20230217

Euskadi atrae una inmigración menos cualificada que el resto de España y que otros países europeos, un problema que debe resolver para satisfacer las necesidades de su mercado laboral. Así figura en el Libro Blanco del Empleo, presentado ayer en Bilbao en el foro WORKinLan Summit. Presentado por Sara de la Rica, en sus más de 300 páginas el documento realiza una completa radiografía de la situación de partida, los impactos de estas tres revoluciones en el mercado de trabajo y diferentes propuestas para abordarlas. Entre las principales conclusiones que arroja destaca el riesgo de que la digitalización deje atrás a los menos cualificados y agrave la creciente desigualdad salarial, para lo que se recomienda reforzar la formación continua. «No vale despedir a los trabajadores que no tienen las competencias necesarias para contratar a los que las tienen», alertó De la Rica. Otra advertencia importante de su análisis es que el País Vasco «atrae una inmigración menos cualificada que otros países europeos y que el conjunto de España».

El capital humano, conformado por «hombres y mujeres con salarios que les permitan vivir con dignidad» es la llave del progreso de las empresas y el factor que determinará «la competitividad de los países». Así lo expuso Idoia Mendia durante su discurso oficial en la primera jornada del WorkinLan Summit. La vicelehendakari y consejera de Trabajo considera que las empresas, y la sociedad en su conjunto, deben «atreverse a innovar, a hacer apuestas distintas, alejarnos de las inercias». Es la mejor forma de cambiar las actuales dificultades por oportunidades «sin que nadie, ninguna empresa, ninguna persona, se quede descolgada». Mendia habla del actual momento como el de la «Gran Decisión», porque «lo que hoy hagamos, y también lo que dejemos de hacer, va a marcar nuestro futuro como sociedad». En esa Euskadi futura «el empleo debe permitir disponer de un sueldo con el que satisfacer las necesidades elementales, con derechos y con oportunidades de progreso profesional». En esa Euskadi futura «el empleo debe permitir disponer de un sueldo con el que satisfacer las necesidades elementales, con derechos y con oportunidades de progreso profesional». Ese trabajo «de calidad» constituye, junto con la garantía de servicios públicos, «el mejor camino para acabar con la brecha de la desigualdad». La capacidad de adaptación resulta, a su juicio, fundamental tanto para las empresas como las personas. Y son los gobiernos los que «debemos ofrecer esas herramientas desde lo público, como en el pasado construimos el sistema redistributivo de la sanidad o la educación públicas». La vicelehendakari espera que el Parlamento apruebe este año la Ley de Empleo, que debe facilitar el derecho de toda persona, «ocupada o parada», a contar con «la formación, orientación y activación para acceder a un empleo o aspirar a uno mejor».

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, sueña con «un nuevo paradigma en el mundo del empleo» que enfatice «el beneficio social y comunitario por encima del mero beneficio económico». En un momento en el que los resultados económicos empresariales –especialmente el de determinados sectores como el de la banca o el energético– son objeto de intenso debate, el alcalde de Bilbao asegura que el beneficio de las empresas «no puede seguir siendo el único objetivo de la actividad económica». Aburto fue el encargado de abrir el WorkInLan Summit con un discurso que instó a apartar «las inercias de la confrontación» para construir «un marco de colaboración y cooperación leal a todos los niveles». Solo así, considera el alcalde bilbaíno, se podrá hacer frente a los «grandes desafíos climáticos, demográficos y tecnológicos» que se han añadido a la pandemia y a la guerra en Ucrania. Aburto considera que en el camino hacia «la dignidad» de todas las personas el empleo adquiere una importancia «fundamental». De él depende en gran medida «el progreso de una sociedad en clave de bienestar y justicia social». Impulsar y garantizar el empleo «de calidad» es la mejor política social, pero debe ir acompañado de salarios justos, «que permitan llegar a fin de mes y construir proyectos de vida plenos y dignos».

«Hoy en día si no controlas de tecnología estás perdido, estás en el limbo». Con esa percepción Imanol Fernández se presentó ayer en el WORKinLan, el foro que durante dos días –también en la jornada de hoy– aborda en el Palacio Euskalduna uno de los grandes desafíos de la sociedad, el tratar de aprovechar las oportunidades que ofrecen las grandes transiciones, entre ellas la digital, para poder generar empleo de calidad. Este bilbaíno, administrativo durante casi tres décadas y que ahora forma parte de una de las lanzaderas de empleo que tiene en marcha la Diputación de Bizkaia, tiene claro que no le va a quedar otra que reciclarse, a punto de cumplir los 52 años. Una realidad que choca con la que se vive en muchas empresas, en las que se demandan puestos en entornos digitales y que en ocasiones no logran cubrir por falta de formación. Tratar de cerrar esa brecha de competencias es el objetivo de The Bridge, empresa que trabaja de la mano de la BBK, y que en los últimos tres años ha formado ya a más de mil alumnos, que han pasado en tan solo cuatro meses de no tener ningún conocimiento sobre el tema, en muchos casos, a controlar análisis de datos, modelos de inteligencia artificial, marketing digital, desarrollo web o ciberseguridad. Perfiles que ya no pertenecen al futuro, sino que son actualmente los más demandados. Así lo apuntó uno de sus expertos, Miguel Ángel Nievas, en uno de los numerosos talleres y conferencias que fueron seguidas por cientos de personas. 

La necesidad de ajustar la formación a lo que demandan las empresas y de afrontar el desajuste demográfico dibujan el desafío actual en Euskadi. La directora de la Obra Social de la BBK, Nora Sarasola, abrió las ponencias alertando sobre la brecha digital y la demanda de 9.000 personas capacitadas en estas nuevas competencias para los próximos años, frente a las 460 que hay ahora en Euskadi. «Solemos hablar de tres transiciones –la digital, la demográfica y la ecológica– que nos abren oportunidades para generar empleo y conseguir que el momento actual suponga una palanca de crecimiento económico para el territorio», destacó Sarasola, quien repasó los pasos dados para afrontar estos cambios como el programa de ‘bootcamps’ que la BBK inició en 2018, y que ya lleva formados más de 250 profesionales en las nuevas competencias digitales. Más del 90% de estos participantes han conseguido acceder a un empleo. En la iniciativa colabora la empresa The Bridge. El CEO de la misma, Iker Arce, reclamó en las conferencias la urgencia por capacitar a tantos profesionales como sea posible en el nuevo «paradigma digital», que supondrá «repartir de nuevo las cartas de la competitividad». «Existe una carrera por el talento, una carrera para cerrar la brecha actual», defendió Arce, quien destacó que con el ritmo actual de formación se necesitarían dos décadas para obtener todos los profesionales que se requerirían en los próximos dos años.

La empresa que preside Emiliano López Atxurra ganó el pasado año 470 millones de euros, una cifra que supone un récord histórico. Supera en un 60% el mejor resultado conseguido hasta ahora y que se había contabilizado en 2010 con 291 millones. Pero junto a ese resultado récord la empresa también ha mejorado de forma sustancial su aportación a las arcas públicas vascas. La firma entregó el pasado año un total de 1.079 millones de euros a las haciendas forales –a lo que habría que añadir los impuestos municipales–, por los tributos de IRPF de la plantilla, Sociedades, IVA e Impuesto sobre los Hidrocarburos. Debido al sistema de reparto de los impuestos indirectos entre las instituciones forales, de esa cantidad 549 fueron a parar a la caja de la Hacienda vizcaína, 350 a la guipuzcoana y 180 millones a la alavesa. Pese a lo excepcional del beneficio del pasado año, lo cierto es que Petronor tiene una trayectoria muy volátil en sus resultados. Desde 2010 hasta el pasado ejercicio la compañía ha ganado como media 116 millones de euros anuales, ya que en los ejercicios de 2013, 2014 y 2020 también tuvo que contabilizar pérdidas millonarias. El esquema en el que se ha desenvuelto el negocio de la empresa que tiene su sede en la localidad vizcaína de Muskiz es paralelo al que ha vivido el conjunto del grupo Repsol en el área de refino. 

Repsol obtuvo un resultado neto de 4.251 millones de euros, un 70% más que en 2021, según un hecho relevante remitido ayer por la compañía a la CNMV. Se trata del mayor beneficio logrado por la energética, solo superado por el que obtuvo en 2010, si bien, en aquel caso se debió a resultados extraordinarios. Repsol recuerda que el resultado de 2022, sumado a los 2.499 millones de euros de 2021, no compensan las pérdidas que registró en 2019 y 2020, que ascendieron a 7.105 millones de euros. Sin embargo, en las cuentas anuales que Repsol ha presentado al mercado, todo son grandes cifras: el beneficio neto ajustado fue de 6.661 millones de euros, un 171% más; el ebitda alcanzó los 13.813 millones, otro 70% superior al del año anterior (el de exploración y producción se disparó un 80%, hasta 3.029 millones) y las inversiones ascendieron a 4.182 millones, con una previsión de inversiones orgánicas récord de 5.000 millones de euros en 2023 (un 35% destinadas a proyectos bajos en carbono). Además, Repsol ha reducido su deuda en un 61%, hasta 2.256 millones de euros, y su liquidez se incrementó hasta los 12.022 millones, suficiente para cubrir cuatro veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo. En una conferencia de analistas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, desveló ayer que el nuevo impuesto que grava el 1,2% los ingresos liberalizados a las energéticas, tendrá un impacto de 450 millones en la caja de la compañía.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que los datos son consecuencia de un "gran esfuerzo inversor" por parte de la compañía y por ello es "injusto e incomprensible" el impuesto establecido por el Gabinete de Pedro Sánchez, que grava con un 1,2% las ventas. "Considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial, es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española", ha resaltado el directivo vasco.  Según ha indicado con motivo de la presentación de resultados de la compañía, el debate social sobre los beneficios empresariales hay que ponerlo en contexto. Y evitar que se convierta en un dique para las inversiones.  "Los mensajes populistas solo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo industrial. Frente a estos mensajes, Repsol apuesta por un camino de responsabilidad con la sociedad", ha señalado. Asimismo, ha resaltado que la transición energética que están haciendo Europa y España "debería ser una transición menos ideológica y más tecnológica; una transición que aborde cómo ser más sostenibles, pero también, cómo garantizar el suministro energético y una energía más barata y competitiva para los ciudadanos y empresas".

Kutxabank rompe la baraja. A última hora de la tarde de ayer, la entidad presidida por Anton Arriola presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra el nuevo impuesto extraordinario a la banca promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez y por el que, según las primeras estimaciones, podría enfrentarse a un ‘mordisco’ de unos 110 millones de euros. Un dinero que deberá empezar a pagar, en un primer abono, este mismo mes, antes del día 20, y que, asegura la entidad, impacta de lleno en las fundaciones bancarias (Kutxa, Vital y BBK) y, por ende, en su actividad económica y social. El movimiento de Kutxabank se suma al realizado la víspera por las dos grandes patronales (AEB y CECA), que recurrieron también ante la AN no la ley en sí sino (como ha hecho el banco vasco) la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprobaba el modelo de declaración del tributo ante Hacienda. Algunas otras entidades afectadas ya han anunciado también que seguirán el mismo camino. El banco de las kutxas vascas explicó que entiende, como el resto del sector afectado (en resumen, la gran banca española y parte de la mediana), que el tributo con el que el Ejecutivo aspira a recaudar 1.500 millones de euros este mismo año «aporta incertidumbre». Aún más, Kutxabank considera que el impuesto que ha levantado en armas al sector «aporta desventaja competitiva» a los afectados frente a «los bancos de menor tamaño, la banca digital y las entidades europeas» que funcionan en España. Y es que, añaden fuentes de la entidad, «hablamos de un gravamen que no existe en el resto de los Estados comunitarios, a excepción de Hungría». Esta figura se aplica a las entidades que en 2019 tuvieran unos ingresos derivados del margen de intereses y las comisiones superiores a los 800 millones de euros. Concepto sobre el que se aplica un tipo del 4,8%.

Las compañías eléctricas se suman al frente contra el nuevo impuesto extraordinario que grava los ingresos del sector, junto a la banca y a otras energéticas, al haber recurrido el tributo ante la Audiencia Nacional. Se trata del segundo recurso judicial que una parte del sector presenta contra el tributo puesto en marcha por el Gobierno desde el 1 de enero, y que estará en vigor durante dos ejercicios en los que prevé recaudar unos 7.000 millones de euros. Las compañías integradas en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) –integrada por Iberdrola, Endesa y EDP– ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector. Consideran que el gravamen es «discriminatorio e injustificado», según su argumentación. La patronal Aelec considera que el tributo es «único en Europa» porque aunque la UE ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, no ha sido así sobre la actividad de las eléctricas. Consideran que «España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español». Para la asociación, «es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior».

«Nuevamente perdemos el tren del suelo industrial». Esa es la frase con la que los empresarios juzgan el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el equipo de Gobierno PNV-PSE aprobó inicialmente hace apenas una semana con el apoyo de Elkarrekin-Podemos, en el último tramo de la legislatura y a tres meses de unas elecciones. El mensaje evidencia decepción, malestar y también que la comunicación no ha sido lo suficientemente fluida en los meses (años, en realidad) que han sido necesarios para componer la gran hoja de ruta que marcará el futuro de la ciudad durante al menos dos décadas. Un suma y sigue en esa relación de altibajos entre el Gabinete de Gorka Urtaran y los empresarios. El PGOU pincha así en hueso. Y se enfrenta a un escenario de recursos que ya se está gestando. Según ha podido confirmar El Correo, SEA Empresas Alavesas ha decidido contratar un servicio jurídico externo al que encargará la realización de un informe «pormenorizado» del Plan General. La decisión se tomó el pasado lunes y será ratificada en una reunión de su Junta Rectora. «Ante la importancia de este plan y tras la observación inicial de que falta suelo industrial se ha decidido dar este paso», explican fuentes de la patronal a este periódico. En principio se trata de «hacer el análisis». Aunque, al mismo tiempo, se admite, que «servirá de base para presentar alegaciones».

«Hay que cuidar a la familia» es la frase con la que el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, resumió la necesidad que tiene este sector, que emplea a 6,5 millones de personas y que representa el 57% del PIB nacional, en un momento en el que se suceden casos de deslocalización de importantes compañías en Euskadi o, en su caso, cambio de propietarios y entradas de fondos de inversión en el accionariado con el consiguiente alejamiento de los centros de decisión; la última cuenta del rosario la han protagonizado unas siglas históricas como las de Siemens Gamesa. Sendagorta, la segunda generación al frente de Sener, una ingeniería con presencia en el sector aeronáutico, energético y una de las firmas más internacionales del País Vasco, pidió a la administración un «plan de choque» y un tratamiento para «hacer lo mismo que con las cooperativas» y que permita crear un clima favorable para el desarrollo de las empresas familiares «y que no se vayan». El presidente de Sener aprovechó su intervención en el Foro Empresarial de Álava organizado por El Correo, con el apoyo de Laboral Kutxa y de BSK Legal & Fiscal, para incidir en la urgencia de crear estas condiciones para dar continuidad a la «vocación empresarial que siempre ha tenido esta tierra». Unas medidas que «afecten a la fiscalidad», como la eliminación del Impuesto de Patrimonio, pero que vayan mucho más allá y traten de cuidar las vocaciones empresariales a las que se refirió como «un tesoro del territorio». «Hay que prestigiar la figura del empresario desde la educación y la comunicación» porque «si los jóvenes quieren ser funcionarios y no quieren ser empresarios tenemos un problemón». 

Las exportaciones vascas marcaron un récord histórico el año pasado tras superar los 32.500 millones de euros, un 26,8% más que en 2021. Gracias a ello, el saldo del comercio exterior cerró el ejercicio con un superávit de 3.127 millones de euros, situando la tasa de cobertura en el 110,6%, pese a que según los datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, diciembre arrojó un saldo negativo de 125 millones de euros. Este último se debió al peso extraordinario en contra del componente energético, que con sus 545 millones anuló los 420 millones de saldo positivos en productos no energéticos. Los datos de 2022 superan el mayor registro hasta el momento, que venía marcado por los 25.788 millones de euros alcanzados en 2018, cuando la subida fue del 26,2%. También las importaciones alcanzaron el mayor valor de su serie histórica. El incremento fue del 39,7% respecto al año pasado, con 29.411 millones de euros. Las energéticas crecieron un 88% y las no energéticas un 26,3%. El sobresaliente año exportador tiene su reflejo a nivel territorial. Así, los 13.291 millones de euros de Bizkaia suponen un aumento respecto al año anterior del 30,2%. Le sigue Gipuzkoa con 9.904,7 millones (un 22% más) y Álava con 9.341,9 (un 27,3% más). Los turismos de menos de diez personas fueron la partida de mayor volumen exportador, con 2.637,3 millones de euros exportados y una tasa de crecimiento del 25,7%, mientras que el mayor ascenso lo vivieron los automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, cuyo crecimiento fue del 1.233,7% con 458,4 millones exportados. Alemania está a la cabeza de los países destino de estos envíos. 

El puerto de Pasaia, que el año pasado sufrió como el resto de la economía europea el zarpazo de un año marcado por la guerra y la crisis energética y de precios, consolida su posición como el mejor puerto para el manejo y movimiento de vehículos, tal y como ha sentenciado recientemente la patronal de fabricantes de coches (Anfac) y explicó, orgulloso, ayer el presidente de la autoridad portuaria de Pasaia, Joakin Telleria. «Somos optimistas», recalcó. Por su parte, el director general de la dársena (que no deja de ser un termómetro de la economía guipuzcoana), David Candelario, dio cuenta de la marcha de la instalación durante el pasado año y planteó las perspectivas para este ejercicio, en el que se aspira a mejorar el tráfico de mercancías un 6% hasta los 3,5 millones de toneladas. Uno de los grandes proyectos, añadió, es la búsqueda, sin prisa pero sin pausa, de una línea de contenedores que «sin competir con Santander o Bilbao» permita a «tres o cuatro industrias con las que estamos trabajando» una conexión semanal con los grandes puertos del norte de Europa. Un proyecto a medio plazo que, sin fecha definida, podría estar en marcha a finales de 2024. El 2022, apuntó Candelario, se saldó con un descenso de los tráficos del 6%. 

Las matriculaciones de turismos en España tardarán otros ocho años en recuperar los niveles previos a la pandemia del Covid-19, según las previsiones presentadas ayer por la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), que estima un crecimiento del 16% en 2023, hasta los 944.000 coches vendidos. La patronal de vendedores de vehículos ve con optimismo la previsión de Bruselas sobre el crecimiento del PIB español al 1,4%, y espera que la inflación, “aunque todavía es alta”, siga perdiendo fuerza en 2023. Además, cree que en 2024 se superará la barrera del millón de coches matriculados, aunque el ritmo de crecimiento se ralentizará hasta el 7,6% ese año y seguirá bajando progresivamente hasta el 2,6% en 2030. De hecho, Ganvam prevé que el mercado tardará al menos cuatro años en alcanzar su volumen natural por población, motorización y renta per cápita, que los analistas sitúan en 1,2 millones de unidades. Y hasta 2030 no se superarán los registros prepandemia, al acercarnos a los 1,3 millones de unidades matriculadas al final de la década. Ganvam considera 2025 como un año “clave” por la entrada en vigor, si se confirma, de la norma de emisiones Euro 7 para turismos y furgonetas. “Su aplicación conllevará una subida del precio de los vehículos y retraerá la demanda, frenando la renovación del parque, pese a que la reducción de emisiones debe venir de la retirada de los modelos más antiguos y contaminantes”, según el director general de Ganvam, Fernando Miguélez.

El inicio del año se ha desarrollado con una tendencia ascendente en el número de concursos, afectando a un total de 451 empresas, lo que supone un incremento del 16,3% en términos interanuales. Sin embargo, el dato más esperanzador reside en la constitución de 8.836 sociedades mercantiles, el 13,25% más frente al dato de hace un año. Dejando el terreno de las cifras y bajando a los sectores de actividad económica, las cifras publicadas por Axesor ponen de relieve cómo los talleres de reparación de vehículos ha sido la actividad que ha concentrado una mayor concursalidad en enero, con 86 procedimientos, si bien son menores en un 7,53% interanual, seguido de construcción con 74 operaciones (el 42,31% más) y la industria manufacturera con 58 operaciones, lo que supone un incremento del 16%. Mejora el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas que, con 25 concursos de acreedores, supone el 40,48% menos que hace un año. El mapa de autonomías de los concursos está liderada por Cataluña con 122 operaciones, a continuación Madrid con 117 y la Comunidad Valenciana con 50, con lo que en su conjunto acaparan el 64% del total de 451 operaciones llevadas a cabo en enero.

El Congreso dio ayer el visto bueno definitivo a la Ley de Empleo, sin ningún voto en contra, pese a que en ella se incluyó una enmienda a instancias de Bildu que otorga mayor control de la Inspección de Trabajo sobre los despidos colectivos (ERE). Aquel acuerdo alcanzado en diciembre con la coalición soberanista provocó tal enfado en la CEOE, que la patronal decidió romper toda negociación con el ministerio de Yolanda Díaz. De hecho, plantó en varias ocasiones a Trabajo en temas tan importantes como la subida del salario mínimo, aunque este mismo jueves volvió a sentarse en la mesa para abordar el nuevo Estatuto del Becario tras dos meses de veto. La enmienda transaccional introducida por EH Bildu establece que, en caso de que una empresa lleve a cabo un despido colectivo, la Inspección de Trabajo se pronuncie, de forma preceptiva, sobre si concurren o no las causas alegadas. Esta obligación la eliminó el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012, con lo que en la práctica dio mayor libertad a las empresas para realizar ERE en plena crisis económica. Lo que no recupera es la autoridad administrativa previa que se exigía también antes de 2012 para ejecutar un despido colectivo, lo que facilitó la unilateralidad empresarial en los ajustes de plantilla de este tipo.

El dato definitivo del INE de la inflación en enero ha confirmado lo que asociaciones de consumidores avisaban desde hacía semanas: muchos alimentos han seguido subiendo de precio desde principios de año, por lo que la cesta de la compra no es capaz de absorber la rebaja del IVA aplicada a algunos de ellos y ayudar a ahorrar en las compras. El ministro de Agricultura, Luis Planas, indicó ayer que las medidas del Gobierno han «frenado la espiral» del incremento de precios, pero reconoce que hay que trabajar con toda la cadena alimentaria en más medidas que logren que los alimentos «puedan tener precios razonables», por lo que les ha convocado de forma urgente para este próximo lunes en la sede del ministerio. Planas sigue excluyendo la de bajada del IVA en la carne y el pescado. «Hablamos de una inflación de costes que deriva de un mayor coste energético, cualquier otra medida no sería más eficaz que las que estamos adoptando». También rechaza la propuesta de Unidas Podemos de limitar los precios de los alimentos al considerar que «no tiene sentido en el diseño de la UE». El Ejecutivo está «empeñado» en conseguir que los ciudadanos tengan «precios asequibles». Pero esos topes solo se aplicaron en Alemania o Luxemburgo de forma excepcional y en pandemia.

2022 se despidió con la primera caída trimestral en los precios de la vivienda desde el tercer trimestre de 2020, un momento aciago para la actividad económica, con el país paralizado tras el confinamiento por el coronavirus. La caída registrada en los precios de la vivienda ha sido pírrica, apenas de un 0,4%, pero supone una novedad estadística y un termómetro de la desaceleración del mercado inmobiliario. La subida de los tipos de interés iniciada en verano por el Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación está teniendo ya su reflejo en el mercado hipotecario. Unos cuatro millones de hogares españoles con préstamos referenciados al Euríbor están viendo estos días revisadas al alza las cuotas de sus hipotecas, según cálculos del Banco de España. En algunos casos, con subidas cercanas a los 300 euros mensuales que, sumadas a una inflación todavía demasiado alta -del 5,9% en enero-, están erosionando la capacidad adquisitiva de las familias y retrotrayendo el consumo. Hasta ahora, el nivel de compraventas de vivienda, pese a esa senda de tipos al alza desde el verano, ha pulverizado todos los récords en 2022. Y también lo han hecho, los precios. Pero el dato del último trimestre que manejan los Registradores de la Propiedad aflora la primera caída de precios en diez trimestres, provocada en particular por el frenazo de la vivienda de segunda mano. Ha sucedido, además, en casi todas las comunidades autónomas, con Extremadura (-9,9%), La Rioja (-6,7%) y Canarias (-5,6%) a la cabeza en cuanto a caídas. Madrid y Cataluña también han visto retroceder los precios de la vivienda en los tres últimos meses de 2022, con caídas del 1,7% y del 0,6%, respectivamente.

“Los datos de ejecución demuestran que España está siendo un ejemplo y está siendo pionera en la aplicación del Plan” de Recuperación, Transformación y Resiliencia que alimentan los fondos europeos del programa Next Generation, defendió ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al anunciar que el país ha autorizado ya el uso de 47.300 millones de euros, “el 90% de los fondos presupuestados para 2021 y 2022”. Aunque el Gobierno rehusó detallar la cuantía efectivamente desembolsada que habría inyectado a la economía real, el balance de ejecución aprobado ayer por el Ejecutivo establece que los pagos se limitan de momento a 22.300 millones y que de ellos solo 10.000 millones habrían llegado a las empresas. La evaluación de la ejecución de los fondos europeos fue abordada ayer por la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que los miembros del Consejo de Ministros y otros responsables de la gestión de los fondos comunitarios aprobaron el III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación. Las líneas maestras del documento fueron presentadas en rueda de prensa por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y por la ministra de Hacienda desde el Palacio de La Moncloa, donde destacaron el mensaje de que “España continúa liderando el despliegue del Plan de Recuperación en Europa”.

El fabricante francés de aeronaves Airbus logró un leve incremento del 1% de su beneficio neto en 2022, con 4.247 millones de euros, lo que sirvió para alcanzar un máximo histórico, a pesar de los problemas en la cadena de suministro que experimentó en el conjunto del ejercicio. Estos resultados en línea con los de 2021 se registraron a pesar de que la compañía contabilizó mejoras significativas en su facturación, con 58.763 millones, un 13% más, y en sus pedidos netos, con 820 unidades, casi un 62% de subida respecto al año previo. En el marco de la presentación del balance anual de la empresa, el consejero delegado, Guillaume Faury, destacó ayer que la industria continuó su recuperación durante 2022, con el aumento del tráfico aéreo y de la demanda de flota por parte de las aerolíneas. En esta línea, añadió que Airbus logró unos “sólidos resultados”, a pesar de los problemas en la cadena de suministro, que provocaron que la firma entregara menos aeronaves de las previstas. Así, la compañía francesa cerró 2022 con 661 aeronaves comerciales entregadas, un 8% de crecimiento, así como con 344 helicópteros comercializados, un 1,7% más. Además, entregó a cierre de año un total de 10 unidades del A400M, que se ensambla en Sevilla, en comparación con las 8 unidades de 2021. La firma aeronáutica destacó que su resultado anual se vio afectado por un impacto negativo de 477 millones de euros en relación con el programa del avión militar ‘español’ A400M, aunque Faury mostró su compromiso con este proyecto.

Ikerbasque cerró el ejercicio pasado con 345 investigadores distribuidos en tres categorías: 178 consolidados, otros 94 jóvenes para promover la cantera de nuevos investigadores de alto nivel y 73 más como Research Associate, una categoría que complementa las dos anteriores. Según dijo Bildarratz, «el esfuerzo económico por impulsar Ikerbasque y el dinero captado por sus investigadores permitió la contratación de un total de 1.593 profesionales vinculados a la ciencia. Estos resultados suponen «un nuevo récord» y reflejan que «Ikerbasque se ha consolidado como polo de atracción de investigadores de todo el mundo y evidencian la rentabilidad de la apuesta por la investigación científica». La labor de todos estos científicos tuvo un «notable reflejo en publicaciones» especializadas. A lo largo del año, vieron la luz 1.437 artículos en revistas de alta cualificación a escala internacional. Este dato es algo inferior a la cifra alcanzada en 2021, pero se explica porque la producción científica «se ha estabilizado tras el periodo pandémico», cuando se produjo una inflación de publicaciones, buena parte de ellas sobre investigaciones relacionadas con el propio coronavirus. «Las personas captadas por Ikerbasque en todo el mundo para desarrollar su trabajo en universidades y centros vascos proceden de 35 países y son mayoritariamente varones» (73%).