20260618

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene prisa para que entre en vigor el acuerdo de paz entre su país e Irán y así reabra el estrecho de Ormuz. Aunque estaba previsto que el acto oficial tuviera lugar mañana en Suiza, el dirigente republicano sorprendió ayer firmando un ejemplar del pacto preliminar en el Palacio de Versalles. La ratificación del texto tuvo lugar durante una cena con su homólogo francés, Emmanuel Macron, según confirmó una fuente de la Administración norteamericana a la Agencia France-Presse. Unas horas antes, el estadounidense había afirmado que con ese pacto busca evitar «una catástrofe económica». Durante su comparecencia al final de la cumbre de los líderes occidentales y su aliado japonés en Évian-les-Bains, admitió que la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv contra Teherán ha tenido unas consecuencias nocivas para la economía mundial, sobre todo a causa de la capacidad del régimen de la República Islámica de mantener cerrado el estrecho de Ormuz. Su reapertura oficial estaba prevista para el viernes, pero quizás puede adelantarse tras la firma de Trump. «No quería llevar el mundo hacia una depresión económica y convertirme en un mandatario como el presidente Herbert Hoover. Hay muchos presidentes a los que no quiero parecerme, por ejemplo, Richard Nixon, pero sobre todo no quiero ser como Hoover”. El memorando de 14 puntos prevé el levantamiento de las sanciones a Teherán, la recuperación de los fondos retenidos y una inyección de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción del país. Además, el régimen iraní podrá volver a vender petróleo con normalidad.

Los registros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –actualizados el martes– sitúan el litro de gasolina en Euskadi en torno a 1,50 euros y el de diésel en 1,59. De este modo, la primera apenas se encuentra un 0,7% por encima de las cotizaciones anteriores a que Estados Unidos e Israel bombardearan Teherán, mientras que el segundo –condicionado por una falta de oferta derivada de una capacidad de refino limitada– mantiene una diferencia cercana al 9%. Esta moderación de los precios, en todo caso, no responde únicamente a las inercias de un mercado en el que el petróleo suele subir como un cohete y bajar como una pluma. Y es que estaciones de servicio no fijan sus tarifas en función del barril de Brent, sino de la cotización internacional de los carburantes ya refinados, por lo que las caídas del crudo suelen trasladarse con cierto retraso al surtidor. Es por ello que el principal factor detrás del alivio experimentado por consumidores y empresas fue la intervención pública. La reducción temporal del IVA de los carburantes del 21% al 10%, junto a la reducción del impuesto a los hidrocarburos, ha conseguido abaratar el litro en hasta 30 céntimos. Un descuento que se ha completado con bonificaciones para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, algunos de los sectores más expuestos a las vaivenes del comercio internacional. Esta rebaja fiscal, sin embargo, podría tener los días contados. La medida –cuestionada desde Bruselas – tiene vigencia hasta el 30 de junio. Aunque el presidente Sánchez avanzó ayer la preparación de un nuevo paquete anticrisis, todavía no está claro si incluirá una prórroga de esta bonificación. 

Del shock de oferta al exceso estructural de petróleo. Esa es la transición que dibuja la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para el mercado de crudo en el corto y medio plazo. Tras un periodo dominado por la tensión en Oriente Medio y una fuerte volatilidad en los precios, el escenario que se abre ahora apunta a un ajuste claro del consumo en el corto plazo antes de una posible vuelta a la sobreoferta. Esta es la idea central que empieza a perfilar el organismo que depende de la OCDE en su último boletín mensual a la espera de que este viernes se certifique el acuerdo de paz provisional entre Washington y Teherán. La AIE anticipa para 2026 un enfriamiento significativo del consumo global de petróleo. En concreto, la demanda mundial se reducirá en 1,1 millones de barriles diarios interanual, una revisión a la baja de 700.000 barriles respecto al informe anterior. Este deterioro se explica, en gran medida, por el colapso de los flujos en el segundo trimestre de 2026 por el bloqueo del estrecho de Ormuz, cuando las entregas habrían caído hasta 5 millones de barriles diarios interanual, según sus cálculos, afectadas por precios más elevados del combustible y disrupciones en la disponibilidad de productos de refino. Sin embargo, la propia agencia contempla un rebote en 2027, cuando el crecimiento del consumo repuntaría en torno a dos millones de barriles diarios, apoyado en la normalización del comercio internacional, la relajación de los precios del crudo y una mejora del ciclo económico global.

Imanol Pradales ha enviado a Pedro Sánchez una nueva carta para reclamarle que ponga en marcha hasta 36 medidas dirigidas a neutralizar el impacto en las familias y en las empresas; entre ellas, reducciones del IVA y del precio de los carburantes o la eliminación de impuestos a la generación eléctrica. Fue el principal anuncio que realizó ayer el lehendakari en su única intervención en el pleno monográfico que durante todo el día se celebró en el Parlamento vasco a iniciativa de EH Bildu para abordar la «seguridad vital». Una sesión extraordinaria en la que Pradales quiso tomar la palabra por la mañana en nombre de todo el Gobierno para hacer una defensa cerrada del «modelo vasco de bienestar» como «mejor refugio» para el futuro antes de que por la tarde los partidos, incluidos PNV y PSE-EE, presentaran y negociaran sus resoluciones sobre temas como la vivienda, los servicios públicos o el propio encarecimiento del coste de la vida. Por lo pronto, el lehendakari se quiso anticipar y expuso una serie de iniciativas para tratar de contener la «inflación creciente y sostenida» que auguró para los próximos meses pese al acuerdo de paz en Irán. «Debemos seguir adoptando medidas», asumió. Sin embargo, muchos de los pasos que el Ejecutivo autonómico querría dar están en manos del Gobierno central, por lo que Pradales ha vuelto a escribir a Sánchez para instarle a actuar. Ya lo hizo el pasado 11 de marzo sin demasiado éxito y ahora lo ha vuelto a hacer; concretamente, fue el lunes cuando le envió un documento titulado ‘Respuesta a Ormuz’.

La economía vasca es en estos momentos una de las que menos crece en España en comparación con otras comunidades, que cuentan con un mayor tirón del sector servicios. Euskadi sufre por el mayor peso de la industria, que atraviesa momentos complicados por el estancamiento de las exportaciones y la debilidad de los principales socios europeos como Alemania o Francia. Pero la situación dará la vuelta en 2027. De hecho, el próximo año el País Vasco será la comunidad donde más crecerá el Producto Interior Bruto (PIB). Es al menos lo que apunta el centro de análisis BBVA Research, que ayer lanzó su último informe regional, en el que cifró en un 2,4% el crecimiento previsto de Euskadi para 2027, registro que solo igualará Navarra y que se sitúa por encima de la media nacional del 2,1%. También cabe recalcar que esta estimación del 2,4% ha sido revisada cuatro décimas a la baja respecto a la anterior previsión que lanzó el organismo en marzo, justamente cuando comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán y cuya magnitud ha tenido una gran repercusión sobre el tejido productivo. Esta revisión a la baja, explican desde el organismo, se debe principalmente a una incertidumbre global que parece no tener fin, «los posibles problemas de suministros» derivados del ‘shock’ energético, que ha empujado al alza el precio de los carburantes y «la menor demanda europea». También inciden en que el repunte esperado de las exportaciones, uno de los grandes motores de la economía vasca, «podría ser menor al previsto hace unos meses, lo que se traslada a revisiones a la baja mayores en las regiones del norte. Aún así, la mayoría de ellas podría crecer por encima del promedio, en parte gracias al impulso del mayor gasto en defensa».

La jueza de lo mercantil de Vitoria, Maria Teresa Trinidad, ya ha dado el pistoletazo de salida al concurso de Tubos Reunidos. En un auto dictado este lunes publica las bases que regulan el procedimiento para recibir ofertas. En primer lugar, ordena dar la «máxima difusión» del procedimiento abierto comunicándolo por todas las vías oficiales, así como a los acreedores de la empresa y a través del administrador concursal, PKF Attest. En esa misiva se da a los interesados en Tubos Reunidos una referencia para formalizar su postura con la firma de una carta de confidencialidad, para lo que cuentan con cinco días hábiles desde su solicitud. El proceso, tal y como se recoge en el documento de «Reglas de la Proceso de Oferta» elaborado por el administrador y aprobado por la magistrada, establece la prioridad de buscar un comprador para el conjunto de los activos de la empresa y prioriza una venta como unidad productiva en funcionamiento. Tal y como el administrador trasladó a los 1.300 trabajadores de la plantilla, se busca un inversor que se haga con la acería y las instalaciones de Amurrio, la planta de Trapagaran en Bizkaia y los equipamientos de roscado de tubos del polígono alavés de Iruña de Oca. El procedimiento justifica la urgencia por el deterioro de la tesorería, el riesgo de impagos de nóminas y de suministros, así como la destrucción del valor de los activos. Fuentes judiciales explican que el objetivo es tener para finales de este mes a todos los interesados con la carta de confidencialidad suscrita. 

CAF ha dado un nuevo paso en la materialización de uno de sus contratos españoles más relevantes de los últimos años: el suministro de setenta trenes para los servicios de Cercanías y Media Distancia del Corredor Mediterráneo de Renfe. Una delegación del Ministerio de Transportes, encabezada por el ministro Óscar Puente, supervisó ayer sobre el terreno en la localidad checa de Velim los ensayos de certificación de la serie 480, un proyecto que moviliza una inversión de 520 millones de euros. El desplazamiento de las primeras unidades desde las instalaciones del Goierri hasta el complejo de ensayos del VUZ Test Centre responde a la necesidad de exprimir una de las infraestructuras de investigación más avanzadas de Europa. Este centro técnico cuenta con un anillo cerrado de 13,2 kilómetros de vía que permite testar los trenes a velocidades constantes de hasta 230 km/h sin las interferencias ni los riesgos del tráfico comercial regular. La serie 480 desarrollada por la firma pilotada por Javier Martínez Ojinaga encarna la evolución adaptativa que demanda el mercado actual. Se tratan de convoyes eléctricos bitensión con capacidad para 264 pasajeros y diseñados para rodar a una velocidad máxima de 200 km/h. La principal ventaja competitiva de este modelo radica en la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías.

La tecnológica con sede en Donostia Ibernova ha adquirido la firma catalana TAI Smart Factory dentro de su estrategia de reforzar su especialización en industria y expandir su área de actuación con un crecimiento tanto orgánico, como es esta operación, como inorgánico. La empresa adquirida, que también trabaja con Colombia, está especializada en sectores de actividad complejos como son la automoción, el farmacéutico, la alimentación o la química. El grupo tecnológico guipuzcoano ha informado de que la adquisición de TAI Smart Factory no implicará cambios ni en el equipo ni en la operativa de la empresa catalana, que tiene 44 empleados y facturó 3,5 millones de euros el año pasado. Las cifras de Ibernova son más elevadas, ya que las ventas del grupo, integrado también por IDS y Sqedio, ascendieron a 30 millones de euros con una plantilla que se sitúa en alrededor de 250 profesionales. Ibernova confía con esta operación en reforzar su posición líder en la Península Ibérica en digitalización industrial. La firma de Donostia ha desarrollado una plataforma única, según explica, adaptada a la pyme industrial para facilitarle la transición digital mediante soluciones tecnológicas que monitorizan, controla y optimizar todos los procesos de producción para mejorar la eficiencia de una planta de fabricación. La tecnológica destaca que su actuación se realiza sobre todo el ciclo industrial, desde la ingeniería y diseño hasta la gestión, ejecución y operación en planta.

Tras varios meses de negociación sin grandes avances, ELA mueve ficha en el convenio del metal alavés. El sindicato nacionalista ha congregado a unos 150 trabajadores del sector en la primera movilización de la central -LAB ya se concentró hace unas semanas- contra el «bloqueo» de las conversaciones en torno a las condiciones del sector. El convenio, que afecta a unos 25.000 empleados, es el más importante de Álava y este año toca renovarlo. En una marcha de 45 minutos que ha terminado ante la sede de SEA Empresas Alavesas, el sindicato ha clamado contra la actitud de la patronal. «Lo ofrecido hasta ahora sólo ha sido recortes, subidas salariales ridículas, más flexibilidad aumentando el bolsín de horas, medidas contra los derechos sindicales y, por lo demás, conformarse con la ley o el actual convenio», ha asegurado Ion Martín-Aragón, responsable del sector en el sindicato. Al término de la marcha, el sindicato ha leído un manifiesto en el que ha asegurado que «no vamos a aceptar un solo retroceso». «Queremos un acuerdo que dignifique la vida de las personas trabajadoras», ha proclamado Martín-Aragón. El líder sindical ha argumentado que para que haya movimientos «SEA tendrá que sentir la presión de las personas trabajadoras para poner encima de la mesa algo negociable». «No hay otra fórmula. Solo la movilización, la organización y la lucha harán que esta patronal se mueva», ha asegurado. Empresarios y sindicatos volverán a la mesa negociadora el próximo miércoles. Tras ese encuentro, ELA apunta ya a la posibilidad de «intensificar las movilizaciones y protestas» junto al resto de centrales. 

No hay sustitutos ni en la bolsa de trabajo de Tuvisa, ni en la del propio Ayuntamiento o en las autoescuelas. El servicio municipal de grúa depende durante el día de Tuvisa y por la noche lo gestiona la Policía Local a través de una empresa contratada para ello. Un total de 11 chóferes (tienen que tener licencia D+E) de la sociedad pública de transportes rotan para que haya cuatro vehículos en las calles mañana y tarde de lunes a viernes y dos durante los fines de semana. Pues bien, el elevado número de bajas laborales (hasta nueve en un mismo día) está complicando el uso de grúas para retirar coches accidentados o mal aparcados de las vías. Tanto que la primera semana de este mes no se ha prestado el servicio durante tres turnos completos ya que el único trabajador que estaba disponible cayó a su vez enfermo. EL CORREO ya adelantó que había problemas con la grúa y que ante la falta de efectivos la Policía Local había tenido que recurrir a una empresa privada que utiliza para casos de urgencia. Pero es que a esta situación de bajas se le suma la circunstancia de que sea casi imposible encontrar sustitutos, tal y como reveló ayer en el Ayuntamiento la presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, elevó ayer el tono contra el Gobierno en una durísima intervención durante la asamblea general de la patronal. Buena parte de sus ataques se centraron en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que acusó de «monopolizar» el diálogo social para imponer un «ideario político e ideológico». Pero sus críticas se extendieron a todo el Ejecutivo de Sánchez, por la inestabilidad política que provocan los continuos escándalos de corrupción. Durante su intervención lanzó unas palabras de agradecimiento al Ministerio de Economía y su representante, Carlos Cuerpo, por sacar medidas para anticiparse a los efectos del conflicto bélico en Irán, pero mantuvo sus críticas a la titular del departamento de Trabajo, Yolanda Díaz. Censuró sus «injerencias» y le reprochó transformar el diálogo social en «un espacio para la fotografía, la declaración altisonante y la descalificación». Para Garamendi, el Ministerio de Trabajo está impidiendo el diálogo social bipartito, que ha logrado hitos tales como el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que ahora está por renovarse, y a través de sus «anuncios» ha impedido desarrollar una negociación real de las medidas, motivo por el que desde el año 2022 no ha sido posible llegar a un acuerdo con la patronal, a pesar de los más de veinte pactos que la CEOE sí ha respaldado desde el año 2020, entre ellos, la última reforma laboral. El presidente de la CEOE criticó, además, que Díaz haya incumplido algunos de los pactos y alterado otros a través de modificaciones reglamentarias en el Estatuto de los Trabajadores para los que no necesita contar con el respaldo del Congreso. Es más, contabilizó hasta 61 cambios en esta regulación desde 2022 y denunció una auténtica «asfixia normativa». Aparte de este exceso regulatorio, Garamendi recalcó que la presión fiscal subió en España del 34,4% en 2017 al 37,1% en 2024, es decir, tres puntos, mientras que en la media de la OCDE el incremento ha sido de un punto, lo que está reportando ingresos «récord» para el Estado que están pagando empresas y trabajadores.

Más de 400.000 euros. Es lo que cobró el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en 2025. En concreto, la patronal abonó al empresario vasco un total de 403.000 euros en concepto de remuneración por sus funciones representativas, según se puede extraer de las cuentas anuales de la organización empresarial consultadas. Esa cantidad supone 12.000 euros más al año (1.000 euros más al mes) que el ejercicio anterior, cuando percibió 391.000 euros, siempre en términos brutos. Así, la CEOE subió el sueldo a su presidente un 3% el año pasado, en línea con las recomendaciones del ya caducado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), aunque por encima de la inflación, que cerró el año en el 2,7%. Esto, a la espera de conocer cuánto ha aumentado su salario en 2026, un dato que la patronal no hará público hasta que difunda sus cuentas anuales de este año, algo que no sucederá hasta mediados de 2027. De momento, con la información conocida hasta la fecha, el sueldo de Garamendi ha crecido más de un 14% en los últimos cuatro años. 

Una vez más el Consejo de Europa llama la atención a España por su legislación sobre el despido. En respuesta a una reclamación presentada por CC OO en 2022, el Comité de Ministros del organismo con sede en Estrasburgo volvió a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez modificar la ley para garantizar que la cuantía de la indemnización por despido improcedente sin causa justificada, incluidos los trabajadores temporales contratados de forma fraudulenta, resulte disuasoria para el empresario. En la actualidad el límite máximo de la indemnización en caso de despido improcedente no puede exceder de 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades. En caso de despido por causas objetivas y despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas, el tope máximo es de veinte días de salario por año trabajado y no más de doce mensualidades. Con esta nueva resolución, el Consejo Europeo vuelve a dar un ‘tirón de orejas’ a España similar al que le dio ante una reclamación de UGT, en la que también se instaba a la Justicia española a una revisión para elevar la indemnización. De esta manera, asume en su totalidad las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales en relación al despido improcedente y ratifica que el sistema actual en España vulnera la Carta Social Europea Revisada.

España no avanza en el índice mundial de competitividad. Está incluso peor que al principio del programa de los llamados fondos Next Generation y se encuentra estancada por segundo año consecutivo en el puesto 39 sobre un total de 70 economías analizadas por la escuela de negocios suiza IMD, que desarrolla en Lausana uno de los índices de competitividad de referencia internacional. La principal razón del estancamiento es, según IMD, el retroceso en un factor de creciente importancia para medir la competitividad: «La eficiencia del Gobierno». En este factor –ver gráfico adjunto– España se sitúa en el puesto 58 de 70 en el estudio que realiza el Centro de Competitividad Mundial de IMD que dirige el español Arturo Bris. «Un entorno regulatorio y fiscal costoso y rígido y un mercado laboral ineficiente son debilidades claras que explican la posición de España», señala este economista. La entidad que ejerce como asociada en España de IMD en el estudio es la CEOE. «El lastre es estructural. El mercado laboral es la debilidad más clara en el que el desempleo ocupa el puesto 66 y el desempleo juvenil ocupa el puesto 63. Ambos se encuentran entre los peores de cualquier economía avanzada, dejando sin aprovechar una gran parte del talento del país», lamentan los autores del estudio de IMD. El segundo freno viene del sector público. «La Eficiencia Gubernamental es el peor factor de España (58)». En él se puede ver como subfactores el estado de las finanzas públicas y la política fiscal sitúan a España en el puesto 61 (de 70) y también a la cola en regulación empresarial. Se añade un tercer problema, pese a los más de 100.000 millones del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: «España se queda atrás en factores que facilitarán el desarrollo económico del futuro. Estos incluyen la adopción de IA en empresas (56), exportaciones de alta tecnología (47, como porcentaje de productos manufacturados), educación (cae del 34 al 39) y productividad (cae del 40 al 47)».

Europa quiere más de España en chips, uno de los sectores clave para la competitividad y la soberanía tecnológica. La Comisión Europea solicita al país que haga un mayor esfuerzo por desarrollar esta industria y la producción de semiconductores, una tarea para la que Bruselas estima que será necesario “acelerar los esfuerzos para asignar fondos públicos a proyectos estratégicos”. Así lo señala la institución presidida por Ursula von der Leyen en las recomendaciones recogidas en la nueva edición del informe sobre el estado de la Década Digital. Se trata de un documento anual en el que se evalúa el progreso de la Unión Europea hacia sus metas de transformación digital marcadas para el año 2030 y se emiten una serie de avisos o sugerencias para mejorar. “La notable reducción de su programa estratégico insignia para semiconductores, el PERTE Chip, supone un importante retroceso con respecto a sus expectativas iniciales sobre liderazgo y soberanía digital”, alerta el informe de la Comisión Europea. En su documento, sin embargo, también reconoce que “España ha avanzado con las Líneas Piloto y los programas de I+D, y la inversión sostenida de SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica) a lo largo de 2025 está reforzando la capacidad del país para prosperar en la industria de los semiconductores”.

Uno de los problemas que más denuncia el sector en España es el absentismo, que en el caso concreto de Barceló tiene un coste para la empresa de 20 millones de euros. Según Raúl González, consejero delegado de Barceló Hotel Group EMEA, antes del Covid la tasa de absentismo de la cadena estaba en el 3% y ahora por encima del 8%. En Canarias, incluso se supera esta cifra con unos ratios en torno al 13%. Pese a este impacto y los mayores costes por la inflación, la cadena espera mantener márgenes vía subida de precios tras la inversión en sus hoteles. Desde Barceló anticipan un año récord en turismo, pero con ritmos de crecimiento menores. En España, el destino se ve favorecido por el viajero que se desplaza al país por factor seguridad, mientras que otros turistas pueden decantarse por plazas más económicas. Para el verano, la firma prevé una ocupación en Baleares de un 93 %, en Canarias del 87% y en la costa peninsular del 80%, con una subida media de tarifas del 4%.

Inditex ha acordado con los sindicatos CC OO y UGT elevar un 12,5% los salarios hasta 2028 para cerca de 30.000 trabajadores de tiendas. En concreto, el pacto plantea un incremento de un 4% cada año —hasta 2028— de la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI), así como de sus mínimos, con un 4% de atrasos en 2025 y un 4% para 2026, 4% para 2027 y 4% para 2028. Se trata de la renovación del acuerdo que ya se firmó en febrero de 2023, según informaron a Europa Press fuentes de la compañía, que destacaron también, al margen de las subidas salariales, otras mejoras como los pluses de fin de semana. Ambas partes acordaron también un aumento del precio por hora para los trabajadores a tiempo parcial, “mejorando de forma directa” el cálculo del GIFI en aquellas provincias donde se aplique la jornada del convenio de ARTE o con jornada anual inferior a 1.826 horas. Asimismo, se incrementarán las ayudas sociales y la compensación de domingos y festivos en más de un 12%: 4% 2026, 4%, 2027 y 4% 2028. CC OO celebró también la incorporación de nuevas ayudas sociales por matrimonio o pareja de hecho, por estudios universitarios, FP o grado superior de la persona trabajadora. También habrá mejoras para empleados con enfermedad poco común y de especial gravedad y una compensación por trabajo remoto Big Store a 0,30 euros la hora. Asimismo se ofrecerá un préstamo personal a interés 0%.

The District sale de Barcelona en su quinta edición y se mueve a Madrid. Las protestas contra la especulación, sobre todo en la primera y segunda cita anual, marcaron a este congreso inmobiliario muy centrado en el capital, que ha recibido presiones de las empresas para sacarlo de la ciudad catalana. Juan Velayos (Barcelona, 1973) es su impulsor y presidente. Quien fuera consejero delegado de Neinor, avanza que hay una cierta desaceleración en el mercado inmobiliario. "...El problema del acceso a la vivienda es un tema muy frustrante porque las soluciones las sabemos todos, pero tengo la percepción de que lamentablemente el tema está demasiado politizado. No creo que los políticos hayan ayudado nada. La solución clarísimamente pasa por generar oferta, eso quiere decir eliminar trabas burocráticas, pero de forma radical para minimizar plazos. No creo que liberar suelo tenga que ir en contra de tener buenas ciudades o contra el medio ambiente. El otro tema es que hay que reducir la carga impositiva para la producción y el acceso a la vivienda. Es absurdo que estemos hablando de que la gente no tiene acceso a la vivienda y que más de un 30% del coste sea base impositiva. Quitando carga impositiva a la producción de vivienda se podría abaratar sensiblemente el acceso a la vivienda...No tiene ningún sentido que alguien como Blackstone invierta durante los últimos diez años en generar un parque de vivienda en alquiler como el que generó y le hayamos ido poniendo incertidumbres regulatorias para que hayan tomado la decisión de vender por unidades. Eso es un error estratégico de país. Los cambios de regulación y las trabas a la gestión. España ha cometido el error de demonizar al propietario. Blackstone tomó el riesgo de crear el parque y luego venderlo a un inversor institucional más largoplacista, más estable. Pues ese capital no está por la conflictividad, ruido y medidas regulatorias equivocadas. Y ese es un fracaso de país evidente. Un error estratégico gordo". 

Fueron tres horas de una declaración ante la Audiencia Nacional sin precedentes, porque nunca antes quien dirigió el Gobierno del país había tenido que personarse ante la Justicia como imputado en un procedimiento penal. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero salió del interrogatorio del magistrado José Luis Calama con sus derechos intactos como hombre libre, un alivio para él y, por extensión, para el Gobierno y el PSOE. Pero sin haber conseguido despejar, en palabras del juez en su auto de cuatro folios, las sospechas fundadas que han conducido a su insólita imputación. Zapatero podrá seguir moviéndose sin ningún tipo de restricción, también en el extranjero, porque Calama entiende que dada la «notoriedad pública» del exmandatario socialista el riesgo de que pueda darse a la fuga es inexistente. Por eso, rechazó retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España o imponerle comparecencias quincenales tras su declaración como investigado en el ‘caso Plus Ultra’. El instructor descartó así todas las medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción y por las acusaciones populares; incluido el ingreso en prisión preventiva que pedían parte de ellas. Pero al mismo tiempo quiso dejar claro que la declaración que acababa de escuchar no ha debilitado la causa. Todo lo contrario. El auto sostiene que Zapatero «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» que motivaron su imputación.

Estas son las claves1. No a las medidas restrictivas. El juez rechaza la adopción de las medidas solicitadas, que incluían la prisión provisional.2. Indicios de criminalidad. El magistrado afirma, no obstante, que existen indicios racionales de criminalidad que justifican la continuación de la investigación, señalando que la declaración de Zapatero no logró desvirtuarlos.3. Vínculo con Plus Ultra. El juez quiere investigar la trazabilidad de ciertas transferencias bancarias en las cuentas de Zapatero relacionadas con fondos procedentes de la ayuda pública concedida a la aerolínea Plus Ultra en abril de 2021. En total fueron 53 millones de euros. 4. Sociedades instrumentales. La investigación preliminar apunta al empleo de múltiples sociedades mercantiles para canalizar los pagos bajo sospecha hacia Zapatero y la empresa de sus hijas por parte de la consultora Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez. 5. Hallazgo de joyas millonarias. Durante el registro de su oficina en la calle Ferraz se intervinieron piezas de joyería tasadas en 1,3 millones de euros, cuyo origen y liquidación tributaria o aduanera no han sido acreditados hasta la fecha, señala el juez. 6. Pruebas tecnológicas y cooperación internacional. El cuadro indiciario se apoya en dispositivos intervenidos en registros previos (noviembre de 2025) y en el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de EE UU a partir del volcado del móvil del ciudadano venezolano Rodolfo Reyes Rojas –accionista de Plus Ultra e investigado por estos hechos–.. 7. Inexistencia de riesgo de fuga. 8. Destrucción de pruebas. Se determina que no hay riesgo de que Zapatero interfiera en la instrucción, ya que los elementos relevantes ya han sido intervenidos. 9. Localización inmediata. En sustitución de las medidas cautelares, el juzgado requiere a Zapatero que facilite un número de móvil y correo electrónico para asegurar su disponibilidad inmediata ante el órgano judicial. 10. Carácter «embrionario» de la instrucción. El magistrado advierte de que la investigación está en una fase inicial y que las diligencias futuras podrían tanto consolidar los indicios actuales como disiparlos.

El año pasado se identificó a más de 719.000 inmigrantes residiendo de forma irregular en la Unión Europea y se dictó orden de expulsión contra más de 491.000. Sin embargo, se ejecutó poco más de una cuarta parte de esas deportaciones dictadas por un tribunal. En el caso de España, la diferencia fue incluso mayor: únicamente se hicieron efectivas 5.705 expulsiones de las 53.700 ordenadas. La nueva normativa pretende conseguir que las órdenes de expulsión se ejecuten de forma prácticamente inmediata. Obliga a «los ciudadanos de países de fuera de la Unión que hayan recibido una orden de retorno a cooperar con las autoridades», y estipula que, en caso de no hacerlo, podrán ser detenidos por un periodo máximo de 24 meses con una prórroga de hasta medio año más. Por si fuese poco, tendrán difícil huir, ya que «si se traslada a otro Estado miembro, podrá aplicarse un nuevo período de detención». Finalmente, esta regulación considerada «la más dura de la historia» por sus promotores legaliza el traslado de los migrantes «con una resolución de retorno, a excepción de los menores no acompañados, a centros situados en el territorio de un país que acepte acogerlos, en base a un acuerdo con un Estado miembro». Eso sí, solo se pueden cerrar ese tipo de acuerdos con Estados «que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución». El neerlandés Malik Azmani, responsable de la tramitación parlamentaria del texto y miembro de la formación derechista Partido por la Libertad, aplaudió la aprobación de la nueva normativa: «Europa ha cumplido. Los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen". 

Las instituciones europeas alcanzaron ayer un acuerdo para sacar adelante las ansiadas medidas llamadas a apoyar a la industria química y evitar su desmantelamiento. El Consejo de la UE (ministros de los Estados miembros) y el Parlamento Europeo aceptaron simplificar las normas sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos químicos, cosméticos y fertilizantes en la Unión Europea. El pacto se enmarca en la agenda comunitaria para reducir cargas administrativas y reforzar la competitividad. El acuerdo aplaza hasta el 1 de enero de 2030 la aplicación de las nuevas normas con el fin de alinear los calendarios de los tres reglamentos afectados, después de que Consejo y Parlamento hubieran pactado previamente retrasar hasta 2028 la aplicación del reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de productos químicos. Según el Consejo de la Unión Europea, las modificaciones buscan responder a problemas planteados por empresas y proveedores, reducir obligaciones de notificación y ofrecer mayor seguridad jurídica, sin rebajar el nivel de protección.

Cuarta pausa en lo que va de año y la primera bajo el nuevo mandato de Kevin Warsh en la Fed. La Reserva Federal mantuvo ayer sin cambios los tipos de interés en el rango comprendido entre el 3,5% y el 3,75%, mandando un mensaje de cautela y de independencia de la institución bajo el nuevo liderazgo. La decisión era ampliamente esperada por Wall Street, pero el mercado estaba a la espera de la confirmación, así como de cualquier pista que pudiera dar Warsh sobre su hoja de ruta en el nuevo escenario macroeconómico. Pocos detalles ofreció el nuevo presidente sobre su postura. Sin embargo, el escenario que prevé la Fed sí ha empeorado considerablemente, según se desprende de sus propias previsiones (en las que Warsh se ha abstenido de participar). La mayoría de gobernadores se inclina por al menos una subida de tipos después del verano. Tras el anuncio, los mercados tornaron al rojo, con el Nasdaq cayendo un 0,34%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones, retrocedían un 0,44% y un 0,17%, respectivamente. Warsh ha aterrizado en la Fed en un momento especialmente complejo. La economía estadounidense sigue creciendo a un ritmo razonable, el mercado laboral continúa mostrando fortaleza y la tasa de paro se mantiene estable en torno al 4,3%, un nivel históricamente bajo. Sin embargo, la inflación continúa claramente por encima del objetivo del 2% y se ha convertido de nuevo en la principal preocupación del banco central estadounidense.