20230215

Informe de Confebask en el que también destaca la caída del número de autónomos en Euskadi hasta un nuevo mínimo histórico. Por lo demás, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social se situó en enero en 57.457, tras registrar un descenso de 363. Se trata de una caída menor que la habitual para un mes de enero (-0’2%). En todo caso, y en comparación con febrero de 2020 (antes de la pandemia) todavía se registran 1.436 empresas menos (-2’4%) y desde entonces sólo se han recuperado el 32%. En cuanto a las empresas vascas que entraron el año pasado en concurso de acreedores, y una vez publicados ya los datos completos de 2022, se registraron un total de 253, un -3,1% menos que en 2021, tras reducirse esa cifra en el cuarto trimestre un -13,6%. Esa caída del -3,1% en Euskadi contrasta con lo ocurrido en el conjunto del Estado, en donde se ha producido un incremento de las empresas concursadas del +16% en 2022. Ver más en Confebask. Informe completo aquí

Los efectos de la guerra sobre la economía han truncado la recuperación del tejido empresarial en Euskadi. La comunidad encadenó este pasado enero su octavo mes consecutivo de pérdida de empresas, con un saldo negativo de 363, aunque se trata de una caída menor que la habitual en ese mes, según destaca Confebask en su último informe. La sangría es aún más preocupante entre los autónomos. En enero se dieron de baja otros 1.175, con lo que el total volvió a marcar un nuevo mínimo histórico: en enero se contabilizaban 167.82. Su número se ha reducido en 2.424 desde febrero de 2020. «Se mezclan varios factores. El daño que ya causó la pandemia, al que se ha sumado la guerra y también otros problemas como la falta de relevo generacional», apunta Pablo Martín, responsable de Economía de Confebask. También hay datos positivos. Se declararon en concurso 253 empresas, un 3% menos que en 2021, una caída que contrasta con el alza del 16% a escala nacional. «El tejido es menos dinámico, pero más resiliente», concluye Martín.

"...Desde el respeto a la actual diversidad, la inexistencia de una narrativa común requiere que nos planteemos cuál habrá de ser ahora la palanca que deberíamos activar para estimular valores como el esfuerzo, la implicación o el compromiso de la gente en sentido más genérico respecto de proyectos empresariales, sociales, culturales, políticos, etc. En definitiva, cómo conseguimos que las personas demos lo mejor de nosotros mismos...Desde una concepción colectiva convendría debatir sobre cómo deberíamos estimular la implicación de todas las personas. Cómo avivar las ganas de emprender, las ganas de dedicarse apasionadamente a proyectos propios o ajenos que sean estimulantes, edificantes y que trasciendan a la satisfacción de nuestras legítimas necesidades o intereses. En resumen, cómo despertar el compromiso de generaciones futuras que podrán disfrutar de cosas que generaciones anteriores no tuvieron y que, por otra parte, marcan su fisonomía social y en consecuencia su visión del momento. Probablemente nos asomamos a una materia desconocida y compleja pero, vista la llamativa reducción de la natalidad de Europa que no en otros países especialmente en desarrollo, los niveles de envejecimiento y que se empieza a acusar también en Europa la falta de personas suficientes para responder, entre otras, de las necesidades de nuestras empresas como unos de los principales garantes del mantenimiento de nuestro actual bienestar, se nos plantea el reto de cómo hacer sostenible el bienestar del futuro...Respecto de la empresa debemos preocuparnos en hacer de las empresas proyectos sostenibles y compartidos basados en la confianza, donde el propósito sea claro, conocido y conecte con las inquietudes de las nuevas generaciones, haciéndoles ver que su dedicación y esfuerzo estará directamente relacionado nada más y nada menos que con la mejora de la sociedad. A cada uno corresponde esta reflexión y el análisis de su contribución a este reto. La de Adegi es Fabrika y está ya, desde y para Gipuzkoa, abierta al mundo".

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) recibió ayer la esperada aprobación del Consejo de Ministros para firmar la subida del 8%, y facilitar la escalada de precios a 54.000 trabajadores de Euskadi, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento, de hasta 1.080 euros brutos repartidos en 14 pagas, supone un 44% del sueldo medio en el País Vasco –del 60% en España, la cifra a la que se había comprometido el Gobierno–, y ayudará a nivel nacional a 2.272.000 asalariados. En territorio vasco, el SMI resulta una realidad casi invisible, que a efectos prácticos afecta principalmente a las trabajadoras domésticas, aunque también ha alcanzado a otros sectores como el de las peluqueras, las pizzerías, los conserjes o incluso los ‘call centers’. Las categorías más bajas de estos últimos, que apuran ahora la negociación de su convenio caducado en 2019, se verán sobrepasados por este nuevo aumento. La subida del SMI, acordada por el Gobierno, CC OO y UGT con el rechazo de las patronales CEOE y Cepyme, supondrá a los autónomos y las empresas un sobrecoste de más de 3.000 millones de euros. En total los salarios alcanzarán una cuantía de 15.120 euros anuales (36 euros al día), y limitará a un mínimo de 51,15 euros por jornada legal a los eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no superen los 120 días. Los empleados de hogar que trabajen por hora pasarán a cobrar 8,45 euros, tras incluir todos los conceptos retributivos, gratificaciones extraordinarias, descansos y vacaciones.

Aunque la subida del salario mínimo pueda llevar a una mejora para los 2,5 millones de trabajadores que se sitúan en torno a estos niveles de sueldo, también supone un lastre para la creación de empleo, debido a que el 15% de las empresas (y el 40% de las pymes) se van a ver forzadas a soportar un fuerte incremento de los costes laborales, de hasta 1.540 euros al año por trabajador, según los cálculos de la patronal Cepyme. Esto es, casi 4.000 millones de euros en el conjunto del tejido empresarial. Un impacto que se notará especialmente en sectores como la limpieza y otras ramas del sector servicios, la hostelería, la agricultura o el comercio. Sectores que, en el mejor de los casos, podrán trasladar este incremento de los costes a sus clientes, dando una vuelta de tuerca a la inflación, pero que en el peor, tendrán que absorber este incremento en sus márgenes o asumir pérdidas por ello. En este sentido, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) señaló que este incremento del SMI del 8% este año, hasta los 1.080 euros al mes, repartidos en catorce pagas mensuales, es algo imposible de asumir para las compañías del sector, que no pueden “dar lo que no tienen”, ya que sus ingresos están limitados por contratos firmados con condiciones salariales muy diferentes. “¿Cómo nos sentamos a la mesa a negociar con la otra parte si ya nos lo dan hecho desde el Gobierno y no tenemos margen en los contratos de limpieza ya firmados con sus prórrogas obligatorias [por la Ley de Contratos del Sector Público]?”, reprochó el presidente de la patronal de este sector, Juan Díez. Hay que tener en cuenta que el SMI se ha incrementado un 64,8% desde 2016, lo que eleva enormemente el golpe a las cuentas de las empresas. Y, si entonces el número de trabajadores cubiertos por el SMI era bastante limitado (cerca de 400.000), hoy esta cifra se ha multiplicado por seis y es especialmente intensa en sectores como este, ya que la medida afectará al 53% de los convenios de limpieza y al 32% de los trabajadores, según señala Díez.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió ayer una indemnización por despido improcedente adaptada a la situación particular del trabajador. Es decir, que tenga en cuenta aspectos como la edad, la situación económica, su patrimonio, su nivel de formación o capacidad de poder volver a encontrar trabajo. Díaz respondió así a la reciente sentencia, del 30 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha admitido una indemnización por despido improcedente superior al tope establecido por el Estatuto de los Trabajadores. La cuantía máxima de la compensación por despido improcedente, “injustificado”, del trabajador está establecida, con carácter general, en 33 días de salario por año de servicio, hasta una retribución máxima equivalente a dos años de servicios en la empresa. Así quedó, definitivamente, desde la reforma laboral de 2012, que hizo el Gobierno del Partido Popular. Pero la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite la superación de ese tope de indemnización de la siguiente forma. Adicionalmente, quince días más de salario, hasta una cuantía máxima de un año. Por lo tanto, en el mejor de los casos, el trabajador puede llegar a percibir hasta 48 días de salario por año de trabajo en la empresa, con una retribución máxima de tres años.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, criticó ayer la subida de sueldo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, hasta el entorno de los 400.000 euros al año, algo que no ve “sensible” en un momento en el que la patronal reclama contención salarial y en el que muchas empresas están sufriendo un estrechamiento de sus márgenes por la necesidad de elevar los sueldos para mitigar la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores derivada de la inflación. Por ello, este incremento puede traducirse “en lo que está pasando”, es decir, en “ataques” a la clase empresarial. En ese sentido, Cebreiros criticó la elevada cifra que la CEOE paga a Garamendi porque “no es sensible en estos momentos” que un alto directivo de la patronal tenga ese salario. “Puede producirse lo que se está produciendo, un ataque a los empresarios. Que si no nos sentamos a la mesa del diálogo social, que no nos sentamos a revisar el SMI porque nuestro máximo directivo tiene un salario que no es sensible con la realidad. Eso puede estar complicándonos la vida a todos”, sentenció, ya que parece complicado negarse a un incremento del SMI, que es complicado de asumir para muchas empresas, cuando el sueldo del principal interlocutor multiplica por 26 las nuevas percepciones mínimas. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, respondió a las “desafortunadas” críticas a su sueldo por parte del Gobierno, ya que el presidente Sánchez lo tildó de “festín” salarial, mientras reclama “sacrificios a los de abajo”. Así, Garamendi respondió que Sánchez utilizó “una palabra desafortunada” que no ve en la calle y justificó su salario porque la CEOE se nutre de cuotas privadas de las organizaciones empresariales y las empresas de este país, y que es la junta directiva de la patronal la que decide la remuneración del presidente. “Le puede parecer a alguien mucho o poco, pero esta es la realidad y se ha hecho con transparencia”. 

La iniciativa, que ha recibido 340 votos a favor, 279 en contra –del PP, Vox y PNV, entre otros– y 21 abstenciones, contempla una aproximación gradual, antes de lograr la neutralidad climática en 2050. El transporte genera una quinta parte de las emisiones de gases contaminantes en la UE, por lo que supone un sector clave para lograr la neutralidad climática del continente. La nueva normativa reducirá un 55% la fabricación de coches de combustión e híbridos para 2030 y un 50% la de furgonetas, antes de vetar completamente su venta cinco años después. Eso sí, esta medida abre la puerta al desarrollo de otros que funcionen con motores de combustión «alimentados exclusivamente con combustibles neutros en dióxido de carbono». La aprobación de esta regulación coincide con la presentación de la propuesta de Bruselas para eliminar las emisiones de autobuses urbanos para 2030 y reducirlas en un 90% en el caso de los camiones para 2040. El grupo socialdemócrata celebró ayer la adopción de esta medida. El eurodiputado Javi López defendió que se trata de «un importante paso» hacia la neutralidad climática y que esta regulación «dará certeza al sector». Izaskun Bilbao (PNV), por su parte, rechazó prohibir la venta de vehículos de combustión, pero se mostró partidaria de mantener el objetivo de reducción de emisiones en un 90%. Esa cifra, aseguró, «favorece» los objetivos climáticos y «conecta mejor con las previsiones de los técnicos y la industria». En la presentación de esta propuesta Bruselas defendió que los plazos marcados permitirán a la industria del automóvil cumplir con la nueva normativa. En España, sin embargo, las asociaciones de fabricantes y concesionarios de automóviles –Anfac, Faconauto y Ganvam– piden al Gobierno que el endurecimiento de las exigencias medioambientales vaya acompañado de ayudas que permitan a los fabricantes adaptarse a la nueva normativa.

Esta inversión es parte del monto de 7.000 millones de euros que el consorcio inyectará en España en los próximos años. Volkswagen participa, junto a más de 50 socios, en el proyecto Future: Fast Forward, que se presentó a la primera convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), y que recibió ayudas por casi 360 millones de euros. El proyecto invertirá en conjunto 10.000 millones de euros en España y Volkswagen y Seat coparán el 70% del total. El importe de la inyección económica que recibirá la factoría de Landaben lo desveló ayer la presidenta de Navarra, María Chivite, en el marco de una visita realizada a la sede del grupo alemán en Wolfsburg, donde se reunió con el presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, y con el responsable de Producción y Logística de la multinacional, Christian Vollmer. Con este anuncio se va conociendo el desglose de la inversión comprometida por Volkswagen en España, ya que a estos más de 1.000 millones que se destinarán a la planta de Navarra se sumarán otros 3.000 millones que irán a parar al centro de Seat en Martorell, también para su electrificación. Los alrededor de 3.000 millones restantes se utilizarán para la puesta en marcha de la nueva gigafactoría de baterías que instalarán de forma conjunta Volkswagen y Seat en Sagunto (Valencia), con la creación prevista de unos 3.000 puestos de trabajo directos y otros 12.000 de carácter indirecto.

Ford plantea un recorte de 3.800 trabajadores en Europa en tres años en puestos de administración y de ingeniería para desarrollo de productos, según comunicó ayer la compañía, que esgrime la subida de los costes y la necesidad de reducir la estructura por el paso a la fabricación de coches eléctricos. Del recorte previsto, Ford plantea que el mayor impacto recaiga en Colonia y Aachen, sus fábricas en Alemania, donde habrá 2.300 bajas. En el Reino Unido se despedirá a 1.300 trabajadores y otros 200 en el resto de Europa. En España Ford cuenta con la fábrica de Almussafes (Valencia), donde trabajan más de 5.000 personas. La intención es que las salidas se produzcan por la vía de bajas voluntarias, a partir de programas comunes en el sector. Pese a que se preveía el recorte, la confirmación es un jarro de agua fría para los sindicatos, que consideraban que la rebaja fuera de 2.500 en desarrollo de producto y otros 700 en el área de administración. En un comunicado, Ford advierte que el recorte servirá “para revitalizar el negocio en Europa”.

«El accionariado es el que es. De ser una filial de una firma británica ahora es una empresa que tiene vida propia y abre su campo de actuación a todos los fabricantes mundiales, en una sana competencia. Se abre una ventana de crecimiento», manifestó ayer el nuevo presidente de la compañía aeronáutica vasca ITP, Juan María Nin, en su primera comparecencia pública tras ser nombrado para el cargo el pasado mes de septiembre, una vez consumada la toma de control de la empresa por parte del fondo de inversión norteamericano Bain. Así, trasladó la idea de que haberse desgajado de su anterior propietario, la multinacional británica Rolls Royce, va a permitir a la empresa tener un campo de actuación más amplio. Nin intervino en un foro organizado por la Alumni de la Deusto Business School. «Mi ilusión es consolidar una joya empresarial, con un crecimiento sostenible. Es un ser vivo y crecerá porque las bases son excelentes», dijo el presidente de la compañía dedicada a la fabricación de componentes para motores de aviación. «En el País Vasco, una empresa como ITP produce un círculo virtuoso de alimentación permanente. No hay manera de progresar en la fabricación de turbinas sin una excelente formación profesional de los trabajadores. Eso lo tenemos, pero la exigencia pone presión en el sistema educativo», señaló para poner en valor el efecto que la firma tiene en el entorno económico de Euskadi.

El fabricante de neumáticos Michelin se suma a la tendencia sostenible con un objetivo claro: en siete años quiere que el 40% de los materiales que utiliza en sus neumáticos sean reciclados, reutilizados o sostenibles. Veinte años después, en 2050, espera que este objetivo alcance al 100% de los materiales. “La sostenibilidad ya no es cuestión de un departamento, sino que todas las acciones de la empresa tienen que enfocarse en esa línea. En el Michelin del futuro todo será sostenible”, destacan desde la compañía. Para conseguirlo, la empresa trabaja en tres grandes áreas. En primer lugar, en la materia prima, el propio neumático. La clave está en encontrar productos naturales o reciclados con los que sustituir los productos fósiles derivados del petróleo que componen los neumáticos, lo que representa un gran desafío teniendo en cuenta que un soplo ejemplar está compuesto por alrededor de 200 materias primas diferentes. Por un lado, Michelin trabaja en sustituir los productos derivados del petróleo, como las resinas, y, por otro, en obtener nuevos materiales como el caucho sintético elaborado a partir de compost, acero reciclado a través de bandejas de plástico o vasos de yogures y poliéster a partir de botellas de PET. La empresa emplea a unas 7.500 personas en España, distribuidas entre los cuatro centros de fabricación: Lasarte , Vitoria, Valladolid y Aranda de Duero, además de un centro de I+D, en Almería, y de las oficinas centrales de Valladolid. En esos centros de fabricación también debe producirse el cambio. El segundo gran objetivo es descarbonizar totalmente las fábricas en 2025. 

El alza del euríbor el último año, que ha pasado de estar en negativo a positivo y que sube casi cuatro puntos, ha provocado que los hipotecados tengan que echar mano de la calculadora para comprobar el ‘roto’ que va a provocar en sus bolsillos el aumento de la cuota a abonar al banco. Algunos ya están sufriendo ese revés y otros lo harán a medida que les toque la revisión de la misma. Esa subida abrupta de los tipos de interés y por ende del euríbor ha tenido ya sus efectos, como lo demuestra el hecho de que el cambio de banco en busca de unas mejores condiciones –subrogación– se haya disparado el último año hasta el punto de que se ha llegado a las cifras más altas de los últimos años. También se ha incrementado el número de hipotecas que pasan de variable a fijo, lo que se denomina novaciones. En lo que respecta a los cambios de entidad bancaria, hasta noviembre habían tomado esta decisión un total de 384 hipotecados guipuzcoanos. Se trata de la cifra más alta desde 2014. Y si el último mes continúa la misma evolución podría incluso superar los registros de 2014 y ser la máxima de la última década. 

El fuerte incremento registrado por la energía en el último año tras la guerra de Ucrania así como de los costes de las materias primas están llevando al límite a uno de los sectores más afectados, como es el de las panaderías, muy sensibles a este aumento desbocado de los gastos y con pocas posibilidades de repercutirlos en su totalidad en el precio de venta. Una de las últimas víctimas ha sido el obrador Pagosa, con sede en Ordizia, comercios en la comarca del Goierri y que distribuye pan a buena parte de las panaderías de la zona. Una firma que se ha declarado en concurso de acreedores y afronta una difícil situación. Una situación que confirmó ayer una de las socias de la empresa a este periódico, sin que ofreciera más explicaciones. La nueva ley concursal ofrece más facilidades a las empresas para que puedan superar la situación y no acabar en cierre, una situación a la que abocaban en la mayoría de las ocasiones la anterior legislación. Esta noticia se suma al cierre de otra emblemática panadería, Arakistain, que con 76 años de trayectoria en Donostia, apagó sus hornos a finales de octubre del año pasado, después de que la situación se hiciera insostenible, aunque en aquel caso fueron diversos los factores que provocaron el cierre: el incremento de la energía y de las materias primas, pero también la entrada en vigor del Ticket Bai, y de otras medidas que «tampoco ayudan», lamentaban sus responsables. Pero no son las únicas que están atravesando dificultades, como indican desde Adegi, aunque no les consta que haya otras panaderías en situación tan extrema.

La subida de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado ayer, el encarecimiento de los costes energéticos (suministros y transportes) y de materias primas, así como la caída de las ventas por el impacto de la inflación en el consumo ha dejado un panorama desolador para muchos autónomos en el país. El año 2022 cerró con una ganancia de tan sólo 5 autónomos, lo que supone que los cierres de negocios que se produjeron en el año se vieron compensados por la creación de nuevas empresas. A término de diciembre, España contaba con 3,32 millones de trabajadores por cuenta propia. Aunque en términos generales el año fue plano, en algunos sectores el saldo fue muy negativo: el comercio sufrió la mayor sangría, de 18.988 cierres, seguido de la hostelería (con 3.214 autónomos menos), la agricultura (-2.842) y la industria manufacturera (-2.576), según los datos de Seguridad Social. Compensaron estos cierres la ganancia de negocios en actividades profesionales, científicas y técnicas (+7.063), actividades sanitarias y de servicios sociales (+4.530) y construcción (+3.999). Tras el cierre en tablas del 2022, el 2023 ha empezado mal para el colectivo, con la pérdida de 20.800 autónomos en un sólo mes y una destrucción especialmente acusada en los sectores que ya estaban en situación delicada: 6.681 cierres más en el comercio, 2.816 en la hostelería y 1.499 en la industria manufacturera. Además, se han perdido 2.286 autónomos en la construcción y 1.875 en las actividades profesionales, científicas y técnicas. El comercio es el gran perdedor del trabajo autónomo tanto en 2022 como en lo que va de año. El pasado ejercicio se cerraron del orden de 52 comercios al día, pero en el arranque de este 2023 la destrucción se ha acelerado hasta los 215 cierres diarios. Según Lorenzo Amor, presidente de ATA (la asociación más representativa de este colectivo), el trabajo autónomo en una economía actúa como un indicador adelantado, es decir, refleja de forma anticipada cómo se comportará el conjunto del empleo del país en unos meses, lo que podría sembrar las alertas.

En sus últimas proyecciones macro, presentadas en diciembre, el organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos pronosticó un avance del PIB del 1,3%, con lo que la revisión anticipada ayer elevaría al 1,6% el crecimiento previsto para este año, aun así cinco décimas por debajo del 2,1% que defiende el Ejecutivo. En otras palabras, el Banco de España mejorará sus estimaciones esencialmente por un ajuste automático tras las revisiones al alza del PIB de los últimos trimestres, sumado a una “mayor fortaleza del consumo privado”, que ha compensado, al menos parcialmente, la “mayor debilidad de la inversión y menor aportación positiva del sector exterior”. Sin embargo, que la tormenta no arrecie no significa que haya amainado. De hecho, Gavilán recordó ayer que, tal como pronosticó el Banco de España en diciembre, “en los próximos meses, se espera que las dinámicas de la actividad económica española sigan caracterizadas por una considerable debilidad”, en el contexto de un arranque de año marcado por las todavía altas presiones inflacionistas, el gradual “endurecimiento de las condiciones financieras”, unos niveles de confianza en horas bajas y una actividad económica global con “escaso dinamismo”. Aun con todo, la información que proporcionan los últimos indicadores, “aún muy parcial e incompleta”, según el supervisor, apunta a que en el primer trimestre de este año “en España la actividad estaría manteniendo un grado de dinamismo similar al observado en el tramo final de 2022”, cuando el PIB creció un 0,2%, conjurando así la amenaza de contracción que auguraban algunos expertos y casas de análisis.

El mapa de las grandes fortunas de España va mucho más allá del tradicional impuesto sobre el patrimonio, pero también tiene su epicentro en Madrid. En todo el país hay algo más de 11.000 personas que declaran en el IRPF por rentas que superan los 601.000 euros al año y, de ellas, casi la mitad tienen su residencia en la comunidad central. La región practica una política fiscal pensada para atraer a los grandes patrimonios, pero también a los altos contribuyentes. Y a tenor de los datos de la Agencia Tributaria, el territorio presidido por Isabel Díaz Ayuso logra su objetivo. Madrid alberga a más de 5.100 declarantes que tributan por encima del tramo máximo de la estadística, a partir de los 601.000 euros. Son casi el 47% de los contribuyentes más acaudalados de toda España. Muy por debajo se quedan Cataluña, con unos 2.300 liquidantes (el 21%), y Comunidad Valenciana y Andalucía, que cuentan cada una con alrededor de 800 declarantes que cumplen este perfil. Esta fuerte divergencia entre Madrid y el resto de España se explica por varios motivos. Uno de ellos obedece al efecto sede, ya que la mayoría de grandes empresas cotizadas están situadas en la región central, algo que provoca que sus altos directivos residan y paguen en ella. También se debe tener en cuenta en la ecuación la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio que la autonomía central viene practicando desde el año 2011. Este descuento fiscal en el gravamen sobre la riqueza por excelencia ha llevado a buena parte de las grandes fortunas de España a marcharse a Madrid, para tributar allí en el IRPF. La alta proporción de grandes rentas permite a Madrid recaudar unos 830 millones de euros al año a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es una cantidad alta, el 38% de los 2.170 millones de euros que se ingresan en toda España a través de este concepto. 

El último dato de la inflación en Estados Unidos no cumplió con las expectativas que manejaba el mercado. En enero, cerró con un discreto descenso de una décima en términos interanuales, hasta el 6,4%, según publicó ayer la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU. Los analistas temen que el incremento de los precios se haya estancado en este nivel –todavía muy lejos del objetivo del 2%– y la Reserva Federal (Fed) se vea obligada a alargar su política monetaria restrictiva y los tipos no sólo se mantengan altos más tiempo de lo esperado, sino que incluso puedan subir más de lo previsto. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ya alertó la semana pasada de que si los datos macro, especialmente el empleo, no indicaban un enfriamiento de la economía, el banco central estadounidense está decidido a llevar los tipos más allá del 5%. Y eso dando por descontado que la inflación seguiría bajando a buen ritmo. Pero no ha sido el caso –en términos mensuales subió en enero medio punto–. Así que los mercados se temen lo peor y ayer recibieron la noticia con los principales índices abriendo en rojo. En Wall Street se esperaba que la inflación descendiera, por lo menos, hasta el 6,2%, frente al 6,5% que se registró en diciembre (mínimo de 2022). 

El desgaste del ejército ruso por la ofensiva en Ucrania ha bajado el listón para una posible escalada nuclear en sus fronteras con la OTAN. Moscú ha extraído tropas de la zona para reemplazar sus bajas y las ha sustituido con armas tácticas nucleares en sus navíos de la Flota del Norte por primera vez desde el derrumbe de la Unión Soviética, según la inteligencia militar noruega. Oslo teme que la presencia de estas ojivas suponga “una amenaza especialmente grave en varios escenarios que pueden involucrar a países de la Alianza Atlántica”, puesto que la desconfianza mutua “ha elevado la posibilidad de eventos no deseados y de malentendidos entre Rusia y la OTAN”. Asimismo, fuentes de inteligencia occidentales aseguraron ayer que Rusia está acumulando aviones y helicópteros cerca de la frontera con Ucrania, un indicio de que Moscú se está preparando para enviar apoyo aéreo a su ofensiva terrestre, según informa Financial Times .El temor de una guerra aérea inminente ha llevado a los aliados a priorizar envíos rápidos de activos de defensa aérea y municiones de artillería a Kiev, según funcionarios occidentales, para responder al cambio de enfoque de Moscú a medida que la guerra entra en una nueva fase. El informe anual del Ministerio de Defensa noruego, Fokus 2023, confirma que “una parte central de la capacidad nuclear (rusa) ha sido desplegada en los navíos de superficie y submarinos de la Flota del Norte”. 

Los dos estudiantes que mejor nota han sacado en el MIR a nivel nacional (según los resultados provisionales) comparten algo fundamental: son de Bilbao. También son nacidos en el mismo año, 1998. Ahí terminan las similitudes. Porque Patricia Andrés y Mikel Isla se parecen como la noche y el día. No solo en el carácter, sino incluso en su trayectoria. Ella estudió en el colegio concertado Ayalde y cursó la carrera en la Universidad de Navarra. Él se formó en el Instituto Unamuno de Bilbao antes de pasar a la Facultad de Medicina de la UPV/EHU. No se conocían pero su excelencia académica les ha juntado de manera fortuita. Patricia llega a la entrevista agotada. Ha estado de ronda por varios medios de comunicación... Todavía le quedan un par de compromisos más antes de acabar el día. Mikel, más relajado, ha tenido un día más tranquilo. «¡Ah, no haber sido la que ha sacado la mejor nota!», le espeta, entre risas. «Tranquilo, que no creo que te quite muchas opciones cuando haya que elegir especialidad», responde ella. En principio, ambos prefieren quedarse en Bilbao. Tienen aquí la familia, los amigos... ¿Se irían a alguna gran ciudad, por ejemplo Madrid? La respuesta es unánime. «¡No!». «No hay nada allí que no haya aquí», reflexiona Mikel.