20260702

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La empresa vasca Acideka inauguró ayer en la localidad alavesa de Lantarón la primera batería térmica para uso industrial que se instala en España. Un proyecto con un presupuesto de 2,5 millones de euros que aprovecha la capacidad de conservar calor generado con placas fotovoltaicas hasta alcanzar los 14 Mw/h de energía, lo equivalente al consumo eléctrico en un día de un millar de hogares. Se trata de un proyecto pionero que ha contado con más de un millón de fondos europeos y a cuya inauguración acudieron la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el diputado general de Álava, Ramiro González, y el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, así como el alcalde de Lantarón, José Luis Salvidea. Acideka lleva más de 50 años empleando residuos industriales para elaborar productos químicos aplicados al tratamiento de agua, papel y en el sector agroalimentario. Un proceso que requiere grandes cantidades de energía que hasta ahora obtenía en su planta alavesa con la quema de fuel-oil. Con el nuevo sistema, ya en funcionamiento gracias a la aportación tecnológica de las firmas españolas Build to Zero y Neton Power, Acideka empleará energía verde fotovoltaica para calentar un tipo de sales aprovechando su capacidad para conservar el calor e ir obteniendo la electricidad a través del vapor generado con este en función de las necesidades de producción. El proceso, según explicó la presidenta de Acideka, Leire Azanza, supone un ahorro de emisiones del 44%. Aagesen dijo que el proyecto demuestra que «sostenibilidad y competitividad son dos caras de la misma moneda» y destacó su aplicación a un caso industrial con tecnología española, que además es escalable y reproducible en otras empresas «generando una cadena de valor».

La dirección de Tubacex no alcanzó ayer en la última reunión un acuerdo con los sindicatos sobre el ERTE que ha presentado para ocho meses a partir de julio. Así las cosas, las medidas de flexibilidad laboral que ha planteado la empresa para afrontar la caída de pedidos derivada del conflicto en Oriente Medio irá a la autoridad laboral en un expediente sin la firma de los sindicatos. Una situación que no impide la tramitación, pero sí eleva el riesgo de posibles denuncias. Los sindicatos ELA y CC OO –primero y cuarto en representación– llegaron a plantear un acuerdo con la posibilidad de reducir el ERTE a los meses de septiembre a diciembre. La contrapartida de la empresa fue reducir su duración hasta diciembre, pero empezando en julio y complementando los salarios hasta cerca del 90%. Finalmente, no hubo punto de encuentro y se impuso la posición de la central independiente STAT y la nacionalista LAB, que no han visto suficiente justificación para el ERTE y han pedido su retirada.

Velatia elevó su facturación el pasado año un 5% y superó los 1.100 millones de euros, consolidando su liderazgo al marcar su segundo ejercicio consecutivo por encima de los mil millones. El contexto que vive la electrificación, la digitalización y la transición energética ha situado al grupo industrial integrado por Ormazabal, Ikusi, Supsonik, Smarmec y Stratenergy en una posición clave, con una apuesta centrada en la innovación. Así, el año pasado elevó su inversión en I+D+i un 9%, alcanzando los 27,3 millones de euros dirigidos al desarrollo de soluciones para redes eléctricas, comunicaciones, digitalización y descarbonización. Fruto de ello solicitó diez nuevas patentes, el doble que en 2024. Dentro de los resultados de Velatia, el Ebitda (beneficio bruto antes de restar intereses, impuestos y amortizaciones) se situó en un 15% sobre la cifra de negocio frente al 12% del año anterior. En el caso de la facturación, el 79% procede de Ormazabal, el 17% le corresponde a Ikusi y el 4% al resto de las empresas.

La actividad industrial española acusa la caída en la entrada de pedidos y se contrae por primera vez en tres meses, lastrada por la debilidad económica mundial provocada por el cierre del estrecho de Ormuz y la incertidumbre provocada por la guerra en Irán. El índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector manufacturero cayó en junio hasta los 49,7 puntos, de acuerdo con los datos publicados ayer por S&P Global, 1,5 enteros por debajo del dato de mayo y tres décimas por debajo de la frontera de los 50 puntos, que separan el crecimiento de la contracción. Con ello, la industria española entra en terreno negativo por primera vez en tres meses. El descenso del índice se debió en gran medida a la caída “acelerada y marcada” de los nuevos pedidos, que las empresas encuestadas atribuyeron principalmente a la incertidumbre relacionada con el conflicto en Oriente Próximo, todavía presente durante el sondeo, lo que en algunos casos provocó una paralización total de la actividad y el aplazamiento de la toma de decisiones, algo que contrasta con el acaparamiento de suministros que impulsó el indicador durante los primeros compases del conflicto. Por su parte, los pedidos de exportación disminuyeron por motivos similares y registraron el ritmo de contracción más fuerte desde marzo.

El Gobierno vasco cree que Euskadi afronta la incertidumbre internacional en mejores condiciones de las previstas. Pese a los aranceles de Trump, la ralentización de Francia y Alemania –principales destinos exportadores– y la tensión en Oriente Medio, el Ejecutivo ha elevado una décima, hasta el 1,7%, su previsión de crecimiento para 2027. La cifra, en todo caso, apunta ya a una ralentización respecto al 1,9% previsto para este año, aunque todavía sitúa al País Vasco por encima de una eurozona, que apenas crecerá en torno al 1%. El Ejecutivo autonómico lanza así un mensaje de calma y disipa el temor a que las «nubes negras» de las que alertó el lehendakari al inicio del curso político vayan a más. Y es que, pese a que cierre del estrecho de Ormuz –principal vía de transporte del petróleo mundial– haya tenido un impacto de 200 millones de euros en la economía vasca, el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento para este año, el mencionado 1,9%. Hace apenas tres meses, el propio Ejecutivo advirtió de que una prolongación de la guerra, acompañada de un petróleo por encima de los 100 dólares el barril, podría restar hasta dos décimas al PIB vasco. Ese escenario, sin embargo, ha perdido fuerza tras el acuerdo de paz y la caída del Brent hasta el entorno de los 70 dólares. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, defendió ayer, en una comparecencia distribuida en formato audiovisual a los medios de comunicación, que aunque es necesario mantener la «prudencia», «la fortaleza de la demanda interna» sostendrá la economía vasca durante los dos próximos años. 

El Gobierno Vasco ha dado un acelerón notable al proyecto para crear un fondo de deuda flexible –dotado con hasta 100 millones y un peso preeminente de las cuatro EPSV de empleo de Euskadi como inversoras privadas– con el que prestar dinero a las empresas vascas en sus proyectos de transformación y crecimiento. El consejo de administración del Instituto Vasco de Finanzas resolvió el lunes –como adelantó ayer DV– el concurso para elegir a la gestora que creará y administrará ese vehículo, en el que el propio IVF actuará como inversor ancla a través de Indartuz, con el compromiso de aportar entre el 25% y el 49% del dinero total del fondo, siempre menos del 50%. La elegida ha sido la firma madrileña Oquendo Capital SGIC S. A, que se ha impuesto en una competencia en la que han participado cinco firmas. Esta empresa cuenta con más de quince años de experiencia y gestiona al menos siete fondos, que han realizado hasta ahora más de un centenar de inversiones. El calendario previsto contempla la estructuración del vehículo durante los próximos meses, y la consecución de un primer cierre en el plazo máximo de un año desde ayer, con el objetivo de «canalizar financiación hacia empresas con arraigo en Euskadi y proyectos con impacto en el empleo, la innovación y la transformación productiva», destacó el Gobierno Vasco.

Marcas que históricamente han dominado el mercado vasco como Renault, Peugeot o Volkswagen están perdiendo terreno frente a otras que hace años eran totalmente desconocidas para la mayoría, como MG, Omoda, Jaecoo o BYD, que se abren camino a pasos agigantados gracias a sus agresivos precios, modelos equilibrados y, sobre todo, a la tecnología eléctrica. Para entender la magnitud del fenómeno solo hay que observar un dato: en 2022, de los 10.917 coches que se matricularon en Euskadi en el primer semestre, solo 55 de ellos eran chinos, es decir, un 0,5% del mercado. Ese porcentaje ha ido creciendo de forma exponencial desde entonces, llegando al 10,4% en los primeros seis meses del 2025 y finalmente, al 15,5% actual, con 2.350 ventas. Así lo atestiguan los datos publicados ayer por las tres grandes patronales de la automoción en España: Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). Según sus registros, en la primera mitad de este año salieron de los concesionarios vascos 14.584 turismos (un 3,9% más que el año anterior), de los cuales 2.350 son chinos (un 54,2% más). Es decir, todo el crecimiento del mercado se debe exclusivamente al impulso de los fabricantes chinos, y de hecho, las ventas del resto de marcas (englobando a los europeos, americanos, coreanos y japoneses) se han reducido en un 2% en este último año. Su irrupción supone además una amenaza directa para una de las industrias punteras de la Unión Europea, la automoción. La competitividad económica del Viejo Continente ha girado durante años en torno a este sector, con Alemania en el centro. Pero ahora, tanto la irrupción de los actores chinos, como la complicada transición al eléctrico y las exigencias medioambientales de Bruselas han lastrado la competitividad del sector. Todo ello ha derivado en despidos masivos: el último el anunciado por Volkswagen, que ya ha mostrado sus intenciones de recortar 100.000 empleos en todo el mundo hasta 2030.

Bizkaia atiende en acogida a medio centenar de menores de los que, por el reparto entre comunidades tras la masiva llegada de inmigrantes a Canarias, corresponderían a Madrid. Los chicos están llegando «por oleadas» al territorio, especialmente en las últimas semanas, procedentes de la capital madrileña, algunos días hasta tres de una vez. El pasado abril, ante la crisis migratoria de las islas, que viven una situación de saturación con 5.800 menas a los que atender, el Gobierno central decidió distribuir a algunos de ellos entre el resto de comunidades. Aunque el decreto fue recurrido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, allí debían recibir a unos 800 menores desde Canarias. País Vasco y Cataluña quedaron exentos al considerar que ya asumen una sobreocupación de sus centros, aunque esta última comunidad aceptó de forma voluntaria a una treintena de chavales. Pues bien, parte de esos chicos que deberían quedarse en la capital de España están viajando en autobús a Bilbao, siguiendo un ‘efecto llamada’, según apuntan fuentes conocedoras de estos movimientos. Una vez en la villa, se presentan en una comisaría o se acercan a una patrulla de seguridad ciudadana de la Ertzaintza o de la Policía Municipal, se identifican como menores inmigrantes no acompañados y, en cumplimiento del protocolo, son trasladados a centros de la red foral. Otra de las problemáticas que plantea este fenómeno es que muchos de ellos, en su mayoría de origen gambiano, con apariencia de adultos y que cuentan incluso con un decreto de mayoría de edad certificado en Canarias o en Algeciras, sin embargo, muestran a los agentes un pasaporte de menor, que en Euskadi prevalece sobre la prueba médica. A partir de ese momento, deben ser considerados como tal y se les aplica el protocolo, pese a las sospechas de que son datos erróneos y de que se pueda estar produciendo un fraude al sistema, como ya ha denunciado en ocasiones la Diputación foral.

La inmigración es sobre todo una herramienta económica crucial que en países como España ayuda a explicar el 47% del avance acumulado del PIB entre 2022 y 2025 o un crecimiento per capita del 14% al 24% prácticamente en el mismo periodo. Estos cálculos del centro de análisis Funcas y del Banco de España son los que enarbola el Gobierno cuando acaba de cerrarse el plazo de peticiones para la regularización extraordinaria de extranjeros con más de 1,3 millones de solicitantes que esperan trabajar y vivir en este país con sus derechos y obligaciones. La cifra, muy por encima de la que se estimó en un principio, se toma en el Ejecutivo como “un éxito”, palabras que vienen avaladas por el alto consenso social que ha alcanzado este proceso. Sindicatos y patronal tienen un solo discurso: la migración es necesaria en España en este momento. “Tenemos un problema de vacantes altísimo ahora y a futuro en muchos sectores. Necesitamos gente, y necesitamos gente preparada, por eso hay que hablar también de formación”, dijo el martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Los inmigrantes y refugiados que han pedido la regularización estaban ya en España, algunos de ellos por varios años, y la gran mayoría trabajaba en negro, por lo que se da por hecho que el 14% de las cotizaciones de extranjeros a la Seguridad Social que se registran en la actualidad se incrementarán sustancialmente.

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en España encamina su cierre con la misma polémica con la que arrancó: desinformación, improvisación y los principales actores sin saber cómo actuar. La confusión ha sido una constante durante un trámite que se clausura con un volumen de solicitudes muy superior al previsto inicialmente por el Gobierno. Con el plazo de presentación ya concluido, las peticiones registradas se sitúan entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de las cerca de 500.000 que el Ejecutivo estimó cuando aprobó la medida. Esta cifra coincide plenamente con la que visualizó la Policía Nacional cuando Pedro Sánchez dio vía libre al polémico proceso aludiendo a la vía de «urgencia». Una realidad que el propio Cuerpo negó en un informe sobre la situación y que firmó el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete. «Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», razona un dossier cuyas conclusiones no ven claro el proceso. Altos mandos de la Policía no dudan en criticarlo y lo hacen, además, con una crudeza que deja poco margen. «Hay una absoluta falta de transparencia», zanjan. 

El Ministerio de Trabajo inició ayer la negociación con patronales y sindicatos para transponer a la normativa española la directiva europea de transparencia salarial, cuyo objetivo es reducir la brecha retributiva entre hombres y mujeres. El departamento liderado por Yolanda Díaz presentó un proyecto que plantea novedades de calado. Por ejemplo, Trabajo propone obligar a las empresas a que definan los criterios con los que fijan las retribuciones y, el caso de las de más de 50 empleados, que también precisen el porqué de los ascensos. Además, se blinda el derecho del empleado a conocer su nivel retributivo y poder compararlo con el promedio de la empresa, con desglose por sexo o categoría. Trabajo plantea estos cambios por real decreto, así que no necesitaría aval parlamentario, aunque no cierra la puerta a añadir algunas modificaciones con rango de ley que sí exigirían el visto bueno del Congreso. El borrador del texto, que ha sido remitido a los agentes sociales, plantea que “las empresas pondrán a disposición de su personal los criterios objetivos y neutros con respecto al género que se utilizan para determinar su retribución y los niveles retributivos aplicables en la empresa”. Además, las compañías con 50 empleados o más “incluirán también información sobre los criterios de progresión retributiva”. Es decir, tendrán que detallar qué elementos justifican los ascensos. A la vez, Trabajo precisa que las empresas deberán recordar a los trabajadores al menos una vez al año que pueden requerir esta información, que “se facilitará en un formato accesible para las personas con discapacidad”.

Por el momento, el único candidato confirmado es el propio Garamendi. “Os puedo decir que sí, yo me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente lo que me ha planteado es que es momento de seguir. Tenemos el país que tenemos, hay que seguir trabajando en la línea, estamos contentos con la gestión que has hecho y te pedimos que tires para adelante”, anunció la semana pasada desde Santander, sobre los mensajes de apoyo recibidos. A expensas de que se pueda formalizar alguna candidatura alternativa en las próximas semanas que rivalice con la junta directiva actual, de revalidar la presidencia Antonio Garamendi, supondría extender su mandato hasta 2030. Sumando así doce años desde que accedió al cargo en 2018. El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, confirmó su apoyo a la reelección de Garamendi para un tercer mandato al frente de la CEOE al considerar que su trabajo y el de la junta directiva actual ha sido “muy positivo” en los últimos cuatro años. Subraya, además, que este último mandato ha sido especialmente “complicado y difícil” por la “hostilidad” de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el mundo de la empresa.

Después de cinco años desde su puesta en marcha, la trayectoria de los fondos europeos Next Generation EU, aprobados para recuperar la economía de los Veintisiete después de la pandemia, llega a su fin. Bruselas ha confirmado que el 31 de agosto será el último día para que los Estados miembros ejecuten los fondos pendientes para poder solicitar, durante el mes siguiente, el séptimo y último desembolso. Y, en este entorno, España arranca una carrera contrarreloj para cumplir con los hitos comprometidos con Bruselas, algunos de los cuales ya se están evaluando por el Ejecutivo comunitario. El camino para consumar el séptimo pago de los fondos –que se ejecutaría en el cuarto trimestre del año– no será fácil, teniendo en cuenta algunos de los datos que deja el análisis del Plan de Recuperación con el que España ha canalizado los NextGen. Por ejemplo, la elevada brecha entre los fondos que han sido convocados, 90.718 millones de euros, y los que han sido adjudicados, que ascienden a 60.403 millones. Se trata de una diferencia de 27.315 millones, que los expertos que han intervenido en la última edición del Radar Next Generation EU elaborado por EY Insights, califican de “estructural”. Esta brecha se habría acrecentado, además, en las últimas fases del despliegue de los fondos, algo que los analistas atribuyen a que “gestionar ayudas a beneficiarios privados es mucho más complejo que ejecutar transferencias entre administraciones”, como ocurría al inicio de la ejecución, en 2021. Por ello, el informe pone de manifiesto la necesidad de poner en marcha una “ejecución de urgencia” para que las ayudas lleguen al tejido productivo antes de agosto y, a la vez, se cumpla con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para poder acceder al séptimo y último pago antes de fin de año. En paralelo, todas las casas de estudios que han participado en el informe –Funcas, BBVA Research, CaixaBank Research y EsadeEcpol– coinciden al señalar otras deficiencias en la ejecución de los fondos que podrían suponer una “oportunidad perdida”. 

Por un lado, la revisión trimestral de la TUR ha roto la tendencia descendente de los últimos meses por el efecto combinado del aumento del precio regulado y de la recuperación definitiva del IVA al 21%, lo que convierte esta actualización en la mayor subida trimestral desde octubre, pese a que los precios del gas se mantienen muy por debajo de los máximos alcanzados durante la crisis energética de 2022 y 2023. El resultado es una subida media del 21,5% respecto al precio de abril por el alza de los hidrocarburos y la recuperación de la fiscalidad habitual tras el vencimiento de la reducción temporal establecida en el primer paquete de medidas para amortiguar el impacto del conflicto en Irán. El efecto en la factura depende del volumen de consumo, pero afecta a todos los perfiles domésticos. Con esta revisión, el recibo mensual para un consumo anual de 9.000 kWh pasará de 40,38 euros a 49,02 euros; es decir, un aumento de casi 104 euros al año para la TUR.2, la modalidad más extendida entre los hogares con calefacción, según los cálculos de Papernest. Este encarecimiento coincide con un nuevo repunte del recibo eléctrico. La factura del usuario medio acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se situó en junio en 79,08 euros, un 4,6% más que en mayo, cuando ascendió a 75,63 euros, de acuerdo al análisis de Facua-Consumidores en Acción. Detrás de este incremento mensual se encuentra, en buena medida, el final de las rebajas fiscales que el Ejecutivo mantuvo desde finales de marzo hasta el 1 de junio. 

Cuenta atrás para que vea la luz la convocatoria de la Comisión Europea que prevé la asignación de varias gigafactorías de inteligencia artificial en países miembros, lo que implica movilizar un paquete de 200.000 millones de euros para desplegar una infraestructura clave para la autonomía tecnológica de Europa, como contrapeso al dominio que tienen en este terreno Estados Unidos y China. La previsión es que este mes de julio se abra el plazo para aceptar candidaturas y las opciones de España se concentran a través de una unión entre Administraciones públicas y empresas privadas. La alianza reivindica la “solidez” del proyecto que se quiere desplegar en Móra la Nova (Tarragona) y ayer se reunieron en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa, junto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el de ACS, Florentino Pérez, así como con los consejeros delegados del Banco Santander, Héctor Grisi, y de Multiverse Computing, Enrique Lizaso. El plan A es ganar una de las ubicaciones que saca a concurso la Comisión Europea, pero si no hay éxito, el consorcio se presenta con un comodín en el bolsillo: “Podría ser un proyecto igualmente viable”, se afirma desde el Govern de Cataluña. La apuesta por la gigafactoría de IA en Móra la Nova, con una subsede en San Fernando de Henares (Madrid), se articula a través de un consorcio público-privado que tiene por objeto principal salir vencedor de la licitación que controla la UE. La Generalitat y el Ministerio de Transformación Digital monopolizan la participación pública, que no superará en ningún caso el 49%. Más allá de las empresas que ya han dado del paso de sumarse al proyecto, se prevén más incorporaciones a medida que el camino vaya quedando desbrozado.

Apenas unas horas después del final de la campaña de la Renta de 2025, la sorpresa se apoderó ayer de la Agencia Tributaria después de conocer la salida de su directora general desde 2022, Soledad Fernández Doctor, y la posible marcha de dos altos cargos de la AEAT: la directora de Recaudación, Virginia Muñoz, y el de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo. La información, avanzada por Abc y confirmada por fuentes de Hacienda, vino rodeada de dudas sobre los motivos del relevo de Fernández en el cargo. En primer lugar, por lo sorpresivo de su salida, y por otro lado, por los múltiples frentes que Hacienda y la Agencia Tributaria mantienen abiertos en este momento, como la reforma de las pruebas de acceso a la Inspección –que no cuenta con el beneplácito del cuerpo– o la financiación singular para Cataluña, que el Ministerio que lidera Arcadi España se encuentra negociando en el marco de la remodelación de la financiación autonómica. Al respecto, las fuentes consultadas afirman que, pese a que Fernández ha venido manteniendo un perfil bajo en sus intervenciones públicas, en lo que respecta a la financiación singular para Cataluña se había podido vislumbrar un cierto desencuentro. No en vano, su puesta en marcha constituiría una pérdida de capacidades para la AEAT, ya que se traspasaría la gestión del IRPF, el principal impuesto del Estado, a la administración tributaria regional.

BBVA ha reducido su histórica participación en el capital de Telefónica hasta el 1,965%, frente al 5,007% que poseía con anterioridad, y ha dejado de ser uno de los accionistas significativos de la teleco presidida por Marc Murtra. La desinversión de BBVA está alineada con los comentarios realizados de forma reciente por el presidente de la entidad, Carlos Torres, que aseguró que la participación del banco en Telefónica era financiera y no estratégica. El movimiento también acompaña la salida de BBVA del máximo órgano de decisión de Telefónica, en el que José María Abril, vicepresidente y vocal dominical en representación de la entidad financiera desde 2007, no renovó su mandato en la junta celebrada el pasado marzo. Su asiento en el consejo lo ocupó la australiana Jane Thompson, que es vocal con carácter independiente. La cotización de Telefónica cerró la sesión de ayer en 3,46 euros (-1,73%), por lo que el paquete accionarial actual de BBVA en la teleco tiene un valor de mercado cercano a los 390 millones de euros. Esa cifra supone casi 600 millones de euros menos en comparación con el valor que tendría la participación del 5% que tenía BBVA al precio actual de la acción.

En el boom de la IA, las empresas se apresuraron a implementar la tecnología en medio de un debate generalizado sobre su potencial aparentemente ilimitado y su capacidad para automatizar tareas administrativas con un coste mínimo. En sectores que van desde la manufactura y el sector farmacéutico hasta el turismo y los videojuegos, las empresas animaron a su personal a experimentar con la IA, sin las restricciones de los costes habituales. En Silicon Valley, grupos tecnológicos como Amazon crearon clasificaciones internas que evaluaban el uso de la IA por parte de sus empleados, convencidos de que esto ayudaría a integrar la tecnología en las rutinas de trabajo. Pero desde principios de 2026, ha habido cambios. Los mayores proveedores de IA del mundo han empezado a alejar a las empresas de una estructura de tarifa plana y a adoptar precios basados en el uso, mientras se preparan para salir a Bolsa y demostrar la sostenibilidad de sus negocios. Mientras tanto, los agentes de IA, que realizan tareas mucho más complejas que los chatbots, pero que también consumen créditos de IA a un ritmo mucho mayor, han disparado su popularidad. El efecto combinado ha sido un aumento significativo en el costo del uso de la IA para las empresas. Uber causó revuelo a principios de este año al anunciar que había gastado todo su presupuesto de IA para 2026 en abril, y otras compañías se han visto también sorprendidas por las facturas que están acumulando. Uber, por ejemplo, está limitando ahora a sus empleados a un máximo de 1.500 dólares al mes por cada herramienta de programación con IA. Casi la mitad de los 2.145 líderes empresariales encuestados por KPMG en mayo afirman haber reducido el uso de agentes de IA porque el coste supera los beneficios.

Un escueto comunicado de apenas 150 palabras sirvió a Estados Unidos para informar que no renueva “en su forma actual” el gran acuerdo comercial con México y Canadá (T-MEC). “Sin embargo, el Acuerdo sigue vigente a la espera de la resolución de estos temas o hasta la terminación del mismo”, precisó el Departamento de Comercio estadounidense. Washington asegura que prefiere realizar revisiones anuales, una estrategia que amenaza con alterar los mercados al añadir incertidumbre para las empresas que operan en ambos lados de la frontera. La solución que propone la Casa Blanca a las empresas para eliminar esa incertidumbre es que inviertan en EE UU en lo que se considera un ejercicio de nacionalismo económico. “Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”, precisó el departamento que dirige Jamieson Greer en la nota. “Sin embargo, el Acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación. Como se anunció previamente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo ingresos de 1.228 millones de euros en 2025 procedentes de negocios de criptomonedas de su emporio familiar, según su última declaración financiera. El informe, de 927 páginas, revela rendimientos totales de 1.930 millones, con fuerte peso de activos digitales. El rápido crecimiento de estos negocios alimenta sospechas de conflicto de intereses, dadas las políticas favorables del presidente hacia el sector cripto. La Casa Blanca niega cualquier irregularidad. La declaración refleja también ingresos por licencias inmobiliarias, acuerdos con medios y negocios tradicionales. La fortuna de Trump se estima entre 5.700 y 6.700 millones de euros , con las criptomonedas ya como pieza central de su patrimonio. “Estoy obteniendo ganancias porque el mercado de valores está subiendo”, dijo Trump ayer en un aeropuerto en el que estrenó el nuevo avión presidencial, un Boeing 747 valorado en 350 millones que le regaló la monarquía de Qatar. Donald Trump es, sobre todo, un hombre de negocios. Y, si se valora estrictamente eso, las cosas le van muy bien al magnate de la construcción neoyorquino, a quien sus primeros pinitos en política acabaron llevándole, contra todo pronóstico, a la presidencia de Estados Unidos.