20260616

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Ayer se celebró el foro de ‘campeonas ocultas’, organizado por Orkestra (Instituto de Competitividad del País Vasco) y BBK, tras la presentación de un informe que cifraba en 53 las ‘campeonas ocultas’ vascas. Son aquellas empresas que son líderes mundiales en una especialidad concreta, altamente internacionalizadas, y que además venden sus productos, servicios o soluciones tecnológicas a otras empresas, en lugar de al consumidor final, de ahí su carácter ‘oculto’. Y aunque sus productos les brinden cierta resiliencia por su carácter diferencial y único, lo cierto es que el actual escenario hace que su continuidad a futuro no esté garantizada. Uno de los grandes riesgos a los que se enfrentan es China, que en los últimos años ha apostado seriamente por crear compañías que lideren nichos de mercado. Por ejemplo, han mejorado significativamente en el sector de la máquina herramienta, uno de los grandes motores de la economía de Euskadi. Sergio Ruiz, director comercial de ONA, ‘campeona oculta’ vasca dedicada a la fabricación de máquinas de electroerosión, señaló que en este ámbito «China está alcanzando un nivel bastante importante y además sin dependencias externas», lo que les brinda una ventaja estructural. Otro sector donde el gigante asiático ha crecido exponencialmente durante los últimos años es el de la automoción, sector en el que opera Draxton Atxondo, que lidera el mercado de fabricación de horquillas de freno para automoción en Europa. La directora de esta planta, Marta Ratón, afirmó que, siendo la automoción un sector «muy exigente, China está haciendo que nos pongamos las pilas. La principal diferencia que vemos es la velocidad a la que están evolucionando». Una reflexión que también compartió Álex Eizmendi, director comercial de AMPO, que fabrica válvulas de alta tecnología y componentes de acero fundido. «Los productos que fabrican en China son iguales o incluso superiores tecnológicamente», destacó.

El pasado 13 de mayo en la asamblea de Cebek, la patronal vizcaína, se produjo un roce entre los representantes de los empresarios y la diputada general, Elixabete Etxanobe. El presidente del organismo empresarial, Guillermo Buces, reclamó a la responsable foral más audacia para emplear la fiscalidad y acompañar así las compañías en las actuales dificultades. Y Etxanobe tomó la palabra asegurando que «ya se usa el Concierto para ayudar a las empresas». Entonces no se conocía el ambicioso plan fiscal que la Diputación vizcaína lanzó el pasado viernes. Por eso ayer Buces reaccionó alabando el movimiento del Gobierno foral. El presidente de Cebek señaló que las nuevas medidas fiscales «merecen una valoración positiva». Aunque matizó que «algunas cuestiones se han quedado en el tintero», quiso reforzar que se trata de «un paso en la buena dirección». Además, insistió en que «es destacable que Bizkaia vuelva a ejercer un papel de liderazgo en materia fiscal utilizando las capacidades que le otorga el Concierto Económico para responder a sus propios desafíos». En una publicación en sus redes sociales, el presidente de Cebek recuerda que la iniciativa que pretende aprobar en Juntas Generales la Diputación de Bizkaia tiene la virtualidad de «afrontar retos como el relevo generacional, la atracción y fidelización del talento, el arraigo empresarial y la mejora de la vinculación entre las personas trabajadoras y los proyectos empresariales». Ver publicación en Linkedin aquí. 

Se trata de una cita a la que la institución foral otorga máxima relevancia, pero que llega acompañada de cierta polémica porque, en un nuevo enfrentamiento público entre los socios de coalición, el PSE-EE dice que el PNV no le ha transmitido el detalle de los cambios y avisa de que no hay un pacto cerrado. Fue el viernes cuando, a cuatro días del acto de hoy en Madrid, tanto Etxanobe como la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, lanzaron el paquete fiscal ante los medios de comunicación. Además de nuevas medidas vinculadas a la vivienda o deducciones por seguros sanitarios privados y por actividades deportivas para la ciudadanía vizcaína en general, la iniciativa incluye anzuelos fiscales para ejecutivos de primer nivel como exenciones sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional o gastos deducibles para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales. Éstos serán algunos de los principales ganchos que Etxanobe lanzará hoy. La situación se torció el sábado, cuando el PSE-EE, por boca del vicelehendakari Mikel Torres, aseguró haberse enterado de los cambios en la rueda de prensa del viernes y avisó de que era «un trabajo ni finalizado ni acordado».

El sector aplaude una subvención en el IRPF que puede alcanzar los 300 euros y que supera el trato de la Agencia Tributaria en el Estado. Y es que el borrador se publicó para su exposición pública y las ventajas fiscales para aquellos que cuentan con un seguro médico privado son notables. Una respuesta que, tal y como confirmaron desde el propio sector, sorprendió por lo inesperado. Lo que era una reclamación histórica de estas empresas no solo ha sido atendido contra lo que esperaban las propias compañías, sino que ha ido más allá. Así, el director general del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), Javier Maiztegui, valoró muy positivamente «que se planteen estas posibilidades en el debate, es bueno que estén y que se pueda alcanzar un acuerdo que es bueno para mejorar el desarrollo del país porque una sanidad privada fuerte ayuda a la economía, al talento y el sistema conjunto de salud y su industria». Por su parte, el director general de Seguros de Sanitas, Javier Ibáñez, señala que «incentivar el seguro de salud es una forma más de mejorar el sistema sanitario que se ofrece a los ciudadanos». El responsable de la segunda compañía privada de Bizkaia en cuota de mercado insiste en que estas empresas «contribuyen a generar un sistema de salud más innovador y complementario».

El plan fiscal que presentó Bizkaia el viernes dirigido al talento y el arraigo ha cogido por sorpresa a los partidos con representación en las Juntas de Gipuzkoa. Mientras que el PSE, socio del PNV en el Gobierno foral, dice que la negociación de estas medidas está en «fase preliminar» en nuestro territorio, desde Elkarrekin Podemos las califican de «injustas» y añaden que «no vamos a apoyarlas», y el PP critica que «son las mismas que propusimos hace un año y dijeron que no. ¿Por qué ahora sí?». Tras el anuncio de Bizkaia, que recoge entre otras medidas la deducción de hasta el 60% en rendimientos del trabajo para menores de 36 años, Gipuzkoa también aseguró que está preparando un paquete de medidas tributarias en una línea muy similar para combatir la falta de mano de obra y la competencia entre regiones. Pero los partidos que completan la representación política en Juntas manifestaron ayer, en líneas generales, su contrariedad ante el anuncio. En el fondo y en la forma. Comenzando por el PSE, socio en el Gobierno, que reconoce que se hallan negociando las medidas con el PNV de Gipuzkoa pero que se está en una «fase preliminar» y se negocia «con discreción», según desvela José Ignacio Asensio, secretario general del PSE de Gipuzkoa. Sobre la presentación del viernes de Bizkaia, considera que fue «una sobreactuación» de su diputada general porque «no se pueden hacer anuncios de esa manera» sin que el acuerdo esté cerrado, tal y como afeó un día más tarde el consejero socialista Mikel Torres, con quien Asensio está «100% de acuerdo».

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán es la noticia que todos esperaban, pero en el Gobierno vasco piden «prudencia» antes de comenzar a celebrarla. Así lo manifestó este lunes el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, quien recordó que ya «hemos tenido anuncios antes que no se han cumplido. Veremos en qué se queda este viernes –cuando está prevista la firma, en Suiza– ese tratado de paz». El consejero vasco recordó que «es muy importante que el estrecho de Ormuz se abra». Según manifestó, en un territorio «exportador e importador y abierto al mundo», como es Euskadi, este conflicto supone un nudo logístico «para toda la industria que depende de la energía y de las materias primas que proceden de esta región». Durante un acto celebrado en el Puerto de Bilbao y en el que también participó el lehendakari –Imanol Pradales puso igualmente en valor «esta buena noticia que abre una nueva esperanza»–, Jauregi recordó que el bloqueo ya le ha costado a Euskadi más de 200 millones de euros desde su inicio, con el estallido de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero. «Que se reabra este punto va a suponer un alivio para todos nosotros», manifestó.

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Nöel D'Anjou, ha analizado la economía vasca y la actualidad internacional en una entrevista para Onda Vasca. Respecto al efecto que este nuevo escenario global puede acarrear para las finanzas del territorio, D'Anjou ha destacado la resiliencia y la apertura de la economía vasca en un escenario de relaciones comerciales internacionales del que es imposible aislarse. "La economía está resistiendo y es evidente que lo que está pasando en el estrecho tiene un efecto a pesar de que se pueda abrir y recuperar las rutas y las distribuciones logísticas habituales. En cualquier caso, la economía vasca está bien preparada", ha subrayado el consejero. En cuanto a las previsiones a futuro, el titular de finanzas ha señalado un crecimiento "en términos reales" del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,6% para 2027, por encima de una posible subida general de precios, en particular, en el mercado energético, que ha sido muy acusada en 2026. "Este crecimiento posibilita la creación de empleo, lo que nos permite prepararnos para la economía del futuro con todas las transformaciones previstas, así como continuar con los planes de acompañamiento al sector privado", ha resaltado. El consejero también ha hecho referencia a la buena acogida que ha tenido el plan de inversiones Euskadi Eraldatuz 2030 en su reciente presentación a inversores extranjeros en Amsterdam y Londres. "Hemos explicado que existe un Plan de Industria y que somos un país que queremos ser referencia en la reindustrialización de Europa. Existe una confianza clara por parte de inversiones extranjeros", ha afirmado.

El Gobierno vasco anunció ayer la aprobación del decreto que regula los planes de pensiones vascos tras la exposición pública. El texto sale adelante con un mandato claro: «Las EPSV deberán analizar y considerar de forma expresa invertir en la economía productiva vasca en el diseño de su política de inversión». No se imponen inversiones obligatorias, pero se exige esta reflexión a quienes gestionan un patrimonio de más de 30.000 millones, de los que hoy solo se invierten en Euskadi un exiguo 5%. La normativa plantea incentivos para fomentar la inversión en empresas, fondos de capital riesgo y ese tipo de herramientas que están creciendo en Euskadi con el impulso público e institucional para desarrollar inversiones industriales con operaciones como las de Talgo, Ayesa o Uvesco. Se trata de uno de los objetivos de la legislatura del lehendakari Imanol Pradales para poner fin a la fuga de los centros de decisión de Euskadi y recuperar su peso industrial. Las EPSV son un recurso de extraordinaria importancia en los objetivos del Gobierno vasco para movilizar los 12.000 millones de inversión que se ha fijado con la aportación de 3.000 millones de las arcas públicas hasta 2028. Ver nota Gobierno vasco aquí. 

El sector marítimo se dispone a trabajar con barcos más grandes y el Puerto de Bilbao se prepara para recibirlos. Ayer las instalaciones vascas inauguraron la nueva grúa super post panamax en la que el operador CSP Spain –perteneciente al grupo chino Cosco, una de las mayores navieras del mundo– ha invertido 9,5 millones de euros. Se trata del equipo de muelle de mayor tamaño en todo el Arco Atlántico, una característica que unida al calado del propio espacio, con hasta 21 metros de profundidad, abrirá la puerta «a los mayores barcos contenedores que hemos tenido en la historia», anunció el presidente de la Autoridad Portuaria, Ivan Jiménez. El acto de inauguración contó ayer con el lehendakari, Imanol Pradales, que puso en valor el papel que juega el Puerto de Bilbao como «el principal centro logístico industrial y energético desde Sines, en Portugal, hasta El Havre, en Francia». «Este puerto aporta el 8% de los impuestos al país, más de 880 millones al PIB vasco, mueve cerca del 40% de todas las mercancías de la cornisa cantábrica y genera de manera directa o indirecta más de 58.000 puestos de trabajo», destacó Pradales. La cita –en la que también participaron entre otros el consejero delegado de Cosco Shipping, Shi Guoqiang; el subdelegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos García Buendía; y el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación de Bizkaia, Carlos Alzaga– sirvió al vicepresidente del grupo CSP, Juan Ortiz, para recordar que la firma ha invertido en los últimos 10 años más de 26 millones de euros en la mejora de sus instalaciones y la renovación de la maquinaria. «Supone una clara apuesta por el Puerto de Bilbao y por la mejora continua de la estrategia. 

Pradales aprovechó ayer su visita al puerto de Bilbao, donde inauguró una grúa de última generación, para pronunciar dos palabras que hasta ahora no había utilizado para reclamar el traspaso de las dos terminales portuarias: «Gestión integral». «Necesitamos una autonomía reforzada que nos permita ganar la gestión integral de los puertos de Bilbao y Pasaia para ganar competitividad y ganar agilidad», lanzó el lehendakari, que anticipa así la propuesta que pondrá sobre la mesa de Sánchez en la reunión prevista para julio, en la que al bloque de Puertos sumará otros dos, la Seguridad Social y la Seguridad Pública y el Régimen Electoral Municipal, tal como avanzó la semana pasada. Pradales sube así la apuesta en el tramo final de la legislatura, consciente de que el reloj corre en contra incluso aunque Sánchez convocase las elecciones cuando tocan, dentro de un año largo. En una entrevista a finales de abril, el lehendakari, que anunció entonces el arranque de las negociaciones para lograr la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, insistió también en que, aunque el foco estaba puesto en Pasaia, el Gobierno vasco exigía un régimen de «autonomía especial» para ambos puertos de interés general. Una aspiración a la que se opone frontalmente el socio de gobierno, el PSE, que ha rechazado desde el principio retirar la etiqueta de interés general a Pasaia para poder materializar la transferencia, lo que hace augurar resistencias todavía mayores para el puerto de Bilbao, con mayor volumen de tráfico marítimo.

La Asociación Vasca de Empresas Químicas (AVEQ-Kimika) ha puesto en marcha un ‘hub’ en el que participan seis compañías asociadas del sector químico vasco, con el objetivo de ayudar a las empresas a gestionar la innovación de forma «estructurada» y convertirla en«una auténtica palanca de crecimiento». La iniciativa reúne a DTS Oabe, Hervel Electroquímica, Derivados del Flúor (Minersa Group), Beca Grafic, Agaleus Medioambiente y Energía e Inteman, que trabajarán de forma conjunta acompañadas por la consultora especializada Global Factor. Para Luis Blanco-Urgoiti, secretario general de AVEQ-Kimika, la innovación ha dejado de ser una cuestión vinculada exclusivamente al desarrollo tecnológico para convertirse en «una necesidad estratégica».

Nuevo intento de buscar un acuerdo para los más de 25.000 trabajadores que se rigen en Bizkaia por el convenio de oficinas y despachos. Este lunes la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao ha acogido la sexta sesión de la comisión negociadora para alcanzar un acuerdo en una cita en la que los sindicatos han entregado una nueva plataforma de negociación y un borrador detallado de clasificación profesional. Su objetivo, buscar una actualización de las condiciones laborales que arrastran los trabajadores y que llevan ya 13 años bloqueadas. De esta manera los cuatro sindicatos implicados en la mesa (UGT, ELA, CCOO y LAB) han presentado una nueva propuesta para un periodo de vigencia de 2025 a 2029 con el compromiso de fijar un salario mínimo sectorial de 23.000 euros a partir de esta año para dignificar las categorías inferiores. Según han explicado desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, la iniciativa parte de la supresión de la cláusulas de salarios para este año y deja pendientes de concretar el resto de anualidades. Además, piden introducir una regulación pionera que adapte las realidades actuales del sector incluyendo un nuevo grupo de Inteligencia Artificial (IA) que se estructure de forma similar al de ciberseguridad, «con el objetivo de regular perfiles específicos de uso tecnológico que ya existen en las empresas». En cuanto a la materia de las jornadas, el documento presentado por las centrales parte de una aplicación progresiva a partir de tres modalidades, según las horas actuales de cada empresa, con la meta puesta en converger para el 31 de diciembre de 2029 en las 1.700 horas anuales.

Los sindicatos médicos anuncian que a partir de septiembre convocarán una huelga indefinida en la sanidad pública de todo el país. Las centrales lanzan este órdago al Ministerio de Sanidad, a quien acusan de inmovilismo. Al departamento encabezado por Mónica García le advierten de que si no modifica su postura para que haya avances que permitan trabajar en la resolución del conflicto durante estos meses, tras el verano la convocatoria de paros será permanente. El anuncio lo realizó ayer el comité de huelga, integrado por seis plataformas entre las que se encuentra el Sindicato Médico de Euskadi. Las centrales reclaman a Sanidad las siguientes peticiones: «Un estatuto propio para los médicos acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico».

La vivienda se consolida como la principal preocupación de los ciudadanos de Euskadi, que no encuentran respuesta a sus demandas en este campo. Así lo atestigua el último Sociómetro del Ejecutivo autonómico, publicado en la mañana de este lunes, que revela que seis de cada diez vascos la sitúan como su principal inquietud. Ese 60% es el dato más elevado desde que existen registros, por encima del 58% del Sociómetro del pasado mes de marzo y el que se registró en 2007, justo en plena burbuja inmobiliaria que meses después estallaría con la crisis de 2008. Los problemas ligados al mercado de trabajo (40%) y la Sanidad y Osakidetza (24%) completan el dudoso podio de las principales preocupaciones, aunque ambas caen respecto a la oleada anterior (7 y 2 puntos, respectivamente). La tendencia es contraria en otros dos apartados, Delincuencia e inseguridad ciudadana (21%) e Inmigración y problemas relacionados con ella (15%), que junto a la vivienda son los campos que se agravan en Euskadi. En concreto, suben dos y tres puntos, lo que evidencia también que las medidas puestas en marcha por el Gobierno vasco (publicación del origen de los detenidos y guerra a las navajas y las armas blancas) no han logrado aplacar la intranquilidad de los vascos.

La crisis de acceso a la vivienda, motivada por la falta de oferta y una demanda cada vez más elevada fruto del crecimiento de la población y la progresiva reducción del tamaño de los hogares, encuentra un escollo adicional en la tributación que deben asumir los compradores, que pagan el 26,1% del valor de los inmuebles entre impuestos directos e indirectos. Así lo señala un informe elaborado por EY para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), donde se resalta el enorme incremento de la recaudación de los ayuntamientos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) –más conocido como plusvalía municipal– tras la modificación en 2021 de los coeficientes aplicados a la compra de vivienda nueva y usada. Desde entonces, el incremento de estos índices para las operaciones de corta duración –los asociados a la promoción inmobiliaria– se ha multiplicado, generando “un sobrecoste relevante que no sólo afecta a la viabilidad económica de las promociones, sino que termina trasladándose al precio final que pagan los compradores”, lo que a su vez dificulta el acceso al techo a los colectivos más vulnerables, como los jóvenes o los hogares con menor capacidad de ahorro. Prueba del impacto de este alza fiscal es que el porcentaje de propietarios menores de 35 años ha pasado del 70% en 2005 a apenas el 30% el ejercicio pasado.

“Si no garantizamos ese derecho, todo puede empezar a quebrarse incluso en un país como el nuestro, que crece fuertemente en economía y en empleo. Si no garantizamos ese derecho estaremos estrangulando la economía”, sostuvo Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ante representantes del sector. También instó a construir vivienda asequible, a aumentar el parque público y regular el mercado con la premisa de que la vivienda es un derecho que debe prevalecer. La ministra defendió que el debate sobre las causas del problema inmobiliario está suficientemente diagnosticado y que ha llegado el momento de acelerar las respuestas. “No queda tiempo para seguir hablando de las causas y sí necesitamos abordar las soluciones con emergencia”, aseguró la ministra, quien recibió un escrache del Sindicato de Inquilinas durante su intervención. Con la premisa de centrarse en las soluciones, Rodríguez desplegó el catálogo de medidas impulsadas por el Gobierno en los tres años que lleva en el cargo. Destacó el aumento del esfuerzo presupuestario en vivienda, que ha pasado de unos 400 millones de euros a multiplicarse por ocho, además de la creación de la empresa Casa 47, una entidad dotada con más de 2.000 millones y puesta en marcha para centralizar el alquiler público. Si tuviera que elegir una única prioridad, aseguró la ministra, sería la construcción y consolidación de un auténtico parque público, comparable al de otros países europeos. Ese es, a juicio del Gobierno, el gran déficit estructural que hay que corregir.

El bloqueo político a la reforma de la Ley del Suelo, que podría agilizar los trámites y facilitar la creación de nuevas viviendas, está generando un “retraso de años” en la construcción de nuevas promociones a pesar de contar con un amplio consenso entre los agentes del sector. Así lo aseguró ayer Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), durante su intervención en la Mesa de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados. En su opinión, “sabemos cuál es el problema, conocemos la solución y también sus consecuencias. Es difícil encontrar otras reformas legislativas con un consenso técnico tan amplio, el problema es que el sistema político español ha sido incapaz de convertir este consenso en una mayoría parlamentaria”, lamentó, subrayando que el debate ya no es de diagnóstico, sino de voluntad política. La entrada en vigor de la reforma permitiría, a su juicio, desbloquear la construcción de cientos de miles de viviendas en un momento donde el déficit de oferta es la principal causa del alza de precios hasta máximos históricos. En este sentido, Vilajoana estima que sólo en Cataluña –una de las comunidades autónomas más afectadas por la crisis residencial– “hay identificados 179 sectores con potencial para desarrollar hasta 214.000 viviendas, muchos de ellos todavía pendientes de gestión o expuestos a riesgos jurídicos derivados del sistema actual”.

Prevén destinar 5.000 millones hasta 2030 para proteger y desarrollar sectores estratégicos, El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sacó pecho ayer en el terreno económico al firmar un acuerdo con patronal y sindicatos para una hoja de ruta para reindustrializar Cataluña hasta 2030. Con el pacto, que contempla una batería de medidas que suman 5.000 millones de euros, Illa logra proyectar una imagen de estabilidad que contrasta con el agitado “contexto global” actual y cumplir con sus principales propósitos iniciales con los agentes sociales. Si nada se tuerce en el último minuto, contará con unos Presupuestos por primera vez desde 2023 y podrá presumir de seguir con la concertación con los empresarios mediante acuerdos y convenios de colaboración público-privada. Illa eligió el puerto de Barcelona para firmar el acuerdo con los líderes de las patronales y los sindicatos. La infraestructura ilustra el auge exportador catalán, que en 2025 logró que se superase la barrera histórica de los 100.000 millones de euros en ventas foráneas. También es el lugar donde parten, llegan y hacen escala los cruceros, que se han convertido en la imagen más palpable del modelo productivo criticado por otras instituciones económicas. Illa, sin embargo, tiró de datos para destacar “el momento de fortaleza económica” que atraviesa Cataluña, que cerró el primer trimestre con un crecimiento interanual del 2,9%, cuatro veces más que la media de la zona euro. “Nos corresponde en Cataluña liderar la economía de España y volver a ser uno de los territorios más avanzados de la Unión Europea”, añadió el president.

A partir de 2022, España vivió un bum renovable que disparó la instalación de paneles fotovoltaicos y, en menor medida, de aerogeneradores. Sirvió, aunque menos de lo deseable, para atenuar algo el impacto de la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania. Y está sirviendo, ahora sí a gran escala, como escudo protector frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y el peligrosísimo cierre de Ormuz, que solo hoy parece tocar a su fin. Un estudio publicado hoy por Ember, un prestigioso grupo internacional de analistas especializados en energía y políticas climáticas, estima que esa apuesta renovable ha proporcionado a España una enorme protección frente al alza de precios de la electricidad. Un comodín con el que no cuentan otros vecinos europeos, que sí han visto cómo la escalada en el precio del gas –aunque mucho menor a la sufrida en 2022 y 2023– intoxicaba la formación de precios del mercado mayorista de la luz. A ello se le ha unido que el conflicto se ha desarrollado durante una buena primavera para la eólica, la solar y, también, la hidroeléctrica, que han contribuido a desplazar más al gas. La influencia de este combustible fósil en el sistema eléctrico español ha ido reduciéndose a medida que ha aumentado estos últimos años la generación solar y eólica, que sigue lanzada –y reforzada ahora con el auge del almacenamiento–.

Tras casi cuatro meses de conflicto, Estados Unidos e Irán anunciaron en la madrugada del lunes un acuerdo de paz que pone fin a las hostilidades en Oriente Medio. Los mercados respiran, por fin, tranquilos, aunque muchos expertos mantienen las dudas en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz. Las expectativas de una normalización progresiva en el flujo mundial de petróleo a través de esta vía comercial provocaron una caída del 5% en el precio del barril de Brent, que rondaba los 83 dólares al cierre de las Bolsas europeas. También el oro se hizo eco de este comportamiento al subir su valor un 3% y superar los 4.300 dólares la onza. «¡Buques del mundo, arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!», proclamó el presidente estadounidense, Donald Trump, tras anunciar el levantamiento del bloqueo en el estrecho. Los inversores se contagiaron rápidamente del entusiasmo generalizado y el Ibex-35 se disparó un 1,43% superando los 19.000 puntos y renovando los máximos históricos del viernes en los que la posibilidad de un pacto entre Washington y Teherán ya sobrevolaba los parqués de todo el mundo. Pese al ambiente positivo que inundó al selectivo español durante toda la jornada del lunes, las energéticas y Repsol se apuntaron caídas, esta última del 4,6% en un contexto de abaratamiento de los costes energéticos. 

“Estados Unidos sigue ganando las batallas. Irán acaba de ganar la guerra”, sostiene Bjorn Beam, director de análisis tecnológico de Arcano Partners, analista experto en geopolítica y exoficial de la CIA. Pese a que Donald Trump arrancó la guerra exigiendo una “rendición incondicional de Teherán”, cien días más tarde sella un acuerdo que “levanta el bloqueo naval estadounidense y concede a Irán una exención para exportar petróleo”, apunta el experto de Arcano, que ya venía avisando de que un acuerdo de paz tardará semanas en reactivar el tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz debido al atasco de buques en el paso, sus necesidades de reabastecimiento de carburante, la presencia de minas o los severos daños de las infraestructuras de la región. Ante esta situación, las navieras de todo el mundo pidieron ayer garantías adicionales para reactivar su tránsito por Ormuz. “Debido a la falta de detalles y a un historial de promesas demasiado optimistas, creemos que la situación de seguridad para la industria del transporte de mercancías sigue siendo volátil y todavía consideramos muy arriesgado que los barcos empiecen a transitar [el estrecho] en este punto”, declaró ayer el Consejo Marítimo Báltico e Internacional (BIMCO), reclamando “rutas seguras” y denunciando “la amenaza por las minas”. “Aunque se abra el estrecho de Ormuz en los próximos días, todavía va a ser necesario un tiempo hasta que se normalice”, advierte Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas (la fundación de las cajas de ahorro), que apunta que, aunque aparentemente el pacto no incluye la fijación de peajes, “el seguro por el paso por estrecho de Ormuz va a costar más caro”. “La normalización va a llevar un cierto tiempo”, y circular por la zona “va ser, sin duda, más caro de lo que fue antes de febrero”.

El acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán, que será ratificado el viernes en Ginebra, abre la puerta a una negociación de 60 días sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, pero afronta importantes obstáculos. La principal incertidumbre gira en torno a Israel, que considera el pacto perjudicial para su seguridad y rechaza retirar sus tropas del sur de Líbano, pese a que el alto el fuego incluye el fin inmediato de los combates. Los ataques israelíes en Líbano estuvieron a punto de frustrar la firma del acuerdo, que salió adelante tras la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump. Washington sostiene que el pacto solo exige un cese de las hostilidades y reconoce el derecho de Israel a responder a posibles ataques de Hezbolá. Irán insiste en el fin de la violencia en todos los frentes. Los detalles del programa nuclear iraní. Las fases para levantar sanciones contra Irán. La devolución de sus fondos congelados en el exterior. Y, sobre todo, la incógnita de las acciones en Líbano —u otros puntos de Oriente Próximo— de Israel, la parte implicada en el conflicto que más ha hecho hasta el último minuto por impedir el acuerdo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irán, y donde se considera que el documento representa un pésimo resultado para su propia seguridad.