20260625

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Arteche prepara uno de los mayores movimientos financieros protagonizados este año por una empresa vasca cotizada. La compañía ha puesto en marcha una colocación acelerada de 100 millones de euros en la que ampliará capital y que contempla también la venta de acciones por parte de determinados socios. Una estrategia con la que busca incorporar nuevos inversores, ganar tamaño en Bolsa y obtener recursos para impulsar su crecimiento en los próximos años. La operación tendrá una estructura mixta. Cerca de un tercio del importe procederá de la emisión de nuevas acciones que permitirán a Arteche –con una valoración bursátil cercana a los 2.000 millones– captar recursos para financiar nuevas inversiones y abordar posibles adquisiciones. Los dos tercios restantes corresponderán a la venta de títulos ya existentes por parte de algunos accionistas actuales, que aprovecharán la operación para reducir parcial o totalmente su participación y dar entrada a nuevos socios en el capital de la compañía. La identidad de los accionistas que aprovecharán el movimiento para vender parte de sus títulos, por un importe cercano a los 66 millones de euros –cerca del 5% del capital–, todavía no ha trascendido. La familia Artetxe controla actualmente el 52,38% del capital a través de Ziskua Ber, mientras que el segundo mayor accionista es Velora Investa, antigua Cunext, con una participación del 20,21%. Esta sociedad está controlada por el empresario Dámaso Quintana, que proyecta rescatar con 60 millones Vicinay. 

Mientras los mercados internacionales intentan digerir un escenario condicionado por las guerras, los aranceles y unas cadenas de suministro bajo presión, el tejido empresarial vasco empieza a mostrar una mayor cautela respecto a la evolución de la economía. Así lo refleja la encuesta de confianza empresarial de Laboral Kutxa, según la cual el 39,9% de las compañías considera que el entorno económico empeorará durante el tercer trimestre del año. En contraste, apenas un 12,6% confía en una mejora, mientras que casi la mitad, el 47,5%, espera que la situación permanezca sin cambios. Esta percepción también se traslada a las decisiones de negocio. Aunque el saldo sigue siendo positivo, las expectativas de facturación, actividad y cartera de pedidos pierden fuelle respecto al trimestre anterior. El 30,9% de las empresas espera aumentar sus ingresos durante el tercer trimestre, frente al 16,3% que anticipa un retroceso. En cuanto a la actividad, el 27,5% anticipa una mejora, mientras que el 19,1% teme un empeoramiento. La inversión, por su parte, emerge como uno de los indicadores que mejor reflejan la cautela empresarial. Solo el 12,6% de las compañías prevé aumentar el volumen de recursos destinados a nuevos proyectos durante el tercer trimestre, frente a un 9,4% que contempla reducirlo. El cierre temporal –y las posteriores aperturas– del estrecho de Ormuz, de hecho, ha reavivado los temores a un nuevo episodio inflacionista. 

Un nuevo giro de tuerca. Eso es lo que ha experimentado la investigación por un presunto tráfico de influencias que mantiene el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el polémico rescate de Tubos Reunidos por la Sepi por 112,8 millones y los cerca de 250.000 euros que la ‘trama Leire’ cobró en comisiones. Así se recoge en el auto emitido por el juez sobre una de las piezas separadas del caso que se había declarado secreta. Las diligencias llevaron a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de la Sepi el pasado 4 de junio con un requerimiento para incautar la documentación referida al rescate de Tubos Reunidos y el contenido de los correos electrónicos y las carpetas de trabajo de ocho directivos de la empresa pública. De ellos, tres ya no están en la Sepi y otros dos son el actual vicepresidente de la entidad, Bartolomé Lora, y Julián Mateos-Aparicio, director del fondo FASEE, que tramitó los rescates de empresas estratégicas tras la pandemia como Tubos Reunidos, Plus Ultra y Air Europa.

El primer ejecutivo de Tubos Reunidos, el director general, Carlos López de las Heras, no estará al frente del grupo que explorará las ofertas que se presenten formalmente por la empresa en el proceso abierto con el concurso de acreedores. Así lo han confirmado fuentes de toda solvencia que explican que la situación de investigado por la Audiencia Nacional que tiene el directivo es algo que perjudica más que ayuda en esas negociaciones críticas para el futuro de la compañía y que arrancan ahora. Es otra derivada de la investigación judicial abierta sobre el rescate de 112,8 millones que Tubos Reunidos recibió de la Sepi en 2021. La Guardia Civil, tras dos registros de las sedes de la empresa, concluye que la firma abonó 250.000 euros como presunta contrapartida por el tráfico de influencias que pudo realizar la conocida como ‘trama de las cloacas’. La estructura en la que participaba el expresidente de la Sepi Vicente Fernández con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, su socio Antxon Alonso y la ex afiliada Leire Díez. Las diligencias judiciales mantienen también la condición de investigado sobre el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta y sobre el que fuera miembro del consejo de administración Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. Ambos, según el sumario de la UCO, tuvieron una participación mucho más activa que López de las Heras para fijar los pagos a la trama, pero este firmó los últimos contratos. Es, además, el único investigado que se mantiene activo en la compañía tras la dimisión de Urrutia el pasado 12 de junio y la marcha de Irazusta en 2023.

Industria Erronka ha finalizado su edición 2025-2026 con un «resultado histórico y récord de participación», al alcanzar los 7.052 estudiantes de 69 centros educativos que, gracias a este programa, acerca el mundo industrial al alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en Bizkaia. Desde 2018 han sido más de 27.000 alumnos. La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), organizadora de esta cita, ha hecho balance de esta última edición, en la que se han superado las cifras registradas en la anterior. A lo largo de los 10 meses del curso escolar, Industria Erronka ha desarrollado un total de 241 actividades, entre las que se incluyen 135 visitas a empresas.

Las extinciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se han disparado el último año en Euskadi, hasta alcanzar las 13.029. Es un 258% más que el ejercicio anterior, 2024, cuando Lanbide quitó esta prestación a apenas 3.631 personas en el conjunto del País Vasco. El incumplimiento de requisitos es uno de los motivos más repetidos, según explica el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo en una respuesta parlamentaria a Amaia Martínez (grupo mixto-Vox). En lo que va de año el número de extinciones se sitúa en las 5.968. Entre otras cosas, Lanbide ha reforzado sus controles e inspecciones para evitar fraudes, de ahí que haya aumentado tanto el número de extinciones como de suspensiones. Los motivo son muy diversos, pero entre los que más se repite está el incumplimiento de los requisitos. Aunque hace unos cuatro años Lanbide dejó de ofrecer los datos separados por origen, a petición de Martínez, Torres ha dado las estadísticas de las extinciones, con sus respectivas causas, por nacionalidades. Así, en el documento recoge que la mayoría de quienes han visto su ayuda social cancelada son españoles –que también son mayoría entre los beneficiarios–. A 7.931 se les quitó el año pasado por incumplir los requisitos, mientras que a 4.119 por tener ingresos o patrimonio superior al que recogen las bases de la RGI para poder percibirla. 

El impulso del cooperativismo es uno de los puntos claves del viaje. Según las mismas fuentes, esto constituye una referencia internacional gracias al modelo económico que combina competitividad empresarial, arraigo territorial, innovación y cohesión social. Mikel Torres, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, inició ayer un viaje institucional a México con el objetivo de reforzar las relaciones económicas y empresariales entre Euskadi y el país azteca. Con esta iniciativa, Euskadi pretende profundizar nuevas vías de colaboración en materia de industria, empleo y economía social. «Queremos seguir fortaleciendo la presencia de nuestras empresas y cooperativas en mercados internacionales», afirmó Torres al llegar al país. En los próximos días mantendrá encuentros con empresas vascas asentadas en el país y agentes estratégicos vinculados al cooperativismo, la economía social y el ámbito académico, como Mondragon Assembley, Irizar o la Universidad Mondragon en México, entre otras. Querétaro y Ciudad de México serán las dos ciudades principales de su visita. Cuentan con especial relevancia por su «dinamismo industrial y su papel estratégico» en sectores considerados clave para la economía vasca como la automoción, la movilidad y la ingeniería avanzada.

La reforma legal impulsada por el PNV para reforzar las garantías jurídicas de los requisitos lingüísticos establecidos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en Euskadi se aprobará hoy en el Parlamento Vasco, tras meses de negociaciones. Los jeltzales sacarán adelante su propuesta después de cerrar ayer un acuerdo in extremis con EH Bildu. El PNV negoció en un primer momento con el PSE, su socio en el Gobierno Vasco, pero inició conversaciones con la izquierda independentista después de que los socialistas se descolgaran de las negociaciones para reformar la iniciativa legal, al entender que los jeltzales iban muy lejos y que la reforma no era necesaria. Los socialistas han puesto el foco en todo momento en los derechos laborales de los trabajadores. La modificación legal impulsada por el PNV recoge diferentes medidas para tratar de evitar nuevas sentencias contrarias a los requisitos lingüísticos establecidos para el acceso al empleo público en Euskadi. El acuerdo entre el PNV y EH Bildu es relevante políticamente, toda vez que se trata del primer pacto entre las dos fuerzas soberanistas vascas para aprobar conjuntamente una iniciativa legal desde 2016. 

Antonio Garamendi volverá a presentarse a la reelección para un tercer mandato al frente de la CEOE. Así lo confirmó ayer apenas unas horas después de conocerse que se ponía en marcha, de forma repentina, el calendario electoral. El empresario vasco defendió que concurrirá a los comicios porque «es momento de seguir» y asegura que cuenta con el apoyo expreso de las organizaciones que necesita y de las empresas. «Me han hecho llegar que están contentos con la gestión y me voy a presentar. Me alegro de que me animen a seguir», afirmó en la tercera jornada de los cursos de verano sobre inteligencia artificial, energía y vivienda de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, que organiza la APIE y patrocina BBVA. Por el momento, no ha confirmado nombres de otros posibles candidatos. «Lo único que espero es que sea una campaña limpia y con planteamientos positivos», defendió Garamendi, que accedió al cargo por primera vez en 2018 –cuando sustituyó a Juan Rosell– y fue reelegido en 2022, tras enfrentarse a Virginia Guinda. Fue un año después, en junio de 2023, cuando suprimió la limitación de dos mandatos consecutivos de cuatro años, por lo que el proceso que encara ahora podría encumbrarle como líder de la principal organización empresarial española al menos hasta 2030.

El empresariado español ha aplaudido públicamente las medidas de mitigación temporal del alza de precios desplegadas por el Gobierno frente a los efectos de la guerra en Irán. Sin embargo, tras la embestida de esta nueva crisis, la patronal se ha unido para instar al Ejecutivo a aprobar medidas estructurales de mejora de la competitividad que apuntalen la economía española frente al riesgo de que la inestabilidad del tablero geopolítico siga aumentando. Con este objetivo compartido, todas las ramas sectoriales representadas en la CEOE han consensuado, de forma inédita, un paquete de medidas que pasa por rebajar de forma permanente los impuestos a la energía, garantizar la prórroga de la centrales nucleares o mejorar la seguridad jurídica del país, en una propuesta, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que ha sido dirigida al Gobierno para su toma en consideración en el diseño del nuevo paquete de medidas anticrisis que aprobará el lunes. “El actual contexto geopolítico, marcado por la inestabilidad en Oriente Medio, ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los mercados energéticos y el impacto que pueden tener las tensiones internacionales sobre el nivel de los precios y su elevada volatilidad”, reza el documento de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que sostiene que “España tiene ante sí una gran oportunidad: convertirse en uno de los países europeos con la energía más competitiva para el segmento industrial”.

El precio del petróleo se ha hundido con fuerza tras el preacuerdo de paz de EEUU e Irán y ya roza los niveles previos al estallido del conflicto, a pesar de las dudas que todavía persisten sobre la nueva situación. En concreto, el Brent, de referencia en Europa, cayó ayer más de un 4%, hasta los 73,6 dólares por barril. Con ello, acumula un descenso del 24% desde los últimos días de la guerra y se sitúa apenas un dólar por encima del cierre del 27 de febrero, antes del inicio de la ofensiva. Sin embargo, los precios en el surtidor están todavía lejos de corregirse por completo y se prevé un nuevo incremento la próxima semana, cuando se acabe, si no se rectifica, el descuento fiscal al carburante. El precio del Brent cayó ayer un 4,5% y ya roza las cifras previas al estallido de la guerra en Irán. El mercado petrolero vive sumido en el optimismo después de que Estados Unidos e Irán acordaran la semana pasada la reapertura del estrecho de Ormuz, por el que circulaba antes del conflicto el 20% del petróleo y el gas mundial. Y ello, a pesar de la incertidumbre que sigue planeando sobre muchos aspectos, como la posibilidad de un reinicio de la guerra, la actitud de Israel, los últimos flecos todavía pendientes de negociación en los próximos meses, la disposición de las navieras a atravesar el estrecho de Ormuz o la capacidad productiva de los países del golfo Pérsico más golpeados por los ataques, incluyendo tanto Irán como a los países a la orilla sur del Estrecho de Ormuz.

Son muchas las mercancías que la guerra ha dejado paralizadas en el golfo Pérsico, a la espera de un acuerdo de paz que garantice un fin definitivo de las hostilidades y, por ende, la seguridad necesaria para que los buques vuelvan a circular con normalidad por esta arteria de relevancia global. Un informe elaborado por Allianz y publicado ayer pone cifras al bloqueo que desde febrero ha sacudido la economía mundial: alrededor de 1.150 buques y 20.000 marineros que transportan cargas valoradas en unos 110.000 millones de euros esperan en el golfo para «reanudar las operaciones tras los recientes avances diplomáticos». «Incluso si el acuerdo entre EE UU e Irán se mantiene y el estrecho de Ormuz se reabre, se necesitarán garantías sólidas de paso seguro, con la participación de la comunidad internacional, sobre todo si se pretende que el tráfico vuelva a los niveles anteriores a la guerra», sostiene el informe sobre Seguridad y Transporte Marítimo de 2026 elaborado por la aseguradora alemana. Durante el conflicto, el número de buques que fueron capaces de cruzar el estrecho a diario se redujo de 140 a dos o cuatro. De momento, no está claro quién se encargará de proporcionar esas garantías de que el paso por Ormuz es seguro y no hay minas, afirmó el capitán Rahul Khanna, director global de consultoría de riesgos marítimos de Allianz Commercial. Para él, los acontecimientos en Oriente Medio han tenido un impacto mayor de lo que muchos habrían esperado. «El cierre del estrecho de Ormuz sienta un peligroso precedente y plantea interrogantes sobre el futuro a largo plazo», precisó.

El pulso de la inflación que ha endurecido el conflicto bélico en Oriente Próximo pone en jaque el desempeño de las empresas constructoras que enfrentan aumentos de costes de producción que pueden resultar en demoras o incluso abandonos, tanto de obras públicas como privadas. En el caso de las contratadas con la Administración, además, el problema es doble ya que se suma la rigidez a la hora de poder actualizar los precios de las licitaciones ante eventuales incrementos de costes por la Ley de Desindexación. Es por ello que desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) han trasladado al Gobierno su “máxima preocupación” tras las última revisiones del IPC emitidas por el Banco de España, que sitúan los avance para este año en el 3,6% y en el 2,6% en 2027. Más aún después de que el supervisor haya detectado efectos de segunda ronda que seguirán impulsando los precios aun en un escenario de acuerdo de paz entre EEUU e Irán que permita una moderación del precio del combustible. En este punto, la CNC ha remitido una carta a Moncloa pidiendo una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que garanticen la viabilidad de los proyectos. La patronal alerta de que la crisis energética derivada del conflicto bélico ha afectado ya al 90% de las constructoras españolas. Un 56% reconoce haber ralentizado su actividad y el 22% advierte de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga en el tiempo.

Fumata blanca en Antolin. Después de intensas semanas de negociación, la compañía llegó a última hora del martes a un acuerdo con sus principales bancos para cerrar una refinanciación histórica de su deuda, con una extensión de los plazos de vencimiento hasta 2030 y más allá. Además, se ha incorporado una línea de crédito circulante a largo plazo por 220 millones de euros y se vinculará a un plan de reestructuración, con el que la empresa evita medidas más drásticas como el concurso de acreedores y que tendrá que ser presentado a un juzgado de Burgos antes del 31 de julio y ser aprobado vía judicial. El fabricante de componentes para coches ha llegado a un acuerdo con varios de sus bancos acreedores, que representan más del 71% del pasivo y entre los que se encuentran Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, para refinanciar su deuda, en una medida decisiva para reforzar su estructura financiera y aliviar la presión sobre los vencimientos. Desde la empresa explican que esta operación representa “un paso decisivo” a la hora de consolidar la transformación que está llevando a cabo en los últimos años, ya que le dará flexibilidad para ejecutar el plan estratégico y aprovechar las oportunidades que se presentarán con la recuperación del mercado.

Los fabricantes de componentes para vehículos sufrieron en 2025 la difícil situación del sector del automóvil, que se enfrenta a una fuerte presión sobre los márgenes, a una lenta adaptación al coche eléctrico y a una producción de vehículos a la baja. En este entorno hostil, los fabricantes españoles de componentes, entre los que se encuentran empresas como Gestamp, Cie Automotive, Antolin, Teknia o Ficosa, experimentaron una reducción del 0,7% de su facturación a cierre de 2025, hasta un volumen de 40.949 millones de euros, según comunicó ayer la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto). La patronal sectorial achaca este leve retroceso en la cifra de negocio de las compañías a las tensiones geopolíticas y a la incertidumbre generalizada, confirmando la ralentización iniciada en 2024 (41.238 millones, un 0,7% menos), a causa de factores como los bajos volúmenes de fabricación de vehículos, la presión sobre los márgenes, la incertidumbre internacional y el impacto de la inflación. En cuanto al reparto de los ingresos, el mercado nacional concentró casi el 40% del total, con 16.261 millones (16.174 millones el año anterior), mientras que las exportaciones alcanzaron los 24.688 millones de euros, un 1,5% de descenso, representando más del 60% de las ventas totales.

Indra y Santa Bárbara están cerca de pasar de ser enemigos públicos a formalizar una de las alianzas más importantes en la historia reciente de la industria militar española. Ambas compañías negocian crear una joint venture (empresa conjunta) con el objetivo de unir fuerzas de cara a los grandes contratos militares terrestres que se reparten con el rearme de Europa. Indra y Santa Bárbara están cerca de pasar de ser enemigos públicos a formalizar una de las alianzas más importantes en la historia reciente de la industria militar española. Ambas compañías negocian crear una joint venture (empresa conjunta) con el objetivo de unir fuerzas de cara a los grandes contratos militares terrestres que España y el resto de Europa están repartiendo y repartirán en los próximos años en el contexto del rearme del Viejo Continente. Según informan a EL PAÍS varias fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas compañías que piden anonimato, Indra y General Dynamics (gigante militar estadounidense dueño de Santa Bárbara) están muy cerca de llegar a un acuerdo. Portavoces oficiales tanto de Indra como del histórico fabricante de armas han declinado hacer comentarios. 

Iberdrola ha iniciado la construcción de su primera instalación de baterías a gran escala en Estados Unidos, el proyecto Shutler, ubicado en el condado de Gilliam, en el estado de Oregón. El proyecto busca reforzar su estrategia de expansión en el mercado norteamericano de almacenamiento energético y contará con una potencia instalada de 41 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 82 megavatios hora (MWh). Su entrada en operación está prevista para 2027. Según la compañía, la instalación contribuirá a reforzar la fiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico en el noroeste del país, en la costa del Pacífico. Shutler se suma a la actividad de Avangrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos, que ya cuenta con alrededor de 3.000 megavatios de capacidad de generación en la región del noroeste del país, principalmente vinculada a proyectos renovables. La compañía prevé que la instalación entre en operación en 2027 y destaca su papel como infraestructura clave para “almacenar energía en momentos de baja demanda o alta producción renovable y liberarla posteriormente cuando el sistema lo requiera”.

El responsable del BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, descartó ayer que el banco afronte en los próximos meses procesos de despidos colectivos a causa de la implementación de la inteligencia artificial (IA). También rechazó acometer más salidas colectivas, tras las ya ejecutadas en el primer trimestre. El banco se despega así de su gran competidor, que acaba de iniciar las negociaciones con los sindicatos para poner en marcha un plan de prejubilaciones destinado a empleados de más de 55 años. Hasta este momento, la entidad presidida por Ana Botín había optado por salidas puntuales y ahora se abre a un proceso colectivo. El BBVA, por su parte, descartó grandes procesos. Según Belausteguigoitia, su gestión de la plantilla es “dinámica”. Lo dijo durante el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander y que patrocina el propio BBVA. A principios de este mes, el banco hizo un plan de bajas incentivadas que, según comunicó en sus últimas cuentas anuales, supuso la salida de 750 trabajadores en todo el mundo y 230 en España. Desde entonces, afirmó que en España ningún trabajador se ha acogido a esta medida.

La reforma laboral, acordada con sindicatos y patronales y que desterró el contrato de obra y servicio y hundió la temporalidad, es la ley de la que más presume el Gobierno. Esa variable ha pasado de rondar el 25% de los ocupados a situarse en el 15%, mejora que ha coincidido con un ciclo de fortísima creación de empleo. Más allá de los logros, una de las disposiciones adicionales de esa norma estableció la obligación de que el Ejecutivo evalúe los efectos de la reforma, análisis que ya ha completado el equipo de expertos al que se le encargó, pero que aún no ha sido difundido. Fuentes de ese grupo señalan que el análisis está en manos del Ministerio de Trabajo desde febrero y que los resultados son positivos, pero el Gobierno aún no lo ha publicado, pese a que tenía el encargo legislativo de hacerlo, como tarde, en enero de 2025. El departamento de Yolanda Díaz atribuye el retraso “exclusivamente” a la dificultad para cuadrar agendas. En enero de 2025, sin embargo, ni siquiera se había compuesto el equipo de expertos para realizar esta tarea, que no está retribuida. 

Nada ha cambiado sobre la continuidad de la legislatura: Pedro Sánchez salió ayer de su esperada comparecencia en el Congreso tras el último reventón de las causas por corrupción sin ver peligrar su presidencia dado que el PP sigue sin los votos para forzar una moción de censura exitosa. Pero las aguas ya no bajan igual después del electroshock de los 24 años de cárcel impuestos por el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, el otrora escudero de Sánchez, por haberse enriquecido de forma ilícita con las mascarillas en lo peor de la pandemia. Una situación que se percibió en un pleno muy acerado, de casi seis horas, en el que el presidente se quedó solo en su afán de hacer ver que no hay alternativa a él en La Moncloa, pese al «ruido» con el que la oposición pretende convencer del agotamiento definitivo de su tiempo en el poder. Sánchez se personó en el hemiciclo dispuesto a dar la batalla, a tratar de desmontar que la corrupción que asfixia a su Gobierno y al PSOE sea «generalizada» y, sobre todo, a esforzarse en persuadir de que le queda gasolina para llegar a 2027 encapsulando el hedor de los ilícitos en las manzanas podridas de Ábalos y Santos Cerdán y abanderando que lo que hacen él y sus ministros es el bien social. Pero las salpicaduras del debate reflejaron lo difícil que lo tiene el líder socialista ante un mandato que, según lo visto, ha entrado en punto muerto. Sobre todo después de que durante la sesión se conociera el nuevo frente abierto por la UDEF al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por Bolivia y la petición fiscal de 8 años de cárcel para el ‘Tito Berni’.

La tesis policial es directa. «En las presentes diligencias previas se investiga una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, dedicada al ejercicio de influencias de carácter ilícito a favor de clientes», afirma la UDEF. Según los investigadores, esos clientes remunerarían los servicios mediante «contratos de asesoría simulados». En este caso, la Policía sitúa el foco en Bolivia. El Grupo Gloria, con base en Lima, mantenía varios litigios de gran importe relacionados con ‘Soboce’, la Sociedad Boliviana de Cementos, y con actuaciones de la Administración boliviana. La UDEF cita entre los asuntos de interés una indemnización superior a 100 millones de dólares por competencia desleal, la nacionalización de una participación accionarial y un cargo tributario de 12 millones. El dinero llegó a Zapatero, según el informe, desde Focus Social Research SAC, sociedad peruana que figura formalmente como cliente en un contrato de asesoramiento. La UDEF detalla tres transferencias a una cuenta bancaria titulada por el expresidente: 100.000 euros el 2 de julio de 2024, 50.000 euros el 20 de junio de 2025 y otros 50.000 euros el 24 de junio de 2025. Total: 200.000 euros.

De la Europa de la acogida en la crisis de refugiados de 2015 a la que endurece la llegada de migrantes y crea centros de deportación en terceros países. En solo diez años, la Unión Europea ha dado un giro de 180 grados a su política de acogida, con medidas que dificultan las llegadas al continente y reuniones y acuerdos con regímenes que no se alinean precisamente con los valores comunitarios. El último encuentro de este tipo fue el que mantuvieron esta misma semana en Bruselas representantes de la Comisión Europea y de quince Estados miembros con una delegación de los talibanes. Se trata del segundo contacto entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno de Afganistán, que no ha sido reconocido por los Veintisiete y que ha recibido críticas por la comunidad internacional y diversas ONG por violar sistemáticamente los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Ambas delegaciones se reunieron en enero en Kabul, y ahora, la Comisión se ha visto presionada por una carta firmada por veinte países europeos, que emplazaban a la institución comunitaria a organizar la cita del pasado martes para discutir cómo acelerar la vuelta a Afganistán de nacionales que hayan cometido crímenes graves o supongan una seria amenaza para la seguridad en el Viejo Continente. Preguntado sobre estos contactos, el comisario de Migración, Magnus Brunner, aseguró ayer que estas discusiones buscan soluciones «operativas» para retornar afganos que hayan delinquido en la UE o supongan una amenaza; al tiempo que negó que vaya a haber «concesiones». Su respuesta no fue suficiente y el Parlamento Europeo anunció que pedirá explicaciones por la reunión con los talibanes.