20221228

La patronal vasca se reunió con el lehendakari ayer en la sede de la presidencia del Ejecutivo de Euskadi. Un encuentro en el que el Urkullu, junto a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, recibió al comité ejecutivo de Confebask encabezado por su presidenta, Isabel Busto. La organización empresarial destacó que las compañías vascas mantienen sus previsiones de inversión y empleo para un 2023 en el creen que Euskadi «salvará la recesión». Pero alertaron de dificultades para mantener los márgenes en las cuentas de resultados con los que desarrollar inversiones estratégicas y para lo que pidieron «intensificar» las ayudas a sectores más expuestos a los costes energéticos. A pesar de las «incertidumbres», la patronal prevé para el 2023 un crecimiento económico del 1,5% del PIB y el aumento de 10.000 afiliados a la Seguridad Social en Euskadi, con una tasa de paro que bajará al 7%. Ver más en Confebask. 

El Consejo de Ministros aprobó ayer en su última reunión del año el tercer plan anticrisis para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania. Tras semanas de intensas negociaciones, PSOE y Unidas Podemos han sacado adelante un paquete de medidas dotado con 10.000 millones de euros, que amplía a 45.000 millones todo lo desembolsado desde marzo de 2021 para minimizar el coste de la crisis energética en el bolsillo de los españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el encargado de presentar ayer estas nuevas ayudas que, para la oposición, «llegan tarde y se quedan cortas». Durante su tradicional balance del año, Sánchez defendió que, pese a las críticas, las medidas adoptadas por el Ejecutivo han permitido «doblegar la inflación como en ningún otro país europeo: cuatro puntos en tan solo cuatro meses», hasta el 6,8% en noviembre. Una de las grandes preocupaciones de los españoles en los últimos meses es cómo el incremento de los precios energéticos se ha traslado al de los alimentos, con subidas que superan ya el 15% y que duplican con creces las de la inflación general, con productos disparados en el último año, como el azúcar (+50,2%), el aceite (+31,5%), la leche (+31%) o los huevos (+27%). El Ejecutivo ha decidido atacar esta situación con una rebaja del IVA que ha sido más descafeinada de lo esperado por los consumidores. En concreto, de enero a junio se eliminará este impuesto de los alimentos de primera necesidad gravados al 4%. Entre ellos, pan harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Y se reduce del 10% al 5% el del aceite y la pasta. Otros productos gravados también al 10% como el pescado o la carne no entran en el plan.

Cheque de 200 euros

El decreto también recoge la demanda de Unidas Podemos de establecer un cheque de ayudas. Finalmente, será de 200 euros para los 4,2 millones de familias que el Gobierno estima que ingresan menos de 27.000 euros y cuentan con un patrimonio inferior a los 75.000 euros.

Una compra básica de los doce productos de más necesidad (en este caso con seis litros de leche) ya supone de entrada un ahorro mínimo dos euros gracias a estas medidas. No es una cantidad espectacular pero al cabo de un mes puede suponer un ahorro de entorno a diez euros solamente en los bienes más demandados por una familia convencional. Eso sí, habría que añadir luego productos también necesarios como carne y pescado. En todo caso, las medidas de ayer son un primer paso. Centrando el tiro en la cesta de la compra, el IVA de la alimentación en España varía entre el tipo reducido (10%) y el superreducido (4%). Se consideran productos de alimentación aquellos que pueden servir como nutrición para humanos o animales. La legislación actual cuenta con un IVA del 21% para determinados productos vinculados a la alimentación (zumos o bebidas refrescantes, entre otros), del 10% (pescado, aceites, pasta, yogures, agua embotellada, café o conservas) y del mínimo 4% (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales). Finalmente, el Gobierno central decretó ayer durante seis meses la rebaja del IVA del 4% al 0% para estos últimos, así como del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Así, el cálculo se ha realizado tomando como referencia el precio medio de esos alimentos en un supermercado con amplia penetración en Euskadi. En el caso de la leche o la harina, esa media ha salido de utilizar siete productos diferentes. Eso sí, todos de la misma cantidad. El aceite es quizá el producto básico de la cesta de la compra que más se ha encarecido en los últimos meses.

El Gobierno solo ha atendido en parte las demandas de los sindicatos en relación al contrato de relevo, que permite a un trabajador veterano solicitar la jubilación parcial para garantizarse una pensión sin penalizaciones, mientras otro completa su jornada. Así, el Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga durante un año de la modalidad específica creada para la industria manufacturera, que tiene mayores ventajas y expiraba a 31 de diciembre. Lo que no hizo fue extender esta figura a otros sectores. El contrato de relevo, que en Euskadi vivió su máximo esplendor en 2008, ha sufrido varios recortes a través de cambios normativos. Uno de los más drásticos fue en 2013, cuando el Gobierno de Rajoy redujo de cuatro a dos años el plazo para poder acogerse al relevo antes de la jubilación ordinaria. Pero al menos se estableció una transición hasta 2018. Fue ese año cuando, ante la presión del sector automovilístico, se creó la modalidad especial para la industria manufacturera. Esta figura permite a los trabajadores acceder al contrato de relevo con solo 61 años, siempre que se tengan 33 cotizados (en el normal es necesaria una edad de 63 años y cuatro meses ). Su reducción de jornada puede oscilar entre el 25% y el 67% y alcanzar el 80% en caso de que al relevista se le haga contrato indefinido a jornada completa. En todo caso, este deberá percibir al menos el 65% de la base reguladora del semijubilado. En lo que va de año en Euskadi se han firmado 663 contratos de relevo, un 10% más que el año pasado. La cifra se sitúa muy lejos de los 5.300 que se llegaron a suscribir en 2008, antes de que se iniciara el declive de esta figura.

El Ejecutivo ha acordado mantener sin cambios las rebajas aplicadas en los últimos meses sobre la fiscalidad energética. De esta manera, el IVA que grava la factura de la luz seguirá en el 5% (frente al 10% que es habitual a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios). Además, el impuesto de generación se mantiene en suspenso y el impuesto especial se mantiene en el 0,5%, el mínimo permitido por Bruselas. Con la prolongación de estas medidas se trata de abaratar la factura de la luz por la vía impositiva, un camino que el Gobierno comenzó a recorrer ya en 2021. En conjunto, se estima que estas medidas tienen un impacto en la recaudación de unos 6.500 millones de euros anuales, pero de momento la extensión se ha acordado solo por seis meses, igual que la congelación en 19,55 euros del precio máximo de la bombona de butano. El Ejecutivo ha preparado, a su vez, un paquete de 450 millones para industrias de consumo intensivo de gas (pensado básicamente para el sector de la cerámica en la provincia de Castellón), que se complementará con una línea de liquidez de 500 millones en condiciones favorables a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de descarbonización industrial, destinado a apoyar a la industria en su transición hacia modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente y contribuir al objetivo de neutralidad climática en 2050. El proyecto prevé una inversión pública de 3.100 millones de euros que va a permitir movilizar hasta 11.800 millones de euros de inversión total, con el objetivo de incrementar la competitividad del sector en alrededor de un 10%, crear unos 8.000 empleos y reducir las emisiones en 13 millones de toneladas de CO2 al año. “Este Perte contribuirá a modernizar nuestra industria para afrontar con éxito la transición ecológica apostando por el fomento del uso de energías renovables, la reducción del consumo de gas natural en la industria, la protección del medio ambiente y el avance hacia la economía circular”, señaló la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto en un comunicado. Entre las grandes líneas de actuación de esta iniciativa se encuentra la descarbonización de los procesos de producción, la mejora de la eficiencia energética y de la competitividad del sector manufacturero, la promoción de la seguridad energética de España, el fomento del uso de energías renovables y de la utilización de los subproductos y la valorización de los residuos para integrarlos en otros procesos, además de la creación de empleo de alto valor añadido. En este sentido, el Ejecutivo recordó que la industria manufacturera es responsable del 30% del consumo de gas natural en España (del 59%, si se excluye la generación de electricidad). Para conseguir estos objetivos, el Perte incluye cuatro ejes de medidas que el Gobierno ha calificado de “transformadoras”.

Pedro Sánchez presumió ayer de la buena evolución de la economía, y revisó al alza de manera muy sensible el crecimiento esperado para este año hasta «más allá del 5%». Destacó también que las pensiones, tras la aprobación del Consejo de Ministros, subirán un 8,5% y que las medidas del Ejecutivo han sido cruciales para la moderación de los precios. Pero lo que el presidente del Gobierno obvió es que la economía se ha frenado de manera notable y, muy importante, restó toda la importancia al hecho de que el Ejecutivo sigue sin aprobar la reforma de las pensiones que Bruselas exigía para antes de que acabe el año. Esa medida es un compromiso del Gobierno con la Unión Europea y el desembolso de fondos europeos está directamente ligado con este hito. Sin embargo, Sánchez rechazó que el retraso en la reforma vaya a suponer un problema en la llegada de nuevas ayudas. «Estamos dialogando con los agentes sociales y también con los grupos parlamentarios. (...) Si hubiera algún retraso no hay ningún problema porque hay precedentes en cuanto al cobro de fondos europeos. Por ejemplo, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos tuvo también un retraso de unas semanas y eso no supuso el freno del desembolso», apuntó Sánchez durante el habitual repaso anual a la situación económica. La reforma que exige Bruselas, además, es la complicada, la que tiene que reforzar los recursos con los que cuenta el sistema. En la primera parte se acordó, por ejemplo, derogar el factor de sostenibilidad y ligar las prestaciones al IPC.

El gasto mensual en pensiones encadenó otro récord en diciembre al situarse en los 774 millones de euros en Euskadi. Esta factura, que ya acumula un incremento del 46% en la última década, se disparará en el nuevo año al entrar en vigor la histórica subida del 8,5%, fruto de aplicar la ley que revaloriza las prestaciones conforme a la inflación promedio del ejercicio. Un dato que se ha desbocado con la guerra. Con esta medida, ratificada ayer en el Consejo de Ministros, la nómina alcanzará los 840 millones de euros en el País Vasco, la comunidad con las pensiones más altas y una de las sociedades más envejecidas. Esta factura es el resultado de multiplicar 570.323 pensiones por una prestación media de 1.357 euros, según los datos publicados ayer por la Seguridad Social. Este importe medio ha registrado ya un aumento notable este año de hasta el 5,2%. No obstante, el gran salto se va a producir tras las campanadas, con la subida del 8,5% fijada para 2023 y que disparará la prestación media en Euskadi a los 1.472 euros, lo que supone 115 euros más al mes. En el caso concreto de la pensión de jubilación, que en la comunidad autónoma cobran 377.478 personas, el importe medio, que este diciembre quedó en 1.544 euros, escalará hasta los 1.657.

El Gobierno central y el vasco pactaron ayer las condiciones en las que la Administración vasca podrá acceder a la recaudación de los nuevos tributos que se han aprobado recientemente y que afectan a la banca y a las empresas energéticas. Con ello, las arcas públicas vascas recibirán el próximo año el 6,24% de esos ingresos –el mismo porcentaje que se utiliza para calcular el Cupo al Estado–, lo que supone algo más de 200 millones de euros al año si se cumplen las estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda. El Estado ha calculado un cobro de 3.500 millones de euros anuales para estos gravámenes, cuyos ingresos se mantendrán en 2023 y 2024. Además, el pacto incluye también dejar en manos de las Diputaciones forales la normativa y la aplicación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, que tiene carácter complementario al de Patrimonio. Este es el resumen de la reunión que celebró ayer la Comisión Mixta del Concierto, que se desarolló de forma telemática por la premura de tiempo con que fue convocada y también por las apretadas agendas de los representantes de las administraciones central y vasca. La inclusión del Impuesto de Grandes Fortunas como nuevo tributo de normativa foral obligará a una modificación del Concierto, que será tramitada en las próximas semanas en el Parlamento de Madrid. Será registrada como ley de artículo único, sin posibilidad de introducir enmiendas parciales y permitiendo a los grupos solamente el respaldo, rechazo o abstención de su articulado. Ver nota gobierno vasco e intervención Pedro Azpiazu. 

Aunque los planes de Arcelor Mittal para sus plantas eran volver a activar un ERTE para todo el 2023, ayer pactó con los sindicatos reducir a esta medida solamente a los tres primeros meses del próximo año. Así lo acordó con la mayoría sindical conformada por CC OO, UGT y USO. Las centrales ELA y LAB, en cambio, se mostraron contrarias a recurrir a esta herramienta de reducción de jornada para hacer frente a la caída de la demanda. En cualquier caso, se trata de un acuerdo que afecta a todas las plantas de la compañía angloindia en España, a excepción de la acería de Sestao. La antigua ACB cuenta con un comité de empresa diferente que debe tratar la medida que legalmente se puede aplicar aunque no haya acuerdo con la parte social. En Sestao comenzaron ayer las reuniones entre empresa y sindicatos para analizar los planteamientos de Arcelor Mittal que, según explican fuentes de la compañía, responden a la caída de la demanda en sectores como la construcción y la automoción. La planta de la margen izquierda de la Ría no volvió a retomar la actividad tras el verano y cerrará un 2022 en el que no ha estado en funcionamiento más que cuatro meses.

La industria española del automóvil se está electrificando a un ritmo mucho más rápido del que lo están haciendo las ventas en nuestro país. Muestra de ello es que de las plantas españolas salieron más de 110.000 coches eléctricos entre enero y noviembre de este año, lo que supone un incremento del 60% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. Si bien esto es una buena noticia, ya que la producción de eléctricos asegurará el futuro de las plantas, la implantación del coche eléctrico supondrá un progresivo reajuste de plantilla en el motor, un ajuste que ya comenzará a verse en 2023 en algunas fábricas nacionales. En el caso de Seat, perteneciente al grupo Volkswagen, la compañía acordó este año con los sindicatos un nuevo convenio colectivo para sus plantas de Martorell (ensamblaje de coches), Barcelona (chapa) y El Prat de Llobregat (componentes). En él, tanto sindicatos como empresa pactaron un plan de salidas voluntarias para reducir en 1.330 personas la plantilla hasta 2026. El motivo es preparar a la compañía para la llegada de la plataforma de producción de eléctricos Small BEV, que la automovilística implantará en Martorell para producir dos compactos eléctricos a partir de 2026. A cierre de 2021 (no hay dato disponible de 2022), Seat tenía en España un total de 14.590 trabajadores entre producción y oficinas. La otra planta del grupo alemán en España, la de Landaben (Navarra), aún tiene vigente su convenio colectivo, el cual termina al final de 2023. Fuentes del sector explicaron a este diario que probablemente tras Semana Santa Volkswagen empezará a negociar el nuevo convenio, el cual deberá abordar el tema de la electrificación de la factoría, lo que puede acarrear un reajuste de empleo similar al pactado en Seat.

Nueva vuelta de tuerca en la huelga de trabajadoras del comercio textil en Gipuzkoa. Tras varias jornadas de paro, hoy arranca una nueva tanda más larga, convocada seguidamente hasta el 7 de enero, con lo que afectará en fechas señaladas de compra como Nochevieja o Reyes. Las trabajadoras, que reclaman mejoras salariales y el fin de las jornadas parciales en beneficio de la jornada completa, entre otras demandas, realizarán hoy una manifestación que partirá, a las 11:45, desde el mercado de San Martin, en Donostia.

La luz verde del Gobierno vasco a la nueva Denominación de Origen Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak, efectiva desde el pasado 19 de octubre, aún está pendiente de materializarse en ese nuevo Consejo Regulador que se encargará de aplicar los estatutos y de coordinar a los distintos integrantes de la DO. Un paso que Lakua preveía entonces como «inmediato, cuestión de días» y que la propia solicitante, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), planeaba también para noviembre. Pero se ha dilatado ya más de dos meses hasta relegarse sin fecha concreta para el nuevo año. «Es una cuestión de cuadrar calendario», se explica desde la propia ABRA, la entidad que impulsó ante el Departamento de Desarrollo Económico que dirige Arantxa Tapia la Protección Nacional Transitoria (PNT) concedida y que ampara la comercialización de los caldos de la zona con etiquetado propio exclusivamente en el mercado nacional. Y solo hasta que Bruselas se pronuncie. El procedimiento para alumbrar el Consejo Regulador exige que se celebre una reunión tripartita entre ABRA (peticionario), Gobierno vasco (órgano tramitador) y Diputación Foral de Álava (institución competente). Tanto desde la plaza de la Provincia como desde Lakua confirmaban esta misma semana que todavía no han sido convocados y que tampoco existe «fecha concreta» para que pueda celebrarse ese encuentro.

El atasco de las compañías energéticas para dar respuesta al cambio masivo de los usuarios a la tarifa regulada del gas, mucho más barata, está generando oportunidades de empleo. Así lo demuestra un anuncio difundido por la empresa de recursos humanos Adecco. Busca 40 auxiliares administrativos en Bilbao «para la gestión de incidencias, peticiones y modificaciones de los contratos de los usuarios de una compañía del sector energético». Ofrece prácticas en la firma con un sueldo de 12.250 euros brutos anuales. «Podrás desarrollar tu carrera profesional en una de las principales compañías en España además de formarte en una de las posiciones con mayor futuro», reza el anuncio de Adecco. Para optar al puesto se exige «la titulación de administrativo, haber terminado los estudios después de 2020, buen manejo de las herramientas ofimáticas y soltura en Excel y nivel de inglés B2 o superior». El horario se extiende de lunes a viernes desde las 14.30 hasta las 21.30, con lo que se llega a las 35 horas semanales. También se incluye la posibilidad de realizar días de teletrabajo. La oferta laboral refleja las necesidades urgentes de refuerzos que tienen las compañías energéticas a raíz de los cambios introducidos por el Gobierno en la tarifa del gas. Fue a principios de octubre cuando se aprobó la limitación de la tarifa regulada (TUR) para todo 2023, además de su extensión a las comunidades de vecinos con calderas. Con estas modificaciones, la TUR se convirtió en la opción más atractiva para los usuarios, con mucha diferencia respecto a las ofertas del mercado libre. Para un hogar de consumo medio (9.000 kWh anuales) el coste es en el primer caso de 715 euros y en el segundo ronda los 1.500 o más.

Ibermática ha asumido la Gestión Integral del Servicio a Usuarios y Sedes en la Administración de Justicia. El contrato, que asciende a 17 millones de euros, implica una transformación y evolución del servicio de atención a usuarios, a través de mejoras de procesos y herramientas ya implantadas en la Service Factory de Ibermática, que avalan los beneficios tanto en la operación como en la gestión, ofreciendo un amplio catálogo de herramientas y capacidades de automatización. Bajo esta gestión integral se cubren todas las actividades orientadas a alcanzar un grado de satisfacción del usuario en los mayores valores posibles, en relación a los servicios tecnológicos de la Administración de Justicia. Tal y como explicó la empresa en una nota, el Ministerio de Justicia, en su Plan Justicia 2030, se ha marcado como objetivo consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio. Para alcanzarlo, ha asumido el compromiso de abordar una transformación digital de la Administración de Justicia para optimizar su eficacia como elemento de competitividad socioeconómica, articulando instrumentos de cooperación y coordinación entre instituciones y eliminando solapamientos. Dentro de este plan se incluye el nuevo servicio de gestión integral de atención a usuarios y soporte TI en todas sus sedes, que va a realizar Ibermática. Su principal objetivo, simplificar esta gestión. 

Decenas de operaciones de compraventa de activos y de grupos energéticos, que suman más de 30.000 millones de euros, tendrán que ser aprobados expresamente por el Gobierno para salir adelante. Es un poder inusual, solo equivalente al que el Ejecutivo ejerció a través de la denominada función 14 de la antigua Comisión de Energía hace década y media, cuando estalló la guerra de opas sobre Endesa. El blindaje actual, popularmente conocido como escudo antiopas, se aprobó en plena pandemia, cuando el Ejecutivo decretó una norma con el fin de proteger a las consideradas empresas estratégicas tras el castigo en Bolsa que estaban recibiendo entonces. Originalmente, el decreto estaba pensado para durar unos meses, y se centraba en vigilar las operaciones promovidas por inversores de fuera de la UE sobre compañías estratégicas, sobre todo cotizadas. Luego, el decreto amplió su alcance, incluyendo operaciones promovidas por empresas con domicilio en la UE, y también se amplió en el tiempo, hasta diciembre de este año. El blindaje también protege a grandes grupos como Indra, Telefónica o Prisa. El objetivo es proteger los activos estratégicos españoles en plena guerra de Ucrania y en un momento en el que las empresas españolas cotizan a precios que son teóricamente asequibles para inversores extranjeros si se recuperan los mercados de deuda. El Gobierno, con esta medida disuasoria, quiere tener algo que decir si gigantes galos como Total o Engie intentan hacerse con activos o empresas energéticas de la talla de Repsol o de Naturgy, pero también en el supuesto de que inversores foráneos se lancen a por otras empresas clave para los intereses del país.

Tras solicitar varias lecturas internas de estos nombramientos en la organización podría decirse, a primera vista, que no ha habido grandes sorpresas, que los cambios han sido en buena medida más cosméticos que otra cosa. Si bien, un análisis más detallado deja un claro mapa de premiados y damnificados. Aparentemente, la principal incógnita era qué haría el presidente de CEOE con la vicepresidencia que siempre ha tenido la patronal catalana, después de las múltiples maniobras de su presidente, Josep Sánchez Llibre, para derrocarle a través de terceros. Sin embargo, esta duda era más bien de cara a la galería, ya que en la sede madrileña de la patronal, en la mítica dirección de Diego de León, 50, lo tenían claro: “La patronal catalana debe tener una vicepresidencia y su presidente es Sánchez Llibre, así que ese cargo lo iba a ocupar él, lo han elegido los empresarios catalanes”, indica uno de los directivos patronales. “Habría sido directamente una guerra”, dice otro responsable de la organización. Otra cosa es la letra pequeña de esa vicepresidencia catalana a la que Garamendi ha despojado de funciones ejecutivas y, en concreto, de la más valorada por el exdiputado catalán, que era la de servir de enlace entre la gran patronal y los grupos parlamentarios. Según cuentan fuentes empresariales, hace cuatro años, cuando Garamendi fue elegido por primera vez para dirigir CEOE, fue el propio Sánchez Llibre quien se ofreció para ser la conexión entre los representantes empresariales y el Congreso de los Diputados, donde había desarrollado gran parte de su carrera como diputado de la extinta CiU. “Sin embargo, cuatro años después no se puede decir que CEOE tenga mejores relaciones con los grupos políticos”, aseguran estas fuentes.

El Gobierno vasco se ha propuesto bajar la edad de emancipación en Euskadi de los 30,2 años actuales a los 28 en 2030, para lo que pondrá en marcha, entre otras medidas, un programa de ayudas para que los jóvenes de 25 a 29 años salgan del hogar familiar. Será, en palabras del secretario de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, «un importante respaldo a los procesos de emancipación». Y el esfuerzo económico deberá ser titánico teniendo en cuenta que la mayoría de las personas de esa edad no pueden afrontar el gasto de adquirir una vivienda libre por sí solas ya que deben destinar a pagar las cuotas de la hipoteca o del alquiler más de la mitad de su salario. Esa, la de que las cuentas no salen al irse de casa, es una de las principales conclusiones del informe ‘El coste de la emancipación residencial en Euskadi’, elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud y presentado ayer por Fernández. Este análisis, que detalla la capacidad de compra o alquiler de asalariados con estabilidad laboral, parte de la base de que no es posible acceder a una vivienda si esta supone el 30% del neto de la nómina. «Es la referencia que establecen las entidades financieras para determinar la solvencia de una persona para concederle un préstamo. Y por encima del 40% es sobreendeudamiento», precisó el responsable del reto demográfico. Pues bien, a día de hoy, un asalariado de entre 18 y 34 años debería destinar al pago para la adquisición de un piso el 52,9% de sus ingresos, de 1.394 euros. Eso o ganar un 76,3% más (en el caso de las mujeres un 90,3% más) y así poder asumir los costes de una vivienda en el mercado actual.

Jonan Fernández señaló que la prioridad número uno del Ejecutivo es configurar «un ecosistema de condiciones favorables» para el adelanto de la edad de emancipación de los 30,2 años actuales a los 28 en 2030, de forma que se acerque a la media de la UE, que es de 26,2. Para ello, se prevé aprobar antes de final de marzo la Estrategia Vasca 2030, que incluirá un programa de ayudas para que puedan salir del hogar jóvenes de entre 25 y 29 años que estén «en condiciones de emanciparse pero sin llegar a ello». «Va a ser una ayuda para complementar el salto a la emancipación y, por eso, será compatible con las ayudas al alquiler del programa Gaztelagun, pero no con la RGI, y representará «un importante respaldo a los procesos de autonomía y emancipación de los jóvenes». Fernández afirmó que aún está en estudio la definición concreta de esta ayuda, que debe ser «justa, equilibrada, eficaz y viable desde el punto de vista de la gestión». «Tiene muchos flecos y una cierta complicación, estamos en medio de ese estudio», explicó. Con vistas a 2024, será prioritaria la regulación y puesta en marcha de esta prestación económica. La segunda prioridad del Gobierno Vasco es fortalecer progresivamente la red de recursos propia del sistema de juventud.

Poner fin a la guerra en Ucrania es, a ojos del Kremlin, una solución que tiene en sus manos el Gobierno de Kiev. Así lo manifestó ayer el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al instar al Ejecutivo de Volodímir Zelenski a que acepte su propuesta de paz de «forma amistosa». «De lo contrario, nuestro Ejército se ocupará de la cuestión», dijo en declaraciones recogidas por la agencia TASS. El mensaje del jefe de la diplomacia rusa a Kiev va en la misma dirección del que ya expresó el domingo el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, cuando en una entrevista a la televisión estatal CCTV aseguró estar dispuesto a dialogar para concluir la «operación militar especial», como denomina a la invasión, pero Occidente y Zelenski «se niegan». El mandatario ucraniano, en concreto, rechaza entablar conversaciones con el bando enemigo mientras Putin mantenga sus condiciones, exige mantener la soberanía de las cuatro regiones que Moscú se anexionó el pasado septiembre –Jersón, Donetsk, Zaporiyia y Lugansk– y recuperar la península de Crimea, ocupada por la fuerza en 2014. Lavrov señaló ayer que Kiev «es muy consciente» de la postura del Kremlin para acabar con un conflicto que dura ya diez meses. El planteamiento de Rusia, insistió el ministro de Exteriores, pasa por la «eliminación de las amenazas de seguridad» provenientes del país vecino. De igual manera, exige mantener el control de los «nuevos territorios». Es decir, de las cuatro provincias del este de Ucrania que Moscú considera suyas tras celebrar un referéndum no reconocido internacionalmente en el que, según sostiene, el 97% de los votantes apoyó la anexión.