20221119

Nuevo récord en Euskadi de inversión por parte de las empresas en Investigación y desarrollo tecnológico, la principal vitamina del crecimiento económico. El gasto interno de I+D en las empresas alcanzó el año pasado los 1.647 millones de euros en la CAV, lo que supone un 10,5% más que en 2020. Según los datos hechos públicos por el Instituto vasco de Estadística, Eustat, las actividades de innovación ya suponen un 2,11% del Producto Interior Bruto. Además, la I+D interna en Euskadi concentra la actividad de 20.804 personas, medido en recursos humanos en equivalencia a dedicación plena, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al año anterior Asimismo, el personal investigador, que asciende a 14.367 personas a dedicación plena, también crece el 5,4%. Casi el 47% del gasto total en I+D de la CAV se llevó a cabo en Bizkaia, pero Gipuzkoa alcanzó el 42,7%, un porcentaje superior a su peso en la economía vasca, mientras que Araba concentra el 10,5% del gasto. En relación a 2020, las empresas incrementaron un 11,6% su gasto en I+D, un 18,6% los organismos dependientes de la Administración y un 3,2% la enseñanza superior.

El petróleo cerró ayer una de sus cotizaciones más bajas desde que estallara la invasión rusa de Ucrania. El barril de Brent se vendió en torno a los 87 dólares, parámetros como los de enero. Sin embargo, las bajadas no llegan a las estaciones de servicio de Euskadi. Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, el precio medio del litro de diésel sigue por encima de la barrera psicológica de los 2 euros, en concreto, 2,09 euros, un 37% más que a inicios de año. En el caso de la gasolina sin plomo 95, su coste medio por litro está 1,83 euros, un 19% más que el pasado enero. Estos precios llegan en vísperas del puente de la Inmaculada, que verá miles de desplazamientos. Además, otro problema mayor es el final de la subvención que el Gobierno central mantiene desde abril con el pago universal de 20 céntimos por litro de combustible. Un colchón para amortiguar este impacto que termina al final de año, lo que supondrá un aumento de golpe en precio de entorno al 10%. Para agilizar la medida, aunque es sufragada por los Presupuestos Generales del Estado, las diputaciones vascas han adelantado los pagos a las estaciones de servicio en Euskadi. En total, y desde abril hasta octubre, tal y como confirmaron ayer los gobiernos forales, se han abonado 280 millones de euros.

Los vientos de recesión en Europa; la férrea posición de la Reserva Federal de EEUU sobre los tipos de interés, que no descarta llevar hasta el 7% si es necesario, lo que ahondaría en el frenazo de su economía, y la dilución de las esperanzas de una rápida reapertura de la economía china tras el repunte de los casos de Covid en numerosas ciudades del país, entre ellas Pekín, hacen temer un desplome de la demanda global aún mayor del previsto. Así lo refleja el principal termómetro de la economía mundial, el petróleo. El Brent, crudo de referencia en Europa, volvió a caer ayer, retrocediendo hasta el entorno de los 87 dólares, su cota más baja desde principios de octubre. Aunque los recortes de producción de la OPEP, so pretexto de acompasar la oferta de crudo a una demanda en declive, habían logrado sostener los precios por encima de los 90 dólares por barril en las últimas semanas, las cada vez más sombrías perspectivas sobre la actividad económica han precipitado su caída en los últimos días. Ocho países europeos entraron en contracción en el tercer trimestre del año; Reino Unido asegura que su economía se encuentra ya en recesión y que su PIB se hundirá un 1,4% en 2023, mientras que China, el mayor consumidor de petróleo del mundo, pierde fuelle productivo; la inversión en su sector inmobiliario, que representa una cuarta parte de su economía, cayó en octubre a ritmos inéditos en dos años y medio, y las ventas del comercio minorista disminuyeron ese mes por primera vez desde mayo.

Las desavenencias se arrastraban desde hacía largo tiempo. De hecho, al menos en el caso de Orona, sus máximos responsables eran perfectos ‘desconocidos’ desde hacía varios lustros en el cuartel de la Corporación Mondragon, con el que mantenían posturas tremendamente alejadas. Pero fue en el pasado verano cuando ambas cooperativas decidieron romper para siempre el hilo que les une con el Grupo. En concreto, a partir del mes de junio, cuando, según fuentes oficiales de la empresa de Hernani, «se inició un proceso de reflexión» que terminó en la apuesta rupturista de volar en solitario desvelada en exclusiva por DV hace ya más de un mes. Siempre según esas mismas fuentes, Ulma y Orona, Orona y Ulma, «de la mano», plantearon a los órganos de Mondragon «una propuesta compartida» para articular «una nueva forma de relación» entre las cooperativas del universo Mondragon y la propia Corporación. Esa propuesta, apuntan en Orona, «fue rechazada» y sus reflexiones no se sumaron al proceso abierto para preparar el Congreso de Mondragon, celebrado el pasado día 15. En esa reunión de todos los representantes del conglomerado de Arrasate (a la que Ulma y Orona no acudieron), su presidente, Iñigo Ucín, tendió la mano a las dos firmas díscolas y, al tiempo, recordó que el futuro de todos los actores de esta historia sería «mejor» dentro del Grupo pues, aseguró, la salida «no conviene a nadie». Pero la decisión ya estaba tomada. La maquinaria se había puesto en marcha y no había marcha atrás. Aunque a esta hora nadie ha sabido aclarar el contenido exacto y las eventuales consecuencias de la propuesta conjunta de Ulma y Orona.

La dirección de Mondragón «no va a estar esperando acontecimientos hasta el 16 de diciembre», la fecha fijada por Orona y Ulma para celebrar sus asambleas generales en las que decidirán si continúan o no en la corporación. Según han confirmado fuentes de la dirección del primer grupo industrial de Euskadi y el décimo de España, y que tiene más de 80.000 trabajadores, en estos momentos están estudiando qué medidas tomar ante el escenario que se ha abierto una vez que Orona confirmó públicamente que ya tiene fijada fecha para decidir un «nuevo marco relacional» con Mondragón. Según explican se trataría de avanzar en las intenciones que el presidente de la corporación, Iñigo Ucín, expresó el martes, tras el congreso anual del grupo cooperativo. Ucín insistió en que la salida de Orona y Ulma «no beneficia a nadie» y lanzó una oferta al entendimiento para «dibujar un futuro conjunto». Todavía no se han concretado los siguientes pasos, pero sí se están estudiando y analizando las diferentes posibilidades. Siempre, eso sí, desde el «respeto a los órganos de decisión de las cooperativas». En cualquier caso, habrá movimientos desde la dirección que no va a esperar a una política de hechos consumados. Mientras tanto, en Orona y Ulma siguen dándose los pasos para celebrar el 16 de diciembre las citas clave para dirimir su futuro. Tal y como explicó el presidente del quinto fabricante de elevadores, Oier Lizarazu, en la primera declaración pública de Orona, se trata de plantear una «vinculación distinta» con Mondragón.

Michelin-Vitoria parará casi totalmente su actividad durante el puente de diciembre. La dirección de la planta confirmó ayer la desactivación de varios turnos de trabajo en la zona de talleres, que se unen a la de Turismo y a la ya anunciada en la división de Ingeniería Civil. La medida, motivada por la caída en el volumen de pedidos, afectará a alrededor de 2.000 trabajadores de las tres líneas. Con esta última decisión la planta dejará de producir 140.000 cubiertas de coches, 400.000 aros y 2.500 toneladas de goma. Se unen a las 1.600 toneladas de grandes ruedas que no se están fabricando por las interrupciones de este mes y por las programadas para el largo puente del próximo. Los últimos anuncios de la dirección supondrán que en la línea de Turismos, los paros afectarán a las noches del 3 y 4 de diciembre y las jornadas completas del 5, 6 y 7, mientras que en los talleres de Semiterminados los paros afectarán a algunos turnos. «En la zona de cable, por ejemplo, se mantendrá la producción de hilo, porque se fabrica para otras industrias», explicaron desde UGT. La dirección aún podría anunciar nuevas cancelaciones para los fines de semana de diciembre en los que se habían previsto turnos. Solo permanecerán activos algunos talleres que fabrican hilo para otras empresas. No es la primera vez que la empresa suspende gran parte de su actividad en esas fechas. El año pasado ya se usó esta misma fórmula, contemplada en el convenio laboral. Eso sí, entonces el motivo fue la crisis de los chips, que opacó la última parte del 2021 obligando a muchas empresas a interrumpir su producción por la falta de estos dispositivos. Pocos pensaban entonces que en 2022 la incertidumbre se agudizaría empujada por una guerra que ha precipitado una crisis energética y económica a nivel mundial.

MásMóvil casi triplicó sus beneficios hasta septiembre, al alcanzar los 509 millones de euros frente a los 186 millones del año anterior. Este fuerte incremento viene derivado de los resultados extraordinarios obtenido con la venta por 580 millones de parte de la red de fibra óptica de Euskaltel a un consorcio de inversores vascos, así como los 200 millones de euros logrados con el traspaso a Onivia de otra red similar. La firma disparó sus ingresos, impulsados por estas dos operaciones, hasta los 2.172 millones de euros, con una facturación por servicios de 1.988 millones de euros, un 28% más, que se limitan al 4% en términos orgánicos. El operador ha sumado más de 600.000 clientes en lo que va de año (170.000 en banda ancha y 406.000 en móvil) para un total de 15 millones de líneas, 3,2 millones de banda ancha y 11,9 millones de móvil. La compañía destacó que espera cerrar su salida del mercado portugués en la primera mitad de 2023, mientras que su fusión con Orange sigue en términos de intercambio de información con la Comisión Europea. Precisamente ayer la responsable de Competencia, Margarethe Vestager, aseguró que la operación será analizada en profundidad, lo que eleva sustancialmente la posibilidad de futuras condiciones para el cierre de la misma. Las dos empresas han defendido que la operación no debería tener condiciones por la elevada competencia del mercado español, con casi una decena de operadores de telecomunicaciones.

Astilleros de Murueta suma un nuevo contrato a su actual cartera de pedidos en la que ya hay seis encargos en vigor, con la construcción de un nuevo buque congelador para el armador groenlandés Royal Greenland, perteneciente al Gobierno de Groenlandia. Este será además el quinto barco que salga de las gradas de la empresa vasca para este mismo armador. Se trata de un arrastrero congelador de 82,30 metros de eslora diseñado para el procesamiento y congelación del producto de forma totalmente automatizada y que con «un alto grado de sostenibilidad» contribuirá «notablemente» a la reducción de su huella medioambiental, según destacó ayer Pymar, la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles. La nave está equipada con un sistema de propulsión especialmente pensado para lograr una reducción en su consumo de combustible y de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Además dispone de un sistema de recuperación de energía que también genera «un ahorro de combustible» e iluminación tipo led de bajo consumo. El barco operará al este y oeste de la gran isla ártica de Groenlandia, costa del Labrador, Islandia y Ártico noreste, por lo que en su diseño se ha prestado especial atención a su maniobrabilidad en aguas con hielo. El barco, que tendrá un período de construcción de 28 meses, ha sido diseñado asimismo para garantizar «un alto confort y seguridad» para su personal de abordo –tiene una capacidad para 30 personas–, «superior al estándar habitual», indicó Pymar en su comunicado.

Si el nuevo Impuesto sobre las Grandes Fortunas que se tramita ya en el Congreso de los Diputados se aplicase en Euskadi, apenas medio millar de vascos se verían obligados a pasar por caja para complementar con ello el Impuesto de Patrimonio que ya pagan a las haciendas forales vascas. Son los contribuyentes que tienen un patrimonio neto superior a 10,69 millones de euros, base que el Estado quiere fijar como arranque del tipo marginal máximo para este nuevo tributo. Un tipo máximo que se ha fijado en el 3,5% y que supera por tanto en punto y medio al tope que se aplica en el Impuesto de Patrimonio en Bizkaia (2%) y en un punto al de Gipuzkoa y Álava (2,5%). Y ello porque en el pago del nuevo impuesto se descontará lo ya abonado en el correspondiente a Patrimonio. Pero a estas alturas de la tramitación hay muy pocas cosas claras y todavía muchas incógnitas sobre la mesa. A estas últimas horas del partido, lo cierto es que el PNV, según las fuentes consultadas, se inclinaría por dejar sin efecto este nuevo tributo en Euskadi con el argumento de que los vascos ya pagan Patrimonio y la comunidad autónoma ha sufrido hasta ahora una fuga de contribuyentes que recalaban en Madrid para evitar el pago del impuesto. Una exención que se conseguiría si las diputaciones de los tres territorios vascos tienen capacidad normativa sobre el tributo de grandes fortunas y si, además, lo pactan con los socialistas en los respectivos ejecutivos forales. No hay que olvidar que ambos partidos gobiernan en coalición en las grandes instituciones de Euskadi. «No concebimos otra cosa en un impuesto directo como éste que no sea tener la capacidad normativa», apuntan fuentes próximas a la formación jeltzale, si bien aclaran que no existe una posición definitiva sobre qué se hará en torno a su aplicación y con qué limites.

Las grandes compañías eléctricas han mostrado su insatisfacción con la “mejora” para ellas que las enmiendas de los grupos parlamentarios del PNV y PDeCat han introducido al proyecto de ley, en trámite parlamentario, que gravará los ingresos a las compañías del sector energético. Aunque las enmiendas aprobadas eliminan el gravamen para los ingresos obtenidos fuera de España y los logrados de los negocios regulados (redes de distribución), las empresas del sector eléctrico aseguran que el proyecto de ley sigue sin ser conforme a la recomendaciones de la Unión Europea, que hablan de gravar los beneficios de las empresas, no de los ingresos. Fuentes empresariales consideran que, aunque se ha introducido “cierta racionalidad” al proyecto original, sigue lejos de la posición europea. Además, ya que se ha beneficiado a los ingresos internacionales, lo que favorecería a Iberdrola, se debería haber eximido también a los derivados de los negocios de renovables. Quedan dudas de cómo quedan a las instalaciones del llamado Recore, que incluye a las plantas que reciben una retribución específica. Desde el punto de vista de la exención a los negocios regulados, la que mejor parada sale es Endesa, porque explota los sistemas extrapeninsulares (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla), en los que no solo está reglada a regulación, sino también la generación. Pero a la compañía, filial del grupo italiano Enel, sigue sin compensarle el cambio aprobado vía enmiendas. Tampoco a Iberdrola, que ha reclamado, aunque sin muchas esperanzas, que el gravamen se aplique a los beneficios. Fuentes del sector eléctrico se lamentan de que “seguimos alejándonos de Europa” Se trata, añaden, “de un impuesto que no debería ser nuestro, sino de gasistas y petroleras. Además, sigue siendo sobre ingresos y no sobre beneficios. Ya tenemos limitados nuestros ingresos con el 67 euros MWh, frente a los 180 euros MWh que hay en Europa”. 

El Gobierno y los bancos ultiman un acuerdo para proteger a los hipotecados más vulnerables del fuerte repunte del euríbor, el tipo de referencia de la mayoría de los créditos, que ha subido más de tres puntos desde antes del verano. El pacto incluye un mecanismo transitorio que beneficiará a los clientes con un umbral de ingresos de hasta 25.200 euros al año (equivalente a tres veces el IPREM, un indicador de renta). La renta media de las familias españolas es de 30.500 euros, según el INE. El Ejecutivo y la banca no han ido más lejos para no lastrar las cuentas de resultados del sector, cuya morosidad está en el 3,8%, niveles históricamente bajos, sin señales de repunte. A diferencia de lo ocurrido durante la Gran Crisis, el acuerdo —que actualiza el Código de Buenas Prácticas de 2012— recoge una serie de medidas urgentes para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos. Eso permitirá reestructurar deuda, conseguir quitas o entregar la vivienda para cancelar el crédito. Entre las medidas en estudio figura alargar el plazo del préstamo hasta un máximo de 40 años para aliviar las cuotas sin aumento de intereses. Pero el gran caballo de batalla de la negociación ha sido fijar el número de beneficiarios.

La banca se suma, finalmente, a las subidas de salarios que están acometiendo casi todos los sectores y muchas empresas del Ibex para compensar a las plantillas por el aumento del coste de la vida. Tras cinco meses de negociaciones, la Asociación Española de Banca (AEB), que agrupa a 74 bancos con 90.600 empleados en España, ha aceptado la petición de las centrales sindicales CCOO, UGT y FINE de reabrir el convenio en vigor para incorporar una cláusula de revisión salarial. Esta patronal, la mayor de la banca, ha acordado con los sindicatos convocar la Comisión negociadora del Convenio colectivo con el propósito de tratar de alcanzar acuerdos, en materia salarial, que ayuden a mitigar los efectos de la subida del IPC sobre el poder adquisitivo de las familias. “Las partes coinciden en la necesidad de esta convocatoria, en un momento de plena vigencia del convenio colectivo, por las excepcionales circunstancias que concurren y que afectan a las plantillas del sector”, explican en un comunicado conjunto. Hasta hace muy pocos días, la patronal se oponía frontalmente a renegociar el convenio en vigor.

Aunque el BCE no observa todavía efectos de segunda ronda significativos en Europa (el peligroso binomio que forman la escalada de los precios y su contagio a los salarios), esto podría cambiar en los próximos meses. En el marco de la negociación colectiva para los trabajadores del metal y la electricidad de Baden-Wurtemberg, el mayor sindicato de Alemania, IG Metall, alcanzó ayer un acuerdo para subir los salarios un 8,5% en los próximos dos años, a lo que se sumaría una prima de 3.000 euros como compensación por la avance de la inflación. El pacto es relevante porque puede servir de referencia para los cerca de 4 millones de trabajadores del sector. La mejora salarial se afrontaría en dos fases: un incremento del 5,2% desde junio de 2023, y otro del 3,3% desde mayo de 2024, junto al pago de 1.500 euros en cada uno de esos dos años como prima compensatoria por la inflación, que en Alemania alcanza tasas inéditas en décadas (un 12,6% en octubre). El nuevo convenio colectivo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024 y la junta directiva de IG Metall ha recomendado aplicarlo en todas las áreas de la negociación colectiva, poniendo así fin a cinco rondas de negociaciones y a la amenaza de huelga en un sector clave de la mayor economía de Europa.

Todos los indicadores adelantados, incluyendo los de la OCDE, S&P y la Comisión Europea, apuntan a un retroceso de la economía en los próximos meses. De hecho, las empresas ya están notando un recorte de la actividad que se manifiesta en la caída del consumo de electricidad y cemento. Esto repercute en un desplome de la confianza empresarial que junto con la subida de los tipos de interés está llevando a la paralización de nuevas inversiones ante la creciente incertidumbre. La economía española sufrió un severo frenazo en verano, a pesar del empujón del rebote del sector turístico, ya que pasó de crecer a un ritmo del 1,5% entre abril y junio a un escaso 0,2% entre julio y septiembre. Una cifra que, al quedar en terreno positivo, aunque por un escaso margen, ha permitido al Gobierno sacar pecho y reforzar la tesis de la ministra de Economía, Nadia Calviño, de que “los indicadores económicos no apuntan a una recesión técnica” de la que advierte el Banco Central Europeo, al permitir bordear aunque sea por la mínima el retroceso que atenaza al Viejo Continente. Sin embargo, aunque, según el Ejecutivo, “la economía española sigue creciendo a pesar del impacto de la guerra”, lo cierto es que cada vez hay más indicadores que apuntan hacia la contracción y, de hecho, es posible que una próxima revisión de los datos del tercer trimestre refleje que este deterioro ya ha comenzado.

El impulso del Gobierno para incorporar al mercado laboral la mano de obra extracomunitaria en el sector de la construcción para conjurar el riesgo de retrasos en la ejecución de fondos europeos puede derivar en la importación del mayor contingente de trabajadores extranjeros de la Historia. Las necesidades de mano de obra en la construcción están a la altura del mayor plan de inversión de la Historia. Un proceso «sin parangón en la historia reciente», como resumió la vicepresidenta Nadia Calviño el pasado mes de septiembre, donde la urgencia que imponen los calendarios de ejecución de fondos europeos apremian al Gobierno. Así las cosas, gracias a la reforma del Reglamento de Extranjería aplicado el pasado mes de julio, una vía para resolver la falta de trabajadores es agilizar los trámites para incorporar mano de obra extracomunitaria en lo que se denomina «vacantes de difícil cobertura». Esa incorporación puede realizarse mediante contratación en origen o a través de la figura de arraigo para formación para los extranjeros que hayan permanecido en España dos años en situación irregular. Fuentes conocedoras del proceso que está llevando a cabo el Gobierno indican el Informe de incorporaciones Catalogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura presentado ante la Comisión Delegada de Asuntos Económicos fijó en 188.000 el número de empleos creados a partir de informes como el propio Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) y que la cifra planteada se fijó en un «mínimo» de 62.000 personas.

Abu Dabi irrumpe en el negocio portuario de España. El grupo AD Ports, propiedad del hólding estatal emiratí ADQ, firmó en la noche del jueves un acuerdo para adquirir el operador marítimo español Noatum con una valoración empresa de 660 millones de euros. La operación, que se ejecuta en pleno apogeo del negocio logístico y de transporte marítimo, supone el pistoletazo de salida a una ofensiva de los inversores árabes por el país. El origen de Noatum está en el negocio portuario de Dragados, adquirido en 2010 por JPMorgan AM y otros inversores a ACS. Entonces, el negocio facturaba unos 200 millones de euros, pero tras varias adquisiciones y el crecimiento orgánico, este ejercicio ha alcanzado los 1.800 millones de euros, con un ebitda de 145 millones. La empresa seguía hasta ahora en manos de un fondo de private equity de JPMorgan, que hace año y medio contrató a Bank of America para buscar compradores del activo, una operación que se bautizó con el nombre en clave de Proyecto Spinakker, en referencia a un tipo de vela en los barcos deportivos. El grupo da servicio integrado –logística, transporte y terminales portuarias– a los clientes para que lleven su mercancía desde cualquier parte del mundo hasta España y otros puertos del Mediterráneo, con una presencia destacada en Turquía. Noatum también cuenta con una actividad importante en EEUU, Reino Unido, China y el sudeste asiático.

La gran patronal española tiene una cita importante el próximo miércoles, 23 de noviembre. Ese día, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) elegirá al presidente o presidenta que liderará a los empresarios los próximos cuatro años e intentará sacarlos airosos de la actual crisis de precios y energética en la que están metidos una buena parte de ellos. En CEOE es muy poco habitual que haya más de un candidato a la presidencia pero en las elecciones del próximo miércoles los habrá: Antonio Garamendi, el actual presidente de la organización, se presenta a la reelección; y Virginia Guinda, vicepresidenta de la patronal catalana Foment del Treball, que intentará arrebatarle el cargo. A priori, desde que el pasado 21 de septiembre Garamendi confirmó que se presentaría a la reelección, las numerosas manifestaciones públicas de apoyo a su candidatura por parte de la práctica totalidad de las asociaciones territoriales y las principales patronales sectoriales, dejan pocas o muy pocas opciones de victoria a Virginia Guinda. El hecho de que la empresaria catalana no presentara su candidatura hasta el último día permitido por los estatutos de CEOE (el pasado 8 de noviembre) va a jugar claramente en su contra, según fuentes cercanas a Garamendi, porque apenas ha tenido tiempo de hacer campaña interna en la organización. Así, aunque al registrarse como candidata presentó 37 avales, casi el doble de los exigidos estatutariamente, quienes conocen la organización aseguran que para armar una candidatura que pueda tener opciones reales de victoria necesita de varios meses de trabajos preparatorios y una gran cantidad de contactos y acciones internas. Lo sabe bien el propio Garamendi, al que le costó presentarse en dos ocasiones hasta que logró la victoria.

La llegada de Elon Musk a Twitter ha acabado por poner en peligro la propia supervivencia de la red social. Tras anunciar el despido de 3.700 empleados hace unos días, prácticamente la mitad de su plantilla, otros cientos de trabajadores han decidido abandonar su puesto tras el último órdago lanzado por el hombre más rico del mundo a los empleados. En un mail remitido en la noche del martes, Elon Musk daba 36 horas a los trabajadores para que decidiesen su continuidad en la empresa. En concreto, en ese plazo debían determinar –sin más detalles sobre el futuro de la compañía– si estaban dispuestos a trabajar de forma «extremadamente dura», incluyendo más horas extra, fines de semana y noches enteras, para mostrar su auténtico compromiso con la compañía. Si no, la única opción era abandonar su puesto. En su mensaje, Musk dejaba claro que «sólo un rendimiento excepcional se considerará suficiente» para permanecer en la empresa. Según se detallaba en el mismo, no aceptar las condiciones impuestas implicaría la dimisión inmediata, aunque con derecho a una compensación de tres meses de sueldo, condiciones similares a las que se ofrecieron a los empleados que entraron en la reciente ola de despidos de la compañía. Lejos de conseguir su objetivo de encontrar a trabajadores comprometidos, el goteo de salidas ha sido constante en las últimas horas, provocando incluso que la compañía se viese obligada a cerrar desde el jueves sus oficinas ante el temor a que algunos trabajadores «pudieran sabotear la red social». La indignación es palpable.