20260726

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Apenas 24 horas después de que el consorcio liderado por José Antonio Jainaga –y en el que participa el Gobierno vasco junto a Kutxabank, BBK y el holding de la familia Lequerica– anunciara una opa de 244 millones sobre el Grupo Azkoyen, el Gobierno de Navarra –comunidad donde tiene su sede la compañía– salió a defender que «trabajará» para favorecer «el arraigo de la actividad económica». Una reacción que refleja la inquietud del Ejecutivo foral ante un eventual desplazamiento hacia Euskadi del centro de decisión de una de sus principales compañías industriales, dedicada al diseño y la fabricación de soluciones automatizadas y máquinas para servicios de vending, medios de pago y accesos de seguridad. El Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite –que gobierna junto a Geroa Bai (coalición integrada por el PNV) y Contigo Zurekin–, insistió en que «mantendrá un diálogo permanente y constructivo con todas las partes implicadas para conocer el alcance del proyecto empresarial», al tiempo que subrayó la importancia que tiene para Navarra el mantenimiento de «la actividad industrial, la inversión, la innovación y el empleo». El Ejecutivo foral evita así cuestionar la operación y centra su mensaje en preservar el arraigo de Azkoyen y, especialmente, la capacidad de decisión vinculada a Navarra ante la posible entrada del consorcio vasco. El Ejecutivo navarro –en el que la cartera de Industria está en manos del jeltzale Mikel Irujo– puso, además, el foco en el papel que tendrán los propietarios de la compañía durante el proceso. El Gobierno foral expresó su «máximo respeto» por la opa y recordó que corresponde a los accionistas de Azkoyen valorar la oferta planteada por el consorcio liderado por Jainaga.

El principal objetivo para los centros educativos es garantizar su formación, luchando por abrir plazas a sus alumnos dentro de las empresas. Así lo advirtió la pasada semana el presidente de la asociación de centros de FP concertados de Euskadi Hetel, Julen Elgeta, en un una tribuna publicada por EL CORREO. En su artículo de opinión hizo un llamamiento claro: «Cuando una empresa afirma que no encuentra profesionales con la preparación que necesita, la pregunta inmediata debería ser: ¿qué está haciendo esa empresa para contribuir a la generación de ese talento?». Y es que la dificultad para encontrar un espacio en el que realizar prácticas se ha agravado. «Hasta este curso únicamente era obligatorio que acudieran a las empresas en el segundo año. Ahora la viceconsejería nos ha explicado que por Real Decreto va a tener que ir el 100% de ellos tanto en primero como en segundo, lo que nos obliga a todos a multiplicar esfuerzos», alerta. Elgeta pide «más altruismo» a las empresas, abriendo sus puertas a las prácticas incluso cuando no necesiten contratar a nadie. Y es que a las modalidades actuales de formación, vía Dual General –la que realizan la mayoría varios meses durante el curso completando su formación en la empresa– y la Dual Intensiva –quienes ya han terminado primero y compaginan el segundo año trabajando con contrato, también durante el verano–, ahora se le añaden 16 días de prácticas en primero. En Confebask aseguran estar muy concienciados con esto. «Es un compromiso exigente para las empresas porque hay que preparar espacios para los alumnos y formar a instructores, pero si algo tiene el sistema vasco es que llevamos mucho tiempo trabajando con los centros y la experiencia siempre ha sido buena; por eso somos referentes en todo el Estado», defiende el responsable de Formación y Empleo en la patronal vasca, Carlos Pereda. Él también se suma al llamamiento y aunque recuerda que hay muchas empresas que ya llevan tiempo colaborando, «nos gustaría que hubiera más que sean conscientes de esta crisis demográfica» y recuerda que es «una forma ideal» para conocer al alumnado e incorporarlo a su plantilla. Eso lo ven en verano, cuando muchos estudiantes han completado el curso y son contratados. «Estamos en un momento de muchos pedidos y con un desempleo que está en mínimos. Necesitamos tirar también de estos chavales», subraya.

Luz Usamentiaga es desde el mes de abril la nueva presidenta de Euskaltel y se estrena inaugurando un mandato en el que la marca vasca ya está en manos al 100% de la francesa Orange. Nacida en Bilbao y con más de 25 años de experiencia en el sector, es una profunda conocedora de la casa en la que lleva años como directora general de Regulación y Asuntos Públicos en MasOrange. En la primera entrevista que concede en esta nueva andadura defiende el compromiso de la matriz por Euskaltel, la apuesta del grupo para Euskadi, y explica que la autonomía que Orange da a cada uno de sus mercados es una garantía para mantener el perfil y el arraigo de la marca naranja que tiene una cuota de mercado en el País Vasco de más del 50%. "– Es la primera presidenta de Euskaltel tras la adquisición por parte de Orange de todo el grupo, ¿seguirá manteniendo ese perfil propio y la estructura en Euskadi? – Sin duda. Con la operación, Euskaltel ha encontrado su manera de ganar escala manteniendo íntegramente su arraigo. Es una noticia extraordinaria porque ahora contamos con la capacidad económica y tecnológica para desarrollar proyectos muy ambiciosos que hay encima de la mesa...Estamos haciendo ciclos de inversión cada dos años de unos 200 millones aproximadamente, lo que para un territorio como Euskadi es muy relevante. En la historia de la empresa la inversión acumulada es de 27.000 millones y en el estudio de impacto económico sobre la economía vasca en 2025 que acabamos de hacer la afección directa e indirecta del grupo es de mil millones...El ‘core’ de nuestras redes móviles es 100% europeo. Y en las demás lo es en una gran mayoría...– ¿Con los precios de compañías como Digi se ha roto el mercado? – La competitividad del mercado es de una agresividad que no existe en ningún otro país de Europa. Ellos están centrados en determinados segmentos y cada uno debe encontrar su sitio. Pero es verdad que esa agresividad se traduce en una reducción general de los ingresos del sector, lo que impacta en la escala de inversión. No voy a dar nombres, pero ya estamos viendo quién es incapaz de seguir con estos ritmos para afrontar las inversiones necesarias... En ADI Data Center somos un socio importante y el centro de Abanto está ya en funcionamiento. Se trata de construir la capacidad que Euskadi necesita para que su industria crezca con usos de Inteligencia Artificial. Nosotros tenemos también en la sede de Zamudio otro centro con una importante capacidad para atender las demandas y estar preparados en un mercado que cambia súper rápido..."

Máxima expectación en Montaña Alavesa y, por supuesto, en Oion. Todo está listo para que en las próximas horas arranque el traslado de las enormes palas de 72 metros de los ocho molinos que compondrán el futuro parque eólico de Labraza, el primero que se levantará en Euskadi tras veinte años de absoluto parón. Los distintos elementos que compondrán sus molinos llevan días esperando en una gran parcela entre Campezo y la localidad navarra de Genevilla para ser transportados hasta la cima de la sierra. Una maniobra que requerirá de varias semanas y que, si la meteorología lo permite, podría arrancar mañana mismo. Hace meses que se estudia cómo realizar ese traslado y finalmente se usará la tecnología ‘blade lifter’. ¿Qué es eso? Se empleará un elevador hidráulico –una grúa– instalado en un tráiler de doce ejes que puede inclinar la pala hasta unos 65 grados e incluso girarla sobre su propio eje para sortear las curvas más angostas y evitar la necesidad de realizar ensanches agresivos en los viales o modificaciones en el trazado de las carreteras de acceso. La complejidad es tanta que incluso en algunos pueblos ubicados entre este campamento base y el destino final de las hélices han tenido que amoldarse a esta nueva situación, que, calculan, durará dos meses. Los más perjudicados son los vecinos de Genevilla, aunque en Cabredo, Marañón y Meano tampoco se libran de los efectos secundarios de convertirse en un área de paso hacia la cima de Labraza. «Sobre todo el ruido que hacen», cuenta Alberto Arriaga, teniente de alcalde de Genevilla.

El Ayuntamiento de San Sebastián se inclina por instaurar en la ciudad un impuesto turístico con las cuantías máximas que permite la normativa en cada una de las horquillas establecidas para cada tipo de alojamiento, pero sin recurrir al recargo extra del 50% al que también tiene derecho por ser considerada una ciudad turística con más de 750 plazas de alojamiento. Así consta en el proyecto de ordenanza municipal que prevé aprobar el martes el equipo de gobierno y al que ha tenido acceso DV. El texto, en cualquier caso, está abierto a modificaciones. La intención del alcalde donostiarra, Jon Insausti (PNV), es iniciar un proceso de debate con el resto de partidos políticos, el propio sector y asociaciones y colectivos sociales, antes de aprobar el gravamen definitivo a las pernoctaciones, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, al igual que en el resto de Euskadi. Por lo conocido hasta ahora, San Sebastián tendrá el impuesto turístico más alto de entre las capitales vascas. Mientras la guipuzcoana apuesta por los topes superiores de los rangos permitidos, Vitoria se ha decidido por las cuantías más bajas y Bilbao por un término medio. En todos los casos los proyectos de ordenanzas están aún expuestos a variaciones durante los pertinentes procesos de exposición pública, presentación de enmiendas y debate político. Así las cosas, el impuesto turístico en Donostia se perfila con una horquilla de entre los 1,25 euros por persona y noche que pagarán los clientes de los agroturismos hasta los 7 con que se cargaría a los visitantes que lleguen a la ciudad en crucero.

Rosa Carabel Di Paola (A Coruña, 1966) es la CEO de Eroski y la persona que durante diecisiete años ha bregado con financiadores de todo pelo para, por fin, el año pasado, reconducir del todo la deuda del grupo de distribución, el cuarto de España, hasta normalizarla y, con ello, dar a la cooperativa una estabilidad y fortaleza notables de cara al futuro. Carabel repasa para DV ese largo proceso y mira al futuro, en el que la compañía de Elorrio quiere crecer «de forma rentable», sobre todo en la zona norte. La CEO sugiere la conveniencia de bajar el IVA de los alimentos frescos, en un entorno en el que, recuerda, la guerra de Ucrania fue el detonante de un cambio de comportamiento del consumidor, que mira hoy mucho más a la marca blanca. Igual que la industria, confiesa, la captación de talento y el absentismo son piedras en el camino. "... La situación financiera está controlada, pero tenemos que crecer y reforzar nuestros recursos propios, que han mejorado pero queremos más. Eso nos va a permitir seguir creciendo con tiendas propias y franquiciadas, y actualizando nuestros formatos y modelos de tienda adaptándolos cada vez más al consumidor, que es el que manda. Eso, sin perder de vista la IA y el ámbito digital, que va a ser esencial, aunque hoy el e-commerce sigue siendo muy pequeñito en alimentación y está como estancado; en nuestro caso en el 3%....Todavía tenemos capacidad de crecer, no tanta obviamente, puesto que tenemos muchísima cuota, un 36 o 37%. El foco lo tenemos en reforzar nuestra red...–¿Cuánto absentismo tiene? ¿Hay diferencia entre socios y no socios? –Alto. No voy a dar la cifra, pero es un problema de sector, de industria, de país, muy relevante que hay que gestionarlo. Todos tenemos que trabajar de la mano para tratar de reconducirlo...Cada vez nos cuesta más encontrar cajeras, fruteras o charcuteras..."

El Grupo Ibaizabal, a través de su filial Ondimar Transportes Marítimos, ha encargado la construcción de cuatro buques gaseros LNG BV que contarán con una capacidad de 18.500 metros cúbicos cada uno. La operación, que supondrá una inversión de 400 millones de dólares (algo más de 350 millones de euros), contará con financiación del banco BBVA. La previsión es que las cuatro embarcaciones encargadas terminen de construirse y se entreguen entre enero del próximo año y comienzos del 2028. Los cuatro buques de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) se destinarán principalmente al abastecimiento de este combustible para otros barcos en puertos o en zonas próximas al entorno portuario. Según habría explicado el grupo que preside Alejandro Aznar a la entidad financiera, el armador quiere cubrir con estos buques una actividad clave para dar respuesta a las necesidades del transporte marítimo y a la evolución que presentan actualmente los tráficos internacionales. La inversión permitirá al Grupo Ibaizabal avanzar en la ampliación de su flota y fijar una posición más fuerte en el área del LNG, un ámbito que requiere una elevada especialización técnica y que atienden compañías marcadas por una clara dimensión global.

El retraso medio sobre los plazos de pago pactados de las empresas en Euskadi ha alcanzado los 10,18 días durante el segundo trimestre de 2026, la segunda más baja del Estado e inferior a la media nacional, que alcanza 14,36 días. Esta cifra supone un descenso de 0,07 días respecto al trimestre anterior y de 0,67 días en comparación con el mismo periodo del pasado año, según el Estudio sobre "Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas" publicado por Informa D&B (S.M.E.), compañía filial de Cesce. El porcentaje de pagos en plazo en Euskadi entre abril y junio alcanza el 51,34%, el más alto del país, cuya media es de un 43,26%. Con hasta 30 días de demora, se pagan el 43,08% de las facturas en la Comunidad Autónoma Vasca, y un 1,25% se demora por encima de 120 días.

Nuevo incendio en la empresa de reciclaje Indumetal Recycling de Erandio. Una gran columna de humo negro sobresaltó en la noche de este sábado a los vecinos del municipio vizcaíno, hartos de la actividad contaminante de esta fábrica cuyos gestores fueron condenados en 2024 por delito medioambiental. No hubo que lamentar daños personales, ya que en el momento del incidente la fábrica se encontraba vacía. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, el fuego se originó sobre las 22.30 horas cuando comenzó a arder material electrónico y otros desechos que se encontraban apilados, lo que generó una nube de vapor visible desde la otra orilla de la ría y cuyo hedor llegó a varias localidades del entorno. El olor a plástico quemado también se notó en Sondika y otros municipios del Txorierri. Nada más recibir el aviso, varias dotaciones de bomberos acudieron a las instalaciones de la empresa, ubicada en Cantera Errepidea. El fuego tardó en controlarse varias horas. No fue hasta las 2.15 horas cuando quedó sofocado por completo. 

El 20,7% de la población española tenía 65 años o más a 1 de enero de 2025. El envejecimiento se acelerará durante las próximas décadas, con un crecimiento especialmente intenso entre los mayores de 80 años. El sector sanitario calcula que España deberá incorporar unos 261.400 profesionales adicionales de aquí a 2030 solo para mantener los actuales niveles de cobertura del sistema de dependencia. De hecho, el mercado laboral ya acusa el aumento de las necesidades de cuidados. La afiliación en las actividades residenciales y los servicios sociales sin alojamiento se ha más que duplicado desde 2009: ha pasado de unos 392.000 trabajadores a superar los 814.000 en junio de 2026. No todos esos empleos pertenecen estrictamente al sistema de dependencia, pero el salto muestra la rapidez con la que crece la economía de los cuidados. La expansión se ha concentrado fuera de las residencias. Los servicios sociales sin alojamiento –precisamente donde se encuadra parte de la atención domiciliaria– reunían cerca de 474.000 afiliados, frente a unos 341.000 en las actividades residenciales. Más del 80% del empleo en ambos ámbitos estaba ocupado por mujeres. Que el sector genere puestos de trabajo no significa que consiga cubrirlos. Empresas y sindicatos llevan años advirtiendo de que la escasez de personal no responde únicamente al aumento de la demanda. También tiene que ver con las propias condiciones ofrecidas. 

El día 18, una noticia sorprendía al mundo energético: el BOE publicaba el procedimiento iniciado por el Ministerio de Transición Ecológica para inhabilitar a Holaluz-Clidom como comercializadora de electricidad. La compañía catalana, que irrumpió en 2011 como la gran esperanza verde (solo vende energía renovable) y fue un ejemplo a seguir en un sector controlado históricamente por las tres grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy), se las veía cara a cara con el Gobierno. El Ejecutivo está dispuesto a estrechar el cerco a las irregularidades y, en el peor de los casos, impagos, de unas compañías que han proliferado como setas desde que en la primera década del siglo se abriese el mercado de venta de electricidad a una competencia que “nunca ha sido efectiva”, coinciden varios expertos. En el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) figuraban a finales del año pasado un total de 564 comercializadoras eléctricas, de las cuales, solo tenían actividad 445 (muchas de ellas con tan solo un cliente o con nombres peculiares como Lucky Luz o Luciferasa). La lista, variopinta, incluye, además de las eléctricas tradicionales (en algunos casos, con varias filiales); las petroleras que han irrumpido en el negocio eléctrico (por ejemplo, Repsol o TotalEnergies); grandes grupos empresariales (como El Corte Inglés o Telefónica), que no quieren perder la oportunidad de vender luz a sus clientes, pero, sobre todo, una pléyade de pequeñas y medianas empresas que, en algunos casos, han logrado sobrevivir dignamente en un duro mercado y, en otros muchos, han abandonado el negocio sin darse de baja en el registro de la CNMC (las denominadas fantasma) o han causado un perjuicio económico al sistema (las llamadas pirata) por impagos.

El toque de campana marca el momento en que una compañía empieza a cotizar, pero una salida a Bolsa es un proceso complejo. El 16 de julio, Digi Spain se estrenó en el parqué madrileño, un movimiento estratégico para la operadora de telecomunicaciones que cumple 18 años en el mercado español. Por el camino, tuvo que sortear varios baches. La operación se aplazó de mayo a julio y tuvo que rebajar su valoración hasta los 1.662 millones, con un precio de salida de 5,6 euros por acción. “Salir a Bolsa no es un fin en sí mismo, nos permitirá obtener una fuente de capital adicional a las que ya disponemos —la reinversión constante de nuestro capital propio y financiación bancaria— para acelerar el despliegue de fibra y de red móvil propia”, explica Marius Varzaru, su consejero delegado. En las primeras jornadas, la acción vivió una montaña rusa: se estrenó al alza, pero a lo largo de la sesión inicial se desinfló y cerró con una caída del 8%, para recuperarse un poco al día siguiente. A principios de esta semana cogió fuerzas y llegó a superar su precio de salida, pero el viernes volvía a estar por debajo. “Es el patrón típico de una colocación donde solo han participado inversores institucionales y donde el mercado todavía no ha encontrado un precio de equilibrio, con el añadido de que el banco colocador sigue sujetando el valor mientras dure la estabilización”, explica Borja de Castro, bróker de Banco Big. Lo que interesa a los inversores de Digi es su posicionamiento como un “retador” que gana clientes mientras los competidores más maduros defienden cuota y el riesgo no está tanto en el negocio como en el precio de entrada, sostiene. 

Sábado negro en la lucha contra el fuego. La voracidad de los incendios forestales que afectan a la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid y que, por primera vez en la historia de España, obligó el viernes a decretar la emergencia nacional, no se frenó ayer. Todo lo contrario. El descontrol de las llamasha llevado a evacuar o confinar a más de 90.000 personas y, a media tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ampliaba a la provincia de Toledo el ámbito de la declaración de emergencia de interés nacional. La decisión se adoptaba en atención a la evolución de los incendios, a su carácter interterritorial y a la conveniencia de asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles. Horas más tarde, once municipios de Toledo eran también evacuados. «No ha sido un día positivo porque las condiciones meteorológicas han sido absolutamente imposibles», reconocía Grande-Marlaska. El ministro del Interior avanzó que la noche no iba a ser «sencilla» porque el trabajo iba a ser «complejo». La radiografía era demoledora, con más de 29.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid y más de 21.000 confinadas; y otras 32.000 personas evacuadas en la provincia de Ávila y 8.000 confinadas. Durante toda la jornada, las caravanas de coches en busca de refugio fueron una constante, así como las caras de miedo, preocupación e incertidumbre, de personas que se fueron de sus casas con lo puesto y aún no saben qué va a ser de sus viviendas y de sus localidades.

El fuego no da tregua al suroeste de Francia. Más de 1.400 bomberos se enfrentan en el departamento de Gironda al mayor incendio que el territorio galo ha sufrido en los últimos cincuenta años. Las llamas seguían ayer sin control y se acercaban a Burdeos. Tras empezar el miércoles cerca del pueblo de Saumos, más de 32.700 hectáreas han ardido en la zona bordelesa y 167.000 personas han tenido que ser evacuadas. Representa un récord tanto por la extensión como por el número de damnificados por esta tragedia, que por ahora no se ha cobrado ninguna vida. Este sofocante verano, al que aún le quedan casi dos meses, figura ya en la historia de Francia por su ola de incendios. Las llamas han devorado desde enero «casi 98.000 hectáreas, un récord histórico», reconoció ayer el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Sin llegar todavía a agosto, normalmente el periodo más caluroso, el país –menos acostumbrado a estas catástrofes naturales que España– ha batido la trágica marca alcanzada en 2022, cuando más de 66.000 hectáreas quedaron calcinadas en otro año en que el suroeste galo se llevó la peor parte. El megaincendio de Gironda no solo es el más grave de los más de 30 focos que estaban anoche activos en el territorio francés, sino también el más vasto de las últimas décadas. Desde que en 1973 la Administración gala empezó a medir de manera sistemática el impacto del fuego –primero solo en la costa mediterránea y a partir de 2006 en el conjunto del país–, no se había registrado uno de tal extensión, equivalente al triple de la superficie de París.

¿Puede un techador seguir trabajando hasta llegar a la edad de jubilación? El duro oficio de instalar, reparar y mantener los tejados de los edificios fue el ejemplo elegido por el entonces Gobierno de coalición de Angela Merkel con los socialdemócratas para defender una ley que permitiera a todos los trabajadores que hubieran cotizado al menos 45 años poder jubilarse dos años antes de la edad oficial —entonces, 65 años— sin penalización económica. La ley, que entró en vigor en 2014, permitía así retirarse en aquel momento a los 63 años. Esto se fijó como excepción a la decisión de elevar gradualmente la edad general de jubilación hasta los 67. Sin embargo, 12 años después, el comité de expertos encargado de analizar el sistema de pensiones ha recomendado ahora al Gobierno de Friedrich Merz poner fin a esta práctica. Alemania lleva tiempo analizando cómo hacer sostenible su sistema de pensiones en un contexto de crisis demográfica y aumento de la esperanza de vida, unido a un largo periodo de debilidad económica. Desde hace un par de años, las generaciones del conocido como baby boom, caracterizadas por una elevada natalidad, están alcanzando paulatinamente la edad de jubilación, lo que ha elevado la presión sobre las arcas públicas.

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, bombardearon ayer con misiles el suroeste de Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos en la zona. Por su parte, el Gobierno de Riad, que ya había lanzado varias ofensivas días atrás en respuesta a la actuación contra dos de sus petroleros, bombardeó la isla yemení de Kamaran, punto estratégico clave para acceder al estrecho de Bab el-Mandeb, por el que los cargueros van del mar Rojo hacia el golfo de Adén. Mientras se encendía esta nueva mecha, el ejército de EE UU dejó de lanzar bombas sobre territorio iraní durante la noche del viernes al sábado tras dos semanas de continuas acciones militares. Donald Trump advierte a Teherán de que tiene que elegir entre «un acuerdo o un nivel mayor de ataques». El polvorín está rodeado de incendios. Los hutíes suman dos décadas enfrentados al Gobierno de Yemen, que tiene el apoyo de Arabia Saudí y el reconocimiento internacional. Desde 2015, los rebeldes controlan un tercio del territorio del país (norte y noroeste). El Ejecutivo legítimo domina el sur y el este, y parte de sus dirigentes están afincados en Riad, capital saudí. En 2022, las dos partes sellaron una tregua que ahora ha saltado por los aires en medio del conflicto en la zona que mantienen Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán, por otra. En ese país fracturado vive la población más pobre de Oriente Medio. Más de la mitad de las muertes se debe al hambre y la deficiente infraestructura sanitaria.

"El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo enfría las perspectivas de una normalización plena de los mercados energéticos y de una pronta desescalada de la inflación. Es verdad que el cierre durante la primavera del estrecho de Ormuz, eje estratégico del comercio de hidrocarburos y otras materias primas, no tuvo el impacto que se temía en la economía —particularmente en España—, lo cual incita un cierto optimismo a la hora de evaluar las consecuencias del nuevo episodio bélico. Conviene, sin embargo, no bajar la guardia. Porque no va a ser tan fácil atenuar el nuevo brote de inflación energética: las reservas estratégicas de los países importadores, instrumento crucial para amortiguar el vaivén del suministro de hidrocarburos, se encuentran en niveles reducidos en comparación con el momento del estallido de la guerra. Por si fuera poco, los aliados yemenís de Irán amenazan con entorpecer el tráfico marítimo que transita por el mar Rojo, que se ha erigido en alternativa providencial al golfo Pérsico. En España, el precio de la gasolina se sitúa ya un 12% por encima de los valores anteriores a la ruptura del alto el fuego, el diésel un 10,5% y la electricidad un preocupante 24%. Y eso es sin contar con la reversión de los recortes de impuestos especiales que se efectuará de aquí a octubre de manera escalonada. Un riesgo más importante nace del impacto en las expectativas, factor que ha sustentado la actividad, permitiendo capear las turbulencias geopolíticas hasta fechas recientes. En España, al igual que en otros países europeos, los indicadores PMI de actividad y de confianza evidencian la resistencia del consumo de los hogares, que habrían mantenido su gasto pese a la pérdida de poder adquisitivo generada por el repunte de la inflación. Esta decisión, que delata un cierto optimismo, se explica por la sensación de transitoriedad de la crisis energética, incitando a recurrir al ahorro para sostener el tren de vida. Pero si el conflicto se percibiera como duradero, las expectativas de los ciudadanos podrían virar a una mayor cautela. La inversión de las empresas es aún más vulnerable ante un cambio de expectativas económicas..."

Esta semana la humanidad se ha asomado al abismo de la primera IA conocida que salió a buscarse la vida por su cuenta. Empleados de OpenAI pidieron a dos de sus modelos más avanzados que colaboraran para resolver un problema de ciberseguridad en un entorno seguro sin internet. Pero la IA optó por buscar la solución a su manera. Los agentes, programas capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas complejas con poca o cero supervisión humana, intuyeron que era más fácil salir a internet a buscar la respuesta que ponerse a pensar. Encontraron una vulnerabilidad para escapar de su espacio aislado, saltaron a la Red y fueron a hackear una plataforma, Hugging Face (una biblioteca de modelos de IA), donde creían que podía estar la respuesta. En OpenAI tardaron una semana en darse cuenta, según fuentes citadas por Reuters. La compañía afectada, que alertó al FBI, está preparando una cronología. Es un caso previsible a ojos de los expertos y del que aún no se conocen todos los detalles. También supone un hito. “Es enorme”, dice David Krueger, profesor de la Universidad de Montreal y experto en riesgos de IA. “La inteligencia artificial rompió por su cuenta las medidas de seguridad que debían contenerla y luego se coló en otra empresa. Parece sacado de la ciencia ficción, pero es verdad. El mundo tiene que despertar y darse cuenta”, advierte.

La dimisión ayer del ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, es la gran victoria política del insólito movimiento de las cucarachas, una revuelta juvenil nacida en las redes sociales que, en apenas unas semanas, desató el mayor desafío callejero al Gobierno de Narendra Modi desde el inicio de su tercer mandato. Pradhan presentó su renuncia en plena escalada de las movilizaciones, después de varios días de protestas multitudinarias en todo el país por las irregularidades denunciadas en exámenes de acceso a la universidad y a la función pública, un problema que afecta cada año a millones de jóvenes en un país donde un puesto estatal sigue siendo una de las pocas garantías de estabilidad económica. La salida del ministro rompió con la estrategia mantenida por Modi, que había evitado asumir responsabilidades políticas pese al creciente malestar social. Pradhan anunció su decisión en un mensaje publicado en X mientras la Policía lanzaba gases lacrimógenos contra miles de manifestantes concentrados en Jantar Mantar, el espacio habitual de protesta en Nueva Delhi. «Teniendo en cuenta la situación que se ha producido en Jantar Mantar y en todo el país, para que las fuerzas antinacionales no se aprovechen de ella, he enviado mi carta de renuncia al primer ministro», escribió. «Respeto profundamente las aspiraciones, los sentimientos y las expectativas legítimas de la juventud del país», añadió Pradhan. En su mensaje insistió en que no quería que las protestas fueran utilizadas por «fuerzas antinacionales» ni que los estudiantes terminaran «atrapados en complejidades legales» en lugar de concentrarse en sus estudios.