20260315

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Entreviista con Pello Rodríguez Zabaleta, presidente de Mondragon. "Más allá de los terribles conflictos que vemos en Gaza o en Irán y su impacto en la población, que es un desastre, en el fondo lo que hay es una guerra económica. Estados Unidos, China, el petróleo... Nosotros tratamos de tomar medidas para defender nuestra posición. ¿Cómo? Con flexibilidad. Hay que adaptarse, pero cada vez más rápido. Ahora toca el tema energético, las materias primas, que subirán rápido... Cada vez está más complicado. En los planes estratégicos lo que yo creo que cuenta mucho es el ámbito cualitativo más que el cuantitativo, porque es muy difícil prever lo que va a ocurrir...Por ahora la guerra de Irán no ha tenido un impacto inmediato. Pero ya estamos viendo a ver qué va a pasar con los contratos de gas natural y de electricidad que tenemos. Ya nos están avisando proveedores de materias primas de que como esto siga, va a haber un aumento del precio del plástico, del caucho, del acero... Iremos viendo...El punto de partida en Europa respecto a EE UU o China, nuestros competidores, es malo. Nuestros costes energéticos son muchísimo más altos, y si sumas Irán, que nos repercute más, como esto dure mucho más vamos a tener un problemón, energético y de competitividad. De hecho, ya vemos que el primer reflejo es que los precios de la logística nacional, del transporte, se están disparando. Espero que no pase de ahí. Hablar de suministro sería extremo, pero si Ormuz cierra, aquí no va a haber gas. Aquí en Euskadi no nos olvidemos, además, de que la autonomía energética que tenemos es la que es. Si eso es un factor de competitividad, habrá que hacer un plan. Piense que Estados Unidos es autosuficiente en su petróleo y en su energía, con lo que sus costes son infinitamente más bajos que los nuestros...Hay infinitas opciones para paliar nuestro hándicap energético. En Francia, por ejemplo, están potenciando las energías nucleares. Yo no sé lo que se debe hacer, lo que digo es que como el coste siga siendo tan alto comparativamente perderemos competitividad. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado el proyecto Amets con Arteche, con el que trabajamos para que las redes eléctricas sean más eficientes...– ¿Es partidario de imponer un ‘Made in Europe’ a los chinos?– Totalmente. En la automoción y en todos los sectores. Nosotros hemos ayudado al Gobierno de España y a nivel europeo a trabajar esa calificación de ‘Bien Hecho en Europa’. ¿Y qué significa eso? Pues que no fabrico todo en China, lo traigo y lo vendo. Eso no puede ser. No puede ser que venga KTL a Aragón y monte una fábrica de baterías él solito, con las ayudas de los fondos europeos..."

Entrevista con Anton Arriola, presidente de Kutxabank. Kutxabank ha presentado unas ganancias récord de 641 millones esta misma semana. Una situación que ha aprovechado, además, para anunciar que este año pagará a las fundaciones bancarias un dividendo histórico del 70% de las ganancias. Una bonanza que contrasta con el escenario internacional, atenazado por la guerra del Golfo. El presidente de la entidad, Anton Arriola, desafía las circunstancias y eleva las previsiones para este año. Lo hace señalando que el conflicto, si no se prolonga demasiado, «tendrá un impacto contenido» gracias a la inercia de la economía. "– ¿Qué perspectivas tiene para este 2026? ¿Cree que, como dijo José Antonio Jainaga, será un «año catastrófico»?– No soy tan pesimista para el conjunto de la economía. Es verdad que hay sectores, como el acero o la automoción, que están sufriendo. Pero tenemos tendencias favorables: empresas con poca deuda, desempleo en mínimos históricos y sectores tecnológicos con mucha pujanza. No tenemos grandes alegrías, pero sí una inercia interesante que puede hacer que el impacto será relativamente contenido, salvo que el conflicto se prolongue generando una escalada inflacionista más grave...Los tipos están repuntando y nuestra previsión es que sigan en esa evolución, por lo tanto los márgenes de las hipotecas crecerán los próximos meses...– ¿Teme una burbuja inmobiliaria?– No creo que haya ese riesgo porque en España se está construyendo como mucho 150.000 casas al año, y se llegaron a construir 850.000. Además, la demanda es muy superior. Veo muy difícil que se dé una burbuja inmobiliaria...– ¿Cree que Kutxa Fundazioa se ha equivocado por no participar en la compra de Ayesa? – La fundación Kutxa tiene su equipo técnico y su patronato, que son absolutamente independientes y soberanos para tomar las decisiones que consideren..."

La negociación del ERE en Tubos Reunidos ha agitado el ya complicado equilibrio del sindicalismo vasco, evidenciando discrepancias estratégicas entre las centrales y tensiones en el interior de su propia afiliación. El expediente planteado por la compañía, que contemplaba el despido de 301 de sus más de 1.300 trabajadores en sus plantas de Amurrio y Trapagaran, ha vuelto a cuestionar la línea de confrontación total que algunas organizaciones defienden ante los ajustes empresariales y ha reabierto el debate sobre los límites de esa vía en los conflictos industriales. Mientras en Trapagaran una amplia mayoría de la plantilla ha respaldado la oferta final, en Amurrio ni siquiera se han puesto las urnas, tras un sonoro portazo a esta posibilidad por parte de ELA, LAB y ESK desde el arranque de las negociaciones. La votación en la fábrica vizcaína tampoco fue un proceso sencillo. Los dos delegados de ELA en Trapagaran, claves para sumar mayoría junto a UGT y CC OO en el comité de la planta, se desmarcaron el lunes de la dirección del sindicato, sacando a la luz una fractura interna poco habitual en una organización caracterizada por su férrea disciplina. Ambos difundieron incluso un duro comunicado interno en el que acusaban a la cúpula de la central nacionalista de «querer vetar el derecho a que la afiliación tenga voz», al tiempo que denunciaban «insultos y amenazas». Un cruce de reproches que, según las fuentes consultadas, se viene repitiendo en los últimos conflictos que rodean la dramática situación de Aiaraldea. En la semana previa a la movilización del 17M –un momento habitualmente dedicado a recabar apoyos–, la atención se ha centrado, sin embargo, en estas discrepancias internas. Incluso en la rueda de prensa para presentar el paro, su secretario general, Mitxel Lakuntza, rechazó responder a cualquier cuestión que no tuviese relación con la movilización. «No puede considerarse un ejercicio democrático que una plantilla vote el despido de la otra», dicen desde ELA. Aunque el desmarque de los dos delegados de ELA en Trapagaran abrió la puerta a que la propuesta final de Tubos Reunidos se sometiera a votación entre la plantilla, el proceso volvió a cerrarse tras el sorprendente giro de UGT. Sus dos representantes en Amurrio pasaron de respaldar la consulta a posicionarse contra el ERE y votar en contra de la última oferta, que contemplaba que todas las salidas fuesen voluntarias. La federación de Industria del sindicato denunció el viernes que ese cambio de criterio se produjo en un clima de fuerte presión, asegurando que algunos de sus delegados recibieron «amenazas» para modificar su voto, contraviniendo la reclamación de un referéndum de los propios afiliados. 

ELA y LAB, junto a otros sindicatos nacionalistas, medirán este martes la capacidad de movilización de su gran reivindicación del último año: que Euskadi y Navarra cuenten con un salario mínimo propio de, al menos, 1.500 euros. La huelga general llega después de que esta propuesta haya fracasado por la vía parlamentaria, la legislativa y en la negociación con la patronal, y busca dar un nuevo impulso a las dos centrales en la defensa de la demanda, que pretende equiparar los sueldos del territorio con el coste de la vida. Esta reivindicación generó hace un año un inédito consenso sindical. ELA, LAB, CC OO y UGT solicitaron entonces al Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL) la constitución de una mesa de negociación para explorar la posibilidad de fijar «un salario mínimo interprofesional de convenio» para Euskadi. Sin embargo, una vez Confebask oficializó su negativa a sentarse, la unidad se resquebrajó. Las centrales de ámbito estatal apostaron por abordar la cuestión a través de la negociación colectiva, con un SMI de convenio. Por su parte, las nacionalistas llevaron a la patronal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para intentar forzar la apertura de esa mesa, pero rechazó la pretensión al considerar que la fijación de un SMI excede el marco competencial autonómico. El Parlamento vasco también rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que Euskadi tuviera competencias en la materia, con los votos en contra de PNV, PSE-EE y PP, al entender que la propuesta podría resultar inconstitucional. Los dos sindicatos nacionalistas afrontan así el martes una oportunidad para volver a situar esta reivindicación en el centro de la agenda. 

Entrevista con Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento vasco y burukide del EBB. "- Euskadi acaba de perder una inversión de 400 millones de euros de la china Hithium que el Gobierno vasco daba casi por hecha. ¿Qué ha fallado?– La economía no es competición, es colaboración. Tenemos un entorno industrial sólido y eso se demuestra con esta inversión en Navarra, que va a tirar de proveedores vascos y va a utilizar los puertos vascos. Es una buena noticia para el país...No tiene nada que ver que se invierta en Navarra en comparación con Burgos o La Rioja. Que haya sido en Navarra es bueno para el conjunto del país...Lo estamos planteando como si esto fuera una mala noticia, pero es que es muy buena para la economía vasca. Es un hecho muy remarcable que el consejero navarro de Industria es del PNV. Por tanto, la influencia es evidente...La colaboración público-privada es fundamental y lo hemos visto con casos como Talgo y Ayesa. Pero, además, trabajamos también para atraer inversiones y en el futuro cercano va a haber más...- La negociación del ERE en Tubos Reunidos ha destapado un pulso interno en ELA. ¿Ve ahí una fractura en la estrategia combativa del sindicato?– Lo poco que conozco es lo que he leído en los medios de comunicación. Pero bueno, la realidad es que ELA hace tiempo que decidió ser un agente político más que un agente sindical. Tendrán que hacer frente a sus problemas internos...-ELA y LAB, entre otros, han convocado este martes una huelga general en Euskadi para exigir un SMI propio. ¿Comparte el PNV esa reivindicación?– Siempre hemos dicho que es necesario que tengamos un salario mínimo acorde a la realidad económica del país. Nosotros abogamos por una vía muy concreta, que es tener la competencia plena y no una delegada. También quiero decir que en Euskadi tenemos más de un millón de personas trabajando y se estima que en torno a 50.000 están cobrando el SMI. Es un dato muy importante de cara a la huelga del martes"

Un «pistoletazo de salida». Eso es lo que prepara el Gobierno vasco para el VIAP. Después de 15 años de parálisis y bloqueo institucional, el Departamento de Industria dice ahora que quiere acabar con el ‘stand by’ de la gran expansión industrial para Foronda. Tras vaivenes judiciales, promesas y horas de debate político estéril, Sprilur busca empezar este mismo año las obras para levantar el dique que debe proteger al futuro parque aeronáutico de las crecidas del río Zaia. Así lo aseguran desde la empresa pública de suelo industrial y la consejería que dirige el jeltzale Mikel Jauregi, que a preguntas de este periódico se ratifica en lo que comunicaron hace unas semanas al PP en una respuesta parlamentaria: que, si las cosas salen bien, las obras de la mota clave para desbloquear el macropolígono pueden empezar a mediados de 2026. «En el mejor de los casos, podríamos empezar en el primer semestre. En el peor, a finales de este año», detallan portavoces de Sprilur. Tres son los movimientos que necesita hacer Sprilur para acabar con el bloqueo. El primero es actualizar el convenio que se firmó en 2011 para desarrollar el VIAP. ¿En qué va a consistir ese texto? Básicamente, en «equilibrar» el reparto de los costes del dique para que Aena también «participe» –es decir, financie– en estos trabajos. Es una idea que ya puso sobre la mesa Arantxa Tapia en su época como consejera de Industria. Entonces, apuntó la necesidad de que Aena pusiese de su parte en la urbanización de los terrenos contiguos al aeropuerto para convertirlos en suelo industrial. Desarrollar todo el proyecto costará más de 60 millones. Industria ha pasado semanas trabajando en un nuevo pacto al que, según detallan fuentes del Ejecutivo, Aena dio visto bueno el pasado 24 de febrero. Ahora se busca que las partes firmen este nuevo acuerdo. «No hay fecha, pero creemos que será pronto», apuntan desde Sprilur. El segundo paso es la compra de terrenos. 

La inversión multimillonaria activada por el Ministerio de Defensa español para modernizar el Ejército y reforzar la autonomía estratégica continental frente a la continua amenaza rusa y el progresivo repliegue del paraguas de seguridad estadounidense está abriendo una etapa única para los intereses de la industria vasca y estatal: más contratos, más capacidad productiva y también más tensiones empresariales. El salto, de 32.000 millones solo en el caso español, marca un antes y un después para un sector que continúa en redefinición, con Indra, Navantia y Airbus como grandes integradoras –concentran casi el 90% del total de la inversión–, y con tecnológicas como la guipuzcoana Sapa Placencia, que se adjudicó licitaciones por 77 millones en 2025, las vascas ITP Aero, Sener y otras compañías como Santa Bárbara (filial española General Dynamics Land Systems), Urovesa, Instalaza y Oesía buscando ganar relevancia estratégica. A lo largo del último ejercicio, el departamento que dirige Margarita Robles elevó las adjudicaciones de los Programas Especiales de Modernización (PEM) hasta los 31.793 millones de euros, una cifra que multiplica por más de ocho la del año anterior y supera incluso el volumen acumulado entre 2018 y 2024, según datos del Portal de Contratación del Estado. El reparto evidencia una fuerte concentración. 

El programa de blindados de nueva generación del Ejército de Estados Unidos, en el que la guipuzcoana Sapa, a través de su filial de Shelby (Michigan) Sapa Transmission, participa como socio clave junto a General Dynamics Land Systems, continúa avanzando a buen ritmo. A mediados de enero, el US Army exhibió en Detroit el primer demostrador tecnológico del M1E3 Abrams, acompañado de modelos del motor –fabricado por Caterpillar– y de la transmisión desarrollada por el grupo de la familia Aperribay. Pintado en el tradicional verde militar, el vehículo no es aún la versión definitiva, sino un prototipo inicial, pero marca un hito porque el programa se materializa por primera vez en un blindado físico en fase temprana de desarrollo. El valor potencial del programa para la compañía guipuzcoana, que está desarrollando una nueva planta productiva muy cerca de su fábrica de Shelby, se sitúa en el entorno de los 5.000 millones de euros, ya que se extenderá durante al menos dos décadas y las previsiones apuntan a que los primeros M1E3 se implementen antes de 2040. Fuentes de la empresa valoran de forma «muy positiva» la evolución del proyecto, que en el entorno industrial se considera clave para consolidar la nueva generación de movilidad terrestre del Ejército estadounidense. 

 Se cumplen seis años del confinamiento por la covid-19, cuando prácticas como las reuniones virtuales, las restricciones de movilidad y el cierre temporal de negocios y centros educativos transformaron nuestra rutina cotidiana. Una de esas realidades que cobró especial protagonismo fue el teletrabajo. Millones de trabajadores convirtieron su hogar en una oficina improvisada y los límites entre el espacio laboral y el personal se diluyeron más que nunca. A nivel estatal, un 14,6% de los empleados utiliza el teletrabajo de forma habitual para cumplir con sus responsabilidades laborales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al cierre de 2024. Si bien este porcentaje ha aumentado, todavía se encuentra lejos de los máximos registrados durante el momento más crítico de la crisis sanitaria, cuando el 16,2% de los ocupados desempeñaron su actividad desde casa más de la mitad de los días. No obstante, en 2024 esta modalidad experimentó un ligero repunte hasta alcanzar los 3,19 millones de ocupados que trabajaban desde su domicilio, ya fuera de forma habitual u ocasional, lo que supone 127.100 personas más que en el último trimestre de 2023. La tendencia se ha mantenido estable desde 2023, con un ligero aumento en el ejercicio anterior. De hecho, según los últimos datos disponibles de la EPA, en febrero de 2025 unos 1.648.100 ocupados declararon trabajar desde casa más de la mitad de los días en el Estado, aunque actualmente sigue predominando el modelo híbrido sobre el resto. Entre las comunidades autónomas del Estado donde más se apuesta por esta modalidad destaca Madrid (25,9%), Catalunya (16,2%), Comunitat Valenciana (14,4%), la Comunidad Autónoma Vasca (13,1%) y Galicia (12,4%).  

Ángel Berazadi fue el primer empresario asesinado por la banda terrorista tras un tenso secuestro de 20 días El lastre del terrorismo sobre la economía vasca aún se paga: adiós a 25.000 millones y un 30% de PIB relativo. Tamara Yagüe, al frente de la patronal vasca Confebask, cree que el secuestro y asesinato de Berazadi supuso un punto de inflexión. «Desde luego que sí. Ángel era un empresario muy conocido en Euskadi. Además de una enorme sacudida emocional, supuso desde entonces saberse objetivo de una organización terrorista que, en sus cincuenta años de existencia, asesinó a 49 empresarios y directivos, secuestró a medio centenar, y provocó el exilio de muchos más. Estas cifras dan una idea del sufrimiento de la sociedad en general y del empresariado vasco en particular». Luis Ramón Arrieta, ex directivo de BBVA, investigador y secretario de la Comisión Económica de la Universidad de Deusto, explica que el coste directo del daño causado se estima en más de 25.000 millones para toda la economía española. «Pero es mayor aún», advierte, «el coste estructural para la economía vasca». Pero ¿cómo sería hoy el País Vasco si nunca hubiera tenido que soportar el zarpazo del terror? «Nadie lo reconocería», sentencia Antonio Garamendi. «Sería una potencia industrial de primera división, pero no solo el País Vasco, España. El terrorismo no ha tenido ningún sentido, no ha servido para nada, y eso es hay algo que conviene recordar. Lo único que han hecho esos victimarios es generar pobreza a un país que podía ser el doble de rico de lo que es».«Contábamos con una gran concentración industrial, y liderábamos gran parte de la producción. También éramos la comunidad con el PIB per cápita mayor del Estado. Y con mucha diferencia con respecto a las demás», apunta desde Confebask, Tamara Yagüe. La foto de hoy es diferente. El peso del País Vasco respecto al conjunto del país es sensiblemente menor que entonces: ha pasado de aportar el 6% del total de la población española y más del 7% de su PIB, al 4,5% y al 5,7%, respectivamente. No sería exacto atribuirlo todo a ETA, en este tiempo ha habido muchas crisis, una reconversión industrial... «Pero es innegable que el terrorismo supuso un enorme peso en nuestras alas», advierte la líder de los empresarios vascos. La recuperación tampoco está siendo todo lo rápido que se esperaba tras el anuncio del fin de la violencia en 2011. «Pensábamos que con el fin de la violencia nuestro despegue sería más rotundo de lo que está resultando», advierte. «Aunque ETA ya no está, su discurso ideológico permanece en amplias capas (minoritarias, pero significativas) de la población. La agresividad verbal, la asunción del conflicto como único instrumento válido de negociación, y la animadversión por norma contra la empresa que cultivan algunas organizaciones y dirigentes sindicales en Euskadi no se corresponden con los de una democracia normalizada de nuestro entorno. Esa beligerancia genérica y permanente contra la actividad empresarial, sin base empírica, supone una dificultad añadida», concluye la líder de Confebask. 

Cristina Berazadi, hija de Ángel Berazadi, secuestrado y asesinado por ETA «Los que le mataron eran unos chavales de 18 años que no tenían ni idea de nada. Encima mi aita les hacía de comer mientras estaba secuestrado».  Ángel Berazadi Uribe, director gerente de la empresa de máquinas de coser Sigma, de Elgoibar, casado con Mari Carmen, hija del fundador de la factoría Estarta y Ezenarro y padre de seis hijos. «Llamé a casa el día del padre para felicitar al aita y le habían secuestrado esa noche», relata la hija menor del empresario que fue capturado ese viernes al salir de la empresa y conducido al caserío Ipiola, en Itziar, donde lo mantuvieron cautivo veinte días hasta que lo asesinaron de un tiro en la cabeza, el 8 de abril, en el alto de Azkarate. Nunca llegó a su casa en San Sebastián, la villa Yeyette de Intxaurrondo, donde le esperaba la familia. La benjamina de los Berazadi comparte su testimonio en conversación con este periódico desde su casa en la gaditana Sotogrande, la misma urbanización donde toda la familia pasaba los veranos.

Primero la pandemia, después la guerra en Ucrania y, como consecuencia, una crisis energética que derivó en otra de precios que ahora amenaza con repetirse. El estallido del conflicto en Oriente Medio y, sobre todo, la incertidumbre en torno a la duración del mismo y del cierre del estrecho de Ormuz vuelve a poner en jaque el bolsillo de los consumidores. Y lo que es peor: las familias reciben el golpe sin haberse repuesto aún del todo del choque anterior. La escalada de los precios del petróleo –que en los momentos más tensos de esta crisis han llegado a tocar los 120 dólares– ha despertado el fantasma de la inflación. Y, aunque no se espera que los precios se disparen a doble dígito como en 2022 –con la inflación ahora controlada en el entorno del 2,4%–, el mínimo repunte puede desbaratar por completo el presupuesto de los hogares, que viene de acumular años de tensión. Para hacerse una idea, el índice que mide la evolución del IPC sigue un 11% por encima de antes de la guerra en Ucrania. Y los sueldos no han subido al mismo ritmo, lo que se traduce en pérdida de poder adquisitivo para el ciudadano. «Los niveles de precios de 2023-2024 no se revertirán debido a que la estructura de costes –laborales, energéticos y climáticos– ha cambiado para siempre. La recuperación del poder adquisitivo de los hogares dependerá exclusivamente de que los salarios crezcan por encima de este nuevo estándar de precios consolidado», explican los expertos de EAE Business School. Ante una situación tan extrema como la actual, hacer una previsión del impacto económico de la guerra se torna complejo. Pero que ya afecta a los hogares, de eso no cabe duda. 

"...Las presiones inflacionarias podrían ser menos severas en esta ocasión. En primer lugar, porque la economía parte de una posición menos expansiva que hace cuatro años. La invasión de Ucrania coincidió con un rebote potente del consumo privado motivado por la salida de la pandemia, presionando los precios al alza. Hoy por hoy, los consumidores no disponen de la misma capacidad de compra, ni de tanto ahorro embalsado como entonces. Por otra parte, la política monetaria ha dejado de apoyar la coyuntura: el principal tipo de interés del BCE se sitúa en el 2%, frente al 0% de hace cuatro años, cuando además el banco central compraba casi toda la deuda pública emitida por los Estados. El euríbor ha pasado de cotizar en terreno negativo a rozar el 2,5%, anticipando una vuelta de tuerca del BCE, con el objetivo de limitar los tan temidos efectos de segunda ronda que se producen cuando los precios energéticos se filtran al conjunto del tejido productivo y desanclan las expectativas de inflación. Dichos efectos de segunda ronda serían, en todo caso, relativamente moderados, por el débil comportamiento de las economías centro europeas y, en el caso de España, el impulso a la población activa que trae consigo la inmigración. En suma, cabe anticipar un repunte acusado de la inflación, pero este será de menor envergadura y de menor persistencia que en la anterior crisis energética. Algo que conviene tener en cuenta en la respuesta de política económica. Los canales de transmisión son también relevantes para el buen diseño de las medidas que se están contemplando en toda Europa. Hace cuatro años la factura de la luz, y por ende la industria electrointensiva, fueron los más perjudicados, de ahí la relevancia del tope al precio del gas y del saludable despliegue de energías renovables. En esta ocasión, el sector agroalimentario es el más expuesto, por la simultaneidad del encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes. En este sentido, preocupa la cesta de la compra, que ya arrastraba una subida de los alimentos frescos superior al 6%. Otro sector presionado por la subida de los carburantes es el transporte por carretera: contrariamente a muchos particulares, los profesionales carecen de alternativas al vehículo para transportar las mercancías, al menos en el corto plazo..."

En un momento en el que parecía que la supremacía mundial se libraría en el mercado de los microchips —algo igualmente cierto— esta guerra de Irán del siglo XXI nos recuerda que el petróleo, como decía esa vieja ranchera, sigue siendo el rey. Donald Trump señaló sin complejos sus objetivos sobre la industria del crudo en la intervención de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. Es también la crisis de los carburantes lo que está doblegando al régimen castrista de Cuba tras décadas de sanciones y embargo, que golpearon a la población, pero no tumbaron al Gobierno. Y Teherán ha cerrado el Estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% del crudo que se consume en el mundo, como mecanismo de presión a Washington, amenazando con instalar el precio del barril en 200 dólares (traducido al castellano, esto significa una crisis económica internacional devastadora). Pese al proceso de transición energética y electrificación de las últimas décadas, el mundo está muy lejos de emanciparse del petróleo. Hoy significa el 30% de la demanda global de energía, frente al casi 50% que aportaba en los setenta, la época del gran embargo árabe por la guerra de Yom Kipur o la revolución iraní (ver gráfico). Sin embargo, su consumo total se ha duplicado respecto a entonces a lomos del crecimiento económico y demográfico, lo que mantiene la fragilidad respecto a los shocks y convierte esa autonomía verde, hoy por hoy, en un espejismo.

El cierre parcial del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, ha disparado las alarmas en el sector asegurador marítimo. Aseguradoras como Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club han anunciado cancelaciones a partir del 5 de marzo. Según los avisos, la cobertura de riesgos de guerra quedará excluida en aguas iraníes, así como en el Golfo y aguas adyacentes. Skuld ha añadido en su aviso al mercado que estaba trabajando en una opción de recompra para restablecer la cobertura. Por su parte, el grupo asegurador japonés MS&AD, en una información que publica Reuters, informa de que ha suspendido la suscripción de una serie de pólizas de seguro que cubrían los riesgos de guerra en las aguas alrededor de Irán e Israel y los países vecinos. En España, como explica Javier Hernández-Valenciano, socio de Clyde & Co, “el mercado asegurador no ha dejado de ofrecer cobertura, pero ha reevaluado el riesgo, ajustando la cobertura y el precio” mediante garantías específicas que se cancelan cuando el conflicto se materializa, pasando de riesgos hipotéticos a amenazas ciertas. Esta reacción contractual, prevista en pólizas estándar, deja expuestas a las cadenas de suministro: retrasos, pérdidas de beneficios y reclamaciones de terceros no cubren daños directos, sino impactos indirectos que activan seguros de riesgo político. Paulino Fajardo, socio de Herbert Smith Freehills Kramer, advierte que “el principal problema no es el daño a barcos, sino interrupciones en las cadenas de suministro, efectos en financiación y crédito”, previéndose litigios millonarios en escenarios como el actual.

Donald Trump ha pedido este sábado a China y a los países aliados afectados por la crisis del petróleo que formen una flota internacional destinada a proteger a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz con el fin de reactivar el comercio global de crudo y otras mercancías. «Muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en coordinación con los Estados Unidos de América, para mantener el estrecho abierto y seguro», ha señalado el presidente de EE UU en un mensaje en su red social Truth. «Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán. Sin embargo, les resulta sencillo enviar uno o dos drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance en algún punto a lo largo de esta vía navegable, o dentro de ella, por muy derrotados que se encuentren», añade el líder republicano sobre el poder ofensivo iraní. Advierte de los graves riesgos que pesan sobre el tráfico marítimo en el Pérsico, pero también de cómo las fuerzas aeronavales estadounidenses han bombardeado severamente las estructuras militares de Irán y de su Guardia Revolucionaria para reducir su capacidad de ataque. Trump ha publicado el llamamiento horas después de que los aviones de EE UU destruyeran un centenar de objetivo en la isla de Kharg, la gran terminal petrolífera del régimen persa y un punto clave de apoyo para el ejército iraní en el estrecho. El mensaje deja la impresión de que la Casa Blanca ya se habría puesto de acuerdo al menos con sus aliados, no parece factible con China, para desplegar una operación especial, pero el mismo presidente precisa que Washington continuará con su misión para que Ormuz «esté abierto, seguro y libre» con independencia de lo que decidan sus aliados.

El presidente de EE UU, Donald Trump, se encuentra en un callejón de difícil salida. La guerra que él y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, emprendieron hace dos semanas contra Irán, no solo ha puesto patas arriba Oriente Próximo y la economía global, sino que también se le está volviendo en contra. La falta de planificación y de objetivos claros, la distancia cada vez mayor de intereses con Israel, la presión de los mercados y las críticas internas a la gestión del conflicto están complicando la salida. Trump se juega la guerra en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. El viernes apuntó precisamente ahí, atacó el corazón de las exportaciones de crudo iraníes en la isla de Jarg y pidió crear una flota que proteja ese paso. La cuenta de Donald Trump en la red social Truth no es solo una plataforma para sus anuncios o una ventana a su estado de ánimo; también funciona como un medidor volátil de su paciencia y de su incomodidad con ciertos temas. El de la guerra de Irán ha estado relativamente ausente de sus mensajes. Desde el inicio, hace dos semanas y un día, de la ofensiva conjunta con Israel, Trump ha escrito sobre todo de otros temas: entrevistas de hace semanas a rivales políticos, el Mundial de Fútbol o el gran enemigo en casa: el congresista republicano Thomas Massie. Según la periodista del New Yorker Susan Glasser, quizá la mejor exégeta del presidente de Estados Unidos, esa “reticencia” puede deberse a que está cansado del tema; a que prefiere no hurgar en sus contradicciones tras años de prometer que no metería a Estados Unidos en un nuevo conflicto en Oriente Próximo; o a que hasta a él le es complicado tratar el asunto sin mencionar los precios disparados de la gasolina, la caída de la Bolsa y la caótica situación geopolítica desatada. O quizá es porque se debe a su público y su público quiere otra cosa. Sea como sea, es un indicio más de hasta qué punto la guerra de Trump ha entrado en un callejón sin salida. 

Cada vez que estalla una crisis en Oriente Medio, el mapa del turismo internacional tiende a reorganizarse. No necesariamente porque la gente deje de viajar, sino porque cambia de destino y, en ese proceso, España suele ocupar una posición privilegiada. Aunque los expertos aseguran que aún es pronto para medir el impacto en las reservas, las agencias de viajes ya detectan algunos cambios en el comportamiento de los viajeros. La región del Golfo funciona como uno de los principales centros de conexión aérea entre Europa y Asia y, en el mismo momento en que las alarmas antiaéreas empezaron a sonar, los paneles de los aeropuertos se tiñeron de rojo con la palabra «cancelado» en todos los vuelos con destino a esta zona geográfica. «La primera semana el impacto fue sobre todo operativo», explica Marcos Franco, socio fundador del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR). «Ha habido que redefinir rutas y reorganizar conexiones», añade. No obstante, por ahora el sector no detecta cancelaciones generalizadas en los viajes ya contratados.

“Todavía no estamos entendiendo el impacto que va a tener la robótica y otros avances tecnológicos en los siguientes años”, señala el futurista —así se llama su cargo— de Amazon en esta entrevista. En estos viajes por ciudades de Estados Unidos, Brill no solo asesora al gigante del comercio electrónico sobre futuras tendencias, sino que también da charlas con el fin de que “empresas y organizaciones sepan cómo va a ser el mundo en cinco años y aconsejarlas para estar lo mejor posicionadas posible para afrontarlo”, sostiene. Para entender el impacto que tendrá la inteligencia artificial (IA) en el corto plazo, destaca que actualmente realiza el 20% de las tareas laborales pero “en el próximo lustro hará el 80%”. Este contexto es nuevo para las compañías y por ello ha escrito, junto al director de la firma de innovación New Markets Advisor, Stephen Wunker, el libro La IA y la organización pulpo. También está preparando un nuevo volumen para que las empresas sean capaces de adaptarse a esta revolución. La IA, que la mayor parte del mundo descubrió con ChatGPT, “es una tecnología que se lleva construyendo 70 años y finalmente ha madurado”, señala Brill, que se licenció en diseño industrial en la universidad privada Pratt Institute, en Nueva York, y que ha asesorado a otras grandes tecnológicas y a diversos organismos como el Servicio Secreto o el Departamento de Estado de EE UU en temas de IA y Defensa. El futurista de Amazon predice que el siguiente paso es que siga desarrollando su capacidad para programarse por sí misma, sin intervención humana. Ya hay ejemplos prácticos que apuntan en esta dirección.

Con su muerte desaparece la última gran voz de la Escuela de Fráncfort y uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su defensa del diálogo racional entre iguales irrumpió como una bocanada de aire fresco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se imponía el pesimismo y la certeza de que la cultura no servía de antídoto contra la barbarie. El Holocausto se había producido en el seno de uno de los países más ilustrados de Europa. Habermas lo había vivido en primera línea y, pese a todo, nunca dejó de confiar en que hablando se entiende la gente. Conseguir un diálogo entre iguales era su obsesión. Ahí radicaba, en su opinión, el progreso. Pese a la amargura de sus últimos años, con una Europa cada vez más desorientada, nunca dejó de ser relativamente optimista. «Creo en la capacidad de los individuos dialogantes en la esfera pública para marcar una diferencia real en el mundo», aseguraba en una entrevista concedida el año pasado. La muerte de su mujer y su hija Rebekka habían ensombrecido su talante -todavía más que la invasión de Ucrania y el rearme de Alemania-, pero él seguía escribiendo artículos. Se resistía a guardar silencio. Hasta el final vivió obsesionado con la palabra y la posibilidad de diseñar un marco ideal para el debate público. Había sufrido el Tercer Reich y eso marca. Habermas se pasó la vida discutiendo. Lo mismo tachaba a los estudiantes del Mayo del 68 de haberse convertido en 'fascistas de izquierdas' -por su deriva violenta- que afeaba a Hans Gadamer, renovador de la hermenéutica, su apego a la tradición. En teoría él lo ponía todo en cuestión. Su última polémica llegó en 2023, cuando ya tenía 94 años. Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, firmó una declaración de solidaridad incondicional con Israel. Intelectuales de la talla de Judith Butler y Nancy Fraser le acusaron de traicionar su propia ética del discurso: el filósofo del diálogo entre iguales parecía sordo a la voz palestina. Se le reprochó que su universalismo fuera, en el fondo, europeo y parcial. No se retractó.