20260223

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Las renovables produjeron el año pasado en Euskadi un 25% menos de energía que en 2019 y se sitúan en mínimos. La oposición a la instalación de aerogeneradores y placas solares ha provocado que aumente un 66% la dependencia de un sistema eléctrico en el que el gas y las plantas de ciclo combinado dominan la producción. La energía verde supone el 16,5% pese a que el Gobierno vasco y la UE quieren llegar al 30% en 2030. «Da un poco de vergüenza». El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, se expresaba de esta manera tan gráfica hace unas semanas cuando reflexionaba sobre la generación de energía renovable en Euskadi. Según las cifras que maneja Red Eléctrica, el País Vasco no solo no aumenta el vertido de energía verde al sistema, sino que da pasos hacia atrás. La pandemia y la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, que aceleraron la apuesta verde en el conjunto de Europa, no han calado en Euskadi. Y eso que en los últimos cinco años se han registrado en el Gobierno vasco más de un centenar de proyectos para generar energía verde, pero apenas una docena han recibido los corrrespondientes permisos. El debate social, con un importante sector opuesto a la instalación de aerogeneradores y placas solares, ha bloqueado la puesta en marcha de diferentes estaciones mientras los promotores esperan que se concrete el Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Renovables. Un documento que elabora el Ejecutivo autonómico para ordenar el suelo y establecer los puntos adecuados para instalaciones eólicas y fotovoltaicas y que lleva en tramitación más de cuatro años. El resultado es que salvo dos instalaciones fotovoltaicas y una eólica, todas en Álava, no hay más proyectos de generación con un carácter industrial y una potencia que supere los 10 Mw.

El objetivo del Pacto Verde Europeo es abandonar el gas como fuente de energía en 2040 para centrar la obtención de la electricidad en las renovables y en procesos sin emisiones de CO2. Pero la realidad sigue resistiéndose a unos objetivos que Euskadi ha recogido también en su Ley de Cambio Climático. Y es que quemar gas para obtener electricidad –actividad que realizan las centrales de ciclo combinado– sigue siendo la base de la generación de energía en el País Vasco. Según los datos de Red Eléctrica, el pasado año este recurso proporcionó el 54,6% de toda la electricidad. Se trata de una cuota que, además de ser elevada, no está reduciéndose, sino que viene aumentando. De hecho, es el valor más alto de los últimos siete años con una excepción, la de 2022, cuando factores climáticos y técnicos afectaron a la eólica y a la fotovoltaica en España y el sistema nacional puso a pleno rendimiento los ciclos combinados de todo el país. El caso es que la generación de las instalaciones de Boroa y del Puerto de Bilbao sigue siendo crítica. Y es que aunque su volumen de producción haya caído, al reducirse también la generación total de la electricidad en Euskadi, mantienen una cuota creciente. Además, el Gobierno vasco tiene una participación del 25% en la central más grande de la región, la de Bahía de Bizkaia. Forma, junto a la regasificadora del Puerto de Bilbao y Nortegas, el núcleo de activos que gestionan este hidrocarburo en los que tiene acciones el Ejecutivo. 

La negociación colectiva se reactiva en 2026 en Álava. Los acuerdos sobre la campana para salvar los convenios de la hostelería y las residencias privadas –este último, clave para desatascar los presupuestos forales– son el anticipo de un curso que se viene muy agitado en el ámbito laboral alavés. Y es que este ejercicio se deben negociar las condiciones en las que trabajan uno de cada siete cotizantes de la provincia. Es decir, a las puertas de la primavera, más de 24.000 trabajadores del territorio tienen sus convenios pendientes de renovar, según los datos facilitados por el Consejo de Relaciones Laborales. Tras esa cifra, de trazo grueso, subyacen un total de 13 sectores que tendrán que revisar sus condiciones salariales, su jornada o cuestiones como la conciliación del trabajo con los cuidados. Entre ellos, el metal alavés, uno de los más importantes, porque abarca a buena parte de la industria del territorio. 12.000 personas se rigen por las condiciones que fija ese pacto entre empresas y sindicatos. La negociación se hará con un ojo puesto en Bilbao, porque el metal vizcaíno también debe renovar su convenio. «Blindar competitividad» será el reto de las firmas, con la preocupación por el absentismo en máximos. El metal no es una excepción en este mundo globalizado, competitivo y lleno de incertidumbres», plantean desde SEA. El absentismo es la principal preocupación para los directivos alaveses y Álava es, según SEA, la provincia con peores tasas de España. «Es necesario estudiar la situación que atraviesa cada sector y actuar en consecuencia. Si logramos entre todos que el absentismo se reduzca, será una gran noticia para todos, porque supone una pérdida notable para cada empresa que lo padece. Cuanto menos exista, mejor será la situación global de la empresa y de la sociedad en general», afirman desde la patronal.

Las empresas están quedándose sin herramientas para tratar de fomentar que sus empleados no falten a su puesto de trabajo, ya que los juzgados consideran que cualquier medida –tanto de penalización como positiva, en forma de premio a los que sí van– es discriminatoria y debe ser eliminada. El absentismo laboral, es decir la falta deliberada del trabajador a su puesto, ya sea por razones de salud (baja médica) o de otro tipo (problemas de conciliación, por ejemplo), se ha convertido en un problema de primera magnitud en el tejido productivo español dada su elevada incidencia. Para las empresas supone un reto, ya que cuentan con menos efectivos para desempeñar su actividad y supone un coste; para el Estado implica un incremento del gasto público sin precedentes en este segmento y para la sociedad en su conjunto supone una preocupación por el deterioro generalizado de la salud, sobre todo entre los más jóvenes, que son entre los que más crece la incidencia. Según el último informe presentado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la tasa de incidencia de las bajas médicas por incapacidad temporal (IT) ha pasado del 21,38 por cada mil trabajadores en 2017 a 33,86 en 2024, un aumento del 58%, y si se miran los datos por franja de edad se observa que entre los jóvenes de 25 a 35 años el aumento de la incidencia ha sido del 67%, hasta el 41,4 por cada mil trabajadores, muy superior a la media. Ante este incremento del absentismo, que está muy ligado también al ciclo económico (si la economía y el empleo crecen, los trabajadores no tienen miedo a faltar), las compañías han innovado en los últimos años buscando fórmulas para fomentar que sus trabajadores acudan a su puesto. Una de las más habituales era el pago de un plus si los trabajadores acudían todo el año a trabajar o faltaban como mucho un cierto número de días, pero ahora los tribunales consideran que se trata de una fórmula discriminatoria, ya que penaliza indirectamente a los que han faltado por salud y no lo cobran.

El principal impulsor del absentismo son las enfermedades leves (56%). Sin embargo, en la última década, lo más relevante es el aumento significativo de los problemas de salud mental, especialmente ansiedad y depresión, con un impacto notable entre la población más joven. Muchas empresas reconocen no contar con las herramientas necesarias para gestionar estas bajas eficazmente, por lo que el 51% de las compañías identifica la salud mental como una prioridad estratégica. Ante este escenario, las empresas españolas están replanteando sus estrategias de gestión del absentismo. El 51% prioriza incorporar su gestión dentro de su estrategia de RRHH, y sus políticas de baja por enfermedad. El refuerzo de la salud, el bienestar y la prevención se posicionan como prioridades clave para más de la mitad de las compañías (52%). Además, el 58% planea aumentar la especialización de sus equipos de recursos humanos en bienestar. Las empresas están pasando de un enfoque pasivo a una estrategia que enfatiza el seguimiento regular del rendimiento y expectativas de los servicios de salud laboral más exigentes. En los próximos dos años, el 54% de las empresas planea revisar los indicadores de desempeño de sus proveedores y sus capacidades de servicio. Por ejemplo, evaluar la rapidez con la que el proveedor de salud laboral puede realizar una evaluación o analizar las tasas de éxito en rehabilitación del proveedor en procesos de incapacidad.

La apertura de la negociación en el metal en el territorio histórico llega en un momento complicado para la industria y con mucha movilización en la calle. Aunque en 2025 no se registraron paros generales como la huelga feminista de 2023, las cifras sí crecieron considerablemente con respecto a 2024. Según los datos recopilados hasta la fecha por el Gobierno vasco –faltan las cifras de noviembre y diciembre– 5.997 trabajadores han protestado ausentándose de su puesto en el territorio cuando en el mismo periodo de 2024 sólo había recurrido a esta medida 2.935 personas. El detalle de los datos deja un mapa claramente ligado a la actualidad laboral de Álava en el último año. Los cierres de Guardian y el ERE en Maderas de Llodio hicieron de Aiaraldea la segunda comarca de Euskadi con más despidos en 2025, sólo superada por el Gran Bilbao. 196 trabajadores vieron cómo se extinguía su relación laboral , una cifra que casa prácticamente a la perfección con las 171 salidas de Guardian y las 35 de Maderas de Llodio anuladas por los jueces. Eso antes de saberse nada acerca de la crisis de Tubos Reunidos, uno de los motores de la zona.

2025eko azaroan Artizarra Fundaziotik Bizkaia Talentera jauzi egin zuen Amaia Jugo Abasolok, Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako erakundearen zuzendaritza hartuta. Kargua ilusioz eta erantzukizunez bizi duela dio, eta lehen hilabeteetan plan estrategiko berria lantzea izan du lehentasun, lantaldea eta bezeroak bidelagun izanik. 2026rako, talentu kualifikatua erakartzea ez ezik, profesional kualifikatuak Bizkaian errotzea ere jarri dute helburu. Horretarako, harrera eta integrazio zerbitzuak indartu, enpresen employer brandinga landu eta Bizkaia with the talent estrategiaren baitako proiektuak landu nahi dituztela jakinarazi du. Gehiago irakurri hemen. 

La brecha generacional en ingresos no es una percepción difusa, sino un dato cuantificable. En Gipuzkoa, la pensión media de las nuevas altas de jubilación del régimen general alcanzó a cierre de 2025 los 26.838 euros brutos anuales en catorce pagas –ver gráfico adjunto, que recoge las retribuciones mensuales–, mientras que el salario medio de los menores de 30 años se situó en 19.235 euros. La diferencia –un 38% a favor de quienes acaban de abandonar el mercado laboral– introduce un contraste llamativo en una economía que tradicionalmente ha asociado la mejora de renta al progreso profesional y a la acumulación de experiencia. El dato no enfrenta trayectorias equivalentes –una pensión es el resultado de décadas de cotización y el salario juvenil refleja el inicio de la carrera laboral–, pero sí dibuja una fotografía reveladora sobre la distribución de rentas entre generaciones en un contexto de envejecimiento demográfico, descenso de la natalidad, precariedad juvenil y creciente presión sobre el sistema público de pensiones. Más allá de la comparación puntual, la cuestión de fondo es qué implica esta divergencia para la equidad intergeneracional y para la sostenibilidad futura de un modelo que se apoya, precisamente, en el equilibrio entre quienes trabajan y quienes ya se han retirado. Porque, de hecho, echando un vistazo al pasado se aprecia que esa diferencia se va ensanchando con el paso de los años, lo que a su vez eleva la presión sobre el sistema de pensiones. 

Julio de 2018. El entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunciaba la puesta en marcha de 20.000 pisos a precios asequibles en España. Años después, el presidente Pedro Sánchez subía la apuesta a 100.000 casas durante su mandato. Luego se habló de 50.000 pisos de la Sareb, otros 20.000 en terrenos de Defensa y 43.000 más con fondos europeos. Esos números se ampliaban hace un año se ampliaban con el compromiso de dar salida a 15.000 nuevas casas al año con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), que aún no se está concretando. Ahora, esa cifra se repite con las 15.000 viviendas que pretenden sacar al mercado con los 23.000 millones de euros que el fondo ‘España Crece’ –gestionado por el ICO– movilizaría con inversión pública y privada. Es la última bala del Ejecutivo para gestionar la brecha entre oferta y demanda derivada, en parte, por la incapacidad de atraer a promotores a los que les resulte rentable operar en el mercado público a precio asequible, que deja menores márgenes a un sector que ya de por sí, y según BBVA Research, obtiene la mitad de rentabilidad de lo que se consigue en Europa. El plan de Sánchez pasa por impulsar la financiación con quitas de la deuda sobre los préstamos a los promotores que llegarían al 30%. Ese mejor acceso a la financiación del ICO serviría para amortiguar una menor aportación privada, o para actuar sobre un mayor número de promociones. «‘España Crece’ puede ser una herramienta positiva si se implementa con un enfoque estructural y coordinación público-privada real», apuntan desde Asprima. ¿El problema que observa el sector financiero? Que los precios finales tendrían que ser más bajos (al ser vivienda asequible), lo que no compensaría el entorno de costes de construcción al alza.

Hay un profundo malestar en todas las sociedades occidentales por la pérdida de poder adquisitivo en los años posteriores a la Gran Recesión. En España, la estadística oficial desmentía en parte esa sensación, se veían modestos avances. Pero con ese cambio metodológico la mejora de la renta disponible desaparecería por el alza de precios de la vivienda: los números respaldan ese malestar. La posibilidad de incluir o no el coste de la compraventa de vivienda en la cesta de la compra ha sido ampliamente debatida en los últimos tiempos. Esa discusión va más allá del ámbito teórico y ha llegado a ser un asunto de primer orden sobre la mesa del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Después del estallido de la guerra en Ucrania (2022), y durante la escalada de los precios de la energía, los halcones (los más ortodoxos en asuntos de política monetaria) exigieron que se tuviese en cuenta el coste de las casas en propiedad ante la certeza de que ese dato elevaría todavía más la inflación. Los miembros del BCE aceptaron estudiarlo pese a las reticencias de países como España, Francia o Irlanda. “Creíamos que sería deseable una reforma del IPC para incluir las viviendas en propiedad. Seguimos manteniendo esa opinión. Pero, en última instancia, corresponde al Sistema Estadístico Europeo avanzar en ello”, afirmó el año pasado el economista jefe del BCE, Philip Lane, en el cónclave de banqueros centrales celebrado en Sintra (Portugal). Los estadísticos se resistían como gato panza arriba por las dificultades técnicas. Pero hay formas y trucos para salvar esas dificultades.

Entrevista con Cani Fernández (Cartagena, 1963), máxima responsable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "...Según estudios externos, el porcentaje de actos confirmados en tribunales favorables a la CNMC ha aumentado al 71,6% en los últimos tres años, mientras que en los anteriores siete años el porcentaje de actos plenamente confirmados era de un 44,6% de los actos administrativos enjuiciados...En la multa a Repsol se hizo una concienzuda investigación y se vio que pinzaba a competidores para excluirles...La opa de BBVA a Sabadell no la frustró la CNMC. Nuestra tarea consistía en identificar los riesgos en competencia...En línea con el informe Draghi, en mi opinión, la necesidad de facilitar la creación de grandes campeones empresariales europeos es evidente. Creo que, tras las acometidas antieuropeas del gobierno estadounidense de Donald Trump, la Unión Europea está reaccionando, pero todavía nos queda camino por recorrer en ese sentido. En paralelo, y con la misma urgencia, necesitamos un mercado único de verdad en energía, telecomunicaciones, banca, transportes y otros servicios, que responda a un avance en la unión política y que proporcione a las empresas un terreno de juego de 450 millones de consumidores que les permita adquirir escala de verdad..."

Cani Fernández califica como “un clásico” la polémica por la retribución de las redes de luz, que ha dado lugar a titulares belicistas, como “batalla campal”, entre CNMC y grandes eléctricas, e incluso en la CNMC –votos particulares incluidos–. Pero la presidenta del organismo, curtida en mil frentes, lo pone en positivo. "Tenemos que adoptar un marco retributivo que incentive la inversión necesaria, con certidumbre, pero sin excedernos porque lo que no podemos perder de vista es quién paga todo eso: los ciudadanos con la factura la luz. Deberían saberlo las eléctricas...La CNMC no tiene necesariamente que publicar un informe del apagón. No existe una obligación o una decisión sobre un documento ad hoc. –¿Entonces qué hará?- Resolverá los expedientes que correspondan –individualmente por empresas– en virtud de sus competencias y, si finalmente hay varios sancionadores, se publicarán en paralelo. En todo caso, hay que recordar que los informes publicados hasta ahora ya señalan a una multitud de factores que tuvieron relevancia, lo que apunta a la dificultad de identificar culpables sin la suficiente reflexión. La CNMC sí trabaja en un informe de conclusiones y recomendaciones que mire más allá, a todos los sectores que fallaron, no solo el eléctrico. También comunicaciones y transporte. No tenían back up y debían tenerlo..."

Entrevista con Jessika Roswall Comisaria europea de Medio Ambiente. "...Necesitamos abordar el cambio climático. Mi trabajo es conseguir que la gente se sume a este camino, que también supone una ventaja para nuestra industria en el mundo, porque nos hace más competitivos además de ecológicos. Conozco muchas industrias que me dicen que, por supuesto, están haciendo la descarbonización porque necesitamos hacerla, pero porque supone una oportunidad de negocio también... Sigue vivo el Pacto Verde y el Pacto Industrial Limpio. Yo ahora estoy implementando mucha regulación y, como el resto de la Comisiónestamos muy comprometidos en hacer la implementación de una manera más sencilla, más eficiente. Pero el camino a seguir es el Pacto Verde y el Pacto Limpio, porque además son una ventaja competitiva para Europa y para nuestras industrias...Me preocupa que tengamos precios energéticos altos y eso lleva a que necesitamos avanzar hacia las energías renovables. Pero a veces la discusión es complicada y se polariza. No podemos tener una discusión honesta sobre cuál es el desafío y cómo podemos resolverlo. Me reúno con agricultores, con industrias pequeñas y grandes y les digo: vale, tienes un desafío, por ejemplo, tienes que reportar mucho, la carga burocrática es demasiado pesada para ti. Eso podemos abordarlo, pero no me preocupa el fondo porque sabemos que el camino correcto es la transición verde.,,Tuvimos un despertar brutal cuando Rusia invadió Ucrania, de la que se cumplen cuatro años. Y comprendimos nuestra dependencia del petróleo y gas rusos. Pero nos hemos alejado bastante rápido, aunque todavía quedan algunos desafíos. Esa era una razón. Ser dependientes, ya sea de la energía o de las materias primas críticas, es algo malo. Por supuesto, todos necesitamos más energía para la digitalización, la transición verde, la industria de defensa... Y necesitamos bajar los precios..."

La fractura en el Tribunal Constitucional (TC) por cuenta del modelo fiscal español se recrudece. Si el pasado mes de noviembre un bloque de cinco magistrados calificaba el sistema de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades como un “negocio piramidal”, la tensión aumenta ahora con un nuevo voto particular que da otra vuelta de tuerca a la polémica. Los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías han firmado un duro escrito, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en el que acusan a la mayoría del Pleno de abandonar su función de control constitucional para legitimar lo que definen, sin rodeos, como un “empréstito forzoso gratuito” y una “vía de financiación encubierta” del Estado a costa de la liquidez empresarial. El nuevo choque entre los magistrados se produce a raíz de la sentencia que desestima la cuestión de inconstitucionalidad 2840-2024. Aunque el fallo reitera la doctrina reciente –la ya célebre sentencia 175/2025, el voto particular evidencia el hartazgo de ciertos magistrados del Constitucional ante lo que consideran una deriva metodológica del tribunal de garantías: la justificación de la injusticia fiscal mediante la casuística. El núcleo de la crítica de Espejel, Arnaldo y Macías no es solo económico, sino profundamente jurídico. Los discrepantes alertan de que la mayoría del Constitucional está renunciando a analizar la inconstitucionalidad de la norma en abstracto –desde la perspectiva de cualquier proceso– para centrarse en si, en el caso concreto analizado, el daño a la empresa fue menor. La sentencia mayoritaria salva la norma argumentando que, en el recurso específico planteado, el sistema de pagos fraccionados no provocó per se un exceso de recaudación significativo. Para los tres magistrados, este argumento es una cortina de humo impropia de un Tribunal Constitucional. 

Una de las grandes preocupaciones del Banco Central Europeo (BCE) por el dinero del futuro es la vulnerabilidad que sufre Europa al depender de sistemas estadounidenses en el sector de los pagos digitales. En cada transacción existen múltiples intermediarios que pueden bloquear un pago si están bajo jurisdicción de EE UU. Porque, por debajo de cada operación, el dinero pasa por varias capas, desde la tarjeta o monedero digital al banco emisor, al banco comercial, pasarelas de pago, sistemas de compensación y redes de liquidación. Solamente si uno de estos proveedores es estadounidense, la transacción puede ser rechazada. Por eso las sanciones tampoco dejan comprar en Amazon o hacer una reserva en Booking. “Cualquier empresa, cualquier persona estadounidense o filial puede estar obligada a aplicar las sanciones y bloquearán inmediatamente las transacciones porque, si no lo hacen, se enfrentan a procesos penales en Estados Unidos”, explica Guillou. No es una cuestión solo de Visa y Mastercard. En el mundo digital las cadenas de pagos están tan interconectadas que es casi imposible no encontrar obstáculos, aun con empresas europeas. Si, por ejemplo, el juez quisiera hacer una reserva en un hotel italiano y los sistemas de pago de ese hotel dependen de alguna empresa estadounidense, aunque el establecimiento sea una empresa europea, la operación sería rechazada. Esta dependencia estructural es uno de los motivos por los que el BCE impulsa el proyecto del euro digital. Una moneda pública emitida por el banco central permitiría a cualquier ciudadano europeo realizar pagos cotidianos sin depender de intermediarios extranjeros, reduciendo el riesgo de que decisiones políticas externas interrumpan el acceso a medios de pago. El propio supervisor bancario reconoce que uno de los principales argumentos del proyecto es la soberanía europea en medios de pago.

«Un trato es un trato». Con estas cinco palabras, la Comisión Europea respondió ayer a la nueva política comercial estadounidense después de que la Corte Suprema tumbara los aranceles del ‘Día de la Liberación’ y Donald Trump anunciara el viernes una tarifa global del 10% y, veinticuatro horas después, la subiera hasta el 15%. Tras una conversación entre el responsable comunitario de Comercio, Maros Sefcovic, su homólogo estadounidense Howard Lutnick y el representante comercial de EE UU, Jamieson Greer, Bruselas sigue aún con los interrogantes sobre los nuevos aranceles vigentes. La Comisión Europea, a través de un duro comunicado, ha pedido a la Casa Blanca «total claridad» sobre sus próximos pasos. «La prioridad de la UE», en cualquier caso, añade el escrito, «es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, actuando al mismo tiempo como punto de apoyo global para el comercio basado en normas». Horas antes, el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, pidió a las autoridades comunitarias debatir abiertamente la posibilidad de suspender la tramitación del acuerdo comercial UE-EE UU, pactado en agosto pasado en Turnberry (Escocia), esgrimiendo que la situación es un «puro caos» y que «nadie entiende a estas alturas» lo que está ocurriendo.

El presidente estadounidense, que ya ha anunciado una tasa global temporal del 15% al amparo de otra ley, dispone de alternativas que puede emplear para escalar su guerra comercial. Las empresas, en un limbo hasta que tribunales inferiores se pronuncien sobre los reembolsos La opinión del viernes obliga a la Administración Trump a recurrir a herramientas alternativas para imponer aranceles. Sin embargo, ninguna puede implementarse con la rapidez y sencillez de la IEEPA, lo que aumenta la posibilidad de un breve retraso en la recaudación de gravámenes. Otras leyes comerciales estadounidenses suelen exigir períodos de revisión y estudio antes de poderse aplicar aranceles a productos extranjeros. Trump anunció el viernes que firmaría una orden para imponer un arancel global del 10% (que luego, el sábado, elevó al 15%) en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, además de los aranceles ya aplicados. Trump también anunció que iniciaría nuevas investigaciones comerciales, lo que podría dar lugar a una serie de gravámenes adicionales. Además de la Sección 122, el Instituto Cato identifica la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite al presidente imponer gravámenes de hasta el 50% a los países que discriminan el comercio estadounidense, como la vía más probable para la Administración. La Sección 122 permite a Trump imponer aranceles de hasta el 15% de forma inmediata durante un máximo de 150 días sin necesidad de las largas investigaciones que se exigen para otros aranceles sectoriales sobre productos como el acero y el aluminio en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. El Instituto Cato afirma que esta opción inmediata probablemente resultaría “muy atractiva” para Trump, como así ha sido, pero señaló la “trampa” de que los aranceles del 15% sólo son válidos durante 150 días antes de requerir una votación en el Congreso para extenderlos.