20220610

Cambio de ciclo en el Banco Central Europeo (BCE). El supervisor financiero anunció ayer que pondrá fin en julio a la compra de deuda y que ese mismo mes realizará una subida de tipos de un cuarto de punto hasta dejarlos en el 0,25%, su primer incremento en once años. Además, prevé hacer un segundo alza en septiembre, aunque no desveló su alcance porque dependerá de la evolución de la inflación. La invasión rusa de Ucrania y la presión inflacionista resultante de la guerra han llevado al BCE a tomar una decisión que pone fin a una etapa iniciada por Mario Draghi y caracterizada por la compra de deuda y los tipos de interés negativos. Llega, además, cuando se cumple el décimo aniversario del rescate de España. El organismo fija como su principal objetivo la contención de los precios. «La elevada inflación supone un importante reto y nos aseguraremos de que se rebaje al 2%», aseguró ayer la presidenta de la entidad, Christine Lagarde. Con los precios en la Eurozona disparados hasta el 8,1% en mayo, el BCE estima que «se dan las condiciones para una normalización de la política monetaria». Banca y ahorradores saldrán beneficiados del inicio de la normalización de la política monetaria del BCE, mientras que los deudores, entre ellos los hipotecados, y el consumo se llevarán la peor parte.

En Euskadi ya crece la preocupación por los efectos que podría tener en el tejido productivo vasco la determinación del país africano de congelar todas las operaciones de comercio exterior como represalia por el giro de Pedro Sánchez en el Sáhara Occidental. Fue la propia consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien afirmó ayer que esta nueva crisis, sumada a la guerra en Ucrania, eleva la «tensión» y la «incertidumbre» existente y añade, por tanto, «problemas» a la industria vasca. Principalmente, por las derivadas empresariales de un posible corte de gas. En su relación con Argelia, Euskadi exportó bienes por valor de 66,7 millones de euros en 2021, un 3,5% del total en el conjunto del Estado. Y son dos los sectores que principalmente se verían afectados de forma directa: la producción de papel y cartón (28 millones de euros) y bienes de equipo mecánico (12,2), según datos facilitados ayer por la SPRI. Las importaciones el año pasado se quedaron en los 7,6 millones, con el vidrio y los vehículos de vías férreas como principales productos. 

El castigo comercial que Argelia ha impuesto a España por su cambio de posición sobre el Sáhara genera preocupación en los sectores y empresas más expuestos al país norteafricano. No se trata de uno de los principales destinos de los bienes y servicios españoles —en 2019, antes de la pandemia, apenas suponía un 1% de las exportaciones—, pero aun así estas sumaron aquel año casi 3.000 millones de euros. La sensación general en algunas patronales es de incertidumbre, porque todavía se desconoce el impacto exacto de las medidas. Las firmas españolas contactan con sus clientes argelinos para conocer de primera mano el alcance del veto a sus productos. Según la Secretaría de Estado de Comercio, los sectores que más venden al país norteafricano son los de semimanufacturas (más de 1.100 millones, el año previo a la covid), metalurgia y bienes de equipo (605 millones) y automoción (casi 460 millones de euros). Para Argelia, España es su quinto proveedor, por detrás de China, Francia, Italia y Alemania.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, puso el acento en señalar que la coyuntura no hace sino reforzar la idea de que es «una oportunidad industrial y energética». Así, recordó que las tensiones con Rusia tras la invasión de Ucrania y ahora los conflictos diplomáticos con Argelia han introducido nuevas incertidumbres en torno al suministro de gas, «lo que hace recomendable pensar en la necesidad de sustituir esa fuente de energía de forma progresiva». La consejera realizó estas manifestaciones en el arranque de unas jornadas organizadas por la federación de industria de UGT, FICA, en Bilbao para analizar las oportunidades de la industria del hidrógeno. Hoy serán el lehendakari, Iñigo Urkullu, y también el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, quienes participarán en el encuentro, que ha reunido en la capital vizcaína a numerosos representantes sindicales de la industria europea. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, remitió un mensaje grabado en el que puso de manifiesto la oportunidad que da el hidrógeno para desarrollar «oportunidades industriales, y en especial en el sector de bienes de equipo». En la misma línea, la consejera de desarrollo Económico del Gobierno vasco insistió en la necesidad de contemplar el hidrógeno no sólo como una pieza en el proceso de descarbonización, sino también como una oportunidad industrial. 

Una de las principales apuestas del Gobierno vasco para que Euskadi siga jugando un papel determinante en la automoción en la nueva era, la del coche eléctrico. Eso es lo que representa BasqueVolt, la fábrica de celdas de batería que se proyecta en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava) y que tiene a Mercedes como su primer cliente. Además, el proyecto contará con la participación de Iberdrola y de Enagas, así como con el respaldo de las principales marcas de la automoción vasca: CIE Automotive como socio y Gestamp como colaborador. La consejera de Desarrollo Económico del Ejecutivo de Vitoria, Arantxa Tapia, presenta hoy a los socios del proyecto, al que también se sumará CIC Energigune, el centro de investigación impulsado por el Gobierno vasco que lidera la tecnología de celdas en estado sólido para las baterías. Además de la entidad tecnológica dirigida por Nuria Gisbert, en el accionariado de BasqueVolt está también EIT InnoEnergy, un organismo europeo que busca coordinar y ayudar en la financiación a proyectos de transición energética. Y así se completa el elenco de socios de BasqueVolt. Aunque no deja de tener un valor más testimonial en cuanto a su porcentaje de participación, todas estas incorporaciones suponen un respaldo a la iniciativa que ahora debe afrontar el reto más complicado y avanzar en las diferentes fases que, en su desarrollo pleno, prevén una inversión de 720 millones de euros y la creación de 800 empleos.

El acuerdo entre empresa y sindicatos para la firma del convenio en la planta de Mercedes en Vitoria, una herramienta clave para que se haga realidad el plan de inversiones de 1.200 millones previstos por la multinacional, sufrió ayer un retroceso; una semana después de que la dirección trasladara al comité su proyecto industrial y de negocio. En el primer encuentro entre ambas partes desde que se comunicara ese anuncio, todas las centrales rechazaron de plano la propuesta de convenio «que nos han querido vender como un avance, pero es un retroceso. Empeora lo que nos presentaron en marzo». La principal crítica de los representantes de la plantilla se centra en los «recortes económicos» que incluye el planteamiento de la dirección de Mercedes. «Nos habla de una subida salarial del 1,5% entre 2022 y 2026 cuando en la anterior propuesta era del 2,5%. Vamos para atrás», denunciaron diferentes portavoces sindicales. Y criticaron también que las pagas «también se plantean a la baja con lo que la pérdida de poder adquisitivo sería aún mayor».

La patronal vasca (Confebask) y los sindicatos ELA, LAB, CC OO, UGT y ESK se reunieron ayer en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para conformar la mesa de negociación del primer convenio colectivo de este sector, demanda registrada por LAB en el CRL el pasado 9 de mayo a la que respondieron afirmativamente el resto de centrales sindicales. Una reunión en la que los sindicatos criticaron la actitud de Confebask de no asumir la representación patronal de este sector con lo que no se pudo conformar la mesa negociadora. «Confebask nos dice que no se considera patronal en esta negociación y que no tienen ninguna responsabilidad en esta negociación», confirmaron representantes sindicales tras el encuentro. LAB emitió ayer un comunicado en el que asegura que denunciará jurídicamente a Confebask y lo llevará a los tribunales. Desde el punto de vista sindical, Confebask «es el sujeto legitimado para conformar esta mesa de negociación y está claro que lo que no tiene es voluntad política», por lo que denunciaron firmemente su «dejadez». «Una vez más, Confebask mira para otro lado y quiere condenar a las trabajadoras de hogar a trabajar en la miseria» criticaron desde LAB, que mañana celebrará una asamblea general abierta en Bilbao a todas las trabajadoras del hogar para analizar los próximos pasos de cara a la consecución de su primer convenio.

Ocho años después de que sus empresas cerraran las puertas, víctimas de la que fuera la mayor quiebra en la historia de Euskadi, y cuando se cuplen ya cuatro desde que la Justicia les diera un sonoro varapalo en su demanda contra la Corporación Mondragon (tanto en primera instancia como en apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa), los 900 extrabajadores de Fagor Electrodomésticos y Edesa –que reclamaban al Grupo los 47,8 millones de euros perdieron por sus aportaciones financieras a sus cooperativas– reciben la primera buena noticia desde el ámbito judicial. Según fuentes de ese colectivo (en su día conformado alrededor de las plataformas Ordaindu y Eskuratu), el Tribunal Supremo ha aceptado un recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia guipuzcoana que, allá por el mes de julio de 2019, rechazó su petición. La Audiencia no entró nunca a valorar el fondo del asunto, y se limitó (esa era su labor en aquel recurso) a analizar la esencia de la sentencia que un año antes dictó el Juzgado de Primera Instancia de Bergara, y que se apoyó en la prescripción de la acción que esgrimieron los afectados contra la Corporación. En aquel momento, los damnificados, aún sabiendo de lo tediosos que son siempre los procesos ante el Tribunal Supremo, apostaron por recurrir en casación, un movimiento que decidieron en sendas asambleas. El tiempo parece haberles dado la razón. 

Ya son ocho las empresas vascas que se han acogido al fondo de rescate estatal gestionado por Cofides y destinado a recapitalizar compañías medianas solventes, pero que se han visto afectadas por la pandemia. Hoteles Silken, Grupo Satuerca, SmeltingPerformers, Proyectos Onddi, Egile, Atik, BOJ Olañeta y San José López. La más voluminosa de ellas es la financiación de 22,5 millones autorizada para Hoteles Silken, la cadena hotelera con sede en Vitoria impulsada por la familia Iráculis. Estas firmas han recibido financiación reembolsable por importe de 70 millones de euros, lo que supone un 15% del total distribuido, que asciende a 470 millones. El fondo está dotado con 1.000 millones de euros y la fecha límite establecida por Bruselas para agotarlo es el 30 de junio. De ahí que Cofides esté acelerando los trámites todo lo posible para llegar al máximo de empresas. «Estamos avanzando muy rápidamente en el análisis y aprobación de solicitudes en esta última fase», señaló su director general, Rodrigo Madrazo. El fondo está destinado a compañías medianas que facturen entre 10 y 400 millones de euros y que, siendo viables a largo plazo, vean su supervivencia afectada por los efectos de la pandemia. El mecanismo es similar al desplegado por la SEPI para los grandes grupos económicos. 

Desde 2001 no había una representación tan baja de empresas vascas en el índice de referencia de la Bolsa española. Tras el anuncio de Siemens Gamesa de su proceso de OPA de exclusión para abandonar la cotización, el Ibex 35 anunció ayer la salida de CIE Automotive, con lo que solo quedarán en el índice BBVA e Iberdrola, la mitad de las que había en 2018 cuando se estrenó en el selectivo la compañía de componentes de automoción presidida por Antón Pradera. El Ibex 35 es un índice que representa a las compañías más importantes del país, aunque matizado por su volumen de operaciones en la Bolsa, así como por el porcentaje de acciones que tienen expuestas al mercado para la compraventa de los inversores, lo que se conoce como ‘free float’. Hasta los cambios de ayer, el peso más importante era el de la Comunidad de Madrid, sede de 22 de las compañías del Ibex 35. La segunda autonomía era Euskadi, con cuatro empresas –BBVA e Iberdrola, Siemens Gamesa (a la que le quedan aún unos meses hasta que se concrete la OPA anunciada) y CIE Automotive–. Y luego Cataluña, con tres compañías.

Las empresas asociadas al Clúster del Papel de Euskadi lograron facturar el año pasado 1.352 millones, con lo que superaron las caídas producidas en los dos años precedentes con motivo del covid. La producción de pasta y papel también retornó a niveles prepandemia rebasando las 1.383.000 toneladas. Los datos fueron dados a conocer ayer con motivo de la celebración de su 25 Asamblea General. Del total facturado el año pasado, el 48% fueron exportaciones. En lo que respecta al empleo, alcanzó los 2.840 trabajadores, de los que el 91% cuentan con contratos fijos y una retribución un 20-30% superior a las de otras empresas del sector de otras comunidades, destaca el clúster. Las empresas mantuvieron su ritmo inversor con proyectos por valor de 71 millones. Pese a esta recuperación, el clúster advierte de que el contexto es muy adverso, con excepcionales incrementos del coste de la energía, materias primas, suministros de todo tipo y transporte. Unas subidas que no han podido repercutir en su totalidad en los precios de venta, «provocando preocupantes pérdidas de rentabilidad», remarca.

El destope de las cotizaciones máximas tendrá que esperar al menos unos meses, después de que las enmiendas que Unidas Podemos logró introducir en el proyecto de ley que regulará el fondo de promoción pública de pensiones de empleo en empresas, que se debatió y votó ayer en el Parlamento, fueran suprimidas. Unas enmiendas que fueron respaldadas por error por el PSOE durante el dictamen en comisión, pero que ayer subsanó en pleno con el apoyo de PP y Ciudadanos. La ley salió así adelante sin ese destope y también sin la otra enmienda de Unidas Podemos que contemplaba que las aportaciones de las empresas a esos planes de pensiones cotizasen. Dos cuestiones a las que se oponía la CEOE. Con todo, en su intervención en el Parlamento, la representante de Unidad Podemos, Isabel Franco, anunció que pese a la supresión de sus enmiendas su grupo había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para «destopar las pensiones públicas» en una norma futura. Con ese argumento, UP votó incluso a favor de sacar de la ley de planes de pensiones sus enmiendas.

Las abstenciones de PP y Vox ayudaron ayer a que el Gobierno sacara adelante la excepción ibérica que limitará el precio del gas. Los analistas auguran una caída de hasta ocho décimas en el IPC; el Gobierno, de un punto. No será la panacea ni mucho menos, pero sí otorgará un respiro. El objetivo prioritario del límite al gas y el carbón que alimenta las centrales de generación eléctrica es rebajar la presión de los precios que afrontan los hogares, en especial sobre aquellos que están en el mercado regulado, que son los que más han sufrido la escalada y donde la medida debería empezar a tener impacto la semana que viene. La iniciativa también busca una segunda meta: rebajar la inflación, devenida en problema económico de primer orden. Y todo parece apuntar a que lo logrará, sí, aunque en bastante menor medida de lo que se predijo en un principio. El veredicto de la mayoría de los analistas consultados por EL PAÍS para tratar de dar respuesta a la pregunta de cuál será el efecto es claro: el tope reducirá el IPC anual en entre cinco y ocho décimas respecto a la cifra que luciría a cierre de 2022 sin ese mecanismo. Ayudará, por tanto, pero no atajará por completo la escalada inflacionista.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció ayer un plan renove para los parques eólicos más antiguos y defender la necesidad de “acelerar el cambio energético” tras la invasión de Ucrania y los nuevos riesgos asociados a la dependencia de los combustibles fósiles. “El país necesita la aportación de las empresas”, dijo. “La necesidad de cambio de modelo nos obliga a pensar colectivamente” y “deberemos trabajar en un despliegue mucho más allá de lo que teníamos inicialmente previsto”, aseguró la ministra en alusión a la guerra en Ucrania y a sus efectos sobre el mercado energético. “El conjunto de la cadena industrial y los productores de energía están preparados para abordar una transformación profunda del sistema energético de manera mas ágil y rápida de lo que pensábamos”, señaló. La ministra dijo que “el paradigma debe cambiar”, lo que “depende del conjunto de la sociedad, muy en particular de los actores económicos e industriales”. Apeló además a la importancia de reorientar el modelo y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. “Todavía no hemos logrado que la transformación se produzca a la velocidad que se requiere”, dijo. La invasión de Ucrania, aseguró, también hace “visible” la “necesidad de acelerar el cambio no solo por razones climáticas o sociales, sino también económicas y de reducción de la dependencia y el fortalecimiento de la autonomía estratégica”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer inversiones de 4.533 millones de euros hasta 2025 para el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) aeroespacial aprobado en marzo, así como la formación de un consejo del espacio durante el próximo Consejo de Ministros para agilizar la creación de la Agencia Espacial Española. La contribución del sector público será de unos 2.193 millones de euros y la inversión privada rondará los 2.340 millones, dijo Sánchez en el Centro de Entrenamiento y Visitantes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en la localidad madrileña de Robledo de Chavela. La parte del sector espacial representará unos 1.480 millones de euros para posicionar a España dentro del mapa europeo del uso comercial del espacio, y para la mejora de los sistemas de control medioambiental y climático, así como los de comunicación y seguridad. Para el sector aeronáutico están previstos 323 millones de euros (unos 160 millones de dinero público y el resto de fondos privados) con el objetivo de llevar la industria hacia sistemas de cero emisiones. También servirán para la modernización del control del tráfico aéreo del llamado Cielo Único Europeo y el desarrollo de demostradores de aeronaves multipropósito y aviones no tripulados, una de las áreas de más rápido crecimiento en los últimos años (la UE espera que en 2035 generen una actividad de 10.000 millones de euros al año).

Freeport LNG, el operador de una de las mayores plantas de exportación de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos, cerrará durante al menos tres semanas tras una explosión en sus instalaciones de la Costa del Golfo de Texas. El incendio ha sacudido los mercados de gas natural de Estados Unidos desde el miércoles y es probable que el impacto se extienda a los mercados de Europa y Asia, según advirtieron los analistas. Los futuros de gas natural de EE UU se hundieron y cerraron a 8,699 dólares por millón de unidades térmicas británicas (mmBtu), después de haber alcanzado un máximo de casi 14 años de 9,664 millones de Btu más temprano ese mismo día. Su cierre elimina a un importante proveedor de un mercado ya tenso por los compradores europeos que evitan el GNL ruso y por el resurgimiento de la demanda en China, señalaron los analistas.

El consejo de administración de Repsol aprobó ayer la venta del 25% de su división de renovables al consorcio formado por Crédit Agricole –a través de su filial aseguradora Predica– y el fondo suizo Energy Infraestructure Partners (EIP), una operación clave para acelerar la transformación verde de la petrolera. El consorcio pagará 905 millones al grupo español, y además asumirá la parte correspondiente de la deuda de esa división. En total, Crédit Agricole y EIP contraerá un coste de algo más de 1.000 millones. La valoración total de la división de renovables de Repsol (Repsol Low Carbon o Repsol Renovables) es de 4.383 millones, en línea con las valoraciones más altas que se hicieron hace un año, cuando se puso en marcha este proceso. Culmina así una de las transacciones más esperadas del sector. Repsol había convocado hoy un consejo extraordinario para tomar una decisión definitiva sobre la venta de una participación de su división de renovables a Crédit Agricole y EIP, con quienes estaba negociando en exclusiva desde la tarde del miércoles de la semana pasada. Durante este tiempo, la petrolera ha estado puliendo los detalles de la operación con el consorcio formado por Predica, filial aseguradora del grupo francés Crédit Agricole, y EIP –que se ha independizado recientemente de Credit Suisse– para venderle en torno a un 20% de su filial de energías limpias. Finalmente el porcentaje se ha elevado al 25%, el máximo que estaba dispuesto a ceder Repsol en el marco del proceso de venta.

El pleno del Congreso de los Diputados votó ayer a favor de la ley de planes de pensiones y empleo propuesta por el Gobierno para promover el ahorro de los trabajadores y complementar el sistema de pensiones públicas contributivas. La norma aprobada ayer forma parte de un amplio paquete de medidas legislativas destinadas a mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones y que el ministro José Luis Escrivá ha planteado en una estrategia de negociación por etapas estancas con agentes sociales y grupos parlamentarios. La primera reforma, la revalorización de las pensiones con el IPC se aprobó el año pasado y fue la única que recibió apoyo prácticamente unánime. El resto de reformas aprobadas o en tramitación han registrado un respaldo mucho menor, con rechazos cada vez más explícitos por parte de patronal, sindicatos y partidos políticos hacia la forma de negociar y tramitar de Escrivá. En el plan del ministro, la ley de planes de pensiones y empleo no representaba ni mucho menos la etapa más difícil. Ese papel está reservado para la negociación y tramitación del nuevo cómputo de los años cotizados en el cálculo de la pensión.

La recaudación tributaria es una de las brújulas más fiables para redibujar el mapa empresarial español que queda tras los devastadores efectos de la crisis desatada por la pandemia de Covid-19. Así, los ingresos del Impuesto de Sociedades correspondientes al ejercicio 2021 indican que lo peor de la recesión ha quedado atrás, con un incremento de la tributación que supera ya en un 12,5% los datos de 2019. Las cifras muestran, sin embargo, una fuerte disparidad entre comunidades autónomas y una alta concentración de las grandes empresas en Madrid y Cataluña, que con el 40% de firmas acaparan el 65% de toda la recaudación societaria del país. Así se desprende del informe Declaración de Sociedades 2021, presentado ayer por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que recuerda que la recaudación del tributo en las comunidades autónomas de régimen común pasó de suponer 23.519,6 millones de euros en 2019 a 16.461 millones en 2020 con la irrupción del Covid (-30,01%), repuntando un 60,8% interanual en 2021 hasta los 26.467,8 millones (un 12,54% más que antes de la crisis). El documento, no obstante, indica que Sociedades todavía no ha recuperado su nivel de ingresos precrisis en cinco regiones.

Por cada proyectil de artillería que Ucrania fabrica, Rusia produce entre veinte y cincuenta. También multiplica por veinte el equipamiento militar de las tropas ucranianas. Y cuenta con la ventaja de que no debe perder tiempo en adiestrar a los soldados ni en realizar trámites burocráticos sobre sus arsenales, a diferencia de Kiev con el armamento enviado por terceros países. Son tres de los factores que favorecen al Kremlin en su nueva estrategia bélica en el Donbás: la guerra artillera. Una táctica decisiva en las dos guerras mundiales durante el siglo pasado y que ahora aprovecha las flaquezas del Ejército local para reportarle de momento al Kremlin resultados mejores que, cuando al inicio de la crisis bélica, puso en marcha una colosal apisonadora terrestre que se diluyó día a día empantanada entre emboscadas y problemas de suministro alrededor de Kiev. De los fallos se aprende, señala el Instituto de la Guerra de Estados Unidos. En marzo Rusia sufrió sus mayores fracasos debido precisamente al uso recurrente de la artillería por parte de Ucrania contra sus tropas. Ahora es Moscú la que domina el gatillo. 

Las recetas del Departamento de Salud para paliar la creciente escasez de médicos de familia en Euskadi han recabado un diagnóstico unánime en contra. Las organizaciones profesionales, los sindicatos y todos los partidos de la oposición coinciden en mostrar su rechazo frontal al plan anunciado por Gotzone Sagardui para adaptar el funcionamiento de Osakidetza, que incluiría desplazamientos más largos, el cierre de centros en épocas vacacionales y atención por parte de personal de enfermería en lugar de facultativos. El «cambio cultural» que pide la consejera, dicen, es un eufemismo para disfrazar el «desmantelamiento» de la Sanidad pública vasca. El repentino anuncio por parte de Sagardui ha pillado con el pie cambiado a unos y a otros. No en vano, sus palabras tuvieron lugar en un foro médico el miércoles, tan sólo dos días después de que la comisión de Salud del Parlamento vasco acogiera las intervenciones de la directora general de Osakidetza y la subdirectora de Atención Primaria para abordar precisamente el futuro de este servicio. Gotzone Sagardui matizó ayer en dos ocasiones sus propias declaraciones del miércoles realizadas en un desayuno informativo. Tanto en Radio Euskadi como a la entrada del Congreso de Medicina General y de Familia, que se celebra en Bilbao, dijo que «nadie ha hablado de que el modelo vaya a cambiar en la Atención Primaria», ni tampoco «que tengamos que desplazarnos» más para ser vistos por el médico de familia. Solo 24 horas antes había dicho que «no podemos obviar que, tanto la especialización derivada de la innovación en técnicas y tecnologías, como la escasez de profesionales de Familia apuntan a un horizonte de mayor movilidad de la ciudadanía para recibir atención».