20260627

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Entrevista para la revista de APD en edición digital con el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga: "La competitividad del futuro dependerá de nuestra capacidad para transformar el conocimiento en valor económico y social. Euskadi tiene los activos necesarios para lograrlo. Lo importante es hacerlo con rapidez, ambición y una visión compartida...En cuanto a los factores que explican las fortalezas de Euskadi, capitaneadas por un sector tan clave como nuestra industria y su tradicional alto peso en nuestro PIB, uno de los más importantes es el Concierto Económico. La capacidad normativa de Euskadi, su plena autonomía en materia fiscal ha sido y es definitiva a la hora de preservar e impulsar nuestro tejido industrial...Y en cuanto a los ‘riesgos’ para nuestra competitividad hay muchos en el horizonte. Pero si apelamos a aquéllos cuya solución está más ‘en nuestras manos’, y que las empresas vascas nos cuentan como prioritarios, destacaría la falta de personas, el absentismo y la conflictividad laboral de la que hacen gala algunos sindicatos...Para que Euskadi mantenga su peso industrial y siga atrayendo inversión productiva de alto valor necesitamos, primero, un entorno institucional amable. Y eso creo que se da. En segundo lugar, una fiscalidad más dedicada a promover la inversión y la actividad empresarial. Como decía antes, debemos utilizar el Concierto Económico de una manera más decidida para atraer inversiones de alto valor y de talento cualificado.  Y, de la misma manera, debemos ser capaces de construir una imagen social más alineada con la aportación real de la empresa vasca al conjunto de nuestra sociedad y de nuestro bienestar colectivo. En muchas ocasiones, la imagen que se difunde de nuestro tejido empresarial y de los logros reales de nuestro estado del bienestar son negativas. Saber ‘vendernos’ en el exterior como el país desarrollado que somos, puntero en Europa en muchos logros sociales – consecuencia en gran medida de la aportación que hacen las empresas-, se antoja como algo imprescindible para atraer talento y proyectos... Ver más en APD aquí. 

...Que Santa Bárbara tenga una participación relevante en el pedido de las 218 unidades de artillería autopropulsada (ATP) no es inocuo para una de las firmas referencia del sector de la defensa en Euskadi. SAPA Placencia, la compañía de los Aperribay, tiene en General Dynamics un socio comercial de referencia. Y es que la empresa de Andoain firmó el año pasado un contrato de 5.000 millones con la compañía estadounidense. Además, SAPA tiene ya una vasta experiencia para integrar sus sistemas de transmisión en la plataforma Némesis, que es la que proporciona Santa Bárbara a los vehículos militares que se emplearían en las ATP. Así, una participación mayor de Santa Bárbara facilita la integración de la tecnología de la compañía guipuzcoana y daría más peso a su papel en el proyecto. SAPA es accionista en Indra con un 8% y tiene un asiento en su consejo de administración desde el que jugó un papel relevante para frenar los planes de Escribano para integrar su empresa familiar en Indra. Una propuesta a la que se oponían los consejeros independientes y la empresa vasca por el conflicto de interés que representaba y que terminó por provocar la salida de Escribano. El expresidente de Indra había intentado comprar sin éxito Santa Barbara para incorporar una plataforma con la que fabricar vehículos militares. Así que para cubrir esa carencia en el concurso de los 218 ATPs de Defensa firmó un acuerdo vinculante con la empresa coreana Hanwha para usar su plataforma K9. Ese compromiso, explican fuentes del sector de defensa, supone ahora un problema porque condiciona el margen de Santa Bárbara si se incorpora a través de la ‘joint venture’. Y es que su plataforma Némesis es la competencia de la K9. Es el punto más peliagudo que hay encima de la mesa porque cancelar el acuerdo con los coreanos tiene una penalización económica. Además, la K9 es también un obstáculo para SAPA porque tiene menos tecnología que la transmisión vasca, lo que requiere una compleja reprogramación.

El Gobierno se dispone a lanzar una nueva andanada de grandes programas militares para mantener el gasto en defensa en el 2% del producto interior bruto, tal y como España se ha comprometido con sus socios de la OTAN. La Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid) ha explicado al sector que, en total, se lanzarán 15 nuevos programas especiales de modernización (PEM) este año, según ha podido saber este periódico de fuentes al tanto de esas reuniones. De ellos, cuatro se destinarán a programas de misiles, tres a las capacidades navales, dos a helicópteros, dos a aeronáutico y otros cuatro a sistemas contradrones, espacio, sistemas de posicionamiento y sincronización y de mando y control. Si bien la Digeid no ofreció cifras concretas de inversión, en el sector estiman que el Gobierno firmará contratos en una horquilla que rondará entre los 11.000 y los 16.000 millones de euros. De hecho, varias fuentes académicas y exmiembros de las Fuerzas Armadas consultados por este periódico se han quejado de la escasa información que está ofreciendo Defensa sobre los nuevos programas militares que está preparando. “Se está manejando todo de una forma muy opaca”, denuncia una de estas fuentes.

A Tubacex se le acaba el tiempo de consultas para el ERTE de ocho meses que ha presentado por una caída en la carga de pedidos derivada, entre otras cosas, del cierre del estrecho de Ormuz. De momento, las dos primeras reuniones con los sindicatos no apuntan a que pueda registrarlo con acuerdo con la parte social. Así las cosas, si los encuentros programados para el lunes y el miércoles de la semana que viene no registran avances, el fabricante de tubos tramitará esta medida sin acuerdo. Y es que los sindicatos de la empresa (ELA, STAT, LAB y CC OO) rechazan la necesidad de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal a la luz de las explicaciones ofrecidas por la dirección. Tras la segunda reunión mantenida ayer, las centrales no están de acuerdo con la medida que consideran desproporcionada para la situación de la empresa. Acusan a la dirección, además, de utilizar este recurso público para proteger la cuenta de resultados y ganar más flexibilidad en la organización de la plantilla. La empresa vio como en el primer trimestre del año sus beneficios de 1,3 millones cayeron un 80% después también de un descenso de la facturación del 15,4% por la parada de actividad en el sector energético. El año pasado la compañía firmó también unas pérdidas de 16 millones.

Ormazabal ha colocado ya la primera piedra de sus nuevas instalaciones industriales en Alemania. La compañía vasca especializada en soluciones tecnológicas para la red eléctrica invertirá 10 millones de euros en habilitar las nuevas instalaciones que servirán de sede para Europa Central y Este. El espacio, con más de 12.000 metros cuadrados y que se finalizará el próximo año, acogerá a 70 empleados y contará con una alta capacidad automatizada y digitalizada para adaptarse a las necesidades de los mercados que quiere abastecer. La construcción servirá para modernizar las capacidades de Ormazabal en el país germano, donde la empresa acumula ya una trayectoria con más de dos décadas de antigüedad y donde cuenta con cerca de un centenar de empleados que ofrecen también labores de postventa, soluciones de ingeniería y otros recursos vinculados a la fabricación local. La inversión se enmarca en un plan de crecimiento y consolidación de la compañía en el mercado europeo, en respuesta a la creciente demanda de soluciones avanzadas para las redes eléctricas. El responsable de Ormazabal en Alemania, Markus Kiefer, ha destacado durante el acto protocolario la relevancia estratégica que supone esta actuación. «La expansión de las redes eléctricas es uno de los principales retos de la transición energética. Con el nuevo centro creamos condiciones aún mejores para ofrecer tecnologías para el mercado alemán y adaptarlas a requisitos individuales».

«Armonizar no es uniformizar». El Gobierno vasco hizo suyo ayer el principal argumento de la Diputación de Bizkaia para defender que la ‘revolución fiscal’ con la que pretende atraer talento encaja plenamente en las reglas tributarias comunes de Euskadi. El consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, insistió en que cada territorio «tiene sus propias singularidades» y que la coordinación fiscal no exige que aprueben las mismas medidas. Este mensaje del Gobierno vasco supone un espaldarazo a un proyecto aplaudido por empresas y patronal que plantea deducciones de hasta el 60% para las empresas que se instalen en el territorio o incentivos por contratar un seguro médico privado. Un texto que, sin embargo, no solo ha generado el rechazo de los sindicatos y de la oposición de izquierdas, sino que también ha abierto una brecha con el PSE-EE, socio minoritario tanto en el Ejecutivo liderado por Elixabete Etxanobe como en el de Imanol Pradales. Fue el propio vicelehendakari y secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres, quien, un día después de que Etxanobe presentara el anteproyecto de norma foral, marcó distancias con la propuesta. Por un lado, avanzó que los socialistas presentarán enmiendas para modificar las medidas anunciadas. Por otro, fijó como línea roja que los tres territorios históricos mantengan un marco fiscal armonizado, al considerar que no pueden competir entre sí mediante incentivos.

Un total de 29.296 vascos tienen un contrato fijo discontinuo, una modalidad que impulsó la última reforma laboral aprobada en 2022 y que entró en vigor en marzo de 2023 con el objetivo de reducir la elevada temporalidad del mercado de trabajo. Más de tres años después, la cifra de trabajadores del País Vasco que tienen este tipo de contratación está prácticamente en máximos tras subir más de un 1.000% en el último lustro, según los últimos datos recogidos en un informe de Lanbide a cierre de mayo. Sin embargo, el informe también revela un sutil cambio de tendencia si se amplía el foco al balance interanual: la cifra actual se sitúa un 3,21% por debajo de la registrada el año anterior, lo que se traduce en 972 afiliados menos que en mayo de pasado año. Este ligero descenso anual sugiere que, tras el fortísimo bum inicial y la reconfiguración masiva de contratos provocada por el cambio legislativo de 2022, este modelo contractual ha entrado en una fase de madurez y estabilización en el mercado laboral autonómico, aunque siempre con cifras mucho más elevadas que las que existían antes de la reforma laboral capitaneada por Yolanda Díaz, una de las actuales vicepresidentas. El contrato fijo discontinuo se impulsó como una modalidad de contrato indefinido para trabajos intermitentes pero predecibles, donde se presta servicio durante periodos específicos de cada año y el vínculo laboral se mantiene en los periodos de inactividad. Fue concebida sobre todo para sectores como la agricultura, turismo y hostelería, y garantiza derechos como antigüedad y cotización a la Seguridad Social, a la vez que ofrece estabilidad y permite a la empresa cubrir picos de actividad recurrentes. Los trabajadores con esta modalidad de contratación figuran dados de alta en el sistema cuando están trabajando y se les da de baja cuando están inactivos. En ese periodo no se abonan cotizaciones. Eso sí, se considera que el trabajador es parte de la plantilla fija y la empresa está obligada a contar con los empleados que formen parte de su bolsa de fijos discontinuos cuando aparezca nuevamente la necesidad que dio lugar al contrato.

Grupo Eroski ha alcanzado un acuerdo para la venta de su negocio de estaciones de servicio a Petroprix, la compañía española líder en gasolineras ‘low cost’ con presencia internacional. La operación supone el paso definitivo de la cooperativa para desprenderse de sus 40 puntos de repostaje, que pasarán a integrarse en la red de la firma andaluza, reforzando así la estrategia del grupo vasco de centrarse en su negocio de distribución alimentaria. Las cuarenta estaciones de servicio, por lo tanto, no desaparecerán, sino que se incorporarán a la red del nuevo operador, previsiblemente antes de que finalice el año. Eroski, que no ha desvelado el importe de la transacción –en la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apunta a que el precio final está supeditado «a los ajustes que se acuerden en el momento del cierre»–, garantiza «la continuidad operativa» de los surtidores hasta que el traspaso se materialice. A partir de entonces, sin embargo, es previsible que los clientes empiecen a notar cambios. La cuestión es que Petroprix implantará progresivamente su modelo de negocio basado en estaciones de autoservicio. Es decir, serán los propios clientes quienes realicen el repostaje y el pago mediante terminales automáticos. Se trata de un sistema que permite reducir los costes de explotación al prescindir del personal y, por tanto, ofrecer los carburantes a precios más competitivos. El acuerdo alcanzado con Petroprix, en todo caso, garantiza la continuidad de la plantilla de Gasolineras Eroski, cuyo número ninguna de las dos compañías quiso desvelar ayer. Lo que sí está claro es que los socios trabajadores de la cooperativa –cerca de tres cuartas partes de la plantilla, según fuentes cercanas a la operación– serán recolocados en otros establecimientos del grupo, principalmente supermercados. El resto de empleados, sujetos a subrogación, pasarán a formar parte de Petroprix «en los términos establecidos por la normativa laboral aplicable».

El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha tomado una decisión drástica para proteger su futuro en medio de la tempestad a la que se enfrenta la automoción en Europa. El mayor fabricante europeo de vehículos ejecutará un recorte histórico de plantilla de unas 100.000 personas. El grupo lleva un par de años lidiando con una complicada situación económica, afectado por un mercado automovilístico europeo que no acaba de recuperar los niveles de antes de la pandemia, así como por la incertidumbre regulatoria, por las fuertes inversiones dedicadas al coche eléctrico que no se están amortizando y también por la agresiva ofensiva de las marcas chinas, que han disparado la competencia en Europa. Esta tormenta perfecta ha derivado en una sobrecapacidad instalada de producción de vehículos en Europa, ya que en Europa se producen ahora unos tres millones de vehículos menos que en años anteriores, lo que supone la producción entera de unas nueve plantas medianas. En este entorno, el grupo Volkswagen es la compañía que se está viendo más afectada por la sobrecapacidad productiva, lo que le ha llevado en los últimos años a lanzarse a un agresivo plan de recorte de costes y de plantilla. De hecho, la multinacional que dirige Oliver Blume había pactado con los sindicatos en Alemania una rebaja de su plantilla de unos 50.000 trabajadores, a través de medidas no traumáticas como bajas voluntarias y prejubilaciones, sin llevar a cabo despidos, y la previsión de reducir su capacidad productiva en unas 500.000 unidades al año.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que engloba a numerosas patronales industriales, ha pedido que el nuevo paquete de medidas para mitigar el impacto del actual contexto geopolítico, que aprobará el Gobierno el próximo lunes, incluya actuaciones estructurales para reducir el coste eléctrico industrial entre un 10% y un 30%. La alianza la integran patronales como Aice (combustible), Anfac (automoción), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia). La alianza destaca que la aplicación coordinada de estas medidas acercaría a España “a los niveles de sus principales competidores europeos, lo que mejoraría la posición relativa de la industria española y facilitaría la toma de decisiones de inversión a largo plazo”. En concreto, la gran industria ve prioritario dar estabilidad a las medidas de reducción de costes eléctricos ya existentes, “evitando su carácter temporal”, abogando así por la supresión total del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) o la ampliación de la bonificación del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), extendiendo la bonificación del 85% a toda la industria manufacturera. Asimismo, pide la integración de los costes de restricciones técnicas en los peajes de acceso, con el fin de evitar que se trasladen directamente al precio de la energía, alineando el sistema español con el de otros países europeos; y consolidar de forma permanente la reducción del 80% en los peajes de acceso para la industria con alto consumo eléctrico, evitando prórrogas anuales que generan incertidumbre.

Entrevista con Santiago Calvo. El doctor en Economía firma con Daniel Fernández ‘El elefante en la habitación’, un ensayo sobre la sostenibilidad de las pensiones en España. Defiende una reforma inspirada en el modelo sueco, critica el cortoplacismo político y advierte de que el envejecimiento y la jubilación de los ‘boomers’ obligarán a tomar decisiones difíciles en los próximos años. "...Un sistema de reparto, como el actual, funciona mientras exista un cierto equilibrio entre lo que entra, las cotizaciones, y lo que sale, las pensiones. El problema es que ese equilibrio ya no existe. Sale mucho más dinero del que entra. Antes teníamos alrededor de tres trabajadores y medio por cada pensionista; hoy apenas tenemos dos. Además, las nuevas pensiones son más elevadas porque corresponden a carreras laborales más largas y con más derechos acumulados. Si quieres mantener pensiones cada vez más generosas, necesitas aumentar las cotizaciones o recurrir a otras fuentes de financiación. Y aun así no es suficiente. El desequilibrio contributivo ronda los 60.000 millones de euros al año. - ¿De qué debería preocuparse un trabajador de 30 o 40 años?- De que probablemente no recibirá una pensión tan generosa como la de sus padres. Nos enfrentamos a la jubilación de la generación más numerosa de nuestra historia, la del baby boom. Para mantener el sistema actual España tendría que crecer durante décadas a ritmos superiores al 3%, cuando las previsiones apuntan a crecimientos cercanos al 1%. Las cuentas no cuadran. Lo más probable es que las futuras pensiones sean menos generosas en relación con los salarios y que, además, los trabajadores tengan que soportar una carga fiscal cada vez mayor para financiarlas..."

La presión de las pensiones sobre los salarios entendida como el porcentaje de equivalencia entre ambas y, por ende, la capacidad de los segundos de soportar el peso creciente de la factura de las prestaciones de jubilación ha crecido de forma sustancial en los últimos años. Mientras que las cuantías de las pensiones de jubilación crecen todos los años en función del IPC, las retribuciones de los trabajadores lo han hecho de forma más moderada y heterogénea –sin estar en muchas ocasiones garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo–. Además, las nuevas prestaciones que se dan de alta en el sistema son cada vez más altas (de media un 14% más elevadas que las que se dan de baja), ya que los nuevos pensionistas acceden con bases reguladoras mayores y carreras de cotización más largas que en la mayoría de ocasiones dan derecho al 100% de la prestación. La suma de estos factores da como resultado que en este momento, las nuevas pensiones de jubilación procedentes del régimen general –las mayoritarias en el sistema de Seguridad Social– equivalen ya al 85% del sueldo medio. Una medida que da cuenta del peso creciente, y que probablemente se incrementará en los próximo años a medida que las jubilaciones de la generación del baby boom consoliden esta tendencia, que soportan los salarios actuales para poder financiar con cotizaciones –y cada vez en mayor medida con impuestos– las pensiones, tal y como establece el sistema de reparto.

Entre la sorpresa, la perplejidad, la calma, la incomprensión y la espera. Así podría definirse el estado de ánimo entre los grandes bancos nacionales después de constatar que el negocio hipotecario que desarrollan, uno de los pilares de su estrategia comercial por lo que supone para captar y fidelizar clientes, está en el objetivo de los supervisores españoles coincidiendo con la mayor crisis de acceso a la vivienda que se ha dado nunca en el país. La guerra de hipotecas que han librado durante los últimos años activó las alarmas en los cuarteles generales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Banco de España. Aunque por motivos muy diferentes y desde perspectivas totalmente distintas: una por posible concertación comercial y el otro por si esa competición les ha llevado a relajar en exceso los criterios prudenciales para la concesión de financiación. En las entidades se analiza la situación con cautela. Consideran que ni una cosa ni la otra concluirá en actuaciones que puedan perjudicar al sector porque aseguran que en estos años su comportamiento se ha ajustado a la normativa, sus estrategias no han descuidado la valoración del riesgo y el problema del mercado residencial no tiene que ver con la falta de financiación bancaria, sino con la escasez de oferta de vivienda y sus precios.

La presión fiscal que soporta el mercado residencial se confirma como uno de los mayores frenos a la generación de oferta y como una barrera para la compra y el alquiler de las familias. Especialmente, aquellas con menores ingresos, que ya gastan cuatro de cada diez euros de sus presupuestos en el techo y sus gastos asociados. Tanto es así, que una vivienda en España llega a soportar más de un 62% de su precio de compra en impuestos durante todo su ciclo económico. Es decir, en las fases de promoción o adquisición, donde intervienen impuestos como el IVA, el ITP, el AJD y el IRPF; de tenencia, donde se pagan tributos como el Impuesto de Patrimonio, el IRPF y el IBI; y de su posterior transmisión, que también tiene impacto en el IRPF, además de la plusvalía. Así lo calcula el economista Jaume Menéndez, autor del libro Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España, que presentó ayer en el marco de una jornada sobre fiscalidad inmobiliaria organizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la Confederación de las Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas; y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. La elevada fiscalidad en torno a la vivienda a lo largo del tiempo no sólo perjudica a los compradores, elevando su precio en un contexto donde el acceso al techo se ha convertido en una quimera para las familias, sino que también tiene un claro efecto negativo tanto en la inversión como en la generación de nueva oferta. “El problema”, resume el presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Joan Ràfols, “es que la política fiscal actual actúa como un castigo que frena la creación de un parque residencial asequible”.

El líder de la distribución en España por cuota de mercado, Mercadona, ha elevado su apuesta por el canal online en los últimos años. Hace unos días, la cadena valenciana inauguró el que es su séptimo almacén dedicado en exclusiva a este canal, ubicado en Vallecas (Madrid), en el que ha invertido 54 millones de euros y que es el primero semiautomatizado. Según los datos publicados en su memoria del ejercicio 2025, a cierre del año Mercadona superó por primera vez los 1.000 millones de euros en ventas en este canal, lo que representa un 2,5% de la facturación total del grupo y un incremento del 26% respecto al año anterior. “Los datos de venta constatan el retorno de la apuesta que la compañía viene realizando desde 2016 por la digitalización”, anotan desde la cadena de que dirige Juan Roig. Otro de los casos más destacados es el de Dia. La compañía, que ha dado ya por concluida su profunda transformación, ha incrementado de forma notable su negocio online. Si en 2020 la cobertura online se situaba en el 50% de la población peninsular, alcanza hoy al 84%, según los datos compartidos por la empresa, que detalla que el 90% de los pedidos se entrega en el mismo día. Entre 2020 y 2025, Dia ha duplicado su facturación a través de la venta online. 

«Piensa en que la de Barrabés es la buena y los otros han de bajar, sí o sí.. es muy injusto...». Hasta los propios evaluadores llegaron a avergonzarse del nivel al que estaba llegando el amaño efectuado entre febrero y marzo de 2021 para beneficiar al empresario para el que la esposa de Pedro Sánchez cumplimentó dos cartas de recomendación. «¿¿¿No se puede alegar objeción de conciencia???». «Vaya manipulación». La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha incorporado a la última pieza reabierta del ‘caso Begoña Gómez’ (los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, que recibió el aval de la mujer del presidente del Gobierno) varios correos internos de funcionarios y altos cargos de la Administración central que certifican con poco margen de duda las sospechas de apaño en dos adjudicaciones públicas en favor de la UTE en la que participaba el emprendedor oscense. Barrabés era amigo del matrimonio Sánchez-Gómez y fue recomendado, con sendas «manifestaciones de interés», por la esposa del jefe del Ejecutivo. Los ‘mails’ intervenidos recogen el intercambio intenso de comunicaciones entre 13 directivos y, sobre todo, empleados de Red.es, la entidad pública dependiente entonces del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para manipular las puntuaciones. Los contratos, financiados con fondos públicos y europeos para programas de formación en economía digital, superaban en conjunto los 10 millones de euros. Las conclusiones de los investigadores son claras: los evaluadores hablan de rebajar la puntuación de los competidores de las UTE en las que participaba Innova Next, sociedad del Grupo Barrabés. La inferencia policial es rotunda. «Pese a una distribución inicial del trabajo», dice la UCO, «se comprueba que desde una fase temprana el sistema de evaluación no es independiente».

La Comisión Europea celebró ayer la firma en Luxemburgo del primer acuerdo tripartito de almacenamiento de energía a escala de la UE, el “eslabón perdido” en los esfuerzos por expandir energías limpias y asequibles y en el que participa España junto a otros 21 Estados miembros. El pacto, que se extenderá hasta 2028, busca la implantación de sistemas de almacenamiento a corto plazo como baterías. El objetivo es garantizar que el sistema eléctrico sea “más seguro y flexible”. Concretamente, los países signatarios se han comprometido a cumplir con unos ambiciosos objetivos en materia de almacenamiento de energía para los próximos dos años. En conjunto, suponen una capacidad de almacenamiento de entre 30 y 35 gigavatios (GW), alrededor del 15% de la meta fijada para finales de la actual década, señaló la Comisión en un comunicado. “El almacenamiento de energía es el eslabón perdido en la transición hacia las energías limpias”, destacó el comisario de Energía, Dan Jorgensen, al valorar un acuerdo que implementa “un modelo innovador que aúna a la industria y al sector público”. También puede tener un papel clave en la bajada y estabilización de los precios, acota el Ejecutivo comunitario.

Nuevo vuelco en la guerra arancelaria global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en abril del año pasado. El mandatario aseguró ayer que impondrá un arancel del 100% sobre los bienes de todos los países europeos que apliquen un impuesto a la actividad de las empresas tecnológicas estadounidenses en la región, entre los que se encontraría España. “Dejamos claro que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a los Estados Unidos de América”, publicó el líder republicano en una red social. El inquilino de la Casa Blanca añadió que este nuevo gravamen “anulará los acuerdos comerciales firmados con dicho país, independientemente de si se han implementado, firmado o no”. La respuesta de Trump en forma de amenaza se produce a pocos días de que expire el plazo fijado por el propio presidente de EEUU, el próximo 4 de julio, para comenzar a aplicar el acuerdo arancelario que limita al 15% los gravámenes sobre la mayoría de las exportaciones europeas, y podría suponer un freno a los progresos en las relaciones comerciales entre Bruselas y Washington desde el año pasado. Además, el mensaje del presidente estadounidense tiene lugar apenas un día después de conocer que el Parlamento Europeo está presionando al resto de instituciones comunitarias para aprobar un tasazo digital de hasta 43.000 millones de euros. Esta figura impositiva, no obstante, se implementaría como un impuesto europeo, es decir, en los veintisiete Estados miembros, de tal forma que se evitaría una fragmentación fiscal en la región.

Estados Unidos atacó anoche objetivos iraníes de depósitos de misiles y drones, así como radares costeros como respuesta a la denuncia que hizo horas antes el presidente del país, Donald Trump, que acusó a las autoridades de Irán de lanzar un ataque con drones contra buques en aguas del estrecho de Ormuz, algo que ha calificado de «violación estúpida» del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada. «La República Islámica de Irán ha disparado al menos cuatro drones en un ataque unidireccional contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz. Uno ha impactado de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso barco de carga. Si bien se produjeron daños, la nave pudo continuar su viaje», escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social. Y añadió: «Derribamos otros tres drones. Obviamente, esto constituye una violación imprudente de nuestro acuerdo de alto el fuego». El mandatario norteamericano se refería a un incidente con un barco que se produjo a solo 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) de la costa de Omán.