20260718

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La economía vasca mantiene el vuelo pese a las turbulencias que empiezan a agitar el escenario internacional. Y es que, aunque la andanada arancelaria desatada por Donald Trump, una Europa que no acaba de despegar y la crisis de Oriente Medio han convertido el trayecto en una ruta más complicada, todavía no han provocado una pérdida significativa de altitud. Prueba de ello es que el PIB creció un 2,1% en el segundo trimestre del año, apenas una décima menos que entre enero y marzo. La economía vasca confirma así una resistencia mayor de la esperada frente a los «nubarrones negros» de los que advertía el lehendakari al inicio del curso político. Aunque el avión ya ha reducido ligeramente su velocidad de crucero –el proceso de enfriamiento del PIB comenzó en 2023– y sectores como la industria muestran claros síntomas de debilidad, Euskadi sigue avanzando a un ritmo muy superior al de una eurozona que continúa sin alcanzar el 1% de crecimiento. El dato es, en cualquier caso, una décima superior a la previsión que manejaba el Gobierno vasco para el segundo trimestre. El consejero de Economía, Mikel Torres, destacó ayer que la evolución publicada por el Eustat confirma la buena marcha de una economía «sólida y resiliente». El también vicelehendakari segundo insistió en que el territorio «encadena ocho trimestres consecutivos con crecimientos interanuales superiores al 2%». Este umbral es el que suele considerarse el ritmo mínimo de expansión capaz de generar empleo y sostener el aumento de la recaudación tributaria en los países desarrollados. El Ejecutivo mantiene, no obstante, que Euskadi cerrará el año con un avance del 1,9% y que este se moderará hasta el 1,7% en 2027.

Buenos datos para el Puerto de Bilbao, aunque vienen marcados por una advertencia. El presidente de la Autoridad Portuaria, Iván Jiménez, presentó ayer los resultados del primer semestre del 2026 durante el que las instalaciones movieron 17,3 millones de toneladas, un 12,3% más que el año pasado. La cifra supone el mayor incremento desde 2004. Aunque la comparación incluye la parada de Petronor del ejercicio pasado, la cifra supone también un récord en toneladas desde hace 18 años si se descuenta un enero marcado por los temporales. Con todo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao advirtió que los incrementos proceden principalmente de las importaciones (aumentaron un 14% frente al 9% de las exportaciones), un comportamiento que recuerda a la evolución del año pasado. «Si las empresas están haciendo acopio de productos para no perder esa cadena de suministros y cubrirse las espaldas, y no porque existan más pedidos para el futuro, el dato nos preocupa», reflexionó Jiménez. Los resultados también responden a un reordenamiento de los tráficos fruto de las tensiones en el estrecho de Ormuz. En este sentido, se nota el comercio con Rusia, que se ha convertido en el principal mercado de origen junto a Estados Unidos (un 13% en ambos países). «El aumento de Rusia viene por dos cuestiones: por el levantamiento del veto al crudo ruso y por el aumento que hemos tenido del gas ruso, que a día de hoy está permitido», detalló. Más allá del crudo, que representa casi un tercio de todas las mercancías que pasan por el puerto (el 30%) y que creció durante la primera mitad del año un 52%, también se ha elevado el tráfico de gas natural (11%), los productos químicos (12%), o los materiales de construcción (8%). Además se nota el efecto de las nuevas líneas directas con Canadá y la costa oeste de Sudamérica incorporadas en diciembre y enero.

La familia Artetxe ha dejado de controlar más de la mitad del capital de Arteche. Y es que la colocación acelerada de acciones ejecutada en junio ha reducido las participaciones de Zizkua Ber, el vehículo inversor de la saga fundadora, del 52,38% al 49,38%, según las notificaciones emitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pese a ello, los Artetxe continúan siendo con amplia diferencia el principal accionista del fabricante vizcaíno de equipos para redes eléctricas, lo que les asegura seguir manteniendo el control de la empresa. La cuestión es que Arteche –con una valoración bursátil cercana a los 2.000 millones– puso a finales de junio en marcha una operación destinada a captar nuevos inversores mediante una colocación acelerada de 100 millones de euros. Un tercio del importe procedía de la emisión de nuevas acciones y los dos tercios restantes de la venta de títulos ya existentes por parte de accionistas de referencia. Según las comunicaciones remitidas posteriormente a la CNMV, la reducción de participación se ha materializado finalmente en Ziskua Ber, la sociedad de la familia Artetxe, y en Velora Investa. Gracias a ello ingresaron conjuntamente 66,7 millones de euros. Velora Investa, la sociedad del empresario Dámaso Quintana –impulsor del rescate del histórico fabricante vizcaíno de cadenas Vicinay–, reduce su participación del 20,21% al 19,05%. El resto de los grandes accionistas, en cambio, mantienen prácticamente intacto su peso en el capital. El Instituto Vasco de Finanzas (IVF), el ente público dependiente del Gobierno vasco para facilitar inversiones estratégicas, conserva un 6,4%; Carmen Ybarra mantiene un 5,64% y la Fundación BBK un 3,16%.

La prestigiosa incubadora de empresas BIC Gipuzkoa trasladará el año que viene su sede a Sokai Hub, el nuevo polo de biotecnología y ciencias de la vida que, según aseguró ayer su promotor principal, Javier García Cogorro, máximo responsable de Columbus Venture Partners, está causando sensación en el extranjero. «En las últimas semanas hemos enseñado el proyecto en Estados Unidos y China, y la gente alucina», afirmó ayer, orgulloso el directivo que, en su día, hizo posible el aterrizaje de Viralgen en San Sebastián. La responsable de BIC, Marisa Arriola, compareció para dar cuenta de los planes de futuro del organismo, y lo hizo acompañada del alcalde de Donostia, Jon Insausti; el diputado foral de Promoción Económica, Unai Andueza; y del consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, que alabaron de forma vehemente al BIC, que en la última década –desvelaron– ha ayudado a nacer y acogido en San Sebastián a 460 empresas innovadoras. Unas empresas, recordó Arriola, que lucen una excepcional tasa de supervivencia del 80% y que han generado 3.243 empleos y un retorno a la zona de 71,25 euros por cada uno invertido. La directora gerente de BIC quiso recalcar que más que un cambio de sede al uso (el traslado desde la actual ubicación en el edificio Tándem, de Miramón llegará el próximo marzo), la llegada a Illunbe supone una «reinvención» de BIC, un «nuevo paso en su desarrollo» y un «cambio cultural» para saltar del modelo «clásico» de aceleración de empresas a uno mucho más actual y centrado en «las tecnologías profundas, como la cuántica y las empresas biotecnológicas», estas últimas, precisamente, aquellas ramas para las que está concebido Sokai. «Illunbe, Sokai, BIC, la extensión del parque tecnológico de Miramón y San Sebastián y todo Gipuzkoa, en realidad, van a estar unidos y en permanente colaboración en una suerte de distrito urbano, mucho más próximo a la ciudad, en el que la norma van a ser la colaboración, las sinergias, la inversión, el desarrollo de nuevas industrias de futuro y las conexiones internacionales», afirmó.

Ante las críticas del sector de transportes, el Gobierno Vasco ha defendido la medida de inmovilizar los vehículos de más de 7,5 toneladas durante las 24 horas del 12 de agosto por el eclipse en toda la red viaria vasca. La decisión, defienden, se justifica «por materia de seguridad» ya que según han declarado a lo largo de la semana «se prevé que un millón de personas de toda Europa» llegue a la «franja geográfica» donde se podrá ver de manera clara el suceso. El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco expone que la medida es necesaria para «garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez del tráfico». Un propósito que comparte Juan Ignacio Pérez, consejero autonómico de Ciencia, Universidades e Innovación. «Es una decisión importante para prevenir posibles afecciones en el tráfico. Un eclipse es un acontecimiento muy fuerte que tendrá un gran impacto sobre la movilidad», expone en una entrevista reciente en la radio. La Península no vivía un eclipse desde 1905 y no afectará de igual forma a todo el Estado. «Es difícil saber cuántas personas pueden llegar a venir, pero según lo que ha pasado en otros lugares con otros eclipses, se prevé que un millón de personas se desplacen a la franja geográfica donde mejor se verá. Y eso tendrá un impacto enorme en el tráfico de Euskal Herria», comenta Pérez, que alude al hecho de que los hoteles «están reservados desde hace meses». La principal crítica del sector, recogida por la organización de fabricantes y distribuidores (Aecoc), se da por la duración de la inmovilización. Y es que, según explican, el bloqueo de 24 horas «carece de una justificación operativa razonable», ya que el eclipse tendrá lugar principalmente durante la tarde –entre las 17.34 horas y las 21.58 horas–. Así, proponen restringir el tráfico únicamente durante las horas de mayor riesgo, tal y como ha planificado el Gobierno de Navarra.

Durante el año pasado Mutualia llevó a cabo 378.000 asistencias sanitarias y abonó 350 millones de euros en prestaciones económicas. Cerca del 95% de todas las personas atendidas reconocieron su satisfacción con la asistencia recibida. Así lo trasladó ayer la mutua tras celebrar su junta general ordinaria, durante la que aprobaron el balance económico y la actividad de 2025.Según recoge un informe presentado por la directora, Lourdes Gondra, el pago de prestaciones por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes representa ya un 63,3% de todas las abonadas, mientras que la cifra de los trabajadores protegidos por esta contingencia representan aproximadamente la mitad de los 453.000 afiliados. Desde 2018 Mutualia calcula además la monetización de valor social para reflejar el impacto que genera su compromiso. Según los datos recogidos, el año pasado esta cifra que alcanzó los 663,4 millones de euros. Esto representa que por cada euro gestionado por la mutua, revirtieron a la sociedad 1,29 euros. El año pasado supuso también el cierre del plan estratégico 2021-2025, que culminó con la mayoría de los hitos previsto completos pese a ser un periodo que recogió retos como los coletazos de la pandemia o el incremento sin precedentes de la incapacidad temporal por contingencias comunes. El presidente de Mutualia, Urtsa Errazti, presentó también las líneas maestras del nuevo plan hasta el año 2030, que incluye proyectos como la construcción de dos nuevos hospitales en Donostia y Bilbao.

El Eustat, plantea cinco escenarios demográficos de aquí a 2075 en función de la evolución de diferentes factores como la fecundidad, la movilidad ola mortalidad. Se trata de uno central o continuista, otros dos que perfilan una sociedad con más o con menos habitantes, y otros tantos que afrontan los próximos años desde el punto de vista del envejecimiento de la población, más o menos acelerado. Con notables diferencias, lo que sí que todos tienen en común son tres características: habrá más fallecimientos que nacimientos, los vascos serán más mayores y la inmigración será clave en la contribución al censo. En el escenario central o de referencia, el que prolonga las tendencias demográficas actuales, el País Vasco llegará a 2075 con 28.000 habitantes menos que los 2.228.000 previstos para este año. El máximo de habitantes se dará hacia 2046, con 2.296.000 personas, 68.000 más que ahora, antes de producirse un paulatino declive en buena medida por el descenso en la llegada de personas procedentes de otros países. «El saldo migratorio se reduciría de forma progresiva hasta las 10.000 personas por año a partir de 2035», expone el Instituto Vasco de Estadística. En todo caso, hasta 2075, el balance entre inmigraciones (2.593.400) y emigraciones (2.039.100) será positivo en más de medio millón de personas. En esa hipótesis, marcada por «un ligero incremento» de los residentes en Euskadi «hasta mediados de siglo» y por una posterior «trayectoria de descenso moderado y sostenido», la fecundidad se estabilizaría en 1,35 hijos por mujer, superior a la actual, que se sitúa en torno a 1,17. Aun así, de aquí a medio siglo, «se estima pérdida acumulada de 572.000 personas como consecuencia de que las defunciones superarían de forma continuada a los nacimientos». En el mejor de los casos, la pérdida sería de 320.000 personas.

Tras meses de intensa negociación la dirección de Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) han alcanzado un acuerdo que mejorará las condiciones laborales de los facultativos que trabajan en el Servicio Vasco de Salud. La propuesta, que será llevada el lunes a una sesión de la mesa sectorial a la que han sido convocados los sindicatos con representación en Osakidetza, incluye una serie de medidas entre las que destaca un cambio en el modelo de guardias. Los facultativos podrán de forma voluntaria solicitar no realizar jornadas de trabajo continuo de 24 horas. Tendrán la posibilidad de que pasen a ser de 17 horas entre semana y de 12 los fines de semana. Además Salud y el SME han consensuado una serie de incrementos salariales para los galenos vinculados tanto al complemento de productividad como a la subida del precio de la hora de guardia y de la hora extra (autoconcertación) en Atención Primaria. El acuerdo por sí solo no pondrá fin a la huelga médica, al tratarse de paros convocados a nivel estatal contra el nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, pero sí se espera que suavice la situación en Euskadi al asumir el Gobierno vasco gran parte de las reivindicaciones de los facultativos. El Departamento de Salud desea que este pacto sirva para que los galenos retomen de forma progresiva la realización de peonadas para dar salida al incremento de las listas de espera. También confía en que en los próximos paros fijados a nivel estatal –tras el verano está prevista una huelga indefinida de médicos contra el Estatuto– el seguimiento en Osakidetza sea menor.

La Comisión Europea presentó ayer su reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (ETS), con el que añade más flexibilidad a uno de los mecanismos más efectivos del bloque para reducir emisiones contaminantes. En la práctica, para algunos países la reforma del sistema continental supone enterrar aún más la ambiciosa visión original del Pacto Verde europeo, cuya ambición ha ido rebajando Bruselas a través de sus países miembros con diferentes propuestas y enmiendas debatidas en el seno del Parlamento europeo. Y es que la modificación propuesta hace que algunas industrias puedan mantener durante más tiempo emisiones residuales. Esas emisiones deberán compensarse con mayores reducciones en otros ámbitos e inversiones en tecnologías limpias como la electrificación, el hidrógeno o la captura de carbono. Bruselas asume que industrias como el acero, el cemento, los productos químicos o la aviación tendrán difícil cumplir con los objetivos de carbono para 2040, por lo que apuesta por combinar la reducción de emisiones, con la captura de carbono y la innovación. La Comisión defiende que la propuesta quiere adaptar el régimen de emisiones para adaptarlos al objetivo climático de reducción del 90% de las emisiones para 2040 y para lograr la neutralidad climática en 2050. Desde su lanzamiento en 2005, el ETS ha reducido a aproximadamente la mitad las emisiones de los sectores cubiertos, eliminando cerca de mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. 

La Comisión Europea presentó ayer dos propuestas en ese sentido. La primera, quiere impulsar la electrificación del bloque, atascada por mucho tiempo en el 23% y marca el objetivo en el 46% para 2040; y en la segunda, Bruselas cede ante las presiones de Italia y Alemania para flexibilizar el sistema de emisiones, lo que permitirá a la industria seguir contaminando a cambio de más inversiones limpias. La Comisión Europea admite que la dependencia europea de los combustibles fósiles ha expuesto al bloque a numerosos shocks, elevando el precio de la energía para hogares y empresas. El plan de acción comunitario implica elevar la electrificación hasta el 46% –acelerando el despliegue en sectores como la industria, el transporte y los edificios– y calcula que la factura europea de importación de combustibles fósiles podría reducirse en 260 billones de euros al año para 2040. Lograr esa meta no será fácil. El Ejecutivo comunitario ha identificado algunas de las barreras que deberá tumbar para conseguirlo, entre ellas la brecha que existe entre el coste de la electricidad y del gas. Plantea permitir a los Estados miembros rebajar los peajes eléctricos para determinados consumidores y reducir la carga fiscal de las industrias energéticamente intensivas. Además de evitar que la electricidad tenga una mayor carga impositiva que el gas.

Esta medida forma parte del nuevo Plan de Acción de Electrificación presentado este viernes en Bruselas con el objetivo de reducir la peligrosa –y costosa– dependencia del continente europeo de los combustibles fósiles. Algo que ha quedado en evidencia una vez más en la guerra de Estados Unidos contra Irán y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz, que ya les ha costado a los europeos 50.000 millones más de euros sin recibir por ello “ni una sola molécula extra” de energía, como recuerda constantemente la Comisión. El plan también aboga por prolongar la vida de plantas nucleares, como se está estudiando hacer con la de Almaraz. Para la Comisión, esta fuente energética tiene que jugar un papel importante en la electrificación del continente y su paso a energías limpias. Bruselas apuesta por la ampliación de la vida útil de los reactores existentes “salvo que resulte antieconómico o incompatible con las normas de seguridad más estrictas”, señala en su plan de acción. No obstante, la Comisión evitó comentar los planes sobre Almaraz, recordando que el “mix energético” de los países cae dentro de las competencias nacionales. Según cálculos del Ejecutivo europeo, en 2024, los subsidios a los combustibles fósiles llegaron a los 97.000 millones de euros, un sustancial incremento frente a la media –ya de por sí alta– de 60.000 millones entre 2015 y 2019. Todo ello cuando la guerra de Rusia contra Ucrania primero, y ahora el nuevo conflicto en Oriente Próximo, han revelado la fuerte vulnerabilidad económica, pero también geoestratégica, que provoca una excesiva dependencia de estos combustibles.

Dan Jorgensen, comisario europeo de energía. Asume directamente la propuesta de duplicar el nivel de electrificación en el territorio europeo. El nuevo objetivo es que en 2040 el 46% del consumo de energía provenga de esa fuente por el 23% actual. Duplicar la cifra, por lo tanto. Por ahora se trata sólo de un plan de acción, lo que supone que no hay un desarrollo legislativo ni tampoco tiene fondos asignados. Pero el responsable danés insiste en que era vital dar ya una señal en esta dirección. «Es un objetivo extremadamente ambicioso, pero al mismo tiempo realista. Creemos que duplicar el esfuerzo respecto al nivel actual es algo que puede lograrse. No será fácil, pero es posible», comienza apuntando Jorgensen, que de inmediato señala un aspecto que será casi tan recurrente como ese 46% durante la entrevista: la necesidad de cambiar el sistema fiscal. «Queremos eliminar de una vez por todas las subvenciones a los combustibles fósiles. Es algo muy contraproducente y también contradictorio, porque hoy seguimos apoyando algo que, en realidad, está agravando el problema», señala. «Muchos Estados miembros gravan la electricidad con impuestos más elevados que el gas, y queremos cambiar esa situación. Por ello proponemos que, en el futuro, eso ya no esté permitido: la electricidad deberá estar gravada, preferiblemente, con un nivel impositivo inferior al del gas, o al menos similar», incide. Y una vez más. «A veces comparo las subvenciones a los combustibles fósiles con dar azúcar a un paciente diabético. Es exactamente lo contrario de lo que habría que hacer. Queremos cambiar esto de manera radical y hacer que desaparezca», señala.

Mayor de 55 años y dispuesto a abandonar la compañía. Este es el público objetivo al que se dirige el nuevo plan de prejubilaciones acordado este viernes entre los sindicatos y el Banco Santander. El ‘target’ –así se denomina en la jerga publicitaria– es alrededor de 5.000 personas, una cuarta parte de la plantilla. Aunque serán muchos menos, según la representación de los trabajadores. El acuerdo permitirá a los empleados de la entidad en España con 55 años o más que decidan abandonar voluntariamente su puesto conservar hasta el 95% de la pensión que les correspondería sin penalización. No establece, sin embargo, un objetivo concreto de salidas. «No hay número», han repetido ambas partes desde que las conversaciones comenzaron a finales del mes pasado. «Es voluntario», insisten. La voluntariedad será, además, recíproca. Los trabajadores no estarán obligados a acogerse al plan, pero la entidad también podrá rechazar determinadas solicitudes cuando considere necesario mantener esos puestos o perfiles dentro de la organización. Así, una cuarta parte de la plantilla de Santander en España podrá valorar las condiciones durante la vigencia del acuerdo: unos 3.500 ya tienen 55 años, mientras que otros 1.500, actualmente con 53 o 54 años, alcanzarán esa edad en los próximos dos años y medio. Esto no significa que todos ellos vayan a abandonar la entidad. Los propios sindicatos reconocen que el banco no podría prescindir de un volumen tan elevado de empleados y que no todos los que cumplen los requisitos estarán interesados en acogerse al plan.

Los sindicatos SIPA, UGT, UTIL, CGT y ATP rechazaron la propuesta de Airbus para poner fin a la huelga vigente en las fábricas de la compañía en España, mientras que CCOO anunció en la madrugada de este pasado viernes un preacuerdo con la dirección de la empresa para , entre otras cuestiones, realizar una revisión salarial del 12% hasta 2027. Las asambleas de los trabajadores de todos los centros del fabricante aeronáutico en el país han votado en contra de la oferta de la dirección. Esta negativa de la plantilla se produce en el contexto de una movilización que suma ya más de dos semanas en activo, desde el pasado 1 de julio. También tras la marcha que tuvo lugar el pasado jueves, en la que 4.000 trabajadores partieron del Ayuntamiento de Getafe hasta la puerta norte de la fábrica de Airbus en el municipio madrileño. Las quejas de los trabajadores tienen que ver con la revisión unilateral realizada por parte de la compañía, que pretendía incrementar los salarios un 3% en 2026 y un 2% en 2027. Las quejas también tienen que ver con la decisión de la empresa –de la que el Gobierno posee un 4,12%– de reducir a un solo día semanal el teletrabajo, frente a los dos actuales. A ello se suman las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones de verano y el desacuerdo en la retirada de los complementos de incapacidad temporal.

Los últimos días las Bolsas de todo el mundo han vivido una situación caótica derivada de la caída de las acciones de los fabricantes de semiconductores y el temor creciente a que la carrera por la inteligencia artificial haya llevado las valoraciones demasiado lejos. La desbandada se ha propagado con rapidez por los principales mercados. El Nasdaq llegó a perder más de un 2%, mientras el S&P 500 también cedía terreno y los fondos especializados en semiconductores sufrían fuertes descensos. El castigo fue especialmente intenso en Asia, una de las regiones que mejor había reflejado la euforia inversora por la inteligencia artificial. El Nikkei japonés cayó cerca de un 4% y las ventas se extendieron entre fabricantes de chips, memorias y equipos tecnológicos. En Europa, compañías vinculadas al sector también se sumaron a la corrección. La señal más inquietante para los inversores llegó de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo. La compañía presentó unos resultados récord, elevó su beneficio un 77% y mejoró sus previsiones, pero sus acciones cayeron con fuerza. El mercado no cuestiona, al menos por ahora, que la demanda de chips siga creciendo. Lo que pone en duda es si ese crecimiento bastará para justificar unas valoraciones que durante meses descontaron un escenario prácticamente perfecto. El golpe tiene su representación gráfica en el índice de semiconductores de Filadelfia, que reúne a 30 de las principales compañías de chips. Desde finales de junio ha perdido más de un 20% desde máximos. 

Científicos de varias áreas del conocimiento denuncian que los fondos destinados a los Proyectos de Generación de Conocimiento previstos para 2025 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Diana Morant, no les permiten desarrollar sus investigaciones. Este programa, dotado con 698 millones de euros, es el pan y la sal de la inmensa mayoría de grupos de investigación de España. El presupuesto de esta partida se ha mantenido prácticamente igual para cada beneficiario individual, mientras cada vez hay más solicitudes y con el efecto de la inflación, el resultado, dicen, es un recorte de fondos hasta extremos que pueden imposibilitar ciertos proyectos de investigación. En muchos casos, la cuantía que tiene un equipo para todo un año es de menos de 50.000 euros, según han explicado algunos de estos científicos. Los investigadores denuncian que con los fondos provisionales anunciados esta semana por el ministerio de Morant, se propone financiar 3.422 proyectos por un total de 433,6 millones en costes directos, los que van directamente a los grupos de investigación tras descontar gastos institucionales. Esto supone una media de unos 127.000 euros por proyecto que, al ser de tres años, dejan menos de 50.000 euros anuales para cada grupo científico.