20260721

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El 49,7% de la población asalariada de Euskadi tenía, al finalizar el pasado mes de junio, sus convenios actualizados, con vigencia plena, mientras que el 45,9% tenía sus acuerdos en situación de prórroga y el 4,4% se encontraba con sus convenios decaídos y sin cobertura. Estos datos se desprenden de informe sociolaboral realizado por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2026, que reflejan que 335.580 trabajadores tienen sus convenio actualizados, 310.575 asalariados están en situación de prórroga pendientes de renovar y 29.605 se encuentran con los convenios decaídos y pendientes de recuperar. El CRL ha subrayado que la finalización de la vigencia en diciembre de 2025 de varios convenios sectoriales, que en la actualidad se están negociando, ha tenido como efecto aumentar la población asalariada con sus convenio en situación nde prórroga, que al cierre del primer semestre es de 7,3 puntos superior a la del año anterior. El incremento salarial medio pactado en los convenios en vigor negociados en la Comunidad Autónoma Vasca para 2026 se sitúa en el 3,20% y en el 2,87% en el caso de los acuerdos del ámbito estatal con incidencia en Euskadi, con un incremento interanual del IPC que, tanto en el Estado como en el País Vasco, en junio fue del 3,2%.

La hostelería, la educación y las actividades administrativas y de servicios dispararon el pasado mes el número de contratos fijos discontinuos, un modelo que garantiza el puesto de trabajo pero no permanecer continuamente en activo. Bajo esta fórmula se firmaron 4.478, la cifra más alta para un junio desde 2022. Según destacan los datos del departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, supusieron en total un 29,3% de todos los contratos indefinidos. De hecho, el verano suele pasar factura a quienes trabajan como fijos discontinuos. En junio el 65% de ellos se encontraba inactivo. Figuran además 15.329 personas en esta situación como demandantes de empleo, un grupo en el que destaca la presencia femenina. Las mujeres representan dos de cada tres personas en esta situación. Así lo recoge la respuesta parlamentaria a una solicitud presentada por el representante del PP, Álvaro Gotxi, que acusa al Gobierno de «ocultar» estos datos. «Les podrás llamar trabajadores fijos, pero es solo un cambio cosmético. Se cargan las estadísticas en lugar de ponerle una solución a las cifras», denuncia. Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que la llegada del verano responde a esta alta inactividad que procede de los contratos suscritos en ámbitos vinculados a la educación como los comedores escolares, los cuidados durante el curso y otras áreas relacionadas con la formación que en septiembre se reincorporan y vuelven a figurar como activos. «El contrato fijo discontinuo es un acuerdo indefinido para trabajos de naturaleza estacional o intermitente. Su principal ventaja es que aporta estabilidad y antigüedad a los trabajadores garantizando su reincorporación, frente a la anterior situación precaria que abusaba del contrato temporal y de obra», sostienen.

Mercedes-Benz Vitoria parará durante todo el mes de agosto, como es habitual, pero su regreso a la actividad a partir de septiembre será de máxima intensidad y la factoría de la Avenida de los Huetos pisará a fondo el acelerador en la producción de la nueva furgoneta eléctrica VLE. Así, la dirección de la multinacional alemana ha comunicado a los trabajadores que se activarán como laborables los cuatro sábados del noveno mes del año. En la reunión de la comisión de organización de tiempo del trabajo celebrada ayer por la mañana la empresa trasladó que se activan como laborales los días 5, 12, 19 y 26 de septiembre. En concreto, en las tres fases principales de la cadena de producción (Montaje Bruto, Montaje Final y Pintura) se hará triple turno a relevos (8 horas de mañana y de tarde y 6:30 de noche), mientras que los operarios de montaje de la VAN.EA (la arquitectura diseñada específicamente por Mercedes-Benz y que sirve de base para esa primera furgoneta completamente eléctrica) deberán estar en sus puestos en turnos de mañana y tarde. El lanzamiento de esta nueva furgoneta –de la que Mercedes prevé producir unas 7.000 unidades a lo largo de este próximo curso– pone fin a cinco años de arduo trabajo y una inversión de mil millones de euros que la firma tiene expectativas de poder amortizar en apenas cuatro años. 

Diez meses de reuniones y análisis en la Mesa por el Desarrollo Industrial de Aiaraldea han servido para determinar que la comarca, a pesar de la crisis por la que está pasando actualmente, tiene un futuro ligado a la actividad productiva que la condujo a ser una región puntera. Pero dicho horizonte solo se contempla viable mediante un plan que, partiendo del conocimiento ya adquirido, impulse la innovación, una mejor gestión del suelo y la construcción de un nuevo marco de diálogo social para superar el actual escenario de conflictividad. Entre las iniciativas identificadas durante el proceso figuran la creación de un Pacto Social por la industria, una estructura de desarrollo industrial comarcal, la consolidación de la Mesa como espacio permanente de encuentro y una estrategia específica de comunicación. La gran mayoría de la treintena de instituciones, empresas, agentes económicos y sociales y representantes políticos –no ha faltado tampoco la confrontación por el rechazo a participar de los sindicatos ELA y LAB o las críticas de EH Bildu con varias ausencias de sus alcaldes– han coincidido en un diagnóstico: «La comarca ha perdido impulso industrial durante los últimos años, pero conserva capacidades, conocimiento y ventajas competitivas suficientes para construir una nueva etapa de crecimiento».

Euskadi cerró 2025 con el mayor número de hipotecas firmadas desde 2010, con un total de 25.505. Sin embargo, desde el inicio de año se ha notado una cierta desaceleración en el mercado. Los datos publicados ayer por el INE apuntan que en mayo se firmaron 2.004 nuevas hipotecas sobre viviendas, un descenso del 10,5% respecto al dato del mismo mes del año pasado. Así, el mercado acumula una caída del 5,8% en lo que va de año, hasta los 9.693 préstamos. El endurecimiento de las condiciones de financiación está detrás de este descenso. Prueba de ello es el importe de la hipoteca media, que en mayo superó por primera vez la barrera de los 200.000 euros, cuando hace un año el importe era de 177.033 euros. Se trata de un crecimiento del 13,1% y de un encarecimiento sobre el que, lógicamente, también ha pesado el precio de la vivienda, que sigue batiendo récords. La subida de tipos que el Banco Central Europeo (BCE) ejecutó en junio (por primera vez en casi tres años) ha tenido un efecto notorio en la concesión de crédito. Según el INE, el tipo medio al que se concedieron las hipotecas a nivel nacional se elevó hasta el 2,98%, acercándose de nuevo al umbral del 3%, que no se alcanza desde enero de 2025.

Los precios de la vivienda seguirán subiendo al menos un 5% anual en los próximos años, según las previsiones presentadas ayer por el Consejo General de Economistas. Es un ritmo más moderado que el registrado en los últimos años, en los que las alzas han llegado a situarse entre el 10% y el 12%, pero insuficiente para aliviar la actual crisis habitacional. El Observatorio Financiero y Claves Económicas del primer semestre de 2026 destaca además que el país se desmarca de la tendencia del resto de Europa en este terreno. Mientras que en el conjunto de la Unión Europea el precio de un piso crece a un ritmo cercano al 3%, en el mercado español las subidas seguirán siendo muy superiores. Para los economistas, esta brecha supone un riesgo no solo para la formación de nuevos hogares, sino también para la competitividad y la cohesión social. El fenómeno no es exclusivo de España. Alemania, Estados Unidos, Italia o Francia también han visto un tensionamiento del mercado inmobiliario. Sin embargo, el caso español presenta un agravante por la fuerte concentración de la demanda en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. La combinación de empleo, servicios, infraestructuras y oportunidades económicas atrae cada vez a más población, pero la oferta de vivienda no crece al mismo ritmo. El resultado es un mercado cada vez más tensionado, donde el esfuerzo para pagar una vivienda se sitúa entorno al 40% de la renta familiar, por encima del umbral de prudencia del 30% que recomienda el Banco de España.

Alrededor de un céntimo al día. Ese es el ritmo al que han aumentado en Gipuzkoa los precios de la gasolina sin plomo 95 y el gasóleo en la última semana. En menos de tres semanas, el litro de este combustible ha pasado de costar una media de 1,55 euros a situarse en 1,64 euros, 9 céntimos más. La escalada supone que llenar un depósito de 55 litros, uno de los más habituales entre los turismos, cuesta ahora cinco euros más que al término del mes pasado y casi cuatro más que hace apenas una semana, ya que es en los últimos días cuando la curva ascendente se está pronunciando. Lo mismo ocurre con el gasóleo, que en Gipuzkoa, según las webs especializadas en precios, se ha encarecido desde el principio de este mes trece céntimos por litro, lo que provoca que llenar el coche suponga siete euros más en veinte días. O un total de 6,27 euros más en relación al pasado lunes día 13. El encarecimiento, efecto del fin de ayudas del Gobierno por la guerra de Irán como la reducción del IVA de gasolina y gasóleo al diez por ciento, golpea de lleno a los conductores en plena temporada estival, cuando se multiplican los desplazamientos por carretera, y amenaza con prolongarse durante agosto por la posible reducción del resto de subvenciones públicas a los carburantes. 

El sindicato ELA ha trasladado una propuesta al Ejecutivo autonómico con objeto de que en la reunión de la Mesa General que negocia las condiciones laborales de las 115.000 personas trabajadoras del Gobierno vasco, que está previsto se reúna hoy, martes, dé «su visto bueno» a establecer una jornada laboral semanal de máximo 32 horas para 2027, entre otras propuestas. En un comunicado, ELA informó ayer de que recientemente trasladó a la viceconsejera de Empleo Público, Maite Barruetabeña, un documento «con diferentes propuestas» que, además de mejorar las condiciones laborales del personal dependiente del Gobierno Vasco, «pueden suponer mejoras sustanciales en la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía», por lo que entiende que «el Gobierno Vasco debería dar su visto bueno». Además de una jornada laboral semanal de 32 horas, la central, sindicato mayoritario de la Mesa General, plantea la recuperación del poder adquisitivo perdido, que cifra en un 8% en el periodo que va de 2022 a 2026. En este sentido, el sindicato apuntó que considera «inaceptable que, mientras el presupuesto del Gobierno Vasco para 2025 finalice con un superávit de 810 millones de euros, el proceso de empobrecimiento de los trabajadores no tenga fin». La central también reclama equiparar el conocimiento del euskera y el español en todos los ámbitos del Gobierno Vasco, con medidas y recursos para el personal que no sepa euskera.

Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) firmaron ayer un acuerdo por el que Salud se compromete a revisar el modelo de guardias y a aplicar una serie de mejoras retributivas para los facultativos. La iniciativa fue calificada de «histórica» por el Gobierno vasco al implicar modificaciones en el modelo de trabajo del personal facultativo y abrir la puerta a poner fin a las jornadas de 24 horas de trabajo continuadas, por otras de 17 o 12 horas, para facilitar un mejor descanso de los profesionales. Con estas mejoras, que incluyen entre otra serie de medidas el pago de hasta 300 euros más al mes por el complemento de productividad o la subida del precio de la hora de guardia, Salud confía en que la huelga médica contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad reduzca su impacto en Euskadi. Espera, al menos, que los galenos retomen las horas extra por las tardes (peonadas) para aligerar las listas de espera. Sin embargo la manera en la que ha sido negociada esta propuesta, únicamente con el SME, y el hecho de que incluya mejoras laborales y salariales para un solo colectivo profesional ha enfadado al resto de sindicatos con representación en Osakidetza. Hasta el punto de que ayer, en la sesión de la mesa sectorial en la que se sometió a votación el acuerdo, todas las centrales salvo el SME dejaron plantada a la dirección general de Osakidetza. Este gesto muestra el rechazo de SATSE, ELA, LAB, UGT y CCOO a un documento que, según afirman, se ha «negociado de espaldas» a la mesa sectorial y de la mayoría sindical de la entidad. Critican que «es discriminatorio ya que al beneficiar solo a un colectivo establece una jerarquía de profesionales de primera y de segunda» en Salud. Defienden que las mejoras deben extenderse a todos los sanitarios, no solo a una categoría.

El tirón de la demanda y las últimas inyecciones de fondos europeos Next Generation permitirán resistir a la economía española este año, a pesar de la incertidumbre global generada por el conflicto en Oriente Próximo, que en las últimas semanas ha sumado nuevas tensiones tras el final de la tregua alcanzada entre Irán y Estados Unidos. Así lo señalan los analistas en el último Pulso Económico Trimestral de EY Insights, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Según el informe, en cuya elaboración participa un amplio panel de expertos –con figuras como Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea); o Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), entre otros– la economía española crecerá este año entre un 2% y un 2,5%, lo que muestra su fortaleza para resistir ante grandes distorsiones, como el alza en los precios energéticos y de otros insumos clave como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz. Para los analistas, los fondos europeos siguen siendo una de las principales causas de la resiliencia de la economía española. Al respecto, el Gobierno deberá cerrar el próximo agosto habiendo cumplido todos los objetivos e hitos comprometidos con Bruselas para optar al séptimo y último pago antes de que termine el año. La vista, no obstante, debe ponerse en 2027, el primer ejercicio sin desembolsos del programa comunitario puesto en marcha para la recuperación después de la pandemia de 2020. El crecimiento de la economía española podría verse comprometido entonces, a pesar de que el Gobierno presentará, previsiblemente, los Presupuestos más expansivos de la historia, con un techo de gasto de 226.000 millones de euros.

La regularización masiva de personas migrantes ha abierto para muchos un interrogante que tiene que ver con el mercado de la vivienda, pero su impacto, de tenerlo, no sería inmediato y tampoco iría en una única dirección. Lo más evidente es que ese proceso, previsto para medio millón de personas pero que ha generado 1,2 millones de solicitudes, podría facilitar el acceso a una casa para muchos de los solicitantes. La incógnita es dónde, cuándo y cómo. La clave es que las personas que han participado en el proceso impulsado por el Gobierno ya viven en España. Las organizaciones que trabajan en el día a día con ellas explican que muchas residen ahora en infraviviendas y protagonizan situaciones de hacinamiento y alquileres en condiciones abusivas, así que en el corto plazo, la regularización podría facilitarles conseguir un contrato de trabajo reglado, una nómina y aspirar a un alquiler o a una hipoteca en mejores términos de los que disponen actualmente. «A priori no contemplamos impactos más allá de la mejora de las condiciones de vida y derechos de las personas que han accedido al trámite y que serán resueltas, ya que eran personas que se encontraban ya en el sistema de vivienda», apuntan desde Provivienda, una asociación que trabaja para evitar la exclusión residencial tratando de facilitar condiciones de acceso y mantenimiento de una vivienda adecuada.

Apenas unas horas después de presenciar la victoria de España en la final del Mundial de fútbol que se celebró el domingo en Nueva York, el presidente del Gobierno aterrizó en la mañana de ayer en la capital de Argelia, Argel, para cerrar un acuerdo político que podría aumentar en hasta un 15% el suministro de gas procedente del país, alrededor de 20.000 gigavatios/hora anuales. El acuerdo permitiría ampliar en hasta un 10% el suministro de gas natural que entra a España por el gasoducto Medgaz, el cual todavía cuenta con capacidad disponible. Asimismo, Argelia vendería a España hasta un 50% más de gas natural licuado (GNL) cada año, que se transporta por vía marítima. Según el último Informe del Sistema Gasista Español que publica Enagás –que ha asesorado al Gobierno en la negociación del acuerdo–, España recibiría alrededor de 11.415 gigavatios hora más al año por el gasoducto; mientras que se importarían de Argelia unos 8.500 gigavatios hora más al año en gas natural licuado. En total, unos 20.000 gigavatios/hora anuales, en torno a un 15% más. El acuerdo para aumentar el suministro consolidaría a Argelia como el principal proveedor gasístico de España. En este momento, alrededor del 34% de todo el gas que llega al país procede del Estado norteafricano, lo que pone de relieve la importancia de mantener unas buenas relaciones bilaterales con Argelia. En el lado opuesto, el país árabe encuentra en España su segundo mejor cliente europeo, sólo superado por Italia. El Gobierno español contó con el acompañamiento de diez grandes empresas en su visita oficial a Argelia. En concreto, le acompañaron máximos ejecutivos de Repsol, Enagás, Moeve, Sisener Sigma, Técnicas Reunidas, Aqualia (FCC), Sacyr Agua, CAF, GB Foods, Vicky Foods, Coca-Cola, Indra y Airbus.

El Estado, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), es el principal avalista financiero de Holaluz, la comercializadora eléctrica sobre la que el Gobierno ha iniciado trámites para su inhabilitación comercial. Se da así la paradoja de que el Estado tira piedras sobre su propio tejado. Holaluz es uno de los emblemas de las nuevas comercializadoras que surgieron con la liberalización eléctrica para competir con los grandes grupos: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Su inhabilitación ahora la sume en una situación incierta. Ayer, BME Growth –el mercado bursátil español para pymes– suspendió la cotización de las acciones de la compañía ante las noticias ocurridas este fin de semana sobre la retirada de la licencia para vender luz. El director de supervisión de BME Growth, Álvaro Castro, ha informado de la suspensión “por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores”. Antes de la suspensión, Holaluz valía 27 millones. Según recogía el BOE, el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el procedimiento administrativo para extinguir la habilitación de Holaluz como comercializadora de energía eléctrica. En paralelo, se inicia, “el procedimiento de traspaso de sus clientes a un comercializador de referencia” [Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy].

El problema de Holaluz, como el de otras comercializadoras independientes de luz, es que normalmente tienen que comprar previamente la electricidad a los generadores para luego poderla revender. Todo ello a través de unas redes que no son suyas, por lo cual tienen que pagar unos “peajes”. Si la luz la compran más barata de lo que luego la venden, todo va bien. Si no, todo se tuerce. Esto último es lo que ocurre en momentos de máxima volatilidad de precios eléctricos, como el actual. Para curarse en salud, la normativa exige que las comercializadoras pongan avales tanto de la electricidad que compran a renovables o en el mercado mayorista (pool), como de los peajes que tienen que pagar, a Red Eléctrica (REE, del grupo Redeia), o Iberdrola, Endesa y Naturgy. Según la Comisión de Competencia (CNMC), la norma debería exigir más garantías para evitar que el problema financiero de impagos (300 millones hasta ahora para todo el sector) engorde y termine sacudiendo a otras empresas. Ya se han iniciado inhabilitaciones a 40 firmas por impagos. En 2025, Holaluz tenía 64 millones en garantías frente a REE, Omie (pool) y otros grupos. Y facturas por liquidar por valor de 15 millones.

El Ministerio para la Transición Ecológica está acelerando la criba de comercializadoras eléctricas que, figurando en el registro oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), carecen de actividad: de un total de 504 hay 130 inactivas y otras muchas funcionan al mínimo. Así, el pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el procedimiento de inhabilitación de 25 empresas para poder vender electricidad. Curiosamente, en dicha lista no figuraba Holaluz-Clidom, cuyo expediente de inhabilitación fue publicado por separado en el BOE dos días después, el sábado. La comercializadora catalana fue suspendida de cotización ayer en el BME Growth, la Bolsa de las pequeñas empresas en que cotiza. Aunque se desconocen los motivos de estos procedimientos, fuentes del sector aseguran que en el caso de las 25 comercializadoras de la lista publicada el jueves es porque se trata de empresas a las que el ministerio quiere quitar la licencia por carecer de actividad. En el supuesto de Holaluz, se apuntan a razones económicas para hacer frente a sus compromisos de suministro, si bien, la compañía ha declinado dar explicaciones en tanto prepara sus alegaciones. En el ministerio que dirige Sara Aagesen, también mantienen silencio: “Como corresponde a un procedimiento garantista en curso, no hay comentario al respecto”, asegura un portavoz.

El grupo automovilístico Stellantis, propietario de marcas como Opel, Fiat, Peugeot, Lancia o Citroën, es el primer fabricante de automóviles de España, un país que representa aproximadamente el 10% de su facturación mundial. La compañía, que posee tres plantas de producción en España (Madrid, Vigo y Zaragoza), experimentó el año pasado una significativa disminución del resultado neto en su actividad en España, a causa del fuerte deterioro de su participación en la sociedad Peugeot Citroën Argentina, en la que Stellantis España posee una participación accionarial del 99,97%. La filial española del grupo que preside Antonio Filosa, inmerso en una reestructuración global de su negocio, cerró 2025 con un resultado neto positivo de 156,6 millones de euros, lo que representa una fuerte disminución del 78% en comparación con los 718,9 millones que ganó un año antes, según recogen sus cuentas anuales remitidas al Registro Mercantil.

El Santander ha puesto el foco en la inteligencia artificial (IA). Para ello, el se decidió a reforzar su equipo con una ofensiva de fichajes lanzada directamente contra su gran rival español, el BBVA. Así, además de arrebatarles al responsable de esta división, Ricardo Martín, acabó de fichar a otros dos ejecutivos más de su primera línea directiva en este área, de especial importancia en las estrategias de crecimiento de las entidades, según indicaron fuentes financieras. El principal golpe se lo dio el Santander al BBVA hace algo más de un año. Fue entonces cuando fichó a Ricardo Martín Manjón, que hasta entonces era el responsable de datos e inteligencia artificial, con asiento en el comité de dirección en la entidad que preside Carlos Torres. Desde ahí fue captado por el Santander y ocupa ahora el puesto de responsable de data & AI officer en la entidad de Ana Botín. El fichaje de Martín no ha sido el único que ha hecho el Santander en los últimos tiempos en esta área. En las últimas semanas ha pescado en las redes de su gran competidor a otros dos directivos del ramo para encabezar la aplicación de la inteligencia artificial en sendas ramas del banco. Uno de ellos se trata de Jon Ander Beracoeche, hasta ahora chief data scientist (científico de datos) en el BBVA, donde ha trabajado más de 12 años, todos ellos desempeñando diversas tareas dentro de la gestión de los datos.

La Comisión Europea acusó ayer a varias cementeras, empresas fabricantes de aditivos para la construcción y patronales del sector en España, Francia y Alemania de pactar incrementos de precios en el suministro de productos químicos para cemento, hormigón y mortero. Cree el Ejecutivo de la UE que un grupo de más de 10 empresas y tres organizaciones patronales del sector de químicos para la construcción “se coludieron” o se pusieron de acuerdo de forma ilegal —definición de coludir— entre 2021 y 2022 para encarecer sus productos. Estas empresas se habrían coordinado, según las conclusiones preliminares de Bruselas, para responder al “incremento del precio de las materias primas en esos años”. Tanto la pandemia como la invasión de Ucrania por Rusia provocó un aumento de precios en el sector y la colusión se habría producido “en el contexto de la elaboración de comunicados de prensa en el seno de las asociaciones sectoriales nacionales, con el objetivo de justificar las subidas de precios”, desarrolla la Comisión en el texto. “El caso concreto se centra en el suministro de aditivos [...]. Se usan para mejorar la eficiencia en la fabricación y las prestaciones del cemento. Sus precios tienen un impacto directo en los costes de la construcción”, apuntan los técnicos del departamento que dirige la vicepresidenta de la Comisión y máxima responsable de Competencia, Teresa Ribera.

La Comisión Europea impuso ayer una multa millonaria a la plataforma de ventas online china AliExpress por incumplir sus obligaciones en el marco de la Ley de Servicios Digitales. Más concretamente, Bruselas acusa a la compañía de no mitigar adecuadamente los riesgos relacionados a la venta de productos ilegales, poco seguros o falsificados en su plataforma. El Ejecutivo comunitario, que vela por el cumplimiento de esta ley en territorio europeo, ha ordenado a la plataforma que emprenda acciones y la ha sancionado con una multa de 550 millones de euros. Los equipos técnicos de la Comisión apuntan que AliExpress no evaluó de forma adecuada si contaba con personal suficiente para revisar productos potencialmente ilegales y que «sobreestimó» la eficacia de su sistema para detectar este tipo de artículos. Bruselas concluye que la compañía «no tuvo en cuenta de manera realista la desproporción entre el número de moderadores humanos y su carga de trabajo». Señala, igualmente, que muchos de esos productos ilegales «se recomendaban o anunciaban a los consumidores» antes de ser retirados eficazmente. La empresa se basó únicamente en un indicador cuantitativo que no medía adecuadamente la eficacia de su sistema de moderación para prevenir el riesgo de que aparecieran o reaparecieran productos ilegales bajo formas similares, destaca el Ejecutivo comunitario.

Un día antes de declarar ante el juez –está citado para hoy–, Julio Martínez, empresario y supuesto testaferro de Zapatero, ha decidido tirar de la manta y entregó ayer al juez Calama un escrito donde señala al expresidente como el líder de una trama dedicada al cobro de comisiones a cambio de usar su influencia para beneficiar a determinadas empresas, como Plus Ultra, con ayudas del Gobierno. Julio Martínez Martínez, ‘Julito’, considerado el presunto testaferro y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero, remitió este lunes un documento clave al juez José Luis Calama en el que señala al expresidente del Gobierno al asegurar que este medió en el rescate de Plus Ultra, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez 9 de marzo de 2021 con 53 millones del erario público. El empresario y administrador de la consultora Análisis Relevante, epicentro del caso en el que se investigan las supuestas irregularidades en la concesión por parte de la SEPI de la ayuda pública a la aerolínea, muestra su disposición a «colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos». Y apunta a su antiguo amigo: Zapatero «era el que marcaba los pasos a seguir». Una cooperación con los tribunales a la que también se ha sumado el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola –la casualidad ha hecho que los dos encausados se llamen casi igual– y el consejero delegado de la misma, Roberto Roselli, quienes remitieron un escrito cada uno por su parte pero idéntico en contenido. 

Andy Burnham (Liverpool, 1970) prometió ayer “reindustrializar” Reino Unido y revertir las peores consecuencias de las privatizaciones de los 80 de Margaret Thatcher. Son algunas de las tareas, que la prensa conservadora ya ha calificado de “contrarrevolucionarias”, que el nuevo primer ministro británico se ha impuesto, de acuerdo al breve discurso que dio ayer antes de entrar al número 10 de Downing Street después de que Carlos III le encargara formar gobierno. A primera hora de la mañana, Keir Starmer había presentado formalmente su dimisión al monarca. Burnham mantuvo ayer la primera conversación con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la que le invitó a visitar Mánchester, le subrayó su “compromiso sobre la defensa y la seguridad” y le garantizó que la “seguridad de Reino Unido y sus aliados es una prioridad de su agenda”, según Downing Street. También habló con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Burnham, un europeísta que en el pasado apostó por la vuelta al club comunitario, cree que es “clave” para ambos “construir una relación más cercana y ambiciosa”. Ambos líderes acordaron preparar una cumbre UE-Reino Unido, como la aplazada este julio por el relevo en Londres. En su discurso, el nuevo inquilino del 10 de Downing Street definió el momento actual como un punto de inflexión que llevará al mayor cambio en el país “en los últimos 40 años”. Ayer insistió en otro mensaje del pasado viernes, cuando fue coronado líder laborista, en clara crítica a las políticas neoliberales de Thatcher. “En los 80 se tomaron decisiones equivocadas, que centralizaron el poder político y privatizaron el poder económico. Se desindustrializaron muchas zonas del país, que todavía no se han recuperado”.