20260225

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El comité de empresa de Tubacex, según fuentes de la empresa y de la representación de los trabajadores, ha convocado movilizaciones con un paro de dos horas este jueves en protesta por la falta de avance en las negociaciones del convenio. Las condiciones laborales que hay que renovar son, precisamente, las recogidas en el acuerdo de 2021 que puso fin a la huelga más larga de la última década en Euskadi y que se prolongó durante nueve meses. Aquellas protestas arrancaron por la presentación de un ERE que afectaba a 129 personas y que la empresa retiró a cambio de la congelación de los sueldos y de retrasar la renovación del convenio hasta 2024. Desde entonces, y tras el escenario inflacionista de los años 2022 y 2023, los trabajadores de Tubacex no se han beneficiado de subidas salariales. La propuesta de la empresa ha consistido en un incremento salarial del IPC más 0,5% anual para los próximos cinco años con una paga única de 2.000 euros para compensar las subidas de precios de años anteriores. Para los sindicatos es insuficiente y han planteado una subida que ronda en total el 20% más IPC en los próximos cinco años, es decir, IPC más un 4% anual. Tubacex está en mitad de un procedimiento que le llevó el mes pasado a anunciar un ajuste de 46 millones. Un recorte que se comerá el beneficio de las cuentas de 2025, que la empresa presentará este viernes. La revisión fue fruto del análisis realizado sobre los activos y balances de la firma tras la llegada el año pasado del nuevo consejero delegado, Josu Imaz. Eso sí, la empresa mantiene el diagnóstico que ha venido trasladando a los analistas en los últimos meses con perspectivas positivas y una cartera de pedidos por encima de los mil millones. 

‘Detektiberik ez’. Con ese lema (‘No a los detectives’ en castellano) se concentraron ayer los trabajadores de la subcontrata de DHL en Mercedes para denunciar el despido de dos trabajadores que se encontraban de baja médica. En un nuevo caso similar al de los dos empleados cesados en la propia Mercedes Vitoria, que desveló en exclusiva EL CORREO, los sindicatos ELA y UGT reaccionaron ayer en DHL con la convocatoria de dos jornadas de huelga: una primera ayer y una nueva programada para mañana. Las centrales piden la readmisión de los dos trabajadores despedidos en la firma alemana. A través de un comunicado, ELA censuró el uso de detectives por parte de la compañía logística. Se trata de una medida a la que DHL no había recurrido hasta ahora y que los de Mitxel Lakuntza tildan de «poco ética» porque «trasladan el poder disciplinario de la empresa fuera del centro de trabajo». El comité de esta subcontrata de Mercedes, que da trabajo a unas 260 personas, «denuncia que no se puede normalizar el uso de herramientas destinadas a amedrentar a la plantilla en situación de baja». «En lugar de invertir en prevención y salud laboral, la empresa opta por perseguir a las personas trabajadoras en su vida privada, amparándose en los datos de absentismo», censuró la parte social. El caso de DHL llega apenas un mes después del cese de dos trabajadores de Mercedes también tras recurrir la firma a investigadores privados. La dirección de Bernd Krottmayer, tal y como avanzó este diario, contrató este tipo de profesionales para estudiar qué hacían dos empleados de la Avenida de Los Huetos que también estaban de baja.

Más de 1.500 firmas de 26 países han reservado ya su espacio en el BEC: de ellas más de 220 son vascas y un centenar, guipuzcoanas. Las expectativas están por todo lo alto y son «muy buenas» a la luz de cómo ha ido la contratacion de espacios en el recinto. Así lo explican fuentes de la organización, que confían en que precisamente esa calidad de ‘primer encuentro de entre los importantes’ en Europa reporte algún beneficio concreto traducido en pedidos y negocio. Hacen falta alegrías en la máquina-herramienta, pues a nadie se le escapa que el momento no es el mejor, y que la incertidumbre es la nota dominante en un entorno «agridulce», como señala AFM Clúster. La intensa competencia internacional, sobre todo la china, que ya hace máquinas muy competentes y baratas, ha puesto a parte del sector en alerta, con lo que una buena Bienal sería un balón de oxígeno para el sector, que en alguna de sus divisiones, como la ligada a la automoción, empieza a sufrir. «Afrontamos una BIEMH con una ocupación expositiva de lujo. También en lo que se refiere a visitantes la respuesta está siendo muy positiva. Estamos, sin duda, ante la mejor bienal de todos los tiempos y tenemos todo preparado para dar un empujón a la competitividad industrial del país», señaló Xabier Ortueta, director general de AFM.

AVS se lanza a por una nueva misión. La firma aeroespacial vasca Added Value Solutions avanza en su plan de expansión y abrirá el próximo mes una nueva sede en el Parque Tecnológico de Zamudio. La compañía prevé incorporar a veinte ingenieros, de los que la mitad ya han sido contratados, mientras que el resto se sumarán progresivamente hasta junio. La elección de Bizkaia responde, en gran medida, a su ecosistema académico e industrial, que facilita la captación de talento cualificado gracias a la proximidad de universidades y centros tecnológicos. Un factor clave en un sector intensivo en conocimiento como el aeroespacial. La compañía, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas y equipos críticos para el sector aeroespacial, continúa así su proceso de consolidación en la industria. Fundada en 2006 en Elgoibar, la firma cuenta ya con cerca de 240 empleados y dispone también de sedes en el Parque Tecnológico de Miñano, así como en Reino Unido y Estados Unidos. Su CEO, Miguel Ángel Carrera, explica que la compañía trabaja el espacio desde múltiples vertientes, que abarca la exploración y misiones científicas, servicios en órbita y desarrollo integral de satélites. De hecho, AVS fue la empresa responsable de poner en órbita el pasado agosto el primer satélite vasco, concebido para captar imágenes de alta resolución de la Tierra y avanzar en el ámbito de las comunicaciones cuánticas seguras. Los veinte profesionales que integrarán la nueva sede del Parque Tecnológico de Zamudio se encargarán de prestar servicios en órbita a los satélites de la compañía. 

El proyecto de fábrica de baterías impulsado por el Gobierno vasco, Basquevolt, trata de meter la cabeza en la industria de la automoción europea. Con ese objetivo comunicó ayer que ha suscrito con el grupo Renault un acuerdo de desarrollo. Se trata de trabajar mano a mano para analizar la implantación de la batería vasca en los coches eléctricos de nueva generación del fabricante francés. La colaboración supone enviar las celdas vascas a Renault para que pueda trabajar con ellas, analizarlas y validar su rendimiento en condiciones reales. Basquevolt trata de desarrollar en modo industrial la tecnología de celda en estado sólido para baterías que ha patentado. Una modalidad que en el coche eléctrico aumenta su autonomía un 50% –pasaría de los 500 km a los 750–, pero ahorrando costes en un 30% y sin depender de la tecnología china. Con Renault son ya tres los grandes fabricantes de coches europeos con los que la firma vasca mantiene acuerdos de este tipo. Aun así, no se trata del escenario inicialmente diseñado. Y es que Basquevolt contaba con tener para este año una planta de fabricación industrial de sus celdas de batería, pero la crisis de la automoción en Europa, la competitividad de China y la imposibilidad de lograr la ampliación de capital prevista de 100 millones, han frenado los planes. La firma tiene al Gobierno vasco en el accionariado en el que también participan Iberdrola, Enagas, CIE Automotive y el Ejecutivo central a través del CDTI. El año pasado aportaron capital también el fondo Stellum, integrado en Artizarra, y la Fundación Vital.

Nuevo cambio de aires en Robotekin. La asociación de robótica presidida por Emilio Titos ha elegido a Leire Balzategui como nueva directora general de la entidad. El propio ‘hub’ ha anunciado el nombramiento de su nueva ejecutiva, que ocupa el puesto que dejó vacío en septiembre Daniel Ruiz. Este último apenas duró cinco meses en el cargo tras la marcha del primer director del ‘hub’ de Miñano, Erik Echániz. Ingeniera de Caminos por la Universidad de Cantabria, Balzategui tiene un máster en Planificación de Transporte e Ingeniería por la University of Leeds (Reino Unido) y cuenta además con un MBA por ThePowerMBA. Según detalló Robotekin, en las primeras semanas su nueva directora mantendrá «encuentros y contactos con asociados y agentes del ecosistema para conocer de primera mano la realidad de la robótica y la automatización de Euskadi».

El crédito, empujado por la expansión inmobiliaria y la actividad empresarial, así como la inversión del ahorro de los clientes ha empujado la actividad de la banca en 2025 a resultados históricos. Una tendencia a la que se ha sumado también Laboral Kutxa con unos beneficios cosechados el año pasado de 305,2 millones de euros, un 11% más que el año anterior y un nuevo techo para la cooperativa de crédito. La entidad presidida por Adolfo Plaza ha logrado también por primera vez superar los 50.000 millones de euros en volumen de negocio. Es decir, la suma del dinero prestado a empresas y familias, las cuentas corrientes y la gestión del ahorro de los clientes en fondos de inversión y en planes de pensiones. Y es que los préstamos han crecido un 6,5% en todos los sectores con la suma de un total de 16.101 millones de euros. Un salto que se ha notado en todos los ámbitos. Así, el hipotecario ha tirado con fuerza formalizando un 27,9% más de hipotecas y elevando el saldo de esta cartera un 3,67%. El tejido empresarial, a pesar de las incertidumbres, también ha firmado unos buenos números en 2025. Según señala la entidad vasca, el importe formalizado en los nuevos préstamos se incrementó un 33% gracias al buen comportamiento de todos los segmentos: pequeñas, medianas y grandes empresas. Ver nota Laboral Kutxa aquí. 

Marcha atrás al recorte de hasta 400 euros al mes que la Seguridad Social estaba aplicando desde el pasado 1 de enero a las pensiones de aquellos trabajadores que estuvieran cotizando por la base máxima y decidieran adelantar su jubilación de forma voluntaria. El ministerio de Elma Saiz rectifica tras destapar este periódico el nuevo criterio. De esta forma, según han confirmado fuentes del departamento, dejará de aplicarles una penalización por retirarse antes de la edad legal que podía llegar a triplicar la que se había pactado para este colectivo de rentas altas en la última reforma de las pensiones. Desde inicios de año la Seguridad Social eliminó las condiciones ventajosas que tenían los trabajadores que estuvieran cotizando por la base máxima. Sin previo aviso, puso fin al periodo transitorio especial que se extendía hasta 2033 y equiparó de golpe y porrazo sus coeficientes reductores con los del resto de cotizantes, lo que podía suponer un golpe de hasta 5.600 euros al año. La medida la adoptó tras considerar que «el marco normativo transitorio se había visto rebasado por las revalorizaciones, fruto de la crisis inflacionaria», y, por tanto, ya no tenían que ser beneficiados con unas penalizaciones inferiores.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistió ayer en que los últimos giros en la política arancelaria estadounidense han dejado buena parte de los productos españoles en una “situación ligeramente más favorable” comparada con la que tenían antes de que el Supremo de Estados Unidos tumbara la semana pasada el grueso de las tarifas de Donald Trump. “Con el acuerdo de Estados Unidos-Unión Europea, el arancel medio que teníamos estaba en torno al 14,4%. Hoy tenemos un arancel medio con Estados Unidos de en torno al 12,6%”, afirmó en una entrevista en Onda Cero. Sin embargo, el titular de Economía matizó que la mejora no vale para todos los bienes exportados –un 60% estarían “ligeramente mejor”, un 10% “ligeramente peor” y el 30% “más o menos igual”, calcula– y recordó que este escenario es temporal. Pese a la ligera reducción de las tarifas, la incertidumbre ha vuelto a dispararse entre las firmas más expuestas al mercado estadounidense. El pasado viernes, la justicia norteamericana anuló los llamados aranceles recíprocos que Washington lanzó en abril, un fallo al que Trump contestó con el anuncio de nuevos gravámenes, de un 10% general, que en principio solo podrán en estar vigor durante 150 días. Una situación que deja en entredicho el acuerdo comercial que EE UU firmó con la UE en julio del año pasado, que establece un recargo único del 15% a los productos comunitarios exportados al otro lado del Atlántico.

Los nuevos aranceles estadounidenses ya están en vigor. Los gravámenes aprobados por el presidente, Donald Trump, para tratar de sobreponerse al revés del Tribunal Supremo entraron en funcionamiento pasado un minuto de la medianoche de ayer. Los aranceles gravan las importaciones con una tasa del 10%, pese a que el mandatario republicano aseguró el pasado sábado por la mañana que sería del 15%, en una rectificación que revela la improvisación de la Casa Blanca en este asunto. Se establece una “imposición de un recargo temporal a las importaciones para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales, emitida de conformidad con la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que impuso un arancel ad valorem adicional del 10% sobre los artículos importados de cada país por un periodo de 150 días, a menos que estén específicamente exentos”, señala la orden publicada el lunes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La respuesta de la Casa Blanca a la sentencia del Supremo ha añadido incertidumbre y desconcierto a las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus socios. 

El comercio internacional con Estados Unidos ha terminado por convertirse en un deporte de riesgo. Después de que la Corte Suprema tumbara el viernes el grueso de las barreras proteccionistas desplegadas el pasado año por la Casa Blanca, Washington estrenó finalmente ayer un nuevo arancel general sustitutorio del 10% para todas las importaciones que lleguen al país desde fuera de sus fronteras, sorprendiendo a propios y extraños tras el anuncio de su presidente, Donald Trump, de que la tarifa sería del 15%. Aunque la menor cifra podría arrojar cierto alivio temporal a algunos de los principales socios comerciales del EEUU, no está claro cuándo acabará subiendo al 15% o si, en cualquier caso, la tasa sobrevivirá a su ratificación parlamentaria dentro de 150 días, por lo que el nuevo vaivén arroja ante todo una nueva capa de incertidumbre a un marco de por sí caótico. El nuevo arancel general del 10% vigente desde ayer ha sido impulsado por el presidente estadounidense en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite establecer nuevas tasas comerciales temporales durante un plazo de 150 días antes de quedar en manos de la votación del Congreso, que hasta ahora no había sido consultado, y donde no tiene asegurada sus persistencia. La cifra del 10% es la que Trump anunció, visiblemente enfurecido, en su declaración inicial del pasado viernes, tras conocerse la demoledora sentencia de la Corte Suprema en contra de su política comercial.

Las grandes empresas norteamericanas comienzan a reclamar en los tribunales la devolución de las cantidades abonadas en los últimos meses, y que podrían dejar al Gobierno con un agujero de entre 133.000 y 175.000 millones de dólares. El gigante logístico FedEx dio el pistoletazo de salida a la oleada de reclamaciones judiciales que se esperan en próximas fechas, después de que la sentencia del Supremo estadounidense no dejase del todo claro si el dinero recaudado por los aranceles ilegales debe devolverse. La compañía, cuyo centro de operaciones global se encuentra en la ciudad de Memphis, presentó ayer una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y su comisionado, Rodney Scott, en la que reclama el “reembolso total” de los pagos efectuados desde el año pasado. Según se detalla en el escrito presentado ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, FedEx argumenta haber “sufrido un perjuicio” por abonar los gravámenes después de haber importado grandes cantidades de mercancía desde la entrada en vigor de los aranceles, algo que podría solucionarse con un fallo favorable del tribunal. Aunque la compañía no aclara la cantidad desembolsada durante el año pasado, cabe recordar que el impacto estimado de los aranceles declarados ilegales sobre las cuentas de la multinacional logística para 2026 asciende a 1.000 millones de dólares. Esta es la primera demanda presentada en un tribunal de primer nivel tras la anulación de los gravámenes, si bien otras empresas han movido ficha en los últimos meses o lo están haciendo ya. Por ejemplo, el grupo de distribución más grande del mundo, Costco, ya denunció a la Administración Trump el pasado diciembre, ante la inminente decisión final del Supremo.

La caída cuesta abajo y sin frenos de Tesla en los mercados europeos parece no tener fin. Tras un 2025 desastroso para la marca, tanto en su cuenta de resultados financieros como en su desempeño comercial en el Viejo Continente (se desplomó un 26,9% en un mercado eléctrico que creció un 29,7%), la compañía ha empezado 2026 con una nueva caída del 17% en enero, según los datos ofrecidos ayer por la patronal europea de fabricantes de coches, ACEA. En total, la marca ha comercializado 8.075 unidades, muy por detrás de las 18.242 matriculadas por la china BYD (que se disparó un 165%), el mayor productor de coches enchufables del mundo y máximo competidor de Tesla. Sin embargo, hay que poner un asterisco en esta comparativa (que incluye, además de a la UE, a Reino Unido, Islandia, Suiza y Noruega): BYD, al contrario que Tesla, también vende híbridos enchufables, un tipo de coche que a BYD le interesa para no pagar el arancel extra de la Unión Europea a los coches eléctricos producidos en China. El caso español muestra bien esta realidad: durante el primer mes del año, Tesla logró situar a su Model Y como el vehículo más comercializado en el país, con 447 unidades, según datos de Anfac, la patronal nacional de automovilísticas. Sin embargo, BYD posicionó a su Seal U como el más vendido entre los híbridos enchufables, con 679 matriculaciones.

El primer año de Marc Murtra al frente de Telefónica cierra con unas pérdidas netas de 4.318 millones de euros, las más altas desde el desplome que sufrió en 2002 y muy por encima de las que registró hace un año, de apenas 49 millones. Los resultados que la operadora comunicó ayer a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), son fruto del coste del despido colectivo (ERE) sobre cerca de 5.000 empleados y el impacto en las cuentas de la venta de cuatro filiales en Hispanoamérica, no al desempeño operativo del negocio. De hecho, el resultado neto ajustado de las operaciones continuadas, que mide concretamente el desarrollo de los negocios actualmente vigentes, arrojó un beneficio de 2.122 millones en 2025, según sus cuentas. Murtra ha empeñado su primer año al frente del grupo en la elaboración del plan estratégico con el que busca reforzar la presencia de Telefónica como actor global de las telecomunicaciones en Europa, basándose en consolidaciones y en sus mercados ‘core’: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. A los pocos meses de llegar a la compañía, Murtra comenzó a materializar un plan de desinversiones en Hispanoamérica que estaba planteado desde hacia años. Pero la minusvalía contable anotada por la venta de la filial en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay fue la partida que más lastró los resultados, con un impacto negativo de casi 2.300 millones de euros. Es más, el impacto de las ventas de Chile y Colombia aún no se ha contabilizado en las cuentas de 2025, por lo que todo apunta a que la primera mitad de 2026 seguirá siendo complicada a nivel contable.

El fondo activista Third Point ha decidido dirigirse directamente al Gobierno español después de irrumpir en el capital de Indra con una participación que califica de “significativa” pero inferior al 3% que le hubiera obligado a revelarla ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nuevo inversor de la compañía del Ibex 35 ha remitido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que le advierte de los riesgos de que se frustre la adquisición por Indra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, a su vez poseedor junto con su hermano Javier del 14,3% del capital. Su preocupación es que si no se materializa la operación, que el mercado da por descontada, la acción de Indra pueda sufrir un duro golpe, un movimiento que ya ha provocado movimientos bursátiles por los rumores de estancamiento. “Le escribimos para expresar nuestro firme apoyo a la transacción propuesta con EM&E”, señala la misiva enviada a Belén Gualda, presidenta del brazo empresarial del Estado –que tiene un 28% del capital–, y que también fue remitida al consejo de administración de Indra.

Las tensiones en el mercado de la vivienda se intensificaron en 2025. Y esa presión se plasmó en los precios de los pisos, que rebasaron por primera vez los niveles de 2007, el pico de la burbuja inmobiliaria. Según el Consejo General del Notariado, el valor de la vivienda escaló el año pasado un 7,5%. Pero el mercado de hoy y de hace casi dos décadas poco tiene que ver: la construcción de pisos nuevos se ha despeñado, la proporción de compradores extranjeros se ha más que duplicado y los jóvenes se han visto prácticamente excluidos del mercado. Según sus datos, solo el 9,6% de quienes adquirieron una vivienda el año pasado tenían entre 18 y 30 años, frente al 22,5% de 2007. Los notarios presentaron ayer en Barcelona su nuevo portal estadístico. Aprovecharon la ocasión para esbozar su radiografía del mercado inmobiliario en 2025. El precio del mercado residencial siguió su escalada, llegando a superar los valores de 2007 en términos nominales (sin descontar la inflación). En general, el precio de la vivienda subió un 7,5%, aunque la plurifamiliar escaló el año pasado un 10%, llegando a una media de 2.194 euros el metro cuadrado. El director general del Centro Tecnológico del Notariado, Albert Martínez Lacambra, señaló que las costuras del mercado se rompen por el lado de la oferta, incapaz de absorber la elevada demanda. 

Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, dijo el lunes que la intensa competencia en la industria financiera empieza a presentar paralelismos con la etapa previa a la crisis financiera de 2008, cuando una carrera por otorgar préstamos terminó con el colapso de las hipotecas subprime. “Lamentablemente, vimos esto en 2005, 2006 y 2007, casi lo mismo: la marea creciente elevaba todos los barcos y todos ganaban mucho dinero”, declaró Dimon en una ponencia con inversores. Aunque JP Morgan no está dispuesto a conceder préstamos más arriesgados para impulsar el ingreso neto por intereses, afirmó: “Veo a un par de personas haciendo cosas tontas. Simplemente están haciendo cosas tontas para generar margen de intereses”. Dimon, quien dirigió el mayor banco de Estados Unidos durante la crisis financiera de 2008 y absorbió dos grandes competidores que colapsaron, señaló que espera que el ciclo crediticio vuelva a deteriorarse, aunque no sabe cuándo. El director ejecutivo lleva meses advirtiendo sobre un posible deterioro en la calidad crediticia. Cuando la financiera automotriz Tricolor Holdings y el proveedor de autopartes FirstBrands Group colapsaron el año pasado, dijo que ver una “cucaracha” implicaba que probablemente aparecerían más. En semanas recientes, varias industrias han enfrentado caídas en las cotizaciones vinculadas a la inteligencia artificial,mientras los inversores evalúan cómo podría la nueva tecnología alterar los mercados. “Siempre hay una sorpresa en un ciclo crediticio”, dijo Dimon, y agregó que la incógnita suele ser qué industria se verá afectada. “Esta vez podría ser el software por la IA”.

La inteligencia artificial (IA) avanza año a año en la empresa española y cada vez con más fuerza. “2025 ha sido un año de fuerte despegue de la IA empresarial”, indica UGT en la séptima edición de su estudio Digitalización de la empresa española, que dedica mucha atención a la expansión de la IA. A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),el sindicato subraya que el 21,1% de las empresas mayores de 10 trabajadores usó la IA en 2025, nueve puntos más que un año antes. También indica que esa utilización está aún más instalada en las empresas más grandes, con un 58,2% y un avance interanual de 13 puntos. Estas tendencias mejoran la posición española en el ranking sobre uso de la IA de la OCDE. Las empresas más grandes, las que superan los 250 trabajadores, son las que más usan la IA, un 58,2% de ellas. Es un avance importantísimo respecto al primer dato disponible, 2021, cuando rondaba el 36,8%. El principal salto se dio en 2025, en el que esta variable avanzó 13 puntos, frente a los 12 que ganó de 2021 a 2024. La misma dinámica se repite en el resto de las empresas: entre las que emplean menos de 10 trabajadores, la evolución fue del 3,5% en 2021 al 7,5% en 2024 y hasta el 13,4% en 2025.

La Unión Europea materializa su gran ejercicio de simplificación verde, un hachazo a la regulación ambiental que había construido durante años y que ahora le estorba en su nuevo propósito: cerrar la brecha de la competitividad respecto a Estados Unidos y China. Las instituciones europeas han puesto el sello definitivo a la propuesta legislativa que lanzó la Comisión Europea a finales de febrero del pasado año en el que sería el primer gran paquete de simplificación de los diez que hay ahora mismo sobre la mesa. Se trata de una medida que ahorrará 4.500 millones de euros a las compañías europeas en burocracia y cumplimiento normativo, según las estimaciones del Ejecutivo comunitario. La medida entrará en vigor en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea y lo hace con la dilución adicional de las exigencias verdes acordadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que enmendaron el texto presentado por Bruselas para adoptar un enfoque todavía más agresivo. Con él hasta un 90% de las empresas –tanto europeas como extranjeras– quedarán exentas de cumplir la normativa de reportes de sostenibilidad a la que tenían que hacer frente. Además, también se librarán de revelar el impacto social y ambiental, una tarea a la que tenían que hacer frente siguiendo los estándares de sostenibilidad de la UE, con auditorías exhaustivas para garantizar la credibilidad.

Los jóvenes españoles son el grupo de edad que en menor cantidad se reivindica como feminista. La razón fundamental hay que buscarla en el altísimo rechazo que los adolescentes expresan hoy hacia esta lucha política y social por la igualdad real entre hombres y mujeres y contra el machismo. La clave de la nueva tendencia, que se ha disparado en los últimos cuatro años, está en que hasta dos de cada tres varones de entre 15 y 19 años reniegan del feminismo, ideología que, no obstante, tampoco convence a casi cuatro de cada diez chicas de las mismas edades. Es el dato más llamativo desvelado por el Barómetro Juventud y Género 2025, elaborado por la fundación Fad Juventud, que como explicaciones más plausibles para este vuelco sociológico apuntan a dos. La primera, el gran auge de los discursos antifeministas y reaccionarios, muy presentes en la redes sociales, y que están teniendo un claro impacto entre los adolescentes. La segunda, la pérdida de fuerza de las grandes movilizaciones feministas que inundaron las calles antes del cambio de década a raíz del ‘MeToo’ y de la enorme indignación social por la primera y decepcionante sentencia contra los violadores de la Manada. Como refleja el estudio, el apoyo de los jóvenes al feminismo está en mínimos de la década. Solo el 38% de los españoles de 15 a 29 años se confiesan como tales y casi la mitad (46%) reniegan, e incluso desconfían, de este movimiento. Son doce puntos de apoyo menos que hace solo cuatro años o, lo que es lo mismo, una caída de los respaldos del 24% desde 2021. De hecho, los jóvenes son los menos feministas de todos los ciudadanos españoles, con cuatro puntos por debajo de la media de los adultos (42%).