20260221

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La sentencia no afecta, sin embargo, a los aranceles del 50% impuestos al acero y el aluminio ni al 15% con el que se castiga a la automoción, ya que estos gravámenes no se impusieron bajo el amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional (IEEPA). En todo caso, la Administración Trump recibió este viernes un varapalo judicial de enormes proporciones sobre la piedra angular de su política económica. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la aplicación de los mal llamados «aranceles recíprocos», impuestos por el líder republicano el pasado abril. El tribunal, que en otras ocasiones ha avalado las posiciones de la Casa Blanca en asuntos tan delicados como su política migratoria, considera ahora que el líder republicano no tiene poder para imponer barreras aduaneras genéricas de forma independiente, ya que necesita el aval del Congreso. Las tasas que la máxima autoridad judicial estadounidense suspendió son las que afectan de manera generalizada a casi todos los envíos procedentes de terceros países. En el caso de la Unión Europea, la mayoría de sus productos estaban sujetos a un gravamen del 15%, resultado de un acuerdo alcanzado entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el propio Trump. Los planes de la Casa Blanca no contemplan, sin embargo, devolver ni un dólar ni, mucho menos, levantar el pie del acelerador en una guerra comercial que el presidente considera una bendición para el país, pese a que las últimas estadísticas reflejan que el déficit de bienes se ha disparado hasta máximos. Ante la caída de los aranceles diferenciados por país, el líder republicano invocó ayer la Sección 122 de la Ley de Comercio para imponer gravámenes temporales del 10% al conjunto de socios comerciales. Este instrumento permite adoptar medidas cuando existan déficits «grandes y serios», desequilibrios en la balanza de pagos o riesgo de depreciación del dólar, aunque su vigencia está limitada a un máximo de 150 días.

Tras el varapalo judicial recibido el viernes por la Administración Trump, la Unión Europea (UE) afirmó que está examinando «atentamente» el dictamen emitido por la Corte Suprema estadounidense. Así lo manifestó Olof Gill, portavoz del bloque comunitario, quien añadió que ahora Estados Unidos debe ser «claro sobre las medidas que prevé adoptar en respuesta a esta decisión». Además de ello, señaló que «las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones comerciales», y que por ello siguen «abogando por aranceles bajos y trabajando para que se reduzcan». El eurodiputado socialdemócrata alemán Bernd Lange anunció que el lunes habrá una reunión «extraordinaria» del equipo negociador y del servicio jurídico del Parlamento Europeo, «para debatir los pasos a seguir y las implicaciones sobre el calendario previsto». Asimismo, añadió que «como gran parte de los aranceles recíprocos se basan en un marco jurídico aún cuestionado, ni Washington ni la UE pueden simplemente reanudar sus actividades como si nada hubiera pasado». El fallo también suscita interrogantes en Londres. Un portavoz del Gobierno de Reino Unido subrayó que trabajarán con Washington «para entender cómo esta decisión nos afectará». Añadió que en estos momentos el Reino Unido «se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y, sea cual sea el escenario, esperamos que nuestra posición comercial privilegiada con EE UU se mantenga». Por su parte, la Cámara de Comercio Internacional (ICC) alertó de que la sentencia «introduce nueva incertidumbre» en las relaciones comerciales, ya que Washington ha anunciado su intención de reimponer medidas arancelarias a través de vías legales alternativas. Además, añaden que si bien muchas empresas verían con buenos ojos la posibilidad de reembolsos, «no deben esperar un proceso sencillo».

La economía estadounidense resiste los vaivenes políticos de su presidente, Donald Trump. El producto interior bruto (PIB) creció un 2,2% durante el año pasado pese a la errática política arancelaria del inquilino del Despacho Oval. Son seis décimas menos que en 2024, el último año Joe Biden en la Casa Blanca (2,8%), según los datos divulgados ayer por la Oficina de Análisis Estadístico. El desempeño de la primera economía mundial en 2025 hubiera sido mejor sin el frenazo sufrido durante el cuarto trimestre del año, cuando apenas creció un 0,4% afectado por el cierre del Gobierno federal y un parón en el sector exterior. La tasa de crecimiento de EE UU está muy por debajo de lo esperado por los analistas. La actividad se ralentizó durante el último trimestre del año. Ese avance del 0,4% queda lejos del meteórico 1,1% del tercer trimestre. En tasa anualizada, el PIB avanzó un 1,4% entre octubre y diciemciones bre, un rendimiento más pobre que el trimestre anterior, cuando sumó un 4,4% anualizado. “El aumento del PIB real en el cuarto trimestre se debió al aumento del gasto en consumo y a la inversión. Estas fluctuaciones se compensaron parcialmente con disminuciones del gasto público y las exportaciones. Las importaciones, que se consideran una sustracción en el cálculo del PIB, disminuyeron”, señala la Oficina Estadística. 

La tormenta política desatada por el regreso de Ayesa Digital a Euskadi y por la ubicación definitiva de su sede ha quedado zanjada. El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado este viernes en el Parlamento que el Ejecutivo vasco, junto al resto del consorcio que participó en la operación de arraigo de la antigua Ibermática, ha acordado devolver la sede social a San Sebastián. El lehendakari ha reivindicado el arraigo guipuzcoano de la antigua Ibermática para sustentar su decisión: «Su nacimiento se produjo en San Sebastián y, como Gobierno, creemos que debe permanecer allí». Una apuesta que, no obstante, no está exenta de riesgos, dada la ausencia de la Fundación Kutxa en la operación, en la que sí participan BBK y Vital. Una participación de la antigua caja de ahorros que el propio PNV guipuzcoano vetó en el patronato de la entidad, argumentando dudas técnicas sobre la viabilidad del proyecto. Una posición que fue rebatida por el Ejecutivo autonómico al señalar como «una pena» que no participaran en esta «oferta atractiva». El lehendakari ha defendido que la prioridad era garantizar el arraigo en Euskadi y ha evitado «caer en el provincianismo o en el enfrentamiento entre territorios», en un intento de desactivar la pugna interna abierta en las últimas semanas, pero en la que también han participado miembros de su propio partido.

Aitor Esteban, presidente del PNV, ha trasladado en la televisión pública que la decisión adoptada en el ámbito del partido pasaba ahora a ejecutarse institucionalmente: «Está bien en San Sebastián y no hay necesidad de cambiar nada de eso. Creo que el lehendakari lo va a comunicar en unos minutos».El presidente del EBB, Aitor Esteban, lleva defendiendo desde que la compra se cerró el pasado 31 de diciembre –cuando expiraba la opción preferente de compra– la necesidad de actuar con «generosidad» entre territorios, pese a que la Fundación Kutxa no haya participado en la operación, precisamente por la negativa de los patronos de su propio partido. Una vez conocido que la sede recalara en San Sebastián, Esteban ha abierto la puerta a una eventual incorporación de la antigua caja al consorcio, al recordar que «hasta que se cierra una operación, siempre hay opciones», si bien ha subrayado que «cada entidad es libre de adoptar su propia decisión». La decisión ha sido recibida con especial satisfacción en las instituciones guipuzcoanas, que durante semanas han tratado de desligar la no participación de la Fundación Kutxa de la posibilidad de que la sede terminara en Bizkaia. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que llegó a asegurar que no contemplaba otra alternativa, ha expresado su «satisfacción» , recordando de nuevo que «no tenía ningún sentido pensar en algo diferente». 

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha recordado que establecer por ley un salario mínimo interprofesional (SMI) es "competencia exclusiva del Estado" y ha advertido que "generar expectativas" sobre una normativa propia en Euskadi, "que no se ajusta al marco competencial real", es "no ayudar a los jóvenes". La consejera ha apostado por el diálogo social y ha defendido que "los salarios se consolidan con mayor solidez cuando nacen del acuerdo y entre quienes crean empleo y quienes lo solicitan". En ese sentido, ha apuntado destacado que "en 2024 la tasa de ocupación joven entre los 16 y 29 años fue del 45,8%", mientras que "el 24,4% de los menores trabajaba y la mayoría estaba estudiando" y en el caso de los jóvenes de 25 a 29 años "la ocupación sube al 75,4%". Melgosa ha llamado a trabajar por "la calidad, estabilidad y duración del empleo" y ha destacado que Euskadi "dispone de una herramienta eficaz y plenamente ajustada a nuestro marco, la negociación colectiva, donde se fijan los salarios mínimos de convenio, que en muchos casos están por encima del SMI estatal, y se adaptan a nuestra realidad". "Es un camino útil y con seguridad jurídica", ha subrayado. Melgosa, que ha advertido que "devaluar la negociación colectiva vasca no trae nada bueno y además divide a la clase trabajadora", ha pedido no quitar importancia a este marco de negociación "ni a los trabajadores vascos que negocian todos los días por tener un salario digno". "Estamos de acuerdo con el SMI, sí, pero también con la negociación colectiva vasca", ha concluido.

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, insistió ayer en el Parlamento en que la «situación de Tubos Reunidos es muy complicada» y remarcó la urgencia de «reestructurar la deuda». El problema es que, en los más de 260 millones que debe el fabricante de tubos, destacan los 130 de la Sepi derivados del rescate de 2021. Un dinero sobre el que no es posible establecer quitas ni más flexibilizaciones de plazos, ya que son medidas que incurrirían en ayudas de Estado. Aun así, Jauregi anunció que busca una salida con el Gobierno central, con el que ha mantenido contactos a través de «varios ministerios». El responsable de Industria apostó por dar con una «solución singular». Recordó que «ya tenemos experiencia en buscar fórmulas novedosas para sacar proyectos de país adelante», en referencia a las gestiones del Ejecutivo vasco, también con la Sepi, para reestructurar la deuda de Talgo. Las líneas rojas las fijó el propio el lehendakari, Imanol Pradales, en otra intervención en la Cámara vasca. Aseguró que su Ejecutivo participará en cualquier operación siempre y cuando «sea un plan viable, sólido y con un proyecto industrial de futuro». Jauregi, por su parte, insistió en la urgencia que requiere la viabilidad de la empresa para dar con soluciones en la reducción de costes y refinanciación.

Un clamor por el futuro de Aiaraldea. El ERE en Tubos Reunidos y la sentencia a favor de los trabajadores de Maderas de Llodio han vuelto a prender la mecha en el valle. Ayer más de un millar de personas pusieron voz a ese malestar creciente en la comarca con una enorme marcha por las calles de Amurrio. Una multitud de vecinos de los cinco municipios de la cuadrilla se manifestó para pedir más implicación a las instituciones y frenar el reguero de despidos y cierres que lleva años desangrando la comarca. El lema de la marcha, convocada por la plataforma SOS Aiaraldea y los comités de Tubos Reunidos y Maderas de Llodio, ya era elocuente por sí mismo: ‘No permitiremos que nos roben el futuro’. «Contra la muerte de la comarca», añadía el comité a través de las redes sociales. La decadencia de la industria del valle tiene nombres propios: Talleres Abasolo, Valvospain, Vicalde, Guardian, Glavista… A esa concatenación de industrias en problemas se suman ahora la tubera de Amurrio, la maderera de Llodio y Construcciones Metálicas Ayala, sobre la que ELA también ha advertido de su compleja situación. 25 trabajadores están en ERTE por falta de pedidos. La marcha estaba convocada oficialmente a las 19.00 horas, pero el comité de Tubos Reunidos había citado a la plantilla un cuarto de hora antes en Kider. Desde allí, la plantilla de la tubera puso rumbo a la rotonda de San José, punto de partida oficial de la movilización, donde se unieron con los trabajadores de Maderas de Llodio.

El año del centenario de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja no fue bueno para las ventas de vino de sus bodegas. Todo lo contrario. La comercialización cayó un 4,5% en comparación con 2024, cuando se quiso ver un halo de luz al final del túnel con una tímida subida del 0,63%, y la cifra final de 229,45 millones de litros no solo empeora el suelo del pandémico año 2020 sino que es el dato más bajo desde 2001, cuando se vendieron 220,42 millones. El Consejo Regulador destaca que la DOCa «resiste» y mantiene «la posición de liderazgo y cuota en los mercados doméstico e internacional, en un entorno de inestabilidad y contracción». Pero lo cierto es que Rioja ha vuelto a caer, a diferencia de lo que ha sucedido con Ribera del Duero y Rueda, y que en un mes habitualmente positivo como es diciembre, con la campaña de Navidad, se registró un bajada del 10%. La caída en el consumo de vino, los aranceles en Estados Unidos y el impacto de esta política económica proteccionista en el escenario mundial han jugado en contra de Rioja, que vendió 15,6 millones de botellas menos que el año anterior –312,8 millones en total–, un descenso en este caso del 4,75%. De acuerdo con los datos de la consultora Nielsen presentados ayer en el pleno del Consejo Regulador, la Denominación «sigue acaparando la mayor cuota de mercado a nivel nacional –del 26,23%–» y «mantiene su ventaja competitiva, liderando el conjunto de las exportaciones de vino español con Denominación de Origen y acaparando el 39,1% de la cuota, récord histórico para Rioja».

La Diputación de Bizkaia ha comprado las instalaciones de postventa que el grupo Mercedes Aguinaga tenía en el polígono industrial de Boroa, en Amorebieta. Lo ha hecho a través de la sociedad foral Azpiegiturak con el objetivo de ceder la parcela a la fundación Automotive Intelligence Center (AIC), un organismo público-privado que aspira a ser un referente mundial en la investigación y el desarrollo del sector de la automoción, uno de los principales pilares de la economía del País Vasco. En principio, el objetivo de esta adquisición es ampliar las instalaciones que AIC tiene en Boroa. Fuentes oficiales de la Diputación de Bizkaia consultadas por este diario se limitaron a confirmar que Azpiegiturak –la sociedad pública que, entre otras cosas, se dedica a proyectar, construir, gestionar y conservar infraestructuras empresariales– ha «formalizado recientemente la adquisición de la parcela». En este sentido, subrayaron que AIC es un «proyecto estratégico» para la institución foral y destacaron que, en la actualidad, acoge a 33 organizaciones de 14 países que emplean a «más de 1.000 profesionales» en proyectos de investigación y desarrollo que «responden a los grandes retos de la movilidad». Además, apuntaron que en la actualidad se están «analizando posibles proyectos de uso en coherencia con la estrategia» industrial del territorio. Lo que no aclararon es el importe de la adquisición. Lo único que explicaron es que está «lejos» de los 20 millones de euros que se rumoreaba en determinados ámbitos empresariales. «Es inferior», insistieron, antes de apuntar que la compra se ha guiado por una «tasación» que ha fijado el valor del inmueble.

Elixabete Etxanobe ha entrado de lleno en la recta final de su mandato. Con la perspectiva que le otorgan los casi tres años que lleva al frente de la Diputación, la máxima responsable foral consideró ayer la necesidad de «ofrecer oportunidades a los jóvenes» como el primer y «gran objetivo» al que se enfrenta Bizkaia. «Hay que conseguir que, si quieren, puedan desarrollar su vida aquí, y para ello estamos tomando decisiones poco vistosas pero muy determinantes y dedicando recursos. Por ahí pasa el arraigo real». La diputada general reivindicó las «bases sólidas» que tiene el territorio para su desarrollo. Habló de la fortaleza institucional, la independencia económica que otorga el Concierto, el capital humano y el sistema de bienestar que mantienen el Gobierno foral y el resto de instituciones vascas. Y pese a la transformación que afronta el territorio, con el sector turístico en máximos y apuestas novedosas como la del cine, Etxanobe reivindicó la fortaleza industrial como eje del progreso. «Hay que ser conscientes y recuperar tiempos pasados», dijo en alusión a las épocas de esplendor que se busca reeditar en sectores como la automoción y la energía, fundamentales para la economía vizcaína y su crecimiento. Además de retener y atraer talento joven que insufle nuevos aires y garantice el relevo generacional, la máxima responsable foral alertó sobre otras «vulnerabilidades» que tiene Bizkaia sobre la mesa y requiere a las instituciones políticas de choque. El progresivo envejecimiento de la población, la concentración de talento y capital económico en entornos urbanos –con el efecto que eso tiene en la despoblación de algunas comarcas– y el desarrollo de la tecnología «antes que la regulación».

El mercado inmobiliario de Euskadi llegó en 2025 hasta cifras nunca antes vistas, superando incluso los registros del pico de la burbuja de 2007. Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en este último año se efectuaron 26.636 operaciones de compraventas sobre viviendas en el territorio, es decir, un 14,7% más que en 2024. Todo ello tras un diciembre en el que las transmisiones aumentaron un 16,5% interanual hasta llegar a las 2.097. Bajando al detalle, las viviendas de segunda mano actuaron como el principal motor del mercado durante el año, concentrando el 79% de las operaciones, un total de 21.111. Crecen un 26,1% respecto a las 18.642 del año anterior. Por su parte, la compra de obra nueva también subió, aunque a un menor ritmo, un 20,6%, hasta las 5.525 transmisiones. Por provincias, Bizkaia registró un avance interanual del 15% hasta las 13.980 compraventas. Gipuzkoa registró un avance parecido, un 15,4%, al anotar 8.508 y finalmente, el crecimiento en Álava fue de un 12,2% hasta las 4.148 operaciones. Durante el año, el mercado ha mostrado una intensa actividad de principio a fin por una combinación de factores. Uno de ellos es la escasa oferta y la alta demanda existente en estos momentos para poder acceder a la vivienda. Y es que los imparables precios al alza de los inmuebles (Euskadi registró una subida anual del 9,8%) se han visto compensados en parte por los menores costes de financiación a raíz del ciclo de recortes de tipos ejecutados por el Banco Central Europeo. Sea como sea, este dinamismo no responde únicamente a la demanda. Ante las perspectivas de que los precios de los pisos seguirán escalando en el corto y medio plazo, la actividad se ha disparado. Es decir, muchas personas se han apresurado a comprar una vivienda antes de que los inmuebles se encarezcan aún más, ya que en estos momentos no hay señales de moderación.

El Kursaal ha consolidado en la última década un crecimiento sostenido que le ha permitido prácticamente duplicar su volumen de negocio hasta alcanzar los 6,7 millones de euros de facturación, un máximo histórico que confirma la recuperación definitiva del sector congresual y el peso estructural de la actividad cultural en Donostia. La Sociedad Kursaal presentó en la mañana de ayer, de la mano de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y el director-gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, el balance de 2025, que se consolida como un «año histórico» para el Kursaal y el Palacio Miramar. El ejercicio 2025 ha estado marcado por una intensa actividad que se tradujo en 311 eventos y 400.548 asistentes, cifras que permitieron superar los registros del año anterior y consolidar el crecimiento del recinto. En conjunto, la actividad del Kursaal y Miramar alcanzó los 511 eventos y más de 420.000 asistentes, lo que «evidencia la consolidación del modelo de gestión conjunta de ambos espacios», como señaló Goikoetxea. El avance económico se apoya especialmente en el segmento profesional. El Kursaal acogió 149 congresos y reuniones, que concentró a 124.749 asistentes de distintos sectores, confirmando la fortaleza del turismo de congresos como «motor de ingresos» y desestacionalización. 

La polémica abierta por la decisión de la UPV/EHU de suspender la actividad presencial en el campus de Vitoria por miedo a los incidentes que se puedan generar a raíz de un acto de Vox empieza a ganar en intensidad a medida que se acerca la fecha de la convocatoria. El Gobierno vasco, a través del consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, considera que la medida adoptada por la institución académica sea «seguramente prudente», pero pide al equipo rectoral liderado por Joxerramon Bengoetxea que no ponga solo el foco sobre la formación de Santiago Abascal, que aluda a los grupos de «carácter totalitario» que proponen impedir el acto de «forma violenta». Desde la UPV/EHU se califica directamente de «provocación» la cita y sostiene que no es «casual que la iniciativa del partido ultraderechista» coincida con el aniversario del 23-F, «menos aún en un contexto de avance de la ultraderecha a nivel global». El consejero de Universidades. Pérez deja claro que cerrar el campus es «una prerrogativa» de la UPV /EHU y que se ha tomado porque los antecedentes «conducen a pensar que hay grupos que se proponen responder al acto de Vox de la misma forma violenta». Pero el rector subraya que «por mucho que la convocatoria de Vox se considere una provocación y que EHU llame a no caer en ella», en el comunicado publicado por el rectorado «he echado en falta, precisamente una mención a la existencia de esos grupos, a lo que representan y al carácter totalitario de sus actuaciones».

La Audiencia Nacional mandará al banquillo a BBVA (como persona jurídica) y a su expresidente, Francisco González, por los encargos presuntamente ilegales al excomisario José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2016, tras desestimar de forma íntegra los 11 recursos de apelación presentados contra el auto de procesamiento. En la investigación del conocido como 'caso Cenyt', el juez Manuel García Castellón ya apuntaba en junio de 2024 a diversos cargos por delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, por los que también irán a juicio otras 12 personas entre directivos de la entidad y mandos policiales. BBVA se convierte en la única empresa del Ibex-35 que se sentará en el banquillo por el 'caso Villarejo' ya que, aunque la trama también salpicó a Repsol, Iberdrola o CaixaBank, ninguna de ellas se ha puesto finalmente delante del tribunal.

La compra de Escribano Mechanical Engineering, la empresa de Ángel Escribano, presidente de Indra, y Javier Escribano, consejero de Indra, puede llegar al Consejo del grupo sin contar con la aprobación de la comisión de consejeros independientes creada para evitar el conflicto de interés en la negociación. Así lo refleja el protocolo creado por el Consejo que da el poder al CEO, José Vicente de los Mozos de llevar la negociación y el acuerdo. «El Consejero Delegado deberá presentar tales términos a la Comisión ad hoc con carácter previo a su presentación al Consejo de Administración y, procurar, en la medida de lo posible, obtener un informe favorable. En caso de no obtenerse, presentará los términos de la Operación al Consejo de la Administración en la forma que considere más conveniente para los intereses de Indra», dice el texto del protocolo, publicado ayer por petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La estructura se aprobó el pasado verano como una forma de aliviar los temores de parte del Consejo a que el conflicto de interés derivado del intento de fusión fuera demasiado grande para llevar a cabo la operación. En ese momento, la cohesión entre tres de los cuatro máximos accionistas de la compañía (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, los Escribano y Amber) era total para seguir adelante con el acuerdo, pero el consenso ahora se ha desvanecido, ya que el Gobierno teme que la fusión termine con los Escribano desplazándoles como primer accionista. Esto está retrasando una operación que se acerca ya al año de vida, ya que Indra contrató el pasado abril a KPMG para analizar el acuerdo

Repsol está impulsando su negocio en EE UU durante la segunda Administración de Donald Trump en varios flancos, también en el fiscal. La multinacional energética asegura que las reformas impulsadas por el presidente norteamericano tras su regreso a la Casa Blanca están suponiendo “un impacto positivo” sobre sus actividades en el país. Concretamente, sobre su negocio petrolero. La empresa dirigida por Josu Jon Imaz lo explica en su informe anual de auditoría: “En EE UU, el 4 de julio, se aprobó One Big Beautiful Bill Act, que introduce cambios significativos con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas estadounidenses y prorrogar las rebajas fiscales de la anterior reforma de la Administración Trump de 2017 (Tax Cuts and Jobs Act). La reforma consolida e incrementa incentivos fiscales en el impuesto sobre beneficios y en el Corporate Alternative Minimum Tax con impacto positivo para las actividades de Repsol en el país”. Aún no tiene un impacto tangible en sus cuentas, pero se espera que repercuta positivamente a futuro sobre su fiscalidad. Este efecto positivo en lo relativo al pago de impuestos sobre los beneficios llega en plena expansión de Repsol hacia América. No en vano, el consejero delegado, Josu Jon Imaz, se reunió con Trump en la Casa Blanca en enero junto con el resto de grandes petroleras para abordar la situación del sector del crudo en Venezuela, días después de la captura de Nicolás Maduro y la toma del poder en Caracas de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. La relación es fluida. 

Ola Källenius, presidente de ACEA, la patronal europea de fabricantes de coches –y a su vez, consejero delegado de Mercedes-Benz–, reconoció en su visita a Madrid del jueves que el sector tiene diferentes sensibilidades respecto a las medidas de flexibilidad que tendría que poner en marcha la Comisión Europea en el ámbito de la regulación de emisiones de gases contaminantes. Hay, incluso, fabricantes de coches que están en contra de que Bruselas haya dado marcha atrás en diciembre a su ambicioso objetivo de que solo se vendan vehículos eléctricos en Europa en 2035. Este es el caso de empresas como Volvo o Polestar, esta última nacida como la división deportiva de Volvo, pero que ahora opera como una firma prémium independiente dentro del grupo chino Geely (que también controla a Volvo). Ambas automovilísticas iban por el buen camino para cumplir con la meta de cero emisiones, al contrario de lo que sucedía con los gigantes del sector alemanes. “Haber cambiado el objetivo de 2035 no ayuda en absoluto. Y tampoco cambia el panorama porque tenemos que seguir yendo hacia el eléctrico, pero los políticos han logrado confundir a todo el mundo. Muchas gracias por eso”, dice con ironía Michael Lohscheller, consejero delegado mundial de Polestar, en una entrevista con este medio por videollamada. “Que se haya movido de un 100% de eléctricos a un 90% [Bruselas ha planteado que las emisiones de tubo de escape de los coches nuevos sea del 90% en 2035, en vez del 100%. El resto se compensará usando acero verde europeo o vendiendo vehículos que se muevan con combustibles sintéticos o biocombustibles], no supone una gran diferencia. Se ha complicado tanto que solo los expertos pueden entenderlo, pero tenemos que pensar en los consumidores, que lo que quieren es una movilidad de cero emisiones”, añade el directivo.

Red Eléctrica (REE), el grupo que gestiona las líneas troncales de alta tensión en España, ha publicado por primera vez en la historia lo que se conoce como el mapa de las capacidades de acceso a esa infraestructura. La red está saturada y hay pocos huecos para conectar a nuevos grandes consumidores de luz, a no ser que se hagan inversiones masivas o se tomen otras medidas. Es algo que ya se sabía. La sorpresa es que, por primera vez, se ha destapado la punta del iceberg de una especulación masiva en torno a las licencias de la luz. Según los datos de REE, grupo que depende de Redeia, desde 2022 se han concedido licencias para conectar 11.800 megavatios de consumo (equivalentes a once centrales nucleares). Sin embargo, de todos esos megavatios, que corresponden a cerca de mil proyectos, ninguno está operativo en estos momentos. Es decir, están reteniendo una licencia durante cuatro años que no se está usando. Aunque hay proyectos que Redeia sabe que sí se están construyendo, pese a que aún no estén conectados, de otros no se tiene constancia. Son proyectos fantasma y muy posiblemente especulativos. Redeia no distingue cuántos de esos 11.800 megavatios que están concedidos pero que no se están usando –y por lo tanto están impidiendo que esa conexión se destine a otros usos– corresponden a centros de datos, proyectos industriales, electrolineras o nuevos desarrollos urbanísticos, entre otros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó el viernes por desarrollar una fiscalidad global sobre la riqueza, situando a España “a la vanguardia” de esta batalla, como fórmula maestra para atajar la “desigualdad, quizás el mayor de los retos al que nos enfrentamos”. Durante el seminario Desigualdad, es hora de actuar, celebrado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, Sánchez anunció que España promoverá el Panel Internacional de Desigualdad propuesto por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. El propio Stiglitz explicó durante el acto, en un vídeo, que entre los años 2000 y 2024, “el 1% más rico de la población se ha quedado el 41% de la nueva riqueza generada” mientras que “el 50% de la población con menos recursos se hizo con el 1%”. En el Gobierno español, declaró Sánchez, “creemos en un sistema fiscal justo, que redistribuya la renta y la riqueza” porque “donde no llega el empleo, tiene que llegar el estado de bienestar”. Así, ilustró, siendo la economía avanzada que más ha crecido en los últimos años, “el 60% de nuestro crecimiento se va para el bolsillo de las los trabajadores y sólo el 40% para las cuentas del capital”. Para ello, destacó, durante su mandato ha desplegado nuevos impuestos a las fortunas, las empresas tecnológicas, la banca y las energéticas, si bien admitió que este último decayó por las actuales mayorías parlamentarias. Más allá, reivindicó, “España es el único país de la Unión Europea que tiene un impuesto general sobre la riqueza”, el de Patrimonio. Gracias a esta batería de tributos, remachó, “el 10% más rico [de España] acapara tres puntos menos de riqueza que la media europea”.

La actividad económica en la eurozona está recuperando el dinamismo tras las dificultades de los años pasados, si bien es cierto que los márgenes de las empresas se están viendo comprimidos y que estas siguen siendo reacias a contratar hasta ver si la tendencia se consolida. El Índice de Gestores de Compras de la eurozona (PMI, por sus siglas en inglés) se aceleró seis décimas en febrero hasta los 51,9 puntos, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por S&P Global. Esta cifra, la máxima en tres meses, apuntaría a un crecimiento trimestral cercano al 0,4% o el 0,5% en el primer trimestre del año con respecto al cierre del pasado ejercicio, algo que puede suponer una buena noticia para la eurozona, después de dos alzas trimestrales del 0,3%. Las buenas noticias se han concentrado en el sector industrial, que está ganando tracción tras la apatía de los últimos años. “Quizás sea prematuro, pero este podría ser el punto de inflexión para el sector manufacturero, ya que su índice PMI aumentó hasta situarse en territorio de crecimiento. Desde junio de 2022, esto solo ocurrió una vez, en agosto de 2025”, señala Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial y responsable del informe. Además, un elemento positivo en torno a la industria es que “la mayoría de los subíndices del PMI (como el volumen de compras, las perspectivas respecto de la producción futura y los indicadores relacionados con las existencias) se encuentran en un nivel superior al de agosto de 2025” y “los nuevos pedidos crecen a un ritmo moderado después de tres meses de contracción”. Sin embargo, “su indicador respectivo debe mostrar mejores resultados en los meses siguientes para que nos sintamos más cómodos sobre las perspectivas para este sector”. Con ello, “parece que el sector manufacturero está situado sobre terreno más estable y podría contribuir al crecimiento en general este año, en lugar de ser un lastre para la economía”.