados, marcados por entornos sucios e incómodos, aunque esto ya es cosa del pasado. Para cambiar esta imagen, Petronor ya realiza apuestas dirigidas a seducir al talento femenino con becas en formaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), tanto a nivel universitario como en FP, o con el programa WinEr (Woman in Energy) que busca dar visibilidad a los referentes femeninos de los que ya dispone la empresa. «Nuestro sector está todavía claramente masculinizado. Hay estudios que dicen que no alcanzará la paridad hasta el año 2062. Por eso tenemos que trabajar para acelerar ese proceso», apunta.

«Hoy en día las mujeres representan el 55% de las matriculaciones en la universidad, pero cuando movemos el foco hacia las carreras técnicas donde están las necesidades principales de la industria estos porcentajes bajan notablemente y lo mismo ocurre en la formación profesional». Así lo advierte el gerente de ingeniería de Petronor, Elías Unzueta, que remarca la necesidad de aprovechar «la riqueza» de un talento femenino que hasta ahora se ha visto «infraexplotado» en el sector y que es necesario integrar cuanto antes en las organizaciones productivas. «Cuando hablamos de futuro tenemos que hablar también de los conceptos competitividad y diversidad», remarca Unzueta, quien advierte también que cuanto mayor es la cuota de mujeres en las diferentes escalas de las empresas, las compañías mejoran sus capacidades para competir en aspectos claves como sucede con la toma de decisiones. Con esta reflexión, el gerente de ingeniería de Petronor recordó la importancia de contar con referentes femeninos en todas las empresas. Su presencia, advierte, puede incentivar y mover vocaciones agrupando el interés de futuras profesionales «en todos los ciclos formativos, desde los colegios a las formaciones profesionales o incluso en el ámbito de la universidad».

La regularización extraordinaria que permite acceder a permisos laborales a migrantes se puso en marcha en abril y sus efectos prácticos ya comienzan a quedar patentes en la Seguridad Social (INSS). Y es que durante el mes de mayo, Gipuzkoa ha alcanzado la cifra de 36.831 trabajadores extranjeros, un nuevo récord, 1.237 más que en el mes de abril, lo que también supone uno de los crecimientos intermensuales más pronunciados en la historia del territorio. La afiliación foránea global en Gipuzkoa se eleva así un 10% en un año, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En Euskadi también se ha percibido los efectos de la regularización ya que Euskadi ha registrado 111.099 afiliados extranjeros, 3.613 más que los registrados en abril y un 11% más que los afiliados en mayo de 2025. Esto supone el 14% de los 26.000 inmigrantes en situación irregular que se preveía que podían acogerse a este paraguas legal. Así como ocurre con Gipuzkoa, 64.050 son hombres y 47.049 mujeres. Del total de 111.099 personas extranjeras, 22.897 proceden de la Unión Europea, el 20,60%. Además, respecto a los regímenes, 80.843 personas están inscritas en el Régimen General y 17.378 se registraron como autónomos. El sector Agrario aglutina 1.634 extranjeros inscritos, el sector del Hogar, 10.766, y el del mar, 478.

El Ejecutivo autonómico presumió ayer de que «la fotografía» del mercado laboral vasco es muy distinta a la de hace cinco años. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, argumentó durante el pleno de control del Parlamento Vasco que la reforma laboral ha permitido avanzar hacia contratos «más estables y con mejores condiciones». Y es que, mientras en 2021 aproximadamente el 26% de los afiliados tenía un empleo temporal, ahora esa cifra se ha reducido hasta el 16%. Son diez puntos menos que se traducen en 131.000 afiliados más con contrato indefinido. El Gobierno vasco considera que este cambio normativo también ha supuesto una transformación sustancial en la forma de contratación de las empresas. Torres expuso que, mientras en mayo de 2021, en plena recuperación de la pandemia, «solo el 8,5% de los contratos firmados eran indefinidos», a finales del mes pasado esta modalidad contractual se elevaba ya hasta el 24,7%. El Ejecutivo autonómico apunta, sin embargo, a que «todavía existe margen de mejora», ya que algunos sectores como la educación, la sanidad o determinadas actividades manufactureras «avanzan a un ritmo más lento que el conjunto de la estructura productiva». La cuestión es que la reforma laboral aprobada hace cinco años pretendía atajar la elevada temporalidad que caracterizaba al mercado laboral español. 

Los programas públicos destinados a la digitalización e infraestructuras de telecomunicaciones en España, financiados por los fondos Next Generation EU y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), registran retrasos operativos y administrativos que comprometen la ejecución del presupuesto ante el límite temporal de agosto de 2026 fijado por la Comisión Europea. Las incidencias afectan a los planes de infraestructuras rurales (programas Único) y a las ayudas gestionadas por la entidad pública Red.es (Kit Digital), sumando más de 1.100 millones de euros en fondos paralizados o en riesgo de reintegro. Por el momento, no se conoce el grado de ejecución de los programas afectados (Único Banda Ancha, Único Backhaul, Único 5G Redes Activas y Único Demanda Rural) porque no hay cifras oficiales. A este respecto, fuentes del Ministerio de Transformación Digital consultadas por este diario señalaron que el departamento aún no ha realizado el balance definitivo sobre la ejecución de los planes de telecomunicaciones financiados con fondos europeos. Pero algunos operadores ya han dado la voz de alarma. Avatel, quinto operador del mercado español, registró en sus estados financieros una provisión de 164,5 millones de euros ante el riesgo de verse obligada a devolver las subvenciones recibidas más los intereses de demora. Esta cifra representa el 54,8% de los 300 millones de euros en ayudas que la compañía obtuvo entre 2022 y 2025 para desplegar redes en zonas de baja densidad de población. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ya inició expedientes de reintegro sobre esta compañía por valor de 41,9 millones de euros, clasificados como obligaciones de pago a corto plazo.

El Ibex consiguió ayer no sólo neutralizar los daños causados en su cotización por los casi tres meses y medio de conflicto en Oriente Próximo, sino saltar más lejos y más alto. Cerró en un máximo histórico de 18.764,4, tras subir un 2,59%, pulverizando su récord anterior de 18,496,6 puntos fijado el 26 de febrero. El Euro Stoxx 50, cuya cota histórica databa de un día antes, le acompañó en la hazaña, al avanzar un 2,16%, hasta un nivel nunca visto al finalizar una jornada de 6.187,63 puntos. El Ftse Mib de Milán también marcó récord, después de sumar un 1,97%, hasta 51.497,21 puntos, pero en este caso su máximo estaba mucho más cerca: lo había establecido el pasado 25 de mayo. El Stoxx 600, que integra a las compañías cotizadas más representativas de 17 países europeos, se quedó a las puertas de su techo histórico del 27 de febrero: a sólo un 0,1%. Todos estos índices han aprovechado la ventana de optimismo abierta en las bolsas europeas en las dos últimas jornadas. La determinación mostrada por el BCE con su subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés (al 2,25%) en embridar los brotes inflacionistas antes de que eventualmente se descontrolen fue bien recibida el jueves en el mercado. 

La guerra en Irán parece acercarse a su final, después de tres meses y medio, lo que ha elevado el optimismo en el mercado del petróleo y el gas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló ayer que Washington está “cerca” de un acuerdo con Teherán, que podría llegar a firmarse este mismo fin de semana, si bien desde la República Islámica han tratado de rebajar las expectativas sobre la rapidez y sencillez de un acuerdo de paz y, al facilitar detalles “falsos” sobre los términos del acuerdo habrían provocado el enfado de Trump, lo que habría llevado posteriormente a un enfriamiento de las expectativas. El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, cayó ayer más de un 4% tras las palabras de Trump, hasta los 86,3 dólares por barril, marcando su mínimo desde el estallido de la guerra en Irán, aunque posteriormente repuntó después de que Teherán pusiera de manifiesto las dificultades en los flecos pendientes. Por su parte, el gas en el hub holandés TTF, también retrocedió con fuerza, anotándose un retroceso del 6,6% en la jornada, hasta los 45,7 euros por megavatio/hora. El gran detonante de estos vaivenes fueron las palabras de Trump anunciando primero que los negociadores de ambos países estaban “realmente cerca” de llegar a un acuerdo de paz que permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial; y, posteriormente, su enfado con Irán por haber hecho públicos “términos falsos” del acuerdo.

Después de semanas de tensas conversaciones y de varias jornadas de choques cruzados en el Golfo, «el Memorando de Entendimiento (MoU, tal y como se presenta en inglés) de Islamabad entre Estados Unidos e Irán nunca ha estado tan cerca», aseguró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en X. El jefe de la diplomacia pidió a los medios que no especulen con el contenido para evitar el enfado de un Donald Trump que hizo crecer el optimismo al retuitear el mensaje de Araghchi. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dio un paso más y afirmó que ya existe un «texto final acordado (…) Pakistán trabaja ahora estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como ahora». La negociación entre Washington y Teherán es una montaña rusa con constantes subidas y bajadas. 24 horas después de que Trump dijera por enésima vez que el acuerdo era inminente y ordenara detener una tercera oleada de bombardeos, la prensa iraní publicó los puntos de un supuesto acuerdo y provocó el enfado del presidente estadounidense.

Volkswagen, Renault y Stellantis, tres de los principales grupos automovilísticos europeos, reclamaron de forma conjunta el viernes que Bruselas especifique claramente qué es lo que considera made in Europe. En un comunicado publicado por Financial Times, los tres gigantes, que aglutinan el 60% de la producción de vehículos en la Unión Europea, inciden en la importancia de tener una definición “simplificada, realista y sólida”, que sirva como herramienta estratégica para fortalecer la cadena de suministro europea y atraer inversiones en un sector que sufre la fuerte presión de los competidores chinos. En concreto, proponen que para que un vehículo sea considerado fabricado en Europa, tendría que tener un 70% de su valor hecho en la UE y el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega). Esto significaría, necesariamente, que la batería o buena parte de ella se hiciese en Europa, ya que sigue siendo el elemento más costoso de un vehículo eléctrico, al suponer aproximadamente la mitad de su valor. El 30% restante seguiría abierto a la fabricación extranjera. Esto golpearía de lleno a marcas como Chery, fabricante chino que produce en Barcelona (en la antigua Nissan), pero que importa todas las piezas desde China.

La Unión Europea (UE) inició ayer la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, de obligado cumplimiento para los Veintisiete. Dos años después de su aprobación, entró en vigor con el objetivo de blindar las fronteras comunitarias y el compromiso de agilizar los procedimientos de asilo y, a la vez, acelerar las devoluciones de personas sin derecho a residir en territorio europeo. Según organizaciones no gubernamentales como PICUM, el plan se centra en regular el asilo y traza una clara distinción entre los refugiados «legítimos» y el resto, que es condenado casi «por defecto a la deportación». La inmigración condiciona la política en Europa, que asiste a una eclosión de formaciones de ultraderecha, contrarias a estos flujos. «Se trata de poner orden en nuestra casa», resume el comisario de Interior, Magnus Brunner, representante de Austria y del Partido Popular Europeo, después de cuatro años de negociación que no han apagado del todo las discrepancias entre los Estados miembros. Bruselas considera que el pacto es una «solución efectiva, justa y firme» ante este desafío. El Gobierno español ya ha dicho que lo aplicará de manera que garantice y respete los derechos de las personas que quieran ingresar en territorio comunitario. 

SpaceX, la compañía fundada en 2002 por Elon Musk con el utópico sueño de enviar humanos a Marte, se convirtió el viernes en uno de los titanes tecnológicos más importantes de la Tierra. La compañía, especializada en el lanzamiento de cohetes al espacio, satélites de comunicaciones e inteligencia artificial, protagonizó el mayor salto a la Bolsa de la historia. En su primer cruce, la empresa marcó los 150 dólares por acción, lo que implicaba una subida del 11% respecto al precio de 135 dólares fijado para su salida al parqué. Un nivel que le permitía rozar una valoración próxima a los dos billones de dólares, convirtiéndose en la sexta empresa del planeta por valor en Bolsa. Pasada una hora de su puesta de largo, el apetito de los inversores por los títulos de SpaceX impulsó la cotización un 19,2%, hasta los 160,9 dólares por acción, lo que disparó su valor a 2,1 billones de dólares al cierre de la sesión. La compañía cumplió en jornadas anteriores su objetivo de levantar unos 75.000 millones de dólares, dinero que destinará a financiar la carrera para dominar la inteligencia artificial (IA). Ahora, la irrupción bursátil de SpaceX supone el pistoletazo de salida para un carrusel de debuts en Bolsa de otras compañías de inteligencia artificial, una tecnología que promete cambiar el mundo tal y como lo conocemos.

José Luis Rodríguez Zapatero encara un nuevo frente a las puertas de su declaración como investigado ante el juez José Luis Calama, el próximo miércoles, por presunta corrupción en el marco del ‘caso Plus Ultra’. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada en la causa para investigar al expresidente del Gobierno por un presunto delito fiscal y otro de contrabando en relación con las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina oficial como antiguo mandatario del país, en la madrileña calle Ferraz, durante el registro practicado el pasado 19 de mayo. El magistrado sostiene que el origen de esas alhajas, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros, «en estos momentos no está justificado». El juez acordó ayer comunicar formalmente al exdirigente socialista esta nueva imputación a través de su representación procesal para que pueda conocer los hechos y ejercer su derecho de defensa. Y, además, fijó su declaración por esta pieza para los mismos días en los que ya estaba citado en la causa principal del ‘caso Plus Ultra’: este 17 y el 18 de junio, jornadas históricas dado que nunca antes alguien al frente de Moncloa afrontó semejante trance legal. Las joyas fueron localizadas por la UDEF en una caja fuerte de la oficina de Zapatero durante las entradas y registros acordadas en la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra. En esa caja se intervinieron 103 piezas: 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, ocho anillos, ocho relojes y otros 20 objetos de lujo.