20230328

Euskadi, Madrid y Cataluña son las únicas regiones españolas situadas por encima de la media europea en el Índice de Competitividad de la Unión Europea, según los datos publicados ayer por la Comisión Europea. De las 263 regiones sometidas a examen por Bruselas, Madrid figura en el puesto 32 del ranking de la UE con una puntuación de 119,3, seguida muy por detrás por Euskadi (puesto 77 y 107,6 puntos) y Cataluña (puesto 107 y 101,3 puntos). La Comisión Europea advierte de la tendencia de las regiones del sur de Europa a situarse por debajo de la media de 100 puntos y señala que solo esas tres regiones españolas, junto a Lombardía (Italia) y el área metropolitana de Lisboa (Portugal), se sitúan por encima. En otros países como Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo o Alemania la norma es que todas sus regiones se sitúen por encima de la media.

La idea del Gobierno vasco es que en la reforma fiscal a abordar con las Haciendas forales tras las elecciones se premien los planes de pensiones de empresa frente a los particulares. Se trata de favorecer las EPSV bautizadas como ‘preferentes’, en las que todos los empleados son socios y solo se puede rescatar el ahorro en forma de renta durante la jubilación. En Euskadi existen tres: Elkarkidetza (ayuntamientos y diputaciones), Lagun Aro y Geroa en Gipuzkoa. Se trata de las EPSV conocidas como ‘preferentes’, modelo introducido con la ley de 2012 y que fuentes del departamento de Hacienda han confirmado que el Gobierno quiere premiar fiscalmente. ‘Quiere’, porque es una tarea que deberán afrontar las diputaciones forales en la reforma fiscal que abordarán tras las elecciones de mayo. La idea está clara, falta conocer la letra pequeña. La cuestión no es menor, ya que afecta a los más de 1,15 millones de socios de una de las 68 EPSV que hay en Euskadi. Este sistema de complemento a la jubilación es una de las apuestas del Ejecutivo vasco para hacer frente al problema del sostenimiento de las pensiones. Actualmente, en el País Vasco hay 1,7 cotizantes (988.149) por cada pensionista (553.577), por debajo del índice de sostenibilidad marcado en 2. De ahí que la voluntad del Gobierno vasco sea la de extender las EPSV, que actualmente llegan a la mitad de la población activa empleada, al 70%. Y para eso, como explicó el viceconsejero de Finanzas del Ejecutivo autonómico, Hernando Lacalle, la vía «es a través de la EPSV de empleo» y, en concreto, «las preferentes» porque logran «una verdadera complementariedad a la pensión de la Seguridad Social al otorgar necesariamente las prestaciones en forma de renta». Así lo señaló ayer en la presentación del balance de 2022, un año que reconoció como «muy complicado» y en el que la caída de las bolsas y la fuerte subida de tipos de interés mermó el patrimonio de las EPSV en 2.194 millones de euros, una mordida del 7,6% que se ha traducido en pérdidas de rentabilidad en los fondos de pensiones que han ido del 5,2% al 14,2%.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha aplaudido el acuerdo alcanzado en Bruselas para levantar el veto a la prohibición de motores de combustión a partir de 2035, permitiendo los vehículos que usen los futuros combustibles sintéticos -los denominados ecocombustibles-, aunque ha lamentado que el Gobierno español no haya estado defendiendo esa posición. "Yo me alegro de que el Gobierno alemán y el Gobierno italiano hayan estado impulsando esta apuesta. Me hubiese gustado también ver al Gobierno español apoyando el no prohibicionismo, sobre todo por el sector de la automoción español. Somos el segundo fabricante europeo de coches y esto hubiese sido un grave problema para el país", dijo el directivo en su participación en una jornada. Además, el consejero delegado de Repsol estimó que "las medidas de los prohibicionistas" están generando "incertidumbre" en los consumidores. "La gente no sabe qué coche comprar. Estamos haciendo una movilidad sólo para ricos", dijo el directivo, quien aseguró que el parque español es cada vez "más antiguo y más antiguo", lo que tiene por resultado que no se bajen las emisiones. Asimismo, señaló que con estos mensajes se ha conseguido también acabar con el incentivo para que los fabricantes de coches inviertan en la eficiencia del motor. "No van a invertir ya en la eficiencia del motor, con lo cual las emisiones de los coches no van a bajar. Lo cual es muy malo para el sector industrial español, es muy malo para los consumidores y es muy malo para el medio ambiente", afirmó. Imaz insistió en que la política energética europea "ha fracasado", tras haberse centrado únicamente en la sostenibilidad, dejando de lado la seguridad de suministro y el tener un precio asequible. "Nos estamos haciendo trampas en el solitario. En el mundo seguimos aumentando emisiones de CO2. ¿Qué pasa en Europa? Que en Europa decimos, no, es que aquí estamos bajando, sí, porque las estamos escondiendo debajo de la moqueta", aseveró.

El Director General de SEA, Juan Ugarte y el Director de Fabrika, Juan Mancisidor, han firmado un Convenio Marco de Colaboración. Las empresas tienen que abordar retos globales como la transformación digital, la transición energética o la necesidad de hacer más atractivas nuestras organizaciones para las nuevas generaciones. Ahora bien, afrontar todos estos retos nos va a requerir a todas las personas un cambio, un proceso de adaptación, una transición cultural. En este contexto SEA y Fabrika, el Centro de Alto rendimiento para la Transición Cultural de las Organizaciones, han firmado un Convenio Marco de Colaboración en virtud del cual diseñarán a principios de cada ejercicio un plan anual de actuación conjunta para avanzar en la transición cultural de las empresas alavesas, como un elemento de innovación no tecnológica absolutamente determinante para la mejora de su competitividad. Dicho plan a modo orientativo puede incluir entre otras actividades: acciones de sensibilización, diseño de programas a medida para Álava o difusión de los programas de Fabrika. Fabrika tiene diferentes programas de entrenamiento para los líderes de empresas o sus equipos, en los que se trabajan principios de nueva cultura como propósito, confianza, comunicación o participación. Se empieza por ganar mayor conciencia, aprender cosas nuevas e ir transformando las reglas de juego en el día a día…Fabrika es un proyecto de país, que, desde Euskadi, nace con la vocación de estar abierto al mundo. Queremos que esté al servicio del país para que progresemos juntos, elevando la efectividad de nuestras empresas y organizaciones, el bienestar de las personas y lograr una mejor sociedad. Ver nota conjunta aquí

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, desveló ayer que el Ejecutivo autonómico estudia convertir en definitiva su participación accionarial en la empresa vizcaína Arteche, fabricante de bienes de equipo eléctrico. El Gobierno de Urkullu ya es accionista de la empresa pero con carácter transitorio, ya que el 6,4% que tiene en la sociedad fue suscrito a través de un fondo de capital riesgo con un compromiso de salida. Esa participación, anticipó Tapia, puede pasar ahora al fondo Finkatuz, creado por el Gabinete vasco para asumir participaciones permanentes y defender el arraigo de empresas que se consideran estratégicas. Tapia hizo este anuncio en la presentación de un balance sobre las actividades de los fondos de capital riesgo que controla el Gobierno vasco y que en 2022 aprobaron inversiones por un valor de 80 millones de euros, que beneficiarán a 27 empresas. En este caso son tomas de participación y también algunos préstamos, destinados a pequeñas y medianas empresas en diferentes fases de maduración que necesitan un respaldo para atravesar los momentos más complicados en sus primeras estaciones de desarrollo. En el caso de Arteche, el Ejecutivo tomó una participación en 2015 y, precisamente, a través de uno de los fondos de capital riesgo, aunque en una coyuntura distinta. En aquel momento la empresa atravesaba una crisis y necesitaba una ampliación de capital para eludir tensiones de tesorería y poder superar su situación. Algo que ha sucedido y que le ha permitido cotizar en Bolsa.

Renfe ha adjudicado a CAF el contrato para el suministro de 29 trenes eléctricos de Cercanías por valor de 192,7 millones de euros, incluyendo tanto el mantenimiento de los trenes fabricados durante 15 años como las distribución de las piezas de repuesto. Así lo ha aprobado este lunes el consejo de administración de Renfe, dando también la posibilidad de ampliar el mencionado contrato con el suministro adicional de hasta nueve trenes eléctricos más. Este contrato suscrito en el día de hoy sucede al adjudicado el pasado mes de octubre, también a la empresa CAF, para la fabricación de 28 trenes eléctricos, pero en esa ocasión destinados a la Media Distancia y cuyo importe fue de 290 millones de euros. El fabricante de trenes guipuzcoano también ganó en 2020 el contrato de 31 trenes de ancho métrico y seis de Cercanías por valor de 258 millones de euros, siendo este objeto de la polémica por los gálibos de Cantabria y Asturias. Renfe defiende que este último contrato de 29 trenes eléctricos adjudicado a CAF garantizará «la máxima eficiencia en la operación de la nueva flota y el menor coste durante un largo periodo de tiempo».

Mondragon Unibertsitatea inauguró ayer un nuevo laboratorio de media tensión único en Europa, dirigido a mejorar el sector de la energía eólica. La puesta en marcha de las nuevas instalaciones forma parte de un proyecto impulsado por la Universidad, Siemens Gamesa, Infineon y SGB-SMIT, y cofinanciado por la Comisión Europea. El objetivo es optimizar las capacidades eléctricas de las turbinas mediante tecnologías que aumenten hasta un 5% anual la producción de energía, y reduzcan las emisiones de CO2 y los costes asociados. La Universidad contaba con un laboratorio de media tensión desde 2006, lo que le permite tener una reconocida trayectoria en la investigación y testeo de equipos para media tensión. Este laboratorio de media tensión de 700 metros cuadrados se convertirá en referente en Europa en la transformación y mejora del sector de la energía eólica. La puesta en marcha de las instalaciones forma parte de un proyecto europeo impulsado por Mondragon Unibertsitatea, Siemens Gamesa, Infineon y SGB-SMIT. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea y ha requerido una inversión de 2 millones de euros dentro de su programa de investigación e innovación Horizonte 2020. Para ello, se ha formado un consorcio con cuatro entidades líderes en su sector y presentes en países de referencia en la energía eólica como son Dinamarca, España y Alemania. Siemens Gamesa, es el principal coordinador del proyecto.

La industria eólica global se enfrentará a una crisis de la cadena de suministro durante esta década, ya que la inminente escasez de componentes clave y de buques afectará al sector, según ha advertido un organismo industrial. Según el Consejo Mundial de la Energía Eólica (GWEC, por sus siglas en inglés), la “capacidad sobrante” en la fabricación de componentes eólicos seguramente desaparecerá de aquí a 2026. La crisis afectará especialmente a EEUU y Europa, ya que ambos tienen previsto un ambicioso despliegue de proyectos nacionales de energías renovables, aunque gran parte de la cadena de suministro de la industria eólica se concentra en China. El grupo naviero Marco Polo, de Singapur, advirtió de un gran déficit de grandes buques necesarios para instalar turbinas en alta mar. La creciente demanda de nuevos proyectos eólicos hace que “este problema se esté agravando”, afirmó Sean Lee, CEO de Marco Polo Marine Group. Los fabricantes europeos de aerogeneradores, como Vestas y Siemens Gamesa, sufrieron en 2022 un duro revés, ya que el aumento de los costes de los insumos, las limitaciones de la cadena de suministro y la lentitud del proceso de autorización de nuevos proyectos afectaron a los beneficios y provocaron retrasos.

La compra de viviendas en Euskadi sigue aguantando. La subida de precios y la escalada del euríbor no apagan un mercado que sigue presentando una elevada demanda. Así, el pasado mes de enero cambió el ritmo y la firma de hipotecas aumentó un 38% respecto a diciembre, rompiendo una tendencia de caída que venía anotándose en noviembre y diciembre. Las incertidumbres económicas y las subidas de tipos de interés no ahogaron, por lo tanto, a un enero que históricamente suele presentarse como un buen mes en el mercado inmobiliario. En el primer mes de este año se firmaron en el País Vasco 1.808 hipotecas frente a las 1.307 del pasado diciembre. Un número de créditos que, comparados con los de un año antes, enero de 2022, supone un crecimiento del 8,5%. Así se desprende de la estadística publicada ayer por el INE. El dato evidencia cierta solidez en el mercado inmobiliario vasco, aunque también es cierto que no recoge aún el mayor impacto del índice hipotecario, que fue en febrero cuando escaló del 3,4% al 3,9%, si bien descendió de nuevo tras la quiebra del Silicon Valley Bank y los problemas de Credit Suisse. Los analistas señalan que la vivienda en Euskadi, aunque sigue lejos de las cifras de compraventa de hace 10 años, mantiene una demanda dispuesta a adquirir con el ahorro embolsado durante la pandemia ante la falta de suelo y la poca oferta.

La compraventa de locales en las principales calles del Centro de la ciudad se incrementó un 43% en 2022. «Este tipo de operaciones ofrece rentabilidades atractivas conjugando seguridad en la inversión gracias a los datos de ocupación y presión de los operadores por entrar en el ‘prime’ donostiarra», explica Marcos Areizaga, director de la inmobilaria Areizaga. El comprador es de dos tipos. Por un lado, está el «inversor patrimonialista», de perfil más conservador, que busca adquirir un local comercial que se encuentre ya arrendado y en funcionamiento para percibir un alquiler mensual con un objetivo de rentabilidad del 5%. Por otro está el llamado «inversor de valor añadido», dispuesto a asumir más riesgo a cambio de rentabilidades más elevadas. Por ejemplo, adquiriendo varios locales contiguos vacíos en los que realizar una obra para unirlos y reformarlos con el fin de incrementar su atractivo comercial. En su caso, aspira a rentabilidades algo más elevadas, del 7%-8%. En los últimos meses se han firmado operaciones no solo en la conocida como ‘milla de oro’ –el eje formado por las calles Loiola, San Marcial, Getaria y Arrasate y la avenida de la Libertad–, sino también en arterias próximas que se ven beneficiadas por el efecto mancha de aceite. 

El precio de las hipotecas voló de nuevo en el primer mes de 2023. El tipo medio inicial de los nuevos préstamos avanzó en enero hasta el 2,65%, el nivel más alto desde el mes de junio de 2018, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (Ine). La cifra supone una gran subida del 7,7% respecto al mes de diciembre pasado y del 43% respecto al mismo mes del año pasado, después de la actualización realizada por el INE, que ha revisado todos los datos publicados para medir el tipo medio inicial de las hipotecas desde enero de 2020. La institución ha realizado un “reajuste de los filtros de aceptación de valores anómalos, que mejoran la estimación de los tipos de interés medios. De esta forma, la serie revisada refleja con mayor precisión el nivel de los tipos de interés y su evolución a lo largo del tiempo”. En enero, mes en el que la firma de préstamos para compra de vivienda volvió a tasas positivas con un avance del 2,9% respecto al mismo mes del año pasado, las hipotecas variables y las fijas han subido a velocidades muy distintas. El tipo medio de las primeras se ha disparado un 12% hasta el 2,38%, muy por encima del 2,12% mes de diciembre anterior. En doce meses, la subida alcanza ya el 24%. En los últimos meses, los bancos están endureciendo sensiblemente las condiciones de estos préstamos al ritmo que está marcando la subida del euribor.

Amadeus, proveedor de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes, fue la empresa española que más patentes registró el año pasado, con 39 solicitudes, según el Índice de Patentes 2022 que publica cada año la OEP (Oficina Europea de Patentes). En el ránking, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aparecen otras relevantes corporaciones españolas como Autotech Engineering, filial del grupo Gestamp, con 25 solicitudes; la farmacéutica PharmaMar (14) y Telefónica (13). Llama la atención el caso de la start up vasca de computación cuántica Multiverse Computing que, con 16 solicitudes, se posicionó en 2022 como la tercera empresa española que más patentes registró. La compañía, entre cuyos inversores figura el fondo JME Ventures, permite a la industria financiera utilizar algoritmos cuánticos desde una hoja de cálculo. BBVA o Crédit Agricole figuran entre sus clientes. Completan el top diez de mayores solicitantes –ver la tabla adjunta– la Fundación Tecnalia, el mayor centro de investigación aplicada de España, y universidades como la de País Vasco, la de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Valencia. En total, el año pasado se presentaron en España 1.925 solicitudes de patentes, la segunda cifra más alta de la historia y ligeramente inferior a la de 2021, cuando se dispararon más de un 8%, hasta las 1.945. Con estos datos, España se ha situado en el décimo lugar entre los países de la Unión Europea (UE) que más patentes han solicitado, recuperando además las cifras previas a la pandemia.

La crecida inflacionaria en la zona euro está siendo alimentada por los beneficios empresariales, y no por las alzas salariales como se temía. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, considera que en 2022 los beneficios empresariales crecieron el doble que los costes laborales. La institución ha cambiado su discurso después de comprobar esta tendencia: las compañías han ampliado sus márgenes en plena escalada de los precios, mientras que los costes laborales subieron un 5,7% en el cuarto trimestre de 2022, según Eurostat, con una inflación del 9,2%. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, observa que el hecho de que las empresas trasladen el grueso de su aumento de costes a los precios “ya es inflacionario, incluso si no aumentan los márgenes”. La falta de competencia explicaría que las compañías puedan actuar de este modo. En España, los resultados de las empresas casi se duplicaron en 2022, al crecer un 91,3%. Según el Banco de España, los sectores donde más creció la rentabilidad fueron comercio, hostelería e industria.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, pidió ayer al Gobierno que no se entrometa en la negociación salarial con los sindicatos para un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC). En un acto con El Español, Garamendi lanzó un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que respeten la autonomía que siempre han tenido los empresarios y los sindicatos en la negociación colectiva. “Que nos dejen en paz, que no nos digan si me tengo que sentar [a negociar]. No hay nada más importante para la economía que la libertad”, dijo Garamendi en un coloquio junto a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, en el foro Despierta España, organizado por El Español.  “Que se nos deje trabajar con tranquilidad y discreción”, dijo el presidente de los empresarios, que mostró su voluntad de “hacer un esfuerzo para cerrar un acuerdo”, que sirve de indicación en las negociaciones salariales. “Hemos negociado cosas más complejas y han salido adelante, como ya hemos demostrado [los empresarios y los sindicatos]”, añadió. Además, Garamendi descartó un pacto de rentas, que sería más amplio que el acuerdo salarial de convenios, porque, en opinión del dirigente empresarial, tendría que ser un acuerdo en el que, como mínimo, estuviesen el PSOE y el PP, y debería ser para varios años. No sólo para una legislatura. Además, debería contener los salarios del sector privado, de las administraciones y también un acuerdo sobre la evolución de las pensiones.

La reforma de las pensiones recién aprobada en el Consejo de Ministros tampoco convence al Banco de España. El supervisor se unió ayer a las críticas que vertió el viernes pasado la Autoridad Independiente (AIReF) y puso en cuestión que vaya a solucionar el problema de sostenibilidad que arrastra el sistema desde hace más de una década, pese a que así lo proclama el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y lo hace precisamente en su semana clave, puesto que esta segunda fase de medidas debe recibir el jueves el aval definitivo por parte del Congreso y el PP se debate entre el no y la abstención, por lo que estos juicios pueden influir en su decisión. «La opinión de la AIReF nos condiciona mucho el voto», admitieron fuentes populares en privado. «La AIReF detalla bien unas conclusiones que podríamos compartir: estima que las medidas puestas encima de la mesa no serían suficientes para compensar el incremento del gasto público. En ese contexto, operaría un mecanismo automático y, si se demuestra que no es suficiente, habría que tomar nuevas medidas en el Parlamento o, de lo contrario, realizar un nuevo ajuste automático con cotizaciones»», advirtió el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. 

Nueva remesa de cartas de la Inspección de Trabajo en Euskadi para luchar contra el fraude en la contratación. Esta semana va a enviar 340 misivas a empresas vascas para que revisen 1.766 contratos con indicios de irregularidad por cubrir puestos estructurales a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), según informó ayer el departamento que encabeza la vicelehendakari Idoia Mendia. Como viene siendo habitual en los últimos años, esta actuación se realiza en colaboración con el Ministerio de Trabajo a través de la ‘herramienta de lucha contra el fraude’, que utiliza la última tecnología para cruzar datos y detectar irregularidades o incumplimientos normativos en materia de contratación. En las cartas que se van a enviar esta semana se explica que la utilización recurrente de la contratación a través de ETT para la cobertura de necesidades estructurales constituye un fraude de ley, independientemente de que dicha contratación se formalice con contratos temporales, fijos discontinuos o fijos ordinarios. En estos 340 casos se ha detectado que se podrían estar cubriendo ciertos puestos de la plantilla de carácter permanente con contratos no adecuados a esta naturaleza. Del total de misivas, 110 corresponden a empresas de Álava con 703 contratos afectados; 88 a Gipuzkoa (471 contratos) y 142 a Bizkaia (592 contratos). En total serían 1.766 las personas trabajadoras que podrían estar afectadas. Asimismo, también van a recibir una comunicación las 12 ETT implicadas en estas situaciones con la finalidad de que tengan constancia de la misma. 

La propiedad de la marca ‘Rioja Alavesa’ vuelve a ser uno de los frentes de la disputa política a poco más de dos meses de las elecciones municipales y forales. El asunto tiene ya un largo recorrido, los 24 años que han transcurrido desde que el Consejo Regulador de la Denominación (DOCa) Rioja la inscribió para controlarla (al principio) sólo dentro de un espectro «alimentario y de vinos». De ahí expandió su ‘propiedad’ hasta el punto de que hoy la tiene en exclusividad y la mera plasmación de esas dos palabras en camisetas, sombrillas o cualquier otro elemento de ‘merchandising’ requiere su autorización y, a priori, incluso le daría derecho a royaltis. Ahora la Diputación vuelve a la ofensiva. «Se está en proceso de presentar una reclamación formal ante los organismos competentes» para conseguir la reversión de esa exclusividad que da nombre a una comarca alavesa. No se precisa el destino del recurso ni tampoco la argumentación que lo sustentará, pero se insiste en que «se dará traslado a donde corresponda. Lo que fijen nuestros servicios jurídicos». Y eso apunta, al menos en su fase inicial, directamente a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), con sede en Alicante. Porque es aquí donde el ente regulador de Rioja ha elevado su titularidad sobre la inscripción. La Administración foral tampoco arriesga con los plazos, pero desliza que no hay vuelta atrás. «Llevamos tiempo trabajando en ello, hay investigación detrás y se están recopilando los últimos datos necesarios para armar bien nuestra reclamación».

El PP vasco redobla la presión sobre el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco y le pedirá explicaciones este viernes en el pleno de control del Parlamento en relación a sus palabras sobre el impacto económico que tuvo el terrorismo de ETA en Euskadi. Todo se originó en las polémicas palabras pronunciadas el pasado viernes por Pedro Azpiazu durante un coloquio organizado por la Cámara de Comercio de Bilbao. «El terrorismo fue un auténtico drama humano, que yo también viví, pero estoy convencido de que no tuvo incidencia alguna en la economía vasca», minimizó. En ese foro, un exdirectivo del BBVA, Luis Ramón Arrieta, sugirió a Azpiazu la necesidad de «poner en marcha un plan especial que nos ayude a superar el problema estructural que generó la actividad de ETA durante tantas décadas, especialmente en la inversión». Fue entonces cuando el máximo responsable de Economía rebatió ese diagnóstico y redujo el impacto de la actividad de la banda armada al plano estrictamente humano. Como era de esperar, aquellas palabras provocaron un seísmo político en Euskadi y el lehendakari se vio obligado a levantar un dique de contención el pasado domingo. Urkullu pidió disculpas en nombre de todo el Gobierno vasco por una tesis que atribuyó a una simple «malinterpretación». Aun así, asumió que «haya podido inducir dolor». Más allá del debate y de las opiniones, el exdirectivo de BBVA Luis Ramón Arrieta –quien le hizo la pregunta a Azpiazu en el foro– señala en conversación con este periódico varios trabajos que dan cuenta del enorme impacto de ETA en la economía. Alude al informe del Colegio de Economistas que calculaba en 2021 que Euskadi, con la peor evolución de las comunidades autónomas, había perdido un 24% del PIB entre 1975 y 2020. Arrieta destaca que «no hay ningún caso en la UE ni en la OCDE donde una banda terrorista haya atacado durante tanto tiempo la economía de un país».  «La fuerte caída de la inversión durante décadas ha supuesto, en términos relativos, una pérdida de nuestro stock de capital del 43%, la mayor caída del Estado y de la UE». También implicó la deslocalización de los centros de decisión de las grandes empresas y una continuada fuga de talento. 

Ha salido a la palestra para aplacar la controversia por la palabras de Azpiazu sobre el impacto de ETA en la economía y de Sagardui por el Onkologikoa. El lehendakari es hombre de equipos y esta convicción le lleva a intervenir cuando sus consejeros se encuentran en aprietos. El último caso, muy polémico, ha sido el del titular del departamento de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, quien el pasado sábado afirmó que el terrorismo fue un drama humano, pero sin efectos en la economía vasca. Estas sorprendentes palabras, pronunciadas en un coloquio en la Cámara de Bilbao, provocaron estupor en gran parte de los asistentes, muchos de ellos empresarios y profesionales relevantes de la economía vasca que han padecido en sus carnes los años del plomo, cuando los asesinatos, secuestros y pago del impuesto revolucionario no fueron precisamente un incentivo para el desarrollo industrial en Euskadi. El lehendakari también tuvo que intervenir en otro asunto polémico, el que enfrentó a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, con profesionales de Osakidetza. Uno de los temas que provocó el encontronazo fue el futuro de Onkologikoa. El plan del departamento era que el centro se constituyera en una OSI independiente, encontrándose con la firme oposición de los médicos críticos con el departamento.

La remodelación del Gobierno acometida ayer, pero contemplada desde que en otoño decidió situar a las ministras de Industria y Sanidad, Reyes Maroto y Carolina Darias, como cabezas del PSOE a las alcaldías de Madrid y Las Palmas de Gran Canarias en los próximos comicios del 28 de mayo, se limitó finalmente a un mínimo retoque y a toda una reivindicación de la coalición con Unidas Podemos. Por la vía de los hechos y por la de la palabra. Para sustituir a las dos ministras llegan el exportavoz del grupo parlamentario socialista, Héctor Gómez, rehabilitado políticamente después de haber sido relevado por Patxi López cuando apenas llevaba año y medio en el puesto, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones. Dos hombres para reemplazar a dos mujeres. No parece lo más ajustado al discurso feminista, pero cumple con la futura ley de paridad («ningún sexo tendrá una presencia inferior al 40% en el Consejo de Ministros»). Hasta ahora la balanza estaba decantada hacia el flanco femenino con catorce ministras frente a ocho ministros, más Sánchez.  El presidente anunció también que si gana las elecciones repetirá la coalición y pide una década para "revertir los estragos sociales, económicos y medioambientales que dejó la década anterior". 

Por primera vez, dos grandes sindicatos se han unido para echar un pulso a las administraciones y reclamar subidas de sueldo de entre el 10,5% y el 12% para casi tres millones de trabajadores del sector público. El seguimiento fue masivo entre los convocados. Los costes de la energía y de los alimentos han encarecido enormemente el coste de vida en la mayor economía de la UE. Millones de personas en todo el país se vieron afectadas por el paro en los ferrocarriles de larga y media distancia, cercanías, transporte público local (en siete de los 16 Estados federados alemanes), aeropuertos, puertos y las empresas que gestionan las autopistas. Alemania, donde a diferencia de Francia las reclamaciones laborales suelen resolverse mediante el consenso, no vivía un conflicto laboral de esta magnitud desde hace 30 años. La huelga coincidió con el inicio de la tercera ronda de negociaciones que mantiene el poderoso sindicato Ver.di, que representa a 2,5 millones de trabajadores públicos, con el Gobierno federal y las autoridades locales. La ministra del Interior, Nancy Faeser, pidió “responsabilidad” a los sindicatos en Potsdam, donde empezaron los tres días de reuniones de la negociación colectiva. Los paros fueron acompañados de protestas pacíficas de los trabajadores en huelga en estaciones y aeropuertos, donde se concentraron con pancartas y globos y haciendo sonar silbatos y bocinas. Pese a la afectación masiva de todos los medios de transporte la jornada transcurrió sin problemas.

Humza Yousaf, musulmán de 37 años nacido en Glasgow, es el nuevo líder del Partido Nacional Escocés (SNP) tras el recuento de los votos de los afiliados para elegir al sustituto de Nicola Sturgeon, que renunció como ministra principal en febrero. Obtuvo el 52% de los apoyos frente al 48% que logró su principal rival, Kate Forbes. En sus primeras palabras, Yousaf señaló que sus prioridades son la respuesta a una economía marcada por el coste de las necesidades básicas y la mejora del Servicio Nacional de Salud, de cuya gestión era responsable en el último gabinete de Sturgeon. «Soy un escocés orgulloso y un europeo orgulloso», dijo para confirmar su oposición al ‘Brexit’, mayoritaria en la región. Tras el rechazo generalizado a la estrategia de Sturgeon para convertir las próximas elecciones generales, en 2024, en un referéndum sobre la independencia que forzase una negociación con Londres, Yousaf aplazó compromisos concretos al respecto. Quiere convencer a los opositores a la separación con buen gobierno y avivar así un movimiento social en favor del ‘sí’. La última encuesta de YouGov da una ventaja de ocho puntos al ‘no’ y Focaldata.com señala que las prioridades de la población son las que plantea el nuevo jefe del SNP: la situación del Servicio Nacional de Salud y el impacto en sus vidas del aumento de los precios.

La presión crece en torno a Benjamín Netanyahu, un líder veterano y acostumbrado a superar situaciones de máxima tensión, que volvió a maniobrar en el último instante, cuando todo estaba a punto de explotar. Tras una jornada marcada por la huelga general y las calles tomadas por decenas de miles de manifestantes pro y anti Gobierno, el primer ministro acordó con sus socios retrasar un mes la aprobación del polémico plan de reforma de la Justicia. Netanyahu gana tiempo, no da marcha atrás en su proyecto, pero esta decisión le sirve para intentar consolidar su Ejecutivo, poner punto final a la huelga general y abrir la puerta al diálogo con la oposición en el Parlamento. Lo que no podrá es silenciar las protestas porque sus organizadores reaccionaron ayer con el argumento de que el aplazamiento de la reforma no es suficiente. Desde muy temprano los medios esperaban el anuncio del primer ministro sobre esta suspensión temporal, aunque lo único que salió de su boca fue la petición para mantener la calma y recordar a los israelíes que «todos somos hermanos». El problema es que hace mucho tiempo que Netanyahu no es un líder que una a la gente, sino que es la figura que ha partido al país en dos. El líder del Likud intentó romper con esta imagen con un breve discurso a la nación al final de la tarde en el que anunció un plazo de un mes «para negociar» la reforma porque su gabinete «jamás aceptará una guerra civil».